Parece que, tras mas de tres años de sesudas deliberaciones, el Tribunal Constitucional está por fin decidido a pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatuto Catalán. Los movimientos que se están produciendo en distintos ámbitos sociales, políticos e incluso periodísticos reflejan el nerviosismo que está cundiendo ante la eminente pronunciación del alto tribunal.

¿Por qué hemos llegado a esta situación?. Desde mi punto de vista existen varios motivos que, desde su misma concepción, convirtieron el Estatuto en un aborto y, como bien se sabe: lo que mal empieza mal acaba.

El origen del Estatuto Catalán no fue una necesidad social o una reivindicación clamorosa del pueblo catalán como tratan de vendernos determinados medios, sino una reivindicación, una más, de los partidos nacionalistas más radicales que, aprovechándose de la necesidad que tenía José Luis Rodríguez Zapatero de sus votos para auparse al sillón de la Moncloa, le plantearon el siguiente chantaje como si de una transición comercial se tratara: Estatuto por Presidencia del Gobierno.

Es así que se aprobó el nuevo texto estatutario aún a sabiendas que presentaba varios apartados que podían considerarse claramente inconstitucionales, lo que provocó el rechazo del principal partido de la oposición y por tanto de una gran parte de la sociedad española a la que representa. Este rechazo parlamentario se concretó posteriormente al presentar el recurso de inconstitucionalidad; dicho recurso fue avalado también por el Defensor del Pueblo al presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad.

Hace unos días doce periódicos catalanes entraron en el debate publicando un editorial conjunto con el fin de condicionar la decisión del Constitucional, en el que defienden el Estatuto valiéndose de argumentos tales como la voluntad del soberano pueblo catalán manifestada en las urnas o los distintos consensos políticos que conllevaron a la redacción el mismo. Lo que no dicen estos mismos periódicos es que están siendo manejados como títeres por el poder político catalán, el mismo poder político que, vía subvenciones, les mantiene maniatados periodística, intelectual y éticamente.

Respecto a la voluntad del soberano pueblo catalán, considero que ésta ya fue claramente manifestada el mismo día del Referéndum al abstenerse de votarlo mas de un 60% de la ciudadanía.

Caso aparte es el papel desempeñado en todo este proceso por el Tribunal Constitucional. Dicho Tribunal, acuciado por una gran falta de credibilidad desde el momento mismo de su nombramiento por el poder político, está cayendo en el descrédito más absoluto después de dejar transcurrir 3 años largos sin atreverse a pronunciarse sobre un tema tan trascendental como este. Sabido es que tan delito es el que se comete por acción como por omisión. El sentido de servidumbre al que los nombró parece que está paralizando a los Magistrados a la hora de tomar una decisión. Dicho pronunciamiento debería estar sujeto únicamente a los dictados, en la letra y en el espíritu, del texto constitucional; olvidándose de toda la parafernalia política y mediática que está tratando de condicionar y dirigir la decisión de los Magistrados a favor de unos u otros intereses. Por todo ello pedimos una decisión que sólo debe de cumplir dos requisitos: que sea ajustada a derecho y lo más pronto posible.-

El presidente del Congreso, senador Javier Cáceres Leal, le solicito a la Corte Constitucional la revisión del fallo que declaró inexequible el acto legislativo 01 de 2008 aprobada por la Corporación que preside, y que permitía a los trabajadores de entidades públicas nombrados en provisionalidad en sus cargos antes de 2004, inscribirse en carrera administrativa de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público.

En reunión con miembros del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y varias de sus organizaciones sindicales afiliadas, el Presidente del Congreso se comprometió en pedir que se examine con detalle la decisión adoptada por el alto tribunal, teniendo en cuenta que afecta a más de 120.000 servidores públicos de todo el país.

El senador Cáceres fue uno de los defensores del acto legislativo mientras cursó su trámite en la Comisión Primera de Senado, a la que perteneció antes de asumir la Presidencia del Congreso.

“No comparto la decisión de la Corte Constitucional, por eso solicitaré esta semana, como presidente del Congreso, que se revise el fallo”, precisó en ese momento el senador Cáceres Leal.

Francisco Maltas, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), destacó la posición adoptada por el Presidente del Congreso, porque brinda una esperanza a los trabajadores que laboran en entidades públicas de continuar en sus cargos.

Según el líder sindical, al no prosperar el acto legislativo, varios empleados que ocupaban cargos en provisionalidad han sido despedidos de las entidades públicas donde laboraban.

En la reunión con el presidente del Congreso asistieron miembros de los sindicatos: Sintraenal, Sinalserpub, Sindistritales, Sintracaja de Vivienda Popular, Sintraencali, Sintrahospital Universitario del Valle y Sintraltraempross y de la CUT.
Oficina de Prensa Senador Javier Cáceres Leal
Presidente del Congreso de la República

Javier Caceres Leal, Presidente del Senado de la Republica

Bogotá, D.C., Septiembre 25/2009

Señores

HONORABLES MAGISTRADOS

Corte Constitucional

Ciudad

Referencia: Solicitud de Nulidad de la Sentencia C-588 del 27 de agosto de 2009.

