En Chiapas se recrudece el hostigamiento gubernamental contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Diego Cadenas –su presidente– denuncia agresiones físicas, amenazas y una campaña mediática de desprestigio, que se inserta en “la lógica de la criminalización social y la estrategia contrainsurgente”. Con la andanada –explica–, los gobiernos de Felipe Calderón y Juan Sabines estarían protegiendo proyectos de “desarrollo” que despojan territorios a los pueblos indios

En detrimento de las comunidades y pueblos indios, los gobiernos federal y de Chiapas imponen proyectos de inversión minera, turística, bioenergética y de construcciones modulares. Tan sólo en 2008, la administración de Juan Sabines Guerrero “consiguió” que la minera Black Fire Exploration, de origen canadiense, invirtiera más de 5 millones de dólares en la entidad.

Además, entre los ocho proyectos mineros no metálicos que en la actualidad promueve la Secretaría de Economía federal se encuentra el del Cerro de la Campana, cuya mina de mármol y caliza afectará al ejido Efraín A Gutiérrez, localizado en el municipio Berriozabal, consta en la página de internet de la dependencia.

Aunque los llamados proyectos de “desarrollo” supuestamente se justifican con la creación de empleos, defensores de derechos humanos advierten que el impulso a la iniciativa privada extranjera también conlleva criminalización, asesinatos, encarcelamientos, hostigamiento, despojo de tierras y saqueo indiscriminado de recursos.

Ése es el caso de Chiapas, cuyo mandatario se describe como “el mejor aliado de la inversión” y que ahora está marcado por ambos temas: la imposición de proyectos y al menos una decena de conflictos sociales relevantes, además del todavía no resuelto levantamiento armado que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En su mayoría, los problemas sociales han sucedido en lo que va de la administración de Sabines Guerrero y se derivan del tema territorial. Por ejemplo, los despojos de tierras que llevan a cabo presuntos paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic); la criminalización de la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul; las resistencias a la actividad minera en ocho municipios y a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.

A ello se suman las incursiones del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General de la República (PGR) en comunidades en resistencia y la criminalización de los defensores de derechos humanos que acompañan las quejas y brindan asesorías jurídicas y sicológicas a los agraviados.

En este último caso, en 2009 se han registrado al menos cuatro tipos de agresiones reiteradas contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba): vigilancia (atribuida por el Frayba al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen); persecución (orquestada por miembros asociados al gobierno estatal); hostigamiento (por parte de la Opddic) y descalificación (por los medios de comunicación locales)

Al igual que el hostigamiento a los pueblos, en meses recientes el acoso gubernamental contra los defensores se ha incrementado. El 7 de agosto pasado, Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila, del Ejército de Dios y vinculado al gobierno estatal, demandó penalmente ante la PGR a Diego Cadenas, presidente del Frayba, a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón y al periodista Hermann Bellinghausen.

Según el propio dicho del demandante, la PGR inició la averiguación previa APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 por los supuestos delitos de “ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y el allanamiento de morada”.

Otro hecho relevante aconteció el pasado 18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca fue emboscado y golpeado por integrantes de la Opddic, organización identificada por el Frayba como de corte paramilitar. El ataque ocurrió cuando el abogado, integrante del centro, concluyó una visita al ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde informó los avances del proceso jurídico que lleva a favor de los presos políticos de San Sebastián Bachajón.

Proyectos de inversión, detrás del acoso

En entrevista con Contralínea, Diego Cadenas identifica que los gobiernos federal y estatal están detrás del acoso, pues ambos pretenden imponer “proyectos de desarrollo” en Chiapas.

Explica que, como los derechos de los pueblos indígenas y en particular la defensa del territorio son ejes estratégicos del Frayba, éste desarrolla un método de defensa social integral que procura que las comunidades y las organizaciones protagonicen, en lo posible, su defensa.

Este método, indica, coincide con la nueva etapa en la consumación de “distintos ‘proyectos de desarrollo’, entre comillas, de empresas trasnacionales que tienen el apoyo, el servilismo del gobierno federal y del gobierno del estado”.

Detalla que hasta con modificaciones legislativas se dan facilidades a las trasnacionales para sustraer los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas. Subraya, además, que en Chiapas estos proyectos son sobre todo mineros y turísticos.

Conflictos mineros

De acuerdo con el Segundo informe de gobierno de Juan Sabines, hecho público en diciembre de 2008, el gobierno chiapaneco no sólo ha “fortalecido” relaciones con empresas españolas –Grupo Arpa, Prointec, Isolux Corsán, Mall y Ecofuel–, sino que éstas invertirán “en los sectores bioenergéticos, construcciones modulares y turísticas (sic)”.

El mismo documento expone: “Como resultado de las relaciones con el gobierno de Canadá, logramos que la empresa Black Fire Exploration México invirtiera en la industria minera más de 5 millones de dólares, generando 250 empleos directos y mil indirectos”.

Parte de esa inversión –garantizada jurídicamente por una de cuatro concesiones que le otorgó la Secretaría de Economía federal para operar proyectos en esa entidad– le permite poseer en Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita en el mundo, con una producción de 360 mil toneladas al año y con ingresos calculados en 45 millones 500 mil dólares anuales, informó la agencia de noticias Efe en agosto de 2008.

Chicomuselo es uno de los ocho municipios chiapanecos con conflictos sociales derivados de la actividad minera. Allí, en la comunidad de Grecia, se han documentado graves afectaciones al medio ambiente, señala Diego Cadenas.

Los problemas, sin embargo, no son sólo ecológicos: desde antes de que se instalara la mina, en 2006, los residentes denunciaron el despojo ilegal de sus tierras. Los otros siete municipios con problemáticas similares son: Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla.

Según estimaciones, la mina a cielo abierto en Chicomuselo tendrá una vida útil de 100 años y, una vez agotado el mineral que ahora explota, Blackfire Exploration extraerá titanio.

“Hay ya permisos de exploración a distintas empresas mineras en el estado, principalmente en el municipio Venustiano Carranza, en donde acompañamos a una comunidad”, denuncia Cadenas.

