Mexico must protect residents of disputed land

11 December 2009

“Amnistía Internacional le pone mas crema a sus tacos, mas, incluso, que Human Rights Watch”. Así se expresó Jorge castañeda en entrevista en WRadio en referencia a la presentación del Informe de Amnistía Internacional sobre los abusos que el ejército mexicano comete.

“Los 5 casos que Amnistía Internacional denuncia no son ni graves ni ejemplares pues no representan una muestra cientifica” agregó el ex canciller. Quizas el debe saber el total de denuncias a militares para descartar esos casos como una muestra, y de no hacerlo entinces confirma su intentona descalificativa.
Castañeda no se limitó en sus análisis pues enfatizó “Si bien el fuero militar no permite transprencia, ni obervadores ajenos debemos entender que es parte de la propia disciplina militar”.
Válgame!

Por otra parte, pero dentro de la misma campaña para minimizar el informe de Amnistía Internacional Calderón llama “ingenuos” a quienes se oponen a su guerrita santa. Cabe mencionar que lo dijo mientras otorgaba un el premio nacional de… Derechos Humanos.
Incluso advirtió: “No puede haber derehos humanos si no hay respeto a la ley”

Ándale!

SATURDAY, 28 NOVEMBER 2009 21:05 DINA MEZA

La delegación de Amnistía Internacional estará en Honduras hasta el 4 de diciembre

Amnistía Internacional ha sabido que las autoridades de facto de Honduras han almacenado 10.000 botes de gas lacrimógeno y otros materiales para operaciones de control de masas, lo que hace temer que aumente el riesgo de que las fuerzas de seguridad hagan uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en torno a las elecciones presidenciales.

Una delegación enviada por Amnistía Internacional a Honduras para vigilar la situación de los derechos humanos en torno a las elecciones presidenciales del 29 de noviembre ha recibido información sobre la reciente adquisición oficial de 10.000 granadas de gas lacrimógeno, 5.000 proyectiles para granadas de gas lacrimógeno y un tanque de agua, así como sobre el despliegue de millares de reservistas.

“Desde que tomaron el poder, las autoridades de facto de Honduras han permitido a las fuerzas de seguridad utilizar gas lacrimógeno, balas de goma y munición real contra manifestantes, lo que ha causado varias muertes y graves lesiones, por las que no se han pedido responsabilidades a nadie”, ha manifestado Javier Zúñiga, quien encabeza la delegación de Amnistía Internacional que visita Honduras.

“En uso indebido en el pasado de gas lacrimógeno y otros dispositivos para el control de masas, junto con la falta de garantías de que el material adquirido no se utilizará para agredir a manifestantes y la ausencia de investigaciones sobre los abusos cometidos anteriormente, da una idea sumamente preocupante de lo que podría ocurrir en los próximos días”, ha añadido Javier Zúñiga.

No está claro el uso que se le va a dar a este nuevo material ni si las fuerzas de seguridad han recibido formación adecuada o establecido los procedimientos necesarios para garantizar que en las operaciones que lleven a cabo en el contexto de posibles manifestaciones no se cometen abusos contra los derechos humanos.

En julio de este año, Amnistía Internacional visitó un centro de detención de Tegucigalpa y habló con varios manifestantes que habían sido detenidos arbitrariamente y sometidos a palizas y malos tratos.

La organización ha denunciado también que los activistas de los derechos humanos y los periodistas que se muestran críticos con las autoridades de facto están siendo objeto de crecientes amenazas e intimidaciones.

En un facsímil firmado por el Primer Batallón de Comunicaciones, las Fuerzas Armadas hondureñas han pedido a un alcalde local que les entregue una lista de nombres y números de teléfono de activistas pertenecientes a la Resistencia, movimiento contrario a las autoridades de facto.

“En Honduras hay hoy un ambiente de miedo e intimidación –ha afirmado Javier Zúñiga–. “Hemos observado un aumento del hostigamiento a quienes se considera contrarios a las autoridades de facto, sin que las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos hagan nada para investigar estos casos o ponerles fin.”

La delegación de Amnistía Internacional estará en Honduras hasta el 4 de diciembre. Se está reuniendo con víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas, profesores y médicos. También ha solicitado reuniones con fiscales, el ejército y la policía.

Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

 ACCIÓN URGENTE:  ‘Bloggers’ encarcelados tras un juicio injusto

Dos jóvenes activistas y bloggers de Azerbaiyán, Emin Abdulaev (de 30 años) y Adnan Hajizade (de 26), han sido sentenciados a dos años y medio y dos años de prisión, respectivamente, en un juicio injusto. Amnistía Internacional cree que los cargos contra ellos son inventados y que han sido encarcelados únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

El 28 de junio, un vídeo satírico realizado por Adnan Hajizade criticando al Gobierno de Azerbaiyán fue publicado en la página de Youtube. El 8 de julio, Adnan Hajizade y Emin Abdulaev (cuyo nombre como blogger es Emin Milli) fueron abordados por dos hombres mientras estaban cenando con unos amigos en un restaurante de la capital, Bakú. Los hombres les exigieron saber de qué estaban hablando. Cuando Emin Abdulaev les respondió que no era de su incumbencia, uno de ellos le dio un cabezazo y le tiró al suelo. Después, el mismo hombre golpeó a Adnan Hajizade, tirándole al suelo, y continuó pateando y pegando a Adnan Hajizade y Emin Abdulaev hasta que el personal del restaurante intervino.

Adnan Hajizade y Emin Abdulaev fueron inmediatamente a la comisaría de policía local para informar del incidente. Sin embargo, los oficiales de policía les interrogaron como sospechosos durante cinco horas, negándoles el acceso a un abogado de su elección y arrestándoles con los cargos de “vandalismo”. Los activistas estuvieron en prisión preventiva pendientes de juicio. Más tarde también serían acusados de causar daños físicos menores.

Durante la investigación, la policía y los fiscales no lograron entrevistar a los testigos ni obtener las pruebas de la videocámara de seguridad que podría haber grabado el incidente en el restaurante. También enviaron unos documentos al tribunal que exponían erróneamente que Adnan Hajizade estaba desempleado y que tenía historial delictivo.

Según los abogados de los activistas, durante el juicio el tribunal rechazó considerar las fotografías que mostraban los daños que habían sufrido en el ataque, así como las pruebas de vídeo de teléfonos móviles y de la cámara de seguridad, pero no dio explicaciones de por qué.

Ambos han sido condenados a dos años y medio y a dos años de prisión, respectivamente. Emin Abdulaev y Adnan Hajizade intentan apelar contra la decisión.

POR FAVOR, ESCRIBE INMEDIATAMENTE en inglés, azerí o en tu propio idioma:

-          Pidiendo la inmediata e incondicional liberación de Adnan Hajizade y Emin Abdulaev.

-          Apuntando que Amnistía Internacional les considera prisioneros de conciencia, detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho de expresión y asociación.

