ala de conjueces del alto tribunal dijo que es un servicio público esencial que no se puede suspender. La decisión desató la protesta de Asonal, que anunció denuncia ante organismos internacionales.   Leer más…

Colombia tiene la mala fortuna de tener un presidente CAMORRERO. Lo peor es que cada vez que vocifera,  salen sus aulicos a hacerle barra y a replicar sus improperios contra el “rival de turno”

En esta oportunidad, el turno fue para la HONORABLE Corte Suprema de Justicia, el ultimo bastion de democracia que queda en este pais.

La Corte ha tenido la valentia de no arrodillarse ante el mesias. El dia que eso suceda habremos dado inicio a la dictadura en este pais. ¿No serà que el camorrero esta ambientando el pais para dar un golpe de estado y cerrar la corte con la complicidad de sus aulicos? Mucho me preocupa que asi sea.

Leyendo la columna de Daniel Coronell se queda uno verdaderamente sorprendido de las coincidencias con el regimen de Fujimori. Estoy seguro que Uribe terminara igual, sino peor.

Solo es cuestion de tiempo.

El siguiente es un articulo de Daniel Coronell, uno de los periodistas mas valientes de Colombia en estos tiempos tan aciagos.

Los que tenemos los ojos abiertos sabemos que el caso del mesías -por desgracia colombiano- guarda una gran semejanza con Fujimori. Sabemos como termino allá, ¿ Cómo terminará acá?

Lo que pasó ese abril, allá, se venía sospechando hacía muchos meses. El Presidente de ese país había advertido que los poderes Legislativo y Judicial no querían cooperar con el cambio. Mientras el Ejecutivo luchaba por la derrota del terrorismo y el progreso de la Nación, las otras ramas del poder público seguían amarradas al pasado. Las iniciativas del mandatario se demoraban en el trámite y los jueces -sordos al clamor popular- se empecinaban en encausar a los amigos de las rondas campesinas que tanto habían ayudado en el combate de la sedición.

La situación se fue tornando cada vez más tirante, y alcanzó su clímax cuando el mandatario invitó a los ciudadanos a evitar una parálisis del Estado por cuenta de la ‘partidocracia’ y a prevenir una “dictadura de los jueces”.

Con inspirado gesto, y equiparándose con los más ilustres nombres de la historia de Estados Unidos, el mandatario desempolvó una frase pronunciada en 1937 por Franklin Delano Roosevelt, que comparaba el Estado con una carreta tirada por tres caballos: el Presidente, el Congreso y la Corte Suprema. “Hoy dos de los caballos, la Presidencia y el Parlamento, marchan al unísono; pero la Corte se ha atravesado en el camino del progreso, por lo que ha llegado la hora de salvar a la Constitución de la Corte y a la Corte de ella misma”.

Y se quejaba de su suerte aquel mandatario, porque mientras a Roosevelt le había tocado lidiar con un caballo terco, a él le habían correspondido dos. En una alocución televisada, señaló: “los principales obstáculos en el sendero del progreso son la inoperancia del Parlamento y la corrupción del poder judicial que ha sido ganado por el sectarismo político”.

El principal asesor presidencial y numerosos opinadores afines al gobierno tildaban a los jueces de distantes, indiferentes y apátridas, cuando no de cómplices del terrorismo, ignorantes y abiertamente corruptos.

Los grandes medios de comunicación que abrevaban en el presupuesto nacional -y que esperaban poder sacarle más- replicaban y aplaudían el creciente autoritarismo personal del mandatario y contribuían al descrédito de las instituciones que no se habían sometido a él.

Esa fuerza tan suya causaba desconcertantes resultados en las encuestas. Los empresarios, por ejemplo, se quejaban de la concentración del poder en manos de un solo hombre, pero confesaban que no veían a nadie capaz de reemplazarlo. El 79 por ciento de ellos definía el régimen como dictatorial, pero al mismo tiempo el 89 por ciento estaba de acuerdo con el relevo del poder judicial y el 87 por ciento apoyaba una salida “extraconstitucional”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, quien en un comienzo se había mostrado escéptico frente a la unificación de los poderes en el Ejecutivo, entendió pronto que no podía poner en riesgo los negocios de sus afiliados. Acompañado de los tres dueños de las cadenas privadas de televisión, acudió la víspera de aquel día al palacio presidencial para manifestar su anticipada solidaridad con las decisiones que el jefe del Estado tuviera que tomar.

El presidente de la Asociación de Bancos declaró: “el sector empresarial apoya al Presidente. No se puede permitir por más tiempo la infiltración de elementos corruptos y subordinados a intereses partidarios en instituciones importantes como el Congreso y el poder judicial”.

La noche de ese domingo, 5 de abril de 1992, avanzaron silenciosamente por las calles de Lima los tanques que bloquearían la entrada al Congreso y al Palacio de Justicia.

