Por cada ocho pacientes del Hospital Civil que opera, podrá atender a otros dos enfermos de origen privado

Francisco de Anda/Mural

El médico Luis Carlos Rodríguez Sancho podrá regresar a operar al Hospital Civil de Guadalajara.

Aunque se mantiene inhabilitado para ocupar cargos públicos durante tres años, el Gobierno del Estado y las autoridades del nosocomio firmaron un convenio para que Rodríguez Sancho realice trasplantes en forma gratuita.

Por cada ocho pacientes del Hospital Civil que el médico opere, podrá atender a otros dos enfermos de origen privado , aunque deberá pagar la cuota correspondiente por el uso del quirófano, las instalaciones e insumos del Hospital Civil.

“Se ha celebrado un convenio con el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho, que consta de dos puntos principales: el doctor Rodríguez Sancho se obliga a prestar de forma voluntaria y gratuita sus servicios en la Unidad de Trasplantes del Hospital Civil, lo anterior, no implica, de ninguna manera, la modificación de la resolución impuesta por esta Contraloría de lo que es su inhabilitación al cargo”, señaló María del Carmen Mendoza Flores, Contralora estatal.

“En el segundo de los puntos, se adopta un esquema que ya opera en algunos hospitales públicos del País, como el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital Migue Hidalgo de Aguascalientes y el Hospital General de Culiacán, entre otros. Mediante este esquema, el doctor tiene posibilidad de trasplantar a pacientes particulares con una proporción de 80-20″.

En rueda de prensa, en la que también participó el director general de los Hospitales Civiles, Jaime Agustín González, Mendoza Flores informó que será una comisión interinstitucional integrada por las Secretarías de Salud y Finanzas, la Contraloría y el Hospital Civil, la que definirá los costos que deberá pagarse por el uso de las instalaciones.

El convenio entraría en vigor a partir de la próxima semana.

Sin dar explicaciones sobre las graves irregularidades detectadas por la Contraloría en el Programa de Trasplantes, el HCG dice que acatará la resolución de inhabilitar a Luis Carlos Rodríguez, pero amaga con los muchos pacientes en espera de un órgano.

Maricarmen Rello/Público

El Organismo Público Descentralizado (OPD) Hospital Civil de Guadalajara (HCG) salió en defensa del cirujano Luis Carlos Rodríguez Sancho, el médico a quien la Contraloría del Estado multó, destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por tres años, tras resolver que incurrió en irregularidades graves en el programa de trasplantes de este nosocomio.

Un “boletín informativo”, sin firma del director u otro responsable, es todo lo que el OPD emitió ayer en respuesta de la resolución preliminar que la Contraloría del Estado falló en contra del “trasplantólogo”. El organismo reconoce que ha sido notificado de los efectos de esta resolución y que “se estará acatando la misma”, pero agrega que el médico “tendrá, si así lo considera, su derecho de acudir ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado o el que sea competente, para impugnarla y, de hacerlo, serán los propios tribunales quienes determinen la procedencia definitiva de la Destitución” (sic: con mayúsculas).

El “boletín informativo” —que simplemente se refiere al emisor como “OPD Hospital Civil de Guadalajara”— sólo dedica un párrafo a este tema y el resto del documento, a defender al cirujano: hace una síntesis de su trayectoria, presenta estadísticas de su alta productividad, sostiene que es un gran éxito el programa de trasplante hepático que Rodríguez Sancho fundó y advierte que sin este líder “hoy resultaría imposible, por más que se quiera, pretender que el Programa de Trasplantes sea el mismo. Sería generar una expectativa difícil de cumplir”.

El escrito no da respuesta a ninguna imputación. Ni por el uso de recursos públicos en beneficio personal, ni por el daño económico causado a las arcas del hospital por el doctor, ni por el engaño de que fueron objeto el nosocomio y los pacientes tratados por Rodríguez Sancho, señalamientos documentados en la resolución preliminar de la Contraloría, que continúa la investigación.

En cambio, advierte de la pérdida de un líder “en un momento en que la institución mantiene hospitalizados dos pacientes recientemente trasplantados, así como otros cuatro pacientes de reingreso, y donde además se registra una lista de cinco pacientes en espera de un trasplante hepático y cinco más en vías de concluir protocolo”.

Y mientras el nosocomio asume esta defensa, la agrupación Conciencia Cívica exigió la destitución inmediata del director general del OPD Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Agustín González Álvarez, por considerarlo “cómplice” de Rodríguez Sancho, ya que considera que éste no pudo actuar sin el apoyo o conocimiento de su superior.

Para Juan Manuel Estrada Juárez, representante legal de pacientes afectados por cobros irregulares, la postura del nosocomio se resume en una situación: “Es parte del engaño”. Señaló, sin embargo, que existen evidencias contundentes contra el directivo, quien “tenía pleno conocimiento de la forma en que se manejaban los trasplantes en el Hospital Civil y permitía la realización de los mismos a pacientes de la consulta particular de Rodríguez Sancho” por encima de los enfermos del propio Hospital Civil que esperaban, en vano, por la cirugía sustitutiva.

Público ha solicitado entrevista desde hace dos semanas con González Álvarez para aclarar éste y otros puntos, sin respuesta.

Juan Manuel Estrada enumeró tres evidencias que calificó de “irrefutables”: la ficha técnica que envió el titular del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos en Jalisco (Cetot) al secretario de Salud (14 de mayo de 2008); el oficio del Servicio de Gastroenterología del HCG, en que se inquiere a González Álvarez sobre el por qué no se le realizaban cirugías de trasplante hepático a los pacientes de este hospital (12 de junio de 2008); y la declaración pública del propio funcionario que reconoció a un medio de comunicación local (septiembre 30 de 2008) haber autorizado la realización de trasplantes a pacientes particulares.

Agregó que el uso de recursos del Hospital Civil para beneficio particular (prohibido por ley) “no podía pasar desapercibido para González Álvarez”. La alta productividad (52 trasplantes de hígado el año pasado), la necesidad de “permisos especiales” para ingresar a los pacientes “externos” y la confesión del médico, quien sostuvo que actuaba con el consentimiento de sus jefes, evidencian que Rodríguez Sancho no incurrió en irregularidades solo.

Por tanto, la agrupación solicitó por escrito al gobernador Emilio González Márquez, y al rector sustituto de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, una “depuración total” en el OPD Hospital Civil de Guadalajara y “la separación definitiva e inmediata” de su director general.

