La Fundación para la Defensa de la Nación Española organiza el próximo sábado 21 de Noviembre en Madrid un acto que llevará por título: España después de la Sentencia del Tribunal Constitucional. Los fundamentos constitucionales frente al desafío del Estatuto de Cataluña. Los interesados deberán confirmar su asistencia enviado un mail con sus datos a gestion@nacionespanola.org.

 

La Fundación DENAES reafirmará en esta jornada su compromiso con una visión unitaria de España,  desde el convencimiento  de que el Estatuto de Cataluña supone el mayor ataque al proyecto nacional español durante toda la democracia, y desde la certeza de la ilegitimidad del TC para alumbrar una nueva nación catalana, para consagrar la ruptura del principio de igualdad entre los ciudadanos españoles,  o para dar por buena la relación bilateral entre Cataluña y el resto de España.

PROGRAMA DEL ACTO

11:00     PRESENTACIÓN

SANTIAGO ABASCAL CONDE, Presidente de la Fundación DENAES.

11:15     MESA REDONDA: ASPECTOS INCONSTITUCIONALES DEL ESTATUTO DE CATALUÑA

 ANA MUÑOZ MERINO, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario.

JUAN PABLO GONZÁLEZ, Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ, Abogado y Catedrático de Derecho Administrativo.

12:15     PAUSA – CAFÉ

12:30     MESA REDONDA: EL TC ANTE LA ENCRUCIJADA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

ALEJO VIDAL QUADRAS, Vicepresidente del Parlamento Europeo PP.

ALFREDO PÉREZ DE ARMIÑÁN, Letrado de las Cortes Generales.

FRANCISCO SOSA WAGNER, Catedrático de Derecho Administrativo y Eurodiputado de UPyD.

IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, Diputado en el Congreso del Partido Popular.

13:45     CLAUSURA

EL ACTO SE DESARROLLARÁ EN EL  HOTEL WELLINGTON. C/ Velázquez 8 -  MADRID

liberalismoonline@gmail.com

El esqueleto normativo de cualquier sociedad tendrá, obligadamente, que ser su Constitución. No como puede ser visto por algunos, por el hecho de contener el catálogo programático de los “fines sociales”, es decir, por contener los lineamientos y objetivos del Estado, sino por establecer el límite al poder encomendado a unos pocos y ciertos mecanismos estructurales que permiten tomar decisiones dentro de los campos permitidos a ese poder.

Como explica el profesor Jorge Carpizo en su obra Estudios Constitucionales, la Constitución para algunos, los adeptos a la doctrina constructivista, parte de la convicción que “… se puede realizar una ordenación total del Estado, de una vez y para siempre, en el que queden subsumidos todos los casos particulares” y agrega que “(l)a posibilidad de la razón para hallar ese ordenamiento inmutable y que proporciona el orden y la estabilidad política. En esta forma la Constitución no sólo es expresión de un orden, sino que es la creadora del mismo.” Esta concepción, como se ve, implica que ese orden se supedita a una voluntad expresa y conocida, que puede establecerle fines específicos.

La historia nos demuestra que lo anterior no fue lo que se tenía en mente cuando se redactó y promulgó la primera constitución escrita de la historia moderna: la de la Unión Americana.

La Constitución de los Estados Unidos de América fue pensada primordialmente como un mecanismo para limitar los poderes de quien lo ostentara. No fue una decisión simple, sino que se da en un proceso en el que los colonos se dan cuenta que la Constitución británica no podía ser invocada con éxito frente al Parlamento, por lo que “…llegaron a la conclusión que tenían que edificar los cimientos que faltaban…”, por lo que redactaron una constitución con el fin de establecer un gobierno limitado. Era un documento que buscaba únicamente limitar los poderes de quien estuviere en el gobierno, llámese rey, congreso, parlamento o senado.

El sistema parece que puede dar grandes resultados, crear la economía y el nivel de vida más alto de la historia en tan sólo unas cuántas generaciones. Basta ver la historia desplegada, en alrededor de 5,000 años, bastaron menos de 200 años -1776 a 1920- para que los Estados Unidos de América pasara de ser un grupo de colonias sobreviviendo, a convertirse en el país que representa alrededor de un tercio de la “economía” mundial.

He dicho que esta Constitución fue la primera, y por lo tanto debe ser el modelo que muchas otras constituciones del mundo han seguido. Es además la de más larga vida, pues es básicamente la misma que al momento de entrar en vigencia. ¿Cuál ha sido el error en las otras Constituciones? Me atrevo a decir que el error radica en nosotros mismos y los espejismos que creemos –en esa Fatal Arrogancia, pues gracias a “…la restringida capacidad de nuestra inteligencia, los objetivos inmediatos aparecen siempre muy importantes y tendemos a sacrificar a ellos las ventajas a largo plazo” y se inicia con la era de las “Constituciones progresistas” que bajo la idea de otorgar el poder de los gobernantes, incluyen funciones específicas y metas a cumplir, desvirtuando la figura de un control del ejercicio del poder, volviendo las mismas un catálogo de funciones y metas por alcanzar, creando, no un poder limitado, sino un poder ilimitado, circunscrito al cumplimiento de esos fines programados.

La actual Constitución Política de la República de Guatemala data de 1985, con entrada en vigencia en 1986. Recuerdo que en aquel momento, a pesar de haber contado con sólo 10 años, se me presentó la Constitución como la salvación a nuestros problemas, se dijo que su contenido y redacción eran de lo más progresista y moderno, en el que el gobierno debía cumplir con metas establecidas para lograr el bien común.

A esa edad, sin comprender nada de lo que oí, creí que todas esas palabras significaban algo bueno. Ahora comprendo que lo único que esas palabras querían decir es que quien ostentara el poder podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando lo justificara como una de las metas “constitucionales”. Basta leer algunos artículos de nuestra Constitución para comprender lo que digo. Por ejemplo, el derecho a la libertad de acción, es decir, el poder hacer cualquier acto que no atente contra la propiedad, vida o libertad de otro individuo, se convierte en un derecho garantizado en el sentido que todos pueden hacer todo aquello que la “ley” no prohibe. Y “ley” será aquello que el Congreso de la República decrete y el Presidente de la República promulgue, con lo que la limitación del poder no es más que un espejismo formal, ya que es totalmente discrecional, según la concepción ideológica de quienes los ostentan, y no un claro dique para su ejercicio.

Nuestro sistema constitucional no es más que un sistema que permite a una minoría electa (gobernantes: diputados, ejecutivo, etcétera) por una mayoría temporal y relativa (únicamente al momento de la elección y dentro de las personas que emitieron voto válido, no de toda la población) establecer el contenido de las limitaciones a todos y cada uno de nosotros.

Nada escapa de este espejismo de contar con un sistema constitucional. La potestad de imponer tributos está contenida en ella y regulada de la misma manera que la libertad de acción, utilizada como ejemplo en líneas anteriores.

Si vemos el contenido de la Constitución en cuanto a la materia impositiva, encontraremos que:

Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación…

Exploraremos en las siguientes entradas la interpretación de estas normas.

Ainda estou para encontrar um texto de Ronald Dworkin que não seja extraordinário. Parece que suas conferências não fogem do padrão: vejam abaixo a memorável palestra “Democracy and Religion: America and Israel“, proferida em 2008:

Dworkin preocupa-se, como de hábito, em ser claro e didático, ao ponto que talvez sejam até um pouco maçantes os primeiros trinta minutos do vídeo, ao menos para quem já está um pouco familiarizado com o seu pensamento. Nessa parte, ele introduz a questão e lança os fundamentos que utilizará para abordá-la. A questão: há Estados religiosos e seculares, e ambos podem ser tolerantes a (des)crenças e práticas religiosas; porém, Estados religiosos tolerantes poderão ser democráticos? O fundamento é sua ideia de que democracia não é apenas a regra da maioria, mas exige também, em síntese, que a comunidade trate cada cidadão com igual respeito e consideração, o que só se pode fazer levando a sério os seus direitos. Isso impõe, dentre outras, a exigência de que o Estado seja secular: não pode ser religioso, mesmo que seja tolerante (em vez de “secular”, podemos também dizer “laico”, palavra tão cara aos franceses).

Dworkin fala brevemente dos Estados Unidos, defendendo o caráter secular dos princípios estruturantes do constitucionalismo, do sistema político americano. Não relatarei aqui seus argumentos. Sobre o assunto, vejam este lúcido, brilhante  e corajoso discurso pronunciado por Barack Obama na condição de candidato a presidente:

Depois de falar brevemente do caso americano, Dworkin entra no problema maior que se propõe a abordar na palestra: Israel. Segundo Dworkin, trata-se de um Estado religioso judeu, e isso é inconciliável com uma democracia constitucional. Destaco alguns aspectos do caráter religioso antipluralista de Israel apontados por Dworkin:

- Israel se reconhece abertamente como Estado judeu, especialmente por meio do seu direito – a começar da própria Constituição. Além de diversos elementos da simbologia oficial do Estado (inclusive a bandeira), haveria grandes fragmentos de leis retirados diretamente dos textos sagrados do judaísmo. As leis que regem casamento e divórcio, por exemplo, estariam entre elas, de modo que em Israel, segundo Dworkin, o casamento só é possível se acontecer por meio de uma cerimônia religiosa judaica.

