¿Vas a tener relaciones sexuales?. El Gobierno te facilita los preservativos.

¿Ya las tuviste?. El Gobierno te ofrece la píldora del día después.

¿Te has quedado embarazada?. El Gobierno te garantiza el aborto.

¿Tuviste el niño?. El Gobierno te regala el cheque bebé.

¿Estás desempleado?. El Gobierno te paga el paro.

¿Eres vago y no te gusta trabajar?. El Gobierno te concede el salario mínimo de subsistencia.

Prueba a ESTUDIAR, TRABAJAR y PRODUCIR … ¿ QUÉ OCURRE ?

¡¡¡EL GOBIERNO TE SUBE LOS IMPUESTOS PARA PAGAR TODO LO ANTERIOR !!!

(circula por la red)

Al igual que las ideas políticas, la vida política parece estancarse en un “centro” amplio y difuso en el que todos los partidos compiten en la promesa de combinar lo uno y lo otro: libre mercado y Estado de bienestar, individualización y justicia social, desregulación y gobernabilidad.

 Para quien aspira a ganar, nada resulta más perjudicial que definir una posición o establecer unas prioridades. Estar a favor de todo le hace a uno menos vulnerable a la deslealtad electoral. Pero una definición (como una caracterización ideológica) sólo tiene sentido si marca algún perfil específico, una peculiaridad o diferencia. Las definiciones no nos informan de nada si pretenden contenerlo todo. Algo así pasa con el “nuevo centro” o la “tercera vía”, términos con los que se ha bautizado e investido de una dignidad ideológica a esa operación de captura del voto menos ideológico y volátil, en la que apenas se distinguen los grandes partidos. Conquistar la mayoría consiste en dejarse perdonar por un mayor número de personas. Y gobernar con éxito equivale a haber molestado a muy pocos.

Anthony Giddens, uno de los principales ideólogos de la tercera vía, subtituló su libro programático como La renovación de la socialdemocracia. Quisiera plantear aquí otra renovación de la socialdemocracia que tomara como eje la tradición liberal. Los mejores liberales llevaron a cabo una reivindicación completa de los derechos humanos, es decir, se alzaron contra cualquier clase de señorío, antiguo o nuevo, lo mismo contra la arbitrariedad del Estado que contra la prepotencia económica. Pero el actual liberalismo rebajado -en el que se reconocen indistintamente muchos conservadores y socialistas- ha perdido el aguijón libertario y de crítica al poder que caracterizó a ese primer liberalismo y a las primeras formulaciones del socialismo.

Una de las tareas más urgentes de la socialdemocracia liberal sería minimizar el poder estatal y luchar por que desaparezca la prepotencia económica. Es habitual considerar que la prepotencia económica se debe a una excesiva libertad de mercado, cuando ocurre más bien lo contrario: la prepotencia económica es causada por la falta de libertad económica. El orden constitucional y democrático sólo es viable si reconoce y combate activamente la existencia de concentraciones de poder incompatibles con la libertad. Se trataría, pues, de ampliar (no restringir) el principio constitucional de minimización del poder también al mundo de la economía, actualmente tan distorsionado por nuevos oligopolios en complicidad con unos Estados débiles. Hay que aspirar no sólo a un Estado con el poder mínimo e indispensable, sino además a una economía de mercado sin prepotencias. Pero la consigna del laissez-faire se dirigía contra las grandes concentraciones del capital, no era una justificación para la inactividad del Estado, como intenta el neoliberalismo. El Estado tiene que cuidar activamente de que todos los ciudadanos puedan comerciar libremente en los mercados.

La izquierda tiene grandes dificultades para llevar a cabo esta renovación porque no se ha desprendido de su tendencia estatalizante. Pero no sólo la izquierda radical, tampoco la socialdemocracia ha entendido que la exigencia de “desregulación” no es un eslogan capitalista sino la necesidad creciente de una sociedad individualizada. La izquierda ha desaprovechado la ocasión de hacer suya esta reivindicación de mayores cotas de libertad para la configuración autónoma de la propia vida. No ha sabido aprovechar la oportunidad de convertir el deseo de desestatalización en punto de partida para una renovación liberal de la sociedad y evitar su instrumentalización por los poderes económicos.

Algunos fracasos de los Gobiernos de izquierda no han sido otra cosa que el precio que debían pagar por aferrarse a la idea de que las mejoras de la sociedad aún podían llevarse a cabo por medio de una planificación estatal centralizadora. La socialdemocracia está hoy lejos de desarrollar una concepción nueva, más acorde con los tiempos, de la igualdad de oportunidades y traducirla en iniciativas sociales. En última instancia, no se apea del principio de que la redistribución se lleva a cabo mediante una burocracia estatal presentada para dar la impresión de que se ocupa de todos. Pero ocurre que también los Gobiernos conservadores han hecho suya esta estrategia; la disputa consiste únicamente en cuánto debe costar ese aparato y qué grupos de intereses se atenderán preferentemente. Y los votantes sólo se plantean quién es capaz de hacer lo mismo mejor. Cuando todos los partidos se presentan como garantes de la “justicia social”, la izquierda apenas se distingue de la derecha. Únicamente puede aspirar a que los menos favorecidos consideren que serían peor tratados por la derecha. En cualquier caso, la sentimentalización de las cuestiones sociales resulta cada vez menos atractiva.

Si la socialdemocracia quiere volver a ser reconocida como una fuerza de transformación social, debe definirse nuevamente. Ha de recuperar su capacidad subversiva, libertaria. Y esto es precisamente lo que no es cuando se presenta como obstinada defensora del dominio estatal sobre la economía y la sociedad. ¿Cabe pensar en una izquierda individualista, anti-estatal, no socialista, que no quiera introducir la justicia por medio de la redistribución estatal sino mediante la creación de una mayor igualdad de oportunidades en el mercado impulsando la iniciativa y la responsabilidad?

Una renovación semejante de la socialdemocracia sólo es concebible si se procede a una revisión general que alcance a sus orígenes históricos. En el siglo XVIII la izquierda estaba no sólo por la libertad política sino también por la libertad económica. Las distintas tradiciones que la configuraron defendían el libre mercado, el comercio mundial abierto y creían en la capacidad civilizadora del afán individual de ganancia. Fueron los apologetas de la restauración quienes reclamaron un estricto control estatal sobre la vida económica. La primera crítica radical del capitalismo provino de la derecha autoritaria. En el siglo XIX esta correlación se invirtió. La izquierda se hizo colectivista y, mediante la represión de las corrientes libertarias del movimiento obrero, se convirtió en defensora de la planificación estatal. La derecha, por el contrario, inicialmente antiliberal, se fue transformando hasta llegar a ser la abogada de la libertad empresarial. Así pues, la idea del laissez-faire no fue nunca monopolio del liberalismo burgués; también estaba presente en las aspiraciones libertarias del movimiento obrero.

