La actual depuradora de Vigo oficialmente debería ocupar una superficie de unos 90.000 metros cuadrados pagados tanto por el ayuntamiento(316 millones de pesetas) como por Seragua FCC(ahora Aqualia)(cobró 181 millones en total al ayuntamiento).

Además, un pleno municipal aprobó en noviembre de 1993 destinar una partida de 271 millones de pesetas al mismo objeto de comprar terrenos para la depuradora al precio de 6.000 pesetas/metro cuadrado, lo que daría para adquirir otros 45.000 metros de los que no existe el menor rastro. Estos 271 millones de pesetas se distribuyeron en tres cuentas bancarias: 169 millones en una, 22 millones en otra y 80 millones en la tercera, siempre en números redondos. De ninguna de esas cuentas hay constancia de pago de un solo metro cuadrado en la xunqueira del Lagares.

La ejecución en dos fases de la obra, por la UTE Huarte-Copasa, incurrió en errores luego determinantes del mal funcionamiento de la planta. En lugar de los tres digestores de lodos que figuraban en el proyecto, se construyeron sólo dos y con unos defectos que hacen que generan indefectiblemente episodios de malos olores en las operaciones de arranque y vaciado de cada digestor. Además han sufrido numerosas averías relacionadas con la disposición general de la planta, “difícilmente encajados sus elementos en la escasa superficie disponible

La escasez de suelo disponible sobre el que construir la depuradora del Lagares condicionó la estructura de la planta y ha sido una causa principal de su constante mal funcionamiento, con efectos no sólo para el vecindario del entorno, que ha tenido que soportar una década de malos olores, sino sobre el conjunto de la ría de Vigo.

Para acabar con esa situación Medio Ambiente proyecta la nueva, y misteriosa, depuradora en el mismo lugar y con un presupuesto de unos 200 millones de euros. Para la obra se dispone del solar que ocupa la actual planta más otros 38.700 metros cuadrados de xunqueira, que pertenecen, como los anteriores, al dominio público de Costas. El PP, cuando gobernaba el Ayuntamiento de Vigo, hizo pública reserva de más de 8,5 millones de euros del presupuesto total para adquirir 23 fincas con vivienda que consideraba debían ser erradicadas del entorno.