El pasado jueves, el PSOE conseguía el primer paso para reformar la Ley de Extranjería tras la votación en el Congreso de los Diputados. Una reforma criticada por ONGs y Sindicatos, que la consideran muy peligrosa para los inmigrantes que ya viven en nuestro país, pues no podrían acceder a servicios públicos básicos, como la Sanidad y la Educación.

“Si sale adelante el redactado actual de la reforma de la Ley de Extranjería, los inmigrantes que se encuentren en el Estado español en situación irregular quedarán fuera de la Sanidad y la Educación públicas porque no podrán empadronarse, condición necesaria para acceder a estos servicios”, denuncian desde la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), sindicatos como UGT y CCOO y entidades sociales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas Española y la Red Acoge.

La polémica reside en el artículo 6.3 del texto, en el que se identifica el concepto de “residencia” con el de “autorización de estancia o residencia legal”, excluyendo a los inmigrantes que se encuentran en nuestro país sin papeles. Para la coordinadora del Área de Análisis y Desarrollo Social de Cáritas Española, Ana Abril, esto tendrá una doble consecuencia: por un lado, supondrá “un recorte del derecho a asistencia sanitaria y a la educación” de los inmigrantes. Por otro, “se invisibilizará la realidad porque los ayuntamientos no tendrán una clara percepción” de la población en el municipio.

Entre las propuestas que han presentado las ONGs, destaca la modificación del artículo relativo al acceso a la Educación de los extranjeros, precepto modificado por el Tribunal Constitucional para hacer efectivo este derecho y que en la propuesta del Gobierno podría rozar la “inconstitucionalidad” ya que, según explica Abad, “la reforma limita de forma clara el acceso a la educación no obligatoria”. Asimismo, las ONG denuncian restricciones para los extranjeros en materia de vivienda social, ya que el anteproyecto de reforma plantea la residencia de larga duración (más de cinco años legalmente) como condición para el acceso a estas ayudas. Con este requisito “no sólo estamos mermando su derecho sino también provocando una política ineficiente”, señalaron las ONG.

Por otra parte, la Coordinadora de ONGD de España denuncia en el documento “Reforma de la Ley de Extranjería. Análisis desde la perspectiva de desarrollo”, que “la política migratoria española está adquiriendo orientaciones claras hacia intereses estrictamente económicos. (…) La reforma actual de la LOEX supone un paso más en la consolidación de una política restrictiva en lo que a temas migratorios se refiere (…) y tendrá consecuencias sobre temas centrales para las ONGD, como son la coherencia de políticas y la construcción de un modelo incluyente de sociedad, así como la educación para el desarrollo. La reforma supondrá un retroceso en la defensa de los derechos de la sociedad en su conjunto y afectará negativamente a la credibilidad y eficacia de la cooperación española, repercutiendo directamente en el trabajo que las ONG de Desarrollo están desarrollando tanto en los países de origen de la migración como en nuestro país”.

Por todo esto, la CONGDE insta al Gobierno a abrir de nuevo el texto de reforma de la Ley de Extranjería al diálogo social, incorporando en el debate las voces críticas de las numerosas organizaciones sociales y de cooperación para el desarrollo que demandan una Política de Migraciones que equipare los derechos ciudadanos para todas las personas que residen en el Estado español, con independencia de su origen.

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