Al rector sustituto le manifestaron su “extrañeza e inconformidad” por haber recibido al médico en las instalaciones de la Rectoría General y en el piso 6 del edificio administrativo, el martes pasado, después de haber sido notificado [el doctor] de su inhabilitación; por lo cual le recordaron que esta casa de estudios “no es morada de funcionarios públicos que han violado la ley”.

¿Quién pierde qué con la resolución de la Contraloría?

La destitución e inhabilitación de la función pública por tres años del médico Luis Carlos Rodríguez Sancho tiene consecuencias directas para el Hospital Civil de Guadalajara, que permiten anticipar el declive del programa de trasplante hepático más exitoso del país:

No hay suficiente personal capacitado en materia de trasplante hepático. En Jalisco dos equipos quirúrgicos realizan esta cirugía. El comandado por el médico inhabilitado y el del IMSS Jalisco

No hay sustituto a la altura. El OPD Hospital Civil de Guadalajara reconoce que Rodríguez Sancho es el líder de “un experimentado equipo de profesionales”, pero que es imposible “pretender que el Programa de Trasplantes sea el mismo” (sin su líder)… El titular del Cetot ha defendido como un buen sustituto a Marcos Covarrubias, cirujano que culminó la especialidad en trasplante hepático en la Clínica Mayo, en EU, y mano derecha del médico inhabilitado, por lo que también ha sido involucrado en una denuncia ante la PGR

Nadie en Jalisco realiza trasplante hepático de vivo relacionado a excepción de Luis Carlos Rodríguez Sancho

No hay ingresos económicos suficientes para sostener el programa. El tabulador de cuotas de recuperación que maneja el Hospital Civil de Guadalajara resulta una falacia: ni cobrando la máxima cuota establecida para 2008 (alrededor de 175 mil pesos) se pueden financiar siquiera los costos pre-operatorios: procuración, extracción, conservación de órganos y traslado a su destino final, calculados en hasta 200 mil pesos. El HCG ha reconocido que no cuenta con una partida específica para trasplantes

No hay órganos. Del médico inhabilitado dependió el equipo de procuración de órganos interno el lapso de mayor productividad del HCG. Este equipo fue disuelto. La procuración de órganos de otros estados implica una erogación que debe ser sufragada, sino por el paciente, por el HCG u otra institución

Y el médico…

No podrá operar en hospitales públicos. Y dedicarse exclusivamente al ámbito privado supone que disminuirá notablemente su productividad dado el sistema de procuración y asignación de órganos (la mayor parte obtenidos en hospitales públicos y, por ende, con privilegio para ser asignados a estos)

Pierde la capacidad de utilizar los recursos del Hospital Civil, su infraestructura, personal y el Banco de Sangre. Éste último, muy importante para las operaciones de trasplante de hígado, que requieren hasta de 40 unidades de sangre por paciente (unos 20 litros), lo que difícilmente pueden procurarse en hospitales privados

Los señalados, en silencio

Calladitos. Así se mantuvieron el médico destituido Luis Carlos Rodríguez Sancho, sus defensores legales y el director general del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Agustín González Álvarez, quienes según sus asistentes sostuvieron ayer sendas juntas, cada uno por su parte, para evaluar la pertinencia “de dar entrevistas en estos momentos”.

El resultado de los encuentros, al menos ayer, no fue una conferencia de prensa, ni la entrevista solicitada hace más de dos semanas. De hecho, desde el comienzo de la defensa legal del médico, los abogados de Rodríguez Sancho han mantenido la estrategia de no dar entrevistas a medios de comunicación, salvo un par de excepciones que incluyen la aparición en un noticiero de televisión a escala nacional. Ayer, el HCG emitió un boletín informativo a favor del médico, pero dejó pendiente por responder inquietudes en torno a los señalamientos de la Contraloría del Estado.

La Contraloría del Estado concluyó que Luis Carlos Rodríguez Sancho sí violó la ley con su forma de conducir el Programa de Trasplante de Órganos del Hospital Civil de Guadalajara.

Esperanza Romero, Jaime Ramírez Yáñez y Rocío Ramos/Público

La Contraloría del Estado inhabilitó por tres años a Luis Carlos Rodríguez Sancho, ex titular del Programa de Trasplante de Órganos del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) para ocupar cargos públicos y le impuso el pago de un crédito fiscal para que reintegre a las arcas estatales 145,940 pesos. Este es el resolutivo respecto a una sola de las quejas presentadas contra el médico ante la dependencia, la de los familiares de Xóchitl Armida Mestas Lomelí, quien murió el 18 de abril y convino con el galeno el pago de 800 mil pesos para que le trasplantara un hígado.

Aunque la resolución se esperaba para el viernes, en improvisada rueda de prensa se dio a conocer ayer en Palacio de Gobierno, donde la contralora María del Carmen Mendoza Flores indicó que la existencia de la responsabilidad administrativa imputada en contra de Rodríguez Sancho se debió a tres hechos: la gravedad de la falta, ya que engañó al Hospital Civil y a los pacientes; el cobro de cuotas de recuperación que no hizo llegar al nosocomio (los 145,490 pesos); y utilizar recursos de su centro de trabajo (el Hospital Civil) para beneficio particular, lo que está prohibido por la ley.

Mencionó que las sanciones impuestas están fundamentadas en el artículo 64, fracción 5, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Asimismo, aseguró que a las 12:45 horas de ayer se notificó Rodríguez Sancho del resolutivo del procedimiento administrativo y aclaró que la sanción que emite la Contraloría puede inhabilitarlo de ingresar a alguna dependencia pública, no así de ejercer como médico en alguna institución privada.

La resolución de la Contraloría se da a casi tres meses de que salieron a la luz las acusaciones por cobros irregulares en el Programa de Trasplante de Órganos del Hospital Civil, donde la cuota de recuperación de una operación de este tipo es de 150 mil pesos, pero no siempre se cubría, con todo y que los pacientes pagaban cantidades desde 600 mil pesos hasta un millón 400 mil pesos, según testimonios de éstos y/o sus parientes.

Público reprodujo copias de los pagarés que Héctor Zepeda, el viudo de Xóchitl Armida Mestas, entregó a Luis Carlos Rodríguez en garantía de pago del trasplante, protocolizados ante un notario, además de las escrituras de un inmueble libres de gravamen. La historia del comerciante, oriundo de Tepic, derrumba la versión de que el médico era una especie de Robin Hood. Áquel gana cerca de nueve mil pesos mensuales en un negocio de venta de licores, y mes y medio después de que le depositó al doctor, en la cuenta del padre del médico, el 50 por ciento del dinero (400 mil pesos), su mujer fue finalmente operada por Luis Carlos. “Pero [el médico] no volvió a verla hasta un día antes de morir”, pese a que presentó problemas postoperatorios y se instaló en esta ciudad, en la casa de unos familiares para estar en posibilidad de acudir al hospital oportunamente. Ni la paciente, ni el esposo ni la familia conocían que la cuota de recuperación por la operación era de 150 mil pesos. Por eso se acreditó el engaño.