Alberto Fujimori había logrado consumar un autogolpe que le permitió dos reelecciones y ocho años más en el poder con una inmensa popularidad, una guerra con un país vecino, un Congreso comprado, un Procurador de bolsillo y una nueva Corte a su medida.

Ahora paga una condena de 25 años de prisión por los falsos positivos de Barrios Altos y La Cantuta, las interceptaciones ilegales a periodistas y opositores, varios casos de corrupción administrativa y el pago de sobornos a congresistas.

Fuente

www.semana.com

]]> http://octavatribuna.wordpress.com/2009/11/01/uribe-critico-a-la-corte-suprema-por-seguir-considerando-inviable-terna-para-fiscal/ Sun, 01 Nov 2009 13:41:36 +0000 octavatribuna http://octavatribuna.wordpress.com/2009/11/01/uribe-critico-a-la-corte-suprema-por-seguir-considerando-inviable-terna-para-fiscal/

Afirmó que así como su administración no puede “eludir la Constitución”, tampoco “(lo pueden hacer) los otros organismos del Estado”.

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Tras el golpe de estado del pasado 28 de junio de 2009, y tras varios intentos fallidos de conciliación entre el gobierno de facto de Roberto Micheletti y el gobierno depuesto de Manuel Zelaya, un acuerdo se ha logrado el jueves 29 de octubre por la noche.

Micheletti (izquierda) y Zelaya (derecha)

Muchos fueron los intentos para lograr reestablecer el orden constitucional en la República de Honduras. Recordemos que abundaron los mediadores en el conflicto, dentro de los cuales figuró la OEA, Hugo Chávez, y un Premio Nóbel: el Presidente costarricense Óscar Arias. Pero nada. Tuvo que llegar otro premio Nóbel –muy reciente y polémico–: Barack Obama. Con el apoyo de éste, se logró llegar a un acuerdo.

Los puntos del acuerdo

El acuerdo está compuesto por 12 puntos aunque anoche sólo se dieron a conocer 9:

1. La creación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional.
2. Rechazo a la amnistía delitos políticos, y demoratoria de acciones procesos penales.
3. Renunciar a una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente o a reformar la Constitución en los artículos constitucionales irreformables.
4. Reconocer y apoyar las elecciones generales y el traspaso de Gobierno.
5. La transferencia de autoridad sobre las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral.
6. La creación de una comisión de verificación para hacer cumplir los puntos del acuerdo.
7. La formación de una comisión de la verdad para investigar los sucesos antes, durante y después del 28 de junio de 2009.
8. Solicitar a la comunidad internacional la normalización de las relaciones internacionales con nuestro país.
9. Apoyar una propuesta que permite un voto en el Congreso Nacional con una previa opinión de la Corte Suprema de Justicia para retrotraer todo el Poder Ejecutivo previo al 28 de junio.

¿”Vencedores y vencidos”?

Algunos medios han dicho que se pueden distinguir entre vencedores y vencidos tras esta solución. Está claro que los hay. Sin embargo, y muy personalmente, creo –y quiero creer– que el mayor beneficiado con esta solución ha sido el pueblo hondureño, quien podrá decidir en muy poco tiempo –el 29 de noviembre de 2009– quien dirigirá el Estado hondureño. En efecto, durante los últimos meses se ha visto cómo conflictos políticos han hecho callar la opinón pública de una u otra manera, relegándolo a un segundo plano, cuando en realidad el único soberano es él. Ojalá que los ciudadanos catrachos tomen conciencia de la importancia de la participación electoral y acudan masivamente a las urnas.

El Tribunal en lo penal dice que esa sala busca “dejar en la impunidad los delitos de las personas que se han aliado con los ‘paras’”. Esta a su vez respondió que Corte quiere un ‘Gobierno de Jueces’.

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Por Leonor Cárdenas.

Observador Juvenil/Kaos en la Red.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, sugirió al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Belarmino Jaime, hacer reajustes para reducir el presupuesto 2010.

Durante la presentación presupuestaria que duró alrededor de dos horas, los diputados de la Comisión de Hacienda solicitaron a los Magistrados de la Corte, focalizar el presupuesto en las áreas de justicia con mayor demanda.

El Presidente de la CSJ, Belarmino Jaime, explicó que el presupuesto 2010, será destinado en el área de dirección y administración institucional, asuntos jurídicos, administración de justicia, infraestructura y modernización del Órgano Judicial.

“El presupuesto que hemos presentado este año es menor que el del año pasado, en el hemos incluido todo hasta la nueva legislación con todo ello estamos llegando a $208 millones 345 mil 150. Dicho presupuesto está destinado a la creación de nuevos Tribunales a eso se debe el aumento que dicen los diputados”, manifestó el presidente de la CSJ.

Por su parte, la diputada por el partido FMLN, Norma Guevara, dijo que el monto presupuestario para la Corte constituye alrededor de 6.5% de los ingresos tributarios netos presupuestados.

