Los números y conceptos económicos no son mi fuerte, pero llevo bastante tiempo detectando como algunos medios y muchísimos ciudadanos confunden lo que es el déficit y el endeudamiento. Ambos conceptos suenan mal, pero no son lo mismo.

El déficit no es otra cosa que una situación en la que los gastos superan a los ingresos (grosso modo). Si la situación es contraria, hablamos de superávit.

El endeudamiento es la cantidad de dinero que una entidad pública en este caso tiene que pagar a lo largo del tiempo. Evidentemente no toda la deuda se afronta a la vez, sino que está diferida en el tiempo.

La primera consecuencia es que la existencia de superávit no implica la ausencia de endeudamiento. De hecho España ha tenido endeudamiento (bajo respecto a otros países) a pesar de casi un lustro de superávits presupuestarios. De hecho alcanzar el superávit no lleva a reducir el endeudamiento, ya que se pueden aumentar los gastos o aminorar los ingresos previstos con ese dinero en vez que adelantar pagos de la deuda.

El déficit sí suele generar endeudamiento ya que es la forma normal de financiarlo. Hay veces que no se recurre a la deuda para afrontar el déficit sino a la venta de activos, como Gordon Brown acaba de hacer en el Reino Unido.

En definitiva, déficit y endeudamiento no son lo mismo. Puede haber endeudamiento en situación de superávit y de hecho sucede. Eliminar el déficit no es sinónimo de eliminar el endeudamiento.

Soy consciente de que no he hablado nada de la subida de impuestos. Quería tener un tiempo para pensar tranquilamente y creo que ahora sí puedo dar una idea más razonada.

La subida de impuestos, con todo el respeto, no ha sido solamente en los impuestos indirectos, ya que la eliminación de la deducción de los cuatro euros equivale, materialmente, a una subida en los tramos.

La clave de esta subida no es otra, en mi opinión, que la necesidad de que el Estado funcione como dinamizador o motor primero de la economía, porque las deudas de las empresas y las familias les impide el consumo y, lo que es peor, los que mantienen solvencia no dedican su dinero ni a la inversión ni al consumo, sino al ahorro que va alcanzando cuotas significativas.

Si los actores económicos que tienen dinero no lo gastan y esa disminución del gasto a lo único que lleva es a un empeoramiento de la situación de la Economía, tiene que ser el Estado el actor que asuma esta función. En este caso no es cierto que el dinero en manos particulares vaya a la economía real, sino que se queda en depósitos bancarios, de unos bancos que han endurecido el crédito hasta el extremo.

Otra cosa será la asignación de los nuevos recursos. El hecho de que, sobre todo, estén destinados a las rentas más bajas y a las situaciones más difíciles que la crisis han generado no es solamente un ejercicio de coherencia política, sino que también es la mejor forma de poner en circulación ese dinero, porque no cabe la posibilidad de ahorro en esas familias.

La Federación de Municipios de la Región de Murcia aprobó una resolución de “moción tipo” para que se presentase en todos los ayuntamientos de la Región pidiéndole al Gobierno de España que haya una segunda edición del Plan de Inversión Local (dentro del Plan E).

Quieren desde la FMRM que ésta vez el Gobierno no obligase a hacer obras en los términos municipales, sino que se diese ese dinero para sufragar el funcionamiento de los servicios públicos que estos mantienen aunque no sean de su competencia. Fuera de la moción algunos representantes de la FMRM han pedido se les “reintegre” el IVA generado por las obras del primer Plan de Inversión Local.

Algunas observaciones:

1) La FMRM representa a los municipios de la Región Murcia, estando gobernados más de dos tercios de estos por el PP. Los dirigentes nacionales del PP han mantenido que el Plan de Inversión Local en concreto, y todo el Plan E en general, era inútiles. ¿Por qué ahora los alcaldes populares de la Región de Murcia piden una nueva edición si tan inútil era?

