Permitir que los derechos humanos sean protegidos por el juicio de amparo y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también funja como defensora de oficio en estos litigios, son dos de los temas que el Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Gobernación discuten como parte de la reforma integral a la Ley de Amparo.

Otra arista de la discusión es abrir la posibilidad de que se realicen plenarias de magistrados de circuito cuando hayan sostenido criterios diferentes y contradictorios respecto del mismo tema, a fin de contar con resoluciones definitivas sin llegar hasta la Corte y fijar así la prevalencia de criterios.

Lunes 27 de octubre de 2009
Excélsior, Jornada y Reforma presentaron noticias distintas como principales. El primero basó la noticia principal en las protestas contra el aumento a los servicios de telecomunicaciones; el segundo, continuó con el seguimiento a la problemática de Luz y Fuerza del Centro, y el tercero enfocó su nota principal en los gastos realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dado que no existe coincidencia en las notas de los periódicos, se analizará cada portada como una estructura independiente, utilizando la variable del implícito en la ubicación espacial y la identificación de los hechos duros.

Reforma

Gasta CNDH a carretadas es el título que se presenta para la nota principal en este periódico. Reforma pone a disposición de los lectores cifras comparativas sobres los gastos realizados y mide la eficiencia con las recomendaciones expedidas por la Comisión. En el desarrollo se informa sobre la triplicación de presupuesto pero la disminución con respecto a los casos analizados. El espacio prodigado es implícito de mayor importancia.

Reforma realiza una investigación, ya que se dio a la tarea de investigar las cifras relacionadas dicha comisión. Como nota secundaria aparece el conflicto interno del PRI sobre el acuerdo al paquete fiscal, sin embargo, el espacio que se le otorga es mucho menor que el de la nota principal. El hecho concreto es la denuncia de las anomalías presupuestales.

La Jornada

Se realiza un seguimiento a la problemática del Sindicato Mexicano de Electricistas con respecto al cierre de Luz y Fuerza del Centro. Como nota principal se encuentra colocada la denuncia de que Pemex prefirió contratar firmas españolas para el abasto eléctrico en lugar de las mexicanas, LFC y CFE. Además, se incluyen sumarios que informan sobre cuentas vencidas desde hace ocho años por parte de empresas, cuyo adeudo llega a los dos mil millones de pesos. Esta nota es la que posee mayor relevancia, pues además de ser la principal, se dan más detalles a través de los múltiples sumarios colocados en la parte derecha de la nota.

Las discusiones internas del PRI para acordar el paquete impositivo también se llevan en la portada, pero el espacio es harto menor que el seguimiento a LFC. No hay alguna referencia sobre los gastos de la CNDH, por lo que se infiere una menor relevancia para el periódico. Los hechos duros están colocados alrededor del cierre de LFC: los liquidados, deudas, historial.

Excélsior

Como título a la nota principal se presenta Quitarán retroactividad en impuestos a empresas. La información que se detalla en la noticia está enfocada al paquete fiscal con énfasis en la recuperación del pago de impuestos de las empresas evasoras. Se encuentra un complemento visual, además, en el que se puede observar una manifestación de jóvenes con sus computadoras que protestan contra el aumento del 3% a las telecomunicaciones.

Como se ha detallado ya, Excélsior prodiga mayor importancia a las discusiones entre partidos para establecer acuerdos sobre la Ley de Ingresos 2010. No hay seguimiento, como en los otros periódicos, al cierre de Luz y Fuerza ni sobre los gastos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los hechos duros son el acuerdo al retiro de la retroactividad y el anuncio sobre la futura discusión interpartidista para llegar a los acuerdos necesarios sobre los ingresos.

Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado acordó un método para alejar cualquier sospecha de acuerdo cupular en la elección del nuevo ombudsman nacional: conformar la terna a puertas abiertas. Para ello utilizarán una urna transparente, habrá conteo en voz alta de los votos para cada aspirante y la sesión se transmitirá de manera directa por el Canal del Congreso.

Por Leo Agusto, visitador de la ignominia

El ex titular de la CDHDF, no podría llamarlo ombudsman, palabra de origen sueco y que asocio a la frase “hacerse el sueco”, presentó su candidatura para la presidencia, el cargo de ombudsman no existe, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comparado con el actual titular de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, Emilio Álvarez Icaza es Dios. Pero no lo vamos a comparar con lo peor, ni siquiera lo vamos a comparar más con nadie.