“Quisiera que basados en la buena voluntad expresada por la Corte, se pudiera analizar la posibilidad de bajar en algunos componentes la demanda presupuestaria”, agregó Guevara.

Según la diputada de izquierda, la CSJ podría posponer o reducir su plan de ejecución como uno de los renglones a implementar.

Ante ello, el presidente de la CSJ, explicó que el incremento que registra el Órgano de Justicia corresponde a la contratación para el 2010 de 619 nuevas plazas que implementarán los nuevos códigos aprobados por la Asamblea Legislativa, lo cual, implica una inversión de $6.7 millones. Jaime reconoció que la CSJ tiene un exceso de personal, pero que no puede comenzar a “volar cabezas” porque debe garantizar la estabilidad y “hacer eso implicaría que el órgano Judicial entre en un conflicto laboral que paralice el país”.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

“Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.” Artículo 2º. de la Constitución Política de la República de Guatemala

“Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.”  Artículo 3º. de la Constitución Política de la República de Guatemala

“Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo.” Artículo 140. de la Constitución Política de la República de Guatemala

“Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida.”  Artículo 141. de la Constitución Política de la República de Guatemala

Han pasado 188 años desde que Guatemala declaró su Independencia y soberanía como una Nación en la que ningún gobierno extranjero u organización debería de intervenir nunca jamás.  Y también han pasado 24 años desde que el Congreso de Guatemala ratificó la actual Constitución Política de la República de Guatemala en el año 1985 luego de largos gobiernos en los cuales los reclamos de la población no habían sido aún satisfechos por el sistema de gobierno.  Los guatemaltecos aún seguían exigiendo paz, el respeto de sus derechos ante la ley, la protección de su propiedad privada y la certeza jurídica que el gobierno aún no les daba.

Esta Constitución de 1985 debía ser la solución y el compromiso vinculante que tendrían los ciudadanos guatemaltecos para regir con una norma fundamental el Gobierno de Guatemala.  Desafortunadamente, esta Constitución tenía serios fallos y debilidades, y permitió el desarrollo de un sistema de gobierno paralelo que alimentaba la impunidad de burócratas e incentivaba la corrupción de los integrantes del sistema de gobierno.

Presidentes han pasado, cientos de congresistas lo han hecho y miles de jueces, magistrados, directores y burócratas de cuello blanco han sido capturados por el dinero sucio y la expoliación de algunos ante la ley.

Ante este caos; un cobarde y oportunista que gobernaba el país decidió lavarse las manos y entregar nuestra soberanía hace varios años al control de la CICIG.  La CICIG habría de ser una comisión internacional que lucharía contra la impunidad en Guatemala.  Su misión era encargarse de solucionar nuestros problemas con recetas paliativas y carentes de certeza.  Su misión era cuidarnos, tal cual niños mocosos y pobres, de los problemas que aquejaban a la sociedad guatemalteca.

Sin embargo, la fuente de los problemas de Guatemala aún existe.  Nuestro sistema de gobierno sigue estando mal y esto ha sido demostrado en las recientes elecciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (entre cientos de otros casos).  La politización de estas elecciones atrajo a la primera plana a la CICIG y a su jefe Carlos Castresana, quien violó la legalidad al declarar que la elección de los magistrados había involucrado componendas políticas.

Es cierto, estas elecciones han sido legitimizadas en un sistema de gobierno fallido y era evidente que serían capturadas por la misma impunidad que pretendía combatir.  Sin embargo, fue Castresana quien aprovechó esta inmunidad y omnipotencia que el cargo que ocupa le otorga para violar nuestra Constitución y el derecho de nuestros Congresistas para decidir y votar lo que a este país le conviene.

Este artículo nunca busca ser nacionalista o patriotero; muchos saben cuanto me repugna tal debilidad de caracter e inteligencia.  Pero sí es un artículo que grita y exige a los guatemaltecos que se hagan responsables de la limpieza de SU hogar y de SUS compromisos como ciudadanos.

El problema de Guatemala y los guatemaltecos debe ser resuelto por nosotros.  Nosotros debemos revisar nuestra Constitución, estudiarla y hacer los cambios que desde hace muchos años se evidenció eran necesarios.

Pensar que la CICIG, la ONU, la OEA o cualesquiera organizaciones pueden resolver y pegar nuestros platos viejos es fatal para preservar el estado y gobierno que aún tiene una esperanza de sobrevivir.

Les pido que piensen y mediten si nos hemos hecho responsables de nuestra obligación como ciudadanos de cumplir con nuestra responsabilidad cívica de exigir un alto al crimen y la impunidad. Y también los invito a pensar si están dispuestos a realmente solucionar nuestros problemas y apoyar una revisión parcial de la Constitución de Guatemala.