“Con certeza está plenamente justificado el trabajo de la Contraloría porque hubo engaño, se hizo un cobro indebido y se uso al Hospital Civil en beneficio personal”, dijo en entrevista luego de la ruede de prensa María del Carmen Mendoza, quien agregó que desde el primer momento que intervino en el caso, dio parte a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la presunción de la comisión de delitos. “Si lo hubo y hay probables responsables, es tema de ellos, no mío”, indicó categórica.

Acerca de la razón porque no se optó por acumular las quejas y resolverlas con este mecanismo ya que son del mismo caso y la denuncia toral de familiares y pacientes son los cobros indebidos, que no ingresaron a la institución, además de la serie de violaciones a la normatividad en el manejo del programa, la funcionaria estatal dijo que fue el factor tiempo. Cada queja y cada proceso tiene su tiempo, hay que cumplir plazos que marca el procedimiento administrativo y dar al señalado la oportunidad de audiencia y defensa “Esto nos habría llevado mucho mayor tiempo” y era importante dar un pronunciamiento ante la cantidad de denuncias que se han divulgado y pudieran seguirse presentando.

La contralora confía en que, si se impugna la sanción en el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, como tiene derecho el médico, el tribunal la ratificará “porque el caso está bien trabajado y el proceso fue muy cuidado”. Dejó abierta la puerta para más penalizaciones, pues hay más denuncias, “pero las [otras] tres quejas están en su proceso normal”.

En su momento, el esposo de Xóchitl confió a Público su preocupación por la cantidad de operaciones que se hacían en el Hospital Civil y la mercantilización del programa de trasplantes pues, aseguró, en la semana que a su mujer la operó el médico ahora inhabilitado, hizo otras cuatro intervenciones. De los cinco trasplantados, concluyó, tres ya fallecieron.

Los rectores hablan

• Marco Antonio Cortés: Rector sustituto de la UdeG

Luego de reiterar que el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho es “una eminencia”, el rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, sostuvo su respaldo al ex jefe de la Unidad de Trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara (HCG).

Horas antes de que la Contraloría del Estado de Jalisco hiciera pública su resolución sobre que sí encontró elementos de que hubo faltas graves en la actuación del médico en el programa de trasplantes, entre ellos la utilización de recursos del Hospital Civil para beneficio particular, por lo que determinó inhabilitarlo por tres años en el servicio público, el rector sustituto indicó que, “con los elementos que tengo en la mano, [puedo decir que] no hubo tráfico de órganos, no hubo peculado y no hubo desviación de recursos monetarios sino irregularidades administrativas”.

De hecho, el rector auguró que el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho iba “a seguir en el programa. Yo creo que la resolución no iría en el sentido de su separación del programa”.

En cualquier caso, acotó que la administración central de la UdeG, coadministradora del Hospital Civil de Guadalajara, enfoca fuerzas en que “el Programa de Trasplantes sea el más exitoso del país, con o sin el doctor; tenemos que hacerlo y no puede depender sólo de una persona”.

Asimismo, indicó que cualquiera que fuera la resolución de la Contraloría del Estado, no habrá cambios en las cabezas de los Hospitales Civiles de Guadalajara, ni de altos mandos de los nosocomios, porque “no son necesarios”.

• Carlos Briseño Torres: Rector destituido de la UdeG

Carlos Briseño Torres retó a los ex directores de los hospitales civiles Raúl Vargas López, Leobardo Alcalá Padilla, al actual director Jaime Agustín González y al cirujano Luis Carlos Rodríguez Sancho, ex titular del Programa de Trasplantes de Órganos, a que se sometan, junto con él a la prueba del polígrafo para que se resuelvan las discrepancias en la información que han emitido sobre las irregularidades e ilegalidades del programa.

Entrevistado ayer, vía telefónica, un par de horas antes de que la Contraloría del Estado diera a conocer la inhabilitación del trasplantólogo, llamó también a los actores involucrados en la operación del programa a discutir el tema en debate público.

“Luis Carlos es una eminencia, nadie lo discute, pero lo que hizo no es legal ni apegado a las normas y es evidente que hubo lucro indebido con los depósitos a la cuenta de su papá y los tres directores que se lo permitieron son sujetos de responsabilidad penal”.

Dijo que la sociedad merece saber quién miente y recordó que tras las serias denuncias “que en mi oficina como rector” hiciera el titular del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos, a mediados de junio, buscó a Luis Carlos y Jaime Agustín, quienes aceptaron los cobros por fuera y que no se respetaba el listado oficial para la obtención de un órgano (Público, 22 de septiembre de 2008).

A su vez, pidió que se haga una compulsa respecto a las listas (de candidatos a trasplante y trasplantados) de la consulta particular del doctor y la oficial, para determinar si hubo tráfico de influencias y se operó a quienes no estaban previstos.

La PGJEJ sigue investigando

Aún no se la han fincado responsabilidades penales al ex jefe de transplantes del Hospital Civil de Guadalajara, Luis Carlos Rodríguez Sancho, ya que la averiguación previa por presuntas irregularidades o delitos cometidos en su desempeño está en la etapa de integración. Lo anterior lo explicó el procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, al ser entrevistado ayer.

Coronado descartó que por el momento pueda arrestarse a Rodríguez Sancho, ya que no hay ninguna orden de aprehensión en su contra. “Si la Contraloría nos envía el dictamen administrativo, son elementos que vamos a estudiar y vamos a ver si se desprende algún delito”.

Explicó que, de acuerdo con el resolutivo dado a conocer por la contralora estatal, María del Carmen Mendoza Flores, podrían acreditarse algunas conductas ilícitas como desvío de recursos o peculado, “pero sería aventurado hasta no tener integrada la averiguación previa”.

La historia

5 de julio. Sale a la luz las acusaciones de presuntos cobros irregulares y tráfico de influencias en el Programa de Trasplante de Órganos del Hospital Civil de Guadalajara.

9 de julio. Arraigan al doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho.

13 de julio. Sin explicaciones, sin orden de aprehensión posterior, termina el arraigo.

14 de julio. Se reactivan los trasplantes en el Civil; queda a cargo del programa Marco Covarrubias.

15 de julio. Se anuncia que Rodríguez Sancho volvió al Hospital Civil y que encabezó un trasplante.

