El ministro de Justicia declaró en Ginebra que los policías que llegaron el 5 de junio a desalojar la carretera -en la Curva del Diablo- “fueron recibidos con balas, con armas de fuego conseguidas tras haber asaltado un puesto policial. Eass armas fueron utilizadas para matar a los miembros de la policía”. Su afirmación seguirá generando mayor distancia con la población amazónica. Hay pruebas y testimonios de que quienes iniciaron el ataque esa madrugada fueron los policías desde los helicópteros, con las bombas lacrimógenas.

Hay pruebas y testimonios también de que los generales que estuvieron todos esos días en la carretera Fernando Belaúnde sabían al caer el jueves 4 que los manifestantes habían aceptado desalojarla al día siguiente. Tenían que buscar movilidad y organizarse pues eran casi tres mil personas.

Es cierto que posteriormente -en una colina donde se vio al mayor Bazán- un grupo de manifestantes les quitaron las armas a los efectivos y con ellas dispararon en ese momento, luego de ver el enfrentamiento en la Curva del Diablo.

Pastor dijo también ante el Comité de Eliminación de Discriminación Racial de Naciones Unidas que los nativos fueron instigados por personas extrañas y que tal cosa ha quedado demostrada. Agregó: “presiones externas a las propias organizaciones indígenas hicieron que Pizango abandonara la mesa de diálogo”.

Otro aspecto preocupante de las declaraciones de Pastor es su posición acerca de la comisión para investigar los hechos del 5 de junio. “Vamos a investigar utilizando los mecanismos que la democracia nos obliga: tenemos un estado de Derecho donde hay poderes con automonía que tienen que respetarse. El poder Judicial tiene autonomía. El poder político no puede interferir en el Poder Judicial. Por tanto no entendemos a quienes piden a los políticos que interfieran con el poder Judicial, sería desconocer nuestro propio ordenamiento, nuestra propia Constitución”.

“Ha habido una motivación sin duda, hemos identificado a algunos de los que han motivado estos hechos, hay una investigación en sede judicial y no vamos a interferir políticamente”, señaló.

Ojalá ello no contradiga las declaraciones del ministro Velasquez Quesquén, quien aceptó que una comisión independiente se encargue de dicha pesquisa, sugerida por el relator especial de Naciones Unidas, James Anaya.

El video con parte de la intervención de Pastor está disponible en la web del Ministerio de Justicia
Actualización de martes 11 am aquí el video

Ejecutivo no muestra interés en investigar hechos de Bagua: Carlos Navas se refiere a la demora del Ejecutivo en responder a la terna propuesta para la comisión.

Programación del informe del Perú hoy y mañana.

Expresará públicamente ante el Comité de eliminación de discriminación racial de Naciones Unidas (CERD) que: “el Perú es suscriptor de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos o ambientales en general y de los derechos indígenas en particular. El más importante de ellos, el Convenio N.º 169 de la OIT”. ¿En serio? Y si es el más importante por qué no consultó los decretos legislativos el año pasado? Ratificar convenios no es igual a cumplir.

El informe del Perú está en línea y es un ejemplo más de que -en papel o en PDF- el país puede parecer respetuoso de los derechos indígenas porque ha aprobado ciertos dispositivos, pero no transparenta su no aplicación. Para muestra, sostiene que “la 11.ª política del Acuerdo Nacional constata que en el país aún subsisten diversas expresiones de discriminación e inequidad social y resalta el compromiso del Estado y de las distintas fuerzas políticas por dar prioridad efectiva a la promoción de igualdad de oportunidades”.

Los mensajes de AGP del 28 de julio y de la primera semana de junio, y ahora el de Aurelio Pastor, no sólo no promueven ni defienden la igualdad de oportunidades sino que atacan a quienes pretendieron defender su derecho a la consulta. El ministro de Justicia defenderá al Estado peruano explicando que ‘intereses económicos’ azuzaron a la población nativa en su contra.

El caso de las minas Dorato y Afrodita en la frontera con Ecuador es muy claro acerca de cómo el Estado toma parte por las empresas y no por los derechos de las comunidades del Cenepa al entregar concesiones mineras en una zona no permitida para operaciones extranjeras. Ver una buena entrega al respecto en la revista Poder.