Honorables Magistrados:

Yo, JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL, identificado con cédula de ciudadanía 9.092.613 de Cartagena, en mi calidad de ciudadano colombiano y como Presidente del Congreso de la Republica, propongo incidente de nulidad contra la sentencia C-588 del 27 de agosto de 2009, con base a las siguientes consideraciones:

De Conformidad con los previsto en el articulo 49 del Decreto 2067, “la nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegado antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso, podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el Proceso”.

Según lo señalado por la propia jurisprudencia de la Honorable Corte constitucional, el articulo 49 en cita “se refiere la potestad de la Sala Plena declara nulo un proceso o parte de él, cuando se detecten una violación flagrante del derecho al debido proceso. Y, tratándose de violaciones a este derecho, es posible que estas se presenten en cualquier etapa del proceso, dentro de las cuales esta incluida la sentencia. Por ello, atendiendo al principio según el cual la nulidad en un proceso sólo puede ser alegada después de ocurrida la causal, que lo genera, entonces en los casos que la novedad se ha producido en la etapa procesal de la sentencia, es decir, en el momento de la toma de la decisión, esta no puede ser alegada sino después de dicho momento”.

Tal como ha ocurrido en el caso de la decisión adoptada en sentencia C-588 del 27 de agosto del 2009, la mayoría de la Sala Plena de la Corte Constitucional, ha incurrido en una clara vulneración del principio constitucional del debido proceso, en tanto declaro la inexequibilidad de un acto legislativo a partir del cotejo de su contenido, con el contenido del articulo 125 de la Carta y los contenidos Constitucionales, relativos a: “(i) (…) los fines del Estado (art. 2) y las finalidades de la función administrativa (art. 209); (ii) (…) los derechos de las personas, entre los que se destacan en primer término el derecho de acceder al desempeño de cargos públicos previstos en el articulo 40-7 de la Constitución y el derecho de los trabajadores a la estabilidad y demás garantías. Contempladas en el articulo 53 superior. (iii) (…) el derecho a la igualdad, particularmente como igualdad de trato y como igualdad en el punto de partida”.

En efecto, lo anterior indica la vulneración de la regla de competencia establecida en los artículos 241-1 y 379 de la Constitución, según la cual el alcance del control de constitucionalidad ejercido sobre los actos legislativos, le otorga a la Corte Constitucional competencia para declararlos inexequibles únicamente por la configuración de vicios en el procedimiento de su formación. Lo que a su vez quiere decir que las normas constitucionales que pueden fungir como parámetro de control en estos casos, son aquellas que describen el trámite de las reformas Constitucionales con origen en el Congreso.

En este orden, al utilizar como parámetro de control de constitucionalidad normas constitucionales cuyo contenido no describen procedimiento alguno para tramitar un acto legislativo, la Corte se ha arrogado una competencia que la Constitución expresamente vedó. Por ello, se ha configurado una causal de nulidad en el proceso de decisión de la sentencia C-588 de 2009, consiste en la falta de conformidad de las regla de competencia utilizadas al momento de la decisión, y las que la misma Constitución disponen para el control de actos reformatorios constitucionales. Esto es, que el procedimiento pre-establecido para estos casos ha sido modificado por el Juez de control de Constitucionalidad, por lo cual la decisión en cuestión debe ser anulada.

De los Honorables Magistrados.       

Senador Javier Caceres Leal

Presidente del Senado de la Republica

Senador Javier Caceres Leal, Presidente del Senado de la Republica

Donada la importància del gest, em permeto reproduir en aquest blog, l’editorial conjunt que 12 diaris catalans publiquen avui en defensa de l’Estatut i de la dignitat de Catalunya.  Publiquen aquest editorial els següents diaris:

El Periódico, La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa.

La dignitat de Catalunya

Després de gairebé tres anys de lenta deliberació i de contínues maniobres tàctiques que han malmès la seva cohesió i han erosionat el seu prestigi, el Tribunal Constitucional pot estar a punt d’emetre sentència sobre l’Estatut de Catalunya, promulgat el 20 de juliol del 2006 pel cap de l’Estat, el rei Joan Carles, amb el següent encapçalament: «Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat, els ciutadans de Catalunya han ratificat en referèndum i Jo vinc a sancionar la llei orgànica següent». Serà la primera vegada des de la restauració democràtica de 1977 que l’alt tribunal es pronuncia sobre una llei fonamental ratificada pels electors. L’expectació és alta.