4 de agosto. El Consejo Estatal de Trasplantes anuncia una caída en el número de cirugías. Al día siguiente, se anuncia el reinicio de trasplantes de hígado.
5 de agosto. La asociación Conciencia Cívica, encabezada por el ex diputado Salvador Cosío, comienza a presentar denuncias penales.

22 de septiembre. Juan Manuel Estrada, de Conciencia Cívica, lleva a la PGR documentos que revelan que Luis Carlos Rodríguez ingresaba pacientes de su consulta privada.

24 de septiembre. El rector sustituto de la UdeG, Marco Antonio Cortés, admite que hubo “irregularidades”, pero sólo a nivel administrativo.

30 de septiembre. Se anuncian sanciones a Rodríguez Sancho.

Leobardo Alcalá sí se desistió de la herencia de Aurora de Anda Medina.

Esperanza Romero Díaz/Público

Porque está seguro de que se pretende cometer fraude en agravio del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) y la Cruz Roja, Federico Manuel de la Cerra Francés, sobrino de Aurora de Anda Medina de Padilla y Aldrete, quien dejó una fortuna de más de cien millones de dólares, presentará una demanda civil para impugnar el último testamento de su tía. Supuestamente la anciana otorgó en 1999, a la edad de 92 años, un testamento donde excluye de la herencia a ambas instituciones, pese a que las nombró herederas universales en dos testamentos anteriores.

Convencido de que hay “situaciones oscuras” en torno a la millonaria herencia, De la Cerra Francés recabó desde 2001 información clave, que refuerza las sospechas. Cuenta además con un par de audiograbaciones (cuyas copias están en poder de este diario), de conversaciones sostenidas con Armando Alcocer de Anda, también sobrino de la anciana, albacea y supuesto heredero universal, y Raúl Herrera Anaya, abogado que fue apoderado del heredero y es hermano del notario que protocolizó el último testamento de la mujer.

En las grabaciones, el abogado narra que, supuestamente, a cambio de 50 millones de dólares, que se pagarían en diciembre de 2000, se contaría con el desistimiento de las instituciones. El desistimiento del HCG existe.

La versión de Leobardo Alcalá Padilla, ex director del HCG varía respecto al monto. Entrevistado en Palacio Municipal de Guadalajara, el ahora regidor sostuvo que el desistimiento (del juicio en que se alegaba la invalidez del último testamento) sería a cambio de diez millones de dólares para el Hospital Civil y el pago de honorarios a los abogados del caso. Negó que haya recibido cantidad alguna, pero aceptó que firmó el desistimiento “pero no tiene efectos jurídicos” ya que estaba condicionado a que el Hospital Civil recibiera el dinero, además de que el documento “fue robado de la notaría”, por lo que se abrió causa penal (ver aparte).

Alcalá Padilla resaltó que el juicio sigue y que se busca sea declarada la invalidez del último testamento, porque la viuda no estaba en condiciones de elaborarlo, por lo que dio la bienvenida a nuevas impugnaciones que legatarios o autoridades promuevan. Incluso, pidió a Carlos Briseño Torres, rector depuesto, que acuda a los tribunales.

El sobrino que impugna el último testamente consideró que si en dos ocasiones su tía refrendó su voluntad de beneficiar como herederas universales a las instituciones, y dejó a 70 familiares un pequeño legado, debe de ser motivo de investigación lo relacionado con el tercer testamento y el papel de los abogados Herrera. Incluso esbozó que curiosamente se empezó a pagar a los cerca de 70 legatarios (él recibió 250 mil pesos) en marzo de 2000, recién fallecida la anciana, con cheques de la cuenta bancaria del abogado Raúl Herrera.

José Antonio Pérez Juárez, abogado de De la Cerra Francés, confirmó que su cliente va a impugnar el testamento por la vía civil, pero que habría materia para acciones jurídicas en la vía penal.

“Quiero aclarar que él no lo hizo [impugnar el testamento] con anterioridad porque a los herederos se les ocultó la existencia de dos testamentos previos donde la viuda del señor Padilla Alderete tenía como beneficiario de su fortuna al Hospital Civil y la Cruz Roja. Era irrisorio lo que dejaba a los sobrinos, 99 por ciento era a las instituciones”.

En cuanto al monto de la herencia, que en las grabaciones mencionadas se señala andaría sobre los 200 o 300 millones de dólares (en 2001) respecto a lo que había en cuentas bancarias, el abogado dijo: “Basta con que se revise el juicio sucesorio del señor [Armando] Alcocer donde hay dos declaraciones de la masa hereditaria y una ampliación. Primero refiere una serie de bienes e inversiones de la viuda y posteriormente como albacea de la sucesión curiosamente descubre que hay más cuentas bancarias. Esto es en 2003. Le puedo decir que es sustentable la cantidad de 800 millones de dólares de acuerdo con lo que he tenido a la vista”.

Asimismo, aclaró que a su cliente le tocaron 250 mil pesos “pero quiero aclarar la disposición testamentaria de la viuda era de 25 mil pesos. Esta generosidad es extraña. Desde allí empezaron a pensar que algo andaba mal”.

Resaltó que hay actos ilegales y estarían involucrados “no sólo funcionarios del Civil, sino incluso algún notario público”, pues consideró “muy curioso” que en este caso el fedatario del último testamento fuera hermano del abogado patrono de la sucesión. “O sea, son coincidencias que en la práctica nos deja ver que hay algo turbio”.

En cuanto al desistimiento de Alcalá Padilla reiteró que sí existe: “Renunció a la herencia, fue con su credencial de elector y se identificó con la juez sexto [...]. Aquí él no puede argumentar que le fue sustraído de la notaria porque es uno de sus argumentos. Si hubiera sido el caso no lo hubiera ratificado [personalmente] ante la juez”. Sobre las audiograbaciones, dijo que son prueba importante pues constituyen una confesión “contundente” respecto del negocio turbio.