Hacer esta revisión parcial a la Constitución es nuestra única esperanza para empezar a enmendar los errores del pasado.  Otro primer paso es exigir a la CICIG que abandone el país y deje a los guatemaltecos responsabilizar de las decisiones que tomó en el pasado y que nos permite ser a nosotros quienes decidamos si nuestros representantes han actuado bien o mal.   La salida de Castresana y el respeto de la soberanía de Guatemala es una condición fundamental para que este país pueda enmendar sus errores.

Yo sé que es difícil responsabilizarse de lo que hicimos, dijiemos o decidimos en el pasado; pero carajo que somos hombres serios, educados, fuertes, inteligentes y maduros y es nuestra obligación aceptar las consecuencias de nuestros actos y reparar los daños.

Repito y grito,

CICIG y Castresana, ¡fuera de Guatemala!

Guatemala es de los guatemaltecos

La inefable Corte Suprema de Justicia ataca de nuevo; Ahora resulta que según los togados y mafiosos los congresistas tendrán que responder por los crímenes de los paramilitares. Si supuestamente se asociaron para delinquir con fines electorales no hay razón para que les impute, procese, juzgue y condene por los delitos que estos cometieron en su guerra criminal y demencial.  Están equiparando un ‘parapolítico’ con un paramilitar, cosa totalmente absurda, ilegal, arbitraria y política.

Decir que los congresistas con supuestos vínculos con paramilitares pertenecieron a sus estructuras es infame y deleznable. ¡Ahora se inventaron un nuevo tipo penal!

¿Y será que aquellos magistrados que delinquieron con Giorgio Sale también se le aplican los delitos de éste?

Lo más seguro es que aquí no termine este enfrentamiento. Ya antes se habían inventado jurisprudencias retroactivas violatorias de muchos derechos procesales.

Y paradójicamente estos mafiosos habían seleccionado como criterio para elegir al fiscal imparcialidad para juzgar a los parapolíticos y la pregunta es ¿Cuál imparcialidad sí los togados le quitaron la competencia a la fiscalía? La ignominia e impudicia de esta corporación no tiene límites.

Ahora violando claramente la Constitución estos bandidos se rehúsan a nombrar fiscal. La obligación de ellos es solamente escoger y no lo que están haciendo ahora, emitir juicios y valoraciones políticas que no les corresponden.

El Editorial del diario El País de Cali señala: “La Constitución ordena la colaboración entre las ramas del Poder Público. En este caso, al prescribir que el Presidente elabora la terna para designar el Fiscal y que la Corte Suprema lo escoge, además de fijar en forma taxativa los requisitos que deben cumplir los aspirantes, creó un procedimiento claro. No es entonces un asunto que pueda ser objeto de interpretaciones y menos de carácter político.“

No hay que interpretar sólo hay que escoger, sí no lo hacen estarán en los terrenos de la ilegalidad.

Hace un tiempo se conoció que los motivos para descalificar a Camilo Ospina era su supuesta cercanía con Víctor Carranza ya que este ‘había’ pagado los estudios universitarios de Ospina y yo me pregunto ¿Y eso qué? ¿Acaso el magistrado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete no era el mejor amigo de Raúl Reyes en el colegio tal como lo reveló Atrabilioso? ¿Acaso Yesid Ramírez no recibió un rolex de un mafioso por 14 mil dólares? ¿Acaso los magistrados de la corte suprema de injusticia no se fueron de juerga en diferentes lugares del país donde tuvieron orgías con estudiantes de derecho, donde bebieron y se instalaron en las mejores suites por cuenta de un sombrío sujeto conocido como Ascensio Reyes (socio de narcotraficantes) que pagó cuentas por más de 50 millones de pesos?

El motivo para descalificar a Juan Ángel Palacio Hincapié es mucho más infame y ruin. Palacio es una eminencia en derecho administrativo y derecho procesal administrativo y fue acusado por una revista dirigida por un ex 8000 de soborno y tráfico de influencias porque pidió un cargo para una sobrina. ¿Y cuál es el problema? El magistrado de la sala de casación penal de la corte suprema de justicia Sigifredo Espinosa le pidió al presidente Uribe un cupo para un sobrino en una universidad ¿es ético esto? Y para rematar estos togados impusieron sus cuotas burocráticas en la fiscalía.

La corte suprema con sus providencias está violando la constitución y el estado constitucional de derecho.  Su poder está desbordado y está eliminando los pesos y contra pesos del estado colombiano al arrinconar al congreso. Es más perjudicial la autocracia de los togados mafiosos que el referendo reeleccionista que los mamertos hipócritas y cínicos critican.

Cada vez es más notoria la politización de la Corte Suprema de Justicia, la gota que rebosó la copa fue el cambio de jurisprudencia donde afirma que renunciar al fuero parlamentario no hace que esta corporación perdiera su competencia. Un año atrás había sostenido una jurisprudencia totalmente opuesta.

