La opinión del Abogado y Docente Universitario….

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Dante Caputo ha señalado, como Consejero Especial de la Secretaría General de la OEA, y lo dijo en Panamá, cosa interesante, que en nuestra América Latina existe un “presidencialismo extremo” entre tanto que los sistemas de control republicanos están “muy debilitados”. A sus declaraciones Caputo siguió sosteniendo que:

“En América Latina tenemos presidencialismos extremos, en el borde del cesarismo”, destacando el hecho de que la reelección en América Latina: “no tiene los mismos mecanismos de control democrático que en Europa”.

Estas declaraciones se producen, cosa que ha sido advertida por otros analistas, en momentos en que en nuestros países ya ha se da dado inicio a deliberar discusiones sobre la reelección presidencial entre tanto también se incluye en el debate político iniciativas para eliminar el límite de los mandatos presidenciales.

A todo eso Caputo ha destacado el hecho, y que junto a personalidades como Miguel Antonio Bernal, nuestro propio hermano y teórico Ramiro Guerra, sin dejar de mencionar a juristas como el extinto César A. Quintero, ya lo habíamos dicho en nuestro medio: que la reelección permanente con sistemas de control republicanos muy debilitados, con un Parlamento que no ejerce plenamente sus funciones y que las delega no es la misma historia que en el viejo continente.

Recordemos: Constitucionalmente el Ejecutivo patrio está diseñado para concentrar demasiado poder y casi sin control alguno. Ya casi célebre, al menos en nuestra cultura política, luego, es el llamado carácter cesarista que Caputo le atribuye a los deficientes y flacos sistemas presidenciales de nuestra irredenta América India.

Por ello ha dicho que estos débiles controles propios de parlamentos inoperantes en cuanto al poder o autoridad que les permitan ejercer controles sobre el Ejecutivo vienen a acentuar “mucho más el rasgo cesarista de los regímenes presidenciales latinoamericanos”, aunque el poder sea necesario “para construir”, advierte Caputo, pero “en el marco del Estado democrático de Derecho”.

Ha destacado nuestro referente tres cuestiones trascendentes para valorar a los sistemas parlamentarios europeos:

1. Se trata de sistemas parlamentarios, donde hay un “permanente” control sobre el Ejecutivo;

2. Donde existe el voto de censura y

3. Donde la mayoría parlamentaria puede llevar a la caída del primer ministro.

Viciada la Constitución Nacional, tal y como está; ausente de nuevos paradigmas que alborean el amanecer del constitucionalismo teorizado, entre otros, por Habermas, Khun, y señalando que está de por medio un neoconstitucionalismo relacionado con la globalización, se impone revisar cuestiones propias de el claro reconocimiento de los “derechos constitucionales” como:

a) debido proceso”,

b) las nuevas ocho modalidades de habeas corpus,

c) “el paradigma de la certeza y no de la verdad,

d) el tema concerniente a la personalidad jurídica y del concepto del non bis in idem y del habeas corpus colectivo o protector de derechos difusos u homogéneos múltiples.

Luego, siendo así las cosas, no cabe duda que de lo que se trata es de perfeccionar el Estado de Derecho.

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Publicado el 27 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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La opinión del Abogado y Docente Universitario….

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Hernán A. De León Batista

Recientemente culminó la convocatoria pública que hizo el Consejo de Gabinete para el reemplazo de dos magistrados de la Corte y sus suplentes; sin embargo, algunos gremios han solicitado al Ejecutivo que no se limite a revisar los requisitos formales establecidos en la Constitución para ser magistrado o magistrada de la Corte, sino que vaya más allá, es decir, que se analice la experiencia que tienen los aspirantes, la independencia de criterio, solvencia moral, entre otros aspectos.

Yo agregaría uno más: ser jurista, ya que al cumplirse simplemente con los requisitos constitucionales para ser magistrado, el mismo adquiere el poder de juzgar, tan terrible entre los hombres, y la facultad de impedir, es decir, el derecho de anular una resolución tomada por cualquier otro, conforme comenta Carlos Luis de Secondat, barón de Montesquieu (1689–1755).

Y digo el requisito o aspecto de ser jurista, a fin de orientarlo mejor a ejercer la noble y delicada tarea de juzgar; de decidir cuál es el derecho aplicable, a qué parte se le debe conceder la justicia; acto con el cual el juzgador fortalece o debilita el estado de derecho de nuestro país, sustento de la estabilidad social de la población.

La justicia, recuerden futuros magistrados, dice el digesto es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.   Marco Tulio Cicerón (196–43 a.C.) al dirigirse a su hijo Marco y darle unos consejos, que les sirven a los juzgadores, en su libro Los Deberes (De Officiis), le dijo que siempre fuera honesto, ya que de la honestidad proceden cuatro principales virtudes, íntimamente ligadas entre sí, a saber: la sabiduría y la prudencia, la justicia, la fortaleza, y la templanza; por supuesto, de cada una de estas virtudes –le dijo– nacen los deberes especiales.

Pero también la injusticia nace con frecuencia –dice Cicerón– y esto le atañe a los juzgadores, por interpretación maliciosa de la ley o por una pérfida sutileza para dar a la ley un sentido que no tiene.

El ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia implica conocer no sólo de los asuntos que le competen exclusivamente a la sala a la que pertenecen, es este caso, para la Sala Penal y la Sala Contencioso–Administrativa, sino también de asuntos de constitucionalidad, de protección de derechos fundamentales y de derechos humanos, incluso, civiles cuando en determinados casos un magistrado se declara impedido y el de otra sala debe entrar a conocerlo, etc. Cada una de estas materias tienen sus propios principios, que rigen su aplicación.

El derecho no es la ley; la ley es una parte, muy importante, pero al fin una parte, del derecho.  El derecho es un equilibrio, un justo equilibrio, entre derechos y obligaciones entre las partes, que se plasman en la ley o en el tratado; cuando se viola una de sus disposiciones, se rompe el equilibrio y es cuando el juez tiene la responsabilidad de restablecerlo con su sentencia.

Es en la interpretación y aplicación de la norma aplicable cuando se presenta la antinomia; por un lado, la aplicación estricta de la ley, y por otro, la impartición de justicia al caso concreto, la equidad. La primera posición, se encuentra inmersa en el principio Dura lex, sed lex: Dura es la ley, pero es la ley; o bien en la respuesta que Poncio Pilatos dio a los sacerdotes judíos (San Juan XIX, 22) quienes le reprochaban el haber escrito sobre la cruz: Jesús, rey de los judíos (San Juan, XIX, 19): Quod scripsi, scripsi: lo escrito, escrito está.

La segunda posición es la interpretación amplia de la ley, de acuerdo con las circunstancias del caso, a través de la equidad para que se logre la justicia. Por eso Aristóteles veía al justo medio en la igualdad o equidad; que para él eran sinónimos, tal como lo decía en su Ética Nicomaquea. De ahí que la naturaleza propia de la equidad está, dice Aristóteles, en corregir la ley, en la medida en que ésta resulta insuficiente a causa de su carácter general.

Lo anterior me lleva a preguntarle a los nuevos magistrados: ¿usted aplicaría estrictamente la ley o la interpretaría buscando la justicia?

Esta interrogante nos lleva a otra más general, ¿es el derecho suficiente como sistema de vida?

El profesor italiano Giorgio del Vecchio se planteaba esta misma duda. Se cuestionaba si al igual que en alguna época se habló del hombre económico; el hombre religioso; el hombre moral; se podía también hablar del hombre jurídico: es decir, si el hombre puede actuar como una abstracción que permita determinar cuál sería, en no importa cuál circunstancia, el comportamiento de un hombre dirigido por su solo y único móvil, sea este económico, religioso, moral o jurídico.

La respuesta está, pienso, en la forma de actuar, de cada uno de los juzgadores, en el campo del derecho. De ahí que lo más importante es ser un jurista.

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Publicado el 27 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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MIGUEL ANTONIO BERNAL

Bajo ese título inicia la obra biográfica del caudillo de la autoría del profesor Manuel Octavio Sisnett: “Belisario Porras o la Vocación de la nacionalidad”, que recibió el Primer Premio en el Concurso de Biografía del Centenario del Dr. Belisario Porras, en 1956.

Traigo a colación a Don Belisario, el Caudillo del pueblo, el estadista, político, luchador, polemista, escritor y profesor, al conmemorarse mañana un nuevo aniversario del “que llegó a ser tres veces Presidente de su Patria, y fue condecorado por catorce naciones diferentes; quien ostentó en su pecho treinta y siete medallas; y perteneció a diecinueve instituciones culturales, políticas, geográficas e históricas; quien poseyó treinta y ocho diplomas de Honor al Mérito, y había recibido siete placas de admiración y respeto; a quien el pueblo agradecido le hizo bustos en vida y llenó con su presencia los primeros treinta años de la Era Republicana, quien supo inscribir su nombre con tinta indeleble en la historia de América y llenar páginas de las historias de Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, salía al balcón del Palacio Presidencial en Avenida Norte, en la ciudad de Panamá a recibir una manifestación de adhesión popular que le hacían los obreros y los empleados del comercio, con motivo de haber firmado la ley que establecía las ocho horas de trabajo”.