La historia

Salvador Padilla y Aldrete fue empresario refresquero, concesionario de la Pepsi Cola en el occidente del país. Murió en noviembre de 1981. Él y su esposa, Aurora de Anda Medina, decidieron heredar su fortuna al cónyuge sobreviviente, y en caso de no sobrevivir alguno, repartir la herencia entre el Hospital Civil de Guadalajara y la Cruz Roja

Al morir el empresario, la viuda pasó a ser heredera universal y, en sintonía con el pensamiento de éste, el 20 septiembre de 1983 elaboró un testamento (escritura 8688 suscrita ante Luis Ramírez Orozco, notario número 3 de Tlaquepaque) en que deja a esas instituciones el legado

El 1 de julio de 1993, con escritura 10291 protocolizada por el mismo notario elaboró otro testamento y refrendó lo anterior

En 1998 murió Miguel Padilla Gutiérrez, el administrador de los bienes de la viuda y se hizo cargo de éstos, así como de la atención de la anciana, Armando Alcocer de Anda, su sobrino

Aurora de Anda falleció el 23 de febrero de 2000 y a pocos días del deceso, salió a la luz el testamento público abierto 24326, de 19 de abril de 1999, otorgado ante Javier Herrera Anaya, notario 29 de Arandas, en que supuestamente nombró heredero universal a Armando Alcocer de Anda y a cerca de 70 legatarios

El 18 septiembre 2000, el director del Hospital Civil, Raúl Vargas López demandó la nulidad del testamento que afectó al nosocomio y a la Cruz Roja, ante el Juzgado Quinto de lo Familiar (expediente 217/2000)

El 11 octubre 2000, el juzgado se declaró incompetente para conocer el asunto, al estimar que en el Juzgado de Arandas se llevara el juicio sucesorio de Aurora de Anda

El 18 de octubre de 2000, en el Juzgado Sexto de lo Familiar (expediente 683/2000) se formuló otra demanda por Leobardo Alcalá Padilla, nuevo director del Hospital Civil

Se iniciaron pláticas para llegar a un arreglo el 7 de diciembre de ese año y se elaboró un convenio para la entrega de diez millones de dólares al Hospital Civil, así como el pago de honorarios a los abogados, a cambio de no seguir el juicio. El pago se haría el 28 de diciembre de 2000 en San Antonio, Texas, contra la entrega de los desistimientos. No se consumó el trámite y siguió el juicio

El 7 febrero de 2001, la parte demandada obtuvo el desistimiento de Leobardo Alcalá. Según los abogados del Civil, éste se logró en forma ilegal, por lo que se apeló contra dicho auto (de desistimiento) y fue revocado por el Supremo Tribunal de Justicia

Se presentó denuncia penal y abrió la averiguación criminal

Fuente: Abogados de las partes en litigio

“A mí no me han entregado un centavo”: Alcalá

El ex director del Hospital Civil, Leobardo Alcalá, aceptó que se negoció un desestimiento para impugnar el testamento que afectó al nosocomio, pero fue para evitar un largo juicio.

¿Dicen que recibió dinero a cambio del desistimiento? ¿Cómo tiene la conciencia?

Al que hay que preguntarle cómo tiene la conciencia es a Armando Alcocer [el supuesto heredero universal]. Cierto es que nosotros negociamos para que el hospital fuera beneficiado. No se dio. No han entregado un solo centavo. A mí no me han entregado un centavo partido a la mitad de nada ni al hospital. Yo creo que hay muchas cosas que no se pueden ocultar. Muchísimas cosas. Las cantidades de dinero de que se hablan [que recibió], de diez, quince, 20 y hasta 50 millones de dólares. Cuando se habla de que la herencia era de 100 millones de dólares en ese momento, pactamos negociar el desistimiento ajustado a 10 por ciento. Los abogados hablaban que un juicio podía tardar eternidades. Hoy lo estamos viendo. Finalmente no sé en qué vaya esto a acabar.

Con lo que ha dicho del caso, si el depuesto rector [Carlos Briseño] toma una acción jurídica ¿es bienvenida?

Espero que también lo haga. Nada más le preguntaría al señor Briseño ¿qué hizo cuando fue secretario general [de la UdeG]? Él era parte de la junta de gobierno del OPD. Yo informé tanto a la junta de gobierno como al Comité de Administración Intrahospitalaria. Pueden saber quiénes en aquél momento estaban en la Secretaría de Salud y la Contraloría del Estado y quiénes iban a representar a la UdeG en la junta. El que informa se llama Leobardo Alcalá.

Asegura Rector que está dispuesto a colaborar con las autoridades en lo que le pidan

Rebeca Herrejón/Mural

El Rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres, encabezó hoy un “show” para demostrar que está a favor de la legalidad.

El funcionario acudió a la agencia 14 de la Procuraduría General de Justicia del Estado a “entregarse” por la denuncia que presentó el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho, director del programa de trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara, donde acusa a Briseño de amenazarlo si no cooperaba para destituir a los actuales dirigentes del nosocomio.

Luego de calificar la denuncia como un intento desesperado de sus detractores para desprestigiarlo, Briseño Torres aseguró que no tiene nada qué ocultar, por lo que acudió a la dependencia citada.

“Me doy por preso si tengo alguna responsabilidad penal por haber denunciado contra la opinión de Raúl Padilla López las irregularidades en el programa de trasplantes de hígado y riñón del Hospital Civil, si eso es delito me doy por preso”, declaró durante sorpresiva rueda de prensa.

Sin embargo, al llegar a la Procuraduría, Aurelio del Toro Sapien, subprocurador C, le indicó que no era necesario presentarse, pues la denuncia todavía no es valorada y aún no se solicitaba su colaboración en la investigación.

Briseño Torres se puso a disposición de las autoridades en su domicilio particular y aceptó que estará dispuesto a colaborar con lo que éstas pidan.

Carlos Briseño pretendía que el galeno inculpara a las autoridades de los Hospitales Civiles

MAURICIO FERRER/La Jornada

“Que si de plano no lo ayudaba con ese propósito mis pacientes me iban a visitar en la cárcel y que de eso él se encargaría”, es el testimonio del ex titular del Programa de Trasplantes del Hospital Civil, Luis Carlos Rodríguez Sancho, en la denuncia que ayer interpuso ante la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE) y en la que detalla la supuesta presión que tuvo del rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carlos Briseño Torres, para que denunciara a las autoridades sobre las irregularidades en dicho programa.

El documento –cuya copia posee La Jornada Jalisco–, es dirigido al procurador del Estado y se recibió en la dirección mencionada a las 11:22 horas de ayer. Fue presentado por los abogados del galeno, según confirmó a este diario el mismo Rodríguez Sancho vía telefónica anoche.

El médico solicita al titular de la PGJE a “formular denuncia y querella en contra de quien o quienes resulten responsables de la comisión de hechos al parecer delictuosos, cometidos en agravio de mi persona”.

En los antecedentes del texto, Rodríguez Sancho, quien se desempeñó por nueve años como el titular del “programa de trasplantes renal y hepático más importante del país”, narra que aproximadamente en el mes de mayo del presente año, “sin razón ni motivo aparente, el rector de la Universidad de Guadalajara inició una investigación del programa de trasplantes por supuestas irregularidades en la unidad adscrita al Hospital Civil”. El 20 de junio, según el testimonio del especialista, Briseño Torres lo mandó a citar en sus oficinas para pedirle una explicación al respecto.