Los hechos son inequívocos: Hace dos años el presidente (de ese entonces) de esa corporación César Julio Valencia Copete acusó al presidente de la república Álvaro Uribe de llamarlo a preguntarle por el proceso que seguía esa corporación contra Mario Uribe Escobar (primo del presidente) desembocando esto en un proceso penal contra el magistrado y presidente de la Corte de ese entonces por injuria y calumnia.

Luego llegó el caso de Tasmania, dónde un siniestro magistrado auxiliar de apellido Velásquez se fue a una cárcel a sobornar a un testigo para que acusara al presidente Uribe de paramilitarismo. El testigo confesó que había sido manipulado por Velásquez y luego se retractó de aquello.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía que se salió por la tangente diciendo que Tasmania (el testigo) intentó manipularlos a ambos. A pesar de que las diligencias judiciales se debe realizar un acta, Velásquez jamás lo hizo y quedó impoluto.

Como si fuera poco, magistrados de esa corporación recibieron dádivas de un mafioso italiano llamado Giorgio Sale amigo del más peligro paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso y además inauguraron restaurantes de este último. Restaurante conocido como la Enoteca.

Viajaron a Santa Martha, Neiva, Barranquilla en un tour organizado por el amigo de varios mafiosos, este generoso mecenas se llama Ascensio Reyes, quién les pagó hotel, bebidas y caballos.

¿Creen que esto termina aquí? El ex presidente de la Sala Penal de La Corte Suprema de Justicia recibió un costosísimo Reloj Rolex de Giorgio Sale avaluado en 14 mil dólares ¿No es esto un cohecho impropio?

El recuento se vuelve más aterrador, impúdico y sádico cuando entra en escena un señor llamado Iván Velásquez quién se emborrachó con un testigo para sacarle información y tratar de manipularlo para enlodar a Germán Vargas Lerras. Este mismo señor sacó del país a un mitómano consumado y asesino apodado ‘Pitirri’ junto con 44 de sus familiares a Canadá. Velásquez ayudó a la bruja Dioselina para que fuera exonerada en un proceso que se llevaba por aborto a cambio de que declarar contra Álvaro Araújo Castro; el testimonio fue desvirtuado después ¡La habían comprado!

Con la elección de la nueva directiva de La Corte Augusto Ibáñez quedó como presidente y Jaime Arrubla Paucar como vicepresidente.

La prueba más grande la politización es ver al vicepresidente de la corte Jaime Arrubla Paucar convertido en un vedette.

Al parecer el señor Arrubla Paucar (ex secretario jurídico del ex presidente Andrés Pastrana) utiliza esta posición para hacer política pues envés de responder los interrogantes que suscita esa manida corporación con autos y sentencias, responde con idas a la radio y la televisión. Sin excepción alguna apareció este señor todos los días en los medios de comunicación ¿Cuándo se había visto eso? Sale más en televisión y radio que el presidente de la República.

Por estos motivos expresados nos parece acertada la decisión de impulsar un proyecto de ley que cree un tribunal especial para el juzgamiento de los aforados (presidente, congresistas y magistrados de las altas cortes). El Partido de La U está en la tarea.

Es incontrovertible que la Corte Suprema de Justicia se politizó y más parece un partido de oposición que un alto tribunal que aplica justicia.

A la Corte Suprema de Justicia se le deben suprimir facultades. Los cambios de jurisprudencia, la mezcla de sistema dispositivo con acusatorio, la compra de testigos, la realización de reunión con estos sin levantar actas, emborracharse con testigos y hacer negocios con mafiosos en enotecas y bares. Recibir Rolex ¡Qué asco! Son motivos suficientes para este cambio.

La Primera Conferencia Latinoamericana se llevó acabo en Buenos Aires, Argentina, para discutir las políticas de drogas.

El evento, convocado por la asociación civil Intercambios, y auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, contó con la presencia de 650 asistentes de varias nacionalidades y convocó a renombrados especialistas y funcionarios públicos en la materia.

Uno de los puntos fuertes que los especialistas destacaron fue que el esquema prohibicionista no logra bajar el uso y la venta de drogas. Eugenio Zaffaroni, ministro argentino de la Corte Suprema de Justicia, explicó porqué el sistema vigente es ineficaz: “Lo que se hace es prohibir para subir precio. Esa suba de precio da lugar a la acumulación de más capital ilícito, lo cual permite cada vez romper más barreras institucionales. Ese es el círculo vicioso que desemboca en el llamado ‘crimen organizado’, que provoca mayor cantidad de muertos que los tóxicos prohibidos”.

A lo largo del foro Bolivia, México Brasil y Argentina, mostraron razones y estadísticas por el cual buscan la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal, ya que la guerra contra las drogas que lleva ya 20 años en la lucha ha fracasado miserablemente.

Se concluyó que América Latina se dirige hacia la despenalización de las drogas, penas atenuadas para los consumidores y los pequeños comerciantes, así como políticas de reducción de daños y atención médica para quienes no pueden dejar sus adicciones.