L’expectació és alta i la inquietud no és escassa davant l’evidència que el Tribunal Constitucional ha estat empès pels esdeveniments a actuar com una quarta Cambra, confrontada amb el Parlament de Catalunya, les Corts Generals i la voluntat ciutadana lliurement expressada a les urnes. Repetim, es tracta d’una situació inèdita en democràcia. Hi ha, no obstant, més motius de preocupació. Dels 12 magistrats que componen el tribunal, només 10 podran emetre sentència, ja que un (Pablo Pérez Tremps) està recusat després d’una espessa maniobra clarament orientada a modificar els equilibris del debat, i un altre (Roberto García-Calvo) ha mort. Dels 10 jutges amb dret a vot, quatre continuen en el càrrec després del venciment del seu mandat, com a conseqüència del sòrdid desacord entre el Govern i l’oposició sobre la renovació d’un organisme definit recentment per José Luis Rodríguez Zapatero com el «cor de la democràcia». Un cor amb les vàlvules obturades, ja que només la meitat dels seus integrants estan avui lliures de contratemps o de pròrroga. Aquesta és la cort de cassació que està a punt de decidir sobre l’Estatut de Catalunya. Per respecte al tribunal –un respecte sens dubte superior al que en diverses ocasions aquest s’ha mostrat a si mateix–, no farem més al·lusió a les causes del retard de la sentència.

Avanç o retrocés
La definició de Catalunya com a nació al preàmbul de l’Estatut, amb la consegüent emanació de símbols nacionals (¿que potser no reconeix la Constitució, al seu article 2, una Espanya integrada per regions i nacionalitats?); el dret i el deure de conèixer la llengua catalana; l’articulació del Poder Judicial a Catalunya, i les relacions entre l’Estat i la Generalitat són, entre altres, els punts de fricció més evidents del debat, d’acord amb les seves versions, ja que una part significativa del tribunal sembla que està optant per posicions irreductibles. Hi ha qui torna a somiar amb cirurgies de ferro que tallin de soca-rel la complexitat espanyola. Aquesta podria ser, lamentablement, la pedra de toc de la sentència.

No ens confonguem, el dilema real és avanç o retrocés; acceptació de la maduresa democràtica d’una Espanya plural, o el seu bloqueig. No només estan en joc aquest o aquell article, està en joc la mateixa dinàmica constitucional: l’esperit de 1977, que va fer possible la pacífica transició. Hi ha motius seriosos per a la preocupació, ja que podria estar madurant una maniobra per transformar la sentència sobre l’Estatut en un verdader tancament amb pany i forrellat institucional. Un enroc contrari a la virtut màxima de la Constitució, que no és sinó el seu caràcter obert i integrador. El Tribunal Constitucional, per tant, no decidirà únicament sobre el plet interposat pel Partit Popular contra una llei orgànica de l’Estat (un PP que ara es reaproxima a la societat catalana amb discursos constructius i actituds afalagadores).

Els pactes obliguen
L’alt tribunal decidirà sobre la dimensió real del marc de convivència espanyol, és a dir, sobre el més important llegat que els ciutadans que van viure i van protagonitzar el canvi de règim a finals dels anys 70 transmetran a les joves generacions, educades en llibertat, plenament inserides en la complexa supranacionalitat europea i confrontades als reptes d’una globalització que relativitza les costures més rígides del vell Estat nació. Estan en joc els pactes profunds que han fet possible els 30 anys més virtuosos de la història d’Espanya. I arribats a aquest punt és imprescindible recordar un dels principis vertebradors del nostre sistema jurídic, d’arrel romana: Pacta sunt servanda. Allò pactat obliga.

Hi ha preocupació a Catalunya i cal que tot Espanya ho sàpiga. Hi ha alguna cosa més que preocupació. Hi ha un creixent atipament per haver de suportar la mirada irada dels que continuen percebent la identitat catalana (institucions, estructura econòmica, idioma i tradició cultural) com el defecte de fabricació que impedeix a Espanya assolir una somiada i impossible uniformitat. Els catalans paguen els seus impostos (sense privilegi foral); contribueixen amb el seu esforç a la transferència de rendes a l’Espanya més pobra; afronten la internacionalització econòmica sense els quantiosos beneficis de la capitalitat de l’Estat; parlen una llengua amb més marge demogràfic que el de diversos idiomes oficials a la Unió Europea, una llengua que, en lloc de ser estimada, resulta sotmesa tantes vegades a un obsessiu escrutini per part de l’espanyolisme oficial, i acaten les lleis, per descomptat, sense renunciar a la seva pacífica i provada capacitat d’aguant cívic. Aquests dies, els catalans pensen, sobretot, en la seva dignitat; convé que se sàpiga.

Som en vigílies d’una resolució molt important. Esperem que el Constitucional decideixi atenent les circumstàncies específiques de l’assumpte que té entre mans –que no és sinó la demanda de millora de l’autogovern d’un vell poble europeu–, recordant que no existeix la justícia absoluta, sinó només la justícia del cas concret, raó per la qual la virtut jurídica per excel·lència és la prudència. Tornem a recordar-ho: l’Estatut és fruit d’un doble pacte polític sotmès a referèndum.