- Dworkin informa que os 20% dos cidadãos israelenses que são de origem árabe ocupam somente 4% das terras. As causas, segundo ele,  não são apenas econômicas: resultam de políticas nacionais discriminatórias. A distribuição de terras historicamente priorizou notoriamente os judeus. Segundo Dworkin, os investimentos governamentais nas cidades majoritariamente judias são mais de 100 vezes maiores (por habitante) do que nas cidades de habitantes árabe-israelenses. Outro indício talvez ainda mais grave e absurdo é que o governo israelense mantém dois sistemas escolares, um para judeus e outros para palestinos (e os demais árabes). Não  preciso dizer que existe um abismo de qualidade entre eles…

- A política imigratória de Israel é fundada no “direito de retorno” dos judeus. Isto é, o critério de pertencimento à comunidade cívica não é dado pela política, mas por um fundamento de tipo étnico/religioso. Dworkin problematiza a ideia sionista de que há de fato um “povo” judeu pelo mundo: qual vínculo eles compartilham? Qual história, qual cultura, qual identidade? Mas, mesmo pondo de lado essa questão e concedendo que de fato haja um “povo” judeu ou uma etnia judaica (num sentido religioso, cultural ou genético), continua sendo extremamente problemático considerar que deve ser essa a base da vinculação do Estado. A ideia de que a cada “povo” em sentido étnico e cultural deve corresponder uma comunidade cívica, um Estado, é problemática: além de ser inviável na prática, não é esse o tipo de vínculo que o constitucionalismo democrático propõe como fundamento da comunidade política. O fundamento da comunidade política deve ser dado pelo compartilhamento de princípios de caráter político-jurídico, materialmente abertos para uma pluralidade de formas de vida e culturas (desde que comprometidas com esse núcleo principiológico). A discussão sobre esse assunto é enorme e das mais fascinantes… Para ficar com o próprio Dworkin, remeto ao capítulo 6 de O império do direito, em que ele expõe sua concepção de comunidade política – e argumenta por que a integridade, conceito fundamental criado por ele, é imprescindível para caracterizá-la como tal.

O critério de aceitação de estrangeiros com base étnica/religiosa é discriminatório não apenas visto de fora, mas também desde o ponto de vista interior de Israel: oficializa-se a discriminação contra os 20% da população de Israel que não são judeus, pois trata-se de política que assumidamente busca mantê-los como população de segunda classe a ser mantida sob controle numérico – para não desfigurar a comunidade…É uma política que diz a alguns (1/5) dos seus cidadãos: não queremos outros como vocês aqui: vocês são um problema, um distúrbio, uma ameaça ao nosso modo de vida e à nossa pátria. Portanto, trata-se de uma política que não atende ao critério da integridade, do igual respeito e consideração por cada cidadão.

A proposta de Dworkin é que Israel, para o seu próprio bem (inclusive em termos geopolíticos, na análise dele), torne-se um Estado secular. Que trate com igualdade todos os cidadãos, e o critério para concessão de cidadania a novos indivíduos seja se ele compartilha dos princípios políticos fundadores da comunidade – e não se pertence a determinada etnia, casta, religião…

Meu objetivo, neste post, era apenas apresentar as severas e bem fundamentadas críticas de Dworkin ao Estado israelense. A manipulação midiática é incrível: os Estados árabes são pintados pela grande imprensa como teocracias, enquanto Israel, como uma democracia liberal. Bem, aí está um grande e insuspeito liberal norte-americano, Dworkin, a dizer que não é nada disso… Além de ajudar a esclarecer o conflito árabe-israelense, acredito que o serviço maior prestado por Dworkin está na qualidade de sua reflexão, que  pode nos ajudar a pensar nossa própria realidade política e jurídica, seus fundamentos e sua relação com a religião. Aí, acredito que o pensamento de Dworkin, embora extremamente útil, poderá encontrar alguns limites… Voltarei a eles outro dia.

PS: o discurso de Barack Obama de 2008 foi corajoso porque era um tabu na política americana mencionar também os ateus, os descrentes, quando se tratava de liberdade religiosa. É preciso ter coragem para afirmar peremptoriamente, como fez Obama, que “não somos uma nação cristã”.

PPS: Dworkin é liberal porque pertence à tradição do liberalismo igualitarista. Seu grande antecessor nesse aspecto é Rawls. Porém, a teoria dworkiniana é original, apresentando conceitos novos de liberdade, igualdade, comunidade política e direito (com destaque para a noção de integridade). Assunto para outro texto…

“Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.” Artículo 2º. de la Constitución Política de la República de Guatemala

“Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.”  Artículo 3º. de la Constitución Política de la República de Guatemala

“Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo.” Artículo 140. de la Constitución Política de la República de Guatemala

“Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida.”  Artículo 141. de la Constitución Política de la República de Guatemala

Han pasado 188 años desde que Guatemala declaró su Independencia y soberanía como una Nación en la que ningún gobierno extranjero u organización debería de intervenir nunca jamás.  Y también han pasado 24 años desde que el Congreso de Guatemala ratificó la actual Constitución Política de la República de Guatemala en el año 1985 luego de largos gobiernos en los cuales los reclamos de la población no habían sido aún satisfechos por el sistema de gobierno.  Los guatemaltecos aún seguían exigiendo paz, el respeto de sus derechos ante la ley, la protección de su propiedad privada y la certeza jurídica que el gobierno aún no les daba.

Esta Constitución de 1985 debía ser la solución y el compromiso vinculante que tendrían los ciudadanos guatemaltecos para regir con una norma fundamental el Gobierno de Guatemala.  Desafortunadamente, esta Constitución tenía serios fallos y debilidades, y permitió el desarrollo de un sistema de gobierno paralelo que alimentaba la impunidad de burócratas e incentivaba la corrupción de los integrantes del sistema de gobierno.

Presidentes han pasado, cientos de congresistas lo han hecho y miles de jueces, magistrados, directores y burócratas de cuello blanco han sido capturados por el dinero sucio y la expoliación de algunos ante la ley.

Ante este caos; un cobarde y oportunista que gobernaba el país decidió lavarse las manos y entregar nuestra soberanía hace varios años al control de la CICIG.  La CICIG habría de ser una comisión internacional que lucharía contra la impunidad en Guatemala.  Su misión era encargarse de solucionar nuestros problemas con recetas paliativas y carentes de certeza.  Su misión era cuidarnos, tal cual niños mocosos y pobres, de los problemas que aquejaban a la sociedad guatemalteca.

Sin embargo, la fuente de los problemas de Guatemala aún existe.  Nuestro sistema de gobierno sigue estando mal y esto ha sido demostrado en las recientes elecciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (entre cientos de otros casos).  La politización de estas elecciones atrajo a la primera plana a la CICIG y a su jefe Carlos Castresana, quien violó la legalidad al declarar que la elección de los magistrados había involucrado componendas políticas.

Es cierto, estas elecciones han sido legitimizadas en un sistema de gobierno fallido y era evidente que serían capturadas por la misma impunidad que pretendía combatir.  Sin embargo, fue Castresana quien aprovechó esta inmunidad y omnipotencia que el cargo que ocupa le otorga para violar nuestra Constitución y el derecho de nuestros Congresistas para decidir y votar lo que a este país le conviene.

Este artículo nunca busca ser nacionalista o patriotero; muchos saben cuanto me repugna tal debilidad de caracter e inteligencia.  Pero sí es un artículo que grita y exige a los guatemaltecos que se hagan responsables de la limpieza de SU hogar y de SUS compromisos como ciudadanos.

El problema de Guatemala y los guatemaltecos debe ser resuelto por nosotros.  Nosotros debemos revisar nuestra Constitución, estudiarla y hacer los cambios que desde hace muchos años se evidenció eran necesarios.

Pensar que la CICIG, la ONU, la OEA o cualesquiera organizaciones pueden resolver y pegar nuestros platos viejos es fatal para preservar el estado y gobierno que aún tiene una esperanza de sobrevivir.

Les pido que piensen y mediten si nos hemos hecho responsables de nuestra obligación como ciudadanos de cumplir con nuestra responsabilidad cívica de exigir un alto al crimen y la impunidad. Y también los invito a pensar si están dispuestos a realmente solucionar nuestros problemas y apoyar una revisión parcial de la Constitución de Guatemala.

Hacer esta revisión parcial a la Constitución es nuestra única esperanza para empezar a enmendar los errores del pasado.  Otro primer paso es exigir a la CICIG que abandone el país y deje a los guatemaltecos responsabilizar de las decisiones que tomó en el pasado y que nos permite ser a nosotros quienes decidamos si nuestros representantes han actuado bien o mal.   La salida de Castresana y el respeto de la soberanía de Guatemala es una condición fundamental para que este país pueda enmendar sus errores.

Yo sé que es difícil responsabilizarse de lo que hicimos, dijiemos o decidimos en el pasado; pero carajo que somos hombres serios, educados, fuertes, inteligentes y maduros y es nuestra obligación aceptar las consecuencias de nuestros actos y reparar los daños.

Repito y grito,

CICIG y Castresana, ¡fuera de Guatemala!

Guatemala es de los guatemaltecos

Señores lectores: Como es habitual, ayer por la tarde, cuando se escondían los últimos rayitos de sol, me dí mi paseo habitual por mi zona. Entre la muchedumbre que se congrega en algunas esquinas, ví que había un grupo de jóvenes. Esos jóvenes realizaban unas pintadas contra el mobiliario urbano (que es un acto despreciable en toda regla). Me quedé observando, desde la distancia, para ver si algún policía le daba por cumplir con su trabajo, pero no tuve la suerte de ver hacer cumplir la ley como ya es habitual en la España de Zapatero. Ese grupo de jovenzuelos delincuentes se salieron con la suya, y un hecho despreciable y delictivo quedó impune, como tantas veces pasa en nuestra ciudad de Madrid. Seguramente tras terminar su “fiesta” de destrucción, se quedaron muy satisfechos, y supongo que volvieron a sus feudos socialistas de algún sitio pobre de alguno de los muchos municipios sin futuro de Madrid sur — el cinturón rojo por excelencia de nuestra capital. Cuento este relato para hablar sobre algunos retos pendientes que nos quedan como liberales democráticos.

