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La opinión del Abogado….

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JOSE AGUSTIN FONG PIMENTEL

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La época en que vivimos desde hace algún tiempo, debido a todos las circustanicias que conocemos, se han relajado los vínculos familiares, se han disuelto muchos hogares, se ha deteriorado la unidad familiar, la moral familiar, el efecto ha originado como consecuencia mucho dolor a la familia, madres, hijos, padres.

¿Habrá entre los panameños alguna resistencia, fortaleza, disciplina, que haga de ellos unos seres humanos mejores preparados para afrontar esas crisis y defensa de la unidad familiar y la permanencia de los vínculos ?¿ Qué opinaría usted de todo esto?

Crisis con el individuo, con la juventud.  Crisis de la familia y crisis del Estado.   Hay que hacer hincapié en la crisis en la juventud, nunca debe haber una brecha infranqueable entre padre e hijos y entre generaciones mayores o menores.   Compréndanse.   Comprendan los mayores deben con el buen ejemplo y el buen consejo encauzar a la juventud y comprendan los jóvenes que los mayores, con su experiencia, les pueden trazar una línea recta en su vida”.

Y en cuanto a tragedias familiares hoy en día con inmensa franqueza de lo que es hoy en día la descomposición familiar uno de los remedios que propone la Iglesia en otros países, para evitar las tragedias sean protestantes o laicos son las especies de Asociaciones para el bienestar familiar, en  donde en una casa de determinada familia, cada mes se reúnen 10, 12, jóvenes o parejas.

Con problemas espirituales, sociales, servirá mucho emprender y si la familia es unida y si la familia es el núcleo de la sociedad, tendremos una sociedad sana y si la familia hay disciplina como la familia es núcleo del estado, tendremos un estado disciplinado y en marcha segura “. Oh esperaremos de un Gobierno, sea de su preferencia o de la mía.

Tarde o temprano los defectos, desorganización, indisciplina, la deuda social, y moral que debemos la tendremos que hacer efectiva, acá o en el reino de dios.

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Publicada en Facebook el 22 de noviembre de 2009  por el autor, a quien damos todo el crédito que le corresponde.

La opinión del Diputado de la República….

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JOSE BLANDON FIGUEROA

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Del discurso a la realidad

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A propósito de la discusión del Proyecto Ley sobre derechos posesorios en las costas e islas, ha vuelto a resurgir la tesis interesada de quienes representan poderosos intereses económicos, según la cual ser poseedor equivale a ser propietario y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de titular a quienes dicen ser poseedores y hacerlo al menor precio posible, porque el Estado no está vendiendo el terreno, sino cobrando el trámite de titulación.  Los ideólogos de esta tesis dicen defender los intereses de los lugareños que, por años, han ocupado estas tierras.

Creo que ha llegado la hora de desenmascarar a quienes se escudan detrás de los costeños de Colón o los santeños del Uverito.

En honor a la transparencia que pregonan los voceros de la sociedad civil, y con la cual estoy totalmente de acuerdo, es necesario decir que los principales voceros de esta tesis tienen intereses directos en la titulación de cientos de hectáreas de selva en las costas de la provincia de Darién o representan como abogados, por ejemplo, a una empresa norteamericana que pretende titular, para sí, cientos de hectáreas de selva en la costa Pacífica de la provincia de Veraguas.

No es que crea que eso sea pecaminoso, pero no parece justo en el debate que no salgan a explicar eso y se pretendan escudar en que su verdadero interés es defender a la señora del Uverito que, de a mala, tiene derechos posesorios sobre mil metros de terreno que pretende titular.

Estos voceros pretenden vender como una verdad absoluta algo que ni siquiera se compagina con lo que nuestra Constitución establece.   Contrario al deseo de la Fundación Libertad, la Carta Magna panameña establece un Estado interventor que, como su nombre lo dice, interviene en la vida económica del país bajo la premisa de salvaguardar los intereses de la colectividad y en especial, de los más humildes. En Panamá, la Constitución establece que todo terreno que no es privado es del Estado y, por tanto, se considera baldío.

Y es precisamente por estar baldío que alguien que no es su propietario puede llegar, ocupar el mismo y alegar ser su “poseedor”.   Es poseedor y no dueño, porque el dueño es el Estado. El Estado no es el Gobierno que temporalmente lo administra, el Estado somos todos.

Por tanto, todos somos en parte dueños de ese terreno y el Estado que lo administra, en nombre nuestro, debe buscar darle el mejor uso posible para beneficio de la mayoría.

Dentro de esos mejores usos posibles es perfectamente legítimo que un Gobierno decida que ese mejor uso posible es titular el terreno a quienes son sus poseedores para que puedan desarrollarlo (lo cual puede significar conservarlo en en su estado natural). Pero también puede suceder que el Gobierno decida que es preferible no titularlo. Titular es una potestad del Estado, no una obligación.

Finalmente, hay quienes alegan que existe una posesión “ambiental”.    Según esa teoría, yo puedo llegar y decir que soy “poseedor” de cientos de hectáreas de selva virgen porque estoy “conservándolas”.

Y sobre esta base, el Estado se las tiene que dar a 150 dólares la hectárea para que luego ellos obtengan jugosas ganancias en el mercado internacional de los bonos de carbono y a través de la reforestación (y venta de madera), así como de la explotación de nuestra biodiversidad.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿no tiene más sentido para el Estado, que somos todos, que esa ganancia o parte significativa de la misma vaya para beneficio del erario y no de los bolsillos de unos particulares, así sea una supuesta Fundación? ¿Por qué vender esos terrenos estatales y no, por ejemplo, darlos en concesión?

En el segundo debate en la Asamblea, tendremos oportunidad de discutir estos temas más a fondo. Y prometo explicarle al país con ejemplos concretos cómo pretenden despojarnos de riquezas naturales que son de todos nosotros y no de unos cuantos avivatos, sean panameños o extranjeros.

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Publicado el 15 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Una política alimentaria urgente

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Pese a que de acuerdo a nuestra Constitución corresponde al Estado “desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población”, lo cierto es que de acuerdo a un reciente informe de la FAO, en el que se aborda el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, cerca de 600 mil panameños y panameñas se encontraban en condiciones de subnutrición durante el período 2004 – 2006.

Se trata de una cifra que seguramente ya se ha superado, debido no solo al crecimiento natural de la población, sino a la persistente inflación de los precios de los alimentos, que muestra un acumulado de 30 por ciento a partir de octubre de 2006, así como a la aparición de 17 mil nuevos desempleados durante el último año. Frente a esta situación resulta urgente definir las bases de una política alternativa destinada a promover la seguridad y la soberanía alimentaria.

En el plano macroeconómico se entiende que la misma sólo podrá ser exitosa si hace parte de un nuevo estilo de desarrollo que supere el actual modelo concentrante y excluyente.   Esto lleva a destacar la necesidad de una política guiada hacia el empleo decente para todos, a un incremento general de los salarios que compense los efectos inflacionarios, así como a una acción que rompa con el poder oligopólico comercial enquistado en la cadena de comercialización de alimentos, lo que implica, entre otras cosas, el control de los precios de la canasta básica alimenticia.

En el plano de la producción, lo que algunos llaman el ámbito mesoeconómico, la política deberá dirigirse hacia la protección del productor nacional, superando el aperturismo del actual gobierno.

También deberá guiarse hacia el desarrollo de la infraestructura física necesaria y hacia una reforma agraria integral que asegure el acceso a la tierra, un nivel de crédito adecuado, la formación del recurso humano, así como el acceso a los insumos y una tecnología altamente productiva y sostenible, para los pequeños y medianos productores del campo.  Su organización con fines de una comercialización independiente y solidaria, deberá se una prioridad.

La organización de la población en función de su seguridad alimentaría, por su parte, resulta el complemento necesario a lo anterior. La misma es la base indispensable para sostener una red de seguridad alimentaria, por medio de la cual el Estado asegure a los sectores vulnerables la adecuada dotación de alimentos. Así mismo, ésta se deberá constituir en una importante plataforma para combatir la especulación y el abuso contra los consumidores.

Este conjunto de medidas constituye, sin dudas, una forma de política que expresa una profunda contradicción con las políticas económicas y sociales vigentes. La misma solo podrá ponerse en vigencia a partir de la organización y las luchas populares.

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Publicado el 10 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La opinión de…..

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Jaime Rodríguez Arana

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El Derecho sobre el poder

En pleno siglo XXI, es menester recordar los principios y basamentos sobre los que se construyó hace tantos años el estado de derecho: reconocimiento de los derechos individuales, principio de legalidad y separación de los poderes.

El estado de derecho, como bien sabemos, certificó el ocaso de una manera autoritaria y arbitraria de ejercer un poder que residía en las mismas manos y que se administraba, arbitrariamente, sobre la vida y las haciendas de los súbditos.

Hoy, afortunadamente, los ciudadanos ya no son meros destinatarios de los poderes y servicios públicos, sino que se han convertido en activos protagonistas de la definición de los intereses públicos.

Los ciudadanos, que son los auténticos dueños del poder y de las instituciones públicas, cada vez son más conscientes de su posición jurídica y de la posibilidad de reducir a un poder público que, muchas veces, campa a sus anchas, eludiendo el control y buscando desesperadamente áreas de inmunidad. Las leyes de procedimiento administrativo han ido subrayando el catálogo de los derechos de los ciudadanos en relación con la Administración Pública.   En el mismo sentido, las leyes reguladoras de la jurisdicción contencioso administrativa han posibilitado, en tantas partes del globo, que el poder público esté controlado por el derecho y que se conduzca de acuerdo con los postulados del estado de derecho.