Este post tiene como único fin señalar el papel de Álvarez Icaza y su Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en uno de los acontecimientos más lamentables en la historia reciente de la ciudad de México, la masacre de jóvenes en un giro negro de la delegación  Gustavo A. Madero conocido como New’s Divine, a pesar de que en operativos y redadas anteriores al caso New’s Divine, no asistieron visitadores de la CDHDF la tarde del 20 de junio de 2008.

Efectivamente, las impunes cabezas del Secretario de Seguridad Pública y del Procurador de Justicia del DF rodaron de sus puestos 18 días después de la matanza. Tiempo récord para la burocracia mexicana. Lamentablemente, Álvarez Icaza fue utilizado políticamente por Marcelo Ebrard para justificar la renuncia y enviar a la opinión pública un mensaje mañoso de que los derechos humanos se toman en cuenta en el Distrito Federal. Ahí su papel de comparsa o tapadera de Ebrard que se ratifica con la declaración del nuevo titular de la CDHDF, Luis González Plascencia, quien dijo que se retomarán los casos New’s Divine y Casitas del Sur, que en español significa que Álvarez Icaza los dejó arrumbados. Otra cosa se entendería si hubiera dicho que se continuará con dichos casos.

Favor con favor se paga

Álvarez Icaza quedó muy bien con el informe que presentó en relación a los hechos del caso News Divine, asestó un golpe político a su par en la CNDH y lo posicionó de manera definitiva para el cargo al que hoy aspira. En ninguno de los 12 puntos de las Convicciones del Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el caso New’s Divine de dicho informe existe un señalamiento de responsabilidad al jefe de gobierno Marcelo Ebrard, responsable de lo que hagan y dejen de hacer sus sublaternos directos, ni siquiera al titular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, ambas figuras son integrantes del llamado gabinete de seguidad del GDF. Aunque no pudo evitar su obligación legal de enviar las recomendaciones al jefe de gobierno. Álvarez Icaza olvidó mencionar en su informe la previa defensa a ultranza que hizo Marcelo Ebrard de los dos jefes policiacos. Tampoco se enteró de las presiones de Manuel Camacho Solís para mantener en el cargo a uno de los consentidos de Elba Esther Gordillo en la SSP-DF. Mucho menos vio la demanda de dicha secretaría contra el equipo de editorialistas de Milenio y su QRR.

Conclusión

Coincido con mucha gente respecto a que Emilio Álvarez Icaza es un buen candidato para presidir la CNDH, a pesar de su soberbia al remitirme vía twitter a leer “toda la documentación referente al caso en la página web de la CDHDF” cuando le señalé su papel de tapadera. Yo lo invito a que lea el seguimiento que le dimos al caso en este blog. También lo invito a que tome nota de la intolerancia de uno de sus colaboradores, Hugo Morales Galván, que me invitó a que “me informara mejor” respecto a la pregunta que en su momento realicé de si hubo o no representantes de la CDHDF en el operativo New’s Divine, pero difiero de quienes lo quieren poner en un pedestal de héroe a pesar del papel que jugó como político, y no como ombudsman, en un hecho tan lamentable como la matanza de jóvenes de junio de 2008; a ellos les sugiero que cuenten a los muertos.

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Esta mañana al Senado han acudido dos nuevos registros para la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trata de Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador del organismo, así como Mauricio Farah, ex visitador.

MÉXICO, D.F., 5 de octubre (apro).- En Oaxaca sí hubo violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006 y 2007, pero ni el expresidente Vicente Fox ni el gobernador Ulises Ruiz son responsables.

Esa fue la conclusión a la que llegó el ministro Mariano Azuela Güitrón en el proyecto de resolución del “caso Oaxaca”, que entregó al pleno de ministros y que será discutido a partir del próximo martes 13.

El proyecto fue colocado este lunes en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en él Azuela mantiene la línea que ha seguido el máximo tribunal en estos casos: ubicar las responsabilidades en los mandos medios operativos y deslindar por completo a las autoridades políticas federal y estatal, tal como sucedió en el “caso Atenco”.