2) El hecho de que las inversiones fueran finalistas (el dinero no podía ser empleado para otra cosa) ha hecho que sean efectivas y hayan dados los frutos que se esperaban de éstas. Lo que pide la FMRM es que se les entregue el dinero y que ellos lo gestionen sin tener que presentar ni proyectos para ser aprobados y que ese dinero deba gastarse en una cosa en concreto y no en la última ocurrencia del alcalde o alcaldesa.

3) No quieren para inversiones, sino para los “gastos corrientes”, es decir para los dos primeros capítulos del Presupuesto (el de ‘personal’ y el de ‘gastos de funcionamiento’). Quieren que se deje de invertir, que el dinero público no vaya a las empresas y así se fomente la liquidez de éstas y el empleo de trabajadores, dejando obras públicas para el disfrute y mejora de la calidad de vida de los vecinos. Quieren dinero sólo para financiar los municipios, unas vez que sus ingresos han disminuido, cuando de todos es sabido que hacer que los gastos corrientes superen los ingresos corrientes es una barbaridad, barbaridad que todos peticionarios actuales han cometido.

4) Sí estoy de acuerdo con que la financiación local necesita de un modelo adecuado, pero no desde que la crisis ha dejado a los municipios sin ingresos urbanísticos, sino desde hace casi décadas. Los ayuntamientos populares identificaron el progreso y el bienestar con la construcción y aumentaron sus presupuestos a algo que, sin base racional alguna, pensaron que no iba a tener fin.

5) Me llama poderosamente la atención que esta moción solamente se dirija al Gobierno de España, cuando en ella se dice que los municipios prestan servicios de competencia autonómica. ¿Por qué no hay una moción para exigirle un fondo de compensación al gobierno autonómico? ¿No tendrá nada que ver que este gobierno sea del PP como la mayoría de los municipios murcianos?

6) Lo de la “reintegración” del IVA de las obras del Plan de Inversión Local merece una observación aparte porque esto sí que es demagogia. No se puede reintegrar lo que nunca ha estado en la integridad, es decir, como el dinero con el que se ha pagado las obras nunca ha sido de los ayuntamientos, el IVA que ha generado tampoco, de modo que no cabe volver a integrar lo que nunca ha formado parte. Más que pedir la “reintegración” piden directamente ese dinero, por un impuesto, el IVA, sobre el que los municipios no tienen ninguna competencia.

Paco Márquez, consejero de Hacienda de Ceuta

Normalmente cuando uno escribe de las cosas locales en un blog como éste, que no está destinado principalmente a la política local, los lectores habituales se pierden en una sopa de nombres y circunstancias que no se conocen. Consciente de esto no me resisto a comentar la última noticia de la política ceutí-

Paco Márquez, consejero de Hacienda de Ceuta

Normalmente cuando uno escribe de las cosas locales en un blog como éste, que no está destinado principalmente a la política local, los lectores habituales se pierden en una sopa de nombres y circunstancias que no se conocen. Consciente de esto no me resisto a comentar la última noticia de la política ceutí-

Ceuta y Canarias han sido las dos únicas autonomías en las que el PP gobierna (en Ceuta con mayoría absolutísima y en Canarias bajo la Presidencia de Coalición Canarias) que han aceptado la propuesta de financiación autonómica del gobierno de Rodríguez Zapatero.

Ceuta y Melilla, a cambio de un puñadito de competencias autonómicas, tienen una financiación que sería la envidia de cualquier municipio español. Todo antes del actual acuerdo.

El gobierno ceutí había recibido la oferta de un incremento de los ingresos estatales de 13.5 millones de euros, pero la subida de esta oferta en un millón y medio ha decidido finalmente el voto de esta autonomía.

Las cifras son ridículas, pero no por el tamaño del municipio sino por la desesperación de las arcas autonómicas. El incremento de la financiación en el nuevo sistema es solamente un 5% de los ingresos del Presupuesto de 2009, cifrado en 300 millones de euro. Entiendo el cabreo de alguno del PP.

