“El mundo es un telón de teatro tras el cual
se esconden los secretos más profundos.”
-Rabindranah Tagore

Aquí se analiza el teatro de las elecciones hondureñas 2009 y su relación con el golpe político militar. El teatro tiene dos componentes: el texto y el espectáculo. El primero comprende la historia, el contexto, el tiempo y el espacio, sea imaginario o real. El segundo a los protagonistas, a los antagonistas y a los espectadores activos y pasivos. El golpe militar es el montaje escénico del teatro electoral. El telón se abre con la campaña electoral y se cierra con elecciones legítimas y legales para el pueblo; en caso contrario con el fraude electoral.

El 27 de enero 2006 asume la presidencia de Honduras, el candidato del Partido Liberal Manuel Zelaya Rosales. Está demostrado que Zelaya no tenia el control del gobierno puesto que la oligarquía económica, política, religiosa y militar es hegemónica con respecto a los poderes del Estado, los aparatos mediáticos, políticos e ideológicos:. En consecuencia MZR no podría dar un golpe de Estado ni convertirse en dictador.

El golpe militar se centra estratégicamente en Zelaya y reduce el problema, mediante las andanadas propagandísticas, a la persona del Presidente. Sin embargo el golpe es contra el avance de la lucha histórica del pueblo hondureño, representada actualmente por la Resistencia Nacional contra el Golpe Militar.

La hegemonía golpista se alimenta por dos vías: la guerra de agresión irregular y el teatro de las elecciones de noviembre 2009.

El golpe político –militar responde a una articulación programática nacional e internacional cuyo fin es utilizar nuestro territorio y sacrificar la población civil como teatro experimental de maniobras y nuevos golpes de Estado en América Latina. Se pretende convertir a Honduras y Mesoamérica en el Vietnam o Afganistán de Nuestra América.

¿Es legal el proceso electoral bajo el control casi absoluto por parte de las fuerzas golpistas? ¿Es legal Tribunal Supremo Electoral? Un organismo que violenta el contenido numeral 2 del Articulo 52 de la Constitución de la República que establece “No podrán ser elegidos magistrados del Tribunal Supremo Electoral los que estén nominados para ocupar u ostenten cargos de elección popular; prohibición señalada como la parte especifica del precepto impugnado por inconstitucional”.

La elección de los ciudadanos como Magistrados Propietarios y Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral es contraria a la Constitución de la República en virtud de que los ciudadanos electos ostentan cargos de elección popular, el primero como Regidor Tercero de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el segundo como Diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Francisco Morazán y el tercero como Diputado suplente incorporado del Congreso Nacional de la República. Según lo expresado por el Tribunal Supremo Electoral mediante Acuerdo Numero 24-2005 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el número 30886 del 27 de diciembre del año 2005.

Y, si el Tribunal Supremo Electoral no esta integrado conforme a ley ¿Serán, legales las elecciones? ¿Es legal que las Fuerzas Armadas que torturaron al legítimo Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales, lo expulsaron del país, violaron la Constitución de la República, por lo tanto, su historia golpista sea un indicador de la falta de credibilidad que tiene el pueblo hondureños sobre los resultado de las futuras elecciones

¿Acaso no podrían desarrollar crisis de pánico aquellos electores: hombres, mujeres y jóvenes que fueron objeto de persecución tortura y cuyos familiares fueron asesinados por las fuerzas militares y policiales?

¿Pueden ser legales las elecciones cuando los candidatos: presidenciales, diputados (as) al Congreso Nacional y alcaldías tanto de los sectores independientes como del partido Unificación Democrática (UD), han sido objeto de torturas, persecución y asesinato de algunos de sus miembros?

¿Acaso no tienen mayor ventaja de participación, y propaganda los candidatos de los partidos golpistas Liberal, Nacional, Democracia Cristiana y el Partido de Innovación y Unidad (PINU) que las candidaturas de oposición al golpe militar?

¿Son legales las elecciones con mordaza a la libertad de expresión?

¿Se justifican los atentados contra Diario Tiempo, colocación de bomba contra Canal 11, militarización y cierre de Radio Globo, CHOLUSAT SUR, amenazas a muerte contra el director y personal de Radio Progreso y Diario El Libertador y despido a los periodistas honestos de medios partidarios del golpe militar?

El nudo de esta trama que precede al voto ha sido violento, deshumanizado, cruel, degradante y bendecido por la jerarquía católica y evangélica, con el falso mensaje de la invocación a Dios, el diálogo, la democracia y la paz cuando al mismo tiempo se golpea, tortura y persigue en forma masiva a los miembros de la Resistencia, a sacerdotes, pastores, y monjas.

Tras las bambalinas de esta escena teatral de las elecciones han operado la oligarquía local, el capital financiero internacional, los autores materiales e intelectuales de la doctrina de Seguridad Nacional, la Guerra de Conflictos de baja intensidad y los planes de Guerra irregular del pentágono.

Los espectadores activos internacionales del teatro electoral han condenado el golpe militar y manifiestan que no enviarán observadores ni reconocerán el resultado de las elecciones.

Para espectadores pasivos o neutros Bertolt Brecht manifestaba: “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos… El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que son el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.”

El telón teatral no ha caído y el desenlace futuro de Honduras son los escenarios de la restitución del orden constitucional, elecciones legales y legitimas, la instalación de la asamblea constituyente y la transformación de la constitución de la República que garantice el respeto a los derechos humanos, la soberanía alimentaría y la justicia climática.

El otro escenario es la guerra. Al respecto, el mismo Brecht agregaba “En tiempos de guerra, las virtudes se vuelven crímenes, la religión y el honor son usados precisamente para camuflar el verdadero propósito de la guerra, que es el de mantener a toda costa la explotación del pueblo por la aristocracia y la iglesia…Con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencio de los hombres”.

Nuestro amor humano y planetario y los principios de la No Violencia nos obligan a luchar porque en nuestra Madre Tierra ningún hondureño(a) ni ciudadano del mundo sea objeto de los crímenes de lesa humanidad y de la violación de los derechos humanos y planetarios de violación.

La tarea urgente es unificar todas las organizaciones y personas que conforman la Resistencia y construir la fuerza política mas significativa de Honduras; que luche por un nuevo pueblo, una nueva sociedad dónde prevalezca la verdadera democracia de igualdad económica- social; movilice la conciencia de paz y justicia social y climatica contra la guerra irregular y todo espíritu guerrerista que planifica nuevos golpes de Estado y la guerra irregular en América Latina.

DECLARATORIA DE ANCIANOS  Y ANCIANAS GARIFUNAS

Reunidos en asamblea en la comunidad de Triunfo de la Cruz, los 23 y 24 días del mes de octubre del 2009, representantes de ancianos y ancianas Garífunas después de reflexionar sobre las múltiples problemáticas que enfrenta el país y nuestro pueblo Garífuna, DECLARAMOS QUE:

1. El golpe Estado perpetrado por  los intereses de compañías multinacionales del petróleo, telefónicas y bananeras y otras en contubernio con la elite de poder nacional, han colocado al país al borde del abismo social, económico y político; por lo que el Consejo de Ancianos y Ancianas Garífuna repudia de forma enérgica las acciones cometidas en contra de los derechos humanos de nuestro pueblo y de todos los hondureños. Al mismo tiempo hacemos un llamado para que se retorne de inmediato al régimen constitucional del país representado por el presidente electo Manuel Zelaya Rosales.

2. El recrudecimiento del racismo ha sido evidente desde los primeros días del golpe de estado, siendo notorio el acoso al  primer Hospital Garífunas de Ciriboya, las radios comunitarias y organizaciones garífunas que han asumido una posición de defensa de la democracia. Ante el incremento de la xenofobia y el racismo por parte de los golpistas, hacemos un llamado al pueblo Hondureño para instaurar una defensa de la multiculturalidad, el respeto a la diversidad racial y los derechos fundamentales, sin entrar en persecuciones, como las que se vienen dando en los últimos días.

3. El despojo sistemático que han venido realizando la elite de poder en contra de las comunidades, en nombre del supuesto arribo de las inversiones turísticas, han colocado a nuestro pueblo en una situación de desesperación y resistencia permanente. Proyectos como el PATH, DIPA, PROCORREDOR, pretenden individualizar nuestras comunidades con el propósito de excluirnos de nuestras tierras y territorios que hemos conservado históricamente, incrementando de esta manera la migración tanto a lo interno como externo.

4. Ante las graves consecuencias del cambio climático que están padeciendo las comunidades garífunas, miskitas e indígenas  del país, exigimos la urgente elaboración de la Estrategia Nacional de Mitigación y Adaptación al cambio climático, además que se inicien acciones de mitigación las cuales debían haberse efectuado  desde la época post huracán Mitch, razón por la cual se originado pérdida de las playas y salinización de los humedales.

5. Por el aumento de enfermedades como el VIH-SIDA y de otras enfermedades de reciente aparición como resultado del cambio climático (leptospirosis, leshmanianis, babaisis, etc.) esperamos el apoyo de la OPS, para tomar las medidas necesarias y así poder enfrentar el declive en materia de salud de  nuestro pueblo.

6. Una década después de la desaparición de la palma del coco en nuestras playas, la que era fuente de alimentación fundamental y material de construcción, hasta la fecha no hemos visto que se haya desarrollado un programa coherente para la recuperación de la palmácea, el cual también es esencial además para la protección de la erosión costera que devora nuestras  playas.

7. Como consecuencia del Estado fallido impuesto por factores exógenos, tales como el golpe de Estado y la ingobernabilidad instaurada, visualizamos la Asamblea Constituyente como la única solución posible para remediar la situación de crisis que enfrenta el país y así romper el feudalismo que viene aquejando a Honduras. La participación de nuestro pueblo en la instalación de la futura Asamblea Nacional Constituyente se convierte en afirmación para la  construcción  de una nueva patria incluyente en los aspectos social, cultural y económico.

8. Finalmente enfatizamos que las ancianas y ancianos somos la fuente de sabiduría de nuestro pueblo fundamentalmente en la educación la conservación de la lengua materna, medicina tradicional y la identidad por lo que consideramos imperativo hacer un llamado para que el Estado, resuelva la situación del Programa Nacional de las Etnias Autóctonas y Afroantillanas de Honduras; PRONEEAAH, en la cual se respete la participación del pueblo Garifuna, a través de nuestra organización OFRANEH.

