El asesinato de la defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar, acaecido el pasado 3 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un mal augurio y una señal siniestra para los defensores y las defensoras de derechos humanos en 2010. Su muerte se enmarca dentro de un contexto de guerra sucia donde la sociedad es el botín de los actores armados que han impuesto la ley del fuego.

Desde que se llevó a cabo el Operativo Conjunto Chihuahua, el número de ejecuciones se ha multiplicado en el estado. Lo más grave es que el Ejército se ha enganchado en esta guerra con la misma lógica destructiva del sicariato y sin ningún respeto a las leyes y a los derechos humanos.

Josefina fue una mujer valiente que denunció en todo momento las atrocidades que militares y policías federales cometieron contra la población civil. Por eso, las organizaciones sociales y civiles de Chihuahua han catalogado este asesinato como un crimen de Estado, porque el trabajo de Josefina siempre se circunscribió en la lucha por los derechos humanos. El incremento de la violencia vinculada con el crimen organizado ha colocado a los defensores y a las defensoras de derechos humanos en el umbral de la desesperanza y la muerte. En este ambiente caótico, las autoridades han evadido su responsabilidad de garantizar la seguridad de los defensores y con gran irresponsabilidad han alentado versiones que ponen en entredicho su trabajo, para revolver sus casos con los del crimen organizado.

Esto mismo sucedió con Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores del pueblo na’saavi, de Ayutla de los Libres, Guerrero. Los dos fueron detenidos de manera arbitraria por tres sujetos armados que dijeron ser policías, el 13 de febrero de 2009. Las autoridades del estado se desentendieron de su desaparición, no investigaron, mucho menos actuaron con presteza para dar con su paradero. Su inacción les brindó todas las facilidades a los autores de esta acción violenta para que los torturaran y ejecutaran sin ningún miramiento.

Fue otro delito de lesa humanidad cometido en una región que está militarizada desde la masacre de El Charco y donde las bandas del crimen organizado han sentado sus reales por tratarse de un corredor boyante para el narcotráfico.

El 28 de diciembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 78/2009 relacionada con los casos de Raúl y Manuel donde señala que hubo varias violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los agraviados occisos, así como de sus familiares, por negarles el derecho a la seguridad jurídica, la legalidad y el acceso a la procuración de justicia. La recomendación va dirigida al gobernador del estado, al Congreso local y al presidente municipal de Ayutla. Lamentablemente, la CNDH no reconoce a Raúl y Manuel como defensores de derechos humanos, tampoco habla de la tortura ni de la desaparición forzada. Lo preocupante es que da por cerrado el caso, cuando es del dominio público que la investigación fue atraída por la Procuraduría General de la República.

Además de los graves riesgos que enfrentan los defensores y defensoras, existe una tendencia muy marcada para desacreditar, denigrar y hasta criminalizar su trabajo por parte de las autoridades que violentan los derechos humanos. Se les ignora y se busca neutralizarlos para hacerlos más vulnerables y que sean blancos fáciles de una agresión.

En el estado de Guerrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas provisionales a 107 defensores y defensoras, mayoritariamente indígenas, ante los graves e inminentes riesgos que enfrenta desde que se consumó el artero crimen contra Raúl y Manuel. A pesar de estas medidas, las amenazas siguen focalizándose contra mujeres indígenas que han denunciado violaciones sexuales cometidas por el Ejército.

Este atrevimiento por parte de Inés Fernández Ortega junto con su esposo Fortunato Prisciliano, les ha costado muy caro, porque han sufrido hostigamientos y amenazas desde hace tres años. Durante este tiempo, han tenido que aprender a vivir con miedo, a correr el riesgo de sufrir una agresión en el camino o de que en su parcela sean vigilados por personas que portan armas. Inés Fernández ha llorado en silencio la muerte de su hermano Lorenzo, quien fue encontrado muerto, con visibles huellas de tortura, en la orilla del río de Ayutla, el 10 de febrero de 2008.