Solidaritat catalana
Que ningú es confongui, ni malinterpreti les inevitables contradiccions de la Catalunya actual. Que ningú erri el diagnòstic, per molts que siguin els problemes, les desafeccions i les contrarietats. No som davant d’una societat feble, postrada i disposada a assistir impassible al deteriorament de la seva dignitat. No desitgem pressuposar un desenllaç negatiu i confiem en la probitat dels jutges, però ningú que conegui Catalunya posarà en dubte que el reconeixement de la identitat, la millora de l’autogovern, l’obtenció d’un finançament just i un salt qualitatiu en la gestió de les infraestructures són i continuaran sent reclamacions tenaçment plantejades amb un amplíssim suport polític i social. Si és necessari, la solidaritat catalana tornarà a articular la legítima resposta d’una societat responsable.

Versión en castellano

La dignidad de Cataluña

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: «Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratifi cado en referendo y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica». Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el alto tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectación es alta.

La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta Cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los 12 magistrados que componen el tribunal, solo 10 podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los 10 jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el «corazón de la democracia». Un corazón con las válvulas obturadas, ya que solo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo–, no haremos mayor alusión a las causas del retraso de la sentencia.

Avance o retroceso
La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de símbolos nacionales (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de la misma. No solo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras).

Los pactos obligan
El alto tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años 70 transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado-nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posibles los 30 años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que, en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta, sino solo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referendo.

Solidaridad catalana
Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.

                                             ***

Del blog de Carlos Guadián, y gracias al trabajo de Jessica Fillol, rescato otros blogs de gente de todos los ámbitos y colores políticos que se han sumado a este editorial:

 Miquel Iceta, Jose Rodríguez, Carlos Guadian, Cristian Alcázar, Joan Ramon Bernabé, Manuel Cáceres, Jordina Freixanet, Silvia Castaño, Lourdes Muñoz, Jordi Tort, Albert Medran,Montse Capdevila, Magda Casamitjana, Bernardo Muñoz, Jonatan Márquez Cervantes, Arnau Ramírez, Pia Bosch, Pablo Fernández Magrazo, Antoni Sabaté, Pep Molsosa, Paco Aranda, Roger Senserrich, Carme Sánchez, Joan Calzado, Jéssica Fillol, Enric Llorens, Ernest Benach, Àngels Castells, Edgar Rovira,Xavier Peytibi, Trina Milan, Marc Pallarés, Martí Cabré, Jordi Riera, Jordi Benplantat,Mònica Capell, Carles Oriach, Eduard Batlle, Roc Fernández, Miquel Quinta, Joan Gavaldà, Rubèn Novoa, Toni Ibáñez, Jaume Moreno, Ivan Aranda, Josep Maria Rosell, Carles Puigdemont, Neus Serra Joan Güell David Hernández Llonch,Alejandro Ribó, Iñaki Escudero, Guillem López Bonafont, Gemma Urgell, Marc Fargas, Iban Rabasa, Joan Anton Sànchez, Carles Banús, Roger Mestre, Salva Grifell, Rafel Lujan, Javier Maján, Borja Aitor Arriaga, David Egea, Jordi Torrents,Manel Escribà, Sònia Díaz, Yago Abascal, Marta Carreras, ferranbdn, la ramera escarlata, quotidianitat, las malas lenguas, César Calderón, José Luis Salgado,Miguel Ángel Vázquez. Joan Mansito critica la reacción de determinada prensa ante el editorial conjunto. Toño Fraguas hace una lectura crítica del editorial. e-notícies se hace eco de la que se ha organizado en la blogosfera!

José Rodríguez (aka @trinitro), entre otros, está haciendo seguimiento por twitter de las adhesiones de los blogs. Twitter arde!! También se ha creado una causa en Facebook para darle soporte.

Doncs que resulta que un parell de blocaires com són el Ruben Novoa o  l’observatori de ciberpolítica de José Rodriguez s’han adherit a l’editorial conjunt dels diaris catalans, tot reproduint-lo.

Com assenyala José Rodríguez “Creo que como bloguero catalán, comprometido políticamente es mi obligación reproducirla aquí:”  Doncs bé, ens apuntem, què coll…

La dignidad catalana

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: «Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referendo y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica». Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el alto tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectación es alta.

La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta Cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los 12 magistrados que componen el tribunal, solo 10 podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los 10 jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el «corazón de la democracia». Un corazón con las válvulas obturadas, ya que solo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo–, no haremos mayor alusión a las causas del retraso de la sentencia.

Avance o retroceso

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de símbolos nacionales (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de la misma. No solo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras).

Los pactos obligan

El alto tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años 70 transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado-nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posibles los 30 años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que, en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta, sino solo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referendo.

Solidaridad catalana

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.