Dado en la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, a los 24 días del
mes de Octubre de 2009.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Teléfono (504) 4420618, (504) 4500058
Av 14 julio, calle 19, Contiguo Vivero Flor Tropical, Barrio Alvarado, La Ceiba, Honduras
email:garifuna@ofraneh.org, ofraneh@yahoo.com

Doña Dionisia Díaz (1934), se ha convertido en la abuela de Honduras, durante 115 días no ha dejado de caminar con la Resistencia, no claudica al corear las consignas con su viejo citófono y comparte su experiencia en la lucha desde la Huelga de 1954 con las nuevas generaciones. Accedió conversar con Clarín.cl durante el reinicio de las marchas, una vez que se derogó el Decreto de Suspensión de Garantías Individuales de la dictadura de Micheletti.

MC.- Querida abuela, ¿cómo está?, ¿entre qué emociones vive después de 115 días en Resistencia?

DD.- Siento alegría, tristeza, todo lo tenemos revuelto porque este goriletti es un fascista, juega con nosotros, da plazos y da plazos , y a nosotros eso no nos cae bien y él no es quién para ordenar. Aquí en Honduras se acostumbra que al Presidente lo elige el pueblo, nosotros nunca hemos llevado al poder a ese goriletti, lo hemos rechazado cuando se ha lanzado en las elecciones porque es una persona enferma un sicópata.

MC.- ¿Había visto semejante número de manifestantes en Resistencia a un golpe de Estado?

DD.- El pueblo después de 1980 estaba dormido, pero usted sabe que los pueblos cambian y nosotros aquí en esta Resistencia no andamos sólo por el Presidente Mel Zelaya, sino por la Asamblea Constituyente; Mel iba a consultarnos para saber si nosotros queríamos una Constituyente, en la consulta iba un Sí o un No, la derecha iban a decir que No, nosotros que Sí; pero hicieron el golpe de Estado basándose en que La Cuarta Urna era prohibida, lo que es una mentira aquí y en China, eso fue algo de lo que se agarraron para dar el golpe de Estado porque la consulta no puede ser prohibida. Necesitamos cambiar esos artículos pétreos que tiene la Constitución de Honduras y que no sirven para nada, los golpistas han violado la Constitución las veces que han querido, todos los países cambian, antes fuimos esclavos y ahora ya no lo somos, pues esos artículos pétreos nos hacen mucho daño, queremos una Constitución que tome en cuenta al pueblo; no es que vamos a correr a los golpistas, no es que vamos a dañar a la Constitución, vamos a guardar la vieja Constitución en una cajita, empaquetada por inútil. Necesitamos la restitución de nuestro Presidente Mel Zelaya para ir a la Asamblea Nacional Constituyente.

MC.- ¿Qué ha sido lo peor de estos 115 días?

DD.- Tenemos 24 compañeros asesinados por los golpistas, los gases lacrimógenos que nos tiran los militares, tienen a este pueblo tan reprimido que no podíamos salir a las calles por el Decreto de Suspensión de Garantías Individuales, es un artículo desgraciado.

MC.- ¿Escucha el doble discurso electoral de los golpistas?

DD.- Micheletti dice que entrega la presidencia hasta el 27 de enero, pero el Presidente es Manuel Zelaya y tienen que restituirlo les guste o no; de lo contrario no habría elecciones, en primer lugar: internacionalmente no se las van a reconocer y en segundo lugar el pueblo hondureño no vamos a dejar que vayan a elecciones con un régimen de facto, goriletti dice que somos “4 gatos”, pero no se da cuenta que no tiene ni a medio millón de hondureños apoyándolo ; todos estamos en la Resistencia, algunos no pueden andar en la calle porque trabajan, tienen niños pequeños o carencias económicas, pero están en Resistencia, toda esa gente no iría a elecciones, y si los golpistas llenan las urnas sería un fraude. Micheletti no es hondureño, creció aquí, pero su sangre italiana es de fascista sanguinario.

MC.- ¿Cabe la comparación entre la Huelga de 1954 y la Resistencia al golpe de Estado?

DD.- Nosotros participamos en la Huelga de 1954 muy tranquilos, cantando, comiendo, durmiendo, esperando que transcurriera el tiempo para que se aprobara lo que pedíamos, y conseguimos los derechos laborales porque en ese tiempo valía más una mula que un obrero, si moría una mula se la descontaban del sueldo a los trabajadores, pero si usted se caía nadie lo levantaba; entonces el pueblo abrió los ojos y dijo: vamos a pedir esto y aquello, pues lo mismo ahora, los artículos pétreos no los necesitamos en la Constitución, y aquí está la Resistencia para lograr la Asamblea Constituyente.

MC.- Usted acompañó al profesor Jairo Sánchez en el último adiós, ¿lo conoció durante los días de la Resistencia?

DD.- Aquí lo conocimos, junto a sus familiares; al profesor Jairo Sánchez le pegaron un tiro en la cabeza, la bala se alojó en su cerebro y no pudo recuperarse. Y Micheletti dice que aquí no está pasando nada, insiste en que las elecciones son el remedio para recuperar la paz y la democracia (sic). Será un fraude de parte de los golpistas y un boicot de parte de la Resistencia; la única paz que podemos conseguir es restituyendo a Mel Zelaya.

MC.- En la Argentina son varias las Abuelas de la Plaza de Mayo, usted es la abuelita de todos los hondureños en Resistencia , ¿le causa orgullo?

DD.- Me siento muy feliz, bien acompañada, no puedo vivir sin la resistencia, un día no puedo estar en la casa, tengo que venir a la Resistencia para sentirme tranquila, son un montón de nietos los que tengo, da felicidad, todo mundo me quiere, me abraza, me dan besos y si no me miran preguntan: “¿y la abuela?”, por muy triste que ande por dentro por los compañeros que han muerto, y al ver a goriletti que está ahí asaltando me da asco. A nosotros no nos detiene nadie, ¿quién le debe respeto a Micheletti?.

MC.- En la Constitución de Honduras dice que “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”, ¿usted sigue al pie de la letra ese artículo?

DD.- Sabemos lo que andamos haciendo, sabemos que no le debemos respeto ni obediencia a goriletti, no lo tomamos en cuenta porque es una persona enferma y abusiva, es un fascista, un asesino, un pegoste; mire todos los muertos, mire los toques de queda, el pueblo no tiene comida ni medicinas.

MC.- Los jóvenes hondureños se comunican a través de Internet, ¿cómo se informaba usted con la salida del aire de Radio Globo y Canal 36?

DD.- Yo tengo un vecino que tiene Internet y cuando quiero leer las noticias voy a visitarlo, y en mi radio escucho Radio Gualcho y ahora a Radio Globo, pero eso no es suficiente, nosotros nos informamos aquí entre los compañeros, el coordinador nos da los informes de lo que pasa en el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado.

MC.- Finalmente, ¿usted avala la postura del Presidente Zelaya en el sentido de que sea el Congreso el responsable de dirimir su restitución y no la Corte Suprema?

DD.- No puede ser en la Corte Suprema porque este es un asunto político, la Corte Suprema es de los golpistas, nosotros no confiamos en ellos; si Mel Zelaya dice que vamos a discutirlo en el Congreso Nacional debe tener razón, pero yo no confiaría ni en los diputados (risas).

“Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.” Artículo 2º. de la Constitución Política de la República de Guatemala

“Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.”  Artículo 3º. de la Constitución Política de la República de Guatemala

“Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo.” Artículo 140. de la Constitución Política de la República de Guatemala

“Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida.”  Artículo 141. de la Constitución Política de la República de Guatemala

Han pasado 188 años desde que Guatemala declaró su Independencia y soberanía como una Nación en la que ningún gobierno extranjero u organización debería de intervenir nunca jamás.  Y también han pasado 24 años desde que el Congreso de Guatemala ratificó la actual Constitución Política de la República de Guatemala en el año 1985 luego de largos gobiernos en los cuales los reclamos de la población no habían sido aún satisfechos por el sistema de gobierno.  Los guatemaltecos aún seguían exigiendo paz, el respeto de sus derechos ante la ley, la protección de su propiedad privada y la certeza jurídica que el gobierno aún no les daba.

Esta Constitución de 1985 debía ser la solución y el compromiso vinculante que tendrían los ciudadanos guatemaltecos para regir con una norma fundamental el Gobierno de Guatemala.  Desafortunadamente, esta Constitución tenía serios fallos y debilidades, y permitió el desarrollo de un sistema de gobierno paralelo que alimentaba la impunidad de burócratas e incentivaba la corrupción de los integrantes del sistema de gobierno.

Presidentes han pasado, cientos de congresistas lo han hecho y miles de jueces, magistrados, directores y burócratas de cuello blanco han sido capturados por el dinero sucio y la expoliación de algunos ante la ley.

Ante este caos; un cobarde y oportunista que gobernaba el país decidió lavarse las manos y entregar nuestra soberanía hace varios años al control de la CICIG.  La CICIG habría de ser una comisión internacional que lucharía contra la impunidad en Guatemala.  Su misión era encargarse de solucionar nuestros problemas con recetas paliativas y carentes de certeza.  Su misión era cuidarnos, tal cual niños mocosos y pobres, de los problemas que aquejaban a la sociedad guatemalteca.

Sin embargo, la fuente de los problemas de Guatemala aún existe.  Nuestro sistema de gobierno sigue estando mal y esto ha sido demostrado en las recientes elecciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (entre cientos de otros casos).  La politización de estas elecciones atrajo a la primera plana a la CICIG y a su jefe Carlos Castresana, quien violó la legalidad al declarar que la elección de los magistrados había involucrado componendas políticas.

Es cierto, estas elecciones han sido legitimizadas en un sistema de gobierno fallido y era evidente que serían capturadas por la misma impunidad que pretendía combatir.  Sin embargo, fue Castresana quien aprovechó esta inmunidad y omnipotencia que el cargo que ocupa le otorga para violar nuestra Constitución y el derecho de nuestros Congresistas para decidir y votar lo que a este país le conviene.

Este artículo nunca busca ser nacionalista o patriotero; muchos saben cuanto me repugna tal debilidad de caracter e inteligencia.  Pero sí es un artículo que grita y exige a los guatemaltecos que se hagan responsables de la limpieza de SU hogar y de SUS compromisos como ciudadanos.