Recordemos que la Guerra Fría no sólo fue una cuestión de poderío militar y nuclear. Fue, en su esencia, una batalla de ideas, un choque ideológico sobre dos filosofías opuestas respecto al Estado y su papel. Hasta que todo el mundo no vea la importancia de la libertad, seguirán los conflictos, en mayor o menor medida. Esta lucha intelectual tiene que continuar hasta que la democracia liberal y la libertad triunfen. Yo por mi parte seguiré dando la batalla contra el anarquismo que intenta penetrar el liberalismo y no me limitaré sólo a eso — seguiré dando la cara por mis principios y seguiré haciendo todo lo posible para que el Estado se reduzca y vuelva a reactivarse la libertad económica.

“La Constitución de Cádiz de 1812 ha adquirido un valor casi mítico, como perdurable símbolo de libertad. Un símbolo que se ha proyectado dentro de España y del mundo hispánico, porque con el texto gaditano surge la primera de las constituciones españolas derivadas de la soberanía nacional y orientadas a consolidar los derechos y limitar el poder estatal”

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812

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… y la comunidad internacional entera deberá ser juzgada por la historia.

La noticia del regreso de Manuel Zelaya al territorio hondureño me ha conmocionado.  Este precedente demuestra el poder de los enemigos de la libertad, la felicidad y el derecho de los seres humanos a vivir en paz.  Porque a partir de hoy 21 de septiembre de 2009, ningún país democrático, civilizado y soberano del mundo está libre de la amenaza que el poder de las dictaduras puede ejercer sobre su territorio.  Sin duda, este acto ha demostrado que el poder del dinero es suficiente para destruir sistemas de gobierno que en obediencia de lo establecido por su Constitución decidieron realizar.

Pero esto no ha acabado.  Es muy probable que Manuel Zelaya retome de manera ilegítima y forzada el puesto como Presidente de Honduras.  Luego, realizará las elecciones establecidas para el mes de noviembre y utilizará el discurso populista como bandeirante conciliador y pacifista para seguir ganando adeptos dentro de las masas más pobres e ignorantes del país.

Si esta terrible noticia hubiese ocurrido en mi triste país yo seguramente estaría luchando por mi libertad y exigiría la prisión para este pusilánime traidor.  Mientras tanto, espero que si corre sangre en los próximos días, sea la sangre de los criminales que intentan violar el ejercicio pacífico de lo establecido por la Constitución hondureña.

Por ahora, escuchen las declaraciones del Presidente de Honduras Roberto Micheletti,

Regresé a Guatemala el día de ayer y cuando me narraron la patoaventuresca historia de la captura de los supuestos asesinos de Rosenberg me entristecí.  Esa historia y la noticia publicada el día de hoy sobre la opinión de Castresana respecto a actos de corrupción en las Postuladoras evidenciaron que Carlos Castresana, director de la CICIG ha sido capturado por los corruptos.

Porque Castresana es también un hombre y puede ser seducido, o amenazado, por el dulce sabor del dinero fácil y los negocios que los políticos guatemaltecos acostumbran ofrecer.

El Gobierno de Guatemala confesó ante las Naciones Unidas en diciembre de 2006 que no podía combatir la corrupción e impunidad que gobernaba Guatemala.  Así, violando la soberanía e independencia de Guatemala, el Congreso de Guatemala aprobó en julio de 2007 que estableciera la Comision Internacional Contra Impunidad en Guatemala, CICIG por sus siglas.

Parte 1 de la entrevista hecha a Castresana el 05 de julio de 2009

La Comisión, practicamente reemplazando la obligación fundamental del Gobierno de Guatemala de velar por la justicia y defensa de los derechos individuales de sus ciudadanos debió empezar a protegernos.  Su trabajo ha sido nulo y es evidente que hemos sido engañados y burlados por un aparato internacional que no por eso sería mejor, más fuerte y justo, que los corruptos que nos han llevado a la ingobernabilidad.

El discurso de Castresana sobre los supuestos asesinos materiales del abogado Rodrigo Rosenberg ha demostrado que su única intención es proteger los intereses de los acusados por el abogado en un video póstumo.

La CICIG no es omnipotente por ser una comisión internacional.  Al contrario, es más débil, burocrática y filosóficamente errada por provenir de la estructura organizacional de la Organización que ha marcado la historia de la Humanidad de guerras, conflictos y violaciones de los derechos de los seres humanos.

Castresana ha demostrado que él también es un hombre del cual no podemos fiarnos.  Y vaya que esto es preocupante, porque él no podrá ser nunca juzgado por la justicia guatemalteca si acaso llegase a aparecer información de actos de impunidad cometidos por él u otros empleados con inmunidad diplomática.  Esta no es una acusación formal claro está; pero si es un voto de NO CONFIANZA a un hombre que demostró no vivir bajo principios éticos.

A sabiendas de esto, ¿qué le queda a los guatemaltecos dignos para defenderse?

Pues la única opción viable que ha sido formulada hasta ahora es la ofrecida por Proreforma.  Sí, sin duda que las reformas constitucionales que propone este grupo son la opción que podría poner un freno a la impunidad del país.

Me gustaría pensar que estoy equivocado al no confiar en este abogado; pero simplemente no ha dado ninguna razón para creer en él en las últimas semanas.

¡ah, Guatemala!

¡Basta ya de tanta impunidad!

Apresentadas algumas definições do que vem a ser o constitucionalismo, trago estes pequenos relatos sobre as Constituições que marcaram a história do Brasil.

Vamos  lá.

São 7 as constituições que fizeram a história de nosso País, são elas, a Constituição de:

a. 1824; b. 1891; c. 1934; d. 1937; e. 1946; f. 1967; g. 1988.

1. A Constituição de 1824

É justificada pelo movimento da independência e necessidade de consolidar a soberania nacional.

Estabelecia ela, quatro características essenciais:

a. a adoção de quatro poderes:

1-     legislativo;

2-     executivo;

3-     judiciário;  e,

4-     o poder moderador,  cuja atribuição era solucionar conflitos entre os demais poderes.

b. o voto sensitário, ou seja, para votar ou ser eleito era preciso capacidade financeira

c. previa a religião católica;

d. era semi-rígida.

É bom saber ainda que a Constituição de 1824 era liberal e previa direitos individuais, embora tenha sido nessa época a ocorrência da negação do liberalismo e dos direitos da liberdade;

E mais, foi a 1ª. Constituição a trazer um rol de direitos individuais;

durou 65 anos, foi a constituição que mais durou; e

sofreu uma emenda.

A Constituição de 1824 foi revogada pelo Decreto 1 de 15-11-1889 que regeu o constitucionalismo até 1891.

Em breve as considerações das demais constituições.

Ao iniciar o estudo de Direito Constitucional, depara-se primeiramente, em grande parte dos manuais e cursos da disciplina com o chamado Constitucionalismo. Mas o que vem a ser esse tal Constitucionalismo?

Este, embora não pareça, é um tema que requer muita atenção, eis que  os conceitos são muito distintos na doutrina:

- “Constitucionalismo é a formalização do pensamento liberal”(Said Maluf, Teoria Geral do Estado, pg. 205);

- “Constitucionalismo é o movimento de caráter político e jurídico, de cunho liberal, em evidência entre o final do século XVIII e o término da Primeira Guerra Mundial” (1000 Perguntas E Respostas De Direito Constitucional. http://pt.shvoong.com/law-and-politics/law/constitutional-law/1678718-constitucionalismo).

No entanto, antes de detalhar as considerações e algumas conclusões as quais fui levado, parece importante estabelecer os caminhos por onde andei. Vamos lá.

Constituição e Estado.

Seria grosseria falar sobre Constitucionalismo e não deixar definido antes, o que é Constituição. Constituição deriva do prefixo “cum” e do verbo “stituire“, e significa organizar, compor, constituir. Em sentido comum, é o conjunto de caracteres morfológicos, físicos, e psicológicos que compõem um indivíduo ou objeto.

No Direito, Constituição é, o conjunto de elementos estruturais do Estado, sua composição geográfica, política, social, econômica, jurídica e administrativa. Em “stricto senso”, Constituição é a Lei fundamental do Estado. Pedro Calmon diz que Constituição “é o corpo de leis que rege o Estado, limitando o poder de governo e determinando a sua realização”.

Falar em Estado é falar sobre o homem, o cidadão, o povo e seus anseios, necessidades, enfim…! Há toda uma história que justifica o Estado como o concebemos hoje. E, literalmente pode-se pensar no Estado como um homem, um homem grande. Sabe-se que, e para aqueles que acreditam, de acordo com o Texto Sagrado, a natureza, obra e arte de Deus, o imita, e cria um ser “à sua imagem e semelhança”, o homem. Este, imitando a natureza e a obra de seu Arquiteto, desenvolve a arte de criar. Eis que podemos pensar no Estado como um homem, visto que é fruto da arte do pensamento humano, de suas necessidades, etc…

Este grande homem chamado Estado, imita seu criador, e como ele, é falível. É também composto de órgãos, sendo a Constituição, o coração deste homem, pois distribui funções para o restante dos seus órgãos, organizando-os, ordenando-os, estruturando-os, e regendo sua relação para com seu Artífice afim de cumprir a missão pela qual foi feito: o bem comum e bem estar do Povo. O Estado existe para ele, por ele, pois sem ele não há nada. 

O Estado, portanto foi feito da necessidade de o povo ter um ente superior para reger a si próprio, atribuindo a este capacidade e poderes para prover tais necessidades. Pois, sem o qual, a vida em sociedade seria violenta, perigosa e turbulenta, e cada um faria, por si só, valer o que entende ser seu direito, e reduzida então estaria a condição humana à dos que não pensam.

É a Constituição o contrato que disciplina as relações entre este homem estatal e seu criador. E ao mesmo tempo é ela, como expressão da vontade soberana do povo, o instrumento de que se vale para estabelecer o objetivo do Estado, organizando-o, estruturarando-o, e atribuindo poderes, direitos e deveres para fazê-lo. Visando sempre, cumprir sua missão para com o povo, e não para consigo mesmo, pois aí, perderia sua essência, sua alma, sua condição de existência.

Constitucionalismo, enfim. 