POR FAVOR, ENVÍA EL LLAMAMIENTO ANTES DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2009 A:

Ilham Aliyev

President of the Republic of Azerbaijan

Office of the President

19 Istiqlaiyyat St.

AZ1066 Baku, Azerbaijan

Fax: +99412 492 35 43 / 492 06 25

Email: president@president.az ; office@apparat.gov.az

Salutation: Dear President

Fikrat Mammadov

Minister of Justice

1, Inshaatchylar prospect

Baku AZ1065

Azerbaijan

Fax: +994 12 430 09 81

Email: contact@justice.gov.az ; international@justice.gov.az

Salutation: Your Excellency

Prof. Elmira Suleymanova

Ombudsperson

Office of the Ombudsman

40 Uz. Hajibeyov Street

Baku AZ1000,Azerbaijan

Fax: + 994 12 498 8574

Email: ombudsman@ombudsman.gov.az

Salutation: Dear Ombudperson

Y envía copias a los representantes diplomáticos acreditados en tu país.

Para ver el documento original de Amnistía Internacional en inglés podéis enlazar aquí.

Este blog está dedicado a Bielorrusia, pero hoy me gustaría hacer una excepción. Un amigo de Azerbaiyán, Emin Abdulaev (o Emin Milli, nombre con el que publica en Internet), ha sido condenado a 30 meses de cárcel. Emin es blogger y activista, nos conocimos en un gran viaje al Cáucaso en 2006 donde nos encontramos con gente que llevaba muchas ideas en la mochila para debatir sobre la complicada situación en la región. Después, nos reunimos de nuevo en Nantes en 2007 junto con varios de los compañeros que estuvimos en Georgia para continuar con los proyectos que se iniciaron entonces.

Siempre ha sido muy activo y guerrero, dice lo que piensa y organiza muchos actos en Azerbaiyán para intentar que las cosas mejoren en un país cuyo presidente, Ilham Aliev, está incluido en la lista de los “Predadores de la Libertad de Prensa” de Reporteros Sin Fronteras. Emin tiene un gran sentido del humor, es una persona muy inteligente y de las más divertidas que he conocido. Con él es imposible aburrirse.

Fue acusado de vandalismo por las autoridades después de ser agredido por unos desconocidos en un restaurante de Bakú cuando hablaba de política con unos amigos. Ingresó en prisión en julio de 2009, donde ha permanecido hasta que se ha celebrado el juicio cuya sentencia del pasado 11 de noviembre le condena a continuar en la cárcel durante dos años y medio. Poco antes de su arresto participó en la grabación de un vídeo en el que se parodia al presidente de Azerbaiyán en la figura de un burro, hecho que parece haber sido la verdadera “razón” de esta venganza del régimen de Aliev, que en los últimos tiempos está llevando a cabo una dura persecución contra los periodistas y bloggers de la oposición.

Varios organismos internacionales y ONGs están informando sobre su caso y el de Adnan Hajizade (miembro de la organización OL que lleva una campaña para su liberación), ya que fueron arrestados a la vez, denunciando que les han acusado falsamente de vandalismo, que han tenido un juicio injusto y recibido un trato indigno desde su detención. También se han sucedido las reacciones de protesta de activistas y bloggers de todo el mundo, así como algunas manifestaciones en Azerbaiyán y Amnistía Internacional ha iniciado un llamamiento urgente internacional para apoyar a Emin y Adnan.

Sé que escribir esta entrada no va a servir de mucho, pero de verdad necesitaba decirlo. Al menos que la gente lo sepa, que se denuncie lo que está pasando y que su situación no caiga en el olvido. Espero que todo se solucione cuanto antes y que Emin esté libre muy pronto porque no se merece vivir una cosa así. No tiene sentido.

 Aquí podéis encontrar algunos links con los documentos de denuncia de Amnistía Internacional, de Reporteros Sin Fronteras, de la Organización Mundial contra la Tortura y de Global Voices. Y un extracto del informe de A.I:

“Amnistía Internacional cree que el encarcelamiento de estos dos activistas forma parte de una campaña continua de represión de la disidencia emprendida en Azerbaiyán y se debe específicamente al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, no a que hayan podido cometer realmente los delitos de los que han sido acusados.

Por consiguiente, Amnistía Internacional considera a Emin Abdullayev y Adnan Hajizade presos de conciencia y pide que sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones”.

Para enlazar con el blog en español que hemos dedicado a la situación de Emin Milli y Adnan Hajizade podéis pinchar aquí.

 Cristina Álvarez

imagem daqui

Portuguese water company’s immoral collaboration with Israel
Adri Nieuwhof, The Electronic Intifada, 9 November 2009

The Portugese company EPAL collaborates with Israeli water companies violating international law in the occupied West Bank. (Khaleel Reash/MaanImages)

The management of Portuguese water company EPAL recently informed its workers about its collaboration with the Israeli national water company Mekorot on “water security issues.” An EPAL intern who recently visited the occupied West Bank reacted to the news by informing colleagues about how Israel is depriving Palestinians from water, referring to Amnesty International’s 27 October report on the situation. EPAL responded by sacking the intern within one hour.

In the report titled “Israel rations Palestinians to trickle of water,” Amnesty accused Israel of denying Palestinians the right to access adequate water by maintaining total control over the shared water resources and pursuing discriminatory policies.

EPAL is a subsidiary of the state water company Agua de Portugal. The company provides water to roughly three million people in 35 municipalities in Portugal, including the city of Lisbon. Meanwhile, Mekorot plays a key role in the implementation of Israel’s discriminatory water policies.

Mekorot was founded in 1937 by Levi Eshkol to support the development of Zionist settlements in British mandate Palestine. Eshkol held the position of managing director of Mekorot until 1951 and later became prime minister of the State of Israel. During his term, the West Bank was seized in the June 1967 War. Several military orders issued shortly after the war demonstrate Eshkol’s commitment to water for Israel. In August 1967, authority over West Bank water was transferred to Israel by Military Order 92. Two months later, Military Order 158 declared that no person in the West Bank is “allowed to establish or own or administer a water installation without a new official permit.” Permits can be refused without reason. A year later, Military Order 291 was issued, declaring all water resources in the West Bank to be public property of the State of Israel.

Mekorot became an important player in the water sector in the West Bank after 1982, when then Minister of Defense Ariel Sharon oversaw the transfer of ownership of all water supply systems in the West Bank. Mekorot paid a symbolic price of one shekel for Palestinian-owned assets of an estimated value of $5 million.

According to Amnesty International, Israel uses 80 percent of the water from the “mountain aquifer,” the only source of water for the Palestinians in the West Bank. Meanwhile, Mekorot sells water at highly subsidized prices to Israeli settlers in the illegal settlements in the West Bank. Nearly 40 percent of water supplied to Palestinians in the West Bank is distributed by Mekorot at much higher, unsubsidized prices.

