El 11 de abril de 2002 / Antonio Sánchez García

A Mohamed Merhi, en recuerdo imborrable

“Sólo la verdad es revolucionaria” Antonio Gramsci

El teniente coronel Hugo Chávez, investido en hora aciaga con el más alto cargo de la república, decidió a plena conciencia y sin ninguna muestra de compasión hacer de Miraflores nuestra Plaza de Tlatelolco, nuestra Plaza de Tian’anmen: ensangrentar las calles de Caracas. Como otro militar golpista, el general chileno Augusto Pinochet, lo hiciera en Santiago un 11 de septiembre de 1973.

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El 11 de abril de 2002, hoy hace exactamente siete años, Venezuela vivió una de sus más asombrosas paradojas: una manifestación popular, pacífica y democrática, tumultuosa y alegre, multirracial, multiclasista y multiétnica, como nuestra propia esencia, se vio enfrentada, aplastada y reprimida por el poder de fuego del régimen con la mayor brutalidad imaginable, tal como jamás se lo viera en la historia de nuestra democracia. Más de un millón de mujeres y hombres marcharon por las calles de Caracas hasta el balcón del pueblo del palacio de gobierno sin otro propósito que exigir explicaciones por el arbitrario despido de ejemplares trabajadores de PDVSA, nuestra principal industria, con el deseo de que fueran repuestos en sus cargos. Al hacerlo no cometían un solo delito. Y a pesar de que la reposición de los funcionarios despedidos por los que se manifestaba ya había sido decidida por el presidente de la república en un giro perfectamente explicable, dado lo tumultuoso de las consecuencias de su arbitrariedad, éste decidió ocultárselo a ese pueblo y aprovechar la circunstancia de tan gigantesca y apoteósica manifestación para realizar un acto de escarmiento propio de los peores regímenes totalitarios. El teniente coronel Hugo Chávez, investido en hora aciaga con el más alto cargo de la república, decidió a plena conciencia y sin ninguna muestra de compasión hacer de Miraflores nuestra Plaza de Tlatelolco, nuestra Plaza de Tian’anmen: ensangrentar las calles de Caracas. Como otro militar golpista, el general chileno Augusto Pinochet, lo hiciera en Santiago un 11 de septiembre de 1973.

En efecto: por orden del presidente de la república y ante el rechazo del Estado Mayor a obedecer sus órdenes de reprimir al pueblo con todo el poder del llamado Plan Ávila, francotiradores especializados apostados en las inmediaciones del palacio de gobierno, tanto en las azoteas de los altos edificios de las instituciones de gobierno como en las esquinas que circundan Miraflores, así como pistoleros afectos al régimen apostados en Puente Llaguno, efectivos de la Guardia Nacional y miembros de los cuerpos de seguridad atravesados en la principal avenida de la zona, dispararon más de nueve mil municiones de alto calibre, provistos de armas largas y de pistolas 9 mm, con un saldo aterrador: 19 muertos y 150 heridos. Sólo la acción responsable y consecuente de la Policía Metropolitana, entonces comandada por los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas bajo la supervisión del inspector Iván Simonovis, y la pacífica disposición de los manifestantes, que huyeron despavoridos evitando un enfrentamiento que podría haber alcanzado dimensiones apocalípticas, hicieron posible que las bajas no alcanzaran las proporciones seguramente previstas por el régimen para lograr su propósito: un escarmiento inolvidable con cientos, sino miles de muertes.

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Siete años después de estos hechos luctuosos, los más lamentables y ominosos de la historia de esta sedicente Quinta República, las causas, acciones y sus verdaderos responsables permanecen en la mayor oscuridad. El régimen no ha cumplido con el compromiso que asumiera ante la OEA y la Fundación Carter de establecer conjuntamente con las fuerzas democráticas de la Nación una Comisión de la Verdad. Y torciéndolos a voluntad y capricho de una gigantesca y siniestra operación de falseamiento que ha reescrito la historia, producido montajes televisivos y armado un gigantesco tinglado de manipulación mediática internacional, han servido al propósito no sólo de ocultar la identidad de los verdaderos responsables por los numerosos crímenes, y en particular del presidente de la república, sino al montaje de una trama perversa, obscena y criminal, propia a la legitimación de un gobierno de facto, a la premiación y honra de los asesinos y al castigo ejemplarizante de inocentes funcionarios, condenados a la pena máxima de 30 años prevista en nuestros códigos en una farsa judicial propia de una justicia del horror.