Estabelecidas algumas considerações sobre Constituição e Estado, parece menos complicado falar sobre Constitucionalismo, pois fui levado à várias conclusões/interpretações, e não fui capaz de adotar uma só, pois todas parecem complementar-se.  

Portanto, o pensamento mais prático, objetivo e final sobre o assunto é o de que falar sobre Constitucionalismo é falar sobre a história das Constituições e dos Estados, tratando do modo como foram concebidos, de sua evolução e do contexto que em determinado momento justificava sua razão de ser.

Não excluiria desta exposição as demais conclusões. Assim, do estudo realizado, Constitucionalismo:

- é a materialização do contexto filosófico, social, político e jurídico, na constituição de um Estado;

- é o período histórico marcado pelo expressivo estudo e discussão política e filosófica para a criação de um Estado ideal. Está ligado à criação do Estado;

- é o estudo histórico das formas constitucionais, afim de, com base neles, desenvolver e aperfeiçoar o Estado, estabelecendo princípios e valores essenciais para eficácia de seus fins;

- é o estudo da origem e desenvolvimento do Estado em seu aspecto constitucional;

Origem Formal.

Como já disse meu caro amigo Cleverson, a origem formal do constitucionalismo está ligada às constituições escritas e rígidas dos Estados Unidos da América em 1787, após a independência das 13 Colônias, e da França, em 1791, a partir da Revolução Francesa.

E, assim o é, porque os documentos escritos caracterizam o constitucionalismo, eis que são uma representação sólida da vontade do povo, ou do detentor do poder, e porque solidificam o pensamento filosófico e sociológico predominante em cada período histórico.

Bom, estas são breves considerações, logo estará à disposição a história das constituições no Brasil, ou, o Constitucionalismo no Brasil.

Síntese.

Antes de ir, cabe lembrar em síntese, os conceitos relevantes do texto:

1. Constituição. A constituição organiza o estado, limita seu poder e estabelece direitos e garantias fundamentais, para tanto. É o contrato que disciplina as relações entre o Estado e os elementos que o constituem: POVO, TERRITÓRIO E SOBERANIA. Também se pode dizer que é ela expressão da vontade soberana do povo, o instrumento de que se vale para estabelecer o objetivo do Estado, organizando-o, estruturando-o, e atribuindo poderes, direitos e deveres para fazê-lo.

2. Constitucionalismo é a história das Constituições e dos Estados, tratando do modo como foram concebidos, de sua evolução e do contexto que em determinado momento justificava sua razão de ser.

Exumem Montesquieu… O (trágico) esquecimento da Separação dos Poderes

Um dia atrás do outro me deparo com notícias estranhas e estarrecedoras. Na última oportunidade, manifestei-me sobre o caso Lina Vieira x Dilma Roussef, ainda atual na mídia (agora com o sumiço dos backups de gravação do Planalto – “vê se pode”). Em regra, não colocaria novo post, mas a perplexidade assim me impôs.

Ainda vou na linha do Constitucionalismo, que na sua “nova aparição” (neomoderna, talvez – em alusão à involução da pós-moderna) traz possíveis incongruências e prejuízos futuros que serão percebidos em dias que virão.

Refiro-me, exclusivamente neste, sobre a ascensão do Poder Judiciário, ativismo judicial e supervalorização das expectativas de decisão de Magistrados, o que (por serem supostamente boas), alargam a competência material para o dom ou tarefa de Julgar.

Por constitucionalismo, em seu termo inicial (e resumidamente), entende-se o movimento pelo qual deu força normativa à constituição, deixando de ser mera Carta Política (Luis Roberto Barroso), para, efetivamente, destilar regras, princípios e preceitos, seja para proteção do administrado em relação ao Estado, seja na busca de uma pacificação horizontal. Elevou-se, pois, a hierarquia hermenêutica da Constituição, utilizando-se como um dos fundamentos a “virada Kantiana”, com a aproximação do Direito e da Moral (Dworkin), deixando a Ciência Jurídica de ser vista e interpretada como uma ciência exata, mas sim correlata com diversos ramos, como sociologia, filosofia, medicina, etc…

Havendo, pois, a necessidade de interpretação dos fatos e atos jurídicos à luz da Constituição, certamente seria necessário (como o foi) de uma Carta Magna que pudesse exprimir os anseios majoritários atuais, bem como deixar-se levar pelas mudanças sociais do futuro, já que limita-se à normatizar o quadro social (incluindo-se, ai, costumes, valores, política, etc.) do momento.

Para tanto, ou seja, para deixar-se aberta aos anseios majoritários futuros, fizeram inserir na Carta Fundamental algumas expressões passíveis de modificação no tempo, que alguns doutrinadores chama de cláusulas abertas, gerais, indefinidas, conceitos vagos ou indeterminados, que, por filiação acadêmica, resumo em: acordos incompletamente teorizados (Fernando Átria). São exemplos vários termos, como: democracia, dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, etc., que mudam com o tempo.

Sem embargo da diferença entre constituição rígida e semi-rígida, registramos, en passant, que a rigidez constitucional como cláusula pétrea é salutar ao Ordenamento Jurídico, já que cria condições materiais da manutenção da Ordem Constitucional no tempo, sem que seu fundamento se modifique ao ponto de deixá-la ineficaz ou caduca. Todavia, deixamos outras considerações para textos específicos sobre o assunto.

Enfim: o constitucionalismo trouxe a ética e moral de volta ao mundo jurídico, com elevação das normas consitucionais (regras ou princípios), dentre as quais temos conceitos vagos ou acordos incompletamente teorizados.

A idéia de “separação de poderes” é um desses termos constitucionais (portanto, cogentes na ordem política e social) que sofrem mutação na medida da necessidade de momento.

Faço uma ressalva, ou uma lembrança de escritos anteriores que pude tecer: sou filiado à corrente que credita à manutenção (do) ou busca pelo Poder as modificações mais drásticas nos Estados Modernos. Iniciou-se com a transposição (ou codificação) do jusnaturalismo para o positivismo, embasamento jurídico filosófico que deu à Napoleão os instrumentos necessários para a Revolução Francesa (sem esquecer dos ensinamentos de Sieyes), bem como para a sua continuidade imperialista. Na continuidade histórica, o positivismo (aliado ao ceticismo interdisciplinar) legitimou Hitler a cometer as barbáries que todos já sabemos, valendo a lembrança de que o Nazista foi democraticamente eleito por quase 70% da população (que, por representatividade majoritária) corroborava com suas atitudes anti-semitas.

A Europa devastada pelas 1a e 2a Guerra Mundial não poderia ter melhor ajuda do que a dos Estados Unidos, que no afã de retomar (ou tomar) sua influência sobre a Europa Ocidental (início da expansão do capitalismo), investiu rios de dinheiro ao argumento do Welfare State (Estado do Bem Estar Social), que tentou retomar alguns princípios jusnaturais na tentativa de limitar a atuação estatal (livre na medida que legislado) em favor do indivíduo, que tornava a ser o centro do sistema.

Para tanto, tiveram que diminuir o poder legiferante, nascendo, assim, a ascensão do Poder Executivo, para que implementasse políticas públicas sociais, pró-trabalhadores, pró-hipossuficientes, questionando, sempre que possível, a validade da lei no seu aspecto material (ao passo que no Estado Liberal, antecessor do WelFare State, bastava um processo legislativo formal respeitado para que a lei, independentemetne de seu conteúdo, tivesse validade e eficácia sobre todos os cidadãos).

Este foi [excesso de poder ao executivo], portanto, a pedra de toque das Ditaduras, que legislavam pelo executivo, jungindo-se despreocupação com a coisa pública ao descaso com o ser-opositor. Tentou-se mostrar, a curtas palavras, que coube à busca ou manutenção do Poder as modificações estruturais ocorridas ao longo do tempo, cabendo a pergunta: o que virá com a ascensão desmedida do Poder Judiciário?

Como sabido, e já dito, o movimento constitucionalista solidificou-se, no Brasil, com a Constituição Federal de 1988, promulgada com a promessa de democracia (ainda que meramente representativa), mas que efetivamente tivesse seus agentes políticos escolhidos pelo povo, com o sufrágio obrigatório e universal. O constitucionalismo, portanto, deu normatividade às cláusulas constitucionais, criando esperanças no Poder Judiciário para uma melhor aplicabilidade e, ainda, como um guardião do Ordenamento Jurídico, certamente venda na história um perigo no excesso do legislativo (Estado Liberal) e do executivo (Estado Social – Ditatorial).

Ao Poder Judiciário é dada a palavra final, o ato decisório, a submissão da lei pela sentença ou mera decisão interlocutória de cognição sumária. Não estou a questionar a validade ou legitimidade do alargamento das funções judicantes, no entanto, vejo espantado até onde está-se indo a audácia Jurisdicional, que já legisla (o STF vem retomando as figuras do mandado de injunção e otimizando a ADIN por omissão), revoga leis (quando interpreta diferentemente da mens ou ratio legis) e executa (quando impõe políticas públicas por ordem judicial).

Aliás, a contraposição de política e ordem judicial já é gritante, pois de político nada cabe ao Juiz, a não ser como contingência (segundo Josep Aguiló Regla, a contingência política são as forças de compreensão que envolvem o Julgador ou intérprete, podendo ser situações da vida, a economia, a criação, etc., tendo outros autores definido como pré-compreensão). Mas, mesmo assim, acredito ser correta a judicialização da vontade política, desde que correta, sopesada, inteligente e democrática (existe vasta discussão sobre a legitimidade antimajoritária dos juízes, que não foram eleitos pelo povo, ao contrário dos legisladores, cuja vontade, em tese, deveria prevalecer ao entendimento unitário do Magistrado).

Por Separação de Poders, basicamente, se pode entender a tripartição (ou mais, em outros Estados) entre Legislativo, Judiciário e Executivo, devendo existir um equilíbrio entre eles, um contrabalanceamento proporcional às atividades funcionais e democráticas de cada ente (Montesquieu, com o fúnebre perdão aos diversos autores e filósofos que contribuíram para o aprimoramento e evolução do conceito, que, aliás, está em constante modificação).