El reconocimiento de los derechos individuales de la persona, junto al principio de legalidad y a la separación de los poderes del Estado, son los pilares de esa magnífica construcción cultural que es el estado de derecho, que es hoy en día el solar sobre el que se asientan las modernas constituciones.   Es más, la principal señal de identidad de la cultura jurídica democrática es, precisamente, el estado de derecho, un concepto alumbrado con el firme propósito de garantizar un poder limitado, el equilibrio entre el orden y la libertad, la centralidad de los derechos fundamentales de la persona, el imperio de la ley frente al capricho del gobernante y la separación real entre el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.   Renunciar a los postulados del estado de derecho equivale, simple y llanamente, a situarse en las antípodas del Estado democrático y a regresar a tiempos de absolutismo que conviene olvidar definitivamente.

En la Facultad de Derecho, aprendimos que la función del juez es la de resolver los conflictos jurídicos, que el juez es quien dice el derecho, lo que es o no adecuado al ordenamiento jurídico.   La lucha por el derecho ha hecho posible- es una tarea de mucho tiempo- someter el poder a los cánones del derecho.

La ley de la jurisdicción contencioso administrativa facilita que el ejercicio del poder se adecúe al derecho, eliminando cualquier atisbo o tendencia del poder a escapar del control, a eludir toda forma de límite razonable.

En España, la Constitución propicia que los actos del poder sean enjuiciados por los tribunales, además de en lo que se refiere a la legalidad, en lo que atiende al sometimiento de dichas actuaciones a los fines de interés público sobre los que deben fundarse.

En estos tiempos, muchos países como España o Portugal han reformado sus leyes de lo contencioso administrativo, con la aspiración de que todos los ciudadanos puedan reaccionar ante los actos del poder arbitrarios, contra los actos administrativos ilegales, mejorando las técnicas de legitimación, ampliando el objeto del proceso contencioso administrativo y delimitando mejor las medidas cautelares y así como el régimen de la ejecución de las sentencias de los tribunales contencioso administrativos.

Una buena jurisdicción contencioso administrativa hace posible algo con lo que todos los juristas del derecho administrativo soñamos: que el poder se ejerza al servicio de los derechos de los ciudadanos.

La semana del 14 al 19 de septiembre del año en curso, Panamá se convirtió, por derecho propio, en la capital iberoamericana del derecho administrativo.   Gracias a la generosidad de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, a través del magistrado presidente Mitchell y del magistrado presidente de la sala tercera Benavides, el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo celebró en el país sus sesiones de trabajo, así como un congreso internacional.

Pues bien, la declaración final de los trabajos de estos días hace referencia a la importancia de la jurisdicción contencioso administrativa como una jurisdicción de fiscalización judicial de los actos del poder, sean expresos, tácitos, presuntos, inactivos o vías de hecho.   Los principios del estado de derecho garantizan la calidad de la democracia. Cuando se desconocen, arraigan el autoritarismo, porque el poder Ejecutivo suele asumir, más o menos formalmente, las riendas del mando único de la Nación.   Cuando no se garantizan los derechos fundamentales de las personas, cuando la separación de los poderes es un sueño y el principio de legalidad es nada más que simple forma, entramos en la peligrosa senda de la arbitrariedad que, como decía atinadamente Locke, es la ausencia de la racionalidad.

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Publicado el 29 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La opinión de….

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Barbara de De León

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Las relaciones públicas del Estado

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La Universidad de Panamá cumplirá, el 7 de octubre de 2010, 75 años.   Celebrará sus bodas de diamante con muchos frutos al país, entre ellos: biólogos, abogados, físicos, médicos, trabajadores sociales, sociólogos, pedagogos, geógrafos, matemáticos, químicos, economistas, administradores, periodistas y un centenar de egresados que aportan a Panamá, sus valiosos conocimientos. Es la plataforma académica e intelectual de nuestro querido y bello Panamá.

Las relaciones públicas no se pueden quedar sin mencionar; la casa de Octavio Méndez Pereira acaba de graduar a 22 profesionales, jóvenes que lucharán para insertarse en el campo laboral y hacer que se respete la Ley 21 que regula esa profesión en Panamá.

Aprovechamos esta oportunidad para enviar un mensaje al excelentísimo presidente de la República, Lic. Ricardo Martinelli: contrate a personal idóneo para que no le pase lo que hemos visto al final de cada gobierno, que le falta divulgación, por deficiencias en sus relaciones públicas, y luego le quieren pasar la responsabilidad a los medios de comunicación y a todos los comunicadores.

La comunicación corporativa debe planificarse no improvisarse; ver las necesidades y resolver los problemas no es apagar fuegos y luego saltar de un lado para otro. No es suficiente contar con una cara bonita reconocida en los medios, la formación académica es muy necesaria.

Profesionales como los egresados de relaciones públicas son los mejores, pero se nombran en esos cargos a los políticos, amigos o familiares. Cada zapatero a su zapato.

Las relaciones públicas son una disciplina compleja que trata de manera armónica con todos los públicos de la empresa o institución. El graduado trabaja con los clientes, sus comunicaciones, en la organización de eventos especiales, protocolo, redacción de informes, comunicados, gacetillas, monitoreo de los medios de comunicación, producción de programas para radio y televisión, y para desempeñarse como maestro de ceremonia.

Tiene una gama de beneficios en su formación profesional acordes con las competencias que exige el mercado laboral actual. Por ejemplo, los egresados están en capacidad de asesorar a la alta gerencia en materia de comunicación interna y externa, evaluar las opiniones de diferentes públicos, elaborar cualquier publicación ya sean revistas, brochures, volantes, boletines informativos, periódicos, memorias, en fin planificar programas, propuestas, campañas de relaciones públicas y mucho más.

Hoy, con el avance de las tecnologías, hay que elaborar weblogs, páginas web, utilizar Youtube, Facebook, Twitter y todas las herramientas que te ofrece internet para comunicarse más rápido con todos los clientes o tus públicos.

La facultad cuenta con seis laboratorios (tres de informática, uno de televisión, fotografía digital, y de sonido digital) con la última tecnología necesaria para la formación de los nuevos profesionales.

El plan de estudio se revisó y actualizó en el año 2008. Consta de ocho semestres, es decir, cuatro años; pasó con éxito el proceso de transformación curricular que encabeza el rector, directivos, equipos de trabajo y docentes de la Facultad de Comunicación Social. Algunas asignaturas nuevas son: manejo de crisis, negociación, mediación y relaciones públicas, comunicación organizacional, sociedad ambiente y desarrollo, comunicaciones integradas, edición digital, taller de identidad, reputación e imagen corporativa, responsabilidad social e inglés conversacional entre otras materias.

Los estudiantes, para poder culminar sus estudios, tienen que elaborar y sustentar un trabajo de grado ante dos jurados y un asesor; este puede ser tesis, seminario, práctica o examen.

Con honestidad, esta licenciatura es una de las más completas en su pensum académico, además cuenta con excelentes docentes graduados en Estados Unidos, Panamá y otros países. Para el año 2010, según el Estatuto Universitario, todos los profesores deben tener maestría en su especialidad y un posgrado en docencia superior. Un porcentaje alto de docentes de la Escuela de Relaciones Públicas cumple con todos los requisitos, competencias pedagógicas y académicas a nivel superior.

Según mis estadísticas la mayoría de los estudiantes que realizan su práctica de cuatro meses como opción al trabajo de grado, han obtenido una plaza de trabajo y se han quedado laborando donde practicaron. Eso significa mucho.

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Publicado el 28 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que le corresponde.

La opinión de……

Tomás Salazar Rodríguez
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La cultura de ética en el Estado

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José Ingenieros, en su obra Las Fuerzas Morales menciona: “Los ideales éticos son hipótesis de perfección.   Donde cada sociedad humana vive en un continuo devenir para perfeccionar su adaptación a un medio que incesantemente varía, las etapas venideras de ese proceso funcional son concebidas por la imaginación de los hombres en formas de ideales”.

Aristóteles manifiesta que la ética procede de la costumbre.   La consecuencia evidente de esto es que ninguna de las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza y ello es así, porque ninguna cosa natural puede ser modificada por la costumbre.   La ética es una virtud que tiene que ver tanto con pasiones como con acciones y en ellas es posible tanto exceso como defecto, conviene el término medio.

Nuestro Estado está constituido por leyes, reglamentos y declaraciones de principios éticos, con el fin de que nuestros ciudadanos y políticos vivan bajo la norma ética y sean hombres de buenas costumbres. ¡Es lo ideal!, pero en las últimas décadas el Estado panameño pasa por una crisis de identidad, valores y cultura de ética.   En el mundo político de Platón quienes deben dirigir el Estado, expedir las leyes y educar a todas las clases sociales son los filósofos.   Añade: si los que están designados para guardar el Estado y las leyes solo son malos políticos, conducirán la República a su ruina; porque de ellos depende su buena administración. Además, señala: “No te irrites contra nuestros políticos; son las gentes más divertidas del mundo con sus reglamentos, que modifican sin cesar, persuadidos de que remediarán así los abusos que se infiltran en las relaciones de la vida”.

Viendo todos estos señalamientos, debemos fomentar la cultura ética en el Estado para contribuir a una mejor sociedad y nación.   Igualmente, tendremos que participar activamente en una propuesta nacional donde se refuerce nuestra identidad como nación, la educación en valores, seguridad y enseñar a elegir a los mejores hombres para que sirvan al Estado. Esto se puede lograr promoviendo la iniciativa de crear en las universidades una carrera que tenga énfasis en cultura política.  El Estado no debe ser un medio para generar riqueza, sino para servir. Las malas prácticas pueden llevar a este país a la corrupción sin control. Por tal motivo la cultura de ética en el Estado es una necesidad nacional.

