El Ligallo de CHA en La Muela considera inmoral la subida de impuestos aprobada esta mañana en pleno y que va a suponer que el impuesto del IBI registre una subida del 21,428%. Adrián Tello, secretario de CHA-Valdejalón, considera que llevar a cabo subidas como ésta en tiempos de crisis da cuenta del talante de las personas que están al frente del ayuntamiento.

En este sentido ha recordado que mientras municipios como Ateca o La Almunia de Doña Godina han procedido a congelar todas las tasas municipales para ayudar a los vecinos en tiempos de crisis, La Muela ha procedido a subir el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, el que se aplica mayoritariamente, de un 0.7 a un 0.85, lo que supone una subida de un 21.428%.

En este sentido ha recordado que ya el año pasado este impuesto pasó del 0,6 al 0,7%, mientras que el de circulación subió un 12% y el de basuras alcanzó una subida del 11,8%.

El Ligallo de CHA en La Muela considera inmoral la subida de impuestos aprobada esta mañana en pleno y que va a suponer que el impuesto del IBI registre una subida del 21,428%. Adrián Tello, secretario de CHA-Valdejalón, considera que llevar a cabo subidas como ésta en tiempos de crisis da cuenta del talante de las personas que están al frente del ayuntamiento.

En este sentido ha recordado que mientras municipios como Ateca o La Almunia de Doña Godina han procedido a congelar todas las tasas municipales para ayudar a los vecinos en tiempos de crisis, La Muela ha procedido a subir el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, el que se aplica mayoritariamente, de un 0.7 a un 0.85, lo que supone una subida de un 21.428%.

En este sentido ha recordado que ya el año pasado este impuesto pasó del 0,6 al 0,7%, mientras que el de circulación subió un 12% y el de basuras alcanzó una subida del 11,8%.

CHA destinará un año más el 1% de su presupuesto a financiar proyectos de cooperación internacional. El Rolde de Solidaridad de CHA aprobó las bases de la convocatoria y recuerda que las propuestas se podrán presentar hasta el próximo 12 de diciembre.

El Secretario de política social, movimientos sociales y participación, José Manuel Latorre, señala que “consideramos que la solidaridad internacional es vital para hacer frente a problemas globales que requieren de una lucha conjunta” .

El coordinador del Rolde de Solidaridad de CHA, Antonio García, indica por su parte que “somos partidarios de financiar proyectos relacionados con la acción política y la lucha social, y no tanto con los meramente asistencialistas, para que el cambio lo protagonicen los líderes de los países afectados por las injusticias”.

Tal y como señalan las bases de esta convocatoria:

Podrán ser beneficiarios de dicha cantidad, organizaciones aragonesas que trabajen en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, con implantación real en nuestro territorio, y que presenten un proyecto en colaboración con una contraparte local en un país denominado “del Sur” o bien directamente se podrá conceder a una contraparte local. También a organizaciones que desarrollen un proyecto de sensibilización en Aragón, directamente relacionado con la naturaleza de los proyectos que se mencionan en el punto siguiente.

Las Organizaciones tendrán carácter solidario, social, político y/o sindical, con un claro compromiso por la justicia social, la defensa de los Derechos Humanos y la lucha contra las desigualdades entre el “Norte” y el “Sur”.

Se priorizarán aquellos proyectos de cuya realización se beneficien personas de los países con menor índice de desarrollo humano.

Los proyectos en los que colabore Chunta Aragonesista, tendrán como objeto principal alguno de los siguientes puntos:

- La promoción de los Derechos Humanos

- El libre ejercicio de las libertades políticas y sindicales

- Los procesos de descolonización y/o pacificación

- La abolición de la pena de muerte y la tortura

- La igualdad de género

- El respaldo a refugiados políticos y a presos de conciencia

- La promoción de la libertad de expresión

- El apoyo a las minorías culturales y/o nacionales

- Empoderamiento de los líderes locales, de los jóvenes.

Ante la situación económica y social que atraviesa el Estado y Aragón, y debido a las graves dificultades de financiación a los entes locales –ayuntamientos y comarcas-, el grupo municipal de CHA en La Almunia ha solicitado en el último pleno –la moción ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP- pedir al Ayuntamiento que éste se dirija al Gobierno del Estado para que inicie un debate sobre la financiación de los ayuntamientos, para que ésta sea más equilibrada y que por lo menos garantice un fondo anual de 365 euros para habitante y año.