Israel’s illegal settlements receive a continuous supply of water, even in the hot summers when water is scarce. In 2000, a senior official who had worked for the Israeli Water Commission told the Israeli human rights organization B’Tselem in telephone conversation that “Mekorot’s obligation is, first of all, to the Jewish settlements and Israeli citizens” (Thirsty for a Solution,” B’Tselem, July 2000). For example, in its October 2009 report “Water – A question of survival for Palestinians,” the Applied Research Institute Jerusalem reported that Mekorot reduced the supplies from 10,000 cubic meters per day to 6,000 cubic meters per day in Bethlehem this summer. In June, July and August, Mekorot cut water supplies from 5,000 cubic meters a day to 2,500 cubic meters a day in the Hebron municipality as increased demand from the Israeli settlements were prioritized over the needs of Palestinians. In response to the cuts in water supply, a coalition of Israeli, Palestinian and international non-governmental organizations coordinated the Breaking the Thirst water convoy to the villages in the south Hebron hills on 26 September.

International law limits the rights of an occupying power to utilize water resources of an occupied territory, and prohibits an occupying power from discriminating between residents of an occupied territory. However, Israel has illegally annexed water resources from the Occupied Palestinian Territories since 1967. Israel exercises full control over Palestinian water resources, and employs a discriminatory policy of water distribution. Mekorot plays a key role in Israel’s water policies and assists in its violation of international law.

According to European law, EPAL has the power to exclude an economic operator from bidding for a public contract or to reject any such bid where it is found that the individual or organization has committed an act of “grave misconduct” in the course of its business of profession. Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts is explicit about this. Like other European companies supporting Israel’s occupation, EPAL and its investors can expect increasing scrutiny and pressure to withdraw from agreements that undermine international law.

Adri Nieuwhof is a consultant and human rights advocate based in Switzerland.

in The Electronic Intifada

http://electronicintifada.net/v2/article10880.shtml

”No justice without life” la pena de muerte en el mundo, es el tema del encuentro de estudio, que se celebrará en Roma el 25 de noviembre de 2009 desde las 15 a las 17 horas en el aula Newman, de la Pontificia Universidad Urbaniana (Calle Urbano VIII, 16). La iniciativa es la Asociación de estudiantes “Omnes Gentes” de la Pontificia Universidad Urbaniana. “La pena de muerte hoy en el mundo: la lucha por la abolición por una nueva cultura de la vida” será el tema de la relación del Dr. Carlos Santoro, miembro del grupo “No a la Pena de Muerte” de la Comunidad de San Egidio. Así, José Martínez, ex condenado a muerte en Florida, liberado en 2001, presentará “Un testimonio desde el brazo de la muerte”.
La Jornada Internacional “Ciudad para la Vida-Ciudad contra la Pena de Muerte” que se celebrará el 30 de noviembre, promovida por la Comunidad de San Egidio en 2002, está ahora sostenida por las principales asociaciones internacionales por los derechos humanos, agrupadas dentro de World Coalition Against Death Penalty (entre ellas Amnistía Internacional, Ensemble Contre la Peine de Mort, International Penal Reform, FIACAT). La fecha del 30 de noviembre recuerda el aniversario de la primera abolición de la pena de muerte del ordenamiento de un Estado europeo por parte del Gran Ducado de Toscana en 1786. La aprobación, en los últimos dos años, de dos resoluciones de una Moratoria Universal sobre la pena capital en la Asamblea General de las Naciones Unidas, confirman un cambio de actitud en el mundo hacia un nuevo umbral, más alto, de respeto de los derechos humanos.
Según Amnistía Internacional, “las condenas a muerte y ejecuciones en 2008”, entre enero y diciembre del año pasado fueron condenados a muerte por lo menos 2.390 personas en 25 países y se han emitido al menos 8.864 condenas a muerte en 52 países. La Asociación de Estudiantes Omnes Gentes (OG) es el organismo que representa a todos los estudiantes de la Universidad Pontificia Urbaniana. Con este fin, la O.G. organiza durante el año, varias iniciativas para comparar y enriquecer a los estudiantes, gracias a la gran variedad de tradiciones y culturas presentes en la Universidad.

Unión Europea (17-11-09)

Bruselas.- La Unión Europea (UE) debe expresar en los términos más enérgicos su preocupación por la sucesión de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos en Rusia y la ausencia de investigaciones verosímiles sobre ellos, ha dicho Amnistía Internacional en vísperas de la cumbre Rusia-UE.

La organización de derechos humanos ha expresado su profunda preocupación ante las amenazas que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas en la Federación Rusa.

“El terrible historial de homicidios de la Federación Rusa desde el asesinato de Anna Politkovskaya demuestra que no se han tomado suficientes medidas para proteger a otras personas que estaban en peligro. Por el contrario, al no procesar a los perpetradores el clima de temor e intimidación se ha agravado”, ha dicho Natalia Alonso, directora adjunta de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE.

“Las personas que actualmente se encuentran en peligro estarán muy pendientes de la señal que la UE envíe mañana”, añadió.

La actual intimidación se extiende a personas como Oleg Orlov, uno de los ganadores de este año del Premio Sajarov del Parlamento Europeo. Contra el señor Orlov se han presentado cargos penales por haber dicho que la responsabilidad política del asesinato de su colega, Natalia Estemirova, es del presidente checheno Ramzan Kadyrov.

Para Amnistía Internacional sigue siendo motivo de honda preocupación la detención de Aleksei Sokolov. El jefe de Pravovaia Osnova (Base Legal), organización que hace campaña contra la tortura en las cárceles, lleva detenido desde mayo de 2009. La organización cree que ha sido víctima de malos tratos y, aunque su plazo de detención preventiva expiró hace dos semanas, las autoridades se han negado a ponerlo en libertad.

Incluso los artistas corren cada vez más riesgos en la Federación Rusa. En su carta a la Unión Europea, Amnistía Internacional también insta a esta organización a plantear el caso de dos hombres que se enfrentan a cinco años de cárcel por incitación al odio contra los cristianos por una exposición de arte que organizaron. Amnistía Internacional cree que la exposición, con obras de algunos de los artistas rusos más famosos, no incitaba al odio y que el caso pone en entredicho el derecho a la libertad de expresión.

De acuerdo con las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos y con los propios valores de democracia y respeto hacia los derechos humanos de la UE, Amnistía Internacional ha instado a esta organización a:

• plantear los casos de los particulares que actualmente están bajo amenaza;

• pedir más información sobre los avances de las investigaciones sobre los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos;

• preguntar cómo se asegurarán las autoridades rusas de que las investigaciones se llevan a cabo de forma imparcial y minuciosa.

Categorías: Defensores, Europa y Asia Central

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.

Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

Egipto (17-11-09)

Londres.- Las autoridades egipcias deben adoptar medidas inmediatas e incluyentes para proteger a los habitantes más pobres de El Cairo, que residen en “zonas inseguras” donde están expuestos a sufrir corrimientos de tierra y otros peligros, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

“Miles de personas pobres en Egipto están atrapadas en una situación de miseria y abandono tal que podría desembocar finalmente en su muerte” afirmó Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El gobierno debe abordar con carácter urgente los peligros que acechan a las personas que viven en zonas designadas como ‘inseguras’ y buscar soluciones en consulta con los afectados directos.”

En su informe Buried Alive; Trapped by Poverty and Neglect in Cairo’s Informal Settlements,  Amnistía Internacional critica duramente a las autoridades egipcias por no tomar medidas eficaces destinadas a proteger a los residentes de Al Duwayqa, asentamiento informal de Manshiyet Nasser, en el este de El Cairo, de un corrimiento de tierra de consecuencias mortales que sacudió la zona el 6 de septiembre de 2008.