El premier no declaró en este tiempo sobre las cuatro mesas técnicas que han estado trabajando como parte del Grupo de Coordinación del Desarrollo de la selva, pero ayer domingo Perú.21 divulgó que Velásquez Quesquén mencionó el compromiso firmado por su antecesor, incluida la formación de una comisión que investigue los hechos del 5 de junio.

Si bien el informe escrito que presenta el Perú ante el CERD de Naciones Unidas fue redactado en enero de este año, antes de que se produjeran los hechos de Bagua, no alude a la gran cantidad de disputas entre comunidades indígenas y comunidades nativas que intentan defender sus recursos o, simplemente, que se respeten las normas en el trato con entidades estatales y empresas extranjeras.

En la página 24, dice el informe: ” es innegable la existencia de conflictos entre los pueblos indígenas de la Amazonía con las actividades de hidrocarburos por el impacto ambiental. En este caso, la autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas, el cual ha implementado acciones legislativas conducentes a lograr el desarrollo integral de la sociedad y específicamente la inclusión y promoción de los derechos al ambiente, a la información, a la consulta y participación, propiedad y al desarrollo de las poblaciones ubicadas dentro de las áreas de influencia de los proyectos minero-energéticos”.
Insisto: ¿de qué sirven las normas si los ministerios no las respetan ni las hacen cumplir?

Entre las preguntas enviadas por el Comité de Naciones Unidas al Estado peruano -y que Pastor deberá responder- hay algunas interesantes como, por ejemplo, qué ha hecho para concretar los compromisos con la población Achuar afectada por la contaminación de sus aguas debido a la explotación petrolera. Asimismo, cuestiona el destino de numerosos proyectos de ley -citados en el informe enviado por el Gobierno- que permanecen en dicha condición por años, entre ellos, uno para traducir a las lenguas oficiales las normas aprobadas.

Acerca de los hechos del 5 de junio en Bagua, el Comité solicitó al Perú “información sobre las causas profundas y consecuencias del hecho desde el punto de vista del Estado parte y su progresión en los días posteriores [al 8 de junio en que el Perú envió una memoria]. Asimismo, atentamente solicita información sobre las medidas que el Estado Parte ha adoptado y/o piensa adoptar para, conjuntamente con los pueblos indígenas, superar esa situación y evitar que se vuelva a dar en un futuro”.

Y una sorpresa más: pese a que los principales representantes del actual Gobierno desprestigian el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su presentación a Naciones Unidas sí citaron datos e información procedente de dicho documento (ver la página 26). El CERD solicita información sobre qué reparaciones ha entregado el Perú a las víctimas indígenas de los 20 años de violencia.

A continuación, el informe completo de enero enviado por el Perú y luego las importantes preguntas planteadas por la ONU al Perú el 20 de junio.

Si quieren ver la procedencia de los documentos, aquí el enlace al sitio del CERD de Naciones Unidas.

Actualización de las 10 am:

Aquí la nota de prensa enviada por el Ministerio de Justicia sobre lo dicho por Pastor en Ginebra esta mañana:

Desde Ginebra, el Perú informará los avances en temas de la lucha contra la discriminación racial
Gobierno peruano garantiza el diálogo con comunidades nativas
+ Ministro de Justicia lamentó ataque narcoterrorista en Huanta.

Finalmente, consultado sobre los avances en las investigaciones de los sucesos ocurridos en Bagua, Pastor Valdivieso afirmó que el Ministerio de Justicia, como parte del Poder Ejecutivo, actúa en este caso a través de sus procuradores. “No podemos hacer más que acatar las resoluciones que se dictan. De esta manera se garantiza el respeto a la autonomía de los poderes”, concluyó.

Y la nota sobre lo mismo en Andina

El discurso con motivo de 28 de julio del presidente Alan García aludió brevemente al 5 de junio (“los trágicos sucesos de Bagua sobre los que ya hice una reflexión autocrítica”) y en adelante sólo reiteró la idea de que hay intereses extranjeros contra el Perú y que el diálogo se dará con “plazos establecidos”, sin medidas de fuerza y sin condiciones ilegales.