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Publicado el 21 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La opinión de….

Juan Ramón Sevillano Callejas

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Freno a la participación ciudadana

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Durante la discusión, porque consulta no fue, del Proyecto de Ley No. 71, “Por la cual se reconocen los derechos posesorios, se regula la titulación en las zonas costeras y territorio continental, con el fin de garantizar su aprovechamiento óptimo y se dictan otras disposiciones”, participaron ciudadanos de diferentes partes del país, como la costa arriba de Colón, Pedasí, Soná, Boca del Drago (isla Bocas), etc., los cuales manifestaron en tono alto su rechazo al mencionado proyecto.

He resaltado la palabra continental, ya que el diputado presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea dijo que el proyecto trataba solo de territorio costero e insular, definitivamente no leyó el título y los artículos 1, 2, 5, 11, 15 y 18 del proyecto.

Por supuesto no se les hizo caso, como en tiempos anteriores, los políticos utilizan al pueblo para decir que fueron consultados. Ahora se hicieron modificaciones cosméticas al proyecto, pero el concepto de que los terrenos pertenecen al Gobierno y no a los poseedores se mantuvo, aun a pesar de que los mismos están antes de la creación de la República.

También, aun a pesar de que el actual presidente durante la campaña política, y durante la discusión de la anterior ley (mismo tema) prometió que los derechos posesorios serían gratuitos.

De nada valió la cátedra de filosofía e historia del derecho constitucional, y de derecho posesorio que diera, a los diputados el ex magistrado Márquez Amado y otros dos abogados santeños, durante la discusión, les entró por un oído y les salió por el otro.   Por supuesto, cómo van a aprender si mientras el pueblo hablaba, ellos conversaban o “chateaban” por celular y en algunas ocasiones, después de llegar tarde, se ausentaban, lo que demuestra además de una falta de educación, una falta de respeto hacia el pueblo.

La exposición de motivos del proyecto tiene en sus dos primeras líneas un error garrafal, que ningún estudiante de derecho cometería, que es manifestar que el Gobierno tiene patrimonio. Es el Estado el que tiene patrimonio y Estado es población en un territorio, lean a César A. Quintero.   El Gobierno es un mero administrador muy temporal, que estos tiempos debe hacer lo que el pueblo le manda.

En un artículo publicado este año, mencioné que desafortunadamente los panameños estamos entre los corruptos y los poco o nada inteligentes. Ahora tenemos una fórmula que une a los locos con estos últimos, unión que por lo visto con este ejemplo perjudica a los locos.

No es de extrañar para el suscrito el desconocimiento supino demostrado por el diputado cuando manifestó que había organizaciones ambientalistas que habían comprado selva virgen para vender certificados de carbono, lo cual en su opinión debía corresponder al Estado.

Sabrá el diputado qué es selva virgen, habrá recorrido Darién, conocerá los terrenos de estas organizaciones ambientales, sabrá la historia de los terrenos, sabrá que en Panamá no se ha implementado el Protocolo de Kioto, sabrá si el Gobierno ha sembrado algún árbol en estos terrenos, definitivamente al oír sus comentarios podemos responder que no.

Cuando discutíamos el Proyecto de Participación Ciudadana le manifestamos a los políticos que si no permitían la misma de forma ordenada y regulada con carácter vinculante, seguirían las manifestaciones callejeras de los ciudadanos exigiendo sus derechos y el cumplimiento de los deberes de los empleados públicos.

Entiendo claramente que los políticos de ambos partidos, lucharan por mantener la partidocracia que tantos beneficios les ha dado, antes que implementar una verdadera democracia con participación plena y vinculante del pueblo.

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Publicado el 19 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Sindicalización como derecho fundamental

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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva son derechos humanos fundamentales en el trabajo que forman parte integral de la democracia.  Constituyen la base de las libertades civiles y una garantía a efectos de la protección contra la discriminación, la injerencia y el acoso.   En este sentido se reconoce el derecho a la sindicalización.

¿Qué es el derecho a sindicalización? Es el derecho que tienen los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado a constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la Ley y a sus estatutos. El mismo se encuentra garantizado en las normas internacionales y nacionales, entre otros en los Convenios N° 87 y 98 de la OIT y en la Constitución Política de la República de Panamá.

Con todo, algunos trabajadores tropiezan con dificultades en lo que respecta a la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.   Entre ellos, los trabajadores del sector público se encuentran entre quienes sufren con mayor frecuencia restricciones al derecho de sindicalización y de negociación colectiva.   Este es el caso de Panamá, donde es flagrante la violación a este derecho, lo que se constituye en una restricción más a la libertad y la democracia.   Así, desde el 2002 al 2008, los gobiernos panameños han sido observados reiterativamente por restringir el derecho de constituir organizaciones sindicales, violando el Convenio 87 de la OIT del cual es país signatario.

¿De cuántos panameños estamos hablando?   Según la última Encuesta de Hogares, la Población Económicamente Activa (PEA), a marzo de 2009, está integrada por 1,540,261 personas, de las cuales 97,329 están desocupadas, igualmente el 42.8% se encuentra en el sector informal.   El 14.9% de la PEA son empleados del Gobierno; si ello lo traducimos en términos de organización sindical, estamos hablando de que a 220,830 personas que componen la PEA les están negando el derecho a la sindicalización, a pesar de que el artículo 68 de la Constitución señala que “Se reconoce el derecho de sindicación a los empleadores, asalariados y profesionales de todas clases para los fines de su actividad económica y social”.

La restricción al derecho de sindicación la enfrentan los trabajadores del sector público, a los cuales solo se les permite agruparse en asociaciones, pero solo si cuentan con un mínimo de 50 miembros y solo pueden formar una asociación por institución.   Además, el gobierno puede poner fin a las huelgas en el sector público, imponiendo un arbitraje obligatorio. La Ley requiere que los empleados estatales presten un servicio mínimo; y el gobierno puede requisar por lo menos un 50% de los empleados con este propósito en los servicios esenciales, excediendo la definición de la OIT.

Frente a esta realidad, que evidencia la posición antitrabajadora del empleador (en este caso el Estado, que se constituye en juez y parte en los conflictos laborales del sector), y ante la desidia de una seudodirigencia de Fenasep, que omite el abordaje real de este legítimo derecho de los servidores públicos, en la medida que han jugado a favor de los intereses de gobiernos de turno, CONUSI y ASEUPA llevaron adelante el “Primer Foro sobre Derecho a la Sindicalización del Trabajador del Sector Público Panameño”, desarrollado los días 15 y 16 de octubre.

Este evento marca relevancia en la medida en que asistimos al despertar de un proceso de lucha por la organización sindical en el sector público, que por décadas estuvo dormido, paralizado y manipulado políticamente, al extremo de haber sido una de las principales bases sociales utilizadas por el régimen desde 1968, lo que significó un movimiento obrero sin independencia ni combatividad, que ha sido mediatizado producto de la política de cooptación de su dirigencia.   Este despertar también obedece al grado de conciencia de la perentoria necesidad de defender sus derechos más elementales, amenazados seriamente por la predominante ideología neoliberal y la desregulación estatal, que se impone en nuestro país desde 1979.

Por otro lado, los trabajadores del sector público tienen por delante la tarea de avanzar hacia la constitución de un auténtico organismo que los aglutine, permitiendo de esa forma coordinar el accionar de la totalidad de las organizaciones del sector y, en ese marco, establecer una política dirigida a unificarse al resto de los trabajadores de la ciudad y del campo.
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Publicado el 18 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La opinión del Abogado…..

Carlos A. Voloj Pereira

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Delitos contra el Estado y corrupción

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En todos los medios de comunicación social, son noticias del día las denuncias y querellas de diferentes índoles.  Las que más parecen interesar a los lectores o televidentes son las denuncias que involucran a políticos, miembros de los gobiernos (locales y extranjeros) y contra los presidentes. Así, los panameños nos enteramos de las denuncias contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra los de nuestros vecinos de Colombia y Costa Rica, contra el reelecto presidente de Ecuador, la de Argentina, el sandinista Daniel Ortega, el de México y del caso Honduras y su enredo con Zelaya.

Lo cierto es que ahora la tecnología nos permite seguir muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos que conmueven la opinión pública en otros países, incluso, al nuestro ahora en democracia y con libertad de expresión.  En nuestro país, proliferan las denuncias públicas en casi todas las esferas gubernamentales que nos hacen arquear las cejas por la naturaleza de los diferentes delitos que se publican.

En Estados Unidos, la cosa no se queda atrás, ese país engrosa el abultamiento de tantas denuncias diarias que se hacen contra los gobiernos del continente americano. En Europa, la delincuencia gubernamental llama mayormente la atención porque los gobernantes europeos y sus equipos de gobierno han demostrado que suelen ser muy prudentes, discretos y honestos, aunque en todas partes se cuecen habas.

Lo cierto es que en los países europeos, en EU e, incluso, en algunos países latinoamericanos (Colombia, Chile, Perú y Costa Rica, para citar algunos), hemos podido constatar que muchas denuncias las hacen ciudadanos, funcionarios o entidades responsables que logran que la denuncia sea acogida e investigada debidamente y, cuando se llega a las conclusiones de posible culpabilidad del denunciado, se procede a las formalidades legales (cumpliendo con el debido proceso) para juzgar al implicado. Si se le encuentra culpable, se le condena conforme a las leyes vigentes. Incluso, ex presidentes han sido enjuiciados y encarcelados.