Según Azuela, “ni el gobernador del estado ni los servidores de la Federación que intervinieron resultan responsables de la violación generalizada de garantías, toda vez que no fue producida por ellos de manera directa ni tampoco incurrieron en una omisión absoluta, sino que se trató de resultados indeseados”.

Las máximas autoridades federales a las que llegó Azuela, como “participantes presumiblemente” en la deficiente planeación y supervisión de los operativos, son Ardelio Vargas Fosado y el general Héctor Sánchez Gutiérrez.

Vargas Fosado es ahora diputado del PRI y flamante presidente de la Comisión de Defensa Nacional. En Oaxaca estuvo a cargo de los operativos como jefe de Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP).

El general Sánchez Gutiérrez, quien entonces era coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, acaba de ser designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, en el nuevo gobierno del estado.

Ambos funcionarios dependían del entonces secretario de Seguridad Pública y hasta el mes pasado procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien en el proyecto de Azuela queda libre de cualquier responsabilidad. En cambio, identifica a 12 elementos de la PFP como “presuntos partícipes” en los operativos.

Respecto del gobierno de Oaxaca, el proyecto –de 923 páginas– deslinda por completo al secretario de Seguridad Pública y al procurador General de Justicia, a pesar de que elementos a su cargo participaron en los operativos. Identifica a 28 de ellos.

Sin mencionar responsabilidades, señala que en el operativo del 14 de junio de 2006 participaron el director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.

También identifica a los mandos Juan Benigno Villalobos, Felipe Gómez Julián, Ednorberto Juan Zacarías, Pedro Cruz Francisco, Manuel Rodríguez Sotero, Gonzalo Ríos López y Armando Cruz Sánchez.

Azuela, quien el 30 de noviembre se jubila como ministro, acota todavía más: “Corresponderá a las autoridades competentes realizar la imputación concreta según las responsabilidades que puedan resultar (civil, penal, administrativa o política)”, pues establece que hubo “violación grave de garantías” por el “proceder activo o pasivo de las autoridades”.

El ministro que de último momento desechó participar en la contienda por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo encuentra en Ulises Ruiz la responsabilidad de no contar con una policía eficaz y profesional capaz de controlar un conflicto como el ocurrido entre mayo de 2006 y enero de 2007.

Precisa que Ruiz sí fue una autoridad participante, pero su actuación “debe estimarse atenuada”, debido a que carecía de recursos presupuestales para satisfacer las demandas de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, origen del conflicto.

Además de destacar la intención de las autoridades federales y estatales de dar una “solución efectiva a las demandas o conflictos sociales”, dice que cuando éstas “determinaron hacer uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto social… en la ejecución correspondiente se incurrió en actos que además de denotar falta de eficiencia y profesionalismo de los cuerpos policíacos, provocaron la violación de garantías… y que por sí mismas constituyen una grave infracción al texto constitucional”.

Precisa: “En el operativo del 26 de noviembre de 2006 algunas personas fueron objeto de tratos crueles e inhumanos durante su detención y traslado a los penales correspondientes”.

Igualmente, añade, que “se advierten excesos en la represión a los inconformes, ya que se hizo uso de instrumentos tales como piedras, resorteras y bazucas…

“Se acreditó que hubo personas que presentaron lesiones graves que no guardaron proporción con el objetivo que se pretendía alcanzar mediante los operativos, además de que uno de estos fue fallido y lejos de contribuir a la solución del conflicto ocasionó más violencia y represión”, generando “una situación de mayor desorden generalizado a la que existía antes del operativo”.

Sin embargo, responsabiliza también a la APPO de haber suprimido derechos de la población: “Prácticamente se paralizó el estado de Derecho y se suprimió el goce de garantías, se afectó la vida de una comunidad sin que las autoridades impidieran que este estado de cosas continuara prevaleciendo”.

Azuela dice que “no debe olvidarse la beligerancia” de la APPO, “incluso con matices de rebelión no únicamente en contra del gobierno del estado de Oaxaca, sino del gobierno federal, pues no debe pasarse por alto la intención de los inconformes de constituir una ‘Asamblea Popular de los Pueblos de México’”.