Desde la semana pasada cuando se produjo el cambio de gabinete, García reiteraba que el resto de su gestión contemplaría la ‘inclusión social’, pero la frase sigue siendo aún un cliché encarnado en el número de líneas de telefonía celular existentes en el país -y que repite constantemente (22 millones 800 mil)-. Sobre inclusión social no hubo contenido en el mensaje presidencial.

Aidesep, la organización amazónica que lideró las protestas de 2008 y de este año solicitando la derogatoria de decretos legislativos -y que hoy afronta dificultades internas- ha reaccionado rápidamente ante el mensaje de García e indica que el jefe de Estado perdió la oportunidad de reconciliación con los peruanos.

El Arzobispo Juan Luis Cipriani coincidió con la tesis de Alan García, acerca de las amenazas ‘externas’ que afronta el Perú y, durante la homilía en el Te Deum inició la agenda protocolar del 28 de julio, sembrando miedo al referirse a la violencia de Sendero Luminoso en años pasados y la falta de agradecimiento a quienes lucharon contra el grupo terrorista.

Opinión de Santiago Pedraglio en CNR: “García persiste con una mirada unilateral de los conflictos sociales”

Nube de tags del discurso en Utero.pe

La transcripción del discurso ofrecida por el diario El Comercio

Antes de desearles felices fiestas a los seguidores de este blog, dejo un texto para quien quiera recordar la autocrítica de AGP sobre Bagua:

Palacio de Gobierno, 17 de Junio de 2009

Compatriotas, peruanas y peruanos en todos los hogares del Perú:

Muchas gracias.

Afiche en terminal de transporte en una céntrica calle de Jaén.

Otra de las secuelas más obvias de la violencia en la Curva del Diablo y horas después en Bagua capital, se expresa en los miles de afiches que Felipe Bazán, padre del mayor de la PNP Felipe Bazán Soles -desaparecido hasta hoy- ha colocado en muros, locales públicos y terminales de transporte de Jaén, Bagua capital, Bagua Grande, Chiriaco y comunidades intermedias antes de Imacita.

El señor Bazán ofrece recompensa, incluye varios teléfonos, ofrece trato directo con los familiares, pero aún no hay respuesta.

Aquí algunas imágenes adicionales:

Afiche en la esquina de la Av. Chachapoyas de Bagua grande, vía que conecta con Chiclayo y con Bagua capital. JFF

Pizarra en la entrada de la Municipalidad de Bagua capital. JFF

Tanta expectativa para nada. El anunciado análisis del presidente García sobre la situación del país, presentado en exclusivo en la edición de “Expreso” de ayer domingo, fue más de lo mismo, un conjunto de ideas hacinadas, prejuiciosas, y sin originalidad.

El pensamiento guía de García se reduce a lo siguiente: estamos bien, hemos crecido y reducido la pobreza, la gente afuera nos mira como ejemplo, pero los extremistas de siempre, los “antisistema”, aquellos que quieren que el país viva siempre en la miseria, hacen de todo para que retrocedamos y caigamos en el derrotismo. Aunque sin mencionarlo, el mismo libreto del “perro del hortelano”.

¿Alguna autocrítica?, no, solo un remedo de ella, “claro que hay problemas y errores, el gobierno lo acepta”, dice García, y hace referencia a dos: falta más velocidad en las obras y más energía en el orden público. Nada más. Olvidó decir que no saben comunicar sus logros ni explicar sus propuestas, leit motiv que ministros y congresistas, apristas y aliados, han recitado en sus argumentaciones sobre la causa de la protesta de los pueblos indígenas, por ejemplo.

Pero si el gobierno no la ve, o no quiere verla, aquí una ayudita. Problemas y errores graves son la mediocridad y falta de coraje para asumir responsabilidades, y su obstinación en una teoría según la cual el crecimiento y el desarrollo se deben a la inversión económica y, por tanto, lo que se debe hacer es vender todo, y defender un modelo que ofrece resultados concretos y materiales para los afortunados de siempre.