No tenemos el espacio para enumerar los diferentes casos que en el mundo entero han sido denunciados, investigados, juzgados y condenados en el último cuarto de siglo y lo que va de este. Lo que sí podemos afirmar es que los delitos contra el Estado y la fe pública prosperan cuando hay corrupción gubernamental, y los que custodian y procuran la ley se convierten en encubridores de los delincuentes y los salvaguardan del rigor de la aplicación de las sanciones correspondientes.

En nuestro país han proliferado, alarmantemente, las denuncias contra diferentes miembros de los poderes del Estado y de distintas instituciones gubernamentales, sin que las investigaciones de rigor y el consiguiente enjuiciamiento hayan prosperado con la prontitud y diligencia que exige el debido proceso en un estado de derecho y en una democracia como la que vivimos hoy los panameños.

Esto, entre otras cosas, pudiera ser porque algunos de los denunciados son los mismos que deben guardar el orden, hacer respetar la ley y procurarla, aplicarla y sancionarla.   Pareciera que la ley ha sido puesta en la custodia de algunas personas que no son idóneas para desempeñar su cargo, porque su transparencia moral y su integridad cívica han sido empañadas con el entredicho de las denuncias públicas en su contra de manera reiterada.   Por eso, es de fundamental importancia que las leyes y los que ocupen esos cargos de legislar y aplicar las leyes y el orden público sean personas realmente idóneas, con independencia de criterio, con soberanía sobre sí mismas, insobornables y de intachable reputación.

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Publicado el 17 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La opinión del empresario…..

JUAN  R.  MORALES

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Hay que aprender a ser padre

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Desde el punto de vista de la procreación, es evidente que cualquier persona, inclusive jóvenes, casi niños, pueden procrear, ser padres o madres no es solo hacer hijos, y es más que vestirlos y alimentarlos.

Existen situaciones tan importantes como las que nos obligan a tener dentro del hogar una conducta ética, moral, comprensiva, tolerante, docente y afectiva para con nuestros hijos, entonces, podrán decir orgullosamente: “ Soy padre.. o madre ”.   Bajo estas circunstancias, la crianza de los hijos es realizada con verdadero acierto.

Impulso la creación de la Escuela de Docencia Familiar, porque los elementos arriba apuntados están distantes de la crianza de hoy.   Inclusive en las clases sociales altas o medias existen descuidos, tales como no estar en contacto afectivo con los hijos, alejados de ellos, les faltó calor.   Se descuida la crianza, desde su infancia, pasando por la pubertad y luego la adolescencia para encontrar tragedias de jóvenes de ambos sexos entregados a las drogas, prostitución, etc., porque simple y sencillamente “les faltó padres”, aún viviendo en la opulencia.

Y si en las altas y medias ocurre tal situación, lo que ocurre en las bajas, la situación se torna más dramática, surgiendo en todas las capas sociales los cuadros trágicos de una sociedad que a galope se descompone sin que nadie la detenga.   Los tiempos en que el padre o madre aprendían solos, pasaron a la historia.

Pero, ¿les da el procrear la condición de padre o madre?   Claro que no.   Uno de los grandes problemas sociales es precisamente la procreación irresponsable.   La procreación irresponsable incluye muchas situaciones. Se puede aprender a ser padre en sentido amplio del vocablo, pero la más de las veces hoy es así.   En centenares de familias, padre y madre salen a la calle a trabajar, de allí que contratan los servicios de personas —desconocidas, diría yo— para que atiendan a sus hijos, esas personas estarían obligadas a pasar por las aulas y tomar el curso de Docencia Familiar, el que también les servirá en sus propios hogares.

Aún más, deben pasar por un análisis psicológico para determinar las condiciones psíquicas, problemas de conducta, etc, que pudieran tener las personas en vías de ser contratadas.    Al fin, es el infante el objeto y sujeto de la familia, de la sociedad y desde luego del Estado.   Al recibir dichos cursos, padres, madres y domésticas, todos ganarán y ganará el niño, solo así podríamos evitar males que surgen en demasía en el entorno social.

Señor presidente, señora ministra de Educación, los exhorto a empuñar la bandera de esta reivindicación social y moral de nuestra patria con la creación de las Escuelas de Docencia Familiar.

Así son las cosas.

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Publicado el 13 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La opinión de…..

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Jorge Gamboa Arosemena

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Las falencias de los 100 días

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Acogiéndonos a la moda de los cien días para medir o dar un compás de espera a los nuevos gobiernos, el del Cambio, que ha tratado de proyectarse como una Junta de Gobierno, dado que Martinelli enfatiza que los gobernantes son Varela y él, concluimos que este gobierno tiene sus huecos negros, esos donde no ha querido entrar, porque no entiende sus alcances o porque cree que no dan el rédito mediático fácil que ofrecen los temas simplistas que ha abordado.

El rescate de la institución Familia y la reestructuración del sistema político son dos de esos temas ignorados y desde nuestro punto de vista, son los medulares. Claro que hay que mejorar un transporte masivo, como dar una pensión asistencial a los que no tienen una del Seguro Social, o que había que estimular a los policías, esos que se rompen el cuero en la calle, no a los privilegiados comisionados y subcomisionados, lo que ha sido un error. Si a los médicos que tienen un nivel académico y responsabilidad superior se les dio quinientos de aumento en tres tramos, ¿cómo a estos señores les aumentan mil de un tajo?

Volviendo a las falencias, a poco de hurgar en las razones de muchos problemas sociales, encontramos que la falta de valores son la causa primaria de estas falencias, valores que se adquieren en la institución familia, pero si los ciudadanos salen de esta estructura en crisis, ¿qué clase de ciudadanos se producirán? Nada más y nada menos que los que hoy actúan desvalorizados en sociedad. Las naciones se organizan en Estados para que éstos suplan lo que individualmente no se puede dar una persona, entre lo que está el propiciar las mejores condiciones posibles para que se formen sus ciudadanos. En la constitución hay entre otras letras muertas, el capítulo de la Familia en el Título III. Enunciados que no se cumplen y que los políticos o no conocen o no se comprometen con ellos.

En el aspecto de darnos el mejor gobierno está el otro escollo, el sistema político, el cual ha probado, hasta la saciedad, que es un engendrador de desigualdades democráticas y por ende sociales y económicas. Presidencialismo, clientelismo y reyezuelos desprestigiados en el Tribunal Electoral, que se prestan para usar los autos oficiales para llevar a sus esposas a almorzar o que se alborotan porque “sí se puede”, son una prueba de lo que son capaces. Cuocientes, medios cuocientes y residuos gritándonos lo antidemocrático del sistema. Representantes que salen con 50 votos y otros con 10 mil. Y partidos que no funcionan es la moneda corriente en el sistema político.

Sin la atención de los ejes medulares de un Estado, familia y sistema político, nos encaminamos a tener más de lo mismo.

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Publicado el 8 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La opinión del médico…..

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Juan Carlos Ansin

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En la playa del desencanto

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Dos paradigmas, el de la historia que se repite y el que profetizaba una realidad signada por el pasado, vuelven una y otra vez a nacer y morir -como las olas en la playa del desencanto- en el devenir de un mundo signado por la fragilidad de conciencia.

Desde el Renacimiento hasta la Modernidad el pensamiento político estuvo dominado por la concepción maquiavélica del Estado:  El principal deber del soberano es ostentar, mantener y ejercer el poder, no importa los medios que utilice.   Tal prescripción, inaugura un modo amoral de hacer política, contrario al designio divino de la antigüedad o a la conquista por el genio militar.   Este concepto será retomado más tarde por Richelieu bajo la fórmula refinada de la “razón de Estado”.   Más tarde Henry Kissinger lo rebautizará como el principio de la “seguridad nacional”.   Concepto que en Sudamérica, bajo el Plan Cóndor, produjo más de 30 mil desaparecidos.

Esta dicotomía, entre los objetivos idealistas de libertad, justicia y paz y la visión realista de considerar los intereses de los Estados bajo la “diplomacia del poder”, donde el interés nacional está por encima de los derechos del individuo, manifiesta un contrasentido ético notorio.  Para los neoconservadores las razones de Estado y la seguridad nacional son también las razones de Dios (variante de la concepción fundamentalista islámica donde Dios es quien dicta las razones de Estado).

Para el Morgenthau republicano Kissinger, el de la “realpoltik” o del “power policy”, la paz está al servicio del poder y no el poder al servicio de la paz como muy bien lo expresara el presidente demócrata Woodrow Wilson, al hacer realidad el deseo del filósofo británico Jeremy Bentham de una Sociedad de las Naciones precursora de la ONU.

Kissinger alaba la política realista empleada por Teodoro Roosevelt, creador de la Zona del Canal y la política del “gran garrote”, procedimiento empleado con mayor vigor durante el gobierno de Bush-Cheney, con el aderezo de una nueva terminología cínica utilizada para interpretar la tortura como un interrogatorio rudo y la matanza de civiles como daños colaterales en una “guerra preventiva”.   Profilaxis política utilizada también por los gobiernos conservadores de Colombia y los golpistas de Honduras.

La madurez o la intuición del pueblo estadounidense ha revertido parcialmente la situación al dejar el gobierno en manos de un presidente de sólida experiencia humana, personal y académica, que procura retornar a los viejos principios idealistas jeffersonianos que iluminaron las dos grandes revoluciones de la modernidad, la americana y la francesa.

