Por Osvaldo Granados

En materia de Derechos Humanos, Puerto Vallarta y la región Costa Norte mantienen a la fecha 95 quejas, de las cuales, las que tienen que ver con abusos policiacos o arbitrariedades de instancias judiciales o de la procuración de justicia, abarcan el mayor porcentaje en la oficina regional ubicada en este puerto turístico.

De visita en Puerto Vallarta, el Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, destacó que es necesario hacer saber a la ciudadanía que los Derechos Humanos no solo se violan cuando hay abusos policiacos o arbitrariedades de alguna instancia de gobierno, sino que también se violan cuando se vulnera el derecho a la salud, el trabajo, el desarrollo, a un medio ambiente sano o a una vida digna.

Asimismo, el tercer visitador hizo un llamado a través los micrófonos de Medios UDG, a que los ciudadanos no permitan que la incompetencia gubernamental, la burocracia o la ineficiencia, detenga o no de celeridad  a sus asuntos, porque eso también es violatorio de los derechos humanos.

Para el visitador Alfonso Hernández Barrón, Puerto Vallarta en los últimos dos años ha sido punta de lanza en el estado de Jalisco en cuanto a denuncias de Derechos Humanos, sobre todo en aquellos que ya atienden otros países, especialmente los desarrollados, y que tienen que ver con el bienestar y la calidad de vida, y como ejemplo, puso las recomendaciones que emitió esta comisión en asuntos como el basurero de la colonia Magisterio y los bailes masivos que se realizaban aledaños a zonas habitacionales y que generaban ruidos estridentes, donde se violaban derechos humanos como la protección al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Estas violaciones han sido denunciadas, han sido atendidas, y la ciudadanía  ahora tiene un mejor entorno para vivir; Y por ello, señalaba el visitador Hernández Barrón, Puerto Vallarta es ejemplo y punta de lanza en materia de quejas y resoluciones de Derechos Humanos.

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por Vox Clamanti In Deserto Tuesday, Nov. 20, 2007 at 7:01 PM

Indymedia Puerto Rico

http://pr.indymedia.org/news/2007/11/26911.php

Oficiales de la Guardia Universitaria del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico intervinieron esta tarde con estudiantes que se manifestaban en solidaridad con un compañero, luego de que su mural en contra del maltrato contra la mujer y la niñez fuese censurado por la administración. Los estudiantes, que escribían consignas a favor de la libertad de expresión con tiza de colores sobre el lugar donde horas antes había estado el mural fueron desplazados por la Guardia y un empleado de mantenimiento, quienes en medio de improperios y amenazas de violencia física les arrebataron una escalera portátil y varios trozos de tiza.

Cabe destacar que este es solo el más reciente de una seria de episodios en los que la Guardia Universitaria ha estado envuelta, en su aparente agenda para silenciar los murales con mensajes sociales y/o de disidencia con el oficialismo universitario, mientras que las manifestaciones banales o propagandísticas realizadas por medios similares no motivan acción alguna.

NUESTROS PAÍSES – 08/20/2007
Jesús Dávila
http://www.eldiariony.com:80/noticias/detail.aspx?section=20&desc=Nuestros%20Pa%C3%ADses&id=1700378

SAN JUAN/CORRESPONSAL EDLP — La revelación hecha por una empresa que administra un proyecto de vivienda pública sobre infiltración comunista y subversiva en un proyecto de vivienda pública en Mayagüez como justificación ante las denuncias de abusos policíacos ha tenido el efecto de preocupar aún más a legisladores y a la Comisión de Derechos Civiles.

El informe, presentado por la compañía ZETA, abre el ángulo si los abusos denunciados –que han incluido al menos dos ejecuciones, vejaciones graves a gente pobre y acciones violentas contra vecindarios o protestas sociales- responden o no a un choque político mucho más amplio en el que se usa la Policía nacional para reprimir la rebeldía en medio de la crisis política institucional y el avance de reformas neoliberales.

Como “alarmante” describió el informe de ZETA la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, María de Lourdes Santiago, mientras que la Comisión de Derechos Civiles –presente en la audiencia- expresó sorpresa de que se haya intentado justificar acciones terribles de abuso a base de que en el vecindario puedan estar actuando grupos comunistas o del Ejército Popular Boricua-Macheteros. De hecho, en septiembre la CDC realizará audiencias públicas en Mayagüez para atender las quejas de toda la región oeste y se anticipó que habrá más “cosas que van a salir”.

La presentación de ZETA fue en respuesta a las denuncias, presentadas el sábado ante la comisión por la representante de los vecinos Sandy Borrás, quien detalló un cuadro de espanto sobre cómo policías cometen todo tipo de vejación hasta con damas y niños a la vista de todos en el proyecto público Candelaria, de esa ciudad portuaria en el oeste del país. Las denuncias involucran, además de la Policía nacional, la acción en conjunto de ZETA y del Departamento de la Vivienda para reprimir la queja de los vecinos.

Borrás dijo a la comisión del Senado que prueba de que las denuncias de los vecinos son ciertas es el reciente allanamiento por parte del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos del cuartel de la División de Drogas y Vicios de Mayagüez, donde se investiga un presunto esquema organizado para fabricar casos y abusar de la gente.

Las noticias de acciones violentas por parte de la Policía nacional se han ido haciendo cada vez más comunes y justo cuando el Gobernador presentaba un mensaje ante la Legislatura en abril pasado, un corte de electricidad en un vecindario pobre de Toa Baja captó la atención del país por la violencia policial. De igual forma, las escenas de policías golpeando y pateando vecinos en un proyecto de vivienda pública en San Juan y en una barriada pobre de la costa noreste han seguido causando alarma.

Por si faltasen motivos de preocupación, la propia CDC ha tomado nota de las denuncias de que miembros de las unidades especializadas contra motines –como la División de Operaciones Tácticas- usan esteroides anabólicos, sustancia que según estudios científicos puede provocar estados de agresividad peligrosos y es un asunto que el FBI ha catalogado como un “problema serio” en EE.UU.