Lorenzo fue integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa y participó en la denuncia contra las autoridades de salud, quienes esterilizaron de manera forzada a 14 indígenas de El Camalote, municipio de Ayutla. Hasta la fecha, la Procuraduría de Justicia no ha presentado ningún avance de las investigaciones. Los únicos datos que obran en el expediente son las primeras diligencias que consisten en el levantamiento cadavérico y la declaración de dos testigos de identidad. Lorenzo Fernández fue víctima de tortura y de una ejecución extrajudicial, en un ambiente donde impera la impunidad y donde los defensores caminan por el desfiladero de la montaña, donde los militares, bandas del crimen organizado y paramilitares comparten el mismo territorio.

Por su parte, Valentina Rosendo Cantú, otra indígena que fue violada por elementos del Ejército, desde hace siete meses está siendo hostigada por personas desconocidas que la vigilan y siguen de forma intermitente todos sus desplazamientos, llegando al extremo de atentar contra la seguridad de su pequeña hija.

Paradójicamente, en nuestro país son las mujeres, las grandes defensoras de los derechos humanos, las que están enfrentando esta guerra cruenta, donde el Ejército y los policías usan todo el poder destructor para impedir que las voces femeninas sean escuchadas.

Abel Barrera Hernández

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/24/la-guerra-contra-los-defensores-de-los-derechos-humanos/

El pasado 23 de septiembre se conmemoró, en prácticamente todo el mundo, el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. La importancia de divulgar esta cruzada es evidente en la medida en que se trata de dos fenómenos –profundamente asociados entre sí- que día con día cobran numerosas víctimas y lastiman a amplias franjas de la población más vulnerable en nuestras sociedades. Además, se trata de problemas que lejos de estar plenamente resueltos desafían la capacidad de las autoridades nacionales e internacionales para hacerles frente.

A 10 años de la conferencia de Bangladesh –donde se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la Coalición contra el tráfico de Personas y a partir de la cual esta conmemoración anual tiene lugar- los retos son mayúsculos. La trata de personas y la explotación sexual son prácticas a partir de las cuales se benefician poderosas redes transnacionales del crimen las cuales obtienen ganancias multimillonarias que, entre otras cosas, les permiten corromper autoridades y conquistar grandes áreas de impunidad.  Y lo que es más grave aún, muchas de estas redes operan impunemente en distintos países del mundo en consecuencia de la indiferencia que han adoptado sus respectivas sociedades frente a este flagelo. En ocasiones, aduciendo reglas no escritas o cierto “relativismo cultural”, los abusos, la explotación y distintas formas de agresión contra las mujeres y los niños son prácticas comunes y ampliamente toleradas.

Foto: www.elespectador.com

De acuerdo con distintas estimaciones las actividades relacionadas con estos ilícitos tales como el turismo sexual, la pornografía infantil y el trabajo forzoso se calculan económicamente en 32 mil millones de dólares anuales, sin tomar en cuenta el costo que para los países más afectados representan los gravísimos e irreversibles daños físicos, psicológicos y sociales de las víctimas.

La esclavitud del siglo XXI –como algunos la han denominado- se beneficia además de su carácter subrepticio y del apoyo que recibe de ciertos grupos de considerable poderío económico. De acuerdo con un reciente reporte del Departamento del Trabajo del Gobierno estadounidense, hay más de 58 países en donde niños, hombres y mujeres, prácticamente esclavizados cosen prendas de vestir, cosechan café, recolectan productos mineros y elaboran ladrillos. Son en total 122 productos en 58 países del mundo que se venden en buena parte del planeta. Pero eso tan sólo en lo que respecta a esta faceta de la explotación. Hablando de explotación sexual, 4 millones de mujeres y niñas son reclutadas anualmente para prostituirse y muchas más son víctimas de abusos permanentes sin que deriven jamás en una denuncia judicial.