Las deudas y los impagos de la Ciudad Autónoma son tales que a ellos se les convence fácilmente con la subida en un millón y medio de la propuesta inicial. Tan desesperada es la situación que el gobierno de la Ciudad Autónoma ha aceptado, sin rechistar, la construcción de un gigantesco centro penitenciario en un municipio de sólo 75.000 habitantes y aislado geográficamente con la única intención de poder cobrar el impuesto de obra pública. Es una administración arruinada, con una empresa pública que ha sido embargada y otra que incurre en causa legal de disolución.

¿A qué dedicarán este incremento en los ingresos? En un principio dijeron que únicamente a los servicios sociales, pero ahora ya dicen que a pagar la deuda, a las inversiones (sin aclarar si son reales o financieras) y a algo tan etéreo como sospechoso que ellos denominan “desenvolvimiento presupuestario” (miedo me da). El PP de Ceuta tiene que estarle eternamente agradecido a Catalunya que abriendo el melón de la financiación les haya salvado de la ruina.

El PNV se la propuesto al PSE un acuerdo de “estabilidad institucional y presupuestaria” lo cual ha sido calificado por “El País” como un sorpresa. Básicamente creo que lo que ha sucedido es que la dirección del PNV está leyendo bien las encuestas y ha visto que una oposición de enfrentamiento no es ni lo que se pide y ni puede que llegue a tener demasiada rentabilidad electoral en un futuro.

Realmente este acuerdo de “estabilidad institucional y presupuestaria” contiene algunos elementos bastante alejados de lo que comúnmente mente se entiende por “oposición constructiva”. Ofrece la “garantía del ingreso” del dinero que le corresponde al Gobierno Vasco, ya que en Euskadi los principales tributos los recaudan las Diputaciones Forales y las tres están gobernadas por el PNV, precisamente a cambio de que las tres sigan en sus manos, después que el PP y el PSE se hayan planteado la posibilidad de desalojar a los nacionalistas vascos del gobierno de Álava.

Me suena, lo mismo me confundo, a que yo cumplo con la Ley y le transfiero al Gobierno Vasco el dinero que estoy obligado a transferirle y cambio del cumplimiento de la legalidad por mi parte, el PSE y el PP tienen que dejar que yo siga gobernando Álava a pesar que la mayoría, llegados el caso, la tienen ellos.

Rechazar tajantemente este “constructivo acuerdo” puede darle un argumento al PNV para decir que toda la crispación que ellos pueden provocar viene ocasionada por el rechazo del PSE de un acuerdo estupendo que solamente beneficiaba al PNV. El PSE y el Gobierno Vasco, si deciden no aceptar esta “oferta irrechazable” deben explicar muy bien que el cumplimiento de las obligaciones no es susceptible de pacto.

En las columnas de opinión de Europress he podido leer un artículo de Antonio Casado titulado “Cataluña bilateral”. Como bien acaba de decir Jessica Fillol parece que el hecho de que Zapatero y Montilla se reúnan en un sábado es un “delito de lesa majestad”, y este artículo de Antonio Casado es expresión de quiénes se aferran a una irrelevancia para desatar toda su catalanofobia.

Dice que Casado que la reunión entre Zapatero y Montilla es una muestra de la ruptura de los mecanismos de negociación multilateral entre las autonomías, a favor de un modelo bilateral que encubriría los aviesos intereses de los perversos catalanes.

Para el autor de este artículo de opinión la bilateralidad viene de las reuniones entre el Presidente Zapatero y el President Montilla. Él cree que esas cosas se deben hablar en el Consejo de Política Fiscal o en la Conferencia de Presidentes.

No sé si el autor simplemente juega con la ignorancia que él les atribuye a sus lectores o más bien lo que ésta haciendo es mostrar su propia ignorancia. Cualquier reunión multilateral, esas “cumbres”, para que sean útiles tienen que ir precedidas de multitud de reuniones preparatorias, muchas de ellas bilaterales, donde el proponente le muestra a cada uno de los interesados cuál es su propuesta y espera sus observaciones. Esto, obviamente, no se puede hacer en una reunión con veinte participantes.

Uno de los problemas más grave que tiene este opinador es que ni siquiera se ha molestado por leer lo que la prensa de los días anteriores ha dicho sobre estos encuentros. Él escribió su articulito y lo publicó el 23 sin darse cuenta que esos encuentros “bilaterales” se iban a seguir produciendo.