A questão posta no REsp cinge-se à discussão sobre a possibilidade de retificar registro civil no que concerne a prenome e a sexo, tendo em vista a realização de cirurgia de transgenitalização.

A Turma entendeu que, no caso, o transexual operado, conforme laudo médico anexado aos autos, convicto de pertencer ao sexo feminino, portando-se e vestindo-se como tal, fica exposto a situações vexatórias ao ser chamado em público pelo nome masculino, visto que a intervenção cirúrgica, por si só, não é capaz de evitar constrangimentos. Assim, acentuou que a interpretação conjugada dos arts. 55 e 58 da Lei de Registros Públicos confere amparo legal para que o recorrente obtenha autorização judicial a fim de alterar seu prenome, substituindo-o pelo apelido público e notório pelo qual é conhecido no meio em que vive, ou seja, o pretendido nome feminino.

Ressaltou-se que não entender juridicamente possível o pedido formulado na exordial, como fez o Tribunal a quo, significa postergar o exercício do direito à identidade pessoal e subtrair do indivíduo a prerrogativa de adequar o registro do sexo à sua nova condição física, impedindo, assim, a sua integração na sociedade. Afirmou-se que se deter o julgador a uma codificação generalista, padronizada, implica retirar-lhe a possibilidade de dirimir a controvérsia de forma satisfatória e justa, condicionando-a a uma atuação judicante que não se apresenta como correta para promover a solução do caso concreto, quando indubitável que, mesmo inexistente um expresso preceito legal sobre ele, há que suprir as lacunas por meio dos processos de integração normativa, pois, atuando o juiz supplendi causa, deve adotar a decisão que melhor se coadune com valores maiores do ordenamento jurídico, tais como a dignidade das pessoas.

Nesse contexto, tendo em vista os direitos e garantias fundamentais expressos da Constituição de 1988, especialmente os princípios da personalidade e da dignidade da pessoa humana, e levando-se em consideração o disposto nos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, decidiu-se autorizar a mudança de sexo de masculino para feminino, que consta do registro de nascimento, adequando-se documentos, logo facilitando a inserção social e profissional.

Destacou-se que os documentos públicos devem ser fiéis aos fatos da vida, além do que deve haver segurança nos registros públicos. Dessa forma, no livro cartorário, à margem do registro das retificações de prenome e de sexo do requerente, deve ficar averbado que as modificações feitas decorreram de sentença judicial em ação de retificação de registro civil. Todavia, tal averbação deve constar apenas do livro de registros, não devendo constar, nas certidões do registro público competente, nenhuma referência de que a aludida alteração é oriunda de decisão judicial, tampouco de que ocorreu por motivo de cirurgia de mudança de sexo, evitando, assim, a exposição do recorrente a situações constrangedoras e discriminatórias. REsp 737.993-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10/11/2009 (ver Informativo n. 411).

Colaboração: www.stj.jus.br

Ministro compara redemocratização dos países

Em palestra no parlamento da Hungria, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, comparou a experiência do Brasil, com a redemocratização do país e a Constituição de 1988, com a da Hungria e outros países do Leste Europeu, que também tiveram de reconstruir suas instituições democráticas, após o colapso do império soviético.

O ministro participou, nessa terça-feira (24/11), em Budapeste, de simpósio sobre “Política e Lei em Justiça Constitucional; da Doutrina de Questões Políticas à Política Judiciária”, na sede do parlamento húngaro.

Na sua palestra (clique aqui para ler a íntegra em inglês), o ministro relatou a experiência brasileira de revisão constitucional, iniciada com a Constituição de 1988, e a transformação de um sistema democrático antes meramente formal, durante 20 anos de regime militar, para uma democracia real, envolvendo também a redução de desigualdade acumuladas ao longo de anos.

O presidente do STF falou ainda das dificuldades de administrar a crescente demanda que chega à Suprema Corte. Relatou que, em determinadas questões, o Supremo decidiu promover audiências públicas para ouvir diversas tendências e diversos segmentos da sociedade.

“No Brasil, os Poderes da República estão preparados e maduros para um diálogo político inteligente sobre as limítrofes de cada um deles”, disse. Procurando interpretar a Constituição de 1988 dentro da realidade concreta do país, disse, a Suprema Corte tem cumprido este papel respeitando a independência dos Poderes Legislativo e Executivo.

O simpósio no parlamento húngaro contou com a participação do presidente da Corte Constitucional da República da Hungria, Peter Paczolay, e de diversos palestrantes. O evento está inserido nas comemorações do 20º aniversário de existência da Corte Constitucional da República da Hungria, iniciadas nessa segunda-feira (23/11).

O presidente do STF também fez uma palestra sobre omissão constitucional, na Universidade Károli Gáspár, em Budapeste. O ministro mostrou como funciona o sistema Judiciário brasileiro e a TV Justiça, através de um vídeo institucional da emissora. Foram formuladas perguntas sobre a garantia dos direitos subjetivos em face da omissão inconstitucional e sobre a manutenção dos direitos de preservação de informações pessoais.