Estoy de acuerdo que las sentencias a pequeños narcotraficantes deben ser diferentes y separadas de los grandes criminales, ahora en cuanto a legalizar la marihuana me preguntó ¿sí las medidas prohibicionistas “no estaban funcionando” que les hace pensar que permitirlas abiertamente sí lo hará?. Hay que recordar que libertad no es lo mismo que libertinaje y eso es exactamente lo que se les permitirá a las personas, también se dice que las drogas por no ser prohibidas bajará en consumo y ventas, y acaso no se les olvida que la cultura de las personas Latino Americana es totalmente diferente a la cultura disciplinada de los europeos.

Les recuerdo una cosa lleva a la otra, eso es una cadena inevitable, esperemos que el próximo paso debido a que tanta marihuana no sea la legalización de la cocaína.

Durante varias semanas las noticias sobre la política guatemalteca han comentado la evolución del cambio que “todos” aplaudieron y optimistamente apoyaron.  Como un objetivo pesimista sobre la coyuntura política guatemalteca, fui prudente y siempre demostré mi repudio por los políticos y la política de este pueblo tonto.

El día de ayer, se confirmó lo que opinaba sobre la nueva Comisiónde Postulación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (noticia: Comisionados de la CSJ votarán en secreto).

La Comisión fue electa hace algunos días luego de la reforma que se realizara al sistema de elección de uno de los puestos más importantes del sistema judicial y de justicia de Guatemala.  Anteriormente, las elecciones de los postuladores se realizaba en un proceso politizado (sin bulla y en silencio) que favorecía los intereses del gobierno de turno.  A partir de este año, en aras de la transparencia y la despolitización del funcionamiento de la justicia en Guatemala, el sistema de elección cambió y todos tenían muchas esperanzas.

Ingrese acá para leer la ley: Decreto del Congreso 19-2009 del 21 de Mayo de 2009

Sin embargo, como muchos grandes escritores han dicho antes en distintos contextos creo que los cambios en el sistema son inútiles y débiles cuando la gente ha descubierto que ser malos y actuar mal les paga.  De nuevo, realizar cambios en el sistema de elección de una junta postuladora demostró no ser suficiente.

¿suficiente para qué?

Demostró no ser suficiente para poner una pena -castigo- a quienes desean violar la ley y cometer actos ilícitos.

El realizar cambios en el sistema de elección de esta junta de postulación solamente permitió más cosas malas que aún están por ocurrir.  Acá les va el punto negativo más importante,

• La elección de magistrados que este grupo realizará será ahora una aplanadora luego de la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia.  El grupo de magistrados saliente tenía al menos una fuerte lucha de intereses; ahora, ese grupo de nuevos magistrados que ya todos conocen y sólo falta confirmar con el voto será un grupo unánime que podrá ser capturado por los intereses de los corruptos que trabajan tras bambalinas en este gran circo.

Los cambios futuros, cualquiera que se piense, en el sistema de gobierno de este país deben ser reformas directas de la estructura del sistema que establezcan fuertes penas y castigos para los transgresores.  Si se debió realizar algún cambio (y vaya que se debe hacer antes de que sea muy tarde) es dar absoluta autonomía del poder judicial en Guatemala.  La única solución, en serio que no hay otra, para detener este ciclo de recetas al caos es iniciar dando autonomía al poder judicial e iniciar el proceso de reformas a la Constitución de Guatemala.

El no hacerlo permitirá que en los próximos años (no lejanos) también sean capturadas las Salas de Apelaciones de este país.  Una vez estas salas sean controladas por la corrupción y los intereses millonarios de criminales habremos visto el nacimiento de la muerte de este país.

Los filosofos dicen que sí algo nos suena mal o contradictorio es porque tenemos un problema de fundamentos y principios.  Alguno de esos principios está evidentemente mal y si esto es así, es porque no hemos un cuidadoso estudio de lo que pensamos.  Si creen que algo de lo que digo no está bien, platiquémoslo porque ya se está haciendo demasiado tarde para sobrevivir en este país.

Abogados de la Resistencia contra el golpe de estado presentan recurso de nulidad del juicio contra presos políticos por una serie de violaciones a sus derechos fundamentales cometidos por elementos de la policía y fiscales del Ministerio Público durante y posterior a la detención de los manifestantes, capturados durante el desalojo violento el pasado 12 de agosto en la capital.

El abogado Víctor Fernández, titular del grupo de abogados defensores manifestó que el juicio va por buen camino dado que se ha dejado en evidencia la represión formal ejercida desde el estado a través de los órganos policiales y del Ministerio Público. Queda claro el abuso y el irrespeto a los derechos de defensa, a la integridad física, lectura de derechos de los imputados, los vejámenes, lesiones a los que fueron sometidos.