¿Resulta imaginable una monstruosidad de tales dimensiones en un país que se creía a salvo de la porquería y la inmundicia de regímenes dictatoriales desde el 23 de enero de 1958?

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Sin pretender exculpar a los venezolanos por hecho tan monstruoso, la brutal acción represiva del gobierno el 11 de abril y el uso de hampones, francotiradores profesionales y funcionarios de seguridad del aparato gubernativo no dejan duda de un hecho absolutamente inédito en la historia de la república: la supervisión, si no la dirección táctica y estratégica de dichas acciones por personal policial y militar cubano. Tras diez años de gobierno no cabe dudar tampoco de la brutalidad fáctica, la inescrupulosidad y la criminalidad de que es capaz el presidente de la república, responsable directo de cientos de asesinatos durante los golpes de Estado de 1992, ni de la vocación homicida de la camarilla que le acompaña en el gobierno, algunos de ellos responsables directos de haber dirigido acciones que culminaran entonces con el asesinato de modestos trabajadores. Incluido el por entonces cerebro gris detrás del trono José Vicente Rangel, quien recomendara hacer bajar al lumpen de las barriadas de Caracas para generar conatos de guerra civil y poder salvaguardar así el poder que se perdía en manos del teniente coronel Hugo Chávez.

Pero una orden de tamaña crueldad como ordenar un abaleo masivo de cientos de miles de manifestantes me resulta difícilmente imaginable sin la mediación de Fidel Castro, uno de los hombres más crueles y despiadados paridos en este lado del planeta. Pues es a partir de esa fecha trágica, perdida en los meandros de la pusilanimidad, la cobardía, la indigencia moral y la insensatez del Estado Mayor de nuestra Fuerza Armada Nacional; la insólita inoperancia de un puñado de empresarios convertidos en políticos in partibus, y la brillante ausencia de nuestra decadente clase política; es, en fin, debido a ese cúmulo de desgraciadas concatenaciones, que Fidel Castro se hace a partir de entonces con el control pleno del Poder en Venezuela y convierte a Hugo Chávez en prisionero de sus diabólicas maquinaciones. Cumpliendo una aspiración pendiente desde los años sesenta, cuando el ejército venezolano bajo las órdenes de los presidentes Betancourt y Leoni le asestaran una derrota militar, política y diplomática de la que debió esperar cuarenta años para vengarse.

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Desde ese aciago 11 de abril, cuando gracias al general Raúl Isaías Baduel – uno de los conjurados de Güere – Hugo Chávez sería premiado por el Estado Mayor en un acto de suprema estupidez con el retorno al Poder para iniciar la sistemática destrucción de nuestra institucionalidad democrática, es desde ese nefasto 11 de abril que el aparato cubano asume el control de la seguridad presidencial y Fidel Castro y sus más próximos allegados la dirección real de la república. Como el propio Chávez lo reconocería luego, es Castro quien monta en 2003 el fraude continuado que desemboca en la derrota del Referendum Revocatorio del 15 de agosto de 2004. Y quien fija el rumbo estratégico y táctico del llamado socialismo del siglo XXI.

Es en plena luna de miel de la virtual entrega de Venezuela al control estatal cubano, premiada con cien mil barriles de crudo diarios y suculentos negocios de triangulación financiera, que Castro y sus dos principales asesores, Pérez Roque y Carlos Lage, avanzan la idea de crear una república federativa de Cuba y Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez. Chávez cede la soberanía de una gran Nación a una ínsula en estado miserable e infinitamente menor, cometiendo una auténtica traición a la república. Es el precio a su entronización. La consecuencia ulterior del aciago 11 de abril.