“Ese día me dijo que el doctor Luis Rodolfo Morán González, secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos (CETOT) le había notificado de ciertas irregularidades en el funcionamiento del programa que iban desde la manipulación de las listas de personas en espera de trasplantes hasta el cobro indebido de recursos económicos a pacientes por la práctica de un trasplante”, según Rodríguez Sancho.

Posteriormente, el galeno le detalló al rector que las listas de espera no se manipulaban pero reconoció que los cobros que existían eran para los pacientes de su consultorio privado “para que dichos pacientes aportaran recursos privados al programa a través de las cuotas de recuperación y aportaciones voluntarias”.

Hacia el 7 de julio, según Rodríguez Sancho, el abogado general de la UdeG le llamó para informarle que se tendría que presentar en la Contraloría del Estado a responder unas preguntas. Ahí, según la narración del médico, fue interrogado sin un abogado de por medio. Al día siguiente, el especialista fue arraigado por agentes de la PGJE quienes lo llevaron al centro de arraigos. Dos días después le levantaron el mismo.

En la parte de los hechos, Rodríguez Sancho relata que el 15 de julio de 2008 buscó a Briseño Torres para “pedirle una explicación de todo lo ocurrido”. “Me mandó decir que me podría atender en su domicilio particular que se ubica en el fraccionamiento Valle Real, en Zapopan, a las 6 de la tarde”, dice.

Continúa la declaración: “aproximadamente a las 18:30 arribé a su domicilio y se me recibió en la sala de su casa en donde estaba presente el doctor Jorge Segura, médico a quien conozco desde hace nueve años y quien influyó en gran medida para que el de la voz viniera a esta ciudad a desarrollar el programa de trasplantes después de concluir mis estudios de especialidad”.

En el punto 2 del apartado, el médico asegura que Briseño le dijo que el tema “se había salido de sus manos, que alguien supuestamente había filtrado el asunto a la prensa, específicamente al diario Mural y que había tenido que solicitar la investigación a la Contraloría del Estado y a la propia Procuraduría, pero que no me preocupara, que como él había solicitado la investigación, él mismo podría solicitar que concluyera”.

En ese encuentro, Briseño le solicitaría a Rodríguez Sancho que apareciera en una rueda de prensa “a la que ya había convocado”. El médico se opuso. Luego habló Jorge Segura, quien le dijo que confiaba en su labor y que “todo era responsabilidad de los funcionarios del Hospital Civil, que no fuera tonto y que tomara la palabra del rector”. La respuesta de Sancho fue la misma: no.

“Nuevamente tomó la palabra el señor Briseño Torres y ya subiendo la voz me dijo que era tiempo de cambiar la dirección general de los Hospitales Civiles y que necesitaba mi ayuda para hacerlo”, de acuerdo con la declaración.

Al oponerse de nueva cuenta el médico, “fue cuando (Briseño) elevó más la voz y me dijo literalmente: que si de plano no lo ayudaba con ese propósito mis pacientes me iban a visitar a la cárcel y que de eso él se encargaría”.

Al final, Rodríguez Sancho aceptó acudir a la rueda de prensa para leer un documento elaborado por Briseño.

“Me retiré de su domicilio a las 22 horas aproximadamente, prácticamente en estado de shock por la gravísima amenaza que me había hecho el rector y con la tranquilidad del tiempo me puse a revisar con calma el documento y reflexioné sobre los hechos falsos que el documento contenía. Le llamé al señor Briseño y le informé que había cambiado de parecer, que no me presentaría en la conferencia de prensa del día siguiente y que no daría lectura al documento, por lo que muy molesto me respondió que no le podía hacer eso, que ya habíamos quedado y que me atendría a las consecuencias”, concluye el médico en sus declaraciones.

Mural

Raúl Padilla, Leobardo Alcalá y Tonatiuh Bravo querían ocultar y no denunciar a la Contraloría del Estado las irregularidades en el programa de trasplantes del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, aseguró Carlos Briseño Torres.

En entrevista, el Rector general de la UdeG señaló que hace dos meses, dichos miembros del Grupo Universidad le pidieron en su casa que el asunto de los cobros ilegales se resolviera de manera interna.

“El Grupo Universidad me exigió que el asunto no fuera del conocimiento de las autoridades, que los trapos sucios se arreglaban en casa, que investigáramos nosotros y que si había algo que sancionar lo hiciéramos, pero que no diera parte a las autoridades”, aseguró Briseño.

En la reunión en su casa de Valle Real también estuvieron Alfredo Peña, Gabriel Torres, Trinidad Padilla, Marco Cortés y Ruth Padilla.

“Raúl Padilla dijo escuetamente, es un problema delicado. Leobardo Alcalá reconoció que el programa de trasplantes venía funcionando de esa manera con la autorización verbal de los directores, entre ellos él”, agregó el Rector general.

Al final, denunció las irregularidades a la Contraloría y comenzó entonces la ruptura definitiva entre Briseño y Padilla, Rector de 1988 a 1995.

En el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Luis Carlos Rodríguez Sancho, titular de la Unidad de Trasplantes, cobraba de 400 mil a un millón de pesos por realizar un trasplante de hígado. El dinero no entraba al erario del nosocomio y se iba a una cuenta privada, de la cual el médico era el único que tenía acceso.

Al respecto, Alcalá señaló que Briseño miente e insistió en que desconocía los cobros a particulares por los trasplantes de órganos. Sin embargo, el mismo Rodríguez Sancho reconoció que todos los directores del nosocomio sabían y avalaban los cobros irregulares.

Ayer, médicos y personal del Hospital Civil participaron en una reunión privada para cerrar filas en favor de Padilla y fijar su postura contra Briseño.

El encuentro duró cerca de dos horas y fue encabezado por el director general de los Hospitales Civiles, Jaime Agustín González Álvarez y los ex directores, Raúl Vargas y Alcalá Padilla, además del Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Víctor Manuel Ramírez Anguiano.

Al llamado acudieron unas 200 personas, entre empleados administrativos, residentes, jefes de servicio, enfermeras, trabajadoras sociales y demás médicos afines a Padilla, a quienes se les permitió llegar tarde a sus labores.

La reunión se realizó en el restaurante La Cúpula, propiedad de la hermana de la directora de Comunicación Social del Hospital Civil, Claudia Fonseca.