En momentos en que los panameños, por la degeneración de nuestro sistema educativo y de los medios, le damos a diario la espalda a figuras verdaderamente destacadas de nuestro acontecer, que sí supieron representar las ilusiones, las esperanzas y los entusiasmos de sus conciudadanos, urge que recordemos y aprendamos de Belisario Porras, “una de esas figuras prestantes que simbolizó toda una época, sobresaliente por mil motivos…”

Acudo obligadamente a la majestuosa y, lamentablemente poco conocida, obra del profesor Sisnett, para recordar y reafirmar que, contrariamente a lo que venimos viviendo de parte de nuestros gobernantes durante las últimas décadas:

“En Porras, el pedagogo afloraba en cada sentencia. Expresaba sus íntimas convicciones como también sus más caras ilusiones. No podía terminar sin mostrar lo que siempre fue, el moralista empedernido en constante lucha por el bien y por la vida virtuosa. Por moralista era severo y hasta llegar a veces a la crueldad porque era un despiadado con los transgresores de la moral y la virtud. El eco de su voz resonaba más fuerte que nunca: “No concluiré sin expresar la convicción de que la moralidad política prevalecerá en mi administración, pues no toleraré la menor violación de los deberes legales y morales que contraen todos los que van a entrar a colaborar en mi gobierno..”

El Estado de Derecho y la democracia, como expresión de Gobierno, siguen siendo una tarea pendiente. Tenemos que aplicar las enseñanzas, el pensamiento y la acción, de quien nos enseñó, con Don Justo Arosemena, el alcance de la panameñidad.

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Publicado el 27 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Esta mañana saltó a todos los medios de comunicación la noticia de que la mayoría de los periódicos de Cataluña tenían una editorial todos ellos conjunta sobre la defensa del Estatuto de Autonomía que ahora mismo está dilucidando el Tribunal Constitucional, de todo lo que dicen solamente tienen razón en parte en lo que especifican sobre las críticas hacia el Tribunal Constitucional, lo demás son sandeces y tonterías sin fundamento ni lógica normal y coherente de ultra nacionalistas catalanes dando igual el signo político que sean ya que lamentablemente la gran mayoría de los políticos

Jose Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña

Al principio dicen que el Estatuto es una ley fundamental refrendada por los electores, mentira ya que se olvidan misteriosamente de decir que fueron a votarlo menos del 40% del electorado, una autentica miseria democrática sabiendo que era necesario saber lo que opinaba la mayoría de la gente que vive en la región para ver si les gustaba o no el estatuto que habían elaborado los políticos en el Parlamento de Cataluña, no se tuvo en cuenta lo que decía la gente sobre el Estatuto antiguo, los políticos se olvidaron completamente en beneficio suyo, así que no me vengan con que todos los ciudadanos lo han refrendado o una gran mayoría porque es una gran mentira.

Otras cosas que dice erróneamente la editorial son ya aspectos que demuestran lo mal periodistas que son, ya que escriben de temas relacionados con la justicia, que llamen a juristas, abogados y les sirva como fuente, con esto que digo, me remito a que califican al Constitucional como “Corte de Casación”, el que haya escrito la editorial se ha lucido, cualquiera que sepa algo de leyes sabrá que el Constitucional no es una corte de casación sino que es un órgano independiente de la Justicia cuya labor es ser el intérprete máximo de nuestra Constitución, queridos periódicos catalanes cuando se habla de Corte de Casación se refiere al máximo tribunal judicial de un Estado, aquí es el Supremo y eso de Corte se dice normalmente en Iberoamérica, no aquí en España, me parece que la labor del buen periodista que es tener unas fuentes fiables, vosotros os habéis envalentonado y decir tonterías, les recomiendo que cuando no sepan hablar de temas jurídicos, no hablen, así quedaran mejor de lo que han quedado.

Lo único que tiene razón como decía anteriormente es la crítica que hacen al Tribunal Constitucional en lo referente a la actual crisis que sufren debido a la gran lucha entre los dos grandes partidos políticos que no se ponen de acuerdo en renovar a los magistrados, magistrados que hace ya unos años deberían haber reemplazado algunos que están ahora mismo por otros nuevos, ni tampoco hay acuerdo en quitarle el gran matiz que ha cogido con los años que es la manipulación que hacen del Constitucional los políticos que provoca que mucha gente en toda España no se fie mucho del Tribunal, ya que muchas de sus grandes resoluciones depende y mucho lamentablemente del Gobierno de turno y de la oposición que haya en ese momento. Otra cosa que les doy la razón y se la da la gran mayoría de ciudadanos del país es la gran tardanza que llevan para dictar sentencia, llevan ya unos tres años y medio y siguen todavía sin tener nada claro, solamente sabemos algunas filtraciones aunque no son de mucha calidad por lo que se puede leer de ellas.

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid

Me parece bastante inquietante cuando dicen “podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional”, o también cuando dicen “Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España”, leyendo esto da a pensar que si algunos artículos del Estatuto son declarados inconstitucionales, se irá a la mierda todo el Estado de Derecho donde vivimos y se cerrarán los medios para vivir en armonía todos los españoles, menuda tontería que se han inventado ahora, es muy errónea la visión dramática que tiene la editorial sobre los catalanes de que tienen preocupación sobre lo que dirá en Constitucional, a la gran mayoría le va a dar igual que digan que el Estatuto es o no inconstitucional, la gran culpa de los resentimientos, envidias y rencores entre los catalanes y el resto de España la tienen los políticos catalanes que no se preocupan por las cuestiones ordinarias de la gente, solo les importa tener más y más autonomía, pero también en cierta medida los políticos nacionales al no saber actuar bien ante esta cuestión entre las distintas autonomías españolas.

Símbolo de la Justicia

Me parece detestable que muchos periódicos de Cataluña, algunos de ellos, de bastante calidad como lo son La Vanguardia y el Periódico de Catalunya, hayan podido hacer esta editorial sabiendo que algunas cosas despectivas que han hecho, iba a causar bastante revuelo en todos los medios de comunicación y en la opinión pública, a mí personalmente me parece buena idea de que Cataluña pueda aspirar a tener un mejor gobierno autonómico, lo que no me parece lógico es que con los deseos de tener más poderes, quieran sus políticos obtener competencias que no están reservadas a las CCAA como es la creación de un poder judicial catalán, con lo que tendría como consecuencia que un ciudadano de allí, al máximo órgano judicial que pueda acudir sea el Tribunal Superior de Cataluña, negándole ir al Supremo, a mi esto en vez de cómo decía la editorial quieren dignidad por sus diferencias, esto lo que hace es discriminar como también lo están en el tema de idiomas insultando al castellano diciendo que hay una obsesiva utilización en menoscabo del catalán, otra tontería más escrita, al catalán se le ha dado mucha importancia dándole el estatus de bilingüismo que me parece lo correcto y normal como dice la Constitución, lo que no veo normal es la internacionalización que hacen los políticos catalanes del idioma, el catalán es idioma oficial junto al castellano en Cataluña, no en organizaciones internacionales ni otros sitios aunque les duela.

Así para concluir lo que está claro es que cuando haya sentencia sobre el Estatuto va a traer un gran lio al mundo político en todo el país, ya que está claro que si tumba el Constitucional algunos artículos como es lo que creo que harán, los nacionalistas catalanes echaran humos contra todo lo que no sea catalán, y si lo dicen que es plenamente constitucional, en el resto de regiones se montará una buena ya que pedirán todos los derechos que tiene Cataluña, tendremos que esperar a ver que dice el Constitucional cuando algún día dicte sentencia sobre este asunto.

Argentina y Brasil también rechazan el proceso eleccionario en ese país.
Paraguay anunció que desconocerá el resultado de las elecciones en Honduras por considerar que se efectuarán bajo un gobierno ilegítimo e ilegal.

Paraguay desconocerá elecciones de Honduras

A través de un comunicado la cancillería paraguaya explicó su decisión ya que el gobierno de facto, encabezado por Roberto Micheletti “ha vulnerado el Estado de Derecho y ha violentado las entidades democráticas y constitucionalmente instituidas”.

“A pesar de los intentos de la comunidad internacional por darle una salida dialogada y pacífica a este conflicto (…) el gobierno de facto ha incumplido reincidentemente los acuerdos y las resoluciones emanadas de organismos como la ONU y la OEA“, agrega el documento.

La posición paraguaya es similar a la manifestada por otras naciones sudamericanas, como Brasil y Argentina, quienes manifestaron su rechazo al proceso que vive el país centroamericano, en crisis desde julio pasado, cuando los militares derrocaron al presidente Manuel Zelaya.

El principal argumento de la administración paraguaya, encabezada por Nicanor Duarte, es que no se puede reconocer al vencedor de las elecciones programadas para el 29 de noviembre, a menos que el depuesto gobernante recupere su posición antes de esa fecha.

La comunidad internacional ha realizado insistentes esfuerzos para el retorno de Zelaya al poder. Sin embargo, el gobierno de facto de Micheletti ha rechazado tajantemente esta posibilidad.