Com informações da Assessoria de Imprensa do STF.

Revista Consultor Jurídico, 25 de novembro de 2009

Conjur

Concurso Público para Procurador da República e Requisito Temporal – 1
O Tribunal, por maioria, denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral da República, que indeferira a inscrição definitiva do impetrante no 24º concurso público para provimento de cargos de Procurador da República, por julgar não preenchido o requisito temporal constante do respectivo edital, qual seja, o de atenderem os candidatos, “no ato de inscrição definitiva, à exigência de 3 (três) anos de atividade jurídica na condição de bacharel em direito”. Pretendia o impetrante fossem consideradas, para a contagem daquele requisito temporal, as seguintes atividades: 1) atuação no corpo técnico do Núcleo de Assessoria do 3º Setor da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, tanto no período anterior quanto posterior a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; e 2) exercício no cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil. Salientou-se, inicialmente, que o regulamento do concurso em questão (Resolução 93/2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal) não teria sido impugnado por nenhum candidato, e que o impetrante aderira ao certame, concordara com seu regulamento, ao se inscrever, bem como assinara declaração de conhecimento da norma inserta no art. 44 da Resolução.
MS 27606/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 12.8.2009. (MS-27606)

Concurso Público para Procurador da República e Requisito Temporal – 2
Em seguida, afirmou-se que o tempo de assessoria prestado à ULBRA antes da inscrição do impetrante na OAB não poderia ser considerado para os fins pretendidos. No ponto, esclareceu-se que a função desempenhada pelo impetrante, não obstante a ULBRA atestar que seria privativa de bacharel em Direito, não teria vínculo algum com a Administração Pública, razão por que não poderia ser enquadrada como desempenho de cargo, emprego ou função pública, nos termos do art. 44, § 3º, II, da Resolução 93/2007 (“§ 3º – A comprovação do exercício de atividade jurídica será feita por intermédio dos seguintes documentos: I – certidões de cartórios e secretarias, publicações, petições protocolizadas ou outro meio igualmente idôneo para a comprovação da prática de atos privativos de advogado, não bastando a mera inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. II – certidão de exercício de cargo, emprego ou função pública, privativos de bacharel em Direito.”). Aduziu-se, também, haver óbice legal à pretensão do impetrante fundada no inciso I do citado dispositivo regulamentar quanto ao período anterior a sua inscrição na OAB, haja vista o disposto nos artigos 1º, II, 3º e 4º do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94: “Art. 1º São atividades privativas de advocacia: … II – as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. … Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. … Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.”).
MS 27606/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 12.8.2009. (MS-27606)

Concurso Público para Procurador da República e Requisito Temporal – 3
De igual modo, reputou-se não ser possível considerar o tempo de exercício no cargo de Analista Tributário da Receita Federal pelo impetrante depois de formado em Direito, para fins de comprovação de atividade jurídica, nos termos do art. 44, § 3º, II, da aludida Resolução, por não se tratar de cargo público privativo de bacharel em Direito. Observou-se que, apesar do disposto nos artigos 1º e 2º da Resolução 4/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público (“Art. 1º Será considerada como atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em direito, aquela exercida por ocupante de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior, nos quais prepondere a interpretação e aplicação de normas jurídicas. Art. 2º A comprovação da exigência do período de três anos de atividade jurídica deverá ser formalizada no ato da inscrição definitiva do concurso por intermédio de documentos e certidões que demonstrem efetivamente o exercício da atividade jurídica no período exigido.”), o Plenário, ao julgar a ADI 3460/DF (DJU de 15.6.2007), teria consignado que a expressão “atividade jurídica”, prevista no art. 129, § 3º, da CF corresponde ao desempenho de atividades que exijam a conclusão do bacharelado em Direito, hipótese na qual não se enquadraria o exercício do cargo público de Analista Tributário da Receita Federal. Concluiu-se, assim, que o § 3º do art. 44 da Resolução 93/2007 teria redação semelhante à norma declarada constitucional pelo Supremo no julgamento da citada ação direta e que o Conselho Superior do Ministério Público Federal teria, portanto, se guiado pela orientação fixada pelo próprio Supremo naquele julgamento. Vencidos os Ministros Carlos Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello que concediam a ordem.
MS 27606/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 12.8.2009. (MS-27606)

