En Febrero de 2000, a las puertas de unas elecciones generales que otorgaron mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados al Partido Popular, el Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, promovido por la Compañía de Jesús y compuesto tanto por seglares como por jesuitas formando un equipo interdisciplinar, publicó un papel con ciertas reflexiones que deberíamos plantearnos a la hora de ejercer un voto responsable como ciudadanos comprometidos.

¿Cuál es la cuantía de las pensiones no contributivas y de las rentas mínimas de inserción?

¿En qué condiciones de vida están los inmigrantes, tanto los documentados como los indocumentados?

¿Cuál es la diferencia entre el salario mínimo y los ingresos que perciben algunos directivos? ¿A quién beneficia el sistema fiscal? ¿Pagan más impuestos los más ricos o los evaden sistemática e insolidariamente con artificios de ingeniería fiscal?

¿Cuál es el estado de las cárceles? ¿Se protegen allí los derechos humanos? ¿Qué esfuerzo se hace para que sirvan de reinserción, y no sólo de simple castigo?

¿Hay respeto de hecho, y no sólo teórico, por la pluralidad social y por la diversidad de sentimientos de identidad nacional?

¿Se lucha contra la corrupción dentro del propio partido, y no sólo por evitar que se haga pública?

¿Se fomenta la pluralidad política en los medios de comunicación, o sólo preocupa que resulten favorables?

¿Controlan indirectamente los partidos los nombramientos de los jueces? ¿Realmente se desea la independencia judicial?

¿Muestra algún partido disposición a incluir en su proyecto a otros grupos o colectivos sociales no vinculados a él?

¿Cuál es la proporción del PIB destinada a la ayuda a los países económicamente desfavorecidos? ¿Llegan esos recursos a los más pobres y les ayudan realmente a salir de su pobreza?

¿Qué medidas concretas se pretende adoptar para favorecer un orden económico internacional más justo?

¿Se piensa seguir vendiendo armas a países en guerra? ¿Y a países que oprimen a su población?

¿Se apoya la creación de un Tribunal Penal Internacional que juzgue las violaciones graves de los derechos humanos?

¿Qué proporción del PIB se va a destinar a protección del medio ambiente? ¿Qué normativas concretas se van a arbitrar para evitar que nuestro país siga contribuyendo al agravamiento de las grandes amenazas ecológicas del planeta?

Hace unos pocos días que nos las han vuelto a recordar. Y es que siguen siendo completamente actuales y válidas para todos los ciudadanos.

Los ciudadanos que sean católicos puede que además de estas tengan otras motivaciones como las que hace poco han publicado el Grup de Rectors de Dissabte. Lo que no me atrevería a recomendarle a nadie son las elaboradas desde la Conferencia Espiscopal (a veces pienso que esta gente escribe pensando que nadie los va a leer), básicamente por lo que ya expresó la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII o la Plataforma Redes Cristianas.