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La condena a treinta años dictada recientemente contra el puñado de policías inocentes encabezados por Simonovis, Forero y Vivas haciendo escarnio de todo procedimiento judicial por una jueza, una fiscal y escabinos al servicio del régimen culmina la apropiación de la historia, de la justicia y del poder político venezolanos por el castro comunismo. La aviesa reescritura de los sucesos del 11 de abril llevada a cabo contra toda evidencia se cumple en el más descarado estalinismo castrista. La verdad de los hechos se ve difamada, torcida y ocultada sistemáticamente con el empleo del todopoderoso aparato de manipulación estatal y el respaldo del aparato de manipulación cubano y las izquierdas mundiales. Es una reedición en pequeño de los juicios de Moscú. Una caricatura de los llamados procesos espectáculos que terminaran con la condena y muerte de los principales líderes bolcheviques a fines de los años treinta. Una muestra criolla y caricaturesca – si no fuera trágico para quienes la sufren – de la justicia del horror que condenara a muerte a Arnaldo Ochoa Sánchez y a Tony de la Guardia hace diez años y sacara a puntapiés a Pérez Roque y a Carlos Lage de la cúpula del Poder en Cuba hace apenas unos meses.

En estos siete años de sistemático ocultamiento, no ha cesado el coronel golpista responsable por los golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992 de acusar de golpistas a quienes fueran abaleados por el gansterismo chavista. Los asesinos de Puente Llaguno, en cambio, fueron condecorados. El mundo al revés. Son cientos y cientos de horas dedicadas a deshonrar la memoria de las víctimas y a torcer la verdad de los hechos. Son cientos de millones de dólares los empleados en comprar conciencias, producir largometrajes, alquilar espacios e imprimir miles y miles de páginas en los principales periódicos del mundo para imponer una verdad tan falsa como el Judas que nos desgobierna. La principal víctima de este gigantesco enjuague manipulativo han sido la verdad procesal y la verdad histórica de los sucesos.

Que a pesar de este monstruoso esfuerzo manipulativo la ciudadanía venezolana reaccione con indignación ante la lapidaria e injusta condena y exprese el más descarnado desprecio contra los vasallos del teniente coronel y la inmundicia moral de su vergonzoso comportamiento, demuestra que a pesar de los pesares el régimen no ha terminado por cuadrar sus falsas cuentas. Deben saber los responsables por esta condena que les espera el desprecio de sus semejantes y el severo juicio de la historia. No saldrán ilesos del crimen cometido. Como los cómplices civiles y uniformados de esta trágica secuencia.

Por ahora podrán burlarse y exhibir con impudicia su criminal impunidad. Les durará lo que un suspiro. Que mientras llegue el juicio de la historia carguen con el peso de su conciencia, si es que la poseen. Cuando suene la hora de la justicia, no habrá piedad entre los justos. Merecen nuestro máximo rechazo y nuestra máxima condena. No habrá perdón ni olvido.

Después de permanecer durante más de cinco años a la espera de sentencia, han sido condenados a penas que oscilan entre los dieciséis y los treinta años varios integrantes de la Policía Metropolitana de Caracas que intervinieron durante la manifestación del 11/04/02, la cual desembocó en una matanza de civiles en los alrededores del palacio de gobierno venezolano y la posterior renuncia de Hugo Chávez.

Esta sentencia que impone la pena máxima contemplada en el ordenamiento legal venezolano, se produce después de varios años de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones a los derechos humanos de los procesados, quienes cumpliendo con su obligación como garantes del orden público enfrentaron a un grupo de pistoleros que apostados a las puertas de Miraflores – Puente Llaguno – disparaban indiscriminadamente contra la masa de manifestantes. A estos últimos el gobierno venezolano no sólo no les procesó si no que les condecoró como héroes y hoy se pasean a sus anchas en libertad plena a pesar de los flagrantes delitos cometidos en aquella ocasión.

Es paradójico y produce perplejidad que sea el gobierno encabezado precisamente por Hugo Rafael Chávez Frías, beneficiario de un sobreseimiento de su causa judicial por la intentona de Golpe de Estado del año 1992, quien haya impulsado, presionado y llevado hasta estas consecuencias la persecución hacia estos funcionarios policiales cuyo único delito fue cumplir con su trabajo de proteger a la ciudadanía.