El más sonado ha sido el de Zapatero con Esperanza Aguirre y según informa “El Mundo”, poco proclive al gobierno socialista, forma parte de una larga lista de reuniones entre el Presidente del Gobiernos y sus homólogos autonómicos. Esto es, los catalanes no tienen un trato favorable ni negocian aparte, sino que a todos se les ofrece el mismo modelo para que presenten sus observaciones y se pueda abrir una negociación que culmine en la firma en uno de esos escenarios que tanto parecen gustarle a Antonio Casado.

Le recomiendo al autor de esta columnita que se lea la entrada que enlazo de Roger Senserrich para que aprenda un poco de lo que está hablando.

Mientras cierran los colegios electorales en EEUU, yo quiero volver a un asunto de estricta política interna. El gobierno ha anunciado que va a poner una marcha un programa de ayuda a los desempleados para pagar su hipoteca.

Estoy de acuerdo con Egócrata en que es una buena medida para ayudar a las personas que están pasándolo mal o que lo van a pasar más por el constante aumento del paro. El problema es que encuentro tantas dificultades en su aplicación y en algunas de sus consecuencias que me planteo cuestiones, algunas de las cuales también Egócrata comentó así como Gsantamaria en su blog.

Quiero insistir en algunas cosas dichas por los ya citados y reflejar algunas de mis obsesiones:

1) Hay extremos de la medida que no están nada claros, como si el límite es el límite de la hipoteca o de la cantidad a partir de la que se calcula el 50% de la ayuda.

2) Sí hay una fuerte discriminación entre los que alquilan vivienda y los que compran. No se comprende porqué unos merecen protección (los parados compradores) y otro no (los parados inquilinos). No se aclara el caso de los matrimonios en los que uno de los cónyuges haya perdido el empleo y el otro no.

3) Esta medida pone de manifiesto una gran problema en nuestro sistema de transferencias desde el Estado a los ciudadanos, que es su falta absoluta de progresividad, provocando constantes errores de salto. Se establecen unos límites que dan derecho a todo o a nada, de forma que estar un poco por encima de esos umbrales hace que se pierde el derecho a recibir cualquier ayuda, produciendo una pérdida de renta .

4) Se podría decir que esta medida premia a los que optaron por hipotecarse hasta las orejas cuando realmente no podían hacerlo. Estoy de acuerdo con ello, pero tampoco defendería este argumento con mucha vehemencia cuando le hemos dado con acierto 150.000 millones de euros a una banca que alguna responsabilidad tiene en todo esto.

5) Yo sigo viviendo de alquiler y me alegro.

Actualización: quien quiera informarse sobre estas ayudas puede hacerlo en la páginas del Plan E y en la del Instituto de Crédito Oficial.

Cuando se le plantea a un político un problema, la mejor forma de quedar mal es decir que no es de su competencia. Parece que si quiere quitar el problema de encima y no hacer nada, y en algunas ocasiones esto puede ser cierto. Pero la cuestión es que existe la seria posibilidad de que haya problemas que no sean de la competencia de ese político y por tanto no tenga responsabilidad ni en su causa, ni capacidad de actuación en su resolución.

En nuestro país se piensa que determinadas administraciones son la responsable de todas las cosas. Este papel se le asigna con preeminencia al Gobierno de España. Tengo la impresión de que para muchos ciudadanos no ha existido proceso autonómico y que las Comunidades existen pero que no son responsables de ningún problema. Esta diferente consideración se aprecia en los niveles de participación en los diversos procesos electorales, siempre mayor en las Elecciones Generales que en los procesos autonómicos.

Durante demasiados años se ha “mal criado” a las administraciones autonómicas (y en buena medida también a las municipales) permitiéndoles gastar sin recaudar. Ellos eran los buenos, los que ponían el dinero, mientras que el Gobierno central de turno era el malo que pasaba baqueta a todos los ciudadanos en junio de cada año.

