Grupos de jóvenes han incendiado coches y destrozado un centro social a lo largo de la pasada noche en un suburbio de Lyon (sur de Francia). Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas policiales por segunda noche consecutiva en protesta por la muerte de un joven de origen árabe cuando se encontraba en custodia policial.

Las protestas comenzaron en la noche del martes después de que Mohamed Benmouna, un muchacho que vivía en los suburbios de Lyon, fuese detenido por un intento de robo. Poco después de su arresto entró en coma y horas más tarde murió. Según la policía, Benmouna trató de suicidarse utilizando un cordón del colchón de la celda donde fue encerrado y en la que supuestamente los agentes le encontraron ahorcado. La familia desconfía del informe policial.

Jóvenes muertos en 2005

Más de 200 agentes antidisturbios han sido desplegados para tratar de controlar la situación. Están apoyados por helicópteros que sobrevuelan a los manifestantes. Los jóvenes destrozaron contenedores de basura e incendiaron coches antes de enfilar su ira contra el centro social que ha sido destruido.

El fiscal de Saint-Etienne, la mayor ciudad más cercana a la zona del conflicto, rechazó las insinuaciones de que se habían cometido abusos por parte de la policía contra el joven muerto. Sin embargo, reconoció que el equipo de vigilancia por vídeo que debería de haber filmado a Benmouna en su celda no funcionó correctamente. Se ha ordenado la autopsia del cadáver para tratar de investigar los hechos.

Nueve personas fueron detenidas ayer miércoles después de la primera noche de violencia, que comenzó cuando Benmouna estaba aún vivo pero se encontraba ya en coma.

REUTERS - Lyon – 09/07/2009

Tanto en Francia como en el  extranjero se ha escrito mucho sobre los acontecimientos que los medios de  comunicación han denominado la “insurrección de los suburbios” o la  “guerrilla urbana”, deformándolos parcial o completamente, y que se desarrollaron entre finales de  octubre (a raíz de la muerte en condiciones poco claras de dos jóvenes  perseguidos por la policía en Clichy-sous-Bois) y finales de noviembre (tras la  decisión del Gobierno Chirac-Villepin-Sarkozy de prorrogar el estado de  urgencia por tres meses). El ridículo se alcanzó cuando las embajadas de varios  países extranjeros difundieron consignas de seguridad dirigidas a sus nacionales  residentes en territorio francés. Francia no está en llamas. Los desordenes  sólo tuvieron lugar en las ciudades satélite y los barrios suburbiales más  pobres del país, donde habitan numerosas familias de las capas populares en  grandes torres y masas de hormigón (y donde raramente se ven turistas u hombres  de negocios). Los jóvenes que se rebelaron contra el orden establecido la  emprendieron contra bienes materiales, incendiando coches (por millares),  centros comerciales, comisarías de policía, bancos, etc. no contra las  personas, con la excepción de las fuerzas del orden. Nuestra intención aquí no  es justificar estos actos de violencia gratuita, sobre todo cuando se sabe que afectaron a bienes públicos (escuelas, transportes públicos, etc.), sino  intentar comprender las razones de esta rebelión. Ya que, aún sin aceptar las  formas que ha tomado, muchos Franceses comprenden esta explosión y, para decir  todo, la esperaban como algo absolutamente ineludible. Sabemos todos que esta  sociedad (capitalista) nuestra no ofrece nada a estos jóvenes: ni condiciones  de alojamiento satisfactorias, ni una educación que les permita conseguir un  empleo estable, ni esperanza de promoción social, ni reconocimiento, ni  escucha. La relación más tangible de estos jóvenes con el Estado (capitalista)  consiste en los controles policiales, a veces brutales, siempre intimidatorios  y humillantes, basados en el aspecto.