Asimismo también se ha aprobado instar al Gobierno de Aragón para que actualice el IPC de los últimos seis años de los fondos transferidos directamente a las comarcas, así como la elaboración y diseño de un plan de inversión extraordinario para las comarcas que permitan llevar a cabo obras y proyectos que palien los efectos de la crisis a través de la creación de empleo.

José Antonio Acero, portavoz de CHA, ha indicado que “aprobar estas medidas es muy importante, ya que los ayuntamientos cada vez se responsabilizan de más servicios y el Estado parece olvidar que esos servicios son más costosos en el medio rural, donde los ayuntamiento son más pequeños y tienen escasos recursos”.

El Blog de Nieves Ibeas Vuelta, Presidenta Nazional de CHA y Diputada de CHA en las Cortes de Aragón.

El Justicia de Aragón hizo público ayer el informe que CHA le solicitó acerca de la pertinencia de que el Gobierno de Aragón iniciara acciones para la disolución del Ayuntamiento de la Muela, y sobre la necesidad de contextualizar el informe de la Comisión Jurídica Asesora que señalaba, entre otras cuestiones, el atenuante de que la alcaldesa de La Muela siguiera en la cárcel… cuando días después saldría para ocupar el puesto desde el que, supuestamente, cometió todos los delitos de los que está imputada.

Y el caso de La Muela, quiera o no el Gobierno de Aragón que se hable del tema (que no quiere, para qué vamos a engañarnos), sigue siendo escandalosamente grave.

Es más, seguimos pensando que el Gobierno de Aragón debe rectificar su postura y solicitar al Consejo de Ministros que disuelva el ayuntamiento de La Muela ya que la situación actual, con la alcaldesa imputada al frente, es inadmisible en una democracia.

El hecho de que los medios de comunicación ya no abran sus diarios y sus programas con el escándalo de corrupción de La Muela no significa -ni muchísimo menos- que el tema haya dejado de ser grave. Lo que ocurre es que al Gobierno PSOE-PAR se le acumulan los temas y las malas noticias, y unas se van sucediendo a otras ante la opinión pública: la pésima negociación de la deuda histórica, el visto bueno a un modelo de financiación autonómica que beneficia a otras comunidades autónomas en detrimento de Aragón, un nuevo e injustificado descenso de las inversiones del Estado en Aragón, las incertidumbres de la planta de Opel en Figueruelas, la destrucción de empleo en las comarcas turolenses, en el Alto Gállego, en Tarazona y el Moncayo, en el Aranda…

El informe del Justicia señala que se trata de una cuestión discrecional del Gobierno de Aragón y en CHA consideramos que concurren las circunstancias del artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local para que se procediera a esa disolución. Por ello, volvemos a reclamar que el Gobierno de Aragón actúe con valentía en este tema, por mucho que Mª Victoria Pinilla haya sido ensalzada públicamente por José Ángel Biel, Presidente del PAR y Vicepresidente del Gobierno de Aragón, durante años, como un ejemplo de municipalismo a seguir… ¡Qué paradojas tiene la vida!

El informe, a pesar de que no considera que deba valorar estas cuestiones, reconoce que el Gobierno de Aragón ha tomado una decisión discrecional de carácter político a la hora de no reclamar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Y José Luis (Pepe) Soro, Vicesecretario General de CHA, tiene razón al señalar en la Nota de Prensa que hemos enviado a los medios que “dado que el Gobierno actúa con discrecionalidad, lo lógico, ante una situación inadmisible como la que está ocurriendo, sería que dejen de mirar hacia otro lado y actúen en defensa de los valores y la ética política“.

La situación del Ayuntamiento de La Muela sigue siendo insostenible e inadmisible desde el punto de vista político y, por respeto a los vecinos y vecinas de la localidad, ni la alcaldesa ni los concejales imputados deberían continuar ejerciendo sus cargos. ¿Quién puede defender que alguien que tiene las imputaciones de delitos que tiene pueda volver a ocupar el cargo desde el que, supuestamente, cometió tales delitos? Desde luego, no es razonable, al menos hasta que no se celebre el juicio oportuno.

La realidad es que Mª Victoria Pinilla y los concejales imputados vuelven a estar en el control del Ayuntamiento y que el municipio se encuentra en una situación de desgobierno total que está acarreando la pérdida de subvenciones, la falta de servicios y la actividad normal de la localidad.

Discrecionalidad, voluntad política… ¿a qué está esperando Marcelino Iglesias para actuar? O, mejor dicho, ¿tiene acaso algún impedimiento para hacerlo?