Según el ministro ponente, su objetivo era “extender el movimiento por todo el territorio nacional” y crear una nueva Constitución, pues “el movimiento tuvo por objetivo derrocar poderes constituidos”.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=72892

Difusión Cencos México D.F., 1 de octubre de 2009

Boletín de Prensa
Organizaciones Civiles y Sociales

En el marco de la convocatoria para la Presidencia de la CNDH, organizaciones civiles de la República apoyan y postulan a Emilio Álvarez Icaza Longoria
La CNDH es un espacio fundamental para la gobernabilidad y el diálogo democrático

En un contexto de crisis de institucionalidad democrática el proceso de elección en la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, es una oportunidad para que dicha instancia desarrolle un servicio de la promoción, defensa y protección de los derechos humanas desde un esquema de diálogo.

Para diversas organizaciones civiles y sociales, que hemos impulsado distintas agendas de derechos humanos en el país, consideramos que el Maestro Emilio Álvarez Icaza Longoria es el candidato que cubre el perfil del ombudsman de acuerdo a estándares internacionales y a las necesidades de México actualmente.

Álvarez Icaza Longoria destaca por su trayectoria en la sociedad civil en Alianza Cívica y el Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos; por su trabajo en el Consejo del Instituto Electoral del Distrito Federal y su importante trayectoria recién terminada, en la Presidencia de la CDHDF, desde donde desarrolló la construcción de un modelo de gestión innovador e incluyente que ha impactado la agenda de los derechos humanos en el país.

Las organizaciones civiles consideramos que los partidos políticos y en especial el poder legislativo, el Senado de la República, tienen una valiosa oportunidad de tomar una decisión al servicio de la sociedad mexicana y del fortalecimiento institucional de la CNDH como instancia de Estado que fue creada para la promoción de los derechos humanos, pero también para protección de aquellos y aquellas que han sido violentados, así como para impulsar la agenda de los derechos humanos al servicio de la democracia.

Distintas organizaciones de todo el país nos sumamos a la postulación del Maestro Emilio Álvarez Icaza Longoria, para participar en el proceso de elección a la Presidencia de la CNDH, por su experiencia y conocimiento en la materia, por su autonomía, por su alta calidad moral y por su vocación de servicio a México.

Organizaciones:
Acude, hacia una cultura democrática A.C. – Afluentes S.C. – Alianza Cívica A.C. – Alternativas y Capacidades A.C.- Asociación Latinoamericana de Micro y Pequeños y Medianos Empresarios ALAMPYME – Cauce Ciudadano A.C.- Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O P A.C. – Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos” CAM – Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales – Centro de Estudios Ecuménicos A.C .- Centro de Información Profesional – Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos – Comité de Derechos Humanos Ajusco- Convergencia de Organismos Civiles A.C. – Fomento Cultural y Educativo A.C.-Educación para la vida – El Caracol- Frente Auténtico del Trabajo, FAT – Fundación Gilberto Rincón Gallardo A.C. – Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C. – Libre Acceso A.C. – Mujeres para el Diálogo A.C.-Preserva Patrimonio A.C. – Red de Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo, RIE – Red por los Derechos de la Infancia en México A.C., REDIM – Red de Adultos Mayores del Distrito Federal – Red Nacional por la Inclusión y la Calidad Educativa, ICAE – Marabunta A.C. – Movimiento Pro-Vecino A.C. – Ririki Intervención Social A.C. – Servicios a la Juventud A.C.- Servicios y Asesoría para la Paz SERAPAZ – Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro y Conexos y Similares – Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Hierro, el Acero, Productos Derivados, Similares y Conexos de la República Mexicana – Sociedad en Movimiento A.C. – Caritas Diocesana de Ciudad Juárez, Centro de Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez – Organización Popular Independiente, Movimiento Pacto por la Cultura, Centro de Estudios y Taller Laboral y Salud y Bienestar Comunitario, Red por la Participación Ciudadana A.C. – Red Mesa de Mujeres; – Calpulli Tecuanichan A.C.- Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”-Centro Mexicano de Derecho Ambiental – Comparte A.C. Constituyentes A.C. Unidos impulsamos Guerrero Instituto de Montserrat- Infancia Común A.C.; – Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos – Fundación Arturo Herrera Cabañas – Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil Hidalgo, A.C. Morelos: Comunicación e Intercambio para el Desarrollo Humano A.C.; – Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., IMDEC – Centro para los Derechos de la Mujer A.C. NÄÄX WIIN – Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. – Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca – Cooperativa de Mujeres Treig S.C. de R.L. de C.V. – Servicios del Pueblo Mixe A.C. – Alternativas Pacíficas A.C. – Asamblea Nacional de Adultos Mayores A.C. – Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular A.C. – Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. CADHAC – Centro de Estudios para el Desarrollo Rural-Promoción y Desarrollo Social A.C., Cesder A.C Red Norte de Educación y Comunicación Popular; – Centro de Derechos Humanos “Fray Jacobo Daciano” A.C. – Agrupación de Derechos Humanos Xochitépet A.C. – Ceibap A.C. – Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle A.C. Matraca A.C. – Preserva Patrimonio A.C.- Todo de Tierra S.C.; – Chan Tzan S.C. -