Es en la aplicación de los valores éticos donde descansa el verdadero poder de un Estado y la razón de ser de las democracias. Si entendemos por poder lo que Max Weber define como “Toda posibilidad, en una relación social, de imponer la propia voluntad, incluso frente a cualquier resistencia, e independientemente de la procedencia de dicha posibilidad”, tal imposición sólo puede ser transformada en persuasión por medio de la ética. Son estos ideales los que pueden transformar un feroz mundo competitivo en otro de cooperación solidaria.

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Publicado el 4 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Modernización y eficiencia del gasto

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La opinión del Abogado…

LUIS ALBERTO TESTA

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Hasta hace poco tiempo centrábamos la atención del Estado en la producción de mejoramientos técnicos en determinadas áreas administrativas, consideradas claves para algunos objetivos específicos. Se accionaba para impactar un sector, pero muy pocas veces orientábamos la estrategia hacia el mejoramiento funcional del Estado.

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La discusión hoy se centra en que el Estado ha dejado de ser una estructura sectorial coordinada políticamente, para convertirse en una estructura funcional de coordinación técnica intersectorial y con una orientación política por objetivos. El Estado organizado por problemas que se han acumulado en nuestras sociedades, en virtud de su creciente obsolescencia en sus capacidades técnico-burocráticas.   Cuando hablamos de agro. por ejemplo, ya no podemos verlo como un tema sectorial, toda vez que involucra otras funciones, como las política internacionales (libre comercio), el ordenamiento territorial, la infraestructura vial, la cadena de frío, el medio ambiente, etcétera.

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Hay funciones básicas que el Estado debe cumplir. La gestión institucional y política que debe coordinar la organización electoral.   La armoniosa relación entre los poderes, su administración interior y la gestión de crisis. La conducción Macroeconómica, que debe velar por la juiciosa administración y aplicación de los impuestos y la Hacienda Pública, la política exterior, la defensa nacional, el orden y seguridad pública, la educación, salud y cultura.

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Para que se puedan cumplir eficientemente, el Estado deberá garantizar sistemas de información de alta calidad técnica e instalados en red, que le permitan el adecuado conocimiento de variables frente a una decisión; y la capacidad de coordinación intersectorial, que permitan hacer operativas las decisiones.

La modernización del Estado debemos entenderla como el conjunto de acciones destinadas a producir cambios, ajustes, desarrollos o consolidación en las instituciones, normas y procedimientos a través de los cuales el Estado se gobierne políticamente, realice sus objetivos, gestione sus intereses y se relacione con el sistema internacional.

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La experiencia panameña nos indica que el crecimiento multisectorial experimentado en las tres últimas décadas del siglo pasado, si bien respondieron a necesidades específicas de la coyuntura, hoy, con las nuevas dotaciones tecnológicas, las nuevas modalidades de integración social, la búsqueda de mayores oportunidades en la distribución de los bienes de la sociedad, debemos privilegiar un Estado más orientado al desarrollo de funciones que a la gestión de sectores.

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Si analizamos la calidad de los servicios que prestan nuestra instituciones, la forma de sus organizaciones y la poca eficiencia de sus gestiones versus los altísimos costos económicos y sociales que estamos pagando, solo podemos concluir en que la sectorización con que hemos administrado el Estado, nos ha resultado ineficiente para garantizar la coherencia y justeza de los objetivos planteados.

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La modernización no debe entenderse necesariamente como privatización. Toda vez que esta última responde a una visión reduccionista del Estado, situando la discusión en el traspaso de activos estatales a manos privadas. Y no es lo que se propone en la estrategia de funcionalidad que abordamos. Trabajar sobre una racionalidad o lógica estatal en los ámbitos económicos, legales y de justicia, los sistemas de gestión.

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El cambio dramático en lo sistemas de gestión y las capacidades gerenciales que se tiene sobre las reformas que debemos aplicar por ejemplo en el servicio civil, o Carrera Administrativa, rebasan con creces las evidencias de un funcionariado de baja calidad técnica y eficiencia, productos del clientelismo político y el gigantismo estatal de las coyunturas señaladas anteriormente y que nada tienen que ver con una administración pública ágil, flexible y eficiente.

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Publicado el 21 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

¿Por qué urge el Sistema Acusatorio?

La opinión del Abogado, Catedrático Universitario y Activista de Derechos Humanos, Doctor…

Miguel Antonio Bernal

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El Estado moderno tiene la obligación de ser, en todo momento, garante de la convivencia y del respeto de los derechos fundamentales. Con mucha preocupación y tristeza vemos cómo, sin consulta ciudadana alguna, el Órgano Ejecutivo ha decidido –con absurdo desparpajo- posponer la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio.

Aducen los integrantes del mismo que: ”Los nuevos términos consagrados…  son los adecuados para completar las tareas pendientes que demanda la administración de justicia en aras de garantizar la efectiva aplicación de la ley.” Y así se pospondrá la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, al 2 de septiembre de 2011 como fecha de inicio para la aplicación específicamente en el Segundo Distrito judicial (que comprende los circuitos judiciales de Coclé y Veraguas) y, así, sucesivamente hasta el 2014, cuando tendrá aplicación en el primer distrito judicial de Panamá. En otras palabras: orden y seguridad, antes que libertad y garantías!

Resulta increíble que toda la labor de educación iniciada para la urgente y necesaria transición hacia un sistema penal acusatorio que nos permita abandonar, de una vez por todas, el sistema penal inquisitivo -que ha servido de sostén a la corrupción, desorganización, ineficiencias e ineficacias, que no permite satisfacer el derecho ciudadano a una justicia pronta, sin el excesivo y nefasto formalismo de la actual- sea tirada por la borda con justificaciones que desbordan de demagogia, populismo y desprecio por el garantismo constitucional. ¿A dónde nos quieren llevar con esta medida?

Se hace necesario recalcarle a la sociedad cuán importante es el nuevo sistema penal acusatorio con su oralidad, en el cual la práctica de prueba y la emisión de la sentencia deben hacerse en el mismo acto de la audiencia, dejando atrás los trámites lentos y ritualistas; que el juez no puede seguir basándose solo en el expediente y que deberá tener un mayor contacto con el imputado y la víctima; que se tendrán que eliminar los privilegios pues se hace obligatoria la igualdad de las partes, que no podrán atiborrarse las cárceles de presos sin condena, por caprichos de fiscales y personeros; que la presencia de un juez de garantías obligará a un mayor respeto de los Derechos Humanos y a impedir tanta impunidad que nos ahoga.

Con el nuevo sistema penal acusatorio, que acabaría con los recursos dilatorios y pondría límites a la duración de los procesos para poner fin la mora judicial, la aplicación de las penas estaría subordinada al respeto de los Derechos Humanos, instrumento esencial de la convivencia social pues ellos deben ser el piso y el techo, el fundamento y el límite del poder punitivo.

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Publicado el 21 de agosto de 2009 en el diario El Panama America Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

El Estado vigilante

La opinión de…
Marissa Krienert
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El debate que ha generado el nuevo proyecto de seguridad que obliga a las empresas de telefonía a guardar todos los registros de las llamadas de los particulares y mantenerlos a disposición de los órganos de seguridad del Estado me ha recordado la visita que hiciera en noviembre de 2006 al cuartel de la Stasi en Dresden.

Stasi era el nombre abreviado del Ministerio para la Seguridad del Estado de la desaparecida República Democrática Alemana; una agencia estatal omnipresente, modelada de la KGB, que se encargaba de vigilar a los principales enemigos del Estado socialista alemán, entiéndase, los ciudadanos alemanes.

El ejercicio de justicia transicional llevado a cabo tras la unificación alemana, provocó la apertura al público de los archivos de la Stasi. La idea era que todo ciudadano alemán podía acceder a su archivo personal y saber hasta qué punto el Estado había violado su privacidad y censurado sus comunicaciones. La Stasi era especialmente eficiente en recopilar toda la información sobre las vidas de los ciudadanos alemanes: intervenía la correspondencia, grababa todas las comunicaciones telefónicas, mantenía una lista exhaustiva y actualizada de todas las asociaciones que mantenían los particulares; y, en cuanto a los métodos, tampoco existían límites, hasta el punto de extorsionar a particulares para que fueran espías de sus propios familiares.

Toda esta descripción parece una exageración, llevar hasta el absurdo la relación de los abusos cometidos por los organismos de seguridad de la Alemania socialista. Pero esa pesadilla se reveló en todo su horror durante mi visita a los archivos de la Stasi; allí pude observar las filas interminables de anaqueles, apiñados unos con otros, que contenían los expedientes en los que se detallaban los pormenores de la vida cotidiana de cada ciudadano alemán de Dresden.

Con esto no quiero acusar a nuestras autoridades de querer abusar de la privacidad de los ciudadanos panameños, o de intentar controlarnos a través del miedo y la extorsión. Sí quiero llamar la atención sobre los peligros a la libertad individual que representa la implementación de políticas de vigilancia permanente sobre la vida de los particulares.

Los particulares no podemos ser considerados en todo momento por las autoridades como sospechosos de actos delictivos. El Gobierno solo debe intervenir en los asuntos privados para perseguir delitos, cuando han sido denunciados por los particulares; en este sentido, el delito no es algo que la autoridad debe descubrir, es un hecho que debe perseguir y sancionar previa denuncia de una persona afectada por el hecho. ¿Cuál es el sentido de hacer la transición a un sistema penal acusatorio cuando las autoridades insisten en indagar cada detalle de la vida de los particulares para detectar todo lo que pueda considerarse como delito?