En México hay avances sustanciales pero retos y omisiones aún muy graves. La estructura institucional y legal para dar la batalla contra estos lastres se ha fortalecido recientemente y sin embargo su pleno aprovechamiento está lejos de ser satisfactorio. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, informó recientemente que de enero de 2008 a la fecha, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) ha atendido a 48 víctimas y puesto en marcha 39 averiguaciones previas. Aunque ya estableció un programa para generar acciones de prevención y capacitar a los ministerios públicos en estas materias, el número de casos es indicativo no de nuestro avance sino de nuestro rezago. Casos emblemáticos como el de “Casitas del Sur”, entre otros, reflejan muy bien el reto que entraña para la impartición de justicia en nuestro país. Además, nuestra triple condición de país de envío, recepción y tránsito de migrantes complican mucho más nuestra situación.  Cientos de miles de personas cruzan la frontera norte del país como víctimas de ese delito y cientos de miles más llegan a México en la misma calidad. Para clarificarlo basta un botón de muestra. Tan sólo en México hay, según el INEGI, 16 mil menores -mexicanos y extranjeros- en las garras del turismo sexual y la pornografía.

Saltan a la vista, por tanto, los desafíos que enfrentamos en esta materia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha venido insistiendo en la necesidad de que el país desarrolle sistemas de seguimiento y sistematización de la información para combatir estos delitos. Además, distintas organizaciones no gubernamentales han señalado que es necesario homologar la legislación penal en las 32 entidades federativas para una eficaz coordinación en la persecución y prevención de estas prácticas. Desde luego, hacen falta más y mejores campañas de difusión sobre trata de personas para sensibilizar a la población sobre la importancia de denunciar y rechazar este fenómeno. Sin menoscabo de los esfuerzos nacionales hay que emprender nuevos mecanismos de cooperación internacional. Especialmente uno con los Estados Unidos para dar fin a la triste situación actual en la que nuestro país es el segundo- después de Tailandia- que más víctimas de trata le provee.  Pero antes que todo esto, lo prioritario en esta lucha tendría que ser una transformación cultural de fondo para que en ninguna familia, institución, grupo étnico, religioso o social de este país, se tolere la trata o la explotación en cualquiera de sus múltiples y nocivas modalidades.

Artículo publicado el pasado 26 de septiembre en Milenio Diario del EdoMéx

Tim Hetherington para Vanity Fair, fotografía del año

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La próxima semana estara lista para todos ustedes la World Press Photo 2008, la cual es traida a México con la ayuda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La exposición la cual tendra como sede el Museo Franz Mayer (frente a la Alameda, metro Bellas Artes), busca sensibilizar a los expectadores sobre temas como la violencia, la guerra, la pobreza y la exclusión entre otros, los cuales han tocado al mundo en los últimos meses.Les informo que este viernes 10 de octubre, habra una conferencia magistral impartida por Jan Banning, un fotografo holandés y el próximo sábado 19  se presentarán los trabajos de distintos fotoperiodistas seleccionados como candidatos al Joop Stwart Masterclass, un concurso que organiza la misma World Press Photo para ayudar a los ganadores profesionalmente a base de la teoria y la práctica. Para los que se van a dar una vuelta, no olviden su credencial para que les hagan descuento

11 y 12 de agosto de 2008
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Programa

Lunes 11 de agosto
10:00 hrs. Inauguración

10:15 hrs. 1808, el estallido de la libertad
Dr. Eduardo Martiré

11:00 hrs. Imaginario territorial del Movimiento juntista a ambos lados del Atlántico
Dr. Rafael Estrada Michel

11:30 hrs. 1808 en México
Dr. José Luis Soberanes Fernández

12:00 hrs. La Audiencia de México en la crisis constitucional de 1808 de la monarquía hispana
Dr. Rafael Diego Fernández de Sotelo

12:30 hrs. Preguntas y respuestas

13:00 hrs. La funcionalidad autárquica de los ayuntamientos novohispanos como signo y caracteres de la independencia
Dr. José de Jesús López Monroy

13:30 hrs. El ambiente jurídico de Primo de Verdad
Lic. Alejandro Mayagoitia
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Martes 12 de agosto

10:00 hrs. La monarquía de España antes de Bayona
Dr. Feliciano Barrios

10:45 hrs. Melchor de Talamantes: la conciencia de la crisis constitucional
Dr. Alfredo Ávila

11:15 hrs. Influencia del pensamiento de Francisco Suárez en el liberalismo español
Dr. Rigoberto G. Ortiz Treviño

11:45 hrs. Preguntas y respuestas

12:15 hrs. Protonacionalismo constitucional 1808
Dr. José Ramón Narváez Hernández