Este martes a eso de la 9 de la mañana se realizó la audiencia inicial en la Corte Suprema de Justicia en la capital contra 24 personas detenidas a quien la Fiscalía del Ministerio Público acuso de los delitos de sedición, robo, participación en manifestaciones ilícitas, daños a la propiedad contra las empresas Jestereo, El Gallo mas Gallo, Grupo Intur “Pollo Campero”.

En la audiencia se limito la concurrencia pública a un limitado número de organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales según lo manifestó el Juez Quevedo por razones de seguridad.

La parte acusadora representada por las fiscales Gloria Barahona y Alexandra Álvarez hicieron la presentación de los medios de prueba basados en dos recortes del periódico El Heraldo de los días 11 y del 13 día posterior a la captura de los manifestantes, asimismo entrego copias de audiovisuales y la cuantía de daños reportado por las empresas que alegan ser afectadas durante las manifestaciones realizadas.

Fueron presentados como testigos de la Fiscalía los policías Denis Casula, Mirzo Cárcamo y Rafael Torres, quienes en sus declaraciones ante el juez Quevedo mostraron contradicciones y incoherencias sobre los hechos; para el caso las fiscales argumentaron que la lectura de derechos de los imputados se hizo a las 2:30 de la tarde, sin embargo sus testigos dijeron que fue después de la 6 de la tarde.

Posteriormente el juicio fue suspendido como las 4 de la tarde para efectuar una inspección en la sede del Comando de Operaciones Especiales Cobra “Coeco” en la Colonia 21 de octubre en la capital. Entre los hallazgos encontrados por las partes involucradas se comprobó que el libro de novedades fue alterado mediante uso de lápiz corrector para cambiar la hora de detención de los imputados, los folios del mismo libro fueron sacados y reconstruidos con otro tipo de papel.

Según lo relatado por el abogado Norman Reaños del grupo de abogados defensores hubo fuertes discusiones durante la inspección con las fiscales porque a toda costa intentan justificar los hechos de violaciones y arbitrariedades cometidos por los policías “defienden lo indefendible” dijo.

El juicio será retomado a 9 de la mañana de este miércoles, se espera que el Juez Quevedo se pronuncie sobre el recurso de nulidad y de lograrse estarían en libertad los 24 imputados. El abogado Víctor Fernández afirmo que de resolverse la nulidad se iniciaría las acciones judiciales contra las autoridades policiales, militares y del Ministerio Público responsables de los abusos y delitos cometidos contra las manifestaciones pacificas de la resistencia.

Las acciones del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de estado, se concentraran para el día miércoles a las 8 de la mañana en la Universidad Pedagógica Nacional, también habrá una caravana a las 2 de la tarde. Hoy martes estuvieron presentes en las afueras de la Corte Suprema de Justicia durante el juicio de los 24 imputados declarados ya presos políticos del régimen golpista.

Listado de presos políticos.

Con medidas sustitutivas:

José Natividad Pérez Lorenzo, vive en Santa Elena, La Paz, labrador, fractura de clavícula

Justo Pastor Mondragón (65)

Mabel Carolina López, Maestra de Choluteca

Emerson Barahona Nuila, Vendedor de la Isla, golpeado

Mario Rodrigo Árdón

Nelson Gustavo Rivera

Darwin Saíd Hernández

Darwin Isaac Amaya

Oslín Daniel George, Reportero de Comunicación Comunitaria COMUN

Allan Samael

Alba Leticia Ochoa

Gerardo Bardales, Vendedor, golpeado

Santos René Herrera, De Talanga, golpeado

Guardan prisión en la Penitenciaría Nacional

José Lino Ávila Ávila (23)

Abilio Antonio Izaguirre, campesino San Lucas, El Paraíso

Florentino Izaguirre, campesino San Lucas, El Paraíso

Santos Ricardo Peña, originario de Ocotepeque

Oscar Manuel Murillo

Lisandro Gómez Martínez (57) de Tegucigalpa

Daniel Ángel Cárcamo,

Magdaleno Lazo, Santa Elena, La Paz

Rosario Vásquez Vásquez, Santa Elena, La Paz

Wilmer Orlando López, campesino La Paz

Milco Durán Céspedes

Dunia Montoya

Comun-Noticias

Martes 18 de agosto 2009

www.honduraslaboral.org

El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, dijo hoy respetar la decisión de Estados Unidos de suspender los visados diplomáticos a cuatro funcionarios de su Gobierno como respuesta al golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

La suspensión de visados es “una determinación muy de ellos (los estadounidenses), tenemos que respetarla”, declaró Micheletti a la prensa en la Casa Presidencial….más via Micheletti dice que respeta decisión de EE.UU. de suspender visados – ultimahora – La Prensa .

Afirmó que él no teme sufrir dicha medida y que, en todo caso, no tiene visa diplomática. “Yo tengo mi pasaporte común y corriente”, afirmó.