Los gobiernos tienen tanto poder como les sea concedido por los gobernados. La facultad de vigilar los registros telefónicos de los particulares era una de las herramientas básicas del régimen de terror de la Stasi. No permitamos que nuestras agencias de seguridad tengan un poder similar sobre nuestras vidas.

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Publicado el 17 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad

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En opinión de…
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Ramiro Guerra Morales
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Los estados democráticos, deben contar con instituciones eficientes y eficaces para proteger la democracia, sus habitantes y la integridad del país, garantizando que las estrategias y políticas que para tales propósitos se adopten, no vulneren derechos fundamentales y derechos humanos.

Nuestros países de Latinoamérica y sus estados, como cuestión de vida y muerte, vienen enfrentando enemigos de alta peligrosidad que tiene a la ciudadanía en permanente zozobra y cuya contención resulta imprescindible para la paz y el funcionamiento de la sociedad y sus instituciones democráticas, el crimen organizado con toda sus ramificaciones y la corrupción, su ascenso, deja traducir signos de decadencia y es por ello, reitero, es un problema que debe ser abordado conjuntamente, estado y sociedad civil.

Lo anterior es lo que nos lleva a sostener que hay que dejar esa posición, de los gobiernos nuevos, de romper y deshacer todo lo realizado por el que le precedió y en ese sentido, es necesario acabar con esa práctica de partir de cero, sin importar si lo anterior fue y sigue siendo positivo.

Cuando el gobierno del ex presidente Torrijos, planteó el proyecto que reorganizaba el Consejo de Seguridad Pública, el mismo fue objeto de críticas constructivas por el Colegio Nacional de Abogados, ya que el mismo violaba garantías fundamentales y hasta normas constitucionales. Justo reconocer al entonces Ministro Dilio Arcia, quién las acogió y el texto fue mejorado, eliminándose todos los artículos que afectaban derechos y garantías consagradas en la Carta Magna.

Una lectura del decreto ley N. 9 del 20 de agosto de 2008, que reorganiza el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional y que crea el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, es una herramienta moderna de gran utilidad para enfrentar los flagelos arriba mencionados.

En esta normativa se deja claramente establecido que el Consejo, es un ente asesor del Presidente de la República y una instancia del Órgano Ejecutivo para establecer y articular políticas de seguridad y defensa del Estado.

Se crea el Servicio de inteligencia y Seguridad, adscrito a la presidencia de la República y el Comité de Información y Seguridad.

Todos estos organismos, según el decreto mencionado deben estar dotados de una nomenclatura organizacional donde prevalece el sentido de la coordinación y centralización, como debe ser en todo organismo de esta naturaleza dirigida a prevenir los actos que atenten contra la soberanía y la integridad del país y sus ciudadanos. Igualmente el decreto mencionado, crea la estructura de análisis de crisis, que tienen todos los estados del mundo

El decreto citado, de manera enfática, señala que todas las actividades que realicen estos organismos, no pueden violar ni atentar contra los derechos humanos.

En lo particular, soy del criterio de que el decreto mencionado constituye una buena herramienta y debería implementarse por el bien del país y los panameños.

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Publicado el 15 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

En oponión de…

Alberto E. Fadul N. - Abogado
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La independencia del Órgano Legislativo

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Mucho se ha estudiado, escrito y analizado, en democracia, el vital concepto de la independencia en la operatividad de los Poderes del Estado; tal, se supone, permite establecer los controles y equilibrios (pesos y contrapesos) necesarios para el desarrollo de la función gubernamental; sin ellos, el balance del manejo del gobierno se desajusta, generándose fisuras en la base que sostiene el conjunto de principios, valores y propósitos del sistema de gobierno democrático y representativo.

El desequilibrio planteado afecta el sistema de manera integral, pues los objetivos de éstos dejan de conformar la fuerza del interés nacional, para convertirse en el oscuro jardín del interés personal forjándose, peligrosamente, la punta falsa de la pirámide desde la cual emanan, fundamentalmente, las acciones de gobierno.

La venta de influencias, el clientelismo político, el enriquecimiento injustificado, la corrupción y su impunidad, permean así la totalidad de nuestra fragil institucionalidad.

Al escribirles sobre esta temática y en el caso particular de la Asamblea Nacional, debo referirme al absolutismo de los partidos políticos facilitado, ampliamente, dentro de nuestra normativa constitucional; para ello, sólo citaré dos artículos que, claramente, afectan en diversidad de formas la independencia de nuestro Órgano Legislativo:

“Artículo 150. Los Diputados actuarán en interés de la Nación y representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito Electoral”.

“Artículo 151. Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los Diputados Principales o Suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades”….

Ante tales normativas, en escasas ocasiones escucharemos debates objetivos, alejados de la línea partidista. Dios nos guarde cuando el partido en el poder tenga mayoría y el Ejecutivo falsee en la transparencia y benevolencia de propósitos.

Hoy, con el devenir del Cambio, contamos con un poder ejecutivo consciente de las tristes realidades por las cuales nuestra pequeña patria ha venido atravesando y a quien le agradecernos sus loables propósitos. Estaremos observando el desarrollo de su gestión.

Lamentablemente la ausencia de líderes proactivos ha sido notoria. El Estado panameño requiere de una reforma constitucional integral. Salimos de una dictadura militar y estamos bajo una dictadura de partidos, al amparo de la legalidad. Es notorio que textos como los arriba señalados, junto a otras similares gemas constitucionales, hayan pasado desapercibidas en las pocas ocasiones que hemos logrado una revisión constitucional. ¿Por qué será?

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Publicado el 12 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La cáscara y la pulpa

Según la opinión de

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Paco Gómez Nadal
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El Estado se ha convertido en una especie de contratista de contratistas. Construye y hace cosas, más o menos eficientemente –más menos que más-, sin echarle cabeza al por qué de las cosas o el para qué de ellas. La mayoría de quejas que diariamente salen en los diarios de comunidades llorosas por la falta de atención estatal tiene que ver con construcción. Estamos en el mundo del bloque.

El trío mágico de peticiones en las comunidades suele consistir en: educación, salud y electricidad. Aunque, en realidad, lo que piden es escuela, centro de salud y torres de energía, ya que nadie se preocupa por el contenido de las edificaciones sino por las construcciones en sí.

La cinta costera es un ejemplo que apuntala mi tesis, pero es mucho más dramático buscar la confirmación en pequeñas comunidades rurales donde se levantan aulas de clase preñadas de sobre costo, centros de atención sanitaria más vacíos que la cuenta corriente de un mendigo y electricidad que en lugar de traer desarrollo viene con la televisión a cuestas.

Un médico ngäbe calificaba hace unos meses esta trilogía como “la mentira del desarrollo”. Lo hacía desde una comunidad con necesidades básicas insatisfechas y partía de una reflexión más que acertada: “Vaya a las comunidades que tienen escuela, centro de salud y energía desde hace 20 años y mire si han salido de la pobreza…”. No, no habían salido porque era pura forma sin fondo, ladrillos sin masa gris, aparente atención estatal y verdadera desidia de Estado.

Esto no es solo culpa de los gobiernos, hacedores irreflexivos que corren contrarreloj para apuntarse éxitos mediáticos, sino de unas sociedades que se emboban con la cáscara brillante de la fruta y se olvidan que el licuado que alimenta se hace con la pulpa.

Leo un análisis sobre el mal estado de las escuelas, otro sobre el mal estado de los parques, es fácil oír lamentos sobre el triste aspecto de los hospitales, pero no es tan habitual escuchar debates de fondo sobre la calidad o el tipo de educación que acontece dentro de las escuelas, o sobre medicina preventiva o atención humana a los pacientes… Eso no solo depende de presupuestos, sino de cabeza y sensibilidad.

Es decir, el problema no está en si se fusiona o no el Inac con el Ipat sino en el trasfondo filosófico de la decisión (si es que la tiene); lo más grave no es que en las escuelas haya goteras, sino que los docentes vayan desganados a repetir lecciones mal aprendidas repletas de imaginarios y prejuicios nocivos para la salud; lo más triste no es que falten medicinas, sino que desde unos cuantos pasos antes a los pacientes que buscan el sistema público se les trate a las patadas como si fueran ganado; la pregunta no es cuántos baches tiene la carretera a Darién (unos dos millones) sino para qué sirve, qué concepto de desarrollo territorial ha pensado el país para una zona como esa; la disyuntiva no era ampliar o no el Canal en función de presupuestos y complejidades ingenieriles, sino qué país se quiere tener en 25 años y si es el de empleados de servicios o el de autogestión y sostenibilidad; el reto no es solo bajar el costo de la canasta básica, sino plantearse por qué el país no produce ni da acceso democrático a alimentos de calidad y en la cantidad suficiente para poder presumir de soberanía alimentaria…

La lista de pulpa venida a menos es interminable y el peligro de las cáscaras es que puestas en un mal lugar pueden provocar una resbalada monumental. Hay que provocar los grandes debates para encontrar las pequeñas soluciones. Por desgracia estamos en la era de la ‘productividad’ y las ‘cifras’ y los gobiernos tienen pánico a pensar porque eso se podría traducir en inactividad. Las personas también estamos atenazadas por ese temor. Se ensalza al que hace, se aparta al que piensa. Por eso el nuevo presidente gusta tanto, por la imagen de “hacedor”.