Fuente: Altonivel.com.mx
www.altonivel.com.mx

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Hoy, hasta 12 periódicos sitos en Cataluña se han puesto de acuerdo para hacer el mismo editorial. Esto, que es poco común entre medios que compiten entre si, tiene una serie de lecturas a día de hoy, cuanto menos, ominosas. Que tantos medios se hayan puesto de acuerdo hoy para hablar de lo mismo (es decir, que no les quiten lo bailao), siendo medios que habitualmente discrepan entre si, llama bastante la atención. Y además, para presionar nada menos que al Tribunal Constitucional. Esto tiene interpretaciones de muy diversos tipos:

• Políticas: de nuevo, los medios, como la Iglesia, se cree en el derecho de meterse en el debate político (el famoso “cuarto poder”). Siendo la libertad de expresión algo sagrado en democracia, eso no significa que cualquiera pueda llegar y decir, por el procedimiento de “esta boca es mía” a un órgano soberano como es el TC: “oye, que a ver que haces, que como te pongas en contra nuestra te la vamos a liar parda”, básicamente. Que eso lo digan los políticos catalanistas, lo puedo entender, porque forma parte del discurso partidista. Ahora, que un medio de comunicación se empeñe en meterse en política (aunque lo hacen habitualmente), es cuanto menos discutible, y por mucha libertad de expresión que se pueda alegar, la ética periodística (juas) exige ciertos límites en el ejercicio de esa libertad de expresión.
• Informativas: la función de un medio de comunicación es informar y en su caso, opinar. Pero cuando se sobrepasa esta función, cuando se intenta influir en un órgano constitucional y soberano como el TC para que se incline de una forma o de otra, cuando se habla más allá de “respetemos las decisiones del tribunal”, se está entrando en un terreno resbaladizo y cuestionable. Pero si lo es para un político, aún más para un medio de comunicación. Sólo hay que leer el editorial de La Vanguardia para percatarse de esto que estoy diciendo. Se sobrepasa con creces la información o la opinión, que sería en este caso, para entrar en alegaciones y en enmiendas a la totalidad que nos les corresponde hacer. Además, se pone en entredicho de forma expresa que el TC sea capaz de dar una resolución contraria razonada y adecuada a Derecho. Sólo parece haber una posibilidad, que es una resolución a favor, coartando de esta manera la libertad de este tribunal para decidir si realmente una norma es constitucional o no. No, señores de La Vanguardia, esto si no que tiene parangón en democracia. Un Estatuto regional es una ley como cualquier otra, sujeta a Derecho y a la Constitución. Si tiene algún apartado inconstitucional, este deberá ser eliminado o modificado, les guste o no. ¿O es qué tal vez están más cómodos sin fundamentos constitucionales? ¿Es qué tal vez vez nos están diciendo están por encima de la Constitución? ¿Están ustedes a gusto siendo aconstitucionales? Tal vez sea eso.
• Jurídicas: el TC es un tribunal del más alto rango, junto con el Supremo, y tiene unas funciones muy definidas: investigar y decidir sobre si una norma estatal (y un Estatuto autonómico lo es) es adecuado al Derecho constitucional o no. Cualquiera puede, obviamente, opinar sobre si la decisión le parece más o menos correcta, faltaría más, pero NUNCA se puede poner en duda la decisión. Nos puede gustar o no. La podemos recurrir o no. Podemos considerar que es correcta jurídicamente o no, pero nunca negar la plana a un tribunal. Por eso existe la separación de poderes y por eso, a pesar de la libertad de expresión, debemos acatar y obedecer las órdenes de los tribunales. Si no, esto sería un caos. Viviríamos en la anarquía. Algunos lo mismo se sienten cómodos con esa idea, pero la mayoría no. Los ciudadanos quieren normas que rijan la vida en común y les den seguridad jurídica. Si no respetamos las decisiones de los tribunales, ¿qué será lo próximo? No podemos ser tan alegres “prejuzgando” a un tribunal porque su decisión pueda gustarnos o no. Y si no te gusta lo que hay, mira, dilo, presenta tu verdadera cara y deja que los demás veamos que no eres un demócrata, que tus objetivos son inconstitucionales y que no aceptas las reglas de juego, como hacen los terroristas.

Como puede verse, no he hablado conscientemente sobre qué decisión me gustaría a mi. Mi opinión ha versado sobre lo irreal y estúpido que resulta este “agrupamiento” de periódicos alrededor de lo que claramente es una forma de los políticos catalanistas e independentistas de actuar públicamente de forma indirecta para influir en las decisiones del TC. Porque si no, no tiene el más mínimo sentido que diarios como La Vanguardia o El Periódico de Cataluña, muy respetados en el resto de España, se hayan dispuesto a semejante burla al sistema democrático. Porque si ya empezamos por faltarle el respeto a las alta instituciones, mal rayo nos parta en este país cada vez más echado por tierra. Jodidos vamos.

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La opinión de…..

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PACO  GÓMEZ  NADAL

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Todo empieza con las bananeras, sí.   Miento, todo empieza con la conquista, pero eso es más atrás.   La “legalidad” que nos interesa comienza con las bananeras, o cuando amplias porciones de un territorio como este fueron regaladas a las bananeras.   Igual sucedió en el resto de Centroamérica y eran ellas, las bananeras, las que ponían y quitaban gobiernos, las que dictaminaban parte de la política, las que acomodaban las leyes a su antojo.

De ahí viene el muy despectivo calificativo de repúblicas bananeras, que ha quedado en la historia de la semántica desagradable para denominar a todos los países con escasa gobernabilidad y menos soberanía.

Bueno, acá, en Panamá, las bananeras ocuparon miles de hectáreas en Chiriquí y en Bocas del Toro y jugaron con el territorio como quisieron. En Bocas, el Estado era la United Fruit Company y fue ella la que en los 60, supuestamente,   vendió terrenos a Ganadera Bocas, a la familia Guardia.

El inicio de la supuesta legalidad que ahora reclama Mario Guardia en su litigio con las comunidades naso de San San Drui y San San está viciado.

En aquellas épocas, las tierras se vendían, compraban u ocupaban sin importar si sobre ellas moraban personas. Tratados como animales o, en el mejor de los casos, como mano de obra, los indígenas o los colonos pobres eran invisibles, un pequeño problema a extirpar cuando fuera necesario.

La seguridad jurídica funcionaba para un lado, como ahora, no para el otro.   En este pequeño cuento que les echo llega el momento de la democracia,  del nuevo estado de derecho, de la Constitución, de los convenios internacionales, de la supuesta justicia social.   Pero este nuevo Estado se funda sobre las cenizas del viejo, del régimen del gamonal y de las cuatro familias que a la sombra de los colonizadores –españoles primero, colombianos después y, finalmente, estadounidenses disfrazados de Canal, de banano o, ahora, de AES– siempre se han beneficiado de la explotación de sus connacionales.   Esas ruinas sobresalen demasiado, aún hoy.

El pasado jueves, sin que mediara orden judicial alguna e ignorando ocho meses de negociaciones, protestas y mediaciones nacionales e internacionales, el gobernador de Bocas del Toro, Simón Becker, a modo de virrey colonial, desalojó con 150 antimotines a estos nasos de la ribera del río Drui. Fue violento, desproporcionado, el uso de la fuerza e ilegal.    Pero… qué más da.

El Estado da seguridad jurídica a los grandes inversionistas o a los mafiosos que lavan plata o a la familia –que para eso lo es, aunque luego la detengan en aeropuertos charros–.   No hace lo mismo con los ciudadanos de cuarta, la mayoría del país, los excluidos, los que solo valen si son obreros, limpiadores de rastrojos, de casas, jardineros: no ciudadanos que exijan sus derechos, no miembros de pueblos originarios, no madres dignas, no hombres valerosos.

Las organizaciones y los abogados que colaboran de manera solidaria con los nasos –“desestabilizadores” los llaman algunos– van a interponer acciones legales contra el ministro Rambo Mulino y contra las otras autoridades implicadas, pero la justicia es lenta y no corre cuando se trata de indígenas perdidos en la provincia sin ley que es Bocas.   Mientras… la resistencia, tratar de aguantar el tirón, las mentiras de los funcionarios –¡Mulino ha llegado a decir que los nasos tienen comarca!–, las trampas que trata de tender política (anti) indigenista…

Nada más… bueno y agradecer a los ciudadanos y a los medios de comunicación que ahora sí entienden que la lucha de pueblos como este, o como la de los cuatro que resisten en Charco La Pava, o la de los que no se han dejado comprar en Coclesito y tantos a lo ancho y largo del país es una pelea por el futuro de todos.

Estos días, los nasos no se han sentido solos. Guardia,   si es que tiene amigos, sólo escucha el silencio de su no–conciencia;   Mulino, el ruido de su saña contra los que son del pueblo pero no tienen zapatos; Becker, el atronador rumor de los vendidos;   José Isaac Acosta, la bulla de la vergüenza de traicionar a los suyos…   Ojalá puedan dormir en paz, no como las 200 personas que se mojan y sufren desde que les tumbaron, por segunda vez, sus casas.

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Publicado el 24 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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Los últimos acontecimientos, de aquí y acullá, demuestran que tan importante como tener las ideas claras también lo es la forma en que éstas se expresan y dirimen. Aún para los buenos entendedores, no basta con ser un erudito si el mensaje no logra su objetivo. Está claro que el arte de la política, en repúblicas con instituciones fuertes, radica en proponer, razonablemente, soluciones justas a los problemas que enfrenta la sociedad.