Empero, aclaró, no ha sabido esa decisión por canales oficiales, sino a través de la prensa.

“No tienen derecho justificado para hacerlo, pero Estados Unidos es un país (soberano); si ellos toman una determinación, yo la respeto”, insistió…….más via Micheletti dice que respeta decisión de EE.UU. de suspender visados – ultimahora – La Prensa .

El Pleno de la Corte Suprema votó, el día lunes 13 de julio del presente año, los nombres de los cinco ministros de Cortes de Apelaciones del país que integrarán la lista que se presentará a la Presidenta de la República, para que de ellos escoja un candidato y lo proponga al Senado, para cubrir la vacante dejada por el ex ministro Ricardo Gálvez Blanco.

De acuerdo al Acta Nº 154-2009, con la asistencia del Presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín Vallejo y con la concurrencia de los ministros de la Corte Juica, Segura, Oyarzún, Rodríguez, Ballesteros, Muñoz, Herreros, Dolmestch, Araya, Valdés, Carreño, Pierry, Araneda, Künsemüller, Brito, Silva y Maggi, la cinquena quedó compuesta de la siguiente forma:

1. Julio Torres Allú, ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (incluido por derecho propio, como primera antigüedad en la categoría).
2. Alfredo Pfeiffer Richter, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago (8 votos).
3. Carlos Aránguiz Zúñiga, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua (8 votos).
4. Víctor Montiglio Rezzio, Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago (8 votos).
5. Rosa Egnem Saldías, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel (7 votos).

El detalle de la votación consta en el acta ya señalada.

Fuente: Corte Suprema nombra cinquena para vacante por jubilación de ministro Ricardo Gálvez Blanco (Poder Judicial).

El día miércoles 8 de julio del presente año, declararon como testigos los cinco ministros titulares de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Adalis Oyarzún, Pedro Pierry, Héctor Carreño, Sonia Araneda y Haroldo Brito, en el marco de la investigación respecto del delito de prevaricación de un abogado y la presentación de documentos falsos en juicio.

La diligencia, solicitada por el Ministerio Público ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fue concedida en el contexto de una investigación criminal que dirige la fiscal Ximena Chong, sobre un abogado que participó de un juicio en la sala que integran dichos ministros.

Fuente: Ministros de Corte Suprema declaran como testigos en investigación del Ministerio Público sobre prevaricación de abogado (Poder Judicial).

Veintidós ministros de diversas Cortes de Apelaciones del país presentaron sus antecedentes para participar en el concurso público interno con que se inició los trámites necesarios para cubrir la vacante dejada por el ex ministro Ricardo Gálvez Blanco, quien jubiló al cumplir 75 años en marzo de 2008.

De ellos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá seleccionar un nómina de cinco nombres, que será propuesta a la Presidenta de la República, la cual, a su vez, propondrá un candidato al Senado. La selección de los cinco candidatos (uno de los cuales corresponde al ministro más antiguo de la categoría, por derecho propio, de acuerdo a la legislación vigente) se realizará en una reunión del pleno de la Corte Suprema especialmente convocada para el próximo martes 30 de junio de 2009, a las 8:30 horas.

Los veintidós ministros de Corte postulantes son los siguientes (en orden de su ubicación en la segunda categoría del escalafón primario):

• Alfredo Pfeiffer Richter.
• Julio Miranda Lillo.
• Mario Julio Kompatzki Contreras.
• Carlos Ramón Aránguiz Zuñiga.
• Cornelio Villarroel Ramírez.
• Fernando Rafael Lobos Dominguez.
• Darío Ildemaro Carretta Navea.
• Jorge Gonzalo Dahm Oyarzún.
• Juan Eduardo Fuentes Belmar.
• Eduardo Meins Olivares.
• Lamberto Cisternas Rocha.
• Raúl Héctor Rocha Pérez.
• Eduardo Alejandro Solís Muñoz.
• Hernán González García.
• Víctor Carlos Montiglio Rezzio.
• Gloria Ana Chevesich Ruiz.
• Ricardo Blanco Herrera.
• Rosa Egnem Saldías.
• Jorge Zepeda Arancibia.
• Roberto Contreras Olivares.
• Alejandro Madrid Crohare.
• Diego Gonzalo Simpertigue Limare.

Nota: sólo en el caso de los ministros de las Cortes de Santiago y San Miguel Cortes de Santiago, San Miguel, Valparaíso, Talca, Concepción y Valdivia se ha enlazado el nombre de los postulantes a su propia página dentro del sitio web del Poder Judicial, pues las demás Cortes de Apelaciones no ofrecen; la Corte de Apelaciones de Rancagua no ofrece dicha información [actualizado: 01 Julio 2009].

Fuente: Veintidós magistrados de Cortes de Apelaciones presentan antecedentes para el cargo de ministro de la Corte Suprema (Poder Judicial).