En el informe se pide a las autoridades egipcias que reduzcan el nivel de amenaza para la vida humana en las 26 “zonas inseguras” del área metropolitana de El Cairo (Gran El Cairo) y que protejan el derecho de los residentes a la salud y a una vivienda adecuada. Aunque era bien conocido el riesgo de corrimientos de tierra, el gobierno no evacuó a los residentes pobres antes de la catástrofe de 2008.

Las autoridades afirman que hubo 107 muertos y 58 heridos como consecuencia del corrimiento de tierra de Al Duwayqa, pero los sobrevivientes afirman que el número de víctimas fue superior e informan de que todavía hay muchos miembros de sus familias en paradero desconocido. Todavía no se han dado a conocer las conclusiones de una investigación oficial sobre la catástrofe.

“Privados de voz efectiva e ignorados en gran medida por quienes ejercen el poder, muchos residentes de Al Duwayqa y otras “zonas inseguras” siguen viviendo con miedo en inseguras laderas de montañas o debajo de tendidos eléctricos de alto voltaje porque no tienen a dónde ir.”

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que investiguen exhaustivamente las causas de que no se evitara la tragedia de Al Duwayqa y que adopten las medidas necesarias para garantizar que no se repite.

“El gobierno debe elaborar un programa de acción integral para abordar los peligros que acechan a quienes viven en ‘zonas inseguras’ y hacer valer su derecho a la vida, a la salud y a una vivienda adecuada –afirmó Malcolm Smart–. Para ello debe buscar la participación activa de las comunidades afectadas y estar dispuesto a ofrecer sin demora alojamiento temporal a las personas que deban ser desalojadas de inmediato por peligro inminente, así como alojamiento permanente.”

Tras el corrimiento de tierra, las autoridades egipcias actuaron rápidamente para identificar otras zonas de peligro en las inmediaciones. Demolieron más de un millar de viviendas amenazadas y, en el plazo de un mes, realojó a más de 1.750 familias, si bien no les procuró seguridad de tenencia y las dejó expuestas a futuros desalojos.

Otras familias se quedaron sin hogar, y hubo discriminación en el proceso de asignación de viviendas contra las mujeres divorciadas o que vivían separadas de sus esposos.

Unas familias fueron desalojadas a la fuerza de Al Duwayqa y otras de Establ Antar, asentamiento informal en el sur de El Cairo. La mayoría de estos desalojos se hicieron en contravención de las garantías de participación que establece el derecho internacional de los derechos humanos, casi siempre con escaso aviso y con el respaldo de la presencia de las fuerzas de seguridad.

Las familias de Establ Antar fueron reasentadas en una zona remota en la ciudad 6 de Octubre, al oeste de Giza, lejos de sus lugares de trabajo y sin que les ofrecieran seguridad de tenencia.

“Los habitantes de los asentamientos precarios describen una vida caracterizada por la privación, el abandono, la inseguridad y la amenaza constante del desalojo forzoso –señaló Malcolm Smart–. El Estado debe garantizar el derecho de estas personas a una vivienda adecuada y poner fin a los desalojos forzosos.”

En el área metropolitana de El Cairo, el gobierno ha identificado 26 zonas “inseguras” dentro de un plan general de desarrollo de la ciudad para 2050; sin embargo, las consultas con las comunidades que se verán afectadas por este plan han sido, al parecer, escasas o nulas. Los habitantes de las “zonas inseguras” se enfrentan a una doble amenaza: falta de seguridad y posible desalojo forzoso.

“La tragedia de Al Duwayqa fue una catástrofe anunciada. Se sabía de sobra que iba a ocurrir –afirmó Malcolm Smart–. Se podría haber hecho más, se tendría que haber hecho más para evitarla e impedir la pérdida de vidas.”

“Tanto con las víctimas como con las personas que sobrevivieron aquella terrible mañana, así como con otras personas en peligro, las autoridades tienen la obligación de garantizar que no se repiten los hechos y que la tragedia de Al Duwayqa no se reproduce en ninguna otra “zona insegura” de El Cairo. Los pobres de Egipto no deben seguir viviendo bajo la amenaza de morir enterrados.”

Más de mil millones de personas en todo el mundo viven en asentamientos precarios, y el número va en aumento. Como parte de su campaña Exige Dignidad, en marcha desde mayo de este año, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el mundo que procuren una vivienda adecuada a todos los residentes de su Estado.

La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional persigue el objetivo de poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza en el mundo y la agravan. La campaña moviliza a personas de todo el mundo para reclamar a gobiernos, empresas y otras entidades influyentes que escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y que reconozcan y protejan sus derechos.

Información adicional
Alrededor de la mitad de los 13,5 millones de personas que, según cálculos, residen en el área metropolitana de El Cairo (Gran El Cairo) viven en asentamientos informales levantados en terreno agrícola o desértico.

Manshiyet Nasser es, al parecer, uno de los mayores asentamientos provisionales de Egipto. La mayor parte se levanta sobre las laderas de la montaña de Al Muqattam, en el este de El Cairo, que son terrenos desérticos propiedad del Estado donde las autoridades locales pueden ordenar desalojos por la vía administrativa. En Manshiyet Nasser reside alrededor de un millón de personas. La mayoría trabaja en el sector no oficial como artesanos, comerciantes, empleados de la construcción, recolectores de basura o jornaleros.

El desalojo forzoso consiste en apartar a personas contra su voluntad de sus casas o de los terrenos que ocupan sin protección legal y otras garantías. Nunca debe llevarse a cabo sin que antes se hayan explorado todas las alternativas posibles, se hayan realizado consultas genuinas con las comunidades afectadas y se hayan aplicado las garantías de participación adecuadas.

Categorías: Derechos económicos, sociales y culturales, Oriente Próximo, Medio y Norte de Africa

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.

Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

Amnistía Internacional reclama el derecho de Aminatou Haidar de regresar a su casa en El Aaiún

Marruecos / Sahara Occidental (18-11-09)

Londres/Madrid.- Amnistía Internacional condena la decisión de las autoridades marroquíes de expulsar de Sáhara Occidental a la defensora de los derechos humanos Aminatou Haidar el 14 de noviembre, e insta a las autoridades a que le permitan inmediatamente regresar a su casa en El Aaiún.

Aminatou Haidar, presidenta del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos, fue interceptada por agentes de seguridad a su llegada al aeropuerto de El Aaiún el 13 de noviembre de 2009 tras haber pasado un mes de viaje en el extranjero, durante el cual recibió un prestigioso galardón de derechos humanos en Estados Unidos.