El problema de Guatemala y los guatemaltecos debe ser resuelto por nosotros.  Nosotros debemos revisar nuestra Constitución, estudiarla y hacer los cambios que desde hace muchos años se evidenció eran necesarios.

Pensar que la CICIG, la ONU, la OEA o cualesquiera organizaciones pueden resolver y pegar nuestros platos viejos es fatal para preservar el estado y gobierno que aún tiene una esperanza de sobrevivir.

Les pido que piensen y mediten si nos hemos hecho responsables de nuestra obligación como ciudadanos de cumplir con nuestra responsabilidad cívica de exigir un alto al crimen y la impunidad. Y también los invito a pensar si están dispuestos a realmente solucionar nuestros problemas y apoyar una revisión parcial de la Constitución de Guatemala.

Hacer esta revisión parcial a la Constitución es nuestra única esperanza para empezar a enmendar los errores del pasado.  Otro primer paso es exigir a la CICIG que abandone el país y deje a los guatemaltecos responsabilizar de las decisiones que tomó en el pasado y que nos permite ser a nosotros quienes decidamos si nuestros representantes han actuado bien o mal.   La salida de Castresana y el respeto de la soberanía de Guatemala es una condición fundamental para que este país pueda enmendar sus errores.

Yo sé que es difícil responsabilizarse de lo que hicimos, dijiemos o decidimos en el pasado; pero carajo que somos hombres serios, educados, fuertes, inteligentes y maduros y es nuestra obligación aceptar las consecuencias de nuestros actos y reparar los daños.

Repito y grito,

CICIG y Castresana, ¡fuera de Guatemala!

Guatemala es de los guatemaltecos

La opinión del Abogado y Docente Universitario….

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Miguel Antonio Bernal

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Constituyente paralela

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La reciente publicación por el Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (IEPI), de la investigación de Rubén Darío Córdoba Barría, La Asamblea Constituyente Paralela un estudio Jurídico Político, responde al esfuerzo sostenido por divulgar el esfuerzo académico de jóvenes profesionales panameños en medio de las numerosas limitantes que les impone el entorno.

El trabajo de Córdoba Barría es el fruto de un interesante estudio de Derecho Constitucional, sobre el significado y alcance del artículo 314 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, introducido a raíz de las reformas que conoció la misma con el Acto Legislativo Nº 1 de 2004, el cual es uno de los tres mecanismos que regula el procedimiento de la refirma constitucional en nuestro país. Al mismo tiempo, el autor nos señala el marco teórico de la investigación en el cual se desenvuelve y desarrolla el poder constituyente y el poder de reforma que tendría una Asamblea Constituyente Paralela en el contexto normativo nacional y en el Derecho Constitucional comparado.

Córdoba Barría nos demuestra una voluntad de investigación e interés en la materia objeto de examen y, además de presentar en detalle el análisis del artículo 314, nos ofrece también un estudio de actualidad sobre el tema, en lo que al papel de la Asamblea Constituyente se refiere y las limitantes contempladas para la realización de la misma, en momentos de tantas disposiciones de orden constitucional y del poder constituyente de la sociedad en manos del Tribunal Electoral, cuyos magistrados son autodeclarados adversarios de la justicia electoral en Panamá.

Pretender que pueda existir un Estado de Derecho Constitucional o un régimen político democrático sin el “esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político, sometiéndolo a la Ley”, es lo que, en definitiva, está asfixiando a diario nuestras libertades y nuestras garantías y derechos, además de contribuir a la inseguridad jurídica

Regatearle a la población panameña su derecho a darse una Constitución, en ejercicio de su poder originario, soberano, intransferible y extraordinario va en sentido contrario a la historia. Imponer límites, condiciones, regulaciones al poder constituyente originario y al constitucionalismo, hacen del artículo 314 una indignante camisa de fuerza para que -en Panamá- sigamos sin Constitución, sin Constituyente, sin Constitucionalismo. El presente estudio jurídico-político es una valiosa contribución para que los ciudadanos asumamos el debate sobre el tema y nuestro rol de actores para la modernización del Estado panameño, con Justicia, Libertad y Democracia.

Urge que se abra en nuestro país, de una vez por todas, un proceso constituyente, un debate nacional, una verdadera conversación entre todos los panameños. Panamá debe convertirse en una mesa de debate permanente, de verdadero diálogo y confrontación de ideas, antes que sea demasiado tarde y las campanas no doblen por la dignidad humana de nuestra población sino como resultado de enfrentamientos fratricidas que, como hace poco más de un siglo, devastaron al país.

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Publicado el 2 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De Informe de CONESUP.

El 21 de agosto el Consejo de Educación Superior de Ecuador presento los resultados del estudio que efectuó en razón del Mandato Constituyente Nº 14:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- El Consejo Nacional de Educación Superior -CONESUP- obligatoriamente, en el plazo de un año, deberá determinar la situación académica y jurídica de todas las entidades educativas bajo su control en base al cumplimiento de sus disposiciones y de las normas que sobre educación superior, se encuentran vigentes en el país.

En este informe se analizan algunas variables como planificación institucional, académica, oferta académica, docentes, estudiantes, investigación, vinculación con la comunidad, entre otras; luego en el promedio ponderado, que publica en el portal b10.com.ec se aprecia una clasificación de las Universidades ecuatorianas que denota como se han desempeñado en relación a lo estudiado.  Este hecho ha generado reacciones de algunos actores de la ecuación superior del país como se publica en las notas de Diario El Comercio y El Universo.

Sin embargo me parece que es un primer paso en ordenar los procesos y dar cuenta pública del trabajo de las Universidades, en tanto contemos con mayor información y podamos elegir los estudios que decidamos hacer, bajo el conocimiento de fortalezas y debilidades de las instituciones, estimo avanzaremos en mejorar en conjunto.  De no hacerlo continuaremos en sombras, ignorantes a las oportunidades.

De otro lado ha sido grato para quienes hacemos la UTPL saber que vamos por buen camino, pero aún nos falta, no nos envanecemos por este resultado, es un compromiso para dar mejor calidad.

La necesidad de una constituyente

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José M. González C.
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No hay que tener una piel supersensible para sentir la leve brisa que vuela a lo largo y ancho del fértil suelo istmeño.

Al sentir el acariciante beso dado por la benéfica brisa nos damos cuenta de que ella viene cargada de la germinante semilla que el pueblo de “los locos somos más” esperamos con ansiedad: la constituyente.

Los retrógrados del PRD con su cacofónico “como lo dijo Omar” se niegan a cultivar la semilla constituyente con inaudita tozudez. Su argumento es que la Constitución vigente es la hija predilecta de Omar. ¿Por qué no dicen “como lo hizo Omar”? Sencillamente porque con su gorilezco “como lo dijo Omar” pretenden que el pueblo olvide que Omar Torrijos ahogó en sangre al pueblo panameño.

Si el señor presidente Martinelli escucha con esmerada atención y muy respetuosamente el unísono palpitar de los vigorosos corazones de “los locos somos más” ha de oír que es imperativo la demolición de la montaña de obstáculos que con osadía defiende la demencial corrupción del partido de “Patria Nueva”.

Si el señor Presidente en verdad anhela que “un Panamá mejor llegue a todos los panameños”, ha de decapitar de certero machetazo el mamotreto militaroide llamado Constitución Nacional.

Si el señor Martinelli, elegido Presidente con el abrumador 61% de los votos libremente emitidos en un certamen netamente democrático, deroga la Constitución no cometería el más nimio delito de lesa patria, puesto que la Constitución actual no representa el más mínimo sentir de “los locos somos más”.

Es incuestionable que si el señor Presidente declara muerta, por obsoleta, la Constitución Nacional, obviamente tendría que clausurar la Asamblea Nacional. Drástico, pero inexcusable. De no hacerlo, el cambio sería colorete en los achurrados pómulos de los alcahuetes de “los mismos de siempre”.

El Presidente tiene que olvidar si está violando o no caducas leguleyadas y tomar como verdad irrefutable que el Estado debe y tiene que marchar cónsono con las ideas de futuro y no con resabios militaroides.

En todas las Constituciones habidas en Panamá está el artículo “no habrá fueros ni privilegios”. Irónico. Porque lo que sí ha habido y hay en abundancia son tsunamis de privilegios y canonjías que inundan los bolsillos de bellacos y malandrines que al abordar la nave del Estado enarbolan el pasaporte de la impunidad que les permite “entrar limpios y salir millonarios”.

Puesto que el gobernante de “los locos somos más” se ha comprometido solemnemente a enrumbar la nave del Estado por amplias e iluminadas autopistas de legalidad, por lógica, tiene que pisar fuertemente el acelerador del vehículo estatal a sabiendas que va a chocar con una rocosa cordillera de insólitos intereses ancestrales.

Al señor conductor de la nave de “los locos somos más” le es imprescindible derrumbar la cordillera y continuar su carrera porque de lo contrario el vehículo estatal terminaría en chatarra colmada de cadáveres de ilusiones.

Es vox populi que un elevadísimo número de los fallos de algunos jueces y magistrados son basura que contamina la majestad de la Justicia.

Por la innegable verdad apuntada arriba, es por lo que “los locos somos más” al depositar el voto lo hicimos confiados de que el señor presidente Martinelli hará que en Panamá no solo haya justicia, sino que ella sea expedita.

“Los locos somos más” tenemos la inquebrantable convicción que solo habrá justicia en Panamá cuando los investigadores y los administradores de justicia sean funcionarios honestos y tengan como mínimo diez años de no afiliación a partido político alguno.

“Los locos somos más” confiamos que el señor presidente Martinelli jamás caminará por la fangosa trocha de “más de lo mismo”.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario La Prensa a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

ND/Cubanitoweb

Nuestro segundo informe especial presenta una relación de los hechos ocurridos antes del 28 de junio, que claramente describe el proceso legal seguido para la destitución de Manuel Zelaya del cargo de Presidente de la República, por haber reiteradamente violado la constitución y pretender subvertir el orden constitucional de ese país abusando de su poder, al amparo de una aparentemente inocua  ”encuesta”.