Muchos observadores hicieron oír  sus voces, con razón, contra la represión, pero lo hicieron limitándose en  general a concentrar las críticas sobre el ministro de Interior, en campaña  para las elecciones presidenciales de 2007. Es evidente que su dimisión, por sí  sola, no resolvería los problemas de los suburbios. Las provocaciones de  Sarkozy –que pretendía limpiar “con mangueras de agua a presión” las  calles de la “inmundicia” que “las contamina”–, se  consideraron como insultos –que es lo que son– por los habitantes de las  ciudades satélite, y también como una manifestación de odio contra los pobres.  Son las clases populares en su conjunto, todos los que sufren y resisten a la  ofensiva destructiva del neoliberalismo, quienes se sintieron aludidos.

Ha habido gentes cuya lectura de  estos motines se ha basado en criterios de raza y religión. Ello significa  olvidar que esta rebelión plantea básicamente un problema de clase. Se trata de  una rebelión de jóvenes de las clases bajas urbanas precarizadas, que están  aprendiendo el significado de la lucha de clases a fuerza de golpes que les  asestan los aparatos represivos de Estado: reinstauración de hecho de la doble  pena (prisión + expulsión), justicia expeditiva, juicio en comparecencia  inmediata la noche misma de su detención y condenas a penas desproporcionadas (un año de prisión por haber incendiado cubos de basura, expulsión de titulares  de un permiso de residencia arrestados por la policía, etc.) La represión que  se abatió sobre estos jóvenes es una represión de clase, dirigida contra los  pobres, contra ese subproletariado de las ciudades satélite, sin distinción de  orígenes. Que muchos de ellos sean de origen extranjero (norteafricanos y subsaharianos sobre todo) no impide ver que el punto en común de estos  rebeldes, tanto si son franceses de origen como si son inmigrantes o  extranjeros, es la pobreza. Y eso se traduce, geográficamente, en un urbanismo  que los relega a estas zonas de exclusión.

Esta represión de clase,  agravada por el odio de raza de unas élites francesas que, autistas y saciadas  de dividendos, abruma hoy a los jóvenes de los suburbios se explica, entre  otras cosas, por un hecho a menudo ocultado. Incluso en la confusión de los  enfrentamientos, las luchas de estos jóvenes -que son también pueblo de Francia  y en su gran mayoría “gente como todo el mundo”- son portadoras de  una alternativa a la sociedad actual. Esta alternativa no ha sido teorizada, ni  conceptualizada, ni siquiera a menudo aclarada, pero se practica y está en fase  de aplicación en la dura realidad de las ciudades satélite, en el infierno de  la vida cotidiana: fracaso escolar, discriminación, desempleo, edificios  ruidosos y deteriorados, transportes públicos deficientes y demasiado costosos,  escasez de infraestructuras sociales y culturales, etc. La alternativa de la  que son portadores estos jóvenes de los barrios populares es la antítesis del proyecto antisocial de la burguesía francesa y las élites europeas, es la  inversión simétrica del apartheid  urbano-racial-social predicado por la extrema derecha de Le Pen, rencorosa,  xenófoba y reaccionaria. Esta alternativa se sitúa exactamente en el punto  opuesto del apartheid mundial querido, desde Estados Unidos, por Bush. La  paradoja, y una parte de la dificultad para entender el sentido de estos  motines, proviene de que estos jóvenes se hallan alienados y son totalmente permeables al modo de vida consumista  estadounidense: prendas de vestir, comida, juegos, jergas, referencias  culturales, etc., pero, debido a su antirracismo puesto en práctica en las ciudades satélite, rechazan la modalidad de existencia de Estados Unidos, es  decir, la violencia de un sistema de segregación dentro del país y de guerra  fuera de él. No se trata ya de la violencia de grupos de jóvenes que incendian  coches, sino de la del primer Estado terrorista del mundo, en lucha contra los  pobres. Aunque la mayoría de estos jóvenes amotinados no esté politizada, su acción es política.