Mandar u ordenar no son atributos exclusivos de un gobernante, son recursos del Estado de Derecho, donde el Poder Legislativo y el Judicial disponen sobre la legitimidad de los actos ejecutados.   Gobernar mandoneando es propio de los regímenes autoritarios y de los hacendados, donde país y finca son una misma cosa.

Los modales, como las palabras escogidas, dicen de la persona mucho más de lo que ella dice. La credibilidad consiste en que palabras y modales coincidan con los hechos y con la historia personal del que las emite. Demostrar arrepentimiento por los errores cometidos en el pasado es el modo más eficaz de lograr el olvido que, para los fines prácticos, es mejor que ser perdonado.

Algunos políticos nuestros han perdido el pelo pero no las mañas.   Opinan intimidando, hablan metiendo miedo y siembran la misma cizaña del pasado.  Las palabras, como las armas, deben llevarse con el seguro puesto y no deben utilizarse si no es para abatir al enemigo.  Jamás para amenazar.

El pueblo ha evolucionado. Panamá no es el Panamá de 1903 ni el de 1968.   La gente está cansada y sabe bien lo que no quiere.   Aunque no estoy muy seguro que sepa lo que realmente quiere.   De todos modos en política, como en la vida, cabe el aforismo de Schopenahuer:   Uno puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiera. Ni mandonear como señor feudal, ni intimidar como un esbirro.

El tiempo de las dictaduras militares y de sus aliados civiles ha terminado. La plutocracia tiene los días contados, porque en el dominio de la libertad anárquica, la exigencia de ser responsable va pasando a ser condominio de todos.

Tampoco es posible que en nombre de la “pureza ideológica” de una minoría acomodada se atropelle la voluntad legítima de un pueblo volviendo a los golpes de Estado “preventivos”.   Un horror entre muchos de los errores del cinismo que comulga pero no confiesa, reclama pero no participa, se enoja pero no lucha, opina pero no firma y acusa pero no prueba.

Correr tras los medios de comunicación para revelar planes coyunturales sin resolver los problemas fundamentales de la ciudad es un error tanto de perspectiva como de aptitud ejecutiva.

Tener mentalidad sistemática o ser experto en sistemas no alcanza para cambiar un sistema de salud anárquico e ineficaz.   En la última elección el pueblo ha pedido un cambio radical en el modo de gobernar.

Nuestros políticos y sus asesores parecen no concebir el gobierno como una oportunidad para fortalecer y renovar las instituciones, que en su constante evolución democrática deben hacer prevalecer el interés del demos sobre la tentación del cratos.

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Publicado el 22  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

ICONO. Por Alvaro López

Los bailes de la Justicia...

Nuestra sociedad ha descansado el ejercicio de la Justicia en un grupo intangible que no conocemos, no dimensionamos, no identificamos… será porque la justicia ¿viene de Dios…?

Las palabras “TRIBUNAL, judicial, EXHORTO, demanda, amparo…” y otras que refieren al tema están  satanizadas, pertenecen a los esquemas de la escoria y la vanalidad que no deseamo ver, de la que no queremos saber y la que menos nos importa.

En nuestro propio derecho, no exigimos un contexto humano del ejercicio de la justicia, creyendo (Porque así nos conviene) que Dios personalmente supervisa, aplica y ejerce en manos de los miembros del PODER JUDICIAL la aplicación de la Constitución y las leyes alternas que rigen, controlan y operan nuestro cotidiano vivir.

¿Como explicarle a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra comunidad que la Justicia tiene nombre y apellido???… que parte de nuestra vecindad está compuesta de jueces, magistrados, investigadores, ministerios públicos, que son una parte complementaria a la policía, a los diputados del estado y a otras muchas otras estructuras que están ahí, que nos cuestan, que nos afectan día a día en una evolución que si sabemos y si identificamos, a la que llamamos “AUSENCIA DE ESTADO DE DERECHO”…

editorial@iconogdl.com

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Bajo el patrocinio de destacadas organizaciones internacionales que se ocupan de los temas relativos al Estado de Derecho, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Viena, Austria del 11 al 14 de noviembre, el Segundo Foro Mundial sobre la Justicia (World Justice Forum).

El fundador y principal impulsador del evento que se realiza a nivel mundial por segunda vez, es el abogado estadounidense William Neukon, Presidente de la American Bar Association, con más de 380 asistentes, de 83 países de todos los continentes: juristas, jueces, líderes de opinión, presidentes de organizaciones de Derechos Humanos, representantes de ONG’s.

El Foro promueve que: “Todas las naciones y culturas tienen la aspiración de que sus comunidades sean seguras, prósperas, saludables y educadas, y el respeto al Estado de Derecho es esencial para lograr esas metas”.

Mi participación en tan importante evento, tras recibir invitación formal de parte de directores del mismo como Emil Constantinescu, ex Presidente de Rumania; Mary Robinson ex Presidente de Irlanda y Sandra Day O’Connor, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América (retirada), me ha permitido actualizar una serie de conocimientos, teóricos y prácticos sobre la situación de la Justicia, gracias a la asistencia de prominentes dirigentes internacionales de diversas profesiones, quienes motivaron interesantes diálogos y debates sobre cómo las actuales crisis globales como la económica y los peligros del cambio climático, habrán de afectar las condiciones de vida de los humanos en el presente siglo XXI y cómo, en particular, se espera que las mismas impacten la justicia y el Estado de Derecho en las partes más críticas del mundo.

Tuvimos todos la valiosa oportunidad de recorrer los nuevos procedimientos y niveles del Estado de Derecho y sus debilidades, en un mundo donde se hace imperante multiplicar los mecanismos que permitan acelerar la construcción y fortalecimiento del entorno necesario para que la racionalización del ejercicio del poder y el imperio de la Justicia dejen de una vez por todas, parecer un espejismo.

La Enseñanza del Estado de Derecho a los Niños, un tema que destacó la importancia que tiene inculcar tempranamente a los habitantes de una sociedad, sobre sus derechos y responsabilidades dentro de un marco institucional.  Me pregunto: ¿Habrán pensado en algún momento los rectores del Órgano Judicial   consagrar una programación sobre temas importantes para la Justicia en las aulas de nuestros niños?

Ante la escogencia de dos Magistrados para la Corte Suprema de Justicia y evidenciarse determinadas preferencias, no necesariamente basadas en conocimiento y méritos, ni defensa del Estado de Derecho, se hace necesario recordar a Cicerón: “La Justicia es reina y señora de todas las virtudes”.

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Publicado el 20  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Cambios constitucionales para una mejor democracia

Recién participé en un coloquio de juristas y politólogos, donde el tema objeto de análisis estuvo centrado en la Constitución Nacional y la estructura institucional que se deriva de la misma, llegando a la conclusión, que la misma contiene reglas o correlatos que no necesariamente prefiguran una sociedad democrática capaz de exorcizar muchos de los males que mantienen enfermo el cuerpo de la nación y su estado de derecho.

Se trata de una constitución, donde la cuestión axiológica, por estar ausente, al decir del maestro Bidar Campos, no orienta ni tampoco valoriza su plexus normativo y este último, sienta las bases para una sociedad de favores, componedora de intereses, que se alejan de verdadero sentido da nación y de una versión fidedigna de un estado de derecho.

Verbigracia, como entender el triángulo que yo denomino perverso y inocuo donde los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, investigan y juzgan a los diputados y estos a los magistrados , que son escogidos por el Órgano Ejecutivo.

Además de lo anterior, fallos de la Corte Suprema que no admiten recurso alguno; correlatos de democracia electoral, con espacios reducidos para los movimientos sociales y la sociedad civil en general. Como si lo anterior fuera poco, un Estado cuyo diseño presenta connotaciones acentuadamente centralista, lo que viene a agravar, la vigente estructura institucional, que de por sí se presenta enferma e inhibe posibilidades de desarrollo democrático de nuestro país.

La nación tiene que plantearse reformas profundas y revolucionarias, en el sentido de construir nuevos correlatos institucionales, que le den fuerza y solidez a nuestra democracia.

Temas como la Corte Constitucional, el Consejo de la Magistraturas, como organismo de selección de Magistrados, ampliación de la democracia, el escogimiento y nombramiento del jefe del Ministerio Público e incluso del Contralor; la cuestión municipal; la cuestión territorial que guarda relación con la representación nacional en el parlamento; la creación de Consejo de Ética y Audito de la función judicial, constituyen asignaturas que tiene que ser analizadas en el marco de reformas constitucionales radicales.

Como podemos observar, hay que construir nuevos paradigmas constitucionales. Es desafío que incumbe a todos los panameños. ¡INICIEMOS EL DEBATE!

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Publicado el 17  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La opinión de…..

PUBLIO RICARDO CORTÉS C.

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Modelo de Estado y titulación de tierras

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Todos tenemos opiniones sobre cómo obtener el modelo de país que anhelamos. Esa visión propia, sea estudiada o empírica, representa nuestra ideología.  Cada cual tiene la suya. Las leyes también tienen ideología, porque las hacen seres humanos que las profesan.

Sin embargo, en un estado de derecho, cuando algún esquema ideológico se hace ley, deja de ser la simple opinión de un ciudadano o grupo, para convertirse en un mandato cuyo cumplimiento deviene obligatorio para todos.