Pois bem. Motivou-me a escrever este artigo uma matéria que li no Jornal A Gazeta (Espírito Santo), que assim mancheteava: “Parlamentares capixabas defendem intervenção judicial para moralizar Senado“.

Notem: intervenção judicial para moralizar Senado, dito de outra forma, ativismo judicial em matéria organizacional legiferante. E o pior, proposto e defendido por parlamentares, como se etivessem a abrir as portas (e janelas) de sua casa (que, in casu, é a casa do povo) para contra-majoritários Magistrados.

Assim se manifestou o Senador Gerson Camata:

“Um conselho integrado por gente daqui de dentro não está funcionando. Precisa ter gente de fora. Podemos até ter representantes como líderes partidários, mas precisaríamos de um ministro do STJ, um ministro do STF, um ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), um representante do Ministério Público, um representante do Conselho Nacional de Contabilidade, por causa de  processos  envolvendo desviou de dinheiro. Os líderes de partido seriam necessários para dar mais lisura aos julgamentos”.

Para melhor explicar, o parlamentar fala sobre a dissolução do Conselho de Ética do Senado, tendo em vista que a bancada de oposição abandonou as 05 cadeiras que tinha (das 15 totais) após o arquivamento de 11 denúncias de violação ao decoro por Sarney. Entende, o mesmo, que um Conselho de Ética deve ser composto de Ministros do STF, STJ, TCU, além de contadores e parlamentares.

E complementa Renato Casagrande, quando questionado pela rádio CBN se aprovaria uma intervenção judicial no Senado com participação no Conselho de Ética:

“Eu não descarto isso. Tem gente aqui (Senado) que descarta essa possibilidade de intervenção do Judiciário nas questões do Senado, até pela demora na tramitação dos processos judiciais”

Preocupa-se, apenas e tão somente, com a moralidade na tramitação dos processos judiciais, esquecendo-se, entretanto, de que a Comissão de Ética é órgão/conselho do Poder Legislativo, cujo objetivo é, internamente, julgar seus membros, devidamente escolhidos pelo povo.

Diga-se de passagem, se entendem não existir clima e imparcialidade para a composição de um Conselho de Ética imparcial (tanto que pretendem convocar a violação à Separação dos Poderes), que chamem os primeiros donos da Casa, o povo, os cidadãos.

Se é a busca da imparcialidade e do julgamento enquanto subsunção de fato à norma (aliado aos princípios, porque não convocar alguém do povo (que votou e pode ser votado) para assim fazê-lo? Se a idéia é afastar a (baixa) política, que o faça com legitimados primordiais, mas não Magistrados que sequer são dados à politização, muito menos escolhidos para lá estarem.

Nem mesmo os Ministros do STF e STJ são escolhidos numa lista referendada pela população, pelo que se questiona qual a legitimidade que ele tem para, enquanto eventual membro de órgão legislativo, me ( ou te) representar?

Dessa vez, ao menos, preferiu Magno Malta (dos 03 senadores capixabas) o silêncio: sábia escolha.

Sugiro a criação (ou melhor divulgação, aproximação, etc.) de mecanismos disponibilizados ao povo para contenção de violação a decoro, ética, entre outros, como se pudéssemos ter controle de impeachment sem a necessidade de aprovação pelo próprio legislativo.

Há um texto interessante da Ana Paula de Barcellos sobre o tema controle social, elencando dois itens que redundam no desinteresse do cidadão na vigília política: 1) falta de tempo (o que inclui a necessidade de trabalho para manutenção de uma vida minimanente digna; 2) falta de esperança de que a sua atitude irá mudar o fato pelo qual se insurge.

Conclui, ela, em breves linhas, pela necessidade (sendo poder e dever do Estado) de informar ao cidadão, de forma clara, fácil, objetiva e inteligível, sobre as ações políticas, para que se saiba aonde, como, quando e sobre o que reclamar. Há ainda a possibilidade de unificação de órgãos públicos quando há concorrência de responsabilidade, como é o caso da saúde, onde há tanto a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios (e DF).

Eu, por outro lado, sugiro um recall. Isso mesmo, um recall dos representantes políticos. Na metade do curso legislativo (vereadores, prefeitos, governadores e deputados sendo o curso legislativo de 04 anos, e senadores 08 anos), logo, aos 02 anos de mandatos ou 04 (para senadores), deveria ser oportunizado aos cidadãos, sem obrigatoriedade, um recall, nos mesmos moldes tecnológicos que os TRE’s (Tribunal Regional Eleitoral) vem atuando, com as urnas eletrônicas e divisão inteligente de zonas.

Assim, na metade do mandato os políticos seriam postos à prova da população, que poderá expressar sua aprovação ou não aos atos anteriormente praticas, sendo certo que na hipótese de reprovação de X%, o impeachment seria obrigatório (não passível, pois, de discriocionariedade – ou política – do Legislativo).

Fica a sugestão, que será devidamente detalhada em outro estudo.

Enquanto isso, temos que nos contentar com idéias de juridicização do Senado, com Ministros do STF e STJ dentro da Casa Legislativa, julgando (sem o juízo natural) os ilícitos cometidos pelos Parlamentares.

Em breve teremos Senadores usando toga e peruca, bem como Ministros sendo julgados pelo Conselho de Ética do qual faz parte por faltar com decoro ao, publicamente, mandar seu presidente funcional ir às ruas, como quem “vai às merdas”!

Eis o link para a matéria no Jornal A Gazeta:

http://gazetaonline.globo.com/index.php?id=/local/minuto_a_minuto/local/materia.php&cd_matia=123540

Qual das carecas é a do Gilmar Mendes?

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (4/8), o Projeto de Lei 6.543/06, que permite a qualquer pessoa lesada ou ameaçada de lesão por ato do poder público questionar no Supremo Tribunal Federal se houve o descumprimento de preceito fundamental da Constituição. A matéria deve ser votada ainda em um segundo turno, quando será analisada uma emenda do relator José Eduardo Cardozo (PT-SP), já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. As informações são da Agência Câmara.

Atualmente, podem propor a chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) apenas as autoridades, entidades e órgãos competentes para entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). O PL 6.543/06, de autoria da Comissão Mista Especial da Reforma do Judiciário, procura reverter o veto a um texto de igual teor em 1999.

A possibilidade de qualquer pessoa propor ação dessa natureza perante o STF foi vetada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sob o argumento de que admitir o acesso irrestrito a esse tipo de petição provocaria o congestionamento do Supremo com ações “sem consistência jurídica”. Segundo o projeto, que altera a Lei 9.882/99, quem propuser uma petição com essa finalidade deverá observar os requisitos fixados no Regimento Interno do Supremo e a questão constitucional discutida deverá ser caracterizada como de Repercussão Geral.

A emenda que será votada em segundo turno permite ao interessado pedir que o procurador-geral da República apresente ao STF uma petição sobre o descumprimento de preceito fundamental. Nesse caso, o procurador-geral decidirá se cabe o ingresso do caso no Supremo depois de examinar os fundamentos jurídicos do pedido. Assim, com o endosso da PGR, a ação ganha mais força do que se for simplesmente apresentada pelo cidadão comum.

Fonte: Consultor Jurídico

Projeto de Lei 6543/06

Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo á Roboam; según el rey lo había mandado, diciendo: Volved á mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado; Y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré á vuestro yugo; mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo; porque era ordenación de Jehová, para confirmar su palabra, que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita á Jeroboam hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vió que el rey no les había oído, respondióle estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¡Israel, á tus estancias! ¡Provee ahora en tu casa, David! Entonces Israel se fué á sus estancias. (I Reyes 12:12-16)

La retórica del mercado libre de Ronald Reagan y Margaret Thatcher ayudó a que la gente pierda confianza en el “estado de bienestar.” A esto le sumamos el colapso de la URSS. ¿Pero con qué sustituimos el socialismo en España? Por eso he dicho que las lecciones económicas de la Biblia son tan importantes. Nos da el panorama moral necesario para saber qué es la legitimidad. Si cae el sistema, habrán otros que busquen sistemas más autoritarios. Algo así está ocurriendo en los EEUU con el presidente Hussein Obama, un hombre que ni siquiera sabemos quién es su padre porque se niega a dar su certificado de nacimiento. Oye Obama, una pregunta ¿por qué demonios escondes tu certificado de nacimiento? ¿Quién es tu padre, Obama? ¿Quién es tu papi, Obama? DEJA DE OCULTAR LA INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS QUE TE PAGAN. ¿Y qué ha hecho Obama ante la crisis? Incrementar las represión del Estado y ahora hasta los pastores son victimas de la policía federal en los EEUU. Yo creo que es hora de que contemplemos todos hasta cuando vamos a aguantar tanta tiranía y socialismo estatal. No sé si ha llegado el momento de revolución pues no soy un profeta. Lo importante de mi mensaje hoy es saber qué es la libertad y que ésta depende del consentimiento de los ciudadanos. ¿Vamos a seguir consintiendo que nos roben y que nos pisoteen nuestros derechos inalienables que vienen de Dios?

Deputado Ulysses Guimarães e a "Constituição Cidadã"

Remonta à Antiguidade, mais precisamente à Grécia dos primeiros filósofos, as primitivas idéias sobre a distinção entre as chamadas leis fundamentais, que estruturam a organização política do Estado, das demais leis emanadas do Poder Político. Em Atenas, reconhecida por muitos como a capital cultural da Antiguidade, tal distinção se fazia visível na própria prática política, uma vez que as leis concernentes a própria estrutura da cidade-estado, as que estabeleciam a cidadania, as que dispunham sobre quem tinha o poder de participar das assembléias, as atinentes aos órgãos do governo,  etc, eram tidas como superiores as demais, inclusive às deliberações dos Poderes nelas prevista ( o que hoje denominamos de Poderes Constituídos), e garantida por uma ação,  que em semelhança a  nossa Ação Direta de Inconstitucionalidade, visava impugnar as leis que com elas conflitassem.