Si esta concepción libertaria hubiera tenido más éxito y no hubiera sido desacreditada por Marx como “pequeño-burguesa”, la historia de los derechos sociales y del movimiento obrero habría sido bien distinta. Pero aquella disputa que enfrentó a Marx contra Proudhon se saldó con una derrota de lo liberal frente a lo estatal y el movimiento obrero propició la creación de una maquinaria de redistribución tendencialmente autoritaria. Su consecuencia más inmediata fue conseguir para los trabajadores bienestar material, integración en la sociedad, reconocimiento y derechos ciudadanos, pero impidió la realización de proyectos de auto-organización. Este sistema choca hoy con sus límites y en esta situación la concepción liberal o libertaria de la socialdemocracia -que durante más de un siglo ha sido más bien marginal- adquiere una nueva actualidad.

La crítica corriente al sistema económico mundial dispara contra la mercantilización como si el mercado fuera el responsable de la miseria del mundo. Pero el problema estriba en que no existe una auténtica economía de mercado. Ninguna de las grandes empresas hubiera alcanzado sus actuales dimensiones sin la protección estatal. Son esos grandes consorcios los menos interesados en la existencia de un mercado verdaderamente libre. En cierto modo asistimos a una especie de feudalización del capitalismo, a una “economía legal del pillaje” (Walter Oswalt). Tras la pantalla de los intereses generales de sociedad se esconden muchas veces intereses de grupos particulares, competencias desleales, concentración de poder de grupos financieros y de opinión. Los despojados de esa enorme masa de capital son los ciudadanos. Una socialdemocracia liberal debería apuntar en la línea de promover una verdadera igualdad de oportunidades en el mundo económico. La globalización puede utilizarse para despojar de su poder a las concentraciones económicas existentes y abrir efectivamente los mercados mundiales. La apertura decidida de los mercados mundiales no produciría un aumento de poder de las grandes corporaciones sino todo lo contrario: una globalización auténticamente liberal significaría el final de los consorcios mediáticos, financieros e industriales. El que no ocurra así no se debe a la inmovible “lógica del capital”, sino al intervencionismo de los Estados.

La creación de una mayor igualdad de oportunidades en el mercado libre en vez de una redistribución centralizada sería entonces el objetivo de una combinación histórica de ideas liberales y sociales. Ésta sería la renovación radical de la socialdemocracia que no se resigna a que los conservadores monopolicen una dimensión de la libertad y la gestionen sin aprecio hacia la igualdad, con la superioridad que les otorga el fracaso de las estrategias de redistribución estatal.

*Daniel Innerarity es profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza.

Referencia: Diario El País. España 01/06/2000

No es fácil considerar los problemas a los que se enfrenta el nuevo Nobel de la Paz y presidente de los Estados Unidos de América al momento de tratar de completar la reforma de un sistema de salud extremadamente costoso para el tesoro americano y complejo en su implementación.
El problema es que se ha ido construyendo una red de privilegios y ayudas a ciertos sectores sociales que no desean ver limitado su nivel actual de vida.
El problema va desde una oferta de seguros médicos donde no se pueden dar los mismos servicios a todos, sino que cada uno debe elegir aquellos que ve como más convenientes para su situación presente. Quiza un esquema pague los gastos médicos mayores pero no las medicinas, o las medicinas pero no una operación de cierto tipo.
Algunos reciben medicinas que llamaríamos comunes para el dolor de cabeza o las bandas para curar cortaduras pequeñas, pero quizá no sepan elegir el esquema que les permita ahorrarse el primer gasto de una enfermedad más fuerte.
A ello se le añaden los programas de seguros médicos privados y los de vejez, los cuales finalmente no fueron financiados con las contribuciones de toda la sociedad sino de sus dueños.
A más de ello vemos que el sistema de Bienestar social se descapitaliza conforme un grueso importante de la población envejece, creando un rombo en la “pirámide” de edad de la población donde el número de contribuyentes jóvenes no garantizan la cobertura del gasto de los pensionados en un momento dado, los cuales ya contribuyeron durante años al bienestar social de las generaciones anteriores.
¿Qué hará Obama?
Lo analizaremos poco a poco en estos días.

Os dejo esta pequeña historia que nos habla de lo que la “comida gratis” que nos da el “estado de bienestar” nos está costando:  NUESTRA LIBERTAD.

Que la disfrutéis.  Y que despertemos.

A la mitad de una clase en una Universidad, uno de los alumnos, oriundo de un país comunista, inesperadamente le preguntó al profesor:

- “¿Usted sabe cómo se capturan los puercos salvajes?”

El profesor creyó que era un chiste y esperaba una respuesta divertida..

El joven respondió que no era un chiste.

- “Usted captura puercos salvajes encontrando un sitio adecuado en la floresta y tirando un poco de maíz en el piso. Los puercos vienen diariamente a comer el maíz de gratis. Cuando se acostumbran a venir diariamente, Usted construye una cerca a un costado del sitio en donde ellos se acostumbraron a venir. Cuando se acostumbran a la cerca, ellos regresan a comer el maíz y usted construye otro lado de la cerca.. Ellos vuelven a acostumbrarse y regresan a comer. Usted va poco a poco hasta instalar los cuatro costados del cercado alrededor de los puercos, al final instala una puerta en el último lado. Los puercos ya estarán acostumbrados al maíz fácil y a las cercas, comienzan a venir solos por la entrada. Es ahí cuando Usted cierra el portón y captura a todo el grupo.”

- “Así de simple, en un segundo, los puercos pierden su libertad. Ellos empiezan a correr en círculos dentro de la cerca, pero ya están sometidos. Luego, empiezan a comer el maíz fácil y gratis. Se quedan tan acostumbrados a eso que se olvidan cómo cazar por sí mismos, y por eso aceptan la esclavitud.”