Insisto, para CHA, el Gobierno de Aragón puede solicitar la disolución del Ayuntamiento y debería hacerlo. Por mucho menos, ante la corrupción política destapada en otras comunidades autónomas, el PSOE está levantando la voz en nombre de la dignidad de la actividad política. ¿Por qué aquí, en Aragón, no?

El Blog de Nieves Ibeas Vuelta, Presidenta Nazional de CHA y Diputada de CHA en las Cortes de Aragón.

El Justicia de Aragón hizo público ayer el informe que CHA le solicitó acerca de la pertinencia de que el Gobierno de Aragón iniciara acciones para la disolución del Ayuntamiento de la Muela, y sobre la necesidad de contextualizar el informe de la Comisión Jurídica Asesora que señalaba, entre otras cuestiones, el atenuante de que la alcaldesa de La Muela siguiera en la cárcel… cuando días después saldría para ocupar el puesto desde el que, supuestamente, cometió todos los delitos de los que está imputada.

Y el caso de La Muela, quiera o no el Gobierno de Aragón que se hable del tema (que no quiere, para qué vamos a engañarnos), sigue siendo escandalosamente grave.

Es más, seguimos pensando que el Gobierno de Aragón debe rectificar su postura y solicitar al Consejo de Ministros que disuelva el ayuntamiento de La Muela ya que la situación actual, con la alcaldesa imputada al frente, es inadmisible en una democracia.

El hecho de que los medios de comunicación ya no abran sus diarios y sus programas con el escándalo de corrupción de La Muela no significa -ni muchísimo menos- que el tema haya dejado de ser grave. Lo que ocurre es que al Gobierno PSOE-PAR se le acumulan los temas y las malas noticias, y unas se van sucediendo a otras ante la opinión pública: la pésima negociación de la deuda histórica, el visto bueno a un modelo de financiación autonómica que beneficia a otras comunidades autónomas en detrimento de Aragón, un nuevo e injustificado descenso de las inversiones del Estado en Aragón, las incertidumbres de la planta de Opel en Figueruelas, la destrucción de empleo en las comarcas turolenses, en el Alto Gállego, en Tarazona y el Moncayo, en el Aranda…

El informe del Justicia señala que se trata de una cuestión discrecional del Gobierno de Aragón y en CHA consideramos que concurren las circunstancias del artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local para que se procediera a esa disolución. Por ello, volvemos a reclamar que el Gobierno de Aragón actúe con valentía en este tema, por mucho que Mª Victoria Pinilla haya sido ensalzada públicamente por José Ángel Biel,  Presidente del PAR y Vicepresidente del Gobierno de Aragón, durante años, como un ejemplo de municipalismo a seguir… ¡Qué paradojas tiene la vida!

El informe, a pesar de que no considera que deba valorar estas cuestiones, reconoce que el Gobierno de Aragón ha tomado una decisión discrecional de carácter político a la hora de no reclamar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Y José Luis (Pepe) Soro, Vicesecretario General de CHA, tiene razón al señalar en la Nota de Prensa que hemos enviado a los medios que “dado que el Gobierno actúa con discrecionalidad, lo lógico, ante una situación inadmisible como la que está ocurriendo, sería que dejen de mirar hacia otro lado y actúen en defensa de los valores y la ética política“.

La situación del Ayuntamiento de La Muela sigue siendo insostenible e inadmisible desde el punto de vista político y, por respeto a los vecinos y vecinas de la localidad, ni la alcaldesa ni los concejales imputados deberían continuar ejerciendo sus cargos. ¿Quién puede defender que alguien que tiene las imputaciones de delitos que tiene pueda volver a ocupar el cargo desde el que, supuestamente, cometió tales delitos? Desde luego, no es razonable, al menos hasta que no se celebre el juicio oportuno.

La realidad es que Mª Victoria Pinilla y los concejales imputados vuelven a estar en el control del Ayuntamiento y que el municipio se encuentra en una situación de desgobierno total que está acarreando la pérdida de subvenciones, la falta de servicios y la actividad normal de la localidad.

Discrecionalidad, voluntad política… ¿a qué está esperando Marcelino Iglesias para actuar? O, mejor dicho, ¿tiene acaso algún impedimiento para hacerlo?

Insisto, para CHA, el Gobierno de Aragón puede solicitar la disolución del Ayuntamiento y debería hacerlo. Por mucho menos, ante la corrupción política destapada en otras comunidades autónomas, el PSOE está levantando la voz en nombre de la dignidad de la actividad política. ¿Por qué aquí, en Aragón, no?