Presentación de la candidatura de Emilio Alvarez Icaza para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH.

En estos momentos de definición, les deseamos suerte a todas las candidatas y todos los candidatos, enhorabuena al que quede. Ojalá y sea la mejor opción.

Comité Ajusco refrenda su apoyo a Edgar Cortez a la CDHDF y a Emilio Alvarez Icaza a la CNDH.

Veo en los medios que María Guadalupe Morfín Otero, quiere ser la nueva presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A Lupita la conocí en el despacho de un gran amigo, donde nos habíamos reunido varias personas para analizar aquella añeja propuesta del ombudsman fiscal. Ella me simpatizó mucho, como lo hacen normalmente las mujeres “echadas para adelante”. Además es hermana de uno de los curas que me casaron.

Recuerdo mucho la (Feria Internacional del Libro) FIL de 2007. Fué muy intensa. Estuve presente en varias situaciones que nunca olvidaré. Su inaguración, donde el presidente Calderón fue insultado. La presentación del libro de Lydia Cacho, en donde yo me econtraba presente, y yo desconocía en ese momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había resulto ese asunto y me enteré del sentido en dicha presentación, donde estuvieron presentando el libro según recuerdo, Javier Solorzano y  Silva Herzog Marquez. Conocí personalmente también a Enrique Krauze: me firmó uno de sus libros y platiqué muy brevemente con él. Saludé de nuevo a Pérez Reverte, y en fin.

Pero ló que mejor recuerdo es como Lupita me dejó absolútamente desconcertado por lo siguiente: Terminando la presentación de un libro donde mi concuño había aportado las fotografías del mismo, me encontré a Lupita, en días inmediatos a la resolución de la SCJN del asunto de Lydia Cacho. La saludé como siempre, muy atentamente. En el momento en que me ubicó, me atacó verbalmente, y me insultó y reclamó por la manera en que mi padre había actuado en el debate de dicha resolución, así como el sentido de su voto.

Porque me consta lo anterior, es que afirmo que Lupita sería una pésima presidente de la CNDH.

Ella creía que insultaba a mi padre, pero me insultó a mi, que ni vela tenía en el entierro.

Sencillamente, no sabe distinguir entre los agentes responsables y no responsables. Para ella es culpable el que no lo es, además claramente.

Arturo Chávez Chávez no debe llegar a la Procuraduría General de la República (PGR), porque cuando fue procurador de Justicia del Estado de Chihuahua no puso el más mínimo interés en resolver los feminicidios que desde entonces se registraban en esta entidad.
Mujeres de varias organizaciones civiles advirtieron lo anterior durante la manifestación que realizaron el pasado sábado en el centro de la ciudad capital, junto a la Cruz del Feminicidio, para puntualizar su sentir sobre la propuesta de Felipe Calderón para que Chávez Chávez presida la PGR.

Integrantes de Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Mujeres de Negro, Mujeres por México y muchas otras organizaciones dieron a conocer el negro historial que dejó Chávez Chávez cuando presidió la Procuraduría de Justicia del Estado, durante el sexenio del gobernador panista Francisco Barrio Terrazas.