Por ello es que en nuestro sistema la ley obliga a todos en el territorio del país y su ignorancia no sirve de excusa. Yo agregaría que la disconformidad con la ley tampoco da licencia para incumplirla. Más aún cuando hablamos de la Constitución, la cual –según la denominación alemana de posguerra– no es cualquier ley, sino la “Ley Fundamental”.

Esta premisa es de rigor al analizar las posiciones de los grupos de presión que legítimamente abogan por la aplicación de su particular visión ideológica. Por ejemplo, en el tema de la intervención del Estado en la economía. Por citar solo los extremos, existen, por un lado, los defensores del populismo de izquierdas, espejismo muerto en vida rescatado por Chávez, quienes serían felices con un Estado controlador al extremo, donde la propiedad privada fuera reducida a la mínima expresión, reemplazada por la burocracia.

En la otra esquina, también tenemos la visión de la ultraderecha manchesteriana de los newcons y sus imitadores locales, para quienes el Estado debiera reducirse a una expresión mínima, renunciando del todo a sus esfuerzos para equilibrar un poco los desniveles sociales. Para estos, instituciones como la seguridad social o la fijación del salario mínimo no son más que perturbaciones impertinentes dentro del mundo aséptico del laboratorio, donde el mercado y la pura iniciativa individual resolverían todos los problemas.

Al abordar el tema de la titulación de tierras, las reflexiones reseñadas cobran relevancia, sobre todo por la activa y casi religiosa participación de los grupos de presión que replican en Panamá la visión de la ultraderecha internacional, los cuales tienen todo el derecho a difundir su punto de vista, pero que –en mi opinión– se exceden al ofrecer su idea como la única posible.

En su visión reduccionista del tema, como el Estado no debe tener un rol activo en la economía, entonces el debate de la titulación de tierras se limita a un tema de propiedad privada, donde lo único en discusión es la forma en que se deben oficializar las situaciones de hecho, que cada cuál tome lo suyo y haga exactamente lo que quiera con ello, con la mínima regulación y visión global de parte de ese perenne intruso que es el Gobierno. La atención del “interés general” es dejada de forma absoluta a la sacrosanta mano del mercado, quien todo lo puede.

Sin entrar a hacer juicios de valor sobre la anterior visión de las cosas, me parece oportuno señalar que cualquier análisis desapasionado del tema debe partir de la premisa que confirma que tal enfoque, por más respetable que sea, está totalmente alejado del modelo de Estado contenido en nuestra Constitución.

La realidad objetiva que ninguna campaña mediática podrá cambiar es que nuestro modelo constitucional nos habla de un Estado que interviene en la economía. Puede que no todos estén de acuerdo, pero esa es la ley fundamental obligatoria para todos los panameños.

Basta darle una revisada al Título X de la Carta Magna, sobre “La Economía Nacional”, para recordarlo. Allí se dice, entre otras cosas, que las actividades económicas, aún cuando primordialmente de particulares, serán orientadas y dirigidas por el Estado (Art. 282); que el Estado planificará el desarrollo económico (Art. 282); que el Estado intervendrá en toda clase de empresas, para exigir la eficacia de los servicios (Art. 284); que el Estado creará empresas de utilidad pública (Art. 286); y que el Estado velará por la libre competencia económica y concurrencia a los mercados (Art. 298).

Hablando de titulación de tierras, por tratarse de un activo esencial, es precisamente dentro del anterior título dedicado a la economía donde aparecen las dos normas fundamentales. La primera es el Art. 289, según el cual el Estado regulará la adecuada utilización de la tierra, de acuerdo a planes de desarrollo, para garantizar su aprovechamiento óptimo. La segunda es el Art. 291, según el cual el territorio insular solo se puede enajenar para fines específicos de desarrollo del país, si el Estado lo declara zona de desarrollo especial y si se dicta legislación de aprovechamiento.

Las anteriores normas contienen un modelo donde hay un grado de intervención planificada del Estado en los procesos de titulación de tierras, para garantizar una visión global a favor del “interés general”. Ignorar esta realidad jurídica y obligatoria, en nombre de una simple  opinión ideológica, es tanto como no cumplir el reglamento de tránsito, alegando que nos parece incorrecto.

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Publicado el 12 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Por José A. Grullón

En el día de hoy Manuel Moisés Montás publicó en este portal un artículo titulado “La Reforma Constitucional y el secuestro de la independencia del Poder Judicial“, exponiendo allí muy válidas preocupaciones. Por su parte, el también convergente Iván Salcedo lo hizo en algún otro lugar. ¿Es válida esta preocupación en torno a la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura?

Según el Artículo 64 de la actual Constitución de la República Dominicana, el Consejo Nacional de la Magistratura se compone de el Presidente de la República, el Presidente del Senado y un Senador escogido por el Senado que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y un Diputado escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia escogido por la misma Suprema Corte de Justicia, quien tendrá por función el servir de Secretario.

En el proyecto de reforma constitucional que originalmente sometió el Dr. Leonel Fernández, la composición de este organismo era la siguiente: El Presidente de la República, el Presidente del Senado, un Senador elegido por el Senado que sea del partido con mayor número de senadores diferente al del Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, un Diputado elegido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido con mayor número de diputados y diferente al partido del Presidente de la Cámara, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia escogido por sí misma, tres jueces que sean presidentes de Cortes de Apelación, los cuales serían escogidos en asamblea de sus pares por voto directo y secreto, un abogado que eliga el Colegio de Abogados de la República Dominicana, un representante de las Facultades de Derecho de la República elegido por sus pares, y finalmente, un ex-juez de la Corte Suprema, quien sería elegido por los ex-jueces.

Sorprendentemente, la propuesta de Fernández resultó mucho más sana que la aberración aprobada dentro de lo que sería nuestra nueva Constitución. La alta politización de un organismo de importancia estratégica para el sistema judicial dominicano debe causar preocupación a toda la sociedad dominicana, debido a que vulneraría el verdadero estado de Derecho, mucho más de lo que vulnerable que aún es en la actualidad.

Me parece interesante el carácter apolítico en la integración del Consejo Nacional de la Magistratura en el Perú, a pesar de que en la mayoría de los organismos de esta naturaleza en otros países cuanto menos los presidentes de los tres poderes del Estado están presentes. Y sin embargo hemos evidenciado que no podemos ni con nuestros propios políticos. ¡Cuánto menos si son éstos los que ahora tendrían tan gran autoridad sobre el Consejo Nacional de la Magistratura!

La astucia y saña de estos personajes son una evidencia de un país que no supo del peligro de la democracia, tan fácilmente degenerada en oclocracia, sobre las multitudes sin educación, y de unos gobernantes que precisamente se ocuparon en mantener a la población sin ésta para poder hacer cuanto se les antoje sin que haya una verdadera resistencia u oposición a sus dictámenes. ¡Y qué bien jugaron sus cartas, tanto los unos como los otros!

Sindicato Mexicano de Electricistas

Al Pueblo de México:

¿Existe en México, un auténtico Estado de Derecho?

En un autentico sabadazo y a hurtadillas como actúan los delincuentes, el gobierno federal ocupó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) con efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Con lujo de violencia y agrediendo a los trabajadores, tomaron posesión de una empresa que es propiedad colectiva y social de todos los mexicanos y no del   gobierno.

Este gravísimo atentado a las conquistas históricas del pueblo mexicano, demuestran palmariamente, la actuación de facto como lo hacen los militares golpistas de cualquier partido del mundo. Eso se llama fascismo, así “gobernaban” Hitler, Mussolini, Pinochet y Díaz  Ordaz.

De pasar este inconstitucional e ilegal “decreto” nadie en este país, podrá vivir en libertad, ni aspirar a obtener mejores condiciones de vida y de trabajo. La derecha fracasada en todos los órdenes de gobierno, ahora arremete contra los trabajadores y el pueblo, debemos detenerlos, empujan al país a una polarización social de proporciones monumentales. La paz social de los mexicanos, se encuentra en peligro debido a la ceguera y a los compromisos de la Banca Internacional, de parte de estos funcionarios ilegítimos.

Demandamos de manera urgente al gobierno federal a: Derogar el “decreto de extinción” de Luz y Fuerza del Centro; y la salida inmediata de la PFP y devolución de nuestras instalaciones a los trabajadores e instalación de una Mesa de negociación para establecer acuerdos de carácter financiero y técnico, que restablezca la Legalidad Constitucional en Luz y Fuerza  del Centro.

Entre tanto, hacemos totalmente responsable al gobierno federal, de cualquier desperfecto, interrupción o disturbio en nuestras instalaciones, toda vez que solo nosotros conocemos dichas instalaciones, conocimiento del cual carecen los invasores.

Llamamos al pueblo de México a lo mejor de sus trabajadores, a los verdaderos hijos de esta lacerada Patria, a solidarizarse con estas justas demandas y con el Sindicato Mexicano de Electricistas. El patrimonio Nacional debe ser defendido, cueste lo que cueste, como nos costó a todos construirlo. ¡No permitamos que nos arrebaten lo que es nuestro!

ToDos en defensa de Luz y Fuerza del Centro y de la Industria Eléctrica Nacionalizada!

¡Respeto a los derechos y conquistas de la Clase Trabajadora y del pueblo trabajador!

¡Viva la unidad de todo el pueblo alrededor del Sindicato Mexicano de Electricistas!