José Antonio Acero, Teniente Alcalde por el grupo CHA, ha indicado que con esta medida el ayuntamiento quiere ayudar a las familias y a las empresas rebajando la presión fiscal en tiempos de crisis.

El Ayuntamiento de La Almunia ha aprobado hoy en el pleno congelar todas las tasas municipales en el ejercicio de 2010, para de esa forma ayudar a las familias y a las empresas rebajando su presión fiscal y ayudando a activar el consumo para conseguir paliar de alguna forma los efectos de la crisis.

José Antonio Acero, Teniente Alcalde por el grupo CHA, ha indicado “que esta medida supondrá que el ayuntamiento tenga que llevar a cabo un mayor esfuerzo económico, ajustando el gasto corriente, sin permitir que ese ajuste pueda ir en detrimento de los servicios sociales que en la actualidad se prestan desde el consistorio ”.

Por último Acero ha señalado que el Ayuntamiento de La Almunia, que su partido gobierna en coalición con el PSOE, “es realista y en tiempos como los actuales congelar las tasas no sólo va a beneficiar a las familias, sino también a los pequeños comercios y empresarios de La Almunia”.

El Portavoz del grupo de CHA y Vicepresidente de la institución, José Antonio Acero, ha aceptado retirar uno de los puntos de la enmienda en aras del consenso de todas las fuerzas políticas.

A propuesta de CHA, el Pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado por unanimidad que la institución subvencione en un 100% todos los planes de inversiones destinados a ayuntamientos, siempre que la ley así lo permita.

El Portavoz de CHA y Vicepresidente de la institución, José Antonio Acero, ha destacado la importancia de propuestas como éstas en tiempos de crisis y ha negociado la retirada de uno de los puntos de la moción –el relativo a un plan extraordinario de inversión en las comarcas-, en aras del consenso de todas las fuerzas políticas.

Asimismo el pleno también ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno del Estado, para que éste inicie un debate sobre la financiación de los ayuntamientos que plantee una financiación equilibrada, que por los menos garantice que en los ayuntamientos pequeños los tributos no sean inferiores a los 365 euros por habitante y año, dentro de la campaña que CHA viene llevando a cabo.

José Antonio Acero, Portavoz del Grupo de CHA, ha indicado que “con estas propuestas se mejorará mucho la situación económica de los ayuntamientos, ya que la iniciativa de subvencionar en un 100% desde DPZ todos los planes que sean posibles es una medida real que permitirá a los ayuntamientos mantener y mejorar en la medida de lo posible los actuales servicios públicos”.

Por último Acero ha indicado que si bien estas medidas buscan paliar la crisis, ha recordado que “la financiación local es competencia del Estado y es preciso que ese debate se lleve a cabo cuanto antes, ya que en estos momentos los ayuntamientos están atravesando una situación muy delicada, debida entre otras razones a la disminución en la participación de los tributos del estado, así como por la merma en los ingresos obtenidos de la actividad urbanística”.

El Vicesecretario General de CHA, José Luis Soro, considera que “el informe del Justicia señala que se trata de una cuestión discrecional del Gobierno de Aragón y consideramos que concurren las circunstancias del artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local”.

CHA reclama al Gobierno de Aragón que rectifique su postura y solicite al Consejo de Ministros que disuelva el ayuntamiento de La Muela ya que la situación actual, con la Alcaldesa imputada al frente, es inadmisible en una democracia. El informe emitido por el Justicia de Aragón, a petición de CHA, a pesar de que no considera que deba valorar estas cuestiones, reconoce que el Gobierno de Aragón ha tomado una decisión discrecional de carácter político a la hora de no reclamar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Para José Luis Soro, Vicesecretario General de CHA, “dado que el Gobierno actúa con discrecionalidad, lo lógico, ante una situación inadmisible como la que está ocurriendo, sería que dejen de mirar hacia otro lado y actúen en defensa de los valores y la ética política.

José Luis Soro, Vicesecretario General de CHA, señala que “la situación del Ayuntamiento de La Muela es insostenible e inadmisible desde el punto de vista político. Por respeto a los vecinos/as, ni la Alcaldesa ni el concejal imputado deberían continuar ejerciendo sus cargos. El municipio se encuentra en estos momentos en una situación de desgobierno total que está acarreando la pérdida de subvenciones, la falta de servicios y la actividad normal de la localidad” – señala José Luis Soro.

El Vicesecretario General de CHA, José Luis Soro, considera que “el informe del Justicia señala que se trata de una cuestión discrecional del Gobierno de Aragón y consideramos que concurren las circunstancias del artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local”.