Información de la Secretaría de Economía federal indica que en Chiapas existen nueve proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero, cuatro de ellos concesionados a Black Fire Exploration, Ltd: La Cristiana (exploración), Siete Mulas y La Mulita (exploración), Pijijiapan (exploración) y La Revancha (producción).

Otras cuatro concesiones de exploración están en manos de la también canadiense Linear Gold Corp: Los Olivos, Motozintla, Niquivel e Ixhuatan; mientras que el noveno proyecto ­­–llamado Amatista, La Fruta y El Mole y reportado como suspendido– fue concesionado a Radius Gold, Inc, empresa también proveniente de Canadá.

Criminalización de la protesta

A la par de los incentivos a las inversiones empresariales, el Estado mexicano endurece las leyes, sobre todo penales, para sancionar cualquier oposición a los proyectos, critica Diego Cadenas.

Indica que la criminalización de la protesta social no sólo afecta a esa entidad. “Hoy en Chiapas existe, por ejemplo, la figura de instigación a la violencia, destinada a la gente que está en movimientos sociales; pero también la Constitución (mexicana) se ha reformado con la justificación de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, y se le han dado más facultades al Ministerio Público para arraigar, en perjuicio de los derechos y las garantías de los ciudadanos”.

Señala que éste es justo el contexto en el que trabaja el Frayba: “En donde se han agudizado las controversias, hay una acción más agresiva del Estado para realizar estos proyectos de desarrollo y también hay más claridad, mayor organización y mayor articulación en las comunidades indígenas para defender su territorio”.

El abogado –quien, junto con el obispo Samuel Ruiz, fue seguido, fotografiado y videograbado por personal del Cisen en mayo y junio pasados– dice que esta situación seguramente ha llevado al Estado a “ubicar” quiénes son los actores que representan un “obstáculo para saquear los recursos de los pueblos, y es muy probable que esté ubicando al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas como un actor en esa lógica”.

Por ello, reflexiona, se está instrumentando una “campaña de hostilidad en nuestra contra en los medios de comunicación, que evidentemente están sometidos al poder del gobernador: el gobierno ha invertido mucho dinero en convenios mercantiles con los medios, que utiliza para promover el turismo y, al mismo tiempo, su versión tendenciosa de lo que está ocurriendo en los ámbitos político y social del estado. Entonces, por un lado, promueve el turismo y, por otro, criminaliza y pone fotos de gente que está en el movimiento y los presenta como delincuentes”.

Territorio en disputa

Además de la actividad minera, Diego Cadenas identifica a la autopista San Cristóbal-Palenque como uno de los proyectos prioritarios para los gobiernos federal y estatal, así como un atractivo negocio para las empresas españolas.

“Aquí hay intereses económicos muy importantes, porque esa autopista supone que potenciará el desarrollo ecoturístico de la región, pues conectará con la Riviera Maya: comienza aquí en Chiapas y acaba en la Península de Yucatán.”

Explica que quienes han mostrado mayor oposición a ese proyecto son los ejidatarios tzotziles de la comunidad de Mitzitón y los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón. Estos últimos también luchan por usufructuar los recursos de las cascadas de Agua Azul, que se encuentran en su territorio y que han sido explotadas por la Secretaría de Turismo estatal.

En el caso de Bachajón, Diego Cadenas recuerda que tras intentar ejercer su derecho a administrar sus recursos naturales, el 13 de abril fueron encarcelados ocho ejidatarios, de los cuales dos aún continúan en el penal de El Amate, “como presos políticos”.

La constante en la administración del gobernador Juan Sabines es “un doble discurso: por un lado, dice que él está a favor de los derechos humanos; por otro lado, manda reprimir de distintas formas a los movimientos que se oponen al saqueo de sus recursos que se encuentran en sus territorios”.

Medidas cautelares

Ante los embates gubernamentales, Diego Cadenas explica: “Estamos recurriendo a las instancias internacionales de derechos humanos para solicitar su intervención para que cese esta hostilidad en nuestra contra y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Ya se ha informado lo que está pasando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando su intervención para que le pida al Estado mexicano, a los órganos de seguridad, las medidas cautelares a nuestro favor y sobre todo de los ejidatarios de Bachajón, que se encuentran sitiados por la Policía Estatal Preventiva con la amenaza de desalojarlos de la caseta que les corresponde por derecho administrar en Agua Azul”.

El presidente del Frayba dice que, además de esta solicitud, los integrantes del centro han tomado medidas de seguridad, puesto que no pueden cejar en su lucha por el respeto pleno de los derechos humanos en Chiapas.

“Siempre hay un riesgo, como ya lo vimos con el caso de Ricardo Lagunes, nuestro compañero que fue agredido recientemente en una carretera por integrantes de la Opddic.”

Para la elaboración de este trabajo se solicitó la opinión del gobierno de Juan Sabines a través del jefe de prensa Guillermo Enríquez. Hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.

Paramilitares y contrainsurgencia

“La estrategia de contrainsurgencia está destinada no únicamente contra los zapatistas, aunque inicialmente eso se pensaba por los patrones derivados de la documentación que hemos hecho en campo. Ahora notamos que realmente la estrategia es parte de la aplicación de una política más amplia: de la política económica”, explica Diego Cadenas, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Reflexiona que dicha política económica –con un concepto de desarrollo excluyente hacia los pueblos indígenas y de despojo de los recursos– se acompaña de mecanismos represivos para asegurar su propia realización y también para garantizar los negocios de los inversionistas.

En ese contexto, asegura, el gobierno está ubicando cuáles son las organizaciones que pueden ser sus aliadas en un momento dado para enfrentar a quienes se opusieran a este modelo de desarrollo.

“Ésta es la lógica de los grupos de corte paramilitar. Y aunque en este momento el rol es ciertamente de confrontación no armada, sí es definitivo que mantienen una subordinación a las fuerzas regulares, sobre todo a la Policía Estatal Preventiva.”

Diego Cadenas asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares. Indica que esa presencia busca dar una “perspectiva militar” de cómo atender los distintos conflictos y asuntos que hay en la región.

“Los temas del narcotráfico y del tráfico de personas están resultando en una justificación. Sin duda (ambas problemáticas) existen, pero también son muy oportunas para aplicar arraigos, hacer detenciones sin órdenes de aprehensión y criminalizar los movimientos sociales, la protesta social.”