ASISTE A LA MARCHA – MITIN, DE REPUDIO AL ATRACO MONUMENTAL

QUE PRETENDE PERPETRAR EL GOBIERNO FEDERAL CONTRA LyFC Y

EL SME, ESTE JUEVES 15 DE OCTUBRE A LAS 16 HRS DEL ÁNGEL

DE LA INDEPENDENCIA AL ZÓCALO.

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Durante el fin de semana se produjeron 75 homicidios en la ciudad de Caracas. Esta cifra nos reafirma que la capital venezolana es la segunda ciudad más violenta del mundo. Seguramente hemos escuchado eso antes, de la misma manera que hemos escuchado que el número de muertos en Venezuela en los últimos diez años es más alto que en muchos lugares del mundo donde existe un conflicto armado. La inflación de nuestro país está considerada como la más alta de latino América, el índice de pobreza cada vez es más preocupante, la persecución política ya se considera como un acto normal y todas las semanas se revelan encuestas que nos muestran como el grado de aceptación y apoyo al presidente se mantiene igual. Sólido.

La mayoría de los venezolanos sufre las consecuencias de las realidades anteriormente mencionadas, sin embargo son muchos los que no encuentran una relación directa entre la grave situación del país y el gobierno nacional. Podríamos darle el crédito al gobierno por semejante actitud de tantos venezolanos como también podríamos apuntar el dedo hacia nosotros mismos ya que hemos sido incapaces de convencer argumentativamente a tantos venezolanos y hemos fallado a que se hagan la siguiente pregunta: ¿Quién es el responsable de tener a Venezuela en este estado y de tener a los venezolanos sobreviviendo?

La opinión de….

Francisco Díaz Montilla

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Educación y pensamiento lógico

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Hace algunos años Dana Stewart Scott, profesor emérito de ciencias de la computación, filosofía y lógica matemática en Carnegie Mellon University, insistía en uno de sus escritos en la necesidad del pensamiento lógico. “Necesitamos más lógica, no menos”, escribía. Pues bien, pareciera ser una tendencia mundial que la ilogicidad está mejor situada que la logicidad.

Por supuesto que hoy se hace ciencia y se promueve el pensamiento racional. Pero el efecto que esas actividades tienen en los ciudadanos desde el punto de vistacomprensivo es mínimo. Al fin de cuentas, pareciera que los ciudadanos han decidido apostar al rol de consumidores acríticos. ¿Pensar?, ¡que otros hagan ese trabajo! Y ya empezamos a notar las consecuencias de ese proceder.    Sartori lo ilustra muy bien.   De homo sapiens, de productor de símbolos, el humano de nuestro tiempo ha devenido en homo videns.    Es incapaz de conceptualizar sobre absolutamente nada y los términos que usan tienen que ser referenciales.

Como resultado de ello, tenemos individuos que no son capaces de entender los conceptos básicos de una teoría científica, ni conceptos fundamentales de las matemáticas, ni conceptos básicos relacionados con el sistema político en que viven.     A éstos no se le puede pedir que aborden con propiedad un principio tan básico como el principio de inercia, o el teorema fundamental de la aritmética.    Sencillamente, no entienden de qué van.    No menos preocupante es que muchos de ellos dicen ser poseedores de derechos, pero no entienden qué es un derecho ni qué es un deber. Menos aún dan muestras de entender la fundamental noción de “estado de derecho” o de “debido proceso”.    Así, pues, no es de extrañarse que nuestros sistemas de gobierno sean lo que son y que los gobernantes hagan cuanto hagan o digan lo que digan sin que nos escandalicemos.

La aseveración del profesor Scott cobra particular validez en un medio como el panameño.    Hace algunos años, Senacyt presentó un estudio sobre indicadores de ciencia y tecnología en el país, y los resultados eran para preocuparse:  somos ignorantes en materia de ciencia y tecnología.

En Panamá, la ciencia y la tecnología, expresiones innegables de la racionalidad humana, han sido prácticamente anuladas por la superstición. ¿No es ilógico que una cuestión tan simple como comprar un boleto de lotería, la cual es de por sí azarosa, esté asociada con los más absurdos procedimientos de adivinación y esoterismo?    ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en plena sociedad del conocimiento, tengamos en los diarios tantos anuncios de brujos promoviendo amarres, curas de enfermedades desconocidas o prometiendo el regreso del ser amado?

Las autoridades del Meduca pretenden implementar una transformación curricular.   Ya es hora de que empecemos a discutir qué tipo de educación queremos como sociedad. Al menos para mí la centralidad de esa transformación está relacionada con la potenciación del pensamiento lógico. Es decir, de un pensamiento que nos permita comprender el mundo en que vivimos y transformarlo en lo necesario, un pensamiento que nos permita relacionarnos mejor como humanos y buscar e implementar proyectos de vida razonables; un pensamiento que nos permita superar de una vez por todas las diversas formas de superstición y mitos que atrofian nuestros esquemas mentales y que nos atan inevitablemente al subdesarrollo intelectual y cultural; un pensamiento liberador.

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Publicado el 12 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

En estos tiempos aciagos, en que las hecatombes desmienten los conceptos ancestrales que eran nuestra guía y referentes de confianza, es preciso voltear al mundo con ojos rejuvenecidos.  Los falsos profetas se alzan seguros de sus ilusiones arteras; ésas llenas de mentiras y sinsentido, pero luego, tras terremotos ideológicos y guerras fratricidas, la luz hace presencia –siempre reveladora, siempre enaltecedora. Uno puede no reconocerla al principio, pero su insigne forma e ideario cae con golpe de granito: contundencia.

Así,  un hombre (más una idea) hace gala de sus principios y convicciones.  Pero siempre infundido de la humildad tan suya, no se había percatado de la trascendencia de dejar constancia de sus enseñanzas. Por tanto, como declarado aprendiz, es mí deber aleccionar al mundo en una de las conceptualizaciones más elevadas jamás imaginadas: La Doctrina Saldaña.

Muchos podrán desdeñar las ideas, frases y ditirambos de este profeta moderno, pero no dejen que su humilde extracción y vulgares maneras, a veces, los distraigan de la genealogía de pensamiento de la que es partícipe y profeta. Oh Elías Moderno,  epítome de las viejas usanzas y la tradición,  revela las verdades de este mundo conflictivo y lleno de misterios.

La Doctrina Saldaña es un cuerpo normativo con amplio reconocimiento y vigencia  en el Derecho Misógino. Su peculiaridad estriba en un fundamento harto sencillo (que debe ser la base del accionar viril): las mujeres pueden ser (y serán) objeto de regenteo tras ser divisadas y analizadas con ojo sabio.

De manera más sencilla, para el lector poco conocedor y amateur: La Doctrina Saldaña es la norma positiva del Derecho Misógino según la cual las mujeres que uno vea, aún sin conocer (incluso por  televisión o que ya estén muertas) son MIS mujeres ad infinitum.

En una plática, hace unos días, analizaba con Herr Saldaña las implicaciones de largo aliento sobre sus enseñanzas. Él, con su amplio carácter de enseñanza, me explicó: “Mira, goeii, es muy fácil, existen TUS mujeres y MIS mujeres. No hay porqué pelear, ni malvibrarse. Y si en el futuro se me antoja una pieza de tu ganado, pues podemos negociar como los grandes”. Más claro, imposible.

Obviamente las implicaciones de mediano plazo es que SUS mujeres son intocables; una suerte de harem virtual del que forman parte sin saberlo, tan ingenuas ellas. De tal suerte que los patrones –léase los caballeros– pueden mercadear de forma consensada, sensata y políticamente correcta  las piezas de un fino ajedrez que no hay porqué revelar al mundo sencillo de las mujeres (no lo entenderían).

La Doctrina Saldaña es una pieza fundamental del padroteo moderno.  Es una enseñanza, una filosofía y un modo de vida.

Como él está imbuido de una humildad tan asceta, siempre negará cualquier relación con su noble y virtuosa creación. Y es más, prometió desmentir cualquier escrito en el que lo referenciara, sin embargo, la lectura entre líneas habla de un hombre que debe ser reverenciado y estudiando.

Posiblemente el más grave de todos los hechos relacionados con el caso Gürtel sea la violación de las conversaciones letrado-cliente por parte del juez sociata de siempre. Llevarse la pasta a manos llenas es grave, pero mucho más lo es que los acusados no hayan podido ejercer plenamente su derecho constitucional a ser asesorados por un letrado, al haber sido sus conversaciones con los letrados grabadas de forma irregular y difundidas por todos los medios de comunicación del país. Violando de forma injustificada dicho derecho el juez ha conseguido dañar de forma irreparable al que considera su gran enemigo: el Partido Popular. No cabe en el caso de este juez pensar en una grave negligencia, pues es de todos conocida su radicalidad en política, lo que ya le ha llevado a ser procesado penalmente por prevaricación en otras actuaciones.

El carácter confidencial de las comunicaciones entre abogado y cliente responde a la exigencia de que todo ciudadano pueda dirigirse con total libertad a su abogado, cuya función es asesorar jurídicamente a quien lo necesite de manera independiente, constituyendo esta labor un complemento necesario para el pleno
ejercicio del derecho de defensa.