Formalmente a origem do constitucionalismo esta vinculada as Constituições escritas e rígidas dos Estados Unidos da América, de 1787, e da França, de 1791. Esta, fruto da Revolução Burguesa de 1789 e que teve como um de seus principais elaboradores o Abade Emmanuel Joseph Sieyès. A Constituição surge neste momento  como ordenadora, fundadora e limitadora  do poder político, mediante o reconhecimento e garantia dos direitos e liberdades do individuo. O Estado de Polícia daria lugar ao Estado de Direito.

É no pensamento do Abade Sieyes, ou mais precisamente na obra “Que é o Terceiro Estado?”, manifesto que  foi para a Revolução Francesa o que a obra de Marx foi para a Revolução Russa, que vamos encontrar as primeiras idéias fundamentais acerca da doutrina do Poder Constituinte. Entendia o ilustre clérigo, que todo Estado tem uma Constituição, e que toda Constituição é fruto da manifestação de um poder soberano, anterior e originário que a estabelecia e criava poderes destinados a reger os interesses da comunidade, tendo como titular a nação[1] (a titularidade do poder se ligava a idéia de soberania do Estado).

Sieyès foi também um dos precursores do controle de constitucionalidade, entendendo que este mister deveria ser confiado a um tribunal especial. Tal proposta, porém, não foi inicialmente aceita, sendo  acolhida em grande parte pela Constituição francesa de 1799, que incumbia o Senado de verificar a constitucionalidade das leis[2].

Paralelamente, atravessando o atlântico e chegando ao “Novo Mundo”, o constitucionalismo americano em muito se aproximava do modelo francês, seu ordenamento também adquiria centralidade política na idéia de um Poder Constituinte, titularizado pelo “povo”, e que não se expressava de forma  suprema mais como simples instrumento de redefinição da “Lei Maior”, que vinha a garantir os direitos e limitar os poderes. Como conseqüência   deste entendimento de ser a Constituição uma lei superior a todas, emergia o poder judicial (não mais o legislativo do modelo francês) como  verdadeiro defensor da Constituição e guardião dos direitos e liberdades.

Em sentido completamente antagônico, na Grã Bretanha, o constitucionalismo inglês não concebia a idéia de um Poder Constituinte soberano e com competência para traçar e planificar o modelo político de um  povo, para este a Constituição é fruto da sedimentação  histórica dos direitos adquiridos pelos ingleses e revelados pelos juizes ( fundamentalmente traduzidos pelo binômio liberdade e propriedade). “O modo específico e próprio de garantir os direitos e liberdades e estabelecer limites ao poder ( aos poderes de imperium) não era o de criar uma lei fundamental mas sim confirmar a existência de “privilégios e liberdades”radicados em “velhas leis”de direito (“the good old laws”), ou seja, num corpus costumeiro de normas e num reduzido número de documentos escritos”[3] que assim vão cimentado o direito comum (common law). Destarte, estabeleceu-se o princípio de que todo ato, inclusive leis aprovadas pelo Parlamento, se contrarias a commow law seriam consideradas inválidas.

Estes seriam em resumo, segundo José Joaquim Gomes Canotilho[4], os três modelos de compreensão distintos e com características peculiares pela qual se poderia conceber a gênese do constitucionalismo moderno: O modelo Historicista, representado pelo constitucionalismo Inglês; o Modelo Individualista incorporado no constitucionalismo francês e o Modelo  estadualista calcado na manifestação de um povo ( e não de uma Nação)  e representado pelo  constitucionalismo americano.

Atualmente predomina no mundo jurídico ocidental o pensamento de que “ a titularidade do Poder Constituinte pertence ao povo, pois o Estado decorre da Soberania popular, cujo conceito é mais abrangente do que o de nação. Assim a vontade do constituinte é a vontade do povo que se expressa por meio de seus representantes”[5].

Dentre as suas características podemos destacar que o Poder Constituinte é : a) inicial, uma vez que não existe anteriormente a este, nenhum outro poder seja de fato ou de direito; b) ilimitado e autônomo, não estando de modo algum limitado a um direito anterior nem a limites estabelecidos por um direito posterior; c) incondicionado, pois não esta sujeito a qualquer forma prefixada para manifestar a sua vontade,e não tem que seguir qualquer procedimento para realizara sua obra de constitucionalização[6].

Segundo a analise histórica, o poder Constituinte apresenta duas formas básicas de expressão: pela eleição de representantes populares que integraram uma Assembléia Nacional/Convenção; e pela manifestação de Movimento Revolucionário vitorioso que exerce este poder sem a participação direta de seu titular (o povo).

A Assembléia Nacional  sugerida com o constitucionalismo americano e europeu, é a forma típica do exercício do Poder Constituinte. Tem fundamento na ideologia democrática, em que o povo é o titular do Poder Constituinte e o delega a representantes especialmente eleitos. Os primeiros exemplos históricos são a convenção de Filadélfia de 1787 e a Assembléia Nacional Francesa de 1789. No Brasil, a primeira Assembléia reunida foi a de 1823, dissolvida pelo Imperador D. PEDRO I. Durante a República, tiveram quatro Constituições votadas por Assembléias: a Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 1946 e a Constituição vigente de 1988.

Uma vez estabelecida a Constituição, esta prevê em seu bojo, a possibilidade de alteração de alguns de seus dispositivos, este poder de reforma se opera pela manifestação do chamado Poder Constituinte Derivado, que conhece limitações constitucionais expressas e implícitas e é conseqüentemente, condicionado, limitado e subordinado. O poder reformador reservado aos Estados-Membros para a alteração do conteúdo de suas constituições estaduais é conhecido como Poder Constituinte Decorrente.

Como leciona REIS FRIEDE[7], o Poder Constituinte Originário só pode ser exercido mediante expressa e inequívoca autorização de seu titular (o povo); com efeito, uma Assembléia Nacional Constituinte só pode ser convocada pelo povo, através de consulta direta (plebiscito) ou em caso extremo, mediante uma consulta a posteriori (referendum) sobre o conteúdo deliberado por esta Assembléia. Neste mesmo diapasão as opiniões de escol do Prof MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO[8] e do eminente Jurista SAULO RAMOS.

Na esteira do parágrafo anterior, dúvidas emergem quanto da natureza jurídica do Poder Constituinte exercido pela Assembléia Nacional  que promulgou a presente Lei Fundamental (1988). Seria esta fruto da manifestação do Poder Constituinte Originário, e sendo assim, ilimitado, insubordinado, incondicionado e autônomo? ou da Manifestação do Poder Constituinte Derivado, e desta forma, subordinado, limitado e condicionado ?

Convocada pela Emenda no. 26 (CF 1967/69) , seu artigo 1^o estabelecia:

“Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, unicameralmente. em Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1^o de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional”.

Em sua obra CURSO DE TEORIA GERAL DO ESTADO, Reis Friede assim se posicionou: “Por efeito, a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte por simples emenda constitucional(como sucedeu no caso brasileiro (EC-26/85)) votada por representantes legislativos, sem consulta prévia e direta ao povo, na qualidade de titular do Poder Constituinte, não nos parece ensejar a plena e necessária legitimidade (que, no caso do método Assembléia Nacional Constituinte, é sempre prévia e expressa) do Poder Constituinte, sobretudo quando este é exercido pelo próprio legislativo (poder constituído), com pretensos poderes constituintes outorgados pelo voto popular, notadamente como no caso particular da Constituinte de 1988, em que os Senadores, com renovação eleitoral de oito em oito anos, e mesmo os que nunca haviam sido eleitos (biônicos), tiveram voto constituinte, independentemente de prévia e válida (e, neste sentido, inequívoca) autorização popular”[9].

O certo é que a Assembléia Nacional estabelecida em fevereiro de 1987 era fruto do Poder Constituinte derivado e, desta forma, sujeito as limitações materiais, temporais ou circunstanciais que por ventura estivessem estabelecidas na Carta vigente (1967/1969). Tais como as limitações matérias previstas em seu artigo 47,§ 1^o que vedava  qualquer emenda tendente a abolir a forma republicana de Governo e a forma federativa de Estado.

Na prática, a Assembléia instituída outorgou-se de poderes soberanos, desconsiderando qualquer forma de limitação imposta pela ordem constitucional vigente, e como verdadeiro movimento revolucionário rompeu a ordem jurídica existente e  exerceu o Poder Constituinte Originário (contando com o consesus popular).

A Carta Magna de 1988 prevê em seu art. 60, §4, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir : a forma federativa de Estado; o voto direito, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direito e garantias individuais.

E se o Congresso Nacional resolver editar uma Emenda convocando uma nova Assembléia com amplos poderes, inclusive para suprimir algumas das chamadas cláusulas pétreas (o que já ocorreu em nossa história)?

Concluimos com Ferdinand Lassalle [10]:

“Os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas do poder; a verdadeira Constituição de um país somente tem por base os fatores reais e efetivos do poder que naquele país vigem e as constituições escritas não tem valor nem são duráveis  a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na realidade social (…)”

[2] Constituição Imperial Brasileira de 1824 por  inspiração da Constituição francesa, contempla em seu artigo 15, IV,  o Legislativo como guardião dos preceitos constitucionais: Art 15. É da atribuição da Assembléia Geral. (…)  IX. Velar na guarda da Constuição, e promover o bem geral da Nação.

[3] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. cit., pág.69.

[4] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4^o ED. Coimbra-Portugal: Editora Almedina, 1997.

[5] MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9^o Ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 52.

[6] MORAES, Alexandre de. Ob cit. Pág. 54

[7] FRIEDE, Reis.ob cit. . pg. 404

[8] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 5a Ed. Saraiva: São Paulo, 2007.