Cuando los gobiernos regionales (y los municipales) se quedan sin dinero comienzan su discurso victimista para conseguir más dinero del Gobierno central: que si discrimina a los ciudadanos de la región, que si estamos bajo la media (es imposible que todas las regiones estén bajo la media) o que por culpa del Gobierno central se perderá el futuro.

Aunque ya se percibe la creación de escenarios políticos regionales, en los que habrá su propia dinámica y temas, aún estamos en periodo de transición y a la mayoría de los ciudadanos la política autonómica no le importa nada, no siguen esta información y normalmente los debates en los parlamentos regionales (y los propios parlamentos) no generan ningún interés.

Debería ser hora de comenzar a exigirle a cada cual según sus competencias, ni más ni menos, que no siempre exista la posibilidad a recibir más dinero cuando a un alcalde o a un presidente autonómico se le ha ido la cabeza.

José Antonio Donaire responde en una entrada en su blog a una serie de blogueros que se han mostrado crítico tanto ante el propio concepto de “balanzas fiscales” como ante las consecuencias que algunos, entre los que no creo que esté José Antonio, quieren extraer de las balanzas. La verdad es que yo no recuerdo haber dicho que los territorios no existen, aunque dado mi aplauso a una entrada de Pablo Pando, asumo ser incluido en esta consideración.

Voy a concretar mi postura en algunos puntos:

1) El debate sobre si los sujetos fiscales son los individuos y las empresas (también las herencias yacentes de las que nadie se acuerda) es fruto de una confusión terminológica interesada. El Derecho Financiero tiene dos grandes ramas, el Derecho Tributario o Fiscal y el Derecho Presupuestario. Una cosa es la tributación y otra cosa muy diferente es la distribución y la organización del gasto (y la estimación de los ingresos) que se hace en los presupuestos.

2) El territorio es un hecho. Otra cosa es la importancia que le demos a los territorios, ya que es muy diferente hablar de la “organización territorial del Estado” que “los territorios que organizan al Estado”. La primera es expresión de un Estado preexistente a la organización que se dé y la segunda indica que el Estado es consecuencia de una decisión de los territorios.

3) Para mí el debate no se debe situar en los territorios sino en las personas y las balanzas deberían ser un instrumento para evaluar lo segundo y no lo primero. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me importa nada cuanto pierda de Cataluña o Madrid en cada una de las seis balanzas, sino si los ciudadanos de Cataluña o Madrid tienen unos buenos servicios públicos que atiendan sus necesidades y que les faciliten las cosas. Ésa es la cuestión que tiene que ser respondida. Tiene más sentido hablar y es más fácil convencer sobre la base de las necesidades de todo tipo que se dan en Cataluña que sobre balanzas entre territorios.

4) Es innegable que Cataluña gozó de unos servicios durante décadas que eran un sueño para el resto del país. Tampoco me cabe duda que no ha habido la inversión precisa para mantenerlos a un nivel de actualización bueno y que muchos modelos de gestión han quedado desfasados (como las autopistas de peaje), pero esos denostados servicios fueron inimaginables en el resto de España y en parte gracias a ellos Cataluña es lo que es hoy día.

5) Personalmente el planteamiento estrictamente territorial no me gusta. Lo territorial existe, es una unidad de espacio que podemos emplear para muchas cosas, pero lo esencial es la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. La reclamación de la publicación de las balanzas, al menos por lo que sé, nació entre los partidos nacionalistas catalanes no con la primera intención de mejorar los servicios públicos de los catalanes, sino como una prueba de la explotación que el resto de España “impone” a Cataluña. Por este camino cada región puede sacar pruebas de ignomias sin fin.

6) Comprendo y comparto que se diga que se quieren recursos para atender lo mejor que se pueda a los propios ciudadanos. La publicación de las balanzas no serviría de nada si no hay algunas reflexiones añadidas: ¿Ha invertido la Generalitat desde su reestablecimiento todo lo que debía dónde debía hacerlo? ¿Cuál es la balanza fiscal entre las provincias catalanas, pues las provincias también son parte de la organización territorial del Estado? ¿No será que muchas veces se habla de Cataluña cuando se quiere hablar de Barcelona?

