Hola de nuevo,

Antes de nada gracias a todos los que me habéis enviado mensajes o correos electrónicos animándome a seguir haciendo una buena oposición.

Os cuento que estoy muy contento por como van las cosas.

Desde hace un mes a mis colaboraciones con Teleprensa y Diario de Almería se ha sumado un artículo semanal todos los jueves en Almería Actualidad, el periódico del Grupo Joly en la provincia; además le estoy muy agradecido a la gente de Tusenado.com porque, de vez en cuando, tienen el detalle de difundirlos a nivel nacional.

En el Senado todo marcha estupendo, el Grupo está depositando mucha confianza en mí y, si el Ministro de Trabajo e Inmigración no hubiera faltado esta semana (¿?), habría defendido mi segunda pregunta oral ante el pleno de la cámara. De verdad que estoy muy motivado, creo, sinceramente, que desde mi posición se pueden intentar muchas iniciativas beneficiosas para el conjunto de la sociedad.

Aprovecho este comentario para comunicaros que he agregado en el apartado “Diario de Sesiones” el enlace a la pregunta oral que realicé al Ministro el pasado 16 de septiembre, preguntándole por el alarmante aumento del paro entre la población inmigrante. También he insertado la sección “Legislación” el esperpéntico decreto ley que ha aprobado recientemente el Gobierno para ‘estimular’ el retorno voluntario de extranjeros.

¡Seguimos en contacto!

¿Estamos suficientemente protegidos los periodistas por la ley? ¿Está suficientemente protegida por la ley la labor del periodista? ¿Cómo interfiere en la profesión la amenaza de denuncias con multas abusivas? ¿Actúan los jueces como aliados de la libertad de expresión?

Nos encontramos ante un nuevo caso de desprotección de un periodistas frente a una demanda: Rafael M. Martos director del gratuito ‘Diario de Almería’ ha sido condenado a pagar una fianza de 200.000 euros y 120.000 su periódico por presuntas injurias y calumnias contra el hermano de Manuel Cháves, presidente de la Junta de Andalucía.

La acción judicial se centra en el director del gratuito y la empresa editora, aunque ésta no fue la única que publicó las presuntas irregularidades. Además, un escrito de rectificación del denunciante fue publicado en su totalidad.

En la web de la FAPE encuentro la nota. Curiosamente no dice el nombre del periodista, lo que ya es raro (Martos habla de ello en su blog como si no fuera con él) y me desvía por un momento de lo que me preocupa en principio: la protección de un periodista ante las demandas, un hecho que no termina de quedar resuelto en la legislación española.

Dice la FAPE:

“Cualquier ciudadano tiene el derecho de acudir a los tribunales, si cree que un medio de comunicación ha lesionado su derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, pero es deseable también que no se imponga la asfixia económica  del periodista y de la publicación.”

La Ley frente a la ley; la Justicia frente a la justicia; los jueces, a su vez, frente a la Ley, la ley, La Justicia y la justicia… Y también frente al poder político. Un tema insuficientemente debatido y todavía pendiente en nuestro país, donde la Transición discurrió por otras esquinas (y nos fue muy bien, aunque hay que afinar). Aún quedan flecos en los juzgados.

¿O es en el Congreso donde está enmarañado el hilo? Además, ¿para qué sirve la rectificación si después viene una multa de este calibre?

Vía: PRNoticias y Periodistas-es.org