El Estado de Derecho retornará un día a Venezuela y todas estas atrocidades, injusticias y abusos de poder recibirán su justo castigo.

Vaya nuestra profunda solidaridad hacia las familias de los funcionarios policiales hoy castigados por haber hecho su trabajo.

Arturo Peraza s.j.*

Lázaro Forero, Henry Vivas, Iván Simonovis y los policías condenados

Para un defensor de derechos humanos debería resultar buena noticia una sentencia que busque reivindicar la verdad, sancionar a los responsables de hechos tan graves como los acontecidos el 11 de abril de 2002, y que indemnice a las victimas . Pero éste no es el caso.

Se trató de un juicio que injustificadamente duro más de 6 años, por lo cual se violentó el derecho al debido proceso de quienes se encontraban privados de su libertad. Se trató de un juicio que desde el principio arrojó dudas sobre su objetividad e imparcialidad. Se trata de que nuestro Poder Judicial sigue sin generar la garantía de independencia requerida para poder creer en sus sentencias, más cuando están involucrados aspectos políticos.

Lo grave del caso es que resulta imposible saber si efectivamente los funcionarios hoy sentenciados a 16, 17 y 30 años de prisión fueron los verdaderos responsables de los hechos que se le imputan o si por el contrario se trata de una burla más de la justicia venezolana. Las sentencias de hecho suenan más a una venganza política que resulta conforme con toda la actuación que el Estado en estas últimas semanas ha desplegado persiguiendo opositores políticos, usando para ello el aparato judicial.

No se puede decir que hoy haya triunfado la defensa de los derechos humanos, ni la verdad. No sabemos si se sancionó a los responsables, o quizás se siguen produciendo nuevas víctimas de aquellos hechos. Por eso más bien vale la pena recordar que desde aquel entonces la sugerencia de las ONG’s de derechos humanos fue la instalación de una comisión de la verdad que de forma imparcial estableciese la verdad de los hechos. Esto sigue siendo materia pendiente.

*Director de la revista Sic y defensor de derechos humanos.

http://www.dailymotion.com/video/x3fhme_la-masacre-del-11-de-abril-fue-plan_news

Este valeroso grupo de venezolanas y venezolanos luchan en su país por los derechos humanos de presos políticos que Hugo Chávez mantiene encerrados. También aboga por la justicia en casos de serias violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos. El próximo domingo se batirá el pueblo democráticamente-hasta donde lo permita Chávez-para intentar, una vez más frenar la ambición de poder de este gobernante que tantos problemas ha causado en la gran Venezuela. La organización 11 de Abril merece todo nuestro respeto y apoyo. Lea más sobre lo que sucede en Venezuela en Martha Colmenares.

A menudo, el presidente Chávez había advertido que desde 1993 se convirtió en un objetivo político de asesinos y que después de 1999, ya como presidente, era objetivo militar de los golpistas. Pero a partir del segundo semestre de 2001 las denuncias del presidente sobre conspiradores que pretendían derrocarlo se hicieron más frecuentes y más inmediatas. “Sé quienes son. Los tengo identificados a todos por su nombre y los tengo infiltrados. Así que sé todo lo que están planeando”, repitía Chávez en sus famosas “cadenas” de televisión y radio durante el segundo semestre de 2001 y los tres primeros meses de 2002. Estaba en lo cierto. Estaba diciendo la verdad. Conocía la identidad de los presuntos conspiradores porque un grupo de agentes dobles, al servicio del gobierno, habían instigado a propósito una conspiración. Este grupo —que incluía a los hermanos Pérez Recao y algunos militares descontentos que habían sido partidarios de Chávez— fue manejado por Vinicio “El Principe” De Sola —quien no guarda relación con la respetable familia De Sola, conformada por abogados y juristas del Tribunal Supremo de Justicia—, un ex asociado de negocios en los años ochenta y tempranos noventa de José Vicente Rangel, el tres veces candidato presidencial socialista en los setenta y ochenta y después notable periodista de investigación que, además, tuvo una carrera paralela clandestina como proveedor de equipo militar antes de unirse a la revolución de Chávez. Rangel fue su ministro de Defensa en el período 2001-2002 y antes su ministro de Relaciones Exteriores.