Además, solicitaron una cooperación voluntaria para elaborar ‘pins’ distintivos de apoyo a Padilla y portarlos. Dentro del hospital repartieron volantes donde señalan que Briseño no es bienvenido en el nosocomio.

Con información de Mario Gutiérrez, Rebeca Herrejón, Alejandra Atilano, José David Estrada y Margarita Valle

Hubo al menos una decena de oradores, que compartieron su opinión con los colegas en discursos que coincidían en preservar la mística de la institución “de los intereses” particulares.

Maricarmen Rello/Público

La comunidad médica del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) fue convocada a una reunión urgente en apoyo del ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Raúl Padilla López, la cual se celebró ayer entre 8:30 y 11:00 am en el salón de eventos La Cúpula. En dicho evento se llamó a la “unidad” de este gremio y a la solidaridad en torno a “la institución” y la figura de Padilla López, quien es considerado el máximo líder de la universidad pública jalisciense.

Al desayuno acudieron cerca de 200 personas, entre directivos, jefes de servicio, médicos y personal de otras áreas, encabezados por el director general del HCG, Jaime Agustín González Álvarez, no obstante que se celebró en pleno horario de trabajo. Incluso, varios empleados llevaron vehículos oficiales. Hubo al menos una decena de oradores, que compartieron su opinión con los colegas en discursos que coincidían en preservar la mística de la institución “de los intereses” particulares. Al término de la que se suponía era una reunión secreta, a la que sólo se podía acceder con invitación, médicos entrevistados coincidieron en lamentar el rumbo que ha tomado la crisis en la UdeG y las “formas” en que su rector, Carlos Briseño, destituyó a Padilla López de algunos de sus cargos, lo cual consideraron una afrenta a ésta.

Asimismo, manifestaron su indignación por lo que calificaron como “una mancha” al nosocomio: las denuncias de presuntos delitos en el programa de trasplantes del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, caso que agravó las desavenencias entre Padilla López y Briseño Torres, toda vez que este último no resolvió “el conflicto” a través de los órganos internos, sino que decidió denunciarlo ante la Contraloría del Estado e involucró a dos ex directores.

El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Víctor Ramírez Anguiano, aseguró que la comunidad médica está unida: “Estoy muy contento, ésa es la conclusión más grande [de la reunión], porque hay una gran solidaridad entre todos nosotros, los hospitales civiles y el CUCS, y que estamos listos y preparados para defender lo que hemos construido todos con un gran esfuerzo y con un gran sacrificio”. Señaló que la mayoría de la comunidad hospitalaria concuerda con esta visión y con el sentimiento de agravio “por las declaraciones” y “por la forma en que se ha manejado todo lo del asunto de trasplantes de órganos”.

—¿Fue la punta de lanza para la ruptura entre Padilla y Briseño?

—No lo sé. Yo no soy analista político; habría que preguntarle a Gabriel Torres [vicerrector de la UdeG]… Lo que sí sé es que nos sentimos agraviados y en nuestro derecho de estar inconformes.

El rector del CUCS dijo no tener miedo de que se avecinen cambios, tras los recientes nombramientos y destituciones anunciados por el rector general, y señaló que no es tiempo de hablar de la destitución de Carlos Briseño. Dijo que estará puntual en la sesión del Consejo General Universitario que éste convocó para mañana a las 10:00 am.

Por su parte, Eusebio Angulo Castellanos, jefe de Neonatología, consideró el encuentro como “simpático” y el cual “no se calentó”. Manifestó su tristeza y dijo que “las sinrazones que se han apoderado en este momento de la comunidad universitaria están en detrimento de los procesos y de la calidad de la universidad… ojalá llegue a buen término”, deseó, tras invitar a los universitarios a “ser más asertivos y propositivos”.

Hubo quien, como el subdirector médico del HCG, Alfredo Lepe, se negó a dar su opinión pública sobre este encuentro, argumentando que no entiende el conflicto Padilla-Briseño y que su asistencia al desayuno fue “para convivir con todos mis compañeros”.

Se informó que el acto fue convocado por el sindicato del Hospital Civil, si bien desde la noche anterior circuló la invitación vía mensajes telefónicos de parte del director general, confirmaron algunos invitados. La versión de la oficina de Comunicación Social es que Jaime Agustín González Álvarez acudió a las jornadas de pediatría, que eran “un evento privado”, y no se podían dar más informes

Señala rector que Cosío Gaona está actuando bajo consigna del Rector general, Carlos Briseño Torres

José David Estrada/Mural

Enrique Solórzano Carrillo, rector del Centro Universitario de la Costa Sur de la UdeG, aseguró que Salvador Cosío Gaona ignora cómo funciona un programa de trasplantes y lo acusó de actuar bajo consigna del rector general Carlos Briseño Torres.

Cosío Gaona presentó esta mañana una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por un presunto tráfico de órganos cometido por Solórzano, ya que, según el denunciante, había obtenido un riñón para operar a su hija saltándose la lista de espera.

Sin embargo, Solórzano Carrillo aclaró que no se siguió la lista ya que la donante del riñón era su esposa y la normatividad establece que en esos casos no aplica la lista de espera.

“Profesionalmente y jurídicamente hablando de este caso, primero debía de enterarse cuáles son las disposiciones normativas y para el caso de un trasplante de un riñón de vivo relacionado no se requiere estar en lista como él lo había insinuado”, afirmó el rector de centro.

Para Solórzano Carrillo, Cosío Gaona está actuando bajo consigna del Rector general, Carlos Briseño Torres, debido al conflicto que se desató al interior del Grupo Universidad, que domina desde hace 18 años la máxima casa de estudios de la entidad.

“(Cosío) está actuando por consigna y lo hace atendiendo la directriz del rector (Carlos Briseño) para hostigar a gentes que no hemos actuado conforme a su conveniencia y creo que Cosío, Salvador, se olvida de la historia y que precisamente su padre así fue atacado con insidias y con mentiras, qué lástima que él utilice esas armas ahora, es lamentable”, afirmó.

El rector del CUCSUR apuntó que planea presentar una demanda civil por daños y perjuicios.

Público

Califican como “irresponsables” las recientes declaraciones de Carlos Briseño Torres en torno al tema.

Que el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) no intervenga más en el asunto de las presuntas irregularidades en la unidad de trasplantes del Hospital Civil (HCG), es lo que exigen los académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) en un desplegado que aparece hoy en los diarios locales.

Califican como “irresponsables” las recientes declaraciones de Carlos Briseño Torres en torno al tema, “quien ha vertido imputaciones y especulaciones en torno al programa de trasplante hepático y la vida interna de los Hospitales Civiles”.