La alternativa que se construye  hoy, en primer lugar en estas ciudades suburbiales, y por la cual luchan en  primera línea estos jóvenes, junto a sus padres, amigos y vecinos es la de una  Francia mestiza, multicolor, abierta al mundo -especialmente al Sur, al Tercer  Mundo-, una Francia fuerte y orgullosa de sus diferencias, cosmopolita y  acogedora. Una Francia que no olvida que, en 1789, su Revolución concedió un  acta de diputado a un alemán (Anacharsis Cloots); que la Comuna de París contó,  en 1871, con representantes polacos (Wrobleski, Dombrowski); y sobre todo que  millones de extranjeros dieron su vida para defenderla. Lo que estos jóvenes  nos recuerdan, hasta en la furia de estos acontecimientos, es que Francia está  en pleno mestizaje, que Marianne  tiene la piel morena. La evidencia está a la vista: en las clases populares,  muchos jóvenes y menos jóvenes, han tomado ya partido desde hace tiempo. Más  allá de las dificultades a que se enfrenta ese proyecto antirracista, en los  barrios pobres, campos de batalla sobre los cuales se desarrolla el combate  decisivo contra el racismo, amplios sectores populares, incluidas clases  medias, ha optado en conciencia, con valor y tolerancia, por aceptarse, vivir y  construir juntos, en el respeto del otro. La gran mayoría de los jóvenes que se  alzaron es francesa y no tiene ninguna necesidad de “integrarse” (por  otra parte, ¿con quién? ). Exigen ser aceptados y reconocidos por lo que son y lo que hacen: son franceses como los demás, y construyen la Francia de mañana:  una sociedad de aceptación del otro, de mestizaje, de confraternización de  razas y nacionalidades.

Estamos muy lejos del tópico de  una Francia racista, en curso de fascitización bajo el efecto de las tesis de  Le Pen. Heredero de la Francia de la vergüenza, de Vichy a la OAS, de la  Francia de esta Europa “indefendible” como decía Aimé Césaire, el Front National renació a principios de la década de 1980, de la mano de un  Mitterrand deseoso de romper la influencia del Partido Comunista Francés. El  Frente Nacional creció sobre el abono nauseabundo de la historia de la  burguesía francesa, la de la esclavitud, la colonización, la colaboración con  el nazismo, el imperialismo. Le Pen consiguió pudrir lo que el neoliberalismo  habían empobrecido. Y la victoria contra él en 2002, gracias también a esa  juventud abigarrada de los suburbios, que supo asimismo movilizarse y decir  “no” en mayo al referéndum sobre la Constitución Europea, fueron  decisivas para la defensa de los valores de la República y de lo que 1789 tuvo  de universal. El peso político del FN no se debe a un supuesto racismo del  pueblo de Francia, sino más bien a la reacción de las fracciones extremistas de  la burguesía nacional ante la opción antiapartheid adoptada y ya practicada por  los jóvenes de los barrios populares. Y queda aún mucho camino por recorrer  antes de que nuestras élites acepten abrir el debate sobre lo que ellas  hicieron sufrir a los pueblos de Francia y el mundo anteriormente: de la esclavitud  a las guerras coloniales, del colaboracionismo de Pétain en Francia a los  apoyos a las dictaduras neofascistas del Sur. Tanto camino hay aún para que se  abra el debate sobre lo que nuestras burguesías, dirigentes transnacionales y  altos responsables del Estado, hacen a Francia y del mundo: mantenimiento de  zonas enteras del pueblo en el desempleo y la pobreza, saqueo imperialista del  Sur por sus empresas y su Estado. Son estos jóvenes de los barrios que hacen  frente a Le Pen y a sus sustitutos de la derecha “moderada” por medio  de los cuales gobierna por delegación. Son estas ciudades satélite las que más  sufren los innumerables desastres sociales causados por la política neoliberal  impuesta al pueblo francés desde el principio de los años ochenta por esta  alternancia sin alternativa de la derecha tradicional y el Partido Socialista.