Este grupo a cargo de De Sola, que informaba de todo a Rangel y a ciertos oficiales designados por el ministro, era un componente estratégico y táctico de la Operación Knockout, nombre en clave del plan secreto de Chávez para aplastar a sus oponentes políticos en una versión bolivariana de la masacre de Tiananmen en China.

Chávez también tuvo un conocimiento directo de un segundo grupo de conspiradores dentro de la Fuerzas Armadas, encabezado principalmente por oficiales navales e integrado por generales de brigada y vicealmirantes sin mando directo sobre infantería, blindados o unidades de la fuerza aérea. El presidente no desplegó sus agentes dobles entre los militares involucrados en este segundo grupo. Pero sí supo de su existencia poco después de que sus miembros comenzaron a conspirar porque, a pesar de su formación militar y de su supuesto conocimiento de las prácticas de seguridad, estos vicealmirantes y generales de brigada demostrado ser increíblemente torpes en su propia seguridad.

Agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) se infiltraron en este grupo para enfrentar a algunos de sus miembros y forzarlos a convertirse en informantes clandestinos. Chávez permitió que siguieran conspirando porque nunca representaron una amenaza para su supervivencia del régimen. Ninguno de los conspiradores comandaban tropas y nunca tuvieron capacidad táctica para impulsar un golpe exitoso. Sin embargo, la existencia de este segundo grupo permitió reforzar los simulacros de golpe que Chávez tenía previstos con el primer grupo donde De Sola, el agente doble de Rangel, fue un destacado participante.

Para que la Operación Knockout tuviese éxito, Chávez necesitaba un creíble pero tácticamente ineficaz intento de golpe que pudiera controlar, fiscalizar y reprimir rápidamente, con el fin de justificar una letal contragolpe militar destinado a la liquidación de sus oponentes políticos y a la destrucción del joven movimiento de la sociedad civil venezolana, todo esto con en un sola acción destructora.

Chávez llamó a su plan Operación Knockout porque esperaba destruir a sus oponentes políticos como un boxeador peso pesado pisos que tira al piso a su rival con una combinación de golpes. El primer golpe sería infligido por sus círculos bolivarianos armados. The objective was to turn peaceful street protests by the political opposition into bloody street battles between the president’s civilian supporters and foes. El objetivo era convertir las pacíficas protestas de la oposición política en un sangriento campo de batalla entre los seguidores del presidente y sus enemigos. El estallido de la violencia callejera entre grupos civiles opuestos desencadenaría el despliegue de fuerzas de la Guardia Nacional con el 5º comando regional (Core-5) en Caracas. La Guardia Nacional estaría bajo sus órdenes para hacer frente a los manifestantes de la oposición y para proteger los círculos bolivarianos. Chávez esperaba con razón que el despliegue de guardias nacionales en contra de manifestantes de oposición intensificaría los niveles de la violencia callejera que tenía previsto provocar.

El knockout final sería llevado adelante por tres batallones de infantería blindada, con base en el Fuerte Tiuna, que se desplegarían bajo las órdenes del presidente en virtud del Plan Avila, un ejército de contingencia estratégica diseñado para casos de disturbios civiles masivos que amenazara la seguridad nacional y la estabilidad democrática de Venezuela.

Chávez fue el principal autor intelectual de la operación Knockout, pero su desarrollo fue un trabajo de grupo. Participaron activamente el vicepresidente Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, el general en Jefe de la Fuerza Armada, Lucas Rincón Romero y los oficiales superiores al mando de la Guardia Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea, así como el comandante general de la Tercera División del Ejército, Jorge Garcia Carneiro; el Fiscal General de la República, Isaias Rodríguez; el alcalde de Libertador, Freddy Bernal, el adjunto de la Asamblea Nacional Juan Barreto, y varios de los más radicales “chavistas” de la asamblea.