Eleição de Dirigentes de Escola Pública
O Tribunal, por maioria, julgou procedente ação direta ajuizada pelo Partido Social Cristão – PSC para declarar a inconstitucionalidade do art. 308, XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro — que prevê a participação da comunidade escolar nas eleições diretas para a direção das instituições de ensino mantidas pelo Poder Público —, bem como da Lei 2.518/96, que regulamenta o citado dispositivo, e do art. 5º, I e II, da Lei 3.067/98, do mesmo Estado-membro, que assegura a participação de professores, demais profissionais de ensino, alunos e responsáveis no processo de escolha dos dirigentes, e a participação dos responsáveis legais pelos alunos e dos discentes no processo de avaliação do ensino-aprendizagem. Considerou-se violado o disposto nos artigos 2º; 37, II; 61, § 1º, II, c e 84, II e XXV, todos da CF, os quais submetem à discrição do Poder Executivo a iniciativa de leis tendentes a mudar o regime jurídico de provimento dos cargos de diretor de escolas públicas, que são em comissão e, como tais, de confiança do Chefe daquele Poder, a quem o ordenamento confere as prerrogativas de livre nomeação e demissão ad nutum, incompatíveis com o sistema de eleições. Vencido o Min. Marco Aurélio que, reportando-se ao voto proferido quando do exame de concessão da medida acauteladora, julgava improcedente o pedido.
ADI 2997/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 12.8.2009. (ADI-2997)

CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.

A Turma reiterou o entendimento segundo o qual viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF/1988), aplicável tanto na esfera penal como na administrativa, afastar-se o candidato do concurso público, de que participava (para o provimento de cargo na polícia civil estadual), não obstante a constatação, na fase de investigação social, de que o impetrante tinha contra si inquérito policial e procedimento administrativo sem nenhuma sentença transitada em julgado quanto às acusações a ele atribuídas. Outrossim, uma vez absolvido por ausência de provas, sem ter havido nem mesmo interposição de recursos contra a sentença absolutória pelo Parquet, cabível o direito do impetrante de participar das etapas finais do certame, tomadas as devidas providências necessárias a esse propósito pela administração. Precedentes citados do STF: AgRg no RE 559.135-DF, DJe 13/6/2008; do STJ: RMS 11.396-PR, DJe 3/12/2007, e REsp 414.933-PR, DJ 1º/8/2006. RMS 13.546-MA, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/11/2009.

Ausência de réu à audiência não gera nulidade

O Plenário do Supremo Tribunal Federal reiterou, nesta quinta-feira (19/11), que a ausência de réu à audiência de testemunhas não gera nulidade processual. A corte, por maioria de votos, rejeitou recurso ajuizado pela defesa de Valdecir Cristiano da Silva Quintanilha. O advogado sustentou que o não comparecimento do réu à audiência de oitiva de testemunhas — feita por meio de carta precatória — fere o devido processo legal.

O relator, ministro Cezar Peluso, reconheceu Repercussão Geral à questão, mas negou o recurso. Para ele, não há nulidade porque o réu não manifestou intenção de comparecer ao ato processual. O relator rejeitou argumento da defesa de que a circunstância ofenderia os direitos listados no artigo 5º, incisos LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa) da Constituição.

A decisão não foi unânime. Os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello divergiram do relator. Para Marco Aurélio, a presença do réu é fundamental, pouco importando se ele tenha manifestado ou não o desejo de comparecer. “A premissa do meu voto é a de que se trata de formalidade essencial. Nesse campo, não há disponibilidade, uma vez que os preceitos que regem a matéria são cogentes, e não simplesmente dispositivos”, afirmou.

Ao acompanhar a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello afirmou que o acusado tem o direito de comparecer à audiência, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais, especialmente os produzidos durante a fase de instrução do processo penal. O ministro afirmou que as dificuldades de ordem prática apresentadas pelo poder público para descumprir esse direito do réu são recorrentes e conhecidas, desde o tempo em ele atuou como promotor de Justiça no estado de São Paulo.

“São sempre as mesmas alegações, quanto à dificuldade ou inconveniência de remover os acusados a outros pontos do estado ou dentro de grandes comarcas, como é o caso de São Paulo. Ocorre que razões de conveniência administrativa não têm nem podem ter precedência sobre exigências constitucionais. É importante assegurar ao réu preso o direito de audiência de um lado, e o direito de presença, de outro, esteja preso ou não. São prerrogativas essenciais que derivam da garantia do devido processo legal”, afirmou Celso de Mello.

Com informações da Assessoria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal.

RE 602.543

Revista Consultor Jurídico, 20 de novembro de 2009

Conjur

O STJ entendeu ser cabível a condenação do dano moral pela recusa indevida de cobertura médica do plano de saúde da recorrente para efetuar procedimento cirúrgico bariátrico. Precedentes citados: REsp 993.876-DF, DJ 18/12/2007, e REsp 663.196-PR, DJ 21/3/2005. REsp 1.054.856-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/11/2009.

Colaboração: www.stj.jus.br

Questão pendente há 19 anos no STF volta à pauta

Depois de 19 anos, questão de ordem suscitada no Plenário do Supremo Tribunal Federal, em abril de 1990, está pronta para julgamento na corte. A análise do caso foi viabilizada pelo ministro Dias Toffoli, que assumiu o cargo em 23 de outubro passado. O processo estava parado em seu gabinete

O recurso tem como autor a Indústrias JB Duarte S/A, de São Paulo. O Agravado é o estado de São Paulo. O relator original da matéria, ministro Moreira Alves (aposentado), suscitou questão de ordem sobre a competência do STF para o julgamento do caso em discussão. Ele envolve prescrição em matéria de ICMS, objeto de execução fiscal.