CRONOLOGÍA DE LA DESTITUCIÓN DE MANUEL ZELAYA

1) La Canciller de la República Patricia Rodas anunció al finalizar las elecciones primarias de noviembre de 2008 que el gobierno, inconforme con la elección del señor Elvin Santos como candidato del Partido Liberal en elecciones internas libres y democráticas, convocaría a una consulta popular en 2009 para instalar una urna en las elecciones generales de noviembre de 2009 para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

2) El 23 de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo, mediante decreto, anunció la realización de una consulta popular el 28 de junio de 2009, tal y como lo había adelantado en noviembre anterior. El único órgano facultado para hacer consultas populares sobre temas políticos en el país es el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

3) El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral declararon ilegal la consulta. En iguales términos se pronunciaron el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Colegio de Abogados, las iglesias católicas y evangélicas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y muchas otras organizaciones civiles.

4) El Poder Ejecutivo publicó el 25 de junio un segundo decreto llamando a una encuesta, haciéndolo aparecer como un ejercicio electoral con urnas, en los mismos términos de la consulta popular anunciada en noviembre 2008 y marzo 2009. El TSE y el Ministerio Público decomisaron el material para la encuesta el 25 de junio, pero el Presidente Zelaya irrumpió en una base militar para recuperarlo por la fuerza, violentando disposiciones de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial.

5) La Constitución de la República que el Presidente Zelaya se propone eliminar, establece en su artículo 239 lo siguiente:

6) En vista de la reiterada desobediencia del Presidente Zelaya a las resoluciones del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Electoral que declaraban ilegal la actividad del 28 de junio, quebrantando además el artículo 239 de la Constitución de la República, el Congreso Nacional procedió mediante decreto, el 28 de Junio, a la separación del Presidente Zelaya, conforme a la Constitución de la República y a los informes presentados por el Ministerio Público y una Comisión Especial del Congreso Nacional que investigó la conducta del Presidente.

7) El Congreso Nacional ordenó a las Fuerzas Armadas, institución responsable según la Constitución de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia y la protección de los Poderes del Estado, proceder a la captura del Presidente, en vista que la Policía Nacional se encontraba bajo el mando del Ejecutivo y que se trataba de una situación altamente conflictiva que ponía en riesgo la paz interna.

8 ) Dificultan la identificación clara de este proceso dos acontecimientos ocurridos el 25 de junio. El primero se suscitó cuando se le dio a conocer al Sr. Manuel Zelaya que el Congreso había iniciado una investigación que podría culminar con su destitución. En un momento de cólera el señor Manuel Zelaya firmó una renuncia en nombre propio y de su gabinete. Este hecho no es, ni debe ser relacionado, con los eventos del 28 de junio que condujeron a la captura del presidente. El segundo fue la orden de llevar a al Sr. Manuel Zelaya a Costa Rica para preservar su integridad y garantizar un clima de paz en el país. Entendemos que este segundo acontecimiento puede ser mal interpretado como un deseo de evitar un proceso público transparente, que por muy deseable que haya sido, no está contemplado en las leyes de la República.

9) Hechas estas dos aclaraciones, el proceso que condujo la destitución del ciudadano Manuel Zelaya, se presenta como totalmente enmarcado dentro de la constitución y demás leyes de la República de Honduras.

No tenemos la menor duda que de no haberse llevado a cabo este proceso, Honduras hubiera sido empujada hacia un estado totalitario al estilo de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua.

ND/Cubanitoweb

Personas en contra del regreso del derrocado presidente Manuel Zelaya durante una manifestación en Tegucigalpa, el martes 30 de junio del 2009

El siguiente reportaje describe los hechos que llevaron a las instituciones de Honduras a destituir a Manuel Zelaya el 28 de junio. Fue preparado por nuestras fuentes cercanas al liderazgo democrático hondureño. Al leerlo se concluye que lo ocurrido fue la consecuencia de haberse develado la celada que Manuel Zelaya había preparado contra la constitución hondureña. Por tanto es lógico concluir que en Honduras no hubo golpe de estado y que nunca se irrumpió el estado de derecho.

“El siguiente reportaje explica por qué se tomaron las acciones que se tomaron. Realmente NO tuvimos tiempo para nada más. Tuvimos que ACTUAR y tomar control de la situación (sacando al Zelaya del país y confiscando el material de encuesta ya distribuido) ANTES de que se ejecutara la encuesta de opinión pública que de hecho era la convocatoria de una asamblea constituyente. Zelaya cambió la redacción del decreto en la publicación de nuestro Diario Oficial de tal manera que la interpretación jurídica cambiaba para favorecer las intenciones de Zelaya y Chávez.

Los tres párrafos de abajo son los mas importantes del anexo:

Pública y originalmente, el gobierno ha venido sosteniendo que la ilegal encuesta es para consultar al pueblo si quiere o no una cuarta urna a ser instalada en las elecciones de noviembre para conformar una asamblea nacional constituyente que formule una nueva constitución. Esa ha sido la versión pública, hasta ahora.

Pero en la publicación del decreto, ahora dice otra cosa: en vez de llamarse decreto proyecto“Encuesta de Opinión Pública para instalar una Cuarta Urna”, ahora se llama proyecto“Encuesta de Opinión Pública Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente”. Dos términos distintos que en lenguaje jurídico no son lo mismo. Aquí se aplica el dicho popular que indica “quien hace la ley, hace la trampa”.

Teóricamente, el gobierno estaría convocando a una consulta para instalar una Cuarta Urna, pero en la práctica, en la legalidad del decreto publicado, el gobierno estaría convocando para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, la cual la puede hacer en cualquier momento, dependiendo de los resultados de la consulta. Así, está rompiendo prácticamente el orden institucional y constitucional.”

Si se hubiera realizado la encuesta, el llamado en la Gaceta Oficial era para una convocatoria de una asamblea constituyente. Teniendo los resultados de la encuesta, hoy martes estaríamos con un congreso disuelto y en manos de Chávez. Que en la premura se cometieron errores, probablemente. Pero estamos orgulloso de nuestro pueblo y de las instituciones hondureñas que demostraron poder actuar unánimemente y rápidamente ante una adversidad tan seria.

Manuel Zelaya tiene 17 juicios pendientes y si regresa a Honduras tendrá que ser juzgado.”

INFORME ESPECIAL

Decreto PCM-020 convocando a una Constituyente, promueve ruptura del orden institucional

Preparado por Proceso Digital

Tegucigalpa 28 de junio de 2009.- El Decreto presidencial PCM-020 para la realización del proyecto denominado “Encuesta de Opinión Pública Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente”, difundido y publicado la tarde-noche del jueves, en el diario Oficial La Gaceta, no sólo cambia las reglas del juego de la ilegal consulta que ha promovido el Poder Ciudadano, sino que también promueve la ruptura del orden institucional al eliminar los pesos y contrapesos que caracterizan a la democracia en un estado de Derecho.

Pública y originalmente, el gobierno ha venido sosteniendo que la ilegal encuesta es para consultar al pueblo si quiere o no una cuarta urna a ser instalada en las elecciones de noviembre para conformar una asamblea nacional constituyente que formule una nueva constitución. Esa ha sido la versión pública, hasta ahora.

Pero en la publicación del decreto, ahora dice otra cosa: en vez de llamarse decreto proyecto “Encuesta de Opinión Pública para instalar una Cuarta Urna”, ahora se llama proyecto “Encuesta de Opinión Pública Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente”. Dos términos distintos que en lenguaje jurídico no son lo mismo. Aquí se aplica el dicho popular que indica “quien hace la ley, hace la trampa”.

Teóricamente, el gobierno estaría convocando a una consulta para instalar una Cuarta Urna, pero en la práctica, en la legalidad del decreto publicado, el gobierno está convocando para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, la cual la puede hacer en cualquier momento, dependiendo de los resultados de la consulta. Así, está rompiendo prácticamente el orden institucional y constitucional.

En sigilo para su publicación desde hace un mes

La publicación, elaborada desde el 26 de mayo del 2009, y publicada casi un mes después, a escasas horas de la ilegal consulta, cita en sus Considerandos los artículos 2 y 5 constitucionales, en los cuales se habla que la soberanía corresponnde al pueblo y que el gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional.

No obstante, ese primer Considerando olvidó indicar que el artículo 2 si bien se refiere a que la soberanía corresponde al pueblo, de ésta emanan “todos los poderes del Estado que se ejercen por representación”.

Y de acuerdo a ese artículo, “la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”.

El Decreto PCM-020 consta de nueve Considerandos, algunos de los cuales, carecen de mayor contenido, en tanto otros, revelan las contradicciones mismas en que incurre en “su legalidad” el Poder Ciudadano que dirige el presidente Manuel Zelaya Rosales.

Los Considerandos, en algunas de sus partes buscan fundamentar el ámbito jurídico nacional e internacional bajo los cuales se rige el país, al hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, la Carta Interamericana Democrática y otros aspectos de orden jurídico-internacional.

Iniciativa Ciudadana, ¿voluntaria o inducida?

En el sexto Considerando, el gobierno justifica la realización de la consulta para Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, en que la misma es producto del clamor “individual y voluntario” de miles de ciudadanos y ciudadanas, así como sectores sociales, en el ejercicio de la iniciativa que la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 5, numeral 1, les confiere. Estos ciudadanos y ciudadanas, así como grupos sociales, pidieron al Ejecutivo que por medio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se realice una encuesta nacional de opinión, mediante el uso de “procedimientos estadísticos” a más tardar el último domingo de junio de 2009.

Según ese Considerando, el objeto de la encuesta o consulta es preguntar a la ciudadanía lo siguiente: ¿Está de acuerdo que en las elecciones generales de 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente?: SI o NO.

El artículo 5, numeral 1, de la Ley de Participación Ciudadana , manifiesta que “la iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes: Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en general, a los vecinos de un Municipio, de un barrio o colonia, a gremios, sectores o grupos sociales organizados, para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten. Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante; y (…)

Cabe destacar que hasta ahora, esas iniciativas ciudadanas y de organizaciones sociales de las que habla el gobierno en sus Considerandos, fueron inducidas al existir una orden gubernamental de instruir a sus ministros a “recoger firmas” por todo el país para justificar la consulta.

Juristas consultados por Proceso Digital, indicaron que en base a este artículo y numeral que invoca la administración Zelaya, la Ley de Participación Ciudadana no es una normativa para ejercer una “consulta directa” de reforma constitucional. Esta norma, aseguran, no está por encima de la Constitución que ya contempla en su articulado las figuras del Plebiscito y Referéndum, cuyo ejercicio fue recientemente reglamentando.