[9] FRIEDE, Reis. Ob cit pág 405

[10] LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 6a Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p.  40.

Existe en nuestro país una corriente o especie de rebelión latente conocida como la “resistencia pacífica” y es una doctrina avalada por los anarcocapitalistas en la derecha más extremista de España. Hoy, hablaremos de estos quintacolumnistas excéntricos que yo, en muchas ocasiones, he tachado de terroristas. Es difícil decir cuál es el origen de la doctrina de resistencia pacífica pero probablemente tiene sus orígenes en una perversión de la noble Reforma Protestante. La resistencia pacífica no es más que una manifestación velada de un individualismo anárquico y una conciencia mórbida-cualidades admirables en moderación, que surgió por primera vez en Inglaterra como una característica formidable del resultado de la ruptura de la Iglesia Católica.

En los últimos tiempos se ha manifestado en muchas nuevas formas y en una escala cada vez mayor en España. De hecho, ha crecido hasta convertirse en una seria amenaza para la unidad nacional y para el liberalismo, y es un grave peligro para la propia existencia del Estado. Tenemos en nuestro laboratorio, por citar sólo unas muestras características, Agoristas, Republicanos que defienden la violencia contra la Corona, los que defienden la legalización de todo tipo de drogas, considerado como algo que sería gravísimo por las autoridades sanitarias; rebeldes asilvestrados y provincianos analfabetos que han amenazado en mi página con negarse a pagar la tasa municipal que defendemos en Liberalismo Democrático; Testigos de Jehová cuya negligencia criminal en el caso de enfermedades peligrosas no sólo los hace culpables de homicidio, sino que también ponen en peligro el bienestar del conjunto de las comunidades; anarquistas variopintos que desafían o intentan desafiar la ley, basándose en su doctrina de que el poder legislativo del que emanan nuestras leyes no está constituido como ellos quieren o como ellos creen que debería ser, dirigentes sindicales que se unen para intentar frenar cualquier ley de productividad que amenace su propia existencia y, por último, pacifistas varios cuyos practicantes expresamente niegan o se negarían a defender nuestra patria en caso de un ataque interno o externo y amenazan a oponerse sea como sea a todas las guerras porque las ven como “ilegales”. Señores: los ilegales son ellos.

Con todos estos elementos indeseables, tenemos una colección de extranjeros en nuestro propio patio. Estas muestras contienen casi todas las variedades de excentricidad anti-social. Son tan diversos y conflictivos entre ellos mismos que sólo hay una cosa que se puede decir de todos estos grupos, y esto es: son unos rebeldes y hay que tomar medidas.

II. La Resistencia Pacífica es rebelión

Lo esencial previa a cualquier discusión sobre la resistencia pasiva es un claro reconocimiento del hecho de que es rebeldía y sedición, y nada menos. Decirlo o admitirlo no significa necesariamente que lo condene; porque hay pocas personas que sostengan que la rebelión contra un Estado nunca se puede justificar.

Defiendo y sostengo la idea de que toda resistencia pacífica ha de ser juzgada por las mismas medidas y de acuerdo a las mismas normas que se aplicarían contra cualquier otro tipo de rebelión contra la autoridad política constituida. Es muy necesario dejar eso claro porque algunos de los rebeldes no reconocen lo que son, nos dicen que son ovejas, víctimas del Estado, cuando en realidad son cabras. Muchos se consideran socialistas, y profesan una lealtad anormal a la IDEA del Estado y su devoción al Bienestar Social Universal y están dispuestos a hacer cualquier cosa, exceptuando lo único que deben hacer: obedecer. La excepción es fatal para ellos.

El Estado no puede y no debe nunca someter la validez de sus leyes a la resolución privada de sus súbditos. El gobierno, o Estado, expresa la ley y hace cumplir la voluntad general y no puede permitirse someter las normas a la elección personal, o incluso a la conciencia del individuo para que éste decida cuales normas debe cumplir.  Esto significaría debilitar los anillos que unen a los ciudadanos, pondría un fin al Imperio de la Ley y nos sumiría una vez más en el caos de la anarquía primitiva a partir de la cual en un principio lejano evolucionamos hacia la ley y el Estado de forma muy dolorosa. El Estado exige, como debe ser, la obediencia implícita.

El ciudadano fiel cumple y aquellos que la incumplen son rebeldes: no nos interesa cuán conscientes pueden ser, o cuanta elevación moral tengan, o si su resistencia es sublime y noble. Su resistencia desobediente los convierte en enemigos de una nación organizada, quintacolumnistas internos, trastornan el funcionamiento normal de nuestro Estado de Derecho, y son los aliados y confederados de delincuentes anarquistas y en muchos casos de terroristas. Les duele cuando lo digo pero una de las organizaciones más anarcocapitalistas que existe en el mundo es Al Qaeda. Cabe señalar, además, como su resistencia pasiva se convierte con facilidad en formas más agresivas de rebelión ilícita. En la España de Cánovas tuvimos un ejemplo de la gravedad: el movimiento obrero empezó como algo pacífico y pronto se convirtió en un látigo contra empresarios, destrucción de escaparates, y bombas para las Iglesias, como el famoso y triste acontecimiento del atentado terrorista y anarquista el día del Corpus Christi. Los sindicatos también suelen, sobre todo en nuestras universidades, degenerar rápidamente hacia el sabotaje y la violencia.

Señores: esto es rebelión, abierta, desnuda y desvergonzada, en sus formas más primitivas y asquerosas.

Para terminar hoy, pues sé que la mayoría no sabe digerir más que un par de párrafos, hablaré sobre si es legítimo resistirse contra un gobierno democrático. En el caso de gobiernos totalitarios, la postura cambia pero no nos da tiempo hoy a hablar de ello. ¿Es legítima la resistencia contra un Estado democráticamente constituido?

III. ¿Es legítimo rebelarse contra el Estado democrático?

La resistencia, sea activa o pasiva, violenta o pacífica, contra una democracia es traición e insurrección. Uno puede, en efecto, concebir circunstancias que lo justifican, pero sería algo raro y excepcional, y por dos razones:

(1)   En una democracia constitucional se prevé la modificación de la ley e incluso la remodelación de la forma de gobierno. La esencia de la democracia es el gobierno de acuerdo con la voluntad de la mayoría. Esto implica casi necesariamente un gobierno en oposición a la voluntad de una o más minorías. Pero  las minorías democráticas tienen un remedio y es la peculiar virtud de la democracia que se la proporciona. Es ésta: a través del argumento, la persuasión, y la apelación, por la agitación y la prensa; a través de la organización y combinación, para convertirse en una mayoría si logran convencer a los demás. Nuestros extremistas quieren tener las dos cosas:  quieren hacer cumplir su voluntad con severidad  como “la libertad”, cuando están en una mayoría, pero también quieren desafiar a la ley con obstinación apelando a la libertad individual cuando son una minoría. Cuando a mí me expulsaron de Red Liberal, yo no ví que ningún anarco-capitalista haya criticado el revanchismo “en masa” contra mi persona. El bien común de la ciudadanía sufre más la resistencia a una ley que el individuo obligado a someterse a ella. He aquí el verdadero motivo del deber de obediencia. Los antagonistas que defienden la resistencia pasiva ofrecen una carta blanca para todo tipo de delincuentes indeseables y anarquistas sediciosos.

(2)   En segundo lugar, si un gobierno democrático se ve socavado por la desobediencia, desacreditado por el éxito del desafío, o destruido por la traición de la totalidad de los ciudadanos, no hay nada para tomar su lugar, la comunidad está vinculada a la deriva hacia la anarquía, o revertir hacia la tiranía. La verdad señores es que esto no necesita mucha ampliación. Es evidente a partir de muchos ejemplos en la Historia que si una monarquía es derrocada, una aristocracia puede tomar su lugar por ejemplo. Pero, ¿qué proponen los ancapistas para sustituir la voluntad soberana de la mayoría de los españoles? Posiblemente confían en que su propia voluntad pueda prevalecer. Pero deben de dejar las ilusiones a un lado. Aún si se cumple lo improbable, ésto es, que se mantengan unidos entre sí, no deben descartar que tendrán imitadores y serán víctimas de sus propias doctrinas. Si no quieren obedecer cuando están en minoría, mucho menos otros les van a obedecer cuando estén en mayoría, algo, insisto, muy improbable, gracias a Dios. Buscan la ruina de la nación-estado y sustituirla con su anarquía.

¿Se les debe castigar?

Está claro señores: La resistencia “pacífica” es rebelión, y es totalmente incompatible con la lealtad a cualquier forma de gobierno. En relación con el gobierno democrático es, además, por parte de los miembros de la democracia, traición de un tipo particularmente odioso, dado que es una traición a la comunidad de los soberanos dentro de sus propias filas. Si el soberano es la comunidad (y lo es en democracia), siguen existiendo todo tipo de mecanismos para resistir de forma legal a las leyes, como ya advertí. O bien, podrá retirarse de la comunidad y sus territorios para mudarse a una parte del mundo donde esas leyes incómodas no estén en vigor. Lo que no puede hacer es permanecer dentro de la comunidad, gozar de todas las ventajas que organiza para proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus negocios, recibir la protección de sus fuerzas policiales, los beneficios de sus tribunales y libertades constitucionales al mismo tiempo que se niegue a prestar obediencia con buena fe.

Si en su perversidad equívoca insiste en su “resistencia pacífica”, el deber del Estado es evidente: retirar su protección frente al sujeto. La persona que NO reconoce la soberanía del Estado, no puede reclamar ningún servicio estatal. El deber del gobierno es el de gobernar, es su primer deber y el más importante. Hay que, por supuesto, ejercer el máximo cuidado en la emisión de órdenes para evitar abusos ilegítimos.

Nada es más mortal para los cimientos mismos de la sociedad política de nuestra nación, que el espectáculo de un gobierno desafiado con impunidad. Éste desmoralizante espectáculo ha sido el protagonista con demasiada frecuencia en los últimos años, sobre todo en el liberalismo español.