Dois pedidos de vista paralisaram o julgamento do processo, em 1989 e 1990. Por ocasião do segundo pedido, dois ministros já haviam votado pelo não conhecimento do recurso, determinando sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, igual pedido de vista foi renovado em 28 de abril de 2004.

No último dia 12, o ministro Dias Toffoli devolveu os autos do processo para seu julgamento ser incluído na pauta do Plenário do STF. Atualmente, há 51 processos devolvidos após pedido de vista, prontos para voltar a Plenário.

Com informações da Assessoria de Imprensa do Superior Tribunal de Justiça.

AI 132.755

Revista Consultor Jurídico, 17 de novembro de 2009

Conjur

Uma paciente que sofre de diabetes e teve um derrame nos vasos sanguíneos dos olhos ganhou o direito de ter seu tratamento custeado pelo Estado do Rio Grande do Norte. A decisão, publicada no Diário da Justiça de hoje, é da juíza de direito substituta da 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal, Dra. Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas.

Na ação, J.L.R. alegou que é portadora de diabetes há cerca de 20 anos e com a evolução da doença sofreu um derrame nos vasos sanguíneos dos olhos, recebendo o diagnóstico de “Retinopatia Diabética Proliferativa” – CID H36.0, H35.2, H54.1 e, necessita realizar tratamento através do procedimento VITRECTOMIA e para tanto precisa tomar uma dose do medicamento AVASTIN 100 MG, bem como vitamina OE.

Porém, em razão do alto custo do medicamento – R$ 1.631,12 -, buscou a justiça para fazer valer o seu direito à saúde. Sustentou seu pedido no direito constitucional à saúde. Depois da fundamentação, requereu liminar a fim de que o Estado forneça o medicamento AVASTIN 100 mg, que necessita, confirmando tal medida no mérito.

Para a juíza, a Constituição da República, em seu art. 196, diz que a saúde é “direito de todos e dever do Estado”, o que deverá ser garantido através de políticas públicas que possibilitem o acesso universal e igualitário às ações e serviços. A Constituição Estadual, por sua vez, em seu art. 125, diz que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

De acordo com a magistrada, a dever da Administração de adquirir os medicamentos necessários ao atendimento de pessoas carentes e portadoras de doenças raras, bem como de pessoas que necessitam de tratamento continuado, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado através de entraves burocráticos ou qualquer outra justificativa, como argumentado pelo Estado a ausência de previsão orçamentária, pois o que a Constituição impõe é a obrigatoriedade do Estado de garantir a saúde das pessoas, seja através de uma boa e eficiente qualidade do serviço de atendimento, seja pela aquisição de medicamentos.

Assim, observou que ficou evidente o direito da autora a receber o medicamento AVASTN 100 Mg, às custa do réu, para realizar o procedimento médico necessário para o restabelecimento de seu estado de saúde. Com isso, J.L.R. receberá o medicamento AVASTIN 100 Mg, na forma e quantidade especificada pelo seu médico. (Processo nº 001.09.017661-9)

Colaboração: www.tjrn.jus.br

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor dos pacientes em que se pretende a declaração da nulidade das interceptações telefônicas realizadas no procedimento investigatório. Diante disso, a Turma concedeu a ordem por entender que foi constatado que o acesso às informações protegidas por sigilo constitucionalmente garantido foi possibilitado por decisão que não atendeu aos requisitos elencados pelo legislador ordinário. Segundo o entendimento da Turma, trata-se de medida açodada, pois se provou que indícios de autoria poderiam ser colhidos com o depoimento dos sócios da empresa investigada, ato por diversas vezes postergado pela própria autoridade policial e realizado apenas após a autorização de interceptação telefônica objurgada, circunstância que evidencia a preterição, pelo juiz, dos requisitos indisponíveis para o abrandamento do sigilo das comunicações telefônicas. O Min. Relator destacou que este Superior Tribunal já decidiu ser ilegal a interceptação telefônica deferida sem a observância dos requisitos elencados nos incisos do art. 2º da Lei n. 9.296/1996. No caso, o objeto primordial das investigações era o suposto crime de apropriação indébita previdenciária e também estaria sendo praticado o delito de sonegação fiscal, fato que também motivou a quebra do sigilo telefônico dos investigados. Também, este Superior Tribunal entende que se tem por ilegal qualquer ato investigatório, dentre os quais a quebra de sigilo telefônico destinada à colheita de provas acerca de crime contra a ordem tributária, sem que se tenha notícia da constituição definitiva do crédito tributário tido por sonegado. HC 128.087-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 27/10/2009.