Diego Cadenas refiere como ejemplo la detención injustificada del líder histórico de la Organización Campesina Emiliano Zapata, José Manuel Hernández Martínez, ocurrida el pasado 1 de octubre.

A don Chema, explica, las autoridades “no quieren acusarlo abiertamente de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por eso le imputan otro tipo de delitos. Pero, en el fondo, hay también una justificación de combatir los grupos guerrilleros, particularmente el EPR, que también se está convirtiendo en Chiapas en una justificación para hostilizar a las comunidades”.

Cadenas reflexiona que la lucha contra el narcotráfico también ha servido para armar operativos militares en comunidades como San Jerónimo Tulijá; Galeana, muy cerca de La Garrucha; 28 de Junio, que es la comunidad de don Chema; y Río Florido, entre otras. “La justificación fue la lucha contra el narcotráfico, pero lo que realmente estaba haciendo el Ejército era hostilizar las comunidades, para señalar a los disidentes del sistema”.

Diego Cadenas observa que la sociedad civil debe tener un papel más activo en la defensa de los derechos humanos, pues es a través del activismo como se pueden superar los climas de violencia gubernamental.

“Es importante que tengamos claro que el Estado mexicano tiene un proyecto que va más allá de sus propios intereses, un proyecto global que va a beneficiar a unas cuantas personas, a unos grupos de poder económico y que si nosotros no hacemos nada como sociedad civil después vamos a lamentarlo todos.”

El defensor de los derechos humanos destaca la preocupación en el Frayba respecto de la hostilidad que padecen las comunidades: “Es donde vemos mayor vulnerabilidad”. Por ello, solicita que “toda la gente tenga acceso a esta información y haga algo en sus posibilidades; es importante que no nos quedemos con los brazos cruzados, que cuando menos enviemos una carta o que estemos cada vez más enterados de esta realidad”.

El presidente del Frayba advierte que en Chiapas se percibe un incremento, “a un futuro muy cercano”, de la hostilidad gubernamental. “Van a estar en riesgo muchas personas y en su mayoría indígenas, que están intentando romper el cerco de marginación que el Estado mexicano les ha impuesto, y reclamar sus derechos humanos”.

Al respecto, señala, son derechos a los que el Estado mexicano está comprometido por los tratados internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos y “que simplemente no cumple”. “Ni la Constitución ni los derechos internacionales son practicados por nuestros gobiernos, más bien son letra muerta”. (NF)

2009, denuncias de agresiones omitidas

Algunos proyectos de inversión vigentes en Chiapas

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/15/gobierno-hostiga-a-defensores-de-derechos-humanos/

Los ex guerrilleros explican cómo el Código Penal les dio la clave para salir de la cárcel

Gloria Arenas y Jacobo Silva nunca negaron su pertenencia a un grupo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), obtuvieron su libertad precisamente porque esgrimieron un artículo del Código Penal –el 137– que reconoce la figura de rebelión, al estipular que hechos de sangre ocurridos en el contexto de un combate no son actos delictivos. Ayer, unas horas después de su excarcelación, después de permanecer una década en penales de máxima seguridad, Silva Nogales afirma: “Considerando que tuve toda la razón para alzarme en armas: nadie tiene nada que reprocharme. Ni siquiera si ahora decidiera reincorporarme a la guerrilla”.

Él y su esposa Gloria aclararon, sin embargo, que la circunstancia de haber pasado un largo periodo en la cárcel los ubica “automáticamente” en el movimiento social que lucha por vías pacíficas. Ambos militan en la otra campaña, red de movimientos que se identifican con el zapatismo. “Antes teníamos armas de fuego, hoy tenemos las armas de la razón”, expresaron.

Detenidos el 19 y el 22 de octubre de 1999, respectivamente, un tribunal de Chilpancingo los juzgó y declaró culpables por la muerte de un civil durante una emboscada del ERPI al Ejército Mexicano en Guerrero en 1998. Recibieron una sentencia de 51 años, la que apelaron en distintas instancias hasta que el año pasado lograron una reducción de la pena.

Silva Nogales fue fundador del Ejército Popular Revolucionario. Él y Gloria Arenas se separaron para formar otra organización, el ERPI –que también sigue activo– en 1998. Pese a las fuertes rivalidades entre las dos organizaciones, Silva expresó ayer el compromiso de luchar contra los actos represivos del Estado y la tortura, incluida la desaparición forzada de los dos dirigentes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, secuestrados en Oaxaca en 2007.

Sin que se les notificara con anticipación, Arenas fue excarcelada el miércoles por la noche del penal de Chiconautla, estado de México, y Silva, el jueves en la tarde, del reclusorio de máxima seguridad de Tepic. De la prisión, a él lo condujeron directamente a la terminal de autobuses. Llegó al Distrito Federal a primeras horas de la mañana. Al mediodía se presentaron ante la prensa y decenas de militantes de derechos humanos que los saludaron calurosamente y aplaudieron cada una de sus intervenciones.

Entre ellos estaba la madre de Jacobo, Inés Nogales, con sus 87 años a cuestas. “Este Jacobo me salió fuerte, ¿verdad? Debe ser por el gusano del mezcal de Minatitlán”, comentó tras escuchar embelesada a su hijo. También estaba la hija de la pareja, Leonor Silva Arenas, y la hermana, Elizabeth Silva Nogales, que fue el sostén de la familia y el motor de la solidaridad durante estos años.

Una conquista de la lucha social

En la rueda de prensa, Jacobo Silva señaló que “nuestra libertad no es una concesión graciosa del gobierno. La conquistamos palmo a palmo con la lucha jurídica”. Explicó su estrategia en el proceso de defensa que él mismo condujo: “Nos acusaron de homicidio e intento de homicidio. Si no hubiéramos sido rebeldes, eso habría sido un delito. Pero en el Código Penal, conforme al artículo 137, los hechos que se dan en el contexto de una rebelión no son delitos. Nosotros ni siquiera tuvimos que demostrar que éramos rebeldes, el mismo Estado así lo tipificó, porque nos acusó de rebelión. En tanto que rebeldes, no somos delincuentes. Yo nunca lo negué ante quienes me interrogaron: era guerrillero, me descuidé y me agarraron. Gloria y yo cometimos actos de rebelión, yo sí hice daño en propiedad ajena, no lo niego. Mi esposa no”.