Sin embargo, algunas cabezas pensantes son necesarias en cualquier fórmula de éxito. Dudo que desde los gobiernos o desde los platós de televisión se colabore a redefinir el modelo de país más allá de los bloques de cemento, por eso es imprescindible que periódicos, grupos civiles organizados, vecinos, obreros, estudiantes y demás sectores del país se den a la tarea de pensar para proponer. Parece un trabajo estéril, pero es siembra para futuro, fruta fresca entre tanto fruto seco.

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Publicado el 11 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Estado no es una marrana

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Ramón Barreiro

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Debemos a la sátira política la descripción del Estado como una gran marrana que alimenta con su leche a un grupo enorme de cochinitos, que supuestamente representan a los políticos y demás clientes del poder.

Es una imagen poderosa que critica muchas situaciones de explotación de lo público desde la política; sin embargo, la sátira reproduce también un error fundamental: el Estado no es una marrana, sino un parásito, que bien puede corresponder a la imagen de un pulpo –ya sé que los pulpos no son parásitos, pero concédanme el recurso de hablar de un animal mítico llamado pulpo-parásito.

En la sátira de la marrana, el Estado es una fuente de recursos, o de riqueza, que engloba todos los recursos de la sociedad; alguno podría entender también que el Estado es capaz de crear riquezas y que efectivamente provee de recursos esenciales a la sociedad. Entonces, los cochinitos —partidos políticos— acaparan todas las fuentes de leche y el resto de la sociedad queda excluida de esa gran fuente de maná que es la marrana. El error de la sátira es de principio: el Estado no es una fuente de recursos, es más, no produce nada, solo redistribuye recursos que provienen de la sociedad civil. Así que, si nos quedamos con la imagen de la marrana y sus cochinitos, una interpretación acorde con la realidad económica y política identificaría a la marrana con la Sociedad Civil y a los cochinitos con los distintos apéndices del Estado.

Sin embargo, la sociedad civil tampoco puede ser descrita adecuadamente como una gran marrana. Cada persona productiva incluida en una sociedad genera esos recursos que tradicionalmente metemos en el gran saco de los recursos nacionales. Los apéndices del Estado, ese no tan mítico pulpo-parásito, toma recursos de cada individuo de forma muy distinta, con diferentes intensidades. Es como si cada individuo productivo fuera un cochinito que ya ha desarrollado capacidades para proveerse por sí mismo de alimento y sufriera de parásitos que le impiden desarrollar plenamente dichas capacidades.

La idea de que el Estado es la fuente de todos los recursos es muy persistente en nuestra clase política; el ejemplo más reciente de esta conveniente postura es el debate sobre la titulación de islas y terrenos costeros. El Ministerio de Economía y Finanzas se opone a la titulación, argumentado que los terrenos costeros pertenecen al Estado, no son objeto de apropiación privada y que la titulación no implica sólo la venta de dichos terrenos sino también un “atraco al Estado”. Nuestra Constitución también avala esta postura al declarar que las tierras baldías son propiedad del Estado.

El Estado no puede ser dueño de tierras ocupadas de forma continuada por particulares. Tampoco puede ser dueño de tierras baldías, no ocupadas por nadie, porque la propiedad verdadera requiere la posesión de alguien, y mal puede considerarse propiedad de nadie, y menos del Estado un terreno sin poseedor; este terreno no tiene dueño y el primer poseedor, aquel que le dé uso por primera vez al terreno, será legítimamente el dueño. Este principio de derecho no debería ser tan difícil de entender, visto que generaciones y generaciones de seres humanos han seguido y siguen este principio en la tenencia de la tierra.

El “atraco” que propiciaba la Ley 23, sobre la titulación de islas y terrenos costeros era el de los particulares con derechos posesorios, a quienes no se les reconocía su propiedad a través del otorgamiento de un título, si no pagaban un precio de “compra” al Estado. Las personas que ocupan terrenos en islas y costas ya son propietarias, y lo que reclaman legítimamente es el reconocimiento de sus derechos por el régimen legal vigente. Fue una feliz promesa de campaña decir que durante la presente administración se titularían de forma gratuita todas las tierras con derechos posesorios legítimos. Es hora de cumplir las promesas y dejar a los pulpos-parásitos en el campo de los mitos.

La propiedad es el fundamento más importante del ejercicio de la libertad. Sencillamente, un gobierno que no reconoce y protege la propiedad de los individuos sobre sí mismos y sus bienes es, tanto en la arena económica como en la política, autoritario y opresor. El respeto a la propiedad es la principal defensa de la libertad. Les invito a reflexionar más sobre la importante dependencia entre libertad y propiedad en la presentación del libro Libertad para todos, de nuestro amigo Héctor Ñaupari, este miércoles 12 a las siete de la noche en la Biblioteca Nacional.

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Publicado el 9 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Panamá al primer mundo — 2040

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CARLOS EDUARDO RUBIO

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Los Populares empezamos a soñar, pero sin bostezar.
Queremos que Panamá sea un país de primer mundo, pero del siglo XXI, sin los problemas de los países desarrollados del siglo XX. Los estudios de Milton Henríquez sobre el tema nos hacen analizar que esto es posible, pero en una generación.

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Tomamos como prueba el ejemplo de Singapur, que se caracteriza por el sistema parlamentario inglés, una economía social de mercado abierta al mundo y un equilibro ético y moral. En otras palabras, para el año 2040, al menos unas 2040 personas, de la generación de los 20 y 40 años, debemos haber llevado a Panamá al primer Mundo.

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Pero para esto necesitamos un partido político de primer mundo, que lleve al Estado al primer mundo. En el PP requerimos de un estricto código de conducta, unos estatutos funcionales, formación política, tanques de pensamiento o “think tank” , y una ideología social cristiana compartida por todos, que nos haga actuar con telepatía.

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Los Populares nos debemos destacar por ser una escuela de líderes y principios, en vez de un club electoral. Necesitamos llegar al poder público en el 2014, a fin de que modernicemos el Estado, ejecutando programas, planes y creando leyes cuyo eje de la acción política lo sea la persona, respetando su dignidad y su potencialidad, aplicando los principios de solidaridad y subsidiariedad.

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Requerimos que este país tenga las características de los países de primer mundo que son: Democracia Parlamentaria, Economía de Mercado, Sólidas Instituciones Jurídicas y apego a la Ley, Alto capital social, Cultura del Ahorro y a la formación de capital, controles extremos mínimos (porque los controles morales funcionan bien), se tutela la vida, la honra, los bienes y la fe pública y un sistema de rendición de cuentas.

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Así de difícil fue lograr la democracia sin fraudes, la transparencia y la rendición de cuentas, la subordinación de los uniformados al poder civil y la panameñización del Canal , y todo es realidad hoy en día!

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Publicado el 4 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Biopolítica y sociedad
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Juan Carlos Ansín
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En Panamá funcionan al mismo tiempo cinco sistemas sanitarios. Un sistema de atención privada abierto a todos los médicos idóneos. Un sistema estatal. Un sistema semiautónomo de Seguro Social. Un sistema mixto (MINSA-SS) en el interior del país y un sistema experimental ya fracasado, el del Hospital San Miguel Arcángel.

El Estado ha venido modificando ciertas normas pero ningún gobierno ha tenido el coraje de terminar con esta anarquía donde se pierde eficiencia, dinero y recursos humanos valiosos por la simple razón del caos burocrático, la discapacidad administrativa y porque las políticas sanitarias que deben ser manejadas por especialistas, tradicionalmente han estado en manos de políticos dedicados a hacer política partidaria con la salud de la población.

Algunos expertos y muchos que no lo son, han opinado sobre lo que se debe hacer. Pero el problema está en que cada ciego ve al elefante según la parte que cada uno le toca. Yo voy a opinar sobre lo que No debemos hacer.

No debemos aceptar el statu quo: actuemos ya. No debemos querer inventar la pólvora. En Salud la experiencia es experticia. No debemos caer en el juego de los diagnósticos, porque en esta anarquía sanitaria existen más diagnósticos que enfermedades y el sistema hace rato que está muerto. Hay que adoptar un plan sin exclusiones. No debemos caer en la tentación de reparar el Frankestein que tenemos y menos aún hacerlo con personal No idóneo. El objetivo No es la próxima elección. La solución No está en una sola persona sabelotodo, sino en un equipo multidisciplinario idóneo y responsable, accesible a la opinión pública. No se debe planificar en conciliábulos paralelos. Mantener a la población informada diariamente es crucial para que el sistema No sea mal comprendido, Ni rechazado. No debe ser impuesto. La Salud Pública es una carrera de relevos. No es cuestión de cumplir etapas para luego descansar sobre laureles.

En la actualidad la biología y en especial la medicina, son temas sometidos a interpretaciones filosóficas novedosas de políticos, economistas y religiosos. Ya no es la muerte el objeto a tratar, sino los problemas que ocasiona lo que se ha dado en llamar: Exceso de vida. Así, la teoría predominante está un paso más allá del ser vivo y su experiencia vital. Ni la vida, ni la muerte, concebidos como extremos de un ciclo, son propiedad del Estado, ni de la industria, ni de las corporaciones, ni de la medicina y mucho menos de nosotros los médicos. Vida y muerte no pueden reducirse a una moda del pensamiento, a una corriente científica, a una creencia religiosa, a una estadística económica o a una ley del Estado. Es lo único que compartimos con todas las especies.

La vida es pues, una cualidad inmanente y como tal debe ser respetada, evitando hacer de ella una biopolítica totalitaria, limitante y uniformadora sobre un ser humano que demasiado a menudo es concebido como ente virtual y no como un ser capaz de transformar la realidad.