Si se viola la confidencialidad, se viola el derecho de defensa.
La Abogacía pide la nulidad de las grabaciones “ilegales” del caso Gürtel. Las escuchas realizadas en la cárcel en las conversaciones entre los presuntos implicados y sus letrados son según el Consejo General de la Abogacía Española, un “atentado” contra el Estado de Derecho. Cabría preguntarse qué estado de derecho, porque en la España de Z-paro, donde jueces y policías sirven al gobierno, el estado de derecho es pura ilusión.

“Garzón grabó a abogados de Gürtel con la ley antiterrorista“. Portada de El Mundo.
Garzón, otra vez enemigo de la Justicia, Editorial de El Mundo

El cuadro se completa teniendo en cuenta que ese mismo “juez” es el que ha tenido dormido en un cajón el caso del chivatazo a ETA por parte de mandos policiales para impedir que se detuviera a los terroristas. Mientras él duerme los casos en sus cajones, otros jueces no pueden perseguir a los culpables. “No te preocupes, Baltasar es amigo“, le decía un policía a uno de los investigados en una transcripción que forma parte del caso Faisán (el del chivatazo).

Pero ahí no acaba la cosa, según Antena3 TV (¡Sorpresa, hay periodistas en A3TV!) el comisario encargado de investigar el chivatazo es el que lo realizó. Por supuesto es un comisario que ya ha sido condecorado por Rubalcaba (con subida de sueldo, claro), por si a alguien le cabían dudas de quién ordenó ayudar a ETA.  Y me pregunto, ¿quién ordenó poner a investigar el caso a a personas que estaban en la investigación y el operativo desde el que salió el chivatazo de forma directa?
A3TV: El mando policial que avisó a ETA en el ‘caso Faisán’ asumió luego la investigación

Acabo de leer El Mundo esto:

“Este marrón no me lo voy a comer yo solo”. Ricardo Costa, afirman fuentes cercanas al secretario general del PP de Valencia, no quiere ser el chivo expiatorio del caso Gürtel en Valencia. Dice haber actuado con “total lealtad” hacia su jefe, Francisco Camps, y no está dispuesto a poner su cabeza para que la guillotina dé gusto a las “pretensiones de Génova”.

Me pregunto si alguna vez vamos a parar esta avalancha de corrupción. ¿Es posible? ¿Podremos hacerlo? A veces lo dudo. Me ha tocado el día pesimista.

La opinión del Abogado….

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Oswaldo Fernández

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Designación de Magistrados: nueva jornada para el Ejecutivo

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En los próximos días está por designarse dos Magistrados para que integren la Corte Suprema de Justicia por un período de 10 años, considerando que a dos de ellos se les cumple en regla el período para el que fueron designados.

Por la importancia que reviste el hecho se justifica la atención que la ciudadanía le dispensa. Se trata de un ejercicio donde están comprometidos los tres Órganos Superiores del Estado: uno por proponer, otro por aprobar y el otro porque resulta directamente afectado en el ejercicio de sus funciones.

La administración de justicia es un área sensitiva, incisivamente cuestionada en los últimos años por cuanto que de sus ejecutorias depende, en gran medida la seguridad que el país tenga de sus derechos y garantías, y para los capitales extranjeros, de una seguridad jurídica que ampare sus inversiones en justo derecho.

Así que la designación posee una importancia crucial, no sólo para la aplicación de la Ley sino para el fortalecimiento de la credibilidad que se tenga en ella.   Quizás por eso ha despertado expectativas la Resolución de Gabinete No. 121 que fue publicada el 22 de septiembre en Gaceta Oficial, que contiene la forma mediante la cual el Gobierno se propone seleccionar los Magistrados, por lo que no está demás señalar que a tenor de experiencias recientes y frustrantes, tal anuncio podría atentar contra la posibilidad de consolidar no sólo el aparato de justicia, sino de afianzar la confianza y la credibilidad conque los votantes respaldaron a la nueva Administración durante las elecciones de mayo pasado.

La perspectiva de apelar a mecanismos de transparencia y de consulta, garantes de la independencia y la solvencia con que deben ser propuestos los Magistrados no riñe, con la preocupación del Ejecutivo por proponer personalidades que si bien pongan a salvo la independencia del Órgano Judicial, permitan coordinaciones efectivas entre un Órgano y otro.

Debe ser así, toda vez que la lucha contra el delito tiene en el Ejecutivo una herramienta vital de prevención y señalamiento, en tanto el Órgano Judicial tiene el deber de, previo juicio justo y con las pruebas idóneas, reprimir jurídicamente el delito, castigando al delincuente sin ninguna contemplación.

Lo mismo es válido para la otra vacante que se produce. Que los elegidos vengan de la esfera judicial, es una posibilidad que no se debe descartar, toda vez que existen en ese sector profesionales de probada capacidad y honestidad.

Pero es indiscutible que también se requiere que se estime a ese amplio sector de abogados litigantes que viven día a día las vicisitudes del ejercicio de la profesión, y donde se mueven con mucha solvencia destacadas personalidades que podrían ser para el propio Ejecutivo garantía de una independencia incuestionable y de una actuación mesurada.

El riesgo que no debe darse el Señor Presidente es realizar nombramientos de personas eminentemente políticas, con poca o ninguna vinculación al sistema de justicia, sin trayectoria conocida o con una cuestionable falta de independencia. Su decisión debe enviarnos, a los gobernados, un mensaje positivo en el sentido de que se escogerá a los más capaces dentro de las reglas autorregulatorias que el propio Ejecutivo se ha impuesto.

El Ejecutivo tiene el poder y la responsabilidad para tomar la decisión que considere a bien, mucho más si la misma le evita a la ciudadanía el retorno a viejas frustraciones.

De manera transparente, deben darse a conocer, sin demoras, la convocatoria para la selección, pero igualmente debe darse a conocer la capacidad ética y moral de que deben gozar los convocados, de credibilidad ante la comunidad y de un compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la independencia judicial.

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Publicado el 1 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La opinión del Abogado….

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Oswaldo Fernández

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Guillermo Endara: La frontera del país

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Lo normal es cumplir el ciclo de la vida, lo que determina si ha sido buena o mala es el papel que se haya desempeñado en el periodo que nos corresponda vivir.   Y reflexionamos así o de otras maneras cada vez que la muerte sacude a la familia o a la sociedad, cuando un ser querido o apreciado muere, porque no por repetitiva la muerte deja de sorprendernos.   Esta vez se trata de Guillermo Endara Galimany, un hombre bajo cuyo mandato me tocó servir al país en medio de una situación crucial y peligrosa, tanto por los acontecimientos inmediatamente anteriores a los sucesos de diciembre de 1989 como los que vinieron después.   Una encrucijada, que puso fin a un período dictatorial para dar paso a la democracia que ahora vivimos. Dicho de esta manera quizás no se perciba lo transcendente del momento.

Era el fin de una era llena de humillaciones para la civilidad panameña, que por lo mismo había dejado amargura, odios y rencores en quienes pasaban en 1990 a ser actores de primera fila.   El poder en la mano los habilitaba quizás para cobrar los abusos de los que habían sido víctimas.

Millares de personas acudían a los medios a denunciar los horrores que habían vivido, las torturas y vejaciones que le habían infringido los militares y los civiles adictos al régimen o sea los elementos más duros de la dictadura.   Del otro lado, estaban los afectados por la invasión, las víctimas y sus familias, los que ingenuamente creyeron en un verdadero nacionalismo.

Era una época de pasiones y desquites, que bien pudo desembocar en una tragedia mayor de la ya habíamos vivido, quizás los panameños nunca hemos tomado conciencia de lo cerca que estuvimos de una guerra civil o de ejecuciones masivas.   Y es aquí donde uno tiene que subrayar la grandeza de Endara y la deuda que este país tiene con él, lo oportuno de contar con una persona como la suya en una etapa como esa.

Ningún revanchismo afloró en su conducta y tampoco ningún abuso, pese a que muchos fueron los que trataron (y todavía tratan) de achacarle la responsabilidad de la invasión, un tema que pudo administrar con solvencia porque tengo la seguridad que jamás hubiera querido para el país ni para los panameños un episodio como aquel, tampoco tuvo la irresponsabilidad del dictador, en su histriónica presentación con un machete, declarando el estado de guerra con los Estados Unidos.

Endara supo crecerse en esa etapa y su carácter amable y conciliador avaló la posibilidad de que los panameños nos reencontráramos más rápido de lo que pensábamos.

El le dio al país la tónica de su nueva etapa histórica, por lo que coincidimos con aquellos que se atreven a definirlo como el padre de la moderna democracia panameña, ahora le corresponde a los actuales y futuros gobernantes perfeccionar dicha democracia con la vigencia de un verdadero Estado de Derecho, y a la sociedad el deber y el derecho de exigirlo, sin temor ni abusos de ninguna clase, como parte del legado histórico que le adeudamos a Don Guillermo Endara.

Para mí fue un honor y un privilegio servir en los estamentos de seguridad del Estado bajo su mandato presidencial. Por lo tanto solo me resta decirle “muchas gracias y hasta luego Señor Presidente.