Pero Francia es un país  democrático, puesto que su Presidente fue elegido por el pueblo. ¡Hasta por un 82%! ¡Y ahora un 70% de los  franceses afirman hoy no tener confianza en él! Votaron contra Le Pen, y Chirac  aprovechó para seguir con más de lo mismo: cada vez más neoliberalismo. No se  trata de minimizar aquí la importancia del voto. Pero si para la mayoría de los  Franceses la democracia representa darse un paseo, un domingo al año, hasta la  mesa electoral para hacer cola (en silencio), asentir con la cabeza al oír su  nombre (en silencio), deslizar un sobre en la urna (en silencio) y volver a  casa (en silencio), entonces es bien poca cosa. Cuando una minoría impone una política  antisocial a la mayoría, no es democracia. Votar para que sólo cambie lo  necesario para que nada cambie, no es democracia. La cohabitación de la antigua  derecha (tradicional) y la nueva derecha (PS), la una más neoliberal y  atlantista que la otra, no es democracia. Es el “poder fuera del pueblo,  sin el pueblo, contra el pueblo”; el capitalismo moderno, neoliberal; el  poder de las finanzas; es decir, una “democracia de accionistas”.  Votamos el 29 de mayo y dijimos “no” a la sumisión atlantista de las  élites europeas, votamos “no” a la constitucionalización del neoliberalismo en Europa, un no de clase, un no de esperanza. Y ganamos. ¿Se  oyó nuestra voz?

No. Todos ellos fueron  derrotados, democráticamente; todos siguen en sus sitios, ¿democráticamente? ¿Cómo se espera que los jóvenes de las  clases populares crean en esta ficción de democracia, “puenteados”, sin estar  representados por nadie y pudiendo contar sólo con ellos mismos?

Así, desde el 8 de noviembre de 2005, en las  “zonas sensibles”, para los rebeldes (a veces menores), es el estado  de urgencia; régimen de excepción que, “en caso de peligro inminente resultante de ataques graves al orden público ” libera a las autoridades  administrativas (los prefectos) del principio de legalidad que regula normalmente  su actividad, mediante la ampliación de sus poderes en forma de: prohibición de  circular, arresto domiciliario de las personas cuya actividad resulte peligrosa  para el orden público (sin la “creación de campos donde se mantendrían  detenidas las personas”), cierre de salas de espectáculos y de comercios  de venta de bebidas, prohibición de reunirse con miras a causar o mantener el  desorden, registros a domicilio día y noche, controles de prensa,  publicaciones, radios y cines, competencia de los tribunales militares en los  casos de delitos de derecho común, etc. Es decir, una ley represiva a la que  los “demócratas” que nos gobiernan sólo recurrieron contra los  argelinos (1955) o los “canacos” de Nueva Caledonia (1985). En la metrópolis, no lo hicieron ni en 1968.  Alcaldes de derechas que imponen en sus municipios el  toque de queda a partir del atardecer (como ha hecho en Raincy Éric Rault, ex  ministro UMP de la ciudad). A excepción de algunos cargos elegidos socialistas  que se declaraban francamente satisfechos de las medidas adoptadas por el  Gobierno, la izquierda en su conjunto condenó esta escalada de la represión:  Partido Comunista, Liga Comunista Revolucionaria, Verdes, Federación sindical  unitaria, MRAP, Liga por los Derechos Humanos, Sindicato de la Magistratura,  Comité de personas sin domicilio fijo, Asociación de trabajadores magrebíes de  Francia, Centro de Estudios e Iniciativas de Solidaridad internacional, etc.  etc. Las reacciones del Partido Socialista, en cambio, han sido por lo  menos mesuradas: el primer secretario del PS, François Hollande, declaró que  “la aplicación de la ley de 1955 debe limitarse en el tiempo y en el  espacio” y que su prórroga era “un mal símbolo”. En noviembre de 2001, su esposa, Ségolène  Royal, entonces viceministra de la Familia y la Infancia del gobierno Jospin, ofuscada por la validación por el Consejo de Estado de un orden municipal toque  de queda ya había dicho: “el término toque de queda es inadmisible… es un  término belicoso”. Jean-Marc Ayrault, presidente del Grupo Socialista de  la Asamblea nacional, por su parte, se ganó los favores de un hemiciclo  mayoritariamente de derechas declarando: “en tales circunstancias, las formaciones democráticas deben saber concebir un pacto de no agresión”.