7) Decir que es horroroso pagar más de lo que se recibe coincide con el discurso neoliberal que Pablo Pando criticaba. Lo que un día se dice de los territorios, otros de los municipios y otros de las personas, y habrá un día que haya un partido potente que lleve en su programa que la Sanidad o la Educación la tendrá que elegir cada cual, sin que uno tenga que pagar lo que no necesita ni va a necesitar.

Después de años de polémicas el Gobierno de España ha publicado las Balanzas Fiscales (ahora nos enteremos que prácticamente se han hecho todos los años desde 1960). Ahora todo el mundo se lanzará a interpretarlas. Las comunidades que tienen déficit fiscal dirán que son tratadas injustamente ya que pagan más de lo que reciben y en las comunidades con superávit fiscal se dirá se está reparando un abandono secular.

Lo malo que tiene este debate es que la mayor parte de los argumentos tienen cierta validez, por más que puedan parecer contradictorios. Pero lo que eleva este asunto hasta la locura es que siempre quedan fenómenos que se encuentran fuera de las seis balanzas publicadas y que podrían suponer cierta rectificación.

Yo no quiero entrar en el gran debate. Solamente quiero señalar que en un juego de cuenta cero, como es una balanza o una media, siempre habrá elementos que estén sobre la media y otros que estén por debajo. El asunto no es que haya elementos que reciban más de lo que aportan (lo cual es lógico en un sistema que busca la solidaridad), sino si las diferencias son razonables o no y qué variación tienen a lo largo del tiempo.

Una de las consecuencias que se puede sacar de cualquiera de estas balanzas es que ha caído uno de los mitos fiscales españoles, el de la Andalucía subsidiada. Es cierto que Andalucía recibe más que aporta, pero no en la proporción que muchos pensaban antes y su aportación desde luego no es pequeña. Que la comunidad andaluza se sitúe en un superávit fiscal de entre el 3.05% y el 4.65% del PIB en cada una de las seis balanzas entra dentro lo razonable.

Llevo años cansado de que los andaluces seamos acusados de parásitos, especialmente por los españolistas del PP. Ahora pueden mirar como Castilla y León, Melilla y Ceuta está siempre por encima de Andalucía, aunque mucho me temo que no oiré los exabruptos, que hemos recibidos los andaluces, ya que en esas autonomías el PP es electoralmente competitivo.

Se me olvidaba decir que ésta es la entrada 500 de “Geografía Subjetiva”. Gracias a todos por vuestro seguimiento, comentarios, aportaciones y discusiones.

El debate sobre “Los Toros” se reabre periódicamente. Aprovechando que ahora mismo no está en alza, voy a dar mi humilde opinión sobre este tema.

Durante mucho año he sido un defensor de las fiestas taurinas, pero en un momento dado recapacité sobre el sentido de este defensa cuando a mí, personalmente, no me gustan los toros y nunca he ido a ningún acto taurino. El hecho de que no me gusten los toros me parece que no es argumento suficiente para pasar de defensor de “Los Toros” a enemigo de la “Fiesta Nacional”. Ahora ni defiendo ni ataco, aunque hago otras preguntas.

Sí creo que hay que aclarar el dinero público que se destina a los festejos taurinos y dar la conveniente información a los ciudadanos. Esto no es porque crea, por principio, está mal dar dinero público a estas actividades, sino porque en cambio sí creo por principio en que la transparencia en los gastos es un elemento democrático irrenunciable.

En el momento que el dinero de los impuestos se dirige a subvencionar de mil formas a los toros los ciudadanos tienen otro elemento de elección. Se puede ser absolutamente indiferente a “Los Toros”, como yo, y se puede estar en desacuerdo con que se dediquen 550 millones de euros al año a este fin.

Con toda normalidad se puede pensar que “Los Toros” deben seguir siendo perfectamente legales pero que no son merecedores de que reciban dinero de todos. No me gustan los deportes de montaña pero me parece estupenda que existen servicios de rescate. Los criterios para la asignación de los fondos públicos son varios, aunque la mayoría estaremos de acuerdo en que la necesidad es el principal criterio (los servicios básicos) y que todo lo demás deberá ser evaluado en función de los beneficios que repercutan a la sociedad y, en última instancia, por el número de ciudadanos interesados en ello.