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Publicado el 3 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Señor Rodríguez Zapatero: Como Don Mariano Rajoy no tiene el valor de decirle lo que queremos millones de españoles de bien, tomo la oportunidad de decírselo yo — pido a todo español de bien que pueda leer este mensaje que lo reenvíe a sus amigos, familiares, y a otras personas de interés. El tiempo se agota, España se hunde, y no nos queda más remedio, al carecer de una oposición eficaz y real, que pedir la dimisión de Zapatero con todas las de la ley. Señor Rodríguez Zapatero: vaya usted preparando las maletas para salir de La Moncloa, porque usted tiene los días contados si prospera el deseo de la mayoría de españoles decentes, y de bien.

Lo que le condena ya de forma definitiva, señor Zapatero, es su propia convicción de que los asuntos de la nación ocupan para usted un segundo lugar después de la supervivencia de su patético gobierno, que tiene los días contados si prospera la dignidad y decencia de la ciudadanía.
Ese sentimiento está muy extendido, y roba al Gobierno y a usted mismo de autoridad, credibilidad y la dignidad. La única manera de renovar la autoridad de su gobierno es a través de la convocación de elecciones anticipadas para que los ciudadanos puedan elegir su sustituto. Le reto, señor Zapatero, por el bien de la nación y nuestro futuro, que dimita y convoque esas elecciones anticipadas, preferiblemente antes de que acabe el mes de septiembre.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

a 22 de Septiembre de 2009

AU-07

ACCION URGENTE

Riesgos a la integridad de defensores de derechos humanos en Chiapas

Ante los hechos violentos¹ que pusieron en riesgo la integridad física de uno de nuestros compañeros defensores, el Centro de Derechos Humanos manifiesta que la reciente acción, perpetrada por integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC)², forma parte de la estrategia contrainsurgente³ implementada por el gobierno estatal y federal en su intento por neutralizar a organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos que acompañan a quienes defienden y reivindican distintos derechos en Chiapas.

En ese sentido el ataque a nuestro compañero Ricardo Lagunes Gasca perpetrado por integrantes de la OPDDIC, en el Ejido Jotolá municipio de Chilón, es prueba de la impunidad con que los grupos civiles armados de corte paramilitar continúan actuando en Chiapas en complicidad con grupos policiacos y militares en donde elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) horas antes se reunieron con los agresores, y por la cercanía en que se encuentra un puesto de revisión militar.

Aunado a distintas denuncias y advertencias de riesgo expresadas públicamente, la acción de agentes estatales y la omisión de autoridades competentes pone de manifiesto la complicidad del gobierno estatal⁴ de Juan Sabines Guerrero y el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa por favorecer los planes contrainsurgentes en el estado.

Subrayando el contexto de contrainsurgencia recordamos que durante el año 2009 se ha expresado que:

• El pasado 26 de febrero la Junta de Buen Gobierno de los Altos denunció⁵ la complicidad existente entre grupos paramilitares y el ejército mexicano quién realizó constantes sobrevuelos y patrullajes militares en comunidades zapatistas.

• El 27 de febrero este Centro de Derechos Humanos denunció⁶ riesgo de posibles operativos policiacos y militares en contubernio con distintos funcionarios del gobierno estatal.

• El 19 de abril, mediante Acción Urgente⁷, este Centro denunció la complicidad de integrantes de la OPDDIC con policías estatales para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de ejidatarios de Agua Azul, adherentes a la Otra Campaña.

• El 16 y 19 de junio este Centro denunció⁸ actos de persecución y hostigamiento en contra de sus integrantes, de estos hechos se señaló a agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) quienes a bordo de distintos vehículos sin placas realizan tareas de vigilancia y persecución.

• El 22 de junio este Centro se pronunció⁹ por la manipulación de información por parte del gobierno estatal en su afán de mediatizar los conflictos sociales, contribuyendo a polarizar el clima de tensión en distintas zonas de Chiapas.

• El 22 de julio este Centro advirtió¹⁰ el riesgo existente en la comunidad de Mitzitón debido a la presencia de civiles armados quienes amenazaron a los ejidatarios, adherentes a la Otra Campaña, para que desistieran de sus acciones de protesta en defensa de su territorio; de estos hechos se señaló a Esdras Alonso González, coordinador del grupo “Ejército de Dios”¹¹, quien el 7 de agosto inició demanda penal en contra del Director de este Centro.

• El 28 de agosto, mediante Acción Urgente¹², se recapituló y actualizaron distintos actos de vigilancia, persecución, hostigamiento y descalificación a los integrantes de este Centro y la labor que realiza con distintas comunidades y organizaciones de Chiapas, desde entonces se advirtió el riesgo hacia la integridad personal y psicológica del equipo Frayba y la obstrucción de su trabajo.

• El 2 de septiembre un periódico de circulación estatal publicó una nota de prensa¹³ en donde se señaló a este Centro como “responsable” de un enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Santo Tomás, municipio de Ocosingo; un día después la fuente citada, organización ARIC – Unión de Uniones, desmintió la versión de los hechos que ponen en riesgo la integridad de los integrantes de este Centro.

• De abril a Septiembre el periódico Péndulo de Chiapas, mediante distintas columnas y notas de prensa, ha publicado¹⁴ información tergiversada que pone en riesgo la integridad de los integrantes de este Centro de Derechos Humanos, sin fundamento ni fuente sustentada ha tratado temas estigmatizando la labor de defensa integral que se realiza en distintas comunidades.

Los hechos documentados durante este año son tan solo algunos eventos que han ido configurando el escenario de contrainsurgencia en Chiapas, contexto en el que este Centro desarrolla su trabajo de defensa de derechos humanos.

Este Centro de Derechos Humanos advierte que la nula actuación por parte del gobierno estatal y federal para investigar, desmantelar y desarmar a grupos civiles armados de corte paramilitar, es de manera deliberada en el marco de la estrategia de contrainsurgencia confrontando a actores en resistencia y agudizando aún más la situación de Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

Tenemos información de fuentes fidedignas que el propio Gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, ha denostado y criminalizado el trabajo de este Centro, incluso personalizándola en nuestro Director Diego Cadenas Gordillo; este discurso del Gobernador coincide con los señalamientos que han hecho algunos medios de comunicación¹⁵ afines a su proyecto político, tal como se establece en el Plan de Campaña Chiapas 94 cuyo objetivo, según se describe, es que el Gobierno del Estado junto con otras autoridades debe aplicar censura y control sobre los medios de difusión masiva.

Asimismo las palabras vertidas por el Secretario General de Gobierno, Noé Castañón León¹⁶, a sabiendas que existe un ambiente de hostilidad en contra del Centro, hace declaraciones confusas¹⁷ y señalamientos públicos¹⁸ que contribuyen a agudizar las condiciones de hostigamiento y estigmatización en contra de los integrantes de este Centro.

Ante los graves hechos, este Centro de Derechos Humanos exige:

1.- El cese a la guerra de baja intensidad implementada en Chiapas.

a) Salida del Ejército del territorio indígena.

b) El desmantelamiento de los grupos paramilitares, que actúan bajo el cobijo del gobierno mexicano federal y estatal en las Zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas.

c) El alto a la censura, control e instrumentalización de los medios de comunicación para denostar el trabajo de los defensores de derechos humanos y criminalizar de la protesta social.

2.- Detención inmediata de los autores materiales e intelectuales de la agresión perpetrada en el Ejido Jotolá, hacia los ejidatarios de San Sebastián Bachajón y Jotolá adherentes a la Otra Campaña y en contra de nuestro compañero Ricardo Lagunes Gasca.

3.- Que cesen las acciones de polarización y estigmatización, operadas por funcionarios del gobierno estatal, hacia el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan los integrantes de este Centro.

4.- Se garanticen las condiciones básicas en la entidad y en el país, para hacer cumplir el respeto y ejercicio de los derechos humanos conforme a la Declaración de las Naciones Unidas Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos, y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.

De lo contrario, este Centro responsabiliza al gobierno estatal y federal:

Por cualquier acto de persecución, intimidación, hostigamiento y agresión en contra de quienes realizan labores de promoción y defensa de derechos humanos en comunidades y organizaciones en el estado de Chiapas.

Por cualquier acto que atente contra la integridad personal y la vida de cualquiera de los y las integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C, así como del patrimonio de nuestra institución.

Favor de enviar sus llamamientos a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente de la República

Residencia Oficial de los Pinos

Casa Miguel Alemán

Col. San Miguel Chapultepec,

C.P. 11850, México DF

Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55 ) 5277.2376

Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Fernando Gómez Mont

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. Piso, Col. Juárez,

Del. Cuauhtémoc,

C.P. 06600 México D.F.

Fax: (52.55) 50933414

Correo: secretario@segob.gob.mx

Lic. Juan José Sabines Guerrero

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Correo-electrónico: secparticular@chiapas.gob.mx

Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056

Dr. Noé Castañòn León

Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas

Secretaría General de Gobierno

Palacio de Gobierno, 2o. piso, Colonia Centro, C.P. 29000

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60

Alberto Brunori

Rpte. En México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Dirección: Alejandro Dumas #165
Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo
C.P 11560     México D.F
Tel: + 52 (01 55) 5061-6350 Fax: 5061-6358
Correo electrónico: oacnudh@ohchr.org  

Sr. Santiago A. Cantón

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Correo: cidhoea@oas.org

Enviar copia a:

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Calle Brasil 14, Barrio Méxicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Tel: 967 6787395, 967 6787396, Fax: 967 6783548

Correo: accionurgente@frayba.org.mx