CHA reclama al Gobierno de Aragón que rectifique su postura y solicite al Consejo de Ministros que disuelva el ayuntamiento de La Muela ya que la situación actual, con la Alcaldesa imputada al frente, es inadmisible en una democracia. El informe emitido por el Justicia de Aragón, a petición de CHA, a pesar de que no considera que deba valorar estas cuestiones, reconoce que el Gobierno de Aragón ha tomado una decisión discrecional de carácter político a la hora de no reclamar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Para José Luis Soro, Vicesecretario General de CHA, “dado que el Gobierno actúa con discrecionalidad, lo lógico, ante una situación inadmisible como la que está ocurriendo, sería que dejen de mirar hacia otro lado y actúen en defensa de los valores y la ética política.

José Luis Soro, Vicesecretario General de CHA, señala que “la situación del Ayuntamiento de La Muela es insostenible e inadmisible desde el punto de vista político. Por respeto a los vecinos/as, ni la Alcaldesa ni el concejal imputado deberían continuar ejerciendo sus cargos. El municipio se encuentra en estos momentos en una situación de desgobierno total que está acarreando la pérdida de subvenciones, la falta de servicios y la actividad normal de la localidad” – señala José Luis Soro.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy». [Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, dado que mañana no podremos hablar con el presidente del Gobierno sobre corrupción política, más vale que hoy podamos hablar de aquella que está en el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La Muela.

Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos circunstancias: la primera circunstancia es aquella en la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «gravemente -y digo textualmente- dañosa para los intereses generales», y la segunda, que además, suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61. Y prevé que, en tal caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud de un gobierno de la comunidad Autónoma -caso que ocurrió en Marbella-, o, en todo caso, con conocimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fija la Ley de Bases de Régimen Local.

Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que el principio, casi sacrosanto y que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía local, ese principio constitucional, es perfectamente compatible con la existencia de controles de la actividad que llevan a cabo las corporaciones locales.

Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de esas corporaciones locales, se aplique el régimen electoral general, se cree una comisión gestora y, en el plazo de tres meses, si falta menos de uno para la celebración de las elecciones locales, se convoquen nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora funcionaría designada por la diputación provincial y con un número que no podrá ser superior al de la composición de ese ayuntamiento.

Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista -no sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de hacer este juicio-, es indudable que la instrucción del sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus concejales, además de otros imputados ajenos, en este caso a la corporación, ha puesto de manifiesto que la gestión desarrollada por esa corporación ha sido gravemente dañosa para los intereses generales, haciendo referencia a la cita textual que he hecho de la ley.

¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entiende -es una opinión, pero una sólida opinión- que, en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y por el número de cargos públicos municipales imputados, cita textual, además, del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella.

En segundo lugar, por la compleja y delicada situación provocada por la dimisión de algunos concejales y, sobre todo, por la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, cita textual del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso ha dado lugar, claramente -y supongo que esto no será ningún juicio de valor- a un escándalo político -casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»- y, además, ha provocado alarma social, cita textual, ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de Marbella. ¿Les suena?

Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha sido gravemente dañosa porque ha provocado en la ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Aragón) al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayuntamiento, cita textual del decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entendemos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a la afectación al interés general, cita textual del mismo texto al que me he referido.

Pero es que, además de ese primer supuesto, esta grave afección al interés general ha supuesto y ha puesto de manifiesto la segunda de las condiciones que les he citado al comienzo, y es que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística de La Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el precepto constitucional de promover las condiciones necesarias para que la utilización del suelo se haga de acuerdo con el interés general, impidiendo la especulación -cita textual- y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos son el 47 y el 45 de la Constitución.

Señorías, ante esta grave situación, la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado para hacer tal solicitud…, yo, mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la disolución de la corporación municipal de La Muela para que se constituyera una comisión gestora y se convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.

¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, sino que -aparte de que al presidente no le gusta mucho hablar de esta cuestión-, tratando de escudarse y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la firma del aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un informe a la Coja -y digo bien «a la Coja» porque todavía no es consejo consultivo-, a la Comisión Jurídica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora -miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del trasvase?- entendía que se daba eso de la gestión gravemente dañosa para los intereses generales y si se incumplían las obligaciones constitucionales, por si acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡noool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos cosas «a fecha de hoy». [Rumores.] «A fecha de hoy», «hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 14 de julio, día de la República por excelencia, ese día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se lo decía: que no, que no podía hacer nada el Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situaciones. [Rumores.]

Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de manera textual es perfectamente trasvasable para alguien que no tenga tanta preparación jurídica, para un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por qué? Porque ahí se dice exactamente… Y a estas alturas, señorías, esto está bastante…, ha estado bastante en el debate político, pero no, mejor que en el político, en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subvenciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, ha habido subvenciones perdidas por ese Ayuntamiento, ha habido obras paralizadas por intereses particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las cuatro características que se analizaron para Marbella. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayuntamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen por ahí, don Pedro. [Rumores.]

Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídica Asesora dice, además, una inexactitud, que aprovecho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice que el subdirector provincial de Ordenación del Territorio, don Carlos Martín Rafecas -dice en el informe la Comisión Jurídica Asesora-, dice que está en libertad sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Martín Rafecas está imputado y está en libertad «con» cargos.

Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión Jurídica Asesora…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo establecido.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.

Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 de julio, ha habido algunos acontecimientos que quedan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, ese informe no podía prever acontecimientos posteriores. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo decimos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no hay problema con la alcaldesa porque está ausente -que es una manera de decir que estaba en prisión-. [Risas.] Efectivamente: al estar ausente -en prisión-, no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayuntamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está presente y, en contra de lo que preveía la Comisión Jurídica Asesora, que dice -digo textualmente- «no puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e interviene.

Señorías, además de eso, se han dado con posterioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde del PAR. Y, además de eso, se ha producido una reclamación por parte de una empresa pública aragonesa de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y lo vea, ¡que venga y lo vea!

Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho nada en relación con la potestad que tiene, en contra de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar -y acabo ya, señor presidente- que el Gobierno de Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Consejo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, promueva y decida la disolución de la corporación municipal de La Muela.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

[Aplausos desde la tribuna de público.]

La Diputación de Zaragoza ha destinado en esta edición  un total de 865.00 euros para proyectos de Desarrollo y Solidaridad Internacional, lo que supone un 0,46% del presupuesto total de la institución, cuatro décimas más que en la edición anterior. El vicepresidente de la DPZ y responsable de Cooperación al Desarrollo, José Antonio Acero, ha señalado que “a pesar de la situación económica, hemos incrementado el presupuesto en proyectos de solidaridad, lo que pone de manifiesto el compromiso de DPZ”.

En esta edición se han subvencionado 64 proyectos, frente a los 53 del año pasado, y de los mismos, 56 están destinados a satisfacer necesidades básicas, lo que supone el 84% de la dotación presupuestaria. La mayoría son proyectos tan necesarios como la creación y mejora de infraestructuras sanitarias, educativas, centros de servicios sociales para niños y ancianos, construcción y mejora de viviendas, programas de formación, empleo, producción, cooperativismo y el desarrollo sostenible,  etc. También  se incluyen proyectos de desarrollo sostenible como el acceso a agua potable y saneamiento, o agricultura sostenible.

Para el resto de capítulos, dos proyectos subvencionados tienen como finalidad la ayuda humanitaria, con un 10%, y seis proyectos están destinados a la sensibilización y el comercio justo.

En cuanto a la distribución geográfica, el vicepresidente ha indicado que si bien Latinoamérica es el país con más proyectos, un total de 34, en esta edición ha habido un incremento de los proyectos que se han desarrollado en África, que han pasado de 13 a 16. El resto de los proyectos se desarrollan en países como Palestina, India o Pakistán y también en campañas de sensibilización en pueblos  de la provincia de Zaragoza.

Los criterios que se utilizan a la hora de puntuar a los diferentes proyectos son las prioridades geográficas y sectoriales, prioridades que están consensuadas con la Federación Aragonesa de Solidaridad, según los objetivos del Milenio.

Asimismo, dentro del presupuesto global se incluyen dos programas, uno de ayuda humanitaria de emergencia y un segundo denominado “Plataforma logística depuración agua”, que, junto a Cruz Roja y otras administraciones, quiere llevar depuradoras y potabilizadoras a aquellos lugares que se vean afectados por diferentes desastres.

Muchos de estos proyectos tienen un desarrollo en el tiempo, lo que supone que la institución provincial los viene respaldando en sus diferentes fases. Asimismo, Acero ha resaltado la importancia de los proyectos de sensibilización, ya que “la solidaridad no puede ser sólo una expresión de las administraciones públicas, sino que tiene que ser un compromiso de cada uno de nosotros”.

Adrián Tello, secretario de CHA-Valdejalón, ha indicado que las decisiones tomadas hoy en pleno hacen urgente una respuesta por parte del Gobierno de Aragón, que no puede seguir haciendo la vista gorda.