El joven comentó con el profesor que era exactamente eso que él veía suceder en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Sus gobierno dictatoriales, escondidos bajo el manto “democrático”, los estaba empujando hacia el comunismo tirando maíz gratis disfrazado de programas de ayuda de dinero, misiones, planes, impuestos diversos, leyes de “protección”, subsidio para cualquier cosa, expropiaciones indebidas, programas de “bienestar social”, médicos cubanos y medicinas “gratis”, siempre y siempre nuevas leyes inconsecuentes, etc.; todo a costilla del sacrificio de la libertad, “migaja a migaja”.

Debemos siempre recordarnos que “No existe comida gratis” y además que “No es posible que alguien preste un servicio más barato que el que uno mismo hace”.

Si crees que esa “comida gratis” que tan “generosamente” nos ofrecen los gobiernos ES UN PROBLEMA que para que la libertad de las personas siga existiendo, es necesario que hagas circular esta historia.

De lo contrario, si crees que los políticos cuando te piden más poder, más gobierno, más regulación, más “nuevo orden mundial”, más dinero tuyo a través de impuestos, en realidad lo hacen para beneficiarte a tí, porque quien pagará será tu vecino, entonces prepárate a empezar a correr en círculos. Porque el portón está por cerrarse.

Desde hace algunas décadas el debate sobre la necesaria transformación del Estado de Bienestar ha ocupado un lugar en la atención de los investigadores sociales, ello debido a que las crisis económicas dadas tanto en ámbitos locales como en el área global han debilitado el poder adquisitivo de las sociedades, debilitando las redes sociales de ayuda y asistencia ante la opción de atender las necesidades propias o las de los sectores marginados.

A más de ello una sociedad cada vez más globalizada trae consigo una más fina conciencia del costo de los programas sociales y sus beneficios para quienes soportan el porcentaje mayor del financiamiento, ya sea a través de impuestos o del pago directo por el servicio que no siempre es de calidad.

El costo de los programas será entonces el principal promotor de su replanteamiento en el mundo, pero en el caso especial del mayor estado Bienestarista renuente, los Estados Unidos, a este motivo se el añade la búsqueda de una mayor eficiencia de los programas asistenciales y el reducir la dependencia de los beneficiarios de los mismos, como veremos a lo largo del presente trabajo.

El peso del Estado de Bienestar es enorme, ya que absorbe entre un 20 y un 40 por ciento del Producto Interno Bruto, crítica a la que se le añade el hecho de que durante la década de los ochenta se da un posicionamiento de los partidos y corrientes conservadores tanto en los Estados Unidos como en varios países europeos, Gran Bretaña, Alemania; los cuales apoyan la reducción de la intervención estatal en la economía a favor de un liberalismo comercial y social. [1]

Así, una de las críticas más constantes que se le hace a la forma en como ha evolucionado el Estado de Bienestar, desde su nacimiento al final de la Segunda Guerra mundial hasta el día de hoy, es el crecimiento del sector público en la gestión de la economía en general y en que éste se ha convertido en el principal proveedor para las necesidades de la sociedad en general.

Lo malo de este esquema es que los gastos sociales se incrementan constantemente ante el reclamo de una mayor cobertura y variedad de los programas asistenciales y como son pagados por los presupuestos federales este aumento impacta directamente en la formulación de impuestos diversos con el fin de obtener los recursos necesarios para la atención de las exigencias de la población.

Cada presidente estadounidense ha tratado de armonizar fiscal y presupuestariamente el pago de los servicios sociales y el de los otros programas de la administración federal. Por ello, algunos especialistas consideran la transformación radical del Estado de Bienestar como un imperativo del avance administrativo gubernamental en pos de una mayor eficiencia, que logre la activación del comercio, el impulso a la industria y el mejoramiento de los niveles generales de la población.

Ven al gasto de bienestar como un lastre por su tamaño, no se niega la importancia de invertir en la sociedad, pero critican su crecimiento desmedido frente a las necesidades del mercado, por lo cual apoyan una reducción en ese rubro y un aumento en el apoyo al desarrollo bélico-industrial, conocido como Warfare State, el cual contribuye a la creación de empleos, a la inversión en industrias rentables y activación de la economía en tiempos de crisis.

El Estado de Bienestar aparece y se consolida por un conjunto de cambios dados al final del siglo xix e inicios del xx, tales como la ruptura de los sistemas de organización social y sus redes de seguridad, que supone una transformación de la economía de mercado marcada por la revolución industrial; la aparición de nuevos sistemas de organización social, como los sindicatos; un elemento ideológico que a la par de ser liberal, apoyaba políticas bienestaristas y objetivos sociales siguiendo los modelos planteados por Keynes; y, el cambio de interpretación del funcionamiento de la economía y del papel del sector público en el manejo de las crisis económicas que se producen en la década de los años treinta.

A estas causas podemos añadir, para el caso de los Estados Unidos, el impacto de la Primera Guerra Mundial en la economía global y el de la Gran Depresión del 29 que llevó a una situación de crisis insostenible para la preservación del Estado. El presidente Roosvelt no tenía un gran margen de acción, debía atender los reclamos sociales que se convirtieron en prioritarios para la recuperación de la economía nacional. La solución no podía provenir de una continuación de las políticas liberales a ultranza, por lo que se da un viraje pragmático hacia la conjunción de políticas sociales, asistenciales y liberales, diseñando un nuevo tipo de Estado Pragmático-Asistencial.

A esta construcción del Estado de Bienestar se opondrán diversos argumentos, entre los que destacan el fin del consenso keynesiano a nivel global; los efectos perversos de la política social y el financiamiento del Estado de Bienestar en las finanzas gubernamentales y el nivel general de vida; los fallos del propio Estado en la proporción de servicios adecuados según los reclamos de la población; el cambio demográfico por envejecimiento de las sociedades industriales avanzadas y el cambio de los patrones familiares; la globalización de a economía, sobre todo en momentos de crisis; cambio en el funcionamiento del mercado de trabajo y el debilitamiento de efecto de legitimación del gobierno a través de programas sociales, con la consecuente pérdida de lealtad política y social.

Ahora bien, dicha transformación de las políticas asistenciales tiene un impacto en el desarrollo de la sociedad a la cual sirven, tanto negativo como positivo, expuesto con mayor acritud en los sectores marginados, los cuales no participan directamente del debate político sobre estos cambios y por ello no siempre pueden poner sus necesidades en la mesa de discusiones.

Por ello el tema de la pobreza deberá ser considerado al momento de analizar al Estado de Bienestar, observar cómo el desarrollo de las políticas asistenciales condenan a quienes se encuentran por debajo del nivel de pobreza a una situación de postración continua o si en verdad ayudan a escapar de ella. Comenzando por comprender quienes son los pobres y a qué se le considera pobreza, localizar los sectores más vulnerables y sus causas.