Los agentes se fijaron de forma especial en que en la tarjeta de desembarque hubiera indicado que su domicilio está en Sáhara Occidental en lugar de “Sáhara marroquí”. Los agentes se llevaron a Aminatou Haidar aparte y ésta fue interrogada por un grupo de unos 15 agentes de la policía judicial y agentes de seguridad en presencia del Procurador General de la Corona de El Aaiún. Le preguntaron sobre sus creencias políticas y actividades en el campo de los derechos humanos, qué había hecho durante su viaje en el extranjero y quién lo había pagado, y sobre el tratamiento médico que había recibido en España. Al cabo de unas horas, mientras se encontraba aún retenida en el aeropuerto, la obligaron a enfrentarse a un pariente y otras personas saharauis que intentaron disuadirla para que dejase de luchar por la libre determinación del pueblo de Sáhara Occidental, cosa que ella rehusó hacer, tras lo cual se le pidió que firmara una declaración policial y se le confiscaron el pasaporte y otros documentos de identificación, emitidos por las autoridades marroquíes. A la mañana siguiente, los agentes le dijeron que la pondrían en libertad si reconocía públicamente la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental. Aminatou Haidar se negó a hacerlo y horas más tarde agentes de seguridad la subieron a un vuelo con destino a Lanzarote, en las Islas Canarias, y la expulsaron de Sáhara Occidental. Durante las casi 24 horas que había permanecido detenida en el aeropuerto de El Aaiún sólo se le había permitido realizar una breve llamada telefónica a su familia para que le trajeran comida, previa advertencia de no contarle nada sobre la situación en que se encontraba.

Aminatou Haidar no ha salido del aeropuerto desde que llegó a Lanzarote y lleva desde entonces solicitando que se le permita regresar a El Aaiún; el día 15 de noviembre inició una huelga de hambre como forma de protesta por su expulsión forzosa. Por la noche duerme en una ambulancia proporcionada por Cruz Roja y se incrementan los motivos de preocupación por su salud; padece anemia y tiene una úlcera.

El 14 de noviembre, la agencia de prensa oficial de Marruecos manifestó que Aminatou Haidar se había marchado a las Islas Canarias tras no querer seguir el procedimiento policial estándar en aeropuertos, y que había “renunciado” a su nacionalidad marroquí y “reconfirmado” su apoyo a los “separatistas”. Al día siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos repitió las mismas declaraciones: que Aminatou Haidar había “renunciado a su ciudadanía marroquí”.

Aminatou Haidar, que viaja con frecuencia, dice que lleva desde 2006 cumplimentando las tarjetas de desembarque de la misma manera, sin identificarse como ciudadana marroquí e indicando que su domicilio se encuentra en Sáhara Occidental.

La expulsión de Aminatou Haidar, que recibió el premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos en 2008, es la última de una serie de medidas adoptadas por las autoridades marroquíes contra los defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos y las personas que luchan por la libre determinación del pueblo de Sáhara Occidental.

En octubre de 2009, las autoridades marroquíes confiscaron los documentos de viaje de seis activistas saharauis –Sidi Mohamed Daddach, Ahmed Sbai, Laarbi Massoud, Atig Brai, Ibrahim Ismaili y Sultana Khaya– para impedirles viajar a Mauritania y España. El 6 de noviembre, en un discurso conmemorativo del 34 aniversario de la “Marcha Verde”, cuando Marruecos tomó posesión del antiguo territorio español de Sáhara Occidental en 1975, el rey Mohamed VI dijo que no se toleraría ningún desafío a la “integridad territorial” de Marruecos –una referencia a la incorporación de Sáhara Occidental–. “No es posible disfrutar de los derechos de ciudadanía y renunciar a ellos al mismo tiempo conspirando con los enemigos de la patria”, advirtió el rey, sugiriendo con ello que los y las saharauis que luchan por la libre determinación pueden ser despojados de su ciudadanía marroquí por expresar sus opiniones.

Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a que cumplan sus obligaciones internacionales en virtud del artículo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establece que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”. Debe permitirse a Aminatou Haidar regresar a El Aaiún de forma inmediata e incondicional, y las autoridades marroquíes deben devolverle sin dilación sus documentos de viaje y de identificación. Asimismo, las autoridades deben devolver los documentos de viaje y de identidad que les fueron confiscados a otros seis activistas saharauis detenidos en el mes de octubre, y respetar su derecho a la libertad de circulación.

La responsabilidad de las autoridades españolas
Amnistía Internacional considera que las autoridades españolas no deben obligar a una persona, en contra de su voluntad a entrar a España, ya que no tiene ningún procedimiento judicial abierto que así lo indique.

Es motivo de preocupación para Amnistía Internacional que Aminatou Haidar esté en el punto de mira por su labor en defensa de los derechos humanos y su posicionamiento público en apoyo de la libre determinación del pueblo de Sáhara Occidental.

Por ello, la organización considera que las autoridades españolas deben interceder a favor de Aminatou Haidar y facilitar su salida de España para que regrese a El Aaiún en condiciones de seguridad y con todas las garantías para su integridad física, aun no teniendo su pasaporte, ya que el artículo 19.3 del Reglamento de Extranjería ofrece la posibilidad de salida con documentación defectuosa o sin documentación.

Información complementaria
Durante años, Aminatou Haidar ha desempeñado un papel destacado en campañas organizadas para pedir la liberación de presos de conciencia y presos políticos saharauis, así como a la hora de concienciar sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en Sáhara Occidental. Ha sido víctima de desaparición forzada, recluida sin cargos ni juicio en centros secretos de detención desde 1987 a 1991. En 2005, fue condenada a siete meses de cárcel en un juicio injusto por diversos cargos relacionados con su presunta participación en protestas en Sáhara Occidental. Antes de su detención, precisó tratamiento hospitalario debido a las lesiones producidas por los golpes que le propinaron miembros de las fuerzas de seguridad cuando se dirigía a una manifestación en El Aaiún.

Amnistía Internacional condena el hecho de que las autoridades marroquíes no respeten el derecho a la libertad de expresión de los saharauis, ni el derecho de defensoras y defensores saharauis de los derechos humanos a reunir y divulgar información y opiniones sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a sufrir hostigamiento. Las autoridades marroquíes parecen estar adoptando métodos cada vez más represivos contra el ejercicio de estos derechos por los saharauis, incumpliendo así sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, como el PIDCP y la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

Para más información sobre el reciente deterioro de la situación de derechos humanos en Marruecos y Sáhara Occidental, véanse:

Marruecos y Sáhara Occidental: Ocho nuevos presos de conciencia en octubre (MDE 29/011/2009), 6 de noviembre de 2009.
En: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE29/011/2009

Marruecos y Sáhara Occidental: Activistas saharauis, en el punto de mira por su visita a Tinduf (MDE 29/010/2009), 13 de octubre de 2009.
En: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE29/010/2009

La sección española de Amnistía Internacional ha lanzado una campaña en Internet en la que recoge firmas exigiendo la libertad inmediata e incondicional de 8 presos de conciencia en el Sahara Occidental a través de www.actuaconamnistia.org. Más de 16.000 personas apoyan ya esta petición.

Categorías: Defensores, España, Libertad de expresión, Oriente Próximo, Medio y Norte de Africa

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.

Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

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La organización pide al Gobierno colombiano que tome medidas para que se garantice la protección de los menores desplazados internos

España (19-11-09)

Madrid.- Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño que se celebra en el Día Universal de la Infancia, el 20 de noviembre, Amnistía Internacional se moviliza en diferentes ciudades de España para exigir a los Gobiernos que respeten los derechos de los y las menores del mundo.

Cientos de activistas de la organización estarán presentes en al menos 17 localidades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Málaga o A Coruña organizando actos públicos, proyecciones, conferencias y actividades para denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren niños y niñas.

La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Es el tratado internacional de derechos humanos ratificado por el mayor número de países del mundo. Actualmente, sólo dos estados no lo han ratificado: Somalia y Estados Unidos.

Infancia y violaciones de derechos humanos: datos y cifras
A pesar de estos avances, después de 20 años sigue habiendo millones de niños y niñas a quienes se les niega el derecho a la educación, acceso a la vivienda o a la salud. Son víctimas de violencia y abusos: torturas y asesinatos, reclutamiento ilegal y explotación laboral o sexual. Se calcula que, en todo el mundo, entre 100 y 150 millones de niños y niñas viven en la calle, y la cifra va en aumento. De ellos, entre el 5 y el 10 por ciento han huido de sus hogares o han sido abandonados por sus familias.

Más de 1 millón de niños y niñas acusados de cometer un delito se encuentran en centros de detención en el mundo. Además, Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen continúan hoy en día condenando a muerte y ejecutando a personas que eran menores de edad cuando cometieron los delitos.

Más de 1,2 millones de niños y niñas todos los años son víctimas del tráfico de seres humanos con destino a la explotación laboral y sexual.

Cada año, alrededor de 2 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital en diferentes países del mundo. Hasta la fecha, entre 100 y 130 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital. En Kenia y Haití, miles de niñas son abusadas sexualmente, y en Guinea-Bissau, niños y niñas son esclavizados para trabajar en campos de algodón.

En Afganistán, más de un tercio de las niñas no asiste a clase, ya que su seguridad no está garantizada.

En 2007 al menos 24 países de todas las regiones han reclutado menores de 18 años; y en el conflicto armado en la franja de Gaza, muchos y muchas menores murieron en los ataques indiscriminados contra población civil.

En países europeos como España y Francia hay casos de menores inmigrantes expulsados sin garantías para su seguridad.

El caso de Colombia
Amnistía Internacional quiere incidir en esta ocasión en el caso de Colombia. Durante más de 40 años de conflicto armado interno las fuerzas de seguridad, paramilitares  y grupos guerrilleros han cometido graves violaciones y abusos contra los derechos humanos como desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, tortura y violencia sexual, principalmente contra mujeres y niñas. También los grupos paramilitares y guerrilleros utilizan hoy niños y niñas soldados para cometer sus abusos.

Aterrorizadas, muchas comunidades han tenido que abandonar sus hogares. Las familias desplazadas quedan en situación de aún mayor vulnerabilidad frente a nuevos abusos, lo que afecta especialmente a los menores. Cada año, cientos de miles de mujeres, hombres, niños y niñas se unen a los millones de personas que ya se han desplazado internamente en Colombia.

La cifra de desplazamientos es la segunda del mundo: entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas y buscar refugio en otros puntos del país, y se cree que otras 500.000 han huido a los países vecinos. De ellas, más de un millón son menores.

Categorías: España, Menores

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Jaume Satorra/Amnistía Inernacional (AI)

Dinamarca (20-11-09)

Londres.- Amnistía Internacional ha sabido que el gobierno de Dinamarca ha cursado al presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, una invitación para asistir en diciembre de 2009 a la Conferencia sobre Cambio Climático que tendrá lugar en la capital danesa, Copenhague. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo de 2009 contra el presidente Al Bashir una orden de detención por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur.

“Dinamarca tiene que dejar claro que procederá a la detención del presidente Al Bashir si viaja a Copenhague,” manifestó Christopher Keith Hall, alto asesor jurídico de Amnistía Internacional.

“La Corte Penal Internacional precisa de la cooperación de sus Estados miembros. Según dispone el Estatuto de Roma, en virtud del cual quedó establecida la Corte, Dinamarca tiene el deber de detener y entregar en su territorio a toda persona contra quien la Corte haya cursado orden de detención.”

“Dinamarca puede y debe demostrar su liderazgo en la práctica de poner a disposición de la justicia a presuntos autores de los peores crímenes mediante el reconocimiento de su deber de detención,” agregó Christopher Keith Hall.

Amnistía Internacional recibió la información durante una reunión de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional emitió en marzo de 2009 una orden de detención contra el presidente Al Bashir por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur.

Categorías: Impunidad, Jurisdicción Universal, Sudán

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Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

Los que estén esperando una de esas películas con abundantes planos generales de contiendas históricas entre italianos y rumanos quizá no deban ver “Francesca”, presentada a concurso este fin de semana en el Festival de Gijón, de hecho no hay ni un solo italiano. Por ser una mirada detenida y sosegada la que sostiene esta historia minimalista  y conceptual hasta los tuétanos. Por centrarse en el personaje que da nombre a la película hasta el punto de poner la cámara al servicio de su cuerpo mientras se pinta las uñas. Y porque “Francesca”, ópera prima del director rumano Bobby Paunescu, representa a su país, Rumania.

Fran es mujer de belleza incuestionable que se debate entre seguir o no el sueño heredado de su madre y del contexto que vive, emigrar a Italia o no. Para ella parece no existir ninguna otra opción. Tampoco para el puñado de personajes que la rodean durante los pocos días que preceden a su partida hacia la tierra de promisión. Pero ella, a diferencia de los otros, se siente capaz de afrontar ese desafío. Hay desde el principio hasta el final de esta película la sensación en el ambiente de que algo trágico va a ocurrir. Una especie de mano oscura que encarna en buena medida la mafia, y  pero también alguno de los allegados de la protagonista. El “malo” no siempre está al otro lado de la puerta. Hay poesía de la que va desnuda, sin perlas ni encajes. Incertidumbre.

Frases escogidas y amplificadas en la voz de sus personajes para ser cuestionadas van cuajando en la historia como un discurso de fondo. Una letanía que se alimenta de los prejuicios brotados a base de generalizar, y crecidos con el goteo continuo, una y otra y otra vez, sobre los mismos tópicos raídos por el tiempo, pero no por el olvido. Que lejos desaparecer sólo se transforman.

El propio Paunescu presente durante el debate posterior a la proyección que la idea le surgió como respuesta a los sucesos ocurridos hace dos años en Italia. El asesinato de una mujer en Italia a manos de un ciudadano rumano desató las iras de unos muchos italianos que durante semanas tomaron las calles por docenas para perseguir y emplear la violencia con emigrantes rumanos.

Hubo muertes y a continuación un tsunami de xenofobia que se fue expandiendo hasta llegar a la actual y recientemente aprobada legislación que limita muchos de los derechos humanos que hoy nadie se atreve a cuestionar en una democracia como el derecho de reunión o de libre circulación.

Así lo contó una representante de Amnistía Internacional, organización con la que desde hace varias ediciones este Festival colabora. También el intento de bloquear la difusión de la cinta por parte de la nieta de Mussolini actualmente miembro del Parlamento italiano por un insulto del que ella es objeto durante una de las primeras secuencias.