Con el rapado de cabello típico de los reclusos de máxima seguridad y un rostro que refleja los años de penurias, Silva agregó: “Si no hubiera caído seguiría siendo guerrillero. Mi corazón está con el ERPI y otros grupos armados cuyos nombres ni siquiera se conocen pero que existen. Pero el hecho de haber pasado por la cárcel automáticamente nos ubica dentro del movimiento popular abierto. Éste se va a convertir en nuestra montaña. Los árboles son ustedes, entre ustedes me escondo y me camuflajeo”.

Estar preso

Durante esta década tras las rejas, Silva nunca pudo conceder una entrevista periodística. Ayer habló de su experiencia carcelaria. “Los años de estar preso me colocan en posibilidad de hablar de una realidad que es necesario que se conozca. En las prisiones se infligen lesiones a la dignidad humana, incluso ocurren homicidios que quedan impunes. A mí me tocó estar cerca de uno, un reo asesinado por un funcionario de la prisión. Presenté una demanda penal y no se hizo nada. Un [agente del] Ministerio Público me fue a ver pero no investigó nada”.

Habló de una perspectiva muy personal: “Diez años sin poderme ver en un espejo, sin tener una imagen de mi identidad. En Almoloya se produce un proceso de despersonalización. En ese mundo se es subhumano, se sobrevive sacando fuerzas de flaqueza, inventando nuevas formas de lucha que uno ni siquiera sabía que existían. Sin saber que podía pintar, pinté. Sin saber que podía escribir, escribí. Sin conocer de derecho asumí mi defensa. Eso nos ayudó y yo espero que ayude a otros presos: puede ser que esa sea la ruta que los lleve a la salida.

“La cárcel es una experiencia colectiva; adentro uno sobrevive gracias a la famosa solidaridad. No sé qué habría pasado si ustedes desde aquí no hubieran estado pendientes de nosotros”.

Habló de sus primeras impresiones en libertad: “Oír la voz de un niño, tocar una mano afectuosa, hablar cara a cara de lo que uno quiera, caminar sin que le digan a uno que agache la cabeza, mirar el sol sin cuadritos… ¡es lo máximo!”

Durante los primeros años de su sentencia, como terapia ocupacional, Jacobo Silva empezó a dibujar. Pronto se reveló con un fuerte sentido del arte naif. Logró crear cerca de 300 obras, muchas de ellas óleos, que fueron expuestas en 2004 en el Poliforum Siqueiros y en 2006 en la sala de arte Siqueiros. Ayer mismo –sin que se contemplara incialmente que el autor de la obra estuviera presente– se inauguró por la tarde otra muestra de sus pinturas en la Casa de la Cultura de la Delegación Azcapotzalco.

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/31/index.php?section=politica&article=015n1pol

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C”, sobre la detención del Sr. José Manuel Hernández Martínez, integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) – Región Carranza y destacado líder social de su comunidad, la cual tuvo lugar en la comunidad “28 de Junio” del municipio de Venustiano Carranza en el Estado de Chiapas.

Según la información recibida, en la mañana del 30 de septiembre de 2009, miembros de un operativo conjunto de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) ingresaron en la comunidad “28 de Junio” del mencionado municipio, en una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ataviados con uniformes de la misma, y procedieron a detener al Sr. José Manuel Hernández Martínez, también conocido como “Don Chema”.

Según las informaciones, los miembros del operativo no se identificaron en el momento de la detención. Además, el Sr. Hernández Martínez ha denunciado que durante su interrogatorio en las instalaciones de la PGJE se le preguntó insistentemente: si pertenecía al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y, si tenía alguna relación con Monseñor Samuel Ruiz García y Diego Cadenas, respectivamente Presidente y Director del Centro FRAYBA, con el párroco de Venustiano Carranza o con la Sra. Yolanda Castro Apreza, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

El Sr. José Manuel Hernández Martínez fue acusado por la Procuraduria General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) de asociación delictuosa, despojo agravado y daños, por hechos presuntamente cometidos en 2003 en Venustiano Carranza; además de atentados contra los símbolos de la patria y conspiración, entre otros delitos. El Sr. José Manuel Hernández Martínezpermanece detenido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14 El Amate), en el municipio de Cintalapa, Chiapas.

Contexto y Antecedentes de la situación:

Según las informaciones, en julio de 2009 el Obispo Samuel Ruiz García y el Sr. Diego Cadenas Gordillo, del Centro FRAYBA, preguntaron personalmente al Sr. Juan Sabines Guerrero, Gobernador de Chiapas, y al Sr. Nemesio Ponce, Subsecretario General de Gobierno, si el PGJE investigaba a diversos activistas sociales y defensores de los derechos humanos por su presunta vinculación al EPR y al EZLN. En aquel momento, el Gobernador del Estado de Chiapas negó que hubiera orden alguna de investigar a los defensores de derechos humanos. El Centro FRAYBA pidió una confirmación escrita de esta respuesta del Gobernador, la cual nunca recibió. De hecho, las informaciones recibidas añaden que la detención del Sr. José Manuel Hernández Martínez demuestra que el PGJE sí habría iniciado investigaciones en contra de los defensores de derechos humanos en la zona, vinculándolos con grupos sociales, considerados insurgentes.

Por otra parte, anteriormente, el 26 de septiembre de 2009, en horas de la noche, el Centro de Formación y Capacitación para Mujeres de la Asociación Civil K’inal Antasetik, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, fue rociado con gasolina y seguidamente, incendiado. Algunas de las jóvenes que residen en el centro consiguieron apagar el incendio. Según las informaciones, un hombre vestido de negro y con pasamontañas fue visto en las instalaciones momentos antes de iniciarse el fuego.