El ligallo de CHA en La Muela ha calificado de “deplorable, hilarante y absolutamente irresponsable”, la decisión tomada hoy en pleno de delegar las competencias de Urbanismo en la persona del concejal Fernando Barba, imputado en un proceso judicial y acusado de posible corrupción.

Adrián Tello ha indicado que esta decisión denigra aún más a la clase política, que con actuaciones como ésta se burla de los ciudadanos. Tello ha señalado que ya es hora de que el “Gobierno de Aragón tome cartas en el asunto y se dirija al Consejo de Ministros para que proceda a disolver este ayuntamiento, en el que imputados en un posible caso de corrupción hacen y deshacen a su antojo”.

En ese mismo pleno también se ha procedido a restituir el sueldo a la Teniente de Alcaldesa, Ana Cristina Mateo, y se ha aprobado la prórroga de un crédito de 2.000.000 de euros para impagos. “La situación económica del ayuntamiento es de bancarrota, pero aquí hasta el último momento todos quieren chupar del bote”, ha destacado Tello.

Adrián Tello, secretario de CHA-Valdejalón, ha indicado que las decisiones tomadas hoy en pleno hacen urgente una respuesta por parte del Gobierno de Aragón, que no puede seguir haciendo la vista gorda.

El ligallo de CHA en La Muela ha calificado de “deplorable, hilarante y absolutamente irresponsable”, la decisión tomada hoy en pleno de delegar las competencias de Urbanismo en la persona del concejal Fernando Barba, imputado en un proceso judicial y acusado de posible corrupción.

Adrián Tello ha indicado que esta decisión denigra aún más a la clase política, que con actuaciones como ésta se burla de los ciudadanos. Tello ha señalado que ya es hora de que el “Gobierno de Aragón tome cartas en el asunto y se dirija al Consejo de Ministros para que proceda a disolver este ayuntamiento, en el que imputados en un posible caso de corrupción hacen y deshacen a su antojo”.

En ese mismo pleno también se ha procedido a restituir el sueldo a la Teniente de Alcaldesa, Ana Cristina Mateo, y se ha aprobado la prórroga de un crédito de 2.000.000 de euros para impagos. “La situación económica del ayuntamiento es de bancarrota, pero aquí hasta el último momento todos quieren chupar del bote”, ha destacado Tello.

Las obras mejoran la deteriorada red de saneamiento.

Las obras en la calle Mayor de Bardallur comenzaron el pasado 25 de septiembre y tenían previsto una duración cercana a los 20 días, según explicaba el alcalde de la localidad, José Miguel Domínguez. “El siguiente tramo comenzará a ejecutarse en breve tiempo”, ha asegurado el munícipe, quien recuerda que de esa parte es responsable el Instituto Aragonés del Agua.

Desde el Consistorio de Bardallur explican que la actuación en la calle Mayor, en la que se pretende cambiar las redes de abastecimiento y saneamiento como se ha hecho en otras vías de la localidad, “ha sido todo un acierto, porque al levantar el vertido viejo se ha visto que estaba todo picado por debajo, en muy malas condiciones para haber aguantado mucho tiempo más”.

CHA quiere mostrar su solidaridad y apoyo con las personas participantes en la Marcha por la Igualdad que hoy llegan a Madrid. Para CHA, esta iniciativa ha logrado sensibilizar a la sociedad y es preciso que ahora sea el Congreso el que escuche las reivindicaciones y pare la propuesta del Gobierno de España para modificar la actual Ley de Extranjería.

“La intención de introducir en la Ley de Extranjería aspectos de la llamada “Directiva europea de la Vergüenza” es una barbaridad que no puede ser consentida” – explica José Manuel Latorre, Secretario de Política Social de CHA – “hemos colaborado con la Marcha a su paso por las comarcas de Ribera Baja, área metropolitana de Zaragoza, Valdejalón y Comunidad de Calatayud y queremos mandar también nuestro respaldo a los compañeros ahora que están en Madrid para que sus reivindicaciones sean escuchadas en el Congreso”.

José Manuel Latorre defiende que “no podemos callar ante propuestas como la creación de un centro de internamiento en PLAZA (Zaragoza) o ante la intención de recortar los Derechos humanos de las personas en función del lugar en el que hayan nacido”.

CHA ha mantenido hoy viernes, 23 de octubre de 2009, un encuentro con representantes del Pueblo saharaui para conocer la situación de recrudecimiento de la represión a la que se ven sometidos y las últimas noticias sobre la detención de siete activistas saharauis defensores de los Derechos Humanos.