“Francesca” recibió el mismo día en que se proyectaba la película en Gijón, viernes noche, varios premios en el Festival Bursa de Turquía. Mejor film, mejor director y mejor actriz, Mónica Barladeaneu.

.Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

La organización alertó de que “el problema de torturas es serio”, ya que aunque “no es sistemático hay denuncias en todo el Estado”

(DNN)  PAMPLONA. Amnistía Internacional solicitó hoy al Parlamento de Navarra que pida al Gobierno central que ponga fin “inmediatamente” al uso de la detención en régimen de incomunicación, por ser el español “uno de los regímenes más duros de Europa”, y exigió que “mientras esto no se consiga, se tengan en cuenta una serie de salvaguardas que protejan a los detenidos de malos tratos y torturas”.

Acto de Solidaridad con Palestina

La franja de Gaza se encuentra en una situación extrema, aislada y con el agua racionada por Israel.

Activistas de Amnistía Internacional vienen el 26 de noviembre a explicarnos cuál es la situación y las campañas de solidaridad que ellos están llevando a cabo.

La charla estará precedida por una intervención de integrantes del Foro Social de Almería, que explicarán las actividades que se están preparando para este año.

Israel raciona el agua a la población palestina

El agua es un derecho humano

La población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) no tiene acceso a un suministro de agua adecuado y seguro. Esto ha entorpecido sobremanera el desarrollo social y económico de los TPO y negado a muchas comunidades su derecho a un nivel de vida digno. El consumo palestino de agua rara vez alcanza los 70 litros diarios por persona, muy por debajo del mínimo diario de 100 litros per cápita recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En contraste, el consumo diario per cápita israelí es cuatro veces superior.

La desigualdad es aún más pronunciada entre las comunidades palestinas y los asentamientos israelíes ilegales establecidos en los TPO. Hay zonas de Cisjordania en las que los colonos israelíes utilizan hasta 20 veces más agua per cápita que sus vecinos palestinos.

En el informe “Israel/ OPT Troubled Waters: Palestinians denied fair access to water” se revela hasta qué punto el carácter discriminatorio de las políticas y prácticas hídricas de Israel niega a la población palestina su derecho al agua.

El impacto de la escasez de agua y los malos servicios de saneamiento de los TPO hacen mella en las comunidades más vulnerables, que son aquellas que viven en zonas rurales aisladas y en campos de refugiados superpoblados. Las comunidades rurales a las que no llega la red de suministro de agua dependen de la recogida de agua de lluvia para cubrir sus necesidades domésticas y agrícolas.

En Gaza, entre el 90 y el 95 por ciento del suministro de agua está contaminado y no es apto para el consumo humano. Israel no permite llevar agua desde Cisjordania, y el acuífero costero se va agotando cada vez más debido a la sobreexplotación y a la contaminación de las aguas residuales. El bloqueo impide las reparaciones y la reconstrucción de las maltrechas instalaciones de la franja de Gaza.

(Articulo aparecido en la Web de Amnistia Internacional España)

Amnistía Internacional ha otorgado la categoría de Prisioneros de Conciencia a 57 Presos cubanos. El Gobierno de La Habana se niega a reconocerlo. En cambio, desarrolla sistemáticamente una campaña difamatoria en contra de estos cautivos.
Es hora que lo dispuesto por Amnistía Internacional se cumpla; y que aquellos sectores de la opinión pública que aún lo desconocen, sepan que estos Prisioneros de Conciencia han sido condenados a penas de hasta 28 años de privación de libertad por ejercer pacíficamente lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; incluso, en varios casos, mediante obra publicada.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró que la detención de los 75 era arbitraria (y por tanto tenían que ser liberados) desde junio de 2003.

Para divulgar estas verdades con una acción que convoque a la solidaridad, he decidido mantener una abstinencia de alimentos sólidos desde el 15 de noviembre, Día del Escritor Encarcelado, hasta el 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por razones obvias no he anunciado esta iniciativa con demasiada anticipación; mas aquellas personas o instituciones radicadas en Cuba o en el extranjero que lo deseen, pueden incorporarse a este ayuno cívico a partir que conozcan del mismo.

En consideración a las características de cada persona o institución pueden participar en este ayuno durante una semana, tres días o 24 horas; pero siempre con las demandas siguientes:

1ro. Que el Gobierno cubano reconozca la categoría de Prisioneros de Conciencia a aquellos cautivos en la Isla que Amnistía Internacional halla clasificado como tales.

2do. Que el Gobierno de La Habana libere inmediata e incondicionalmente a todos los Prisioneros de Conciencia cubanos.

3ro. Que las autoridades cubanas le otorguen los beneficios establecidos en el sistema penitenciario de Cuba, a todos los Presos Políticos (aunque no sean Prisioneros de Conciencia).

Agradeciendo anticipadamente el respaldo a estas 25 jornadas por la libertad y la  justicia,

Ricardo González Alfonso. Escritor. Poeta y periodista.

Prisionero de Conciencia del Grupo de los 75.

Prisión “Combinado del Este”,  La Habana , Cuba.

www.miscelaneasdecuba.net

Carta tomada de www.cuba-opinión.net

∞∞∞

Poema de Ricardo Gonzàlez Alfonso

CROQUIS*

Del Ártico al Antàrtico

cuatro pasos

Del poniente al levante

dos y un suspiro.

Siempre en el norte

Quince barrotes

con vocación de puerta

y un candado.

Siempre en el sur

una claraboya

enrejada

indiscreta

como una anciana soltera.

Empotrado en el camastro

solitario.

El lavadero empotrado.

En un rincón del horizonte

un orificio melancólico

y un tubo cabizbajo

se disfrazaron de baño.

Y bajo un cielo de hormigón

iluminado

por un astro

de cristal

yo canto.

*Poema del libro “Voz contre el miedo” , libro que reúne los poemas de dos prisioneros políticos: María Elena Cruz Varela que estuvo durante dos años presa y que reside en Madrid actualmente y de Ricardo González Alfonso que escribe la carta publicada arriba para pedir Solidaridad  Internacional con los Prisioneros políticos y Prisioneros de Conciencia. Actualmente se encuentra en un estado de salud delicado en una celda húmeda sin ventilación, dispuesto a un ayuno de protesta porque el estatus de Prisioneros de Conciencia sea reconocido por la dictadura castrista. Gracias  a la traducción de Jacobo Machover la editorial parisina Buchet / Chastel ha publicado éste libro, con la esperanza de ayudar a divulgar la obra poética de Ricardo Gonzàlez Alfonso, hacer justicia a su labor como intelectual y escritor que la dictadura trata de borrar.

Los editores franceses en la introducción del libro, describen su deseo de ayudar a divulgar la poesía de Ricardo Gonzàlez Alfonso, no sólo por el deseo legítimo de ayudar a la causa de su libertad, sino también porque los dos escritores son dos verdaderos poetas.