Además, durante los meses anteriores a los hechos aquí descritos, el Frente Nacional FNLS denunció públicamente que la Sra. Yolanda Castro Apreza, cofundadora de la Asociación K’inal Antsetik, y el Sr. Daniel Alfonso Luna Alcántara, ambos integrantes del FNLS, sufrieron reiterados hostigamientos por medio de vigilancia policial; también se denunció el robo de una memoria externa USB del domicilio de la Sra. Yolanda Castro.

Según las denuncias, la detención arbitraria del Sr. José Manuel Hernández Martínez por parte de la PGR y la PGJE, y el ataque contra las instalaciones del colectivo K’inal Antsetik serían una prueba de la estrategia de contra insurgencia del gobierno hacia las organizaciones campesinas, la población civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos en Chiapas, acusados por el gobierno de estar vinculados a los movimientos sociales que éste considera insurgentes.

El Observatorio señala que ya se han presentado anteriormente actos de hostigamiento contra movimientos sociales y contra los defensores de los derechos humanos en Chiapas, así como contra integrantes del Centro FRAYBA, en particular contra su Presidente, el Obispo Don Samuel Ruiz García, y su Director, el Sr. Diego Cadenas Gordillo, así como el ataque y agresión física contra el Sr.Ricardo Lagunes Gasca, abogado del mencionado Centro.

El Observatorio manifiesta su rotundo rechazo de la detención del Sr. José Manuel Hernández Martínez, así como del tipo de interrogatorio al que fue sometido, y teme que estos actos estén motivados por sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos como miembro de la OCEZ – Región de Carranza. A este respecto, el Observatorio señala su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de todos los miembros de grupos de defensa de los derechos humanos, quienes se encuentran en riesgo, así como por la obstrucción de la importante labor que desempeñan en varias comunidades del Estado de Chiapas.

Acción solicitada:

Por favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:

i. Tomar las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. José Manuel Hernández Martínez, de la Sra. Yolanda Castro Apreza y del Sr. Daniel Alfonso Luna Alcántara, y de sus familiares, así como de los demás miembros de sus respectivas organizaciones: la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza, la AsociaciónK’inal Antsetik y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y en general, de todos los defensores de derechos humanos en Chiapas;

ii. Ordenar la liberación inmediata del Sr. José Manuel Hernández Martínez, teniendo en cuenta que su detención es arbitraria en la medida en que éstapretende sancionar sus actividades de defensa de los derechos humanos;

iii. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iv. Poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos en México, y en este caso particular en el Estado de Chiapas;

v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) y a “garantizar la protección [...] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración” (Art. 12.2);

vi. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos ratificados por México.

Direcciones

• Licenciado Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Palacio de Justicia, Libramiento Norte Oriente No.2100 Fraccionamiento El Bosque, C.P. 20047 Tuxtla Gutiérrez, ChiapasTel-Fax: + 52 (961) 617 87 00; + 52 (961) 616 53 50 E-mail:administrator@mail.scjn.gob.mx
• Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia de Chiapas, Libramiento Norte Y Rosa Del Oriente, No. 2010, Col. El Bosque, C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: + 52 (961) 617 23 00. Teléfono: + 52 (961) 616 53 74 ; + 52 (961) 616 53 76 ; + 52 (961) 616 57 24, + 52 (961) 616 34 50 E-mail: raciel.lopez@pgje.chiapas.gob.mx

· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: + 52 5527891100 FAX: + 52 5552772376; + 52 5527891113 E-mail:felipe.calderon@presidencia.gob.mx

• Licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 55 5093 3414 E-mail:secretario@segob.gob.mx
• Licenciado Mauricio E. Montes de Oca Durán, Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail: mmontesdeoca@segob.gob.mx

Amedrentar y hostigar  a la población civil que vive en “zonas de conflicto”, entrenar paramilitares y el espionaje a nivel nacional realizado por la Sección Segunda Ejército Méxicano (que se encarga de labores de inteligencia y contrainteligencia), serían parte de la estrategia contrainsurgente que ya aplica el Estado Mexicano.

Estas actividades van encaminadas a la represión y desaparición selectiva pues, según el ERPI, el Estado Mexicano busca “ubicar y ejecutar a quienes vislumbren como líderes naturales o políticos y defensores de derechos humanos”.

Fuente: Revista Contralínea

Contrainsurgencia, golpes a la población: ERPI

Autor: Zósimo Camacho

“Guerra sicológica”, paramilitarización e intensificación de las labores de inteligencia, las características que el ERPI observa en la política contrainsurgente que se desarrolla en Guerrero. De acuerdo con uno de los grupos guerrilleros más numerosos del país, los gobiernos federal y estatal han implantado un modelo de sofocación de la insurgencia que combina las doctrinas de la estadunidense Escuela de las Américas (ahora WHISC) y el Mossad israelí, en las cuales los golpes a la población civil son el principal instrumento para minar a los grupos subversivos.

En entrevista, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) –la guerrilla con mayor presencia en Guerrero, pero que también se encuentra en otras entidades federativas– señala que la política contrainsurgente que los gobiernos federal y estatal desarrollan en el estado del Sur de la República incluye operativos contra la población.

Según el grupo subversivo que apareció en 1998 como una escisión del Ejército Popular Revolucionario, “la contrainsurgencia en México utiliza los métodos más avanzados” que se imparten tanto en la estadunidense Escuela de las Américas (desde 2001 renombrada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, WHISC, por siglas en inglés, y que la guerrilla tilda de “escuela de asesinos”) como en el Mossad israelí (el Instituto Central de Operaciones y Estrategias Especiales del Estado judío).

En efecto, el 14 de agosto de 2008, en conferencia de prensa, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, anunció que quien fuera procurador General de Justicia del Estado hasta el 14 de septiembre pasado, Eduardo Murueta Urrutia, viajaría, junto con un grupo de agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), al Estado de Israel. El objetivo: “recibir capacitación” y “comprar equipo que tenga que ver con la investigación, de inteligencia”. El gobernador agregó que “las herramientas” que obtendrían los policías en Israel se utilizarían contra la delincuencia organizada, “incluida la guerrilla”. Los agentes capacitados quedaron bajo el mando del director de la PIM, Érit Montúfar Mendoza.