El documento está firmado por quienes integran el cuerpo directivo del centro universitario: Víctor Manuel Ramírez Anguiano (rector), Rogelio Zambrano Guzmán, Vicente Teófilo Muñoz Fernández, Baudelio Lara García, Jaime Andrade Villanueva y Patricia Lomelí Mendoza Roaf.

Asimismo, consideran que Briseño Torres, de manera protagónica ha hecho juicios anticipados, con lo que a la vez asume un papel que no le corresponde por no ser una autoridad administrativa del HCG.

Sobre la vigencia del programa de trasplantes, los firmantes aclaran que ése es un tema que habrán de resolver las autoridades de los Hospitales Civiles.

Finalmente, le exigen una vez más a Briseño Torres que se abstenga de propiciar, con sus declaraciones y actitudes, “un sesgo político que le ha causado gran daño a los Hospitales Civiles, al programa de trasplantes y a la gran cantidad de pacientes que demanda esta atención altamente especializada”, concluye el desplegado.

La Tremenda Corte/Público

Salpicados El caso del médico Luis Carlos Rodríguez Sancho, responsable del equipo de trasplantes del Civil, salpica a miembros del equipo padillista de la Universidad de Guadalajara. Raúl Vargas, presidente estatal del PRD, y Leobardo Alcalá, regidor priista en Guadalajara, fueron directores del nosocomio y, según el expediente contra Rodríguez Sancho, en sus periodos se habrían producido cobros indebidos.

Dividendos Hasta donde se sabe, la investigación no recae sobre Vargas ni Alcalá, pero sin duda el tema dará motivo a sus adversarios políticos para buscar dividendos. Los adversarios, por ejemplo, bien podrían ubicarse en la dupla Carlos Briseño-Emilio González, que curiosamente controlan las instancias en conflicto: Hospital Civil y Contraloría.

PUNTOS Y CONTRAPUNTOS

Pedro Mellado/Mural

En esta guerra no habrá final feliz. Pero la crisis derivada de la fractura en el seno del grupo hegemónico, que desde hace 19 años la tiene secuestrada, podría ayudar a sanar algunos de los padecimientos más perniciosos de la Universidad de Guadalajara, que en las dos recientes décadas ha sido manejada con criterios arbitrarios, patrimonialistas y discrecionales.

La guerra interna podría derrumbar los diques que han favorecido un ámbito de opacidad en el manejo de los recursos públicos que le han sido confiados a la institución, esquema favorecido por las complicidades y omisiones de los Congresos y Gobiernos federal y estatal, que no han asumido plenamente su responsabilidad de fiscalizar, para comprobar, que el dinero de los contribuyentes se destine realmente al cumplimiento de sus objetivos esenciales: la docencia, la investigación científica y la difusión de la cultura.

La fuerte disputa por el control de la UdeG, entre el actual Rector general, Carlos Jorge Briseño Torres, en alianza con el Gobernador panista Emilio González Márquez, sumados a una cruzada contra el jefe político y cacique de la institución, el ex Rector general Raúl Padilla López, podría generar condiciones para que en los espacios reservados a una cruenta guerra mediática quedaran al descubierto las irregularidades, excesos y presuntas (y muy probables) corruptelas cometidas por ambos bandos.

Existen indicios muy claros, que desde el círculo más cercano de colaboradores del actual Rector general de la UdeG, el de mayor confianza, han surgido algunas de las ofertas de información clasificada, importante y delicada, y se han procurado las debidas facilidades para acceder a ella, sobre todo cuando exhibe algunos de los privilegios que durante los últimos años ha disfrutado el jefe político Raúl Padilla López y algunos de sus alfiles más cercanos.

La exhibición de situaciones irregulares, abusivas, presuntamente corruptas y potencialmente delictivas, como los gastos de viajes de Raúl Padilla López; el pago a algunos funcionarios públicos en la nómina de la UdeG, sin que aparentemente cumplan con sus obligaciones académicas, y el cobro por los trasplantes en el Hospital Civil, son parte de esa guerra mediática. Por supuesto, la difusión de esas conductas es saludable y contribuye a condicionar la intervención de las autoridades presuntamente responsables de sancionarlas.

Pero esas circunstancias llevan también implícita la necesidad de que quienes actualmente encabezan la administración de la UdeG, incluyendo al actual Rector y a sus más cercanos colaboradores, sean también investigados, en su conducta y en su patrimonio, para saber en qué medida pudieran haberse beneficiado del manejo de los recursos confiados a la institución, de cuya nómina y presupuestos también han vivido en los más recientes años.

En la UdeG se debe aplicar la premisa de todos coludos o todos rabones, pues la certeza de que en este pueblo no hay ladrones sólo podría consolidarse en los hechos investigados, las pruebas superadas y las inocencias corroboradas.

Lo más probable es que en esta guerra intestina todos pierdan. Pero podría surgir, inevitablemente, una tercera fuerza, o un tercer grupo, que irónicamente, podría ser una rama del mismo árbol, con características más benignas o menos parasitarias, que pudiera rescatar a la UdeG de las prácticas rupestres, caciquiles y patrimonialistas a las que ha sido sometida desde hace casi dos décadas.

Cúpula/Mural

AL CONOCERSE del cobro irregular por trasplantes en el viejo Hospital Civil, se agudiza la crisis política que vive la Universidad de Guadalajara.

LUEGO DE SOLICITAR al Gobernador Emilio González Márquez que la Contraloría investigue el hecho, el Rector Carlos Briseño abrió otro frente de guerra en contra del jefe político de la institución, Raúl Padilla.

Y ES QUE los funcionarios que podrían salir ‘raspados’ forman parte de su grupo: Raúl Vargas y Leobardo Alcalá, ambos ex directores de los Hospitales Civiles.

¿SUPIERON ESOS ex directivos que los cobros se hacían y que el dinero se depositaba en una cuenta ajena al Hospital desde hace por lo menos ocho años? ¿Estuvieron enterados de ello los ex Rectores Trino Padilla y Víctor Manuel González Romero?

ES CIERTO QUE con este caso gana la alianza Briseño – González Márquez, pero es un hecho que sus adversarios no se van a quedar con los brazos cruzados.

SI EN ALGUIEN hay duda del interés del Gobernador en este caso, basta voltear a la Contraloría estatal para ver la celeridad que se le está dando a la investigación, pues dicen que en menos de un mes habrá resultados.

ESTO NO HA SUCEDIDO con la auditoría al túnel de Las Rosas, que involucra a funcionarios de la Administración de Francisco Ramírez Acuña, ni con una laaarga lista de casos que tiene congelados la Contraloría.