Acabo de recibir un mensaje de Amnistía Internacional en el que se me comunica que, a pesar de las miles de cartas enviadas pidiendo la conmutación de su pena de muerte, el “kurdo-iraní Ehsan Fattahian, miembro de la minoría kurda de Irán, fue ejecutado en la provincia de Kurdistán, en el noroeste de Irán, la madrugada del 11 de noviembre.”

Terrible noticia que me devuelve a los años en que conocí a David Allen Castillo en el Corredor de la Muerte de la Prisión de Alta Seguridad de Huntsville, en Texas.

Entonces, como hoy, la mayoría de los que esperaban allí la inyección letal eran hispanos o negros y, sobre todo, pobres.

Recuerdo que el día de la entrevista (de lo cual me enteré después, horrorizado) estaba marcado como fecha de ejecución para David; pero el día anterior su abogado había conseguido treinta días más de plazo.

La historia de David Castillo fue el hilo conductor del documental que hice para el programa “Documentos TV” (TVE) al que titulé simplemente “Death Row: el Corredor de la Muerte”, haciendo referencia al lugar y al reo, puesto que “el Corredor de la Muerte” no era la traducción de death row, sino una alusión a David Castillo, al que acusaban de haber dado muerte al dueño de una licorería.

Pero no había pruebas y esa fue la base de mi investigación.

Una investigación que comenzó con una entrevista al propio David, que conseguí a pesar de la indiferencia y el desprecio que me demostró la administración de aquella prisión hacia David. Porque nadie entendía que yo quisiese hablar con un tipo así.

Recuerdo que, una vez en Huntsville, pude hablar con David solo gracias a la colaboración de un funcionario hispano, al que tuve que mentir contándole que el viaje de todo el equipo (producción, cámara, sonido y yo mismo) había sido tan caro que si volvía sin la entrevista nos echaban del trabajo, y así finalmente accedieron.

El tema “económico” funcionó: dos horas de entrevista con David.

Después hice mi trabajo.

Hable con su familia y su abogado y, por supuesto, con la otra parte: hablé con el fiscal, un tal René Guerra, y pude entender, a través de sus palabras, lo duro que lo tenía David.

Aun así pude demostrar que no había ninguna prueba contra David.

Que todas eran pruebas circunstanciales.

Que la única prueba era la huella de una zapatilla de deporte que ningún experto certificó que perteneciese a David.

Que el abogado, de oficio, apenas intervino (David era pobre).

Que tenían otro candidato culpable: un tal Martínez, del que encontraron la huella de la palma de su mano en el mostrador de la licorería, en el lugar de la caja registradora que habían robado; pero se les había escapado. Y que la policía fué presionada por el fiscal para que su declaración sobre este asunto no sirviese para exculpar a David.

Que la madre de un primo de David había tenido relaciones con el dueño de la licorería donde ocurrió el crimen, y que ella había muerto durante una discusión con él. Y que desde entonces ese primo, un tal Pitt, odiaba a toda esa familia por ello.

Y que el tal Martínez y Pitt eran amigos…

Mucha mucha información que ponía en cuestión toda la estrategia del fiscal.

El documental salió y movió mucha prensa y muchas cartas (como ocurre hoy) de Amnistía Internacional y mucha solidaridad desde toda España.

Y, aparentemente, logró su objetivo. Se emitió en el sur de Texas, en la zona en donde ocurrió todo, junto a la frontera con México, en el entorno de Mc.Allen, y finalmente a David le dieron un nuevo juicio y sobrevivió.

O eso es lo que yo pensé aliviado, pero estaba equivocado.

Porque nueve años después (¡nueve años!) Cesar Díez, por entonces responsable de Amnistía Internacional en España, me llamó para darme la noticia de que David había sido ejecutado en Huntsville, por inyección letal.

Muy fuerte.

¡Qué tenacidad, la de aquel fiscal!

¡Qué implacable esa sociedad!

Que injusticia.

Ahora, hoy, Amnistía Internacional sigue luchando contra ese muro, no sólo en EE.UU., con o sin Obama, sino en todo el mundo.

Y con cada carta de A.I. vuelvo a ver a David detrás de aquel cristal lleno de huellas de contactos imposibles; a su hermano, que me decía que cuando estaba triste ponía mi documental para ver a David, y así lo llevaba mejor; a su hermana; a su madre…

Ahora le ha tocado a Ehsan Fattahian, a quien mi inquieta imaginación ha vuelto a poner la cara de David Allen Castillo.

Otra vez…

¡Qué putada!

Qué putada…

AMNISTÍA INTERNACIONAL

A FONDO ■: EN TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO SE PRODUCEN, EN MAYOR O MENOR MEDIDA, VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS. ESTA AGRESIÓN A LA DIGNIDAD HUMANA PRECISA RESPUESTAS
EFICACES. DESDE HACE CASI 50 AÑOS, AMNISTÍA INTERNACIONAL TRABAJA PARA CONSTRUIR
ESTAS RESPUESTAS EN FORMA DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN. SE TRATA DE UNA LABOR QUE NO
SERÍA POSIBLE SIN LA SÓLIDA BASE SOCIAL QUE SUSTENTA A LA ORGANIZACIÓN. ¿QUÉ LLEVA A
CIENTOS DE MILES DE PERSONAS DE TODO EL MUNDO A COMPROMETERSE EN LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS? LA FUERZA DEL COMPROMISO.

Albert Boadella, Benazhir Butto, Vaclav Havel, Margarita Duran, Ali lmrabet y muchas otras personas
encarceladas por expresar sus ideas fueron objeto de acciones de Amnistía Internacional, quien influyó
para que alcanzaran la libertad. Millones de socios, socias y activistas han colaborado o se han
movilizado para alcanzar estos y otros resultados como evitar lapidaciones en Nigeria, luchar por
la justicia internacional con casos como los de Pinochet o Fujimori, o acabar con las ejecuciones de
menores en Estados Unidos.

Otros muchos miles de personas en Argentina, Bolivia,Brasil, Chile, Colombia,Ecuador, México, Paraguay,Perú, Puerto Rico, Uruguay o Venezuela trabajan para que haya cambios legislativos que erradiquen la violencia contra las mujeres, la discriminación y otras violaciones de derechos humanos. Los acontecimientos de los años setenta en Argentina,Chile o Guatemala llevaron a Amnistía Internacional –hasta entonces dedicada básicamente a pedir la liberación de presos de
conciencia, luchar contra la tortura y oponerse a la pena de muerte– a trabajar sobre las desapariciones forzadas. Y hoy,
las altas tasas de mortalidad materna en Perú o Bolivia o la falta de acceso de la población indígena a sus derechos en
Paraguay o Brasil forman parte del trabajo cada vez más intenso sobre los derechos económicos, sociales y culturales. En muchas más ocasiones de las que sería deseable, los activistas de  América Latina han tenido que desarrollar su tarea en circunstancias muy adversas, a veces poniendo en peligro su integridad, como en México o Colombia. Y en esos contextos difíciles, han mantenido su compromiso de trabajar en solidaridad con las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos.

Y hoy, para que no se diga, ración doble. Visto en Osocio, la nueva campaña de Amnistía Internacional, que como siempre no defrauda.