Además, el 21 de julio de 2009 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que había autorizado al gobierno del estado la compra e importación de armamento proveniente de Estados Unidos, Israel, Alemania “y otros países”. Las armas, entre las que se incluyen lanzagranadas, serían entregadas a la policía estatal y a las policías de los 81 municipios.

Los ejes de la contrainsurgencia

La Dirección Nacional del ERPI dice a Contralínea que en las comunidades de Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica (tres de las siete regiones en que se divide geográfica y culturalmente el estado de Guerrero) “se amedrenta a la población” y se busca “dividirla y convertirla en colaboradora de los órganos de represión política de los órganos en manos del Estado”. Explica que, en términos generales, en eso consiste el primer eje o “modo”: el de la “guerra sicológica”.

Además, se avanza en el segundo eje, el de la integración, entrenamiento y acción de grupos paramilitares.

— Esto es: grupos de la población civil, particularmente formados por jóvenes, que cumplen una labor de agentes de información (actividades de inteligencia), pero también grupos de operación táctica de persecución, hostigamiento y ejecución extrajudicial de las personajes que ellos les decían antes peligrosos, subversivos, y ahora terroristas o delincuentes.

Según el ERPI, el tercer eje de la política contrainsurgente que el gobierno federal desarrolla en Guerrero “y en todo México” es el del fortalecimiento e intensificación de los operativos de inteligencia. Agrega que toda la estrategia del espionaje está controlada directamente por el Ejército Mexicano, incluso aquella que realizan las dependencias civiles facultadas para tales actividades.

— Ya no sólo obtienen información o difunden informes y rumores contrainsurgentes (propaganda negra, la llaman), sino que ahora planean operativos contra la población, luchadores sociales y políticos o, incluso, contra bienes y locales de organizaciones populares que resisten o simplemente no son afines a la política oficial. En estos operativos participan en coalición fuerzas militares y paramilitares.

La existencia del ERPI se conoció de manera fortuita luego de que un integrante del grupo guerrillero, a quien se identifica como el capitán José, fuera abatido a balazos la madrugada del 7 de junio de 1998 en la escuela Caritino Maldonado de la paupérrima comunidad nu’saavi El Charco, ubicada en los pliegues de tierras rojizas del municipio de Ayutla, en la Costa Chica. Junto con el guerrillero, que en ese momento se encontraba desarmado y participaba en una reunión para el impulso de proyectos productivos en la región, fueron asesinadas 10 personas más. Para los pobladores, se trató de una masacre perpetrada por el Ejército Mexicano en contra de campesinos indefensos. Oficialmente, la Sedena habló de “un enfrentamiento” entre militares y guerrilleros. En la mochila del capitán José se encontraron cartas y otros documentos que daban cuenta de los motivos de separación del EPR y la constitución de la nueva organización subversiva.

Así, el ERPI, formado principalmente por las columnas insurgentes de Guerrero que se escindieron del Ejército Popular Revolucionario el 8 de enero de 1998, fue descubierto a los cinco meses de su integración.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero

La Dirección Nacional del movimiento armado señala que aunque las políticas contrainsurgentes se aplican en todo el país, tres entidades de la república se encuentran bajo una violenta “guerra de baja intensidad”: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La causa: “los levantamientos indígenas y populares de 1994, 1996 y 1997”.

Agrega que, desde 1994, en Chiapas se desarrolla un laboratorio contrainsurgente del que uno de sus resultados es la masacre de Acteal. El objetivo de las políticas de represión son las comunidades zapatistas “y las zonas de resistencia indígena y campesina”.

Según el ERPI, los objetivos de los cuerpos contrainsurgentes en Oaxaca son los pueblos “en resistencia”, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos y los movimientos magisteriales, campesinos y comunitarios.

— Y, finalmente, en Guerrero se sigue una ruta para sembrar informantes en las comunidades e infiltrar a los grupos de promoción y operación política de todos los partidos. Esto con el fin de vigilar, acosar o incluso ser cómplices para atentar contra las vidas de defensores de derechos humanos y líderes de comunidades.

Delegados partidistas, informantes del Ejército

La clandestina dirección nacional del ERPI dice que no hay un sólo partido que no tenga dentro de sus filas a informantes de la Sección Segunda del Ejército Mexicano, el área castrense encargada de la inteligencia y contrainteligencia. Incluso, señala que delegados del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, “así como muchos elementos de base de otros partidos políticos”, en realidad sirven a las oficinas de inteligencia militar.

Según el grupo guerrillero, asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos han sido “enmascarados como acción de delincuentes y narcomenudistas”.

Acota que no es que los asesinos no estén vinculados al negocio del narcotráfico, lo están, pero ahora también tienen otras funciones: son informantes “y verdaderos sicarios a sueldo de caciques y de cuerpos dirigidos por la policía política y la inteligencia militar”.

En la “guerra de baja intensidad” que según el ERPI se vive en Guerrero, las funciones de estos grupos de sicarios supuestamente al servicio del narcotráfico y al mismo tiempo de los oficinas de inteligencia militar son: hacer pasar como enemigos de las instituciones a los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos; romper el tejido comunitario y familiar; “descomponer socialmente las conductas de jóvenes desempleados y empobrecidos atrayéndolos a la delincuencia que ellos organizan”; atemorizar a pueblos y comunidades, y “ubicar y ejecutar a quienes vislumbren como líderes naturales o políticos y defensores de derechos humanos”. Para ello, asegura e ERPI, se valen de los levantones.

La cultura de los pueblos, defensa ante la contrainsurgencia

El grupo guerrillero del cual Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, era el principal líder hasta su detención el 19 de octubre de 1999 en la ciudad de México, dice que frente a la contrainsurgencia basada en la delincuencia organizada se opone un “arma eficaz”.

— En las áreas rurales, los valores de solidaridad, sinceridad, de hablar franco, de respeto a la familia y a la comunidad permiten que se cuiden los territorios, que se reserven los nombres de los luchadores sociales que persigue el gobierno o que odian los caciques, y que no se vengan abajo los proyectos de solución en común a sus problemas.

De acuerdo con el ERPI, la cooptación contrainsurgente necesita de la publicidad y propagación de la ideología individualista y de la cultura de la corrupción y el abuso, pues lo que ofrece a los jóvenes que se convierten en sicarios e informantes del Ejército es una “fórmula” sencilla “para salir de pobres”.