Este conocimiento nos proporcionará argumentos para comprender mejor las características de la implementación y la transformación del Estado de Bienestar en los Estados Unidos, así como observar su impacto en el desarrollo de la pobreza, lo que constituirá nuestro objetivo principal.

Para lograrlo comenzaremos con un análisis de algunas características particulares de la formación del Estado en los Estados Unidos, la ideología que lo sustenta y los principales conceptos que lo construyen a un nivel macro. Acto seguido se continúa con la apreciación del fenómeno de la pobreza en la nación, el desarrollo de la idea de pobreza y sus particularidades para la sociedad estadounidense.

Este marco conceptual  será complementado con el conocimiento de las cifras de la pobreza, donde se exponen las principales características numérico-sociales del fenómeno y sus movimientos en las últimas décadas. Los modos y formas de medir la pobreza, los sectores especialmente vulnerables y su crecimiento o decrecimiento en un periodo dado.

Con ello podemos abordar el tema de la construcción del Estado de Bienestar que nos ocupa, sus características generales y sus particularidades en los Estados Unidos, los programas más importantes que lo sustentan y su transformación, así como las propuestas de las diversas administraciones presidenciales, con un énfasis particular en los servicios de salud, tan sensibles para la población en general, no sólo para la marginada por la pobreza.

Visto lo anterior concluiremos con una reflexión sobre el estado de la pobreza y su relación con las transformaciones de los programas sociales, la veracidad o no de algunos argumentos contra el individuo en condición de pobreza planteados con anterioridad y el gasto que se realiza en algunos sectores del Estado de Bienestar frente a la inversión en el rubro militar.

Trataremos de establecer si la evolución del Estado de Bienestar responde o no a los objetivos para los cuales fue construido y en que medida afecta a las personas en pobreza, si puede ser causa de un mayor deterioro en las condiciones de vida de los sectores marginados o si da la plataforma adecuada para la superación del estado de postración económica.

[1] Rafael Muñoz de Bustillo (editor); El Estado de Bienestar en el cambio de siglo; Alianza Editorial; Madrid, España; 2000; p. 19

Una excelente explicación la causa de la pobreza.  Para que alguien se lo explique al zumbado de la Moncloa.  Ni siquiera toma dos tardes entenderlo.

Retomamos el curso político de modo más o menos oficial. Ya que he permanecido inactivo durante buena parte de las vacaciones estivales, me ha parecido oportuno volver a la arena escribiendo sobre la resaca de las elecciones europeas del pasado junio. Si bien es comprensible que durante el verano los diarios generalistas y los principales medios audiovisuales ralenticen su actividad buscando, en ocasiones, un relleno informativo que puede convertir su contenido en poco acreedor de este adjetivo, este mes de septiembre parece propicio para retomar grandes asuntos, huyendo de la polémica sensacionalista en torno a la trama Gürtel y las acusaciones del PP al Gobierno de espionaje; lo cual, por otra parte, no quiere decir, ni mucho menos, que un presunto escándalo de corrupción de mayores dimensiones que el de Filesa o unas acusaciones por parte del principal partido de la oposición que en su día costaron el cargo a un presidente de los Estados Unidos no merezcan la debida atención.

Es hora de que los partidos situados a la izquierda del espectro político, de carácter democrático y con representación parlamentaria, comiencen a reflexionar sobre el presente y planifiquen su propio futuro, con el fin de inventar o encauzar un porvenir para sus respectivos países, Europa y el resto del mundo. Porvenir que, mucho me temo, se presenta cuajado de inquietudes, amenazas y piedras en el camino. La izquierda europea en general y la socialdemocracia en particular parece haber percibido y definido, mal que bien, cuáles son esos peligros y escollos; sólo le falta -nada menos- averiguar en qué camino se encuentran, para no perderse campo a través. Situarse en el camino permitiría delimitar los problemas y establecer la secuencia y el modo en el que se han de resolver. Hasta entonces, las diversas tendencias que conforman el espectro político de la izquierda sólo podrán oponer palabras sin contenido específico a las propuestas y medidas de la derecha: si se habla de “eficiencia y ahorro”, la izquierda no puede limitarse a decir: “servicios públicos y solidaridad”; si las fuerzas más o menos conservadoras proponen “recorte del gasto”, las progresistas no pueden quedarse en “inversión y empleo público”, si alguien afirma que “el ser humano está para aprovecharse de los recursos naturales porque es el centro” no podemos quedarnos en “lucha contra el cambio climático”.

Es necesario dotar de un contenido pleno y concreto a estos conceptos. En primer lugar, porque son más difíciles de explicar y requieren de una elaboración intelectual y científica más compleja y, en segundo lugar, por causas derivadas del clima socio-político imperante en los países occidentales: la situación creada tras la caída del Muro de Berlín ha situado a la doctrina neoliberal en cabeza, ya desde la línea de salida hasta que se ha convertido en hegemónica. La falta de sistemas alternativos, que aseguren mayor calidad de vida y un espacio de participación ciudadana más amplio, parecen dar la razón a las tesis de Fukuyama. El neoliberalismo es, hoy por hoy, una idea-fuerza, que impregna el discurso de todas las formaciones políticas aspirantes a obtener una amplia representación parlamentaria, incluidas aquellas situadas o denominadas -generalmente a título personal- de izquierda. Paradójicamente, la superación de este modelo económico, cultural y político pasa por la actuación dentro de los parámetros del mismo. Por ello, quienes de verdad abracen el compromiso del progreso y de la transformación social con vistas a vivir en un mundo más justo, no pueden limitarse a replicar a las fuerzas conservadoras y reaccionarias anteponiendo una palabra o consigna, es necesario dar, constantemente, un paso más allá: a cada palabra, una frase; a cada consigna, una propuesta articulada, escueta pero concisa y, como no puede ser de otra manera, mantener una presencia lo más constante y amplia posible en los medios de comunicación de masas y en aquellos surgidos al amparo de las nuevas tecnologías.