Si todavía hay en nuestro país jóvenes que serán futuros políticos y tiemblan ante una rebelión “pacífica” y no saben cómo actuar contra las organizaciones que defiendan la “resistencia pacífica”, quiero recomendarles, sobre todo a los jóvenes que me leen y están ya metidos en la política, el ejemplo del gran y magnífico Su Majestad el Rey Eduardo I de Inglaterra, martillo de los escoceces. En 1296 se enfrentó a una negativa generalizada pero pacífica por parte del clero que se negaba a pagar impuestos: simplemente, los excluyó de toda protección jurídica y cerró los tribunales a sus peticiones. Pocas semanas después de un caos bien merecido y muchas angustias, pusieron fin a su malogrado espectáculo de resistencia pacífica.

Más caña contra los anarquistas de todos los colores y menos pamplinas: no, no son liberales.

Termino parafraseando a Eduardo I de Inglaterra: el problema con el liberalismo español, es que está lleno de anarquistas.

Para que mis lectores disfruten plenamente de este gran hombre que logró instaurar la democracia parlamentaria en el Reino Unido así como unificar RU como nación-estado, incluyo un vídeo (el vídeo incluye pequeños fragmentos de sus momentos más famosos). Deberíamos aprender más de la Historia para enfrentarnos a los problemas de siempre, que sólo han variado en sus protagonistas pero no en su esencia.

Acredite se quiser

Ontem

Notícias surpreendentes lá de fora: o primeiro-ministro belga, Yves Leterme, propôs hoje (19/12/08) a demissão de todo o Governo, na sequência de acusações de alegadas (alegadas, imagine-se!) pressões sobre a justiça. Leterme nega qualquer pressão sobre o poder judiciário e apenas admite ter feito “contactos”; Michael Martin, presidente da Câmara dos Comuns, anunciou hoje (19/05/09) a demissão, após acusações de alegadamente (alegadamente, pasme-se) ter consentido alegados (só alegados) abusos nas despesas de representação de alguns deputados; dois membros da Câmara dos Lordes foram hoje (20/05/09) suspensos (suspensos, a democracia inglesa está maluca!) por alegadamente (outra vez só alegadamente) terem aceitado dinheiro para votar projectos de lei.

Nenhum deles foi, pasme-se de novo, condenado por sentença transitada em julgado, e mesmo assim, pasme-se ainda mais, tiraram consequências políticas de alegações fundamentadas que os visavam. Então e aquela coisa da “presunção de inocência”? As democracias belga e inglesa têm que comer muita papa Maizena para chegarem aos calcanhares da nossa…

Cualquiera que tome un poco de su tiempo para leer cuidadosamente todo lo que he escrito en ésta modesta bitácora verán un Alfredo muy distinto y una mentalidad totalmente opuesta a todos los intentos infantiles de la progresía a la hora de intentar denigrarme.

Uno de estos intentos patéticos a la hora de distorsionar lo que digo (y me enorgullece que los progres tengan la necesidad de dedicar parte de su tiempo escribiendo entradas difamatorias en wikipedia contra mi persona, por algo será) ocurrió hace casi un año cuando dijeron que yo “defiendo la tortura en Guantánamo.” Conservo un correo electrónico que recibí de una persona del instituto Von Mises, en inglés, diciendo “usted es el jóven más cruel de España.” Y todo porque yo me negué, y me niego, a afirmar que golpear a los reos en Guantánamo fuera algo inconstitucional.

Lo que yo demostré, con aquellos comentarios jurídicos, que la prensa no ha podido demostrar y que los progre liberales anárquicos no pueden entender porque sufren de una grave crisis mental, es que no todo lo que sea malo, o incluso ilegal, es automáticamente una violación de la Constitución de EEUU.

Asesinar al presidente de EEUU no sería tampoco inconstitucional. Durante gran parte de la Historia de los EEUU, ni siquiera era un delito federal. Por eso el que intentó asesinar a Ronald Reagan fue detenido por la policía local y no por el FBI.

Jamás negué ni dije que los reos en Guantánamo no tuvieran derecho a exigir o emprender acciones legales contra los guardias que les habían presuntamente torturado o abusado.

De hecho he dicho que hay otras leyes, y otras medidas constitucionales, que podrían usar los reos, pero que la Octava Enmienda de la Constitución americana no tiene validez en ese caso.

¿Y por qué no? Porque la palabra “castigo” en esa enmienda se refería y se refiere a castigos impuestos tras cometer un delito. Son los jueces o jurados, en el caso de EEUU, y no los carceleros, los que imponen el “castigo”. Si por ejemplo un juez intentase sentenciar a un agresor nazi en España a 200 años de prisión, y a latigazos públicos en la Plaza Mayor, para mí eso sí sería un castigo “cruel e inusual.” Pero que a un moro le peguen una paliza en la comisaría no constituye ningún castigo pues no se le ha sentenciado ni se le ha imputado ningún delito concreto. Dudo mucho que la víctima de una paliza policial diga que los policías le “castigaban.” ¿De qué? Nadie sentenció concretamente para que le peguen palizas a los potenciales terroristas en Guantánamo. NADIE. Por lo tanto, se debe castigar a los responsables, pero poco más se puede hacer en términos constitucionales.

Todos los países civilizados, a diferencia de los países tercermundistas y dictatoriales, ya tienen leyes que prohíben explícitamente la tortura. La constitución de un país NO debe ser un cheque en blanco para autorizar a los jueces a hacer lo que les apetezca con ella cuando piensen que hay conductas inmorales o ilegales.

Al contrario de lo que dicen los mediocres intelectuales del liberalismo anárquico en España, manchado de teorías progresistas (que no progresivas), esto no es una cuestión de yo ser “liberal” o “facha” o “conservador.” Lo que importa es si se debe aplicar el espíritu de la constitución o no. La constitución existe, precisamente, para limitar el poder de los jueces y el poder político. De lo contrario, caemos en tiranía totalitaria.

De la misma forma, en mi universidad defendí que el estado de California puede proporcionar marihuana por razones médicas, no porque yo esté de acuerdo con esas medidas, sino porque a mi entender constitucional, el estado de California (su legislatura local), tiene ese derecho constitucional.

Por otra parte, siempre distinguí entre libertad de expresión e intimidación. Llevar una esvástica a un centro judío no es “libertad de expresión”, es intimidación. De la misma forma, llevar indumentaria de “Latin King” por las calles es intimidación contra los ciudadanos españoles, no es “expresión.” Por lo tanto, si se aprueba una ley que prohíba llevar símbolos que intimidan (y a ellos les refiero a la esvástica, al martillo y la hoz, y otros símbolos de ese tipo) no sería para mí una violación de libertad de expresión. Un nazi o un islamista o un comunista deben poder expresarse, y expresión siempre ha sido por escrito, con la palabra, no con imágenes.

Hay que matizar: es necesario ver el propósito de llevar ciertos símbolos. Por ejemplo, a mi personalmente no me intimida una esvástica necesariamente, no es una agresión contra la población autóctona de España. Si alguien lleva una esvástica a un mítin neo nazi, no sería intimidación. Pero si llevan la esvástica en un vagón repleto de gente de distintos origenes, sí sería un intento de intimidar a ciertas personas. Que conste que esto no es, en absoluto, una defensa de los extranjeros: como he dicho en decenas de ocasiones, mi posición sobre estas cuestiones es bastante conocida a estas alturas. Por si no queda claro: al ilegal, patada en el trasero en la aduana, y en el primer avión de ida a su patria.

En todo caso, en todos estos casos, he dictado mis opiniones basándome en lo que DICE la constitución de EEUU y NO lo que queremos interpretar.

Y por eso he titulado esta entrada de esa forma: Alfredo el torturador. Para los que no saben pensar por sí mismos, mi presencia debe ser una tortura constante. Y en todo caso, nada de inconstitucional. La estupidez ciudadana* tampoco es inconstitucional: pero existe una “solución” muy eficaz: al que no le guste leer ni sepa leer, ajo y agua.
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*Señores: hablemos unos instantes también un poco más sobre la estupidez ciudadana. A modo de ejemplo concreto, hablemos de un jóven que se llama Daniel Ballesteros Calderón. ¿Quién es éste chico? Pues es el autor de una bitácora que se llama En verdad te digo, además de ser socio del Instituto Juan de Mariana. Ciertamente, un poco talludito ya para hacer tonterías, y para decir más estupideces en menos de 2 minutos que todas las que ha dicho Zapatero en años. La estupidez es la profesión de quienes no pueden servir como otra cosa en el mercado libre. Algunos, los más cretinos, piensan que por escribir en ciertos institutos, ya son la leche. Y a modo de ilustrar, pongo el ejemplo de este chico que es un ejemplo de esos que digo que no saben leer o no se enteran de la película.

Primero tenemos éstajoya. Nos ilustra el Sr. Ballesteros en la siguiente forma: (los énfasis son míos)

“No te preocupes Alfredin, ya sé que tu no tienes ese problema porque no escribes en el Juande (que nunca alcanzaste el nivel), y tampoco en Red Liberal (que te expulsaron)…

Mientras unos mantenemos debates de entidad y enjundia a pesar de las diferencias ideológicas, otros sientan cátedra con sus rebuznos.

Pesao.”

No sé, se me habrá escapado algo pero, yo pensaba que un señorito que mostró tanto interés por mi propuesta para el Instituto Juan de Mariana, tenga la suficiente memoria como para no decir esa estupidez. Como en cierto modo siento lástima por los estúpidos, no creo que sea decente publicar los correos electrónicos aquí. Creo que mis lectores sólo deben sacar las conclusiones que quieran acerca de cómo es que verdaderamente funcionan los acólitos del Instituto Juan de Mariana. Sí, acólito: la mejor palabra para describir a este sujeto en particular, y en paro de larga duración.

Dan pena.

Buenos días señores lectores.