— Hemos visto y aprendido cómo el respeto a padres y madres hace que se resuelvan esos intentos del poder de clavarle cuñas en la espalda a familias y comunidades honestas. Cuando se les quiere meter en su seno “guachos”, policías, sicarios y narcomenudistas, pasan a ser motivo de vergüenza familiar y llaman al orden: a que quien se vea inmiscuido abandone esas bandas o cuerpos represivos o, bien, se vaya lejos de la región para no afectar a propios y parientes. Entonces el pueblo se defiende, se organiza, imparte desde mero abajo la justicia.

Finalmente, la Dirección Nacional del ERPI reconoce que la solución a los problemas del pueblo de México no necesariamente la tiene el movimiento armado “ni que obligadamente pase por el uso de las armas”.

— La solución está en el pueblo organizado desde abajo y a su modo. Está en el pueblo, el cual tiene la memoria viva de tanta guerra en su contra. Ante esta contrainsurgencia que hoy los poderes económico militares llaman “guerra preventiva”, se requiere de la prevención y previsión de la autodefensa integral del pueblo. Sólo así se crea y se defiende el poder popular.

“Ya no sólo obtienen información o difunden informes y rumores contrainsurgentes (propaganda negra, la llaman), ahora planean operativos contra la población, luchadores sociales y políticos o, incluso, contra bienes y locales de organizaciones populares que resisten o simplemente no son afines a la política oficial. En estos operativos participan coaligados fuerzas militares y paramilitares”

“En Guerrero se siembran informantes en las comunidades y se infiltran en los grupos de promoción y operación política de todos los partidos. Esto con el fin de vigilar, acosar o incluso atentar contra las vidas de defensores de derechos humanos y líderes de comunidades.”

“En las áreas rurales, los valores de solidaridad, sinceridad, de hablar franco, de respeto a la familia y a la comunidad permiten que se cuiden los territorios, que se reserven los nombres de los luchadores sociales que persigue el gobierno o que odian los caciques, y que no se vengan abajo los proyectos de solución en común a sus problemas.”

MÉXICO, DF, 23 de septiembre (apro).- En la especulación de la teoría del complot, del sabotaje o de la desestabilización social todo se vale. Las últimas cinco explosiones a negocios y sucursales bancarias, el ataque de Luis Felipe Hernández Castillo, y hasta el sibilino secuestro del avión del predicador Josmar, han desatado una serie de conjeturas que desembocan en la hipótesis de la conspiración.

La descomposición política y el aumento de la pobreza, aunada a la incapacidad de los dos últimos gobiernos panistas, podría considerarse como el mejor espacio para la reactivación de los grupos armados en México, cuya longevidad data desde finales de la década de los sesenta, es decir, desde hace cuarenta años.

Después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y de la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) dos años después, los grupos guerrilleros en México –entre 14 y 17, según datos extraoficiales– buscan reorganizarse desde la clandestinidad más estrecha, provocando con ello una gran preocupación en el gobierno federal, que se ha acercado a exguerrilleros insertos en tareas públicas con la intención de conocer qué planes tienen para el futuro; si preparan una gran movilización armada para el 2010, aprovechando el doble aniversario de la Independencia y la Revolución, o para el 2012, en consonancia con el relevo presidencial.

Carentes de información clara y precisa, los funcionarios del gobierno federal especulan de un resurgimiento zapatista en Chiapas o del EPR en Oaxaca y Guerrero, o de otros grupos más pequeños en zonas marginadas de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Estado de México y Distrito Federal, zonas que coinciden también con áreas donde se encuentra el narcotráfico.

Las bombas caseras de gas butano que han explotado a partir de septiembre han prendido los focos de alerta del gobierno federal que, al igual que parte de la opinión pública, se encuentra desconcertado por la adjudicación de los atentados por parte de grupos totalmente desconocidos y con protestas fuera de lo común.

Pocos se sabe de los tres grupos que se han acreditado las explosiones: España Signus Francescos; Células Autónomas de Revolución Inmediata “Práxedis G. Guerrero”, y Frente de Liberación de Animales (FLA).

Tan poco se conoce de dichos grupos, y tan irreales son sus demandas –rechazo a construcción de un penal de alta seguridad y freno al maltrato a los animales–, que dan la impresión de que en realidad no existen y que podrían ser caretas de otras agrupaciones criminales o políticas que están ensayando nuevas acciones para probar los sistemas de seguridad nacional.

Aunque en el historial de acciones de la guerrilla en México se registran atentados a instalaciones bancarias o de empresas trasnacionales, ninguna de las agrupaciones armadas que siguen vigentes tiene un perfil como las tres que se mencionan, y menos tienen en su ideario de lucha demandas como la defensa de los animales, el calentamiento global o auguran catástrofes ambientalistas. Sus metas van más allá y se centran en el cambio del modelo económico, el fin de la pobreza, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la transformación del sistema político, entre muchas otras.

Pudieran tomarse como signo de inconformidad social los bombazos de este mes patrio, una expresión del hartazgo de algunos sectores. Pero si se observa con suspicacia, podrían ser anzuelos para ver la reacción de las agrupaciones armadas que probablemente están activas en la clandestinidad en varias zonas del país.

En vía de mientras, los atentados agitan más las aguas sociales y confunden a la opinión pública en estos momentos de crisis. Y junto con el aerosecuestro de Josmar y la aparición de Luis Felipe Hernández Castillo en el metro Balderas, donde asesinó a dos personas porque, según su propia explicación, trataron de impedir la realización de pintas contra Felipe Calderón –todo esto en sólo cuatro semanas–, podrían dar pauta a una historia surrealista y cinematográfica, a la segunda parte de aquella película estadunidense “Doce Monos”, en la que un grupo de jóvenes ambientalistas realiza un sabotaje al sistema financiero con la idea de crear el caos y dar inicio a una nueva etapa.