Ante este panorama, es necesario un cambio de rumbo inmediato y decidido en la izquierda española pero muy especialmente en la socialdemocracia. Percibo un acomodo peligroso e “institucional” del PSOE gobernante. Da la impresión de que en este punto de la legislatura impera “cumplir” con los compromisos y promesas realizados a propios y extraños para poder gobernar con desahogo y estabilidad y que ahora, parece, estos últimos pretenden cobrar todo junto y de una sola vez. Algo así puede resultar fatal cuando se aprecia en el partido gobernante un viraje a la derecha en materia económica y que, si no fuera por una política social progresista cuyos ejes son la salvaguarda y defensa de los Derechos Humanos y la ampliación de los derechos civiles, podría invitar a hablar sin empacho de un proyecto económico socio-liberal y ya sabemos que, como diría un buen amigo mío, entre el original y una mala copia, la opinión pública y el electorado tiene a quedarse con el primero.

Ya es hora de abandonar las promesas cortoplacistas para poner en práctica reformas profundas en el modelo económico español. Tenemos tres escasos años por delante -si todo no se tuerce definitivamente- para que las energías renovables y la investigación científica y tecnológica se conviertan en el motor de crecimiento, para realizar los cambios oportunos en el mercado laboral que premien la excelencia de los profesionales en estos sectores y para establecer un marco de regulación efectivo en la política financiera y hacendística, que se constituya en árbitro de los intereses generales, velando por todos aun a costa del enfado de unos pocos.

No obstante, con un modelo de Estado adelgazado y debilitado por ocho años de gobierno de Aznar y un Partido Socialista que, parece, no ha sabido o no ha podido salir de esa tendencia privatizadora para devolver al Estado su papel y tamaño anterior a ese desaguisado, se impone ahora la siguiente pregunta: ¿qué hacer para invertir la tendencia privatizadora y, en definitiva, para frenar el modelo neoliberal? Podemos criticar por todos los frentes el modelo político y económico neoconservador pero si no se propone una situación alternativa creíble que “suene” constantemente en los medios, el socialismo español estará perdido. Para invertir esta tendencia, el PSOE debería construir el edificio empezando por la región donde el imperio del modelo es más evidente: la Comunidad de Madrid. Si el PSM no es capaz de hilvanar propuestas concretas, pragmáticas y coherentes para explicar a la ciudadanía cómo recuperar para la cosa pública lo que ha sido privatizado o, al menos, a corto y medio plazo, para invertir definitivamente esta tendencia, las y los socialistas y la izquierda en general estarán perdidos y la Comunidad de Madrid, junto con su población, quedarán -más todavía- alejados de sus propuestas y recetas, hasta que el Gobierno de España, más temprano que tarde, entone un requiem por la política socialdemócrata y progresista.

Podéis encontrar este artículo en Progreso 21

Esta noticia es de escándalo: España invierte el doble de dineros públicos en subsidios de desempleo y jubilaciones anticipadas que en formación, tanto de trabajadores en activo como de parados.  Para ser más exactos: 1,4% del PBI destinado a subvenciones contra 0,4% destinado a formación.

Y es una noticia escandalosa porque -entre otras cosas- la tasa de paro en España (18,1%) es el doble que la media europea.  Y sigue subiendo, pese a lo que diga el gobierno.  Más de 4 millones y con altísimas probabilidades de llegar pronto a 5 a pesar del tuneo de cifras del gobierno.  De los cuales, apenas 628.000 han recibido cursos de formación.  Según los analistas “en menos de tres años el porcentaje de desempleados que recibe formación se ha reducido en siete puntos porcentuales”.

Pero el problema más grave radica en que -según las estadísticas- el 40% de los desempleados registrados en el INEM tienen una probabilidad “baja” o “muy baja” de encontrar un trabajo.

Además, más de 700.000 parados llevan ya más de un año buscando trabajo, y no lo encuentran.

Frente a esto, el gobierno no para de sacar conejos de la chistera y anuncia que va a pagar un subsidio de 420 euros a aquellos parados que hayan agotado su prestación a partir del 1º de agosto, dejando de lado a a aquellos que la vieron agotada antes, en un alarde de improvisación que lleva injustas discriminaciones.

¿No sería mucho más lógico pagar cursos para que esos parados puedan reciclarse y reinsertarse en el mercado laboral?  ¿No sería mucho más lógico reducir las cargas sociales y liberalizar las formas de contratación, para que los empresarios no teman emplear a más gente?

Claro que sería más lógico. Pero los políticos se quedarían sin clientela.

Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo á Roboam; según el rey lo había mandado, diciendo: Volved á mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado; Y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré á vuestro yugo; mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo; porque era ordenación de Jehová, para confirmar su palabra, que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita á Jeroboam hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vió que el rey no les había oído, respondióle estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¡Israel, á tus estancias! ¡Provee ahora en tu casa, David! Entonces Israel se fué á sus estancias. (I Reyes 12:12-16)

La retórica del mercado libre de Ronald Reagan y Margaret Thatcher ayudó a que la gente pierda confianza en el “estado de bienestar.” A esto le sumamos el colapso de la URSS. ¿Pero con qué sustituimos el socialismo en España? Por eso he dicho que las lecciones económicas de la Biblia son tan importantes. Nos da el panorama moral necesario para saber qué es la legitimidad. Si cae el sistema, habrán otros que busquen sistemas más autoritarios. Algo así está ocurriendo en los EEUU con el presidente Hussein Obama, un hombre que ni siquiera sabemos quién es su padre porque se niega a dar su certificado de nacimiento. Oye Obama, una pregunta ¿por qué demonios escondes tu certificado de nacimiento? ¿Quién es tu padre, Obama? ¿Quién es tu papi, Obama? DEJA DE OCULTAR LA INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS QUE TE PAGAN. ¿Y qué ha hecho Obama ante la crisis? Incrementar las represión del Estado y ahora hasta los pastores son victimas de la policía federal en los EEUU. Yo creo que es hora de que contemplemos todos hasta cuando vamos a aguantar tanta tiranía y socialismo estatal. No sé si ha llegado el momento de revolución pues no soy un profeta. Lo importante de mi mensaje hoy es saber qué es la libertad y que ésta depende del consentimiento de los ciudadanos. ¿Vamos a seguir consintiendo que nos roben y que nos pisoteen nuestros derechos inalienables que vienen de Dios?

El Partido Popular, ese partido político que se define como partido centrista, realiza un enorme esfuerzo por presentar su verdadera ideología como una ideología realmente de centro. Y no sólo eso, sino que además pretende hacer creer a la ciudadanía española que es el más fime defensor de la modernidad.

Lo hace sometiendo a las ideologías a un verdadero carnaval, disfrazando sus ideas neoliberales, que implican rescatar lo peor del liberalismo decimonónico y trasnochado, como las ideas del progreso y del futuro.