La Operación Knockout se desarrolló en gran secreto durante un período de aproximadamente seis meses que comenzó octubre de 2001. De hecho, algunos de los oficiales militares de alto rango que participaron en la concepción de algunos elementos de la Operación Knockout eran desconocidos por los conspiradores civiles hasta el 7 de abril de 2002, cuando Chávez reunió a altos militares, políticos y funcionarios gubernamentales para discutir su inminente ejecución.

En la Operación Knockout participaban políticos, civiles y militares. El componente político trató de crear las condiciones que daría lugar a violentos enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, seguido de un intento de golpe. Chávez era un veterano conspirador y estaba seguro que sus adversarios eventualmente pondrían en marcha un golpe. Pero Chávez también confíaba en habría un golpe porque él había planeado fomentar un atentado contra sí mismo.

El componente civil fue coordinado y ejecutado en los niveles más altos del gobierno de Chávez por el vicepresidente Cabello y el ministro de Interior y Justicia Rodríguez Chacín. La oficina del vicepresidente controlaba la creación, contratación, formación, financiación y coordinación de los círculos bolivarianos. La mayoría de los círculos creados a nivel nacional no participaban en actividades políticas violentas, a pesar de que fueron ordenados con frecuencia a participar —con prendas de vestir rojas— en manifestaciones callejeras y otros actos públicos de la revolución patrocinados por el gobierno bolivariano.

Sin embargo, un pequeño número de círculos bolivarianos, particularmente en Caracas, fueron creados expresamente para funcionar como violentos matones armados para atacar a manifestantes de la oposición.Las actividades de estos grupos armados fueron coordinadas por la oficina del vicepresidente, sobre la base de informes de inteligencia acerca de la oposición política generada por una sala situacional al mando de Rodríguez Chacín en el Ministerio de Interior y Justicia. El personal de funcionamiento la sala situacional habían sido reclutado de los servicios de inteligencia militar (DIM), el Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (CUFAN), el Ministerio de la Defensa, la policía política (DISIP), la policía de investigación criminal (CICIP) y la policía del Municipio Libertador PoliCaracas.

La sala situacional de Rodríguez Chacín, los servicios de inteligencia clandestinas y las operaciones de inteligencia electrónica apuntaban a la oposición. Las operaciones de inteligencia electrónica incluían la intervención de teléfonos y correos electrónicos de cada uno de los líderes de la oposición y de instituciones opositoras como Fedecámaras, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio (Consecomercio), la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Petróleos de Venezuela, y la Iglesia católica, entre otros. Las actividades de la inteligencia humana estaban destinadas a la contratación de informantes y a infiltrar esas instituciones de oposición.

La información de inteligencia generada por la sala situacional de Rodríguez Chacín fue utilizada por la oficina del Vicepresidente para planificar y coordinar el despliegue de círculos bolivarianos contra actos públicos (manifestaciones, marchas, etc), organizado por los opositores políticos.

Otros grupos de civiles armados que trabajaron en estrecha colaboración con Rodríguez Chacín y Cabello, a finales de 2001 y principios de 2002, incluían una fuerza de seguridad clandestina dentro de PoliCaracas, comandada por el alcalde del Distrito Libertador Freddy Bernal;así como decenas de pistoleros financiados a través de los ministerios de Educación, Salud y Trabajo, militantes urbanos asociados con los Tupamaros, con base en los bloques de apartamento del 23 de Enero, cerca del palacio presidencial, y otros grupos violentos asociados con combatientes bolivarianos como Lina Ron. Todos estos grupos recibieron apoyo financiero y armamento a través de diferentes entidades gubernamentales nacionales y municipales.

Chávez vio a estos grupos como tropas de choque encargadas de instigar la violencia callejera contra sus opositores. Su misión asignada en la Operación Knockout fue atacar físicamente a los grupos de oposición, creando condiciones de extrema violencia que justificaría la intervención militar directa en virtud de un estado de excepción decretado por el presidente.

Continuará…

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