JOSé GIL OLMOS

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¿Cómo leer en bicicleta? ¿Cómo leer en bicicleta? jueves 16 de julio de 2009 \ México \ Año 1 \ Número 66 1 http://mx.geocities.com/comoleerenbicicleta http://comoleerenbicicleta.blogspot.com http://artecienciaycultura.wordpress.com http://www.goear.com/userinfo.php?u=Ciencia http://www.authorstream.com/artecienciaycultura/Arte http://www.youtube.com/user/artecienciaycultura ¿Quiénes somos? Por favor, para cualquier motivo:artecienciaycultura@gmail.comTenemos problemas técnicos con nuestras cuentas de correo, en el envío y en la recepción de mensajes. Gracias por visitarnos.Seas Bienvenido

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	Naranjo ~ Enredos
	Helioflores  ~ Fácil

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A LOS AMIGOS MEXICANOS, PUEBLO HERMOSO QUE CONOCÍ EN LA BIENAL DE CHAPINGO 09 LES DESEO QUE PRONTO PASE  LA GRIPE A QUE DIFICULTA EL TRASLADO DE UN PAÍS A OTRO, LES DESEO LO MEJOR NUNCA OLVIDARE TODO LO BUENO VIVIDO Y RECIBIDO DE VUESTRO PAÍS   MARIA ESTHER SILVA    Che aquì allà   …………………………………………..¿quién habrá de juntarte otra vez?     …………………………………………………………………….- Juan Gelman He visto tu boca multiplicada en la caravana de los libres en las mesas compartidas de las bibliotecas y tus pies en el sendero de los surcos urgentes. He visto tu brazo fertil tensar el futuro aquì, allà y tu brazo de agua alargarse a todos los hombres de la tierra. Y tus ojos en la cerrada noche, en la noche violenta de las injusticias. He visto en el centro del dìa tu corazòn al galope un palmo de tu piel componer la cicatriz del compañero. He visto debajo de las camisas gastadas de abrazar luz tus pulmones cansados y en las orillas de todos los rumbos las flores silvestres de tu silbo. Y en cada niño tu sonrisa desafiando la muerte y tus manos trepadas a la herramienta, al cielo en llamas, al viento ingobernable, a las campanas. He visto en cada uno de nosotros un gesto tuyo que nos hermana la ternura que nos templa.   Quièn casa por casa llamarà a componerte en la hora infinita?   gabriel impaglione.

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Fidel Castro y sus logros en Cuba – 02/03/2008

Que todos los estudios incluidos los superiores sean gratuitos en todos los municipios de la isla, lo que permite que estudien más de dos tercios de jóvenes entre los 18 y 24 años. La revolución comenzó un amplio proceso de democratización de la cultura, que logró que para 1961 un millón de personas fuera alfabetizada. Este logro derivó en el programa Yo sí puedo, para erradicar el analfabetismo en América Latina.

Es el único país de América Latina y el Caribe que cumplirá la Meta del Milenio de Educación para Todos, al ocupar el primer lugar con un “índice alto”, señala el informe de la Unesco 2007.

Tiene una esperanza de vida de 80 años y una de las menores tasas de mortandad infantil del mundo (de 5.2 por cada mil niños nacidos vivos) e incluso de 4.2 de cada mil nacidos vivos en provincias como Camagüey, como resultado del reconocido sistema de salud gratuito y universal, una de las promesas de la revolución.

Ha impulsado la Operación Milagro, que ha devuelto la vista a más de un millón de personas en América Latina y el Caribe, con apoyo de Venezuela, uno de los países más beneficiados por el proyecto. Apenas 50 por ciento de la humanidad tiene acceso a atención oftalmológica, pero Cuba ha instalado 49 centros oftalmológicos y 82 hospitales en América Latina para atender todo tipo de males oculares.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe anual sobre Desarrollo Humano, clasifica a Cuba entre los países con Desarrollo Humano Alto, y es el que con menos ingresos per cápita alcanza en esta calificación. En ello inciden, entre otros, los indicadores de esperanza de vida al nacer y de educación.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica a Cuba como el país de la región que más recursos destina de su PIB a gastos sociales, triplicando, como promedio, lo que destinan otros de la región a estos sectores.

En 1997, implementó el Plan de Acción Nacional de seguimiento a la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, que contiene 90 distintas medidas para la inserción de la mujer en puestos de toma de decisiones.

La región del Caribe es, después de África, la que mayor incidencia tiene de VIH, pero Cuba ha logrado mantener bajo control la propagación del sida con campañas de concientización, y ha trabajado con grupos vulnerables, asegurando el acceso a los antirerretrovirales y fortaleciendo el diagnóstico y vigilancia epidemiológica. (La Jornada, México)

Salud y educación gratis.

En Cuba nadie pide limosna. Mientras que viajando por varios países latinoamericanos, desde que sales del aeropuerto hasta tu destino final, he observado familias enteras pidiendo en las calles.

“The United Nations Children’s Fund (UNICEF) ha certificado que Cuba es la única nación de Latinoamérica que ha erradicado la desnutrición infantil.

Todos saben leer y escribir.

La publicidad comercial no te come el alma, no te seca los huesos, no te envenena el cerebro porque no se permite la publicidad comercial en Cuba.

La TV no muestra mujeres casi desnudas y mucho menos la pornografia.

Desde 1959 cuando llegó al poder Fidel, no ha habido ningun caso de asesinato, desaparición o tortura política que ninguna institución internacional haya registrado o denunciado.

He estado en Cuba, ví lo positivo y lo negativo. En la entrada de La Habana ubican dos carteles, que llaman la atención al visitante. “Cada año 80 mil niños mueren en el mundo víctimas de enfermedades evitables. Ninguno es cubano”. El otro reza “Esta noche 200 millones de niños dormirán en las calles del mundo. Ninguno es cubano”.

He realizado varias investigaciones y sé que todo lo anterior es así. Es difícil creer en los datos porque los poderosos medios de comunicación derechista “nos lavan el cerebro” las 24 horas del día diciendo todo lo contrario. No menciono lo negativo de Fidel, porque la mayoría de los medios de comunicación lo hacen mejor que el autor de estas lineas.

“Cuba no será el paraiso, pero tampoco es el infierno” Eduardo Galeano, escritor uruguayo

¿Es Fidel muy malo?

(fuente)