Quien dedica mayor tesón en ello es la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ayer calificó a José Luis Rodríguez Zapatero de “sindicalista retrógrado y piquetero”. Lo cual no deja de ser paradógico. ¿Quién es más retrógrado: quien, como el Presidente de nuestro Gobierno, pretende mantener la protección a los trabajadores propia del Estado de Bienestar, desarrollado en Europa tras la II Guerra Mundial; o quien, como la condesa de Murillo, desea acabar con la reglamentación del mercado de trabajo y volver a una situación propia del siglo XIX?

Juventudes Socialistas de España ya advirtió de la subversión a la que el PP somete a las ideologías. Hoy, más que nunca, cobra pleno sentido el cartel que en la campaña de las últimas elecciones europeas presentaron las JSE:

Vamos a volver sobre el tema en varias ocasiones, pero para empezar, quiero compartir este vídeo con vosotros, que es bastante instructivo.

Cuando unos chupópteros, escudándose en una ficción jurídica llamada “estado” e invocando un “bien común” que sólo es el bien de unos pocos -los chupópteros-, se COMEN la mitad de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu INGRESO, creo que es totalmente legítimo querer escapar del infierno e instalarse en un paraíso.

Piénsalo.  Otra vida es posible.

Andrea Fumagalli enseña Economía Política en la Universidad de Pavía. Sus investigaciones se centran en la transformación del capitalismo y en la hipótesis del capitalismo cognitivo. Ha sido de los primeros que ha defendido en Italia el establecimiento de una renta garantizada. Participa en la organización de la red EuroMayday. Recientemente ha publicado Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione, (Rome, Carocci, 2007) y, junto a Stefano Lucarelli, Basic Income and Productivity in Cognitive Capitalism ( Review of Social Economics, vol. 68, n° 1, marzo de  2008).

DISCUTE EL TEXTO EN EL COLABORATORIO DIGITAL ABIERTO

[Traducción del italiano: Diego L. Sanromán]

Las transformaciones del mercado de trabajo de los dos últimos decenios han hecho urgente una redefinición de conjunto y una rearticulación de las políticas de welfare. Dicha cuestión no siempre ha suscitado el interés adecuado del pensamiento económico de izquierdas y alternativo. En el debate socio-económico actual, dos son las concepciones del welfare que, sobre todo, atraen la atención de los estudiosos y de la política: por un lado, el workfare y, por otro, el welfare público de inspiración keynesiana. Con el término workfare se hace referencia a un sistema de welfare no universalista de tipo contributivo (esto es, en el que cada uno recibe en función de cuánto da, como ya ocurre hoy con la reforma de la seguridad social), estructurado en torno a la idea de proveer una ayuda en última instancia allá donde se den condiciones existenciales que no permiten trabajar y, en consecuencia, acceder a aquellos derechos que sólo la prestación laboral está en condiciones de garantizar. La idea de workfare es, por otra parte, complementaria de los proyectos de privatización de buena parte del welfare público, empezando por la sanidad, la educación y la seguridad social. Tales proyectos encuentran hoy su fundamento en el llamado ‘principio de subsidiariedad’, según el cual, en las materias que no son de competencia propia exclusiva, pueden intervenir niveles superiores de gobierno (i.e., el Estado) sólo y en la medida en que se considera que los niveles inferiores (i.e., las Regiones) no están condiciones de conseguir los objetivos previstos de manera satisfactoria. Traducido a la práctica, esto significa que la intervención pública puede tener razón de ser sólo donde la iniciativa privada no está en condiciones o no considera conveniente intervenir. Mientras, por otro lado, el workfare tiene como objetivo inmediato y parcial sólo a quien se encuentra fuera del mercado de trabajo, como los parados y los jubilados que cobran las pensiones más bajas, y se basa en la neta distinción entre políticas sociales y políticas laborales. Un concepto, pues, meramente fordista con el añadido de un marco neoliberal conforme al modelo anglosajón: incentivos al trabajo y estado social mínimo. El protocolo sobre welfare, competitividad y mercado de trabajo del 23 de julio de 2007, destilado por el entonces ministro de Trabajo Cesare Damiano, quería representar su aplicación en Italia. El decreto 112 del último agosto, que anticipa las líneas de la Ley Presupuestaria para el trienio 2009-2011, sanciona su realización. Lo confirman los recortes en el gasto destinado a ciertos ministerios en el desarrollo de sus competencias: 8400 millones de menos para 2009, que se convertirán en 15600 millones en 2011. Lo confirma la reescritura del pacto de estabilidad con los entes locales (reducción de cerca de 3000 millones en 2009 y de 9000, en 2011) que traerá consigo la simpática consecuencia de aumentar las tarifas de los servicios públicos en perjuicio de los residentes o de proceder a ulteriores privatizaciones. Lo confirman también los recortes al fondo nacional para el sistema sanitario nacional, que conocerá, en 2009, una reducción del gasto sanitario de casi el 3% en términos reales y del 2% en 2011, con la consiguiente reducción de camas hospitalarias y de gastos para el personal (bloqueo de los turnos, redimensionamiento de los fondos para la contratación complementaria, etc.). Lo confirma el inicio de un principio de desmantelamiento de las universidades públicas en beneficio de su transformación en fundaciones de derecho privado (¡ni siquiera de derecho público!). Pero esto no basta, aún hay más. Como toda buena política de workfare exige, también están obviamente presentes las intervenciones en el ámbito del mercado de trabajo y de la subsistencia (aunque sólo para los ciudadanos italianos autóctonos). Y ahí tenemos, entonces, la controvertida norma sobre los trabajadores precarios, que tan sólo prevé una escasa compensación monetaria para los trabajadores con contrato de duración determinada en contencioso con los empleadores, y ya no su contratación, con lo que vuelve ‘legalmente’ estructural, vitalicia, la precariedad. Y, paralelamente, hace su aparición la limosna de una ‘social card’ (según el modelo de las cartillas de racionamiento del período bélico) que permite la adquisición de bienes alimentarios de primera necesidad a los indigentes.