En ese periodo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 44/98 al gobierno del estado por las irregularidades que encontró en el trabajo llevado a cabo por la Procuraduría local, y en la que instaba al Ejecutivo de la entidad a realizar “los convenios de colaboración que se estimen necesarios con las diversas Procuradurías del país y otros cuerpos policiales, para que se integre un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional que se aboque a la investigación exhaustiva de los casos de homicidios y violaciones ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, con objeto de resolver a la brevedad posible tales delitos”.

Además, la Recomendación pedía a Barrio Terrazas girar sus instrucciones para que, con base en lo dispuesto en la Constitución particular del estado de Chihuahua, y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la misma entidad, se realicen los trámites correspondientes a fin de investigar todo lo concerniente respecto del desempeño de funciones del licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de Justicia del mismo Estado, por las omisiones detectadas en el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez.

Esta Recomendación se dio a raíz de la queja que el 1 de diciembre de 1997 presentara la entonces diputada federal Alma Angélica Vucovich Seele, quien narró 36 crímenes cometidos de manera brutal en Ciudad Juárez en contra de diferentes mujeres, en el periodo comprendido de junio a diciembre de 1996 y durante 1997, abriéndose el expediente de queja CNDH/122/97/CHIH/8063.

El amplio documento de la CNDH, emitido el 15 de mayo de 1998, señala que, en las investigaciones llevadas a cabo por visitadores adjuntos en Ciudad Juárez y en información proporcionada por los servidores públicos del propio estado, se acreditaron actos violatorios a los derechos humanos de las mujeres victimadas y de sus familiares. Además, encontraron que infringieron las normas legales e instrumentos internacionales en perjuicio de las agraviadas.

Impunidad

La institución observó una deficiencia en materia de seguridad pública y procuración de justicia. En cuanto a la primera, indica, es preciso señalar que los hechos, en sí mismos, denotan una falta de seguridad pública, en tanto “los índices de mujeres víctimas de homicidio, en su mayoría con violencia, son extremosos; aunado a que un alto porcentaje de los mismos contiene agresiones sexuales”, señala.

Resulta de fundamental importancia destacar que en la mayoría de las indagatorias analizadas existe una deficiente integración, y las circunstancias imperantes indudablemente generan impunidad, observando que en algunas investigaciones falta el resultado de los dictámenes periciales, puntualiza el documento.

Y detalla: “hay ausencia de diligencias necesarias para la integración adecuada de las indagatorias y de oficios dirigidos al Registro Civil; falta de informes rendidos por elementos de la Policía Judicial y de certificados médicos forenses, así como respuestas de dictámenes sin que obre en la documentación una solicitud; errores en las fechas, fojas sin firmas y sin haber sido cotejadas, series fotográficas que se repiten en los expedientes; ausencia de actuaciones tendentes a la identificación, localización y búsqueda de mujeres desaparecidas y de diligencias de levantamientos de cadáver y citatorios sin fundamentación.”

Lo anterior indica que “se está en presencia de una omisión culposa por parte de los servidores públicos encargados de procurar justicia, en razón de las indagatorias y consignaciones aludidas, aunque también existe dolo, por lo menos en cuanto a la actitud asumida para con esta Comisión, al proporcionar de manera errónea e incompleta las copias certificadas de las averiguaciones previas solicitadas”, señala la CNDH.

Con base en lo anterior, la CNDH consideró pertinente que se abriera una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y/o penales en que pudieron haber incurrido Arturo Chávez Chávez –entonces procurador General de Justicia del estado–, y los servidores públicos de la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte, en Ciudad Juárez, que habiendo tenido conocimiento de los hechos, en sus diversos ámbitos de responsabilidad, por omisión o negligencia dejaron de cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley de Servidores Públicos.

En cuanto a Arturo Chávez Chávez puntualiza la Recomendación: “es menester precisar que es responsable directo y personal, ya que de conformidad con las disposiciones legales anteriormente aludidas, entre sus múltiples atribuciones se encuentra la de vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia; independientemente de que es el servidor público que se encuentra al frente de la dependencia de referencia, y, por ello, tiene a su cargo la actuación del Ministerio Público”.

Artículo Oríginal: Argenpress México: Dan a conocer negro historial de Chávez Chávez