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Publicado el 2 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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Los concordatos penales: nuevo paradigma en la justicia penal
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Silvio Guerra Morales
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No hay duda alguna en sostener, cosa que he venido señalando en diversos congresos y conferencia que dictado a raíz de la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Punitivo, que al concluir o terminar el siglo XX, el enunciado que predicaba que:  “El Estado es el único administrador de justicia”, se encuentra en plena y patética crisis.

Cabe destacar, como cuestión imperiosa, que el propio sistema económico y político que auspició esta aparente verdad y que era de carácter convencional ahora está dizque preocupado por enmendarla y no solamente eso, sino que pretende sustituirla o abrogarla.

Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (representado por la sigla MARCS), integran el nuevo modelo que persigue reemplazar, a como dé lugar, al sistema aún vigente y su postulado fundamental de que : ”Para que haya administración de justicia debe estar de por medio la figura del Juez y un Fiscal que acuse”.

Esos mecanismos de resolución de conflictos se han dado en llamar la Nueva Justicia y que se encuentra caracterizada por el hecho de ser asumida por los propios involucrados en el conflicto o litigio.

De otra parte, dicha justicia programa toda su filosofía montada sobre dos conceptos pilares: 1. La idea del reconocimiento de la autodeterminación y 2. La autonomía de la voluntad del ser humano –principio basal heredado del Derecho Común- en sus relaciones como ente interactuante que es, de naturaleza gregaria, societaria, procurando mediante el diálogo y la confianza recíproca encontrar la paz que ha sido violentada tras el surgimiento del conflicto en el plano social.

Como ha sugerido algún autor, palabras que hacemos nuestras: “En términos sencillos, se propone generar una conversación sobre el conflicto y resolverlo en una proyección constructiva y no por la vía de “los pleitos”.

No cabe duda alguna en señalar que la administración de justicia a cargo del Estado, ha devenido en una especie de paradigma, casi absoluto, en los últimos tres siglos que ha demostrado innumerables desatinos y fracasos.  Sin embargo, corresponde ahora que nos preguntemos, a conciencia, si los medios alternativos de solución de conflictos devendrán en el nuevo paradigma del nuevo y próximo siglo y que los problemas del sistema de justicia actual en Panamá y en el mundo, realmente producirán un cambio en las orientaciones de “qué hacer con el acusado y con la víctima?

Al parecer, y todo lo indica, Panamá se adentra hacia ese nuevo sistema: El Artículo 220 del Nuevo Código de Procedimiento Punitivo –o Procesal Penal si se quiere- viene a entronizar, en nuestra justicia penal, la posibilidad concreta de que se negocie o concuerde la pretensión punitiva, aún así sea para neutralizar o enervar el ejercicio de la acción penal. Luego: ¿Qué sucederá con los jueces y los fiscales?. Tendrán cada día menos trabajo. Así lo vislumbro;  sin embargo,  confieso,  que amanecerá y veremos.

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Publicado el 31 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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San Felipe – Patrimonio de la Humanidad

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Orlando Acosta Patiño

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Hacen algunos años en esta misma página de opinión advertí sobre el futuro del centro histórico de Panamá y el efecto de la presión de la especulación inmobiliaria sobre su conservación.

A finales de la década de los ochenta, ya existían personas y empresas interesadas en acumular propiedades en San Felipe. La compra y venta de edificios en San Felipe desató un apetito voraz entre agentes del mercado.  La variopinta de los inversionistas fue desde compradores particulares, que algunos detentan más de veinte propiedades dentro de los muros de la ciudad, otros grupos más suspicaces se disfrazaron bajo ropas de la sociedad civil en defensa del patrimonio, para luego transformarse en empresas y agentes inmobiliarios representados por empresas restauradoras que se han enriquecido sin control en la dizque restauración y posterior venta de las propiedades.

¿Conflicto de intereses? En ese momento me tildaron de inadaptado y junto conmigo otro grupo de personas fue excluido de la discusión.

Lo que ayer compraron por algunos dólares hoy se multiplican en miles. Habrá que hablar también de la apropiación privada de esos mismos agentes de la inversión estatal en infraestructura (calles, aceras, luminarias, etc.) de la cual ninguno de los mecanismos del mercado ha tratado de revertir a mejorar las condiciones e infraestructura social del barrio. San Felipe va por el camino de la exclusividad residencial sin equipamiento ni servicios sociales para la gente que requiere una atención del Estado.

La condición del Patrimonio de la Humanidad en los predios del Casco Viejo de la ciudad de Panamá tiene una imagen de deterioro, decadencia y transformación que va desde la ruina permanente de edificios en espera de mayor lucro a intervenciones mal diseñadas.

El objetivo del que nadie habla es el de multiplicar los ingresos ya exagerados de los especuladores, lo que se ha traducido en trasgresiones a la norma de pisos y al aumento de los pisos y niveles de las originales estructuras.

El hoy discutido PH Independencia es el vivo reflejo de lo que digo. De esta dinámica no se salva ninguno de los agentes que hoy promueven la mal llamada restauración del Casco Viejo. Vale la pena advertir que el Estado es el único que no ha violentado alturas ni los criterios arquitectónicos. Buenos ejemplos vemos en el proceso que tiene lugar en Avenida A, entre calle 12 y la Plaza Herrera. Las intervenciones han tenido un objetivo social que ha sabido conjugar el criterio arquitectónico y urbanístico. El resto de intervenciones privadas juega al fachadismo con resultados fatales para el patrimonio. El Hotel Central es un patético ejemplo de ello.

¿Qué ha sucedido con las normas y los procesos? ¿Son ellas diseñadas para regular el mercado inmobiliario y detener el apetito de lucro de los inversionistas, empresarios y defensores del patrimonio? Creo que esta pregunta nadie la ha planteado, puesto que representa poner en evidencia la hipocresía social con relación a los verdaderos intereses en la continuidad y conservación del patrimonio panameño. Los dizque defensores del patrimonio abogan por los procesos liderados por el Estado, siendo ellos mismos los que han promovido sistemáticamente la violación de la norma con recursos y recovecos que la misma legislación permite, y que por la misma razón así fue diseñada. Lucro privado y sin control es el objetivo final.

La continuidad y conservación de patrimonio histórico y del Casco Viejo de la ciudad de Panamá merece una mayor discusión, que ponga un alto a los voraces apetitos de los inversionistas y promotores privados y provoque una puesta en valor del patrimonio con un sentido social.

Urge una discusión profunda que traiga al tapete los reales intereses de la nación y no el bolsillo y lucro personal con relación a la conservación del mal cacareado Patrimonio de la Humanidad. Pregunto con tristeza: ¿Cuándo se iniciará este proceso?

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Publicado el 30 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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Institucionalidad e independencia

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RAFAEL CARLES

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Hace unos años escribí sobre este tema, pero en vista de que los vientos que soplan traen un fuerte aroma a cambio, siento la obligación de desempolvar la historia patria y propiciar el debate sobre aspectos que inciden en la marcha de las cosas de Estado.

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Es una realidad que las crisis por las que atraviesan los países subdesarrollados se debe en gran medida al desprestigio de la institucionalidad y la falta de independencia de sus funcionarios. Es decir, más que una afectación del entorno externo, las crisis proceden de debilidades internas. Y es precisamente la situación por la que la mayoría de los países latinoamericanos no han aguantando los rigores de las reformas económicas y se han estancado o retrocedido.

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Muchos pensaron que para que la economía de mercado funcionara solo era necesario dejar en libertad a los precios y privatizar las empresas estatales. Bueno, ¡se equivocaron!, porque la economía de mercado es imposible sin instituciones respetadas por los ciudadanos y partidos políticos, e independientes de los vaivenes de quienes suben al poder. Estas instituciones deben ser autónomas en su régimen interno y en el ejercicio de sus funciones. Y eso es obvio, porque es la única forma de que impartan justicia rápida e impongan sentencias a los infractores.

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Si se analizan las razones del porqué en los diferentes países no ha calado la economía de mercado, lo primero que salta a la vista es la existencia de instituciones débiles y funcionarios políticos. El premio Nobel de Economía, Douglas North, se refirió a las instituciones como un concepto trascendental, una nueva idea que desafía las formas tradicionales de hacer las cosas, y señaló que sus funcionarios deben estar dispuestos a trabajar con honestidad, transparencia, equidad, creatividad, iniciativa y energía.

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En una ocasión, el mismo North, en referencia a la pregunta de por qué algunas naciones se desarrollan y otras se mantienen inmersas en la pobreza, cuando de pronto todas han adoptado políticas similares de apertura, han privatizado sus empresas públicas y han desrregulado los precios, contestó que la razón responde a la aplicación del marco legal institucional. Es decir, ya no basta con solo ver el mercado, es necesario que haya reglas claras y bien comprendidas, que existan mecanismos para que las reglas se cumplan y para que la gente crea que esas reglas se van a cumplir. Solamente así, las reglas tendrán sentido y la gente va entonces a apreciar las instituciones.

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Resulta que, para que las políticas de Estado funcionen, no basta con aplicar políticas correctas, sino que es necesario contar con instituciones sólidas e incorruptas. Y para muestra de un botón, la recién crisis financiera mundial, que no ha causado más pobreza, sino que la ha revelado.

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Hay que tener cuidado con aquellos que siempre quieren buscar camorra y están dispuestos a extraer consecuencias contra la económica de mercado. Lo que deben entender es que las políticas económicas no trabajan cuando los gobernantes irrumpen con la institucionalidad y descarrilan el curso de las cosas. La conclusión es que el mercado rendirá sus frutos cuando respetemos a las instituciones. Es decir, sin instituciones independientes, el mercado no funciona.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.