Esperaré la salida de un informe anunciado para estos días y las reacciones y los datos que se den en su contra del informe, para aplicar esta jerarquía de criterios que antes señalaba.

Estaba viendo la tele. De repente me sorprende un anuncio de la Conferencia Episcopal en el que anima a sus fieles y al público en general a hacer sus aportaciones económicas para el sostenimiento financiero de la Iglesia Católica en España. No es que nada tenga que objetar a esta campaña, sino que además me parece estupendo que el Catolicismo busque medios propios para su financiación.

Lo que sí me llama la atención es que la Conferencia Episcopal incluye en el anuncio asuntos que nada tiene que ver con la financiación por la vía de la casilla del IRPF para la Iglesia, y sí en la casilla de fines sociales.

La obra social de la Iglesia, incuestionable e importante, no se financia a través de lo recibido directamente por el IRPF (que paga al clero y a la gestión eclesiástica según lo consignado en los presupuestos de Conferencia y las diócesis), sino por la otra casilla, junto a partidas sociales de los presupuestos públicos.

Prácticamente toda la asistencia social de la Iglesia está financiada con dinero público, con lo que en nada le afecta la casilla del IRPF o las donaciones directas a la Conferencia Episcopal, porque es el Estado el que paga.

En uno de los portales de blogs de izquierda encontré una entrada en la que el autor se mostraba perplejo por la reacción de la izquierda ante la propuesta del PP para excluir de la tributación IRPF para personas que ingresasen menos de 16000 euros al año, manifestándose más de acuerdo con esta medida que con las ayudas lineales, como la del nacimiento de un hijo para toda familia aprobada recientemente por el Gobierno de España.

El autor reproduce la viaje idea de que las ayudas, como la tributación debe ser progresiva, pero estableciendo una límite en el que no se puede percibir ninguna ayuda. Es evidente que las ayudas lineales pueden cometer algunas injusticias, pero el gasto de tiempo y dinero que implican su corrección es mejor emplearlo en hacer mayores la ayudas.

Hay una cosa que me obsesiona desde hace mucho tiempo y es un concepto tributario que me empeño en hacerlo también un concepto presupuestario: el error de salto. En el Derecho Tributario se considera que hay un error de salto cuando un incremento en la base imponible supone una subida en la cuota líquida superior al aumento en la base imponible.

En lo tributario ha quedado claro desde hace tiempo y de hecho se ha incorporado a los textos legales (Ley de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados). En lo presupuestario, es decir, en las normas reguladores de las transferencias públicas a los ciudadanos y empresas aún no se ha contemplado. El error del salto en el ámbito presupuestario consiste en que un incremento mínimo en la renta implica un descenso de los derechos a percibir transferencias públicas mayores al incremento de la renta.

La consecuencia es que hay muchas personas y familias que con rentas bajas no pueden percibir determinadas ayudas por tener solamente una renta un poco superior a los muy exigentes umbrales que la Administración suele requerir. Por el contrario, una renta solamente un poco inferior da la posibilidad de percibir numerosas transferencias. El resultado que la suma de rentas y transferencias hacen que los ingresos de la familia o personas únicamente un poco menos favorecida sea bastante superior a los ingresos de la otra, lo cual es una manifiesta injusticia.

No creo que los umbrales deban de ser tan exigentes y mantengo que la mayoría de los ciudadanos deberían tener derecho a recibir alguna transferencia directa, condicionada a su renta. Vivimos en el país del “error de salto” y desde luego las ayudas lineales no son una solución mágica, pero da a unos lo que le hace falta, a otros un respiro importante sin papaleo, sin dejar lugar a los fraudes corrientes (como los falsos divorcios) y permite que la inmensa mayoría, que son trabajadores, se sienta beneficiado directamente por el sistema al que aporta una buena cantidad de sus ingresos.