Una de las ideas-fuerza que pretenden imponernos, y que repite García en su artículo, es la siguiente: asistimos a una guerra fría en la que participan gobernantes extranjeros que insisten en el estatismo económico y la demagogia que conduce a la pobreza y la crisis, y del otro lado está la democracia política y económica que conduce al progreso, donde se ubica el Perú y su gobierno. Es decir, todos los que no están de acuerdo con el modelo, o siquiera una de las políticas implementadas por este gobierno, se convierten automáticamente en representantes de la penetración externa, seguidores de Chávez y Morales, o simplemente humalistas. Falsa idea-fuerza, tramposa además, que descalifica la discrepancia y que llega al extremo de criminalizar la protesta.

“La conciencia política no marcha tan rápido como el crecimiento material”, se lamenta García, y estoy seguro que muchos estaríamos de acuerdo si el presidente se refiriese a sí mismo. El abandono y hasta desprecio de la ética en esta gestión gubernamental, convierte en tragicómica la alusión a la conciencia política por parte de un gobernante que ha trastocado los valores de la democracia. El 5 de junio de 2009 tiene la equivalencia política y simbólica del 18 y 19 de junio de 1986, es la muerte y el crimen como recurso, y luego la cobardía y el deshonor. Ningún crecimiento económico puede justificar la vileza.

Asegura García que, con más estabilidad política y económica, nuestro país cambiará de manera irreversible a favor de las mayorías, del progreso, de la estabilidad y de la paz. De una cosa se olvida García, y no tiene nada de casual: de la justicia. De aquella que le reclaman los pueblos indígenas amazónicos y de la sierra, de aquella que se le debe a las víctimas de un conflicto armado interno cuyo recuerdo quisiera borrar, de aquella que por su ausencia mueren niños de frío. Sí, esa justicia que no vemos en sus actos, y nos hace sospechar.

UY! si que el tema polémico del Baguazo llegó a los oídos de todo el mundo, tanto así que el mismísimo Richard Stallman habló en español sobre el tema.

Difundimos una comunicación enviada por Aprodeh
Diecisiete detenidos trasladados de la Base del Milagro de Bagua a la División de Seguridad del Estado en Chiclayo, a raíz de los sucesos del 5 de junio, padecen indefensión y son víctimas de una detención arbitraria, afirmó el abogado Juan José Quispe, del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

“Nuestra Constitución señala que toda persona cuando es detenida tiene derecho a que se le comunique las razones de su detención. Así mismo, toda detención es flagrante, cuando los autores han sido encontrados flagrancia. A ellos no los encontratron así, pero igual los han detenido”, señaló.
Los detenidos son: Nashi Sinhuani Joel; Segund Raúl Pariatón Jara; Alberto Alberca Melendres, Gonzalo Campos Bautista; Samuel Sánchez Cotrina; Benito Soto Ortega; Gamaniel Angel García Cumbia; Adrina Taish Ujucam; Luis Yagkuk Vílchez, José Yaqcob Shintqtat, Lorenzo Castillo Abad; Dany López hawit, Martínez Wuampagkit Akuntuy; Crombel Mendoza Espinoza y Mariano Mayak Payash.

“Hay un hecho que llama la atención, y es que hoy al promediar las 08:00 a.m. fueron trasladados al aeropuerto de Chiclayo con rumbo a Bagua, no se sabe si por una resolución final o porque ya se venció el plazo de los siete días de convalidación de detención, y Seguridad del Estado no quiere hacerse problemas porque sabe que si los tiene un día más se estaría cometiendo un delito flagrante”, dijo Quispe.

Los nativos se encuentran en la Oficina de Seguridad del Estado desde el 6 de junio y, según sus familiares, en ningún momento han tenido abogados de su libre elección sino abogados de oficio impuestos por el Ministerio de Justicia y sin un intérprete que traduzca sus declaraciones, como lo señala el Convenio 169 de la OIT, del cual el Perú es signatario.
“En todo el tiempo en que han estado detenidos, no se les ha facilitado su papeleta de detención que es un derecho constitucional que tiene toda persona que es intervenida e investigada por un delito, sólo han contado con abogados de oficio impuestos desde Lima como con la intención de involucrarlos como autores de los hechos del 5 de junio”, finalizó.

El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente.

¿Has cuidado a nuestro hogar hoy?