12:45 hrs. Marco jurídico-político de la Puebla de los Ángeles en 1808
Dr. Juan Pablo Salazar Andreu

13:15 hrs. La etiología de los orígenes filosófico jurídico de un documento sobre el plan de independencia de fray Melchor de Talamantes
Dr. Juan Pablo Pampillo

13:45 hrs. 1808: autonomía e independencia
Mtro. Juan Carlos Abreu Abreu
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Sede
Auditorio “Héctor Fix Zamudio”
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.
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Informes
Secretaría Académica del IIJ
Tels. 5665 2436 y 5622 7457
Fax 5665 3344
saiij@servidor.unam.mx
www.juridicas.unam.mx

Miércoles 20 de agosto de 2008

Coordinadora Paola Mena Rojo
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Programa

10:00 a 10:15 hrs. Inauguración
Dip. Fed. Omeheira López Reyna, Cámara de Diputados, México
Dr. José Luis Soberanes Fernández, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México
Mtro. Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri, Centro Nacional de Derechos Humanos, México
Dr. Héctor Fix Fierro, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México
Presentadora: Mtra. Paola Mena Rojo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México

10:20 a 10:40 hrs. Concepto de violencia familiar
Dr. Ricardo Ruiz Carbonell, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México
10:40 a 10:50 hrs. Preguntas y respuestas
Moderadora: Mtra. Paola Mena Rojo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México

10:50 a 11:10 hrs. Violencia Familiar y Lenguaje
Dra. Maria Dolores Muñoz Cano, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México
11:10 a 11:20 hrs. Preguntas y respuestas
Moderador: Dr. Alan Arias, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México

11:20 a 11:40 hrs. Violencia Familiar a través de la Literatura Mexicana Contemporánea
Dra. Eugenia Revueltas, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México
11:40 a 11:50 hrs. Preguntas y respuestas
Moderadora: Dra. Monserrat Pérez Contreras, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México

11:50 a 12:00 hrs. Receso

12:00 a 12:20 hrs. Violencia desde el Derecho Familiar
Dr. Julián Güitron Fuentevilla, Facultad de Derecho, UNAM, México
12:20 a 12:30 hrs. Sesión de preguntas y respuestas
Moderadora: Dra. Nuria González Martín, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México

12:30 a 12:50 hrs. Violencia de Genero
Dra. Alicia Elena Pérez Duarte, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México
12:50 a 13:00 hrs. Preguntas y respuestas
Moderador: Dr. Javier Moctezuma Barragán, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México

13:00 a 13:20 hrs. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Lic. Lucia Rodríguez, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México
13:20 a 13:30 hrs. Sesión de preguntas y respuestas
Moderador: Dr. Sergio García Ramírez, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México

13:30 a 17:00 hrs. Receso

17:00 a 17:20 hrs. Medidas precautorias desde la LGAMVLV
Jueza Rocío Morales, Juzgado num.61 en materia Penal del D.F., México
17:20 a 17:30 hrs. Sesión de preguntas y respuestas
Moderadora: Dra. Olga Islas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México

17:30 a 17:50 hrs. Maltrato Infantil
Dra. Mónica González Contró, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México
17:50 a 18:00 hrs. Sesión de preguntas y respuestas
Moderadora: Mtra. María Elena Lugo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México

18:00 a 18:20 hrs. Violencia contra personas adultas mayores
Lic. Marisela Medina Tapia, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México
18:20 a 18:30 hrs. Sesión de preguntas y respuestas
Moderadora: Lic. Karen Torres, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México

18:30 a 18:50 hrs. Violencia contra personas con discapacidad
Lic. Rosario Violeta Montiel, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México
18:50 a 19:00 hrs. Preguntas y respuestas
Moderadora: Mtra. Teresa Ambrosio, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México

19:00 a 19:10 hrs. Clausura
Dr. José Luis Soberanes Fernández, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México
Mtro. Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri, Centro Nacional de Derechos Humanos, México
Dr. Héctor Fix Fierro, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México
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Sede
Auditorio “Héctor Fix Zamudio”
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

Informes
Secretaría Académica del IIJ
Tels. 5665 2436 y 5622 7457
Fax 5665 3344
saiij@servidor.unam.mx
www.juridicas.unam.mx