A esta idea de workfare, se quiere contraponer –sobre todo, por parte de la llamada izquierda radical- el retorno del welfare público o keynesiano. El Estado debería hacerse cargo de una intervención de alcance universal con capacidad para garantizar a todos los ciudadanos (que no siempre coinciden con los residentes) algunos servicios sociales básicos, como la salud, la educación y la asistencia a lo largo de toda la existencia (de la cuna a la tumba, según la famosa definición del informe Beveridge de la segunda posguerra) a cambio de la participación en el trabajo y en la definición de un pacto social entre los factores de la producción. En cuanto al hecho de que algunos servicios sociales primarios (como, por ejemplo, la educación y la sanidad) deban seguir siendo públicos, no hay duda de ningún género. Sin embargo, con la crisis del modelo fordista, vienen a establecerse algunas precondiciones para que tal modelo pueda cumplir su cometido de forma equitativa dentro de un marco de justicia social. Me refiero en particular a la crisis del estado-nación, entendido como ámbito nacional en condiciones para desarrollar políticas económicas de modo independiente, aunque también de forma coordinada, con respecto a otros estados; a la imposibilidad de medir la ganancia de productividad y, en consecuencia, de proceder a su distribución entre beneficios y salarios; a la impracticabilidad de establecer relaciones industriales no concertativas entre partes sociales que se reconocen recíprocamente como contrapartes conflictivas y legitimadas en el nivel institucional con capacidad para representar de modo claro y unívoco los intereses empresariales y de los trabajadores. Ninguno de estos tres presupuestos está presente hoy en el capitalismo cognitivo desde el momento en que el dispositivo de gobernanza político-social ya no puede retornar al modelo fordista. En otras palabras: el welfare keynesiano es insuficiente. ¡Queremos más! De donde se sigue la necesidad de reformular la idea del welfare state, en lo que nos detendremos en breve. Si bien éstas son las dos concepciones fundamentales sobre el terreno, otras hipótesis, que representan situaciones particulares e híbridas, son posibles: el welfare escandinavo, por ejemplo, que da origen a las políticas de la flexicurity, que se presentan como un momento de síntesis del welfare keynesiano de tipo no siempre universalista, pero equilibrado con las exigencias de flexibilización del mercado de trabajo y la existencia de un mercado de trabajo fuertemente homogéneo, incorporando algunas de las características del workfare. Y, por el lado latino-mediterráneo, podría citarse también el welfare familiar, una mezcla de workfare y de asistencialismo no universalista.  

¿Cómo se puede, entonces, repensar un welfare state en la época del capitalismo cognitivo? En primer lugar, debe estar en condiciones de afrontar los dos elementos principales que caracterizan a la actual fase capitalista en los países ‘occidentales’: la precariedad social; la distribución de una riqueza que tiene su origen en la cooperación social y en el general intellect. Con respecto al primer punto, el mundo del trabajo aparece cada vez más fragmentado, no sólo desde un punto de vista jurídico, sino sobre todo desde una perspectiva cualitativo-subjetiva. La figura del trabajador asalariado industrial es una figura emergente en muchos lugares del globo, pero está declinando de forma casi irreversible en los países occidentales en beneficio de una abigarrada multitud de figuras atípicas y precarias, empleados, parasubordinados, autónomos, cuya capacidad organizativa y de representación está cada vez más vinculada al predominio de la contratación individual y a la incapacidad de adecuación de las estructuras sindicales fondistas. La preeminencia de la contratación individual con respecto a la colectiva vacía la capacidad de representación de las fuerzas sindicales tradicionales. El intento de recuperar tal capacidad por medio de estrategias de concertación ha mostrado todos sus límites, hasta el punto de desnaturalizar el papel del sindicato como fuerza con capacidad para representar los intereses del trabajo en instituciones de control y de sucumbir a los intereses empresariales bajo el paraguas de las compatibilidades económicas dictadas por la nueva jerarquía económica internacional. Con respecto al segundo punto, la producción de riqueza ya no está exclusivamente fundamentada en la producción material. La existencia de economías de aprendizaje (que generan conocimiento) y de economías de red (que permiten su difusión en niveles diversos) representan hoy las variables que están en el origen de los incrementos de la productividad; una productividad que, cada vez más, deriva de la explotación de bienes comunes que emanan de la naturaleza social del género humano (como instrucción, sanidad, conocimiento, espacio, sociabilidad, etc.) y que, en consecuencia, se configura como resultado de la ‘cooperación’ social. En semejante contexto, una intervención de welfare debe saber responder al trade-off que regula de modo inestable el proceso de acumulación inherente al capitalismo cognitivo contemporáneo: la relación contradictoria entre precariedad y cooperación social. De forma aún más particular, se trata de remunerar la cooperación social, por un lado, y de favorecer formas de producción social, por otro. La remuneración de la cooperación social significa garantía de una renta individual, incondicionada, para todos aquellos que operan en el territorio, al margen de sus estatus profesional y civil. Puesto que la cooperación social va bastante más allá de la prestación laboral eventualmente reconocida y certificada y tiende a coincidir con la existencia misma, la remuneración de la cooperación social procede del salario eventualmente percibido más un basic income, que debe ser entendido como una especie de compensación monetaria (precisamente, una remuneración) por la productividad social y no como una mera intervención asistencial. Tal medida debe ir acompañada de la introducción de un salario mínimo por hora, con el fin de evitar que se pueda generar un efecto de sustitución entre el basic income y el propio salario en beneficio de la empresa y en menoscabo del trabajador. Además, dicho basic income, incorporado de forma gradual, prescindiendo del estatus profesional de los individuos y no sometido a medida alguna de control y de condicionamiento, no es sólo una medida de welfare, sino que, en cuanto elemento de remuneración, es también una medida de intervención en la regulación del mercado de trabajo. De este modo, viene a establecerse la distinción entre políticas de welfare y políticas del trabajo de inspiración fordista. La garantía de renta presente en un salario mínimo permite, de hecho, ampliar las posibilidades de elección, definir la propia oferta de trabajo y, en consecuencia, intervenir directamente en las condiciones y en la calidad de dicho trabajo. La posibilidad de elección/rechazo del trabajo capitalista abre prospectivas de liberación que van bastante más allá de la simple medida redistributiva con la cual, a menudo, se identifica y por la que se critica al basic income. El desarrollo de la producción (cooperación) social requiere, como premisa, la reapropiación y la distribución de las ganancias que derivan de la explotación de los bienes comunes que están en la base de la acumulación actual. Dicha reapropiación, hoy, no se obtiene necesariamente con la simple garantía de la propiedad pública (de aquí la crisis del welfare público keynesiano). Si tal cosa es posible en el caso de los servicios básicos, como la sanidad, la educación o la movilidad territorial, en otras situaciones, es menos lineal, menos evidente, más híbrido, más opaco. En el caso del conocimiento, por ejemplo, es necesario basarse en el concepto de ‘bienes comunes’ y de ‘propiedad común’, por cuanto el conocimiento no es, y no puede ser, un bien exclusivamente privado o exclusivamente público.