No es menos cierto que muchos jóvenes de suburbios,  y de toda Francia, se hallan hoy completamente desvinculados de las luchas de  emancipación del movimiento obrero francés y de la memoria de su historia. La  escuela no les enseña esta materia -y menos aún las luchas de los pueblos del  Sur-, y tampoco lo hacen los partidos y los sindicatos de izquierdas. Pero lo  que es seguramente más grave aún, es que muchos militantes progresistas ignoran  casi todo de la historia y de la actualidad de las resistencias de las ciudades  satélite y la inmigración en Francia. Ahora bien, estos dispersos movimientos asociativos, molestos, en ebullición, son  la expresión autoorganizada de las poblaciones de los  barrios populares, franceses y extranjeros pobres mezclados que avanzan codo  con codo para una transformación progresista de la sociedad. Estas luchas surgen sin cesar de las ciudades  satélite, alimentadas por la dificultad de las condiciones de vida y (de falta)  de trabajo, estallando después de cada “atropello” policial. Estas  luchas se esfuerzan en organizarse, estructurarse, unirse, debilitadas por las  ofensivas de recuperación, instrumentación y desvío de sus energías. En Francia, la historia de las luchas de los  habitantes de las ciudades satélite se solapa -aunque sin encubrirla—a la de  los inmigrantes. Hunde sus raíces, partir del  desencadenamiento de la crisis de los años setenta, en  los combates llevados por los inmigrantes de la “primera generación”  venidos del Sur, que se organizaron en grupos autónomos con el fin de defender  sus derechos e intereses en el lugar de trabajo o residencia (Étoile nord-africaine, Mouvement des Travailleurs arabes, Maison des Travailleurs  immigrés, etc.) Desde el principio de la década de 1970, las huelgas del hambre  de los “indocumentados” (contra la Ley
Marcelin) produjeron varias  decenas de millares de regularizaciones. A pesar de una dura represión, en  1976, las huelgas de alquileres de los trabajadores de los hogares Sonacotra,  en protesta contra unas condiciones de alojamiento lamentables, luego las de  familias enteras en “ciudades de tránsito”, permitieron arrancar  nuevos alojamientos.

Estas luchas se reforzaron en la década de 1980, ante los efectos sociales  devastadores del neoliberalismo y el ascenso del  Frente Nacional, con la aparición de los  movimientos de jóvenes de las ciudades satélite y de la inmigración de la  “segunda generación”. En 1982, una serie de agresiones de carácter  racista y de atropellos policiales causó la creación, entre otras cosas, de la Association Gutenberg, en Nanterre, que contribuyó a coordinar las acciones de  resistencia contra el racismo y las discriminaciones y a la autoorganización de  las luchas de los habitantes de los barrios populares. Estos últimos se  movilizaron poco a poco en torno a una multitud de asociaciones e iniciativas,  sobre todo en las regiones de París y Lyon. Fue el caso, después, de las confrontaciones entre jóvenes y fuerzas de orden en Minguettes (Vénissieux) y  el llamamiento “Policía y justicia iguales para todos”, de una serie  de asociaciones de barrios: Zaama d’Banlieue, en Lyon; Lignes parallèlles, en  Vaulx-en-Velin; o, en los suburbios parisienses, Wahid Association y el  Collectif des Mères des victimes de crimes racistes et sécuritaires. El año  1983 es un momento de inflexión: las asociaciones de Minguettes (SOS Avenir, en  particular) lanzan la iniciativa de una gran marcha pacífica “en favor de  la igualdad de derechos y contra el racismo”, que sale en octubre de Lyon  y llega a París en diciembre, y reúne a más de 100.000 personas. Para sorpresa de todos, el impacto de esta marcha fue enorme, con su parte positiva, como la  instauración de la “tarjeta de residencia de 10 años”, y negativa,  muy especialmente la puesta en marcha por el Partido Socialista de la máquina  de recuperación electoral de los movimientos de las ciudades satélite, y en  primer lugar de los jóvenes beurs. La  ilustración más acabada de esta manipulación de las demandas de los jóvenes fue  el nacimiento de la asociación SOS Racisme en diciembre de 1984. Nacida en los  salones del Elíseo, se benefició de medios materiales considerables, además de  los apoyos de Matignon (Fabius), la Juventud Socialista, los medios de  comunicación (Libération, Le Matin