Nieves Ibeas ha destacado que “CHA siempre ha defendido el derecho del pueblo saharui a decidir libremente su futuro y ha condenado la represión que sufre a manos de Marruecos que ocupa ilegalmente su territorio. La situación se ha agravado con la detención injustificada de siete activistas saharaui que Marruecos pretende juzgar ante un tribunal militar y que podrían ser condenados a pena de muerte”.

Y ha añadido que “el Delegado del Frente Polisario ha solicitado a CHA su apoyo en la lucha por la defensa de los derechos del pueblo saharaui”.

En la cita han estado presentes la Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, y el Delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Hamudi Sidina. También han estado el Delegado saharaui para Aragón, Cheybani Abbas, el Secretario de Um Draiga, Rafel Antorrena Pardo y Enrique Gómez, Vicepresidente de Um Draiga-Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón. Por parte de CHA estará también el Vicesecretario General de CHA, José Luis Soro; el Secretario de Organización, Juan Campos; el Diputado de CHA, Bizén Fuster y el coordinador del Rolde de Solidaridad, Antonio García.

Visita a la DPZ

José Antonio Acero, vicepresidente de DPZ, también se ha reunido en la mañana de hoy con los representantes del pueblo saharaui para analizar la situación de represión que se está viviendo en el Sahara ocupado por Marruecos.

En este sentido Acero ha mostrado su apoyo y solidaridad, recordando que Diputación, desde Cooperación al Desarrollo, viene colaborando de forma activa con Um Draiga en proyectos de ayuda a los territorios ocupados.

Ante la situación de crisis y las graves dificultades por las que están pasando los ayuntamientos, debida entre otras razones a la disminución en la participación de los tributos del estado, así como por la merma en los ingresos obtenidos de la actividad urbanística, el Grupo Provincial de CHA presentó una moción la semana pasada, que se debatirá en el próximo pleno, y en la que se plantean propuestas que buscan colaborar en la financiación local.

Entre las medidas CHA va a solicitar a la Diputación de Zaragoza que subvencione a los Ayuntamientos, en un porcentaje del 100%, en todos los planes de inversión en los que, legalmente, sea posible. Asimismo quiere que el pleno provincial inste al Gobierno del Estado para que inicie un debate sobre la financiación de los ayuntamientos, competencia del propio Estado, para que garantice que los tributos no sean inferiores a los 365 euros por habitante y año.

Por último CHA también ha pedido que DPZ inste al Gobierno de Aragón, para que elabore un plan de inversión extraordinario para las comarcas, que ayude a combatir la crisis y que sería un reflejo del Fondo Estatal de Inversión Local.

José Antonio Acero, Portavoz del Grupo Provincial de CHA, ha indicado que “estas son propuestas que CHA viene defendiendo y espera que el partido socialista las respalde, sobre todo tras conocer las declaraciones efectuadas estas misma semana por Javier Lambán”.

Acero considera que estas propuestas de CHA, de contar con el apoyo del resto de los grupos políticos en el próximo pleno, mejorarán mucho la situación económica de los ayuntamientos, ya que la iniciativa de subvencionar en un 100% desde DPZ todos los planes que sean posibles y la de percibir una cantidad no inferior a 365 euros por habitante y año “son medidas reales que permitirán a los ayuntamientos mantener y mejorar en la medida de lo posible los actuales servicios públicos”.

Por último Acero ha indicado que si bien estas medidas buscan paliar la crisis, ha recordado que “la financiación local es competencia del Estado y es preciso que ese debate se lleve a cabo cuanto antes”.

CHA ha presentado esta mañana una solicitud al Justicia de Aragón para que estudie el caso de La Muela y determine si concurren los requisitos exigibles para que el Gobierno de Aragón pida al Gobierno Central la disolución del Ayuntamiento.

La Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha señalado que “también reclamamos al Justicia que, tras los cambios producidos en el sumario de La Muela, se dirija al Gobierno de Aragón recomendándole que solicite a la Comisión Jurídica Asesora un nuevo informe relativo a la posibilidad de disolver el ayuntamiento”.

Por su parte, el coordinador de CHA-La Muela, Pedro Bartolomé, ha señalado que “los vecinos/as sufrimos las consecuencias de la falta de gestión. Estamos ante un ayuntamiento inactivo que pierde subvenciones, deja de prestar servicios y se colapsa toda la actividad municipal. Se trata de una situación insostenible”.