Es sobre estas bases sobre las que puede lanzarse la apuesta –ahora inaplazable- de construcción de una propuesta de welfare y de práctica de lo común desde los movimientos.

VERSIÓN ITALIANA EN: POSSE.

Señores lectores: he escrito varias veces sobre el tema migratorio y todavía hay algunos que se empeñan en decir que mis posturas no son liberales y que peco de xenofobia. Bien, he recibido tantos mensajes de otros liberales pidiendo que aporte argumentos concretos contra algunos de los que me han dejado en artículos anteriores que merece la pena, ya de una vez, dar mis argumentos en orden, y punto por punto.

En segundo lugar: a mí me leen españoles y extranjeros. Creo en la igualdad de oportunidades para todo el mundo, dentro de un marco legal, por ejemplo, igualdad ante la ley en materia de justicia criminal. Pero lo que no voy a hacer es entrar en el juego nazi y progre, porque ambos se parecen y no me van a convencer. Antes de continuar, un apunte: Es recomendable leer TODO lo que digo y no sólo lo que les molesta. No se publicarán comentarios que se salgan del ideario de este artículo, así que quedan avisados.

1. “Alfredo, sus duras posturas contra la inmigración nos hace pensar que usted cree que el Estado debe ser el dueño de todas las tierras de la nación. Eso se llama socialismo.”

Este es el típico “argumento” que me sueltan las mascotas de Libertad Digital y los becarios a sueldo del Instituto Juan de Mariana. Bien: mis lectores fieles saben perfectamente que jamás he dicho que el Estado debe ser propietario de las tierras de la nación ni de la vida de los extranjeros. Lo que he dicho, y SIGO diciendo, es que dado a que el Estado YA es propietario de ciertas propiedades/potestades públicas, en la mayoría de los casos extorsionando a sus legítimos propietarios, lo mínimo que le debemos exigir es que use esas propiedades de una forma o de la forma que más se asemeje a lo que haría un propietario individual. Esto significa que la política de extranjería ha de ser selectiva, limitada, por invitación y a través de convenios individuales con los países. Lo que me parece totalmente incongruente con ser liberal es intentar elaborar una política de extranjería basándose en las posibilidades de que vayan a votar a un partido u otro. En España, tanto el PP como el PSOE quieren esta política de puertas abiertas porque sólo buscan más votos. Los españoles somos los “dueños” de España y ya que tenemos un sistema socialista tan nefasto, qué menos de pedir que por lo menos nos quede “algo” que decir sobre lo que es nuestro. Entiendo que esto último que digo no cuela con quienes argumentan que “no todos los españoles” opinan como yo — pero es que no se trata de estadísticas sino de hechos. ¿Quiénes deberíamos ser “propietarios” del “porvenir” de este país? ¿Es lógico o justo que una persona que jamás haya pisado suelo patrio, venga aquí de “turismo” y tras unos meses ya pueda votar en las municipales? ¿Qué clase de liberalismo es eso? ¿El caos es liberalismo? No señores. Los que defienden una política de fronteras abiertas ignoran que generaría un caos grave a nivel internacional.

2. “Su postura es racista.” Mi postura poco tiene que ver con origenes y razas ya que he dicho en reiteradas ocasiones que la inmigración EN SÍ es un problema tal y como se elabora ahora debido al socialismo. La postura que defiendo no tiene raza alguna, y es compartida por un amplio sector de la población en España y en otros países europeos, por gente de todos los origenes raciales y étnicos posibles. La política liberal no construye sentimientos racialistas en cuanto a la estructuración de un Estado ya que eso sería una forma de socialismo, en este caso, Nacional Socialismo, o nazismo, para entendernos. Tanto el nazismo como el comunismo son dos posturas que tienen muchísimo en común, a pesar de que los fracasados de la vida, en su mayoría skins, que integran ambas formaciones lo niegan.

3. “Fronteras abiertas” es la postura liberal.” No, no, no.

Creo que lo liberal es debatir sobre esta cuestión pero la inmigración de “papeles para todos” habría que ponerla en otra categoria porque sus consecuencias alteran de forma radical la composición de un cuerpo político y democrático que es, para mí, fruto de una herencia cultural. Me pongo a pensar, por ejemplo, en ¿qué pasaría con los cantones suizos o Suiza con una política de fronteras abiertas para todos? Suiza, uno de los países más liberales del mundo, tiene una política bastante sensata con el tema migratorio ya que en temas de nacionalidad por ejemplo, se deciden a nivel federal, de una forma bastante democrática, muchísimo más democrática que la imposición de “papeles para todos” porque a un dirigente como Zapatero le haya salido de las narices hacerlo sin consultar con nadie. Lo democrático es que los súbditos del Estado tengamos voz y voto en decisiones que nos afectan de forma directa, y que alteran, en muchos casos, nuestro estílo de vida. Esto no es ir en contra de los inmigrantes como personas, pues bien es cierto que hay bellísimas personas que son inmigrantes y que han estado trabajando en nuestro país durante años, en muchos casos realizando trabajos durísimos. No deberíamos vincular al inmigrante como individuo con la política de inmigración que lleva a cabo este desgobierno de impresentables, pues ellos simplemente vienen de acuerdo con los requisitos que establecen los gobiernos. Eso sería tan injusto como vincularme a mí, por ejemplo, con el PSOE.

4. “Una política de fronteras abiertas destrozaría el Estado de Bienestar, y un liberal no puede estar en contra de eso.” Efectivamente, destrozaría el sistema de bienestar, pero, ¿entonces qué? Guerra Civil porque sería imposible asimilar a todo el mundo en un territorio limitado.

5. “Emigrar es un derecho hombre.” No, no lo es. En primer lugar, no existe la “libertad de emigrar” en el orden natural. La gente no puede moverse, incluso dentro de un mismo país, a donde les dé la gana porque nos topamos con la propiedad privada y eso implica que el propietario tiene derecho a incluir y a excluir como se le antoje. Yo no puedo “emigrar” a casa de nadie sin su consentimiento. No es un derecho. Por eso se castiga, con dureza, a los “okupas.” Únicamente puedo entrar en una casa ajena si me invita su propietario y cuando a él le parezca que estorbo, está en su derecho para echarme de su casa.

Termino con dos cosas más y ya les dejo en paz.

I. El Estado y la inmigración