Una orden judicial, ratificada por una Corte de Apelaciones, se pronunció indicando que esa propuesta estatal es ilegal porque viola los procedimientos y normas constitucionales, pues se está convocando a consultas de tipo político-electoral, y esa atribución, por ley, sólo es conferida al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral.

El INE, por sobre la Constitución

Sin embargo, el gobierno haciendo caso omiso a una sentencia legal, de un poder del Estado, creado para resolver controversias entre las partes, decidió seguir con su propuesta y otorgó al INE la facultad de implementarla con “procedimientos estadísticos”, los cuales, por ahora son del desconocimiento público. La forma y mecanismos en que se hará la ilegal consulta o encuesta, no sólo carece de metodología científica, sino que carece de juridicidad y veracidad, pues no se hará en base a un padrón electoral, no se garantiza una mesa escrutadora independiente aduciendo que esa garantía la hará el “pueblo-pueblo”, entre otros aspectos.

El INE si bien tiene entre sus funciones promover estudios y generar estadísticas para orientar las políticas en la administración pública, por ley no está facultado para hacer consultar de tipo político-electoral con carácter de reformas constitucionales, como la actual iniciativa. De ahí que el gobierno siga cayendo en su propia ilegalidad.

Previo a la fundamentación jurídica del decreto, se refiere a lo que es Estado, territorio, al igual que a las atribuciones del Presidente, que en el artículo 245, numeral 2, señala que es atribución del gobernante “Dirigir la política general del Estado y representarlo”; pero ello no indica que el Ejecutivo está autorizado a “romper los otros poderes del Estado o irrumpir en ellos”, como pretende en el fondo con este decreto que convoca abiertamente a una Asamblea Nacional Constituyente, expresaron juristas, fiscales y jueces abordados por Proceso Digital.

Zelaya viola sus propias atribuciones constitucionales}

Ese artículo constitucional claramente le define sus funciones al Presidente y le indica que en una democracia existen contrapesos. También, en la fundamentación del decreto, se indica claramente que el Poder Ejecutivo tiene entre sus funciones llevar la política general del Estado en el ámbito administrativo y en política internacional, pero no lo faculta a usurpar otros poderes.

De ahí que los artículos que dentro del ámbito de la administración pública se mencionan en el decreto, son claros en cuanto a indicarle al Presidente de la República: “Señor, usted va a gobernar en el Ejecutivo y no puede salirse de ahí”.

La ley de la administración pública fue elaborada por el ex fiscal y ex ministro de la defensa, Edmundo Orellana, quien, se asegura, le advirtió al gobernante y a sus ministros los alcances de esa consulta ilegal, y les habría dicho que ello “podría costarles la cárcel” porque estaban irrumpiendo en las funciones de otros poderes.

Disolución de poderes, a la vuelta de la esquina

Si se analiza toda la fundamentación jurídica que invoca el Ejecutivo para la ilegal consulta o encuesta, la misma normativa le indica al presidente Zelaya que dentro de sus atribuciones no está el convocar a una encuesta de opinión pública “para instalar una Asamblea Constituyente”, por lo que nuevamente el mandatario vuelve a incurrir, una vez más, en una violación a la Constitución y el estamento jurídico que regula el Estado de Derecho y el actual Contrato Social que rige a Honduras.

Con el decreto PCM-020, según los expertos consultados, con quien Proceso Digital analizó cada parte del documento, el presidente Zelaya lo que está provocando es el rompimiento de la institucionalidad, misma a la que está llamada a garantizar precisamente la Carta Democrática de la OEA que aborda en sus Considerandos este decreto presidencial. Si triunfa el SI, como indica la tendencia, al no existir garantías que indique un respeto a las ciudadanos y ciudadanas que ejercieran el NO, porque será el mismo gobierno quien realice, supervise, cuente los datos y controle la logística, la otra semana, Zelaya pudiera, en cualquier momento, disolver los poderes del Estado y conformar la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos delegados, ha trascendido, ya fueron incluso nombrados con anterioridad.

¡No a las dictaduras populistas!

El expresidente Manuel Zelaya se encuentra en Costa Rica luego de que hondureños decidieran proteger su Constitución el día sábado 27 de junio de 2009.

Manuel Zelaya tenía previsto preparar una Consulta Popular que permitiría la reelección al cargo de Presidente de la República de Honduras por un período más y extender su poder en el gobierno hondureño.

Manuel Zelaya ha confirmado una vez más (en la entrevista que dio el domingo a las 9:45am en CNN) que esta decisión es parte de un plan latinoamericano coordinado por el dictador “democrático” Hugo Chávez Frías que busca extender las dictaduras populistas en América Latina.  Además de Chávez, el expresidente Manuel Zelaya también ha recibido el apoyo de Daniel Ortega y de otros presidentes de izquierda populista en América Latina.

¡Es una obligación ciudadana de los latinoamericanos EXIGIR A SUS gobiernos que NO APOYEN LAS DICTADURAS POPULISTAS en la OEA, o en la reunión de presidentes centroamericanos que se realizará el día lunes 29 de junio en Managua.  Estas dictaduras apoyadas por los petrodólares de Hugo Chávez  están siendo establecidas con la compra de votos de los más pobres, ignorantes y necesitados!

Lean más sobre la fascinación de los latinoamericanos con el populismo en este post: La fascinación del populismo – Vilmar Rocha

¡EXIGAN A SUS GOBERNANTES QUE NO APOYEN A MANUEL ZELAYA!

¡PROTEJAN EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y REPUBLICANO!

Querido Rafael

Mis amigos me cuentan que la organización “acción ecológica” ha sido clausurada por decisión oficial.

me cuesta creerlo.

ojalá no sea cierto.

yo fui, y sigo siendo, uno de los muchos que celebramos la nueva constitución del ecuador, que por primera vez en la historia ha consagrado los derechos de la naturaleza.

y yo fui, y sigo siendo, uno de los muchos que creemos que la independencia de las organizaciones ecologistas es la mejor garantía de la defensa de esos derechos.

va el abrazo de siempre,

Eduardo Galeano

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Les entrego estas reflexiones tomadas de:

http://www.herramienta.com.ar/print.php?sid=524

Autores: Guido Galafassi* y Andrés Dimitriu**

“Es en el terreno donde se cruzan la ciencia y la política donde se debe trabajar para prevenir los desastres ambientales. Los accidentes ocurren en la mayoría de los casos en países con instituciones débiles, poca independencia de los organismos de control, una sociedad con bajos niveles de acceso a la educación y con altos índices de pobreza” (pp. 16)
Esta afirmación no fue dicha ni por un alto funcionario del FMI en viaje de monitoreo por algún país deudor, ni por ningún funcionario del Banco Mundial en ninguna conferencia sobre ayuda al desarrollo, ni por ningún funcionario de las Naciones Unidas en alguna cátedra sobre Democracia y Ambiente. Tampoco fue dicha por ningún representante empresario en el coloquio anual de IDEA, ni por ningún funcionario de medio ambiente en cualquiera de sus niveles. Sencillamente constituye un párrafo jugoso del texto que Nicolás Gutman firma (en tanto “Experto en temas de minería y ambiente”) para el número de mayo de Le Monde Diplomatique, edición argentina.
Generoso en el uso de datos, citas, reflexiones y saberes previa y colectivamente acumulados por las propias asambleas que se oponen al saqueo (que creen en la propiedad colectiva de saberes, y por lo tanto no reclaman derecho de autor, pero si en el valor político y pedagógico de acreditar las fuentes), el artículo provee una idea aproximada de la magnitud del negocio pero incorpora, desde el comienzo, el tipo de anzuelos retóricos que implican, con algunas modificaciones, más de lo mismo. No está solo en esa postura: los intereses particulares organizados alrededor de la extracción minera contemplan y anticipan en sus estrategias, después de varios siglos de experiencia, que no todo es aceptación sino que hay rechazo, “indecisos’ y -por diferentes razones- ignorancia. Si el plan “A” era -o es- “ir, extraer todo lo posible y retirarse antes de que la población se dé cuenta”, el plan “B” es la suma de maniobras imaginables destinadas a ganar consenso, legalizar estas formas de enriquecerse, lograr obediencia y/o complicidad, publicitar sus objetivos como si fueran idénticos a los de la sociedad y desacreditar las alternativas como si fueran “ataques’. Plan “C”, no hace falta decirlo, es cuando -con intervención del Estado- el rechazo al saqueo es criminalizado para justificar el uso de la fuerza física (guerra por recursos, persecución política).
Volviendo al cruce científico-político; es sabido, aunque no muy divulgado, que siempre fue estratégica la subordinación de muchos científicos y muchas instituciones -asociadas a la administración de la ciencia y la técnica- al capital[1]. ¿Será necesario acaso recordar que Exxon, Shell, Monsanto, Unilever, Dupont, Repsol, etc. (algunas de las corporaciones más denunciadas en relación a la destrucción de la vida en sus diversas dimensiones) llevan adelante importantes acuerdos y convenios con las máximas instituciones de la ciencia y la tecnología a nivel internacional para promover el “desarrollo científico y el progreso de la humanidad”, o que, y tomando un ejemplo mucho más cercano, la Universidad Nacional de Tucumán participa del consorcio que explota la mina Bajo La Alumbrera, para siquiera esbozar algún dejo de duda respecto a la eficiencia en relación a esto del “cruce entre la ciencia y la política a la hora de prevenir los desastres ambientales”?.
A priori, tanta ingenuidad en boca de un “experto” hace un poco de ruido y amerita un análisis un poco más profundo. Pero acaso ¿algo nuevo bajo el sol? No son las políticas explícitas y burdas las que deberían llamar la atención, sino el envoltorio retórico y otros recursos publicitarios que las suelen encubrir y justificar, usado como escudo flexible para atenuar el choque de intereses. Dado que las evidencias empíricas y la apreciación subjetiva-valorativa sobre las consecuencias del saqueo suelen resultar chocantes, la proporción y/o combinación de planes A, B y C puede variar según indiquen diferentes termómetros y oráculos. La dimensión que nunca faltó en el repertorio colonial, en todo caso, es la cultural, la que asocia la extracción de bienes comunes con la “aventura” del “Hombre”, con “destinos de grandeza”, con la exploración y traspaso de fronteras que se logra transitando el “inevitable -aunque sacrificado- camino hacia el progreso”. Todavía pesan las románticas metáforas sobre pioneros lanzados a buscar oro, el gold rush californiano o, después que EEUU le comprara Alaska a Rusia, el Klondike de 1870 saturado de aventureros dispuestos a pagar fortunas por una docena de huevos, según la narrativa utilitaria de Jack London. Es en la temprana política “criolla” donde se manifiesta ese interés de manera más tangible. Bernardino Rivadavia fue, aparte de presidente y mediador para la primer deuda externa de la Argentina, titular de la empresa Rio de la Plata Mining Company y gestor del primer acceso británico al oro en el Famatina. Los primeros pasos de la literatura rioplatense, como recuerda Adolfo Prieto, “tiene que ver, en primer término, con la atracción que la explotación de las minas de oro y plata de la región andina pareció ejercer sobre inversores ingleses”[2].
Bien, se habla también de instituciones débiles y de poca independencia de los organismos de control y demás. Pero el mismo autor, en párrafos anteriores decía lo siguiente: “En Estados Unidos, donde existe la mayor cantidad de datos científicos y estadísticos disponibles sobre el sector, la Environmental Protection Agency (EPA), oficina de protección ambiental del gobierno, considera que la minería es después del calentamiento global la mayor amenaza a los ecosistemas del planeta, además de ser la mayor industria de contaminación tóxica de ese país, superando a cualquier otro sector industrial. En un estudio sobre la calidad del agua y el desafío y los costos económicos que implican su contaminación, la EPA concluye que `la minería en el oeste de los Estados Unidos ha contaminado más del 40% de las cuencas hidrográficas de la región´ y agrega que `el saneamiento de las minas abandonadas en 32 estados de los Estados Unidos puede costar 32.000 millones de dólares o más” (pag. 14). Sí, esto es así, y no lo dudamos, pero nos preguntamos entonces donde quedó aquello de la relación directa y proporcional entre debilidad institucional + pobreza e impacto socio-ambiental de la minería -lo que en el texto se llama “accidentes”, si hasta en el propio EEUU -paradigma de la perfección institucional moderna- el desastre minero llega a magnitudes increíbles. Es que, por empezar, quizás no sean tan “accidentes” sino una consecuencia esperable de la lógica dominante, aquella de mercantilizar la existencia y medir todo en términos de costo-beneficio (si hasta la destrucción de las cuencas hídricas es medida por la propia EPA solo en millones de dólares), lógica que incluye la institucionalidad estatal en todos sus niveles, por cuanto no podemos seguir cayendo, otra vez, en la ingenuidad de creernos la supuesta independencia de la democracia representativa respecto al proceso económico. Todo lo dicho y demostrado respecto a la invasión estadounidense de Irak y sus cuencas petrolíferas es más que suficiente para derribar tal suposición discursiva.
“Entregar las riquezas del subsuelo del país a estas empresas es abrir las puertas a un grupo que incluye desde EMPREAS SERIAS [sic], hasta aventureros del momento, pasando por fuertes lobbies políticos y gigantescas corporaciones, cuyo punto en común es que todos pueden causar una catástrofe ambiental. Por esta razón, las mejores legislaciones se adelantan a los hechos y ante los proyectos de minas a cielo abierto plantean estrictos requerimientos financieros y penalidades: desde fideicomisos manejados por el gobierno; requisitos de seguros para el cierre de operaciones adquiridos en el mercado y en relación a los costos estimados (no sólo de ganancias sino también de la potencial afectación ambiental), hasta el cierre efectivo de la mina, entre otros muchos complejos mecanismos. Aún así, estas sofisticadas baterías jurídicas han demostrado no ser totalmente eficaces” (pp. 16) (el subrayado es nuestro).
Además de sostener la diferencia dibujada entre empresas serias y aventureros (distinción que todas las comunidades que luchan contra el saqueo reconocen como recurso discursivo que solo sirve para crear confusión y distracción, es decir una clásica táctica utilizada por los saqueadores para ganar tiempo) lo que se está diciendo en este párrafo merece una especial atención. Se está proponiendo, en primer término, mantener aquella fórmula de la economía ambiental neoliberal basada en el principio mercantilista de “el que contamina, paga”, una astuta respuesta empresarial (con apoyo académico) a las primeras catástrofes de primera categoría en zonas industrializadas occidentales (no en África, América Latina o Caribe, eso hubieran sido catástrofes de “segunda” o “tercera” categoría). El incendio de un río en Ohio y el smog Londinense, entre muchos otros, motivaron el descubrimiento -a principios de la década de los 70- de una novedosa y hasta entonces insospechada fuente de beneficios paralelos generados alrededor de los “accidentes” e “impactos” ambientales que, con el correr de los años, se transformó en la justificación e incluso un poderoso incentivo a la contaminación[3].
Contaminar y “remediar” caminan desde entonces juntos de la mano, asignando precio a los daños, a la salud, a las personas, a los territorios, al mar. Nacía el “environmental management”, el “manejo racional” del “medio-ambiente” y el “desarrollo sustentable” que, con su correspondiente enjambre de funcionarios, consultores en marketing e imagen, agentes de seguros, estudios jurídicos especializados en derecho ambiental, ingenieros especializados en equilibrio ambiental y expertos en cálculo de costo-beneficio, daba sus primeros pasos. La naturaleza es tratada como un trabajador más, un obrero al que no se le permite dormir (es inconcebible que haya “yacimientos” o “depósitos” que no sean explotados) ni quedarse quieto. La expresión working forests, referida a los bosques nativos del Canadá, implica que los árboles (depósito de madera, no albergue de rica variedad de flora y fauna) no “pueden quedarse ahí sin hacer nada”: deben trabajar, es decir ponerse al servicio de quienes tienen el capital, la maquinaria y el apoyo institucional para servir a la “humanidad”. Cuando hay protestas, se agrega -cobrando la diferencia- el rubro verde: volteo certificado. Que haya múltiples consecuencias sociales, culturales y ecológicas es visto como un problema y a la vez un negocio que se caracteriza por ser un renovado desafío a la tecnología, a la capacidad de las comunidades locales de sacrificarse sonriendo, que denominan adaptarse con “fortaleza institucional”. Incluso hay créditos del BID para ese tipo de fortalecimiento y “empoderamiento”. La mención del ideograma chino de crisis, que representa al mismo tiempo amenaza y oportunidad es típica. La usaron Heidi y Alvin Toffler, Rodolfo Terragno y últimamente el laureado director de cine y promotor global del negocio de los biocombustibles Al Gore. Lo que de ninguna manera admiten los defensores y beneficiarios del sistema es frenar el sagrado circuito de la acumulación ni sus componentes esenciales. Esa, prefieren creer, sería la peor y más temida catástrofe, no el calentamiento global, la desertificación, el éxodo en gran escala, la explotación humana, el genocidio social, ambiental y cultural. El mega-negocio de los bonos verdes, como justificativo para extender la superficie mundial de monocultivos para “producir” agrocombustibles (y el sector minero, junto al consumo suntuoso en los centros urbanos y la industria bélica, es uno de los mayores consumidores de energía del mundo, aunque luego figure en las estadísticas como consumo “argentino”, “chileno”, ’boliviano”, etc), es el ejemplo más concreto.
De lo que se trata entonces, según los proponentes de esta escenografía, es de generar mecanismos político-financieros que penalicen a las explotaciones mineras que no llevaron adelante una “extracción responsable”. ¿Cuál es el discurso subyacente a este tipo de promesas? Hay varias lecturas para hacer de este esquema. En primer lugar no olvidemos que capitalismo no garantiza que le vaya bien a “los” capitalistas sino que implica la liberación -hasta adonde se pueda – de las condiciones para, luego si, entrar en feroz competencia. Que haya perdedores es normal, por eso la puja empresarial incluye la intervención (directa, indirecta, con lobbies o candidatos propios) en la redacción de las leyes. Por supuesto que esto implica no tener en absoluto en cuenta que la mayoría de los desastres asociados en la extracción minera son ambiental y socialmente irreversibles, y que por lo tanto no podrían pagarse ni “con todo el oro de Moscú”. Tampoco contempla el control social sobre el uso posterior de los metales y minerales obtenidos (por ejemplo el uso para industria bélica de grandes potencias). Y por otro lado confirma una visión predominantemente fragmentada y economicista de la problemática, cuando en realidad la problemática es notoriamente más compleja que una simple ecuación financiera o una burda relación costo-beneficio.
Lo que, intencionadamente o ingenuamente, dejan de lado estas visiones simplistas es la complejidad intrínseca en el que está envuelto todo proceso de intervención minera en una región. Pues la minería a gran escala y a cielo abierto implica romper toda una serie de lazos y relaciones no solo económico-ambientales, sino también sociales, culturales, territoriales y políticas. Dado que su altísimo nivel de impacto y destrucción va mucho más allá de la contaminación o del problema de las regalías o las cuentas impositivas o de ingresos o egresos para el Estado. Estos proyecto van de la mano con una renovada forma de conquista que implica tanto la destrucción del entramado productivo que sostiene con vida a la región como un proceso velado de colonización cultural junto a mecanismos de compra de voluntades y ruptura de los lazos comunitarios. Es evidente, que el ser un experto en minería y medio ambiente no es suficiente para ver toda la complejidad de este proceso de saqueo, aunque paradójicamente las propias comunidades afectadas si fueron y son capaces de verlo.
“A modo de ejemplo, en 1992 la pequeña mina de Summitville, en Colorado, Estados Unidos, que sólo pudo explotar minerales por un valor de 130 millones de dólares, significó para los contribuyentes locales un costo de 200 millones de dólares (hasta la fecha) para limpiar el río Alamosa, contaminado con cianuro desde el primer día de operaciones. Los ejemplos abundan, y queda claro que las ínfimas regalías que van a dejar los nuevos megaproyectos de la cordillera no podrían cubrir el costo de la más mínima eventualidad o accidente” (pp. 14)
Lo primero a destacar es la aparente convicción de que la contaminación con cianuro puede ser “remediada”, lo cual es un absurdo y una falacia total. Cualquier mínimo conocimiento ecológico (el nivel empírico de la ecología) puede fácilmente demostrar que los complicados procesos de contaminación (que implican infiltración y distribución de la sustancia contaminante en múltiples formas), y en especial la contaminación con el mortífero veneno llamado cianuro, son harto difíciles de limpiar, por no decir imposibles en la enorme mayoría de los casos. Es que lo que está subyaciendo es la tesis de que el cianuro puede ser usado responsablemente, es decir con controles y manejo eficaz. Es decir otra vez el Plan “B”.
En segundo lugar, se vuelve a insistir con la formula de “el que contamina, paga”; es que el problema pareciera empezar y terminar en la incapacidad que las -de por sí- ínfimas regalías poseen para cubrir el costo del daño, suponiendo, además, que tanto el daño como la amenaza de daño son aceptables y pertenecen a una inevitable “tradición” productiva. Tratemos con un ejemplo lamentablemente cotidiano: si una persona entra armada a una farmacia y exige dinero ¿necesita disparar para transformarse en asaltante? De nuevo, el saqueo se reduce a un simple reduccionismo financiero, de relativa fácil solución: se aumentan las regalías y todo solucionado; para la lógica del saqueo y los intereses a corto plazo de los saqueadores, obviamente.
“Empresas que en sus países de origen se comportan como agentes sociales comprometidos, invirtiendo en las comunidades en donde están presentes, en otros contextos y latitudes son acusadas de graves hechos de corrupción y hasta de violencia” (pp. 16)
Qué decir respecto a esto. Se trata del principal truco de la sociedad de mercado: ocultar las consecuencias sociales y ambientales que hacen o hicieron posibles sus éxitos, es decir la doble moral o “doble standard” que nunca es recíproco o se puede invertir (¿europeos mendigando en las calles de África mientras los africanos manejan Volvos? no, claro que no, pero tampoco al revés). Tratemos de poner en la misma mesa a los vecinos que viven aguas debajo de los emprendimientos mineros con los gerentes y accionistas de “exitosas” empresas mineras, inmediatamente después de hacer una gira por alguna de las cunas urbanas que albergan a sus principales beneficiarios. Pero no hace falta ir hasta Puerto Madero, los suburbios ricos de Toronto o la Bolsa de Valores de Nueva York para registrar los contrastes: todos los habitantes de la Comarca del paralelo 42 (noroeste de Chubut y suroeste de Río Negro) conocen perfectamente la notoria capacidad de incidencia política, cultural e inmobiliaria de Joe Lewis, un “empresario comprometido y que invierte en su comunidad”, con su cada vez más ampliada estrategia de canjear relaciones públicas a cambio del uso privado (violando incluso la ley, en complicidad con el Estado) de uno de los más bellos paraísos de la cordillera patagónica.
Lo que sucede, es que estas visiones “tecnicistas” de la existencia (tecnicismo ambiental y financiero en este caso) son incapaces de reconocer la complejidad de la vida y de las relaciones sociales, cayendo en un reduccionismo fenoménico que niega la totalidad, fragmentando la realidad en compartimentos estancos, negando así la unidad en la diversidad.
Si en cambio, no cayéramos en este reduccionismo tecnicista, podríamos ver fácilmente que la minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro (o cualquier procedimiento contaminante que la sustituya) no constituye un proyecto económico aislado, sino que por el contrario se enmarca en el renovado papel asumido por América Latina y el Tercer Mundo en tanto exportador de materias primas para abastecer las necesidades del capital internacional (no las de la humanidad que sigue padeciendo hambre). Pero esta explotación de recursos naturales mantiene los patrones generales de apropiación indiscriminada descriptos claramente en, por ejemplo, “Las venas abiertas de América Latina” (de Eduardo Galeano).
Si viéramos que la lógica de acumulación y maximización de ganancias socava su propia fuente de sustentación al agotar los recursos, podríamos entender el proceso minero de forma más fácil y directa. Es que la lógica de maximización de las ganancias no tiene en cuenta (no puede tener en cuenta, por cuanto aumentaría sus costos a niveles inalcanzables) la tasa de reproducción de los recursos (en el caso de recursos renovables) o el ciclo de agotamiento o perjuicio sobre el ambiente. Esto termina generando impactos, en muchos casos irreversibles, cuyos costos los paga la sociedad en su conjunto y, muy de vez en cuando también el propio capital. La minería de oro posee la particularidad, al ser una actividad de corto o mediano plazo, de generar fuertes impactos nocivos sin que el capital que lleva adelante la extracción se vea perjudicado directamente por los mismos, ya que una vez terminada la apropiación se retira a nuevos espacios a reiniciar el ciclo. Todas las consecuencias negativas repercuten entonces en las sociedades locales y en el ambiente regional. Esto facilita el uso de procesos “brutales” de extracción en pos de la maximización de las ganancias. Es por esto que la minería de oro a cielo abierto constituye una actividad en la cual no está presente ninguna consideración real (más allá de lo discursivo) hacia la ecuación “tecnología de bajo impacto / preservación de la explotación en el tiempo” (formula presente en las tácticas empresariales de desarrollo sustentable), por cuanto esto implicaría aumentar exponencialmente los costos y así disminuir las ganancias en algunos casos, o renunciar lisa y llanamente el emprendimiento en otros. Pero además es importante dejar bien en claro que no existe una tecnología alternativa: la minería de oro a cielo abierto exige la destrucción de cientos de km2 de territorio, genera millones de toneladas de residuos minerales (liberando todo tipo de sustancias al aire y a los cursos de agua), implica la contaminación y/o el agotamiento de las reservas de agua regionales, el uso masivo de explosivos, y la utilización de miles de toneladas de cianuro y otras sustancias tóxicas. Es fundamental establecer que el cianuro constituye un compuesto químico absolutamente nocivo para la vida, es un veneno altamente mortal. Y por más “manejo responsable” que se haga de él, no se modifican sus cualidades altamente tóxicas y mortales.
A esto hay que sumarle la perversa legislación y marco económico que permite una de las más altas tasas de rentabilidad del mundo, las que en el caso de ser reformadas solo posibilitarían la redistribución de la renta entre el Estado (en sus diferentes niveles) y los capitales nacionales o regionales, cómplices y coparticipes ambos del proyecto minero vigente. De control social sobre el circuito total de la economía, incluyendo los riñones estratégicos, ni se habla. Del uso extorsivo de las finanzas, del comercio y de la política cotidiana para justificar roles subordinados y dominación tampoco.
Por lo tanto, a esta altura del debate, es fundamental volver a advertir sobre el “Plan B” del proyecto minero (concepto largamente tratado por las comunidades afectadas y las organizaciones contra el saqueo), es decir sobre aquellos que proponen una modificación de la legislación, o de los marcos regulatorios de las regalías y la carga impositiva, o del pedido de mayores controles por parte del Estado, pero sin alterar ni un ápice la lógica central de la carrera por la acumulación, el saqueo y la especulación global que necesariamente acompañan al proceso de extracción/explotación. El caso extremo lo constituyen estas propuestas de ciertas corporaciones técnico-político-económicas (asociadas en muchos casos con fundaciones y ONGs supuestamente ambientales o de interés ciudadano) que plantean realizar minería de oro a cielo abierto a través de un “uso responsable del cianuro” (en consonancia con la tan de moda muletilla de la “responsabilidad social empresaria”). La imposibilidad técnica, político-económica y de gestión de esta metodología de producción lo demuestran los cientos de casos de devastación ambiental y regional en todo el mundo.
“Todas las actividades humanas e industriales generan algún tipo de contaminación; el debate no debe plantearse entonces como desarrollo versus contaminación. Es necesario más bien analizar cómo se pueden minimizar las consecuencias negativas del desarrollo industrial, que en el caso de la minería presenta graves peligros e inconvenientes. Para ello, la ciudadanía debe poder participar del monitoreo’ (pág. 14)
Es exactamente así como argumenta el mismo sector minero, que pregona el desarrollo industrial genérico porque tiene ante sus ojos un mapa sin fronteras cuando se trata de sus expectativas, un mapa que sin embargo se llena de barreras de acceso al momento de repartir consecuencias o beneficios. Es por eso que suponer o proponer que “la ciudadanía debe poder participar en el monitoreo [sic]” es una propuesta de división del trabajo que resulta, por lo menos, hilarante y no respeta, por ejemplo, la histórica derrota política que las comunidades de Esquel y otras de la zona infligieron en el plebiscito de marzo de 2003 contra la política minera en la región.
No es ninguna casualidad que estas visiones tecnicistas y reduccionistas mantengan una alta coincidencia con la predica que viene desarrollando el Consejo Mundial de Negocios por un Desarrollo Sustentable (WBCSD – World Business Council for Sustainable Development), con su capítulo nacional, el CEADS[4]. Esta asociación constituye una estrategia muy hábil de las grandes corporaciones multinacionales en pos de mostrar una cara amigable hacia los problemas de la humanidad (problemas en su mayor caso generados por la lógica presente en estas mismas corporaciones). Entre los objetivos del WBCSD figuran por ejemplo:
Participar en políticas de desarrollo con el objetivo de crear una estructura legal de condiciones para los negocios que implique una contribución efectiva al progreso sustentable de la humanidad. Contribuir hacia un futuro sustentable para naciones en desarrollo y en transición Demostrar las contribuciones que los negocios pueden hacer para encontrar soluciones basadas en el desarrollo sustentable
Creemos que no es necesario abundar respecto a que las tácticas del “uso responsable del cianuro” y de la “responsabilidad social empresaria” son las manifestaciones concretas de esta estrategia del “desarrollo sustentable corporativo”. Otra clara demostración del Plan B.
Además el WBCSD posee un área especial para “Minería y Minerales” (el MMSD), en donde desarrollaron una agenda con los principales desafíos del sector frente al desarrollo sustentable[5]. Algunos de ellos son:
Manejar el impacto ambiental de las minas, asegurar la viabilidad de largo plazo de la industria de minerales lograr un control, uso y manejo responsable de las tierras y desarrollar un impacto positivo en las comunidades locales.
Cualquier semejanza con las visiones tecnicistas y reduccionistas enroladas en el Plan B minero, no es pura coincidencia.
En síntesis, todas estas propuestas y análisis técnicos e intelectuales que por un lado explican los desastres ambientales y financieros que esta lógica de explotación minera implica (pero nunca llegando a revelar el desastre en términos de desarrollo social y comunitario que estos planes productivos conllevan, por cuanto están formados y son claros defensores de la lógica general de la democracia representativa -es decir restrictiva y limitada- y la economía de mercado -motorizada por aquellos que trabajan mientras otros acumulan ganancias-) pero que finalmente solo proponen mejorar los “mecanismos de control para minimizar los impactos”, junto a los intelectuales y científicos que se dedican a estudiar a los movimientos sociales que luchan contra el saqueo en lugar de estudiar a las corporaciones, capitales y lógicas estatales que perpetran el saqueo, conducen -consciente o inconscientemente- a abonar y mejorar el Plan B de esta lógica expoliadora. Este Plan B se impone toda vez que las formas más burdas y descaradas de despojo encuentran resistencia en la población, por lo tanto el capital saqueador debe encontrar formas más suaves y flexibles para lograr sus objetivos expoliadores, penetrando y fragmentando la resistencia civil, lo que implica seguramente ceder ciertos márgenes de maniobrabilidad y tener que negociar ciertos márgenes “aceptables” en pos de una “minería responsable”. Es que los elevadísimos niveles de rentabilidad presentes en el negocio de los recursos naturales permite esta flexibilidad, y surgen así los programas de “responsabilidad social empresaria” y de “desarrollo empresarial con conciencia ambiental”. Sin lugar a dudas que estos planes B empresarios, abonados por técnicos, intelectuales y ciertas ONGs (algunos a sueldo y otros solo por vocación) son el mayor desafío a vencer por parte de la resistencia civil, dado que “de noche, todos los gatos son pardos”.
Es por esto que los vecinos de Esquel, de la Comarca Andina, de los pueblos de Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut, Santa Cruz, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Jujuy y de otros puntos del país que se van sumando, todos claros impulsores del movimiento masivo de oposición al saqueo y la contaminación, fueron y son claros y contundentes al respecto:
NO a la MINA. NO es NO! ¿Qué parte del “NO” no entienden?.

Madrid 22 de enero de 2009

SÍ A EVO, SÍ AL REFERENDUM CONSTIYUYENTE

Las organizaciones abajo firmantes que forman parte del Movimiento Humanista y otras amigas, queremos manifestar en el día de hoy nuestro total apoyo al proceso encabezado en Bolivia por Evo Morales y pedimos el SI, en el Referéndum Constitucional del próximo 25 de enero.

Esta Constitución es imprescindible para seguir avanzando en el proceso político, social y cultural que está transformando realmente las estructuras de Bolivia y son un referente para Latinoamérica y el resto del Mundo. En un momento donde, por suerte, se están cayendo los modelos imperantes, resulta totalmente ejemplar este proceso boliviano que, despegándose de viejo tópicos y recetas fallidas, busca construir una sociedad nueva donde todos sus miembros tengan los mismos derechos y mejores posibilidades.

Decimos SÍ a esta Constitución:

• Porque es Descentralizada, dando autonomía a regiones y municipios.

• Porque es Participativa, dando la voz a aquellos ciudadanos y culturas postergados durante siglos.

• Porque es Progresista: buscando modelos nuevos para salir del atraso y la pobreza.

• Porque es Solidaria, aceptando además de la propiedad privada, otras formas sociales de propiedad.

• Porque es Profunda, surge desde la profunda sabiduría de sus pueblos y nos busca una nueva revancha contra los que dominaban con anterioridad sino un modelo inclusivo y diverso donde todos tengan oportunidades

• Porque es innovadora, defendiendo la soberanía alimentaria como un derecho básico y defendiendo también el cuidado del la Pacha Mama como una obligación moral frente a las futuras generaciones.

• Y, por último, Porque es una Constitución No Violenta, la Primera Constitución en la Historia que excluye a la guerra como forma de solucionar conflictos entre países vecinos. Dada la terrible historia de Latinoamérica, sembrada de guerras que siempre promovieron los poderosos y que siempre perdieron los pueblos, esta declaración explícita está dando una señal política y moral que es necesario subrayar.

Entonces, decimos SÍ a esta Nueva Constitución que protege los Derechos Humanos, la libertad de los individuos y profundiza la democracia real, estableciendo niveles de participación y una autonomía que llegan hasta los municipios y comunidades. Que reconoce a los pueblos originarios, discriminados y explotados durante siglos. Que recupera la soberanía de la nación sobre los recursos naturales. Una Constitución de avanzada que rechaza la guerra como método de resolución de conflictos.

En síntesis: decimos SI a esta Constitución por ser inclusiva, ecologista, justa, humanista y no violenta.

Partido Humanista ,La Comunidad para el Desarrollo Humano de España, Federación del Centro de las Culturas, Mundo sin Guerras Internacional , Ciudadanos del Mundo, Federación Internacional de Apoyo Humano, Federación Panafricana, Comité Panafricano de Amistad y Solidaridad con Bolivia, Plataforma Reparación y No Violencia, Asociación Chaka, Centro Humanista de Parla, Asociación nuevo Humanismo, Centro humanista de las culturas de Canarias, Mundo sin Guerras de Tenerife, El árbol de la palabra, Altavoz , Ayuda entre culturas, Proyectos humanistas internacionales, La teranga, Foro humanista hispano senegalés, Asociación inter culturas de Valladolid, Centro de las culturas de Andalucía, Solidaridad con Senegal ( l´hospitalet de Llobregat), Multiculturas, África Sin Guerras, Humanistas sin Fronteras, Mujeres de hoy, Construyendo Futuro, África Viva, Amigos de otras Tierras, Nueva Universidad, Partido Humanista de Tenerife, Amalgama, África Viva, Sexto Continente, Asociación Amigos de otras Tierras, Canal Humano, La Humanidad, Fórum Salud, Centro de las Culturas de la Comunidad Valenciana, Pintores por la Paz, Asociación Humanistas del Mundo (Málaga), Multiculturas

Picture by VON POSH

Como si se tratase de una moda todos intentamos referirnos a los procesos de participación ciudadana que se pueden llevar a cabo en las entidades públicas, y siempre tendemos a ligar este concepto con las decisiones políticas o con la construcción de espacios participativos en los que se implique a la ciudadanía en las iniciativas institucionales y en la toma de decisiones de los temas de mayor interés para el futuro de la comunidad.

De la manera que lo he definido, tenemos una gestión perfecta en la cual el ejercicio del poder ciudadano legitima la actuación de los diferentes entes públicos, logrando de esta manera mayor gobernabilidad, democracia y equilibrio.

Sin embargo, si realizamos un breve análisis de la situación en nuestro país, vemos que hemos implementado estos postulados en la formulación de proyectos, en las justificaciones de programas de desarrollo e incluso en la normativa legal; pese a ello al momento de necesitar la presencia ciudadanía, la realidad nos demuestra que en la mayor parte de casos dicha participación se ve reducida a la incorporación de minorías no representativas de la sociedad, dejando así marginadas las verdaderas necesidades de las comunidades, simplemente por no haber sabido socializar las propuestas, o en ocasiones porque los actores llamados a intervenir fueron tomados “a dedo” solamente por cumplir con los procesos de participación ciudadana.

Solamente como un ejemplo que vale la pena rescatar, hace días recibí la propuesta de la X Bienal de Cuenca, en un documento que realmente busca que los ciudadanos nos identifiquemos con la propuesta, haciéndonosla nuestra, concibiéndola ya no solamente como un evento, sino cimentando sus ideas en una política cultural unida a la gestión de programas educativos, teóricos y de difusión. Así también revitalizando la verdadera esencia para la cual fue creada, de ser ese gran observatorio para el estudio de las nuevas estéticas visuales.

Esto demuestra que no necesariamente los procesos de participación ciudadana deben estar compaginados siempre con el ambiente político, sino también en el arte y la cultura las instituciones deber ser permeables a los cambios, e incorporar en esta construcción, al ciudadano de a pie, a esa persona que en ocasiones no está al tanto de las tendencias artísticas, pero a veces en éste se concentra todo el imaginario urbano o rural, que permite al artista crear y reflejar en sus obras la realidad de una comunidad.

No olvidemos que incluso nuestro recién aprobado texto constitucional incluye explícitamente este tema, el mismo que puede ser ejercido de manera directa o indirecta, en el segundo caso a través de esa facultad controladora de la Función de Transparencia y Control Social que se verá reflejada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente llamado a ser el canal y la presencia del poder ciudadano dentro del Estado.

Mientras tanto, hasta que todo esto se implante, Yo seguiré aportando con mi trabajo desde mi escritorio y desde las aulas a que este difícil proceso de construcción ciudadana se plasme algún día en beneficio de la comunidad.

Lo publiqué en Diario El Mercurio

ANF
El directorio ampliado del Comité Pro Santa Cruz rechazó el acuerdo político entre parlamentarios oficialistas y opositores que permitió modificar la propuesta constitucional que será sometida a referéndum nacional el 25 de enero de 2009.

El vicepresidente del Comité Cívico, Luis Núñez, dijo que el pueblo cruceño ha votado mayoritariamente por la autonomía y por los estatutos autonómicos y el acuerdo que hicieron los partidos sólo es para impulsar una constitución ajena a ese mandato popular que viola los derechos humanos”.

Los cívicos expresaron su reconocimiento a todos los parlamentarios del país que fieles a las aspiraciones de sus regiones se opusieron a esta negociación política en contra del voto del pueblo.

La resolución de los cívicos exige también al gobierno que una vez que el estado de sitio sea levantado en Pando, otorgue garantías para que las personas refugiadas en Brasil vuelvan a sus hogares y libere al ex prefecto Leopoldo Fernández junto a los demás confinados.

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Cívicos cruceños rechazan acuerdo político que modificó nueva CPE

También: Senador Ruiz: Conalde tiene argumentos “patéticos” para oponerse a nueva Constitución

La Paz, 24 nov (PL) Bolivia avanza hoy en la recta final hacia el referendo constitucional y dirimidor del próximo 25 de enero, luego de iniciarse la fase de propaganda del cronograma para la consulta.

Según el calendario fijado por la Corte Nacional Electoral, este domingo concluyó la inscripción ciudadana en el registro de votantes y con ello comenzó oficialmente la batalla en torno a una Carta Magna impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS) para refundar este país andino.

Sigue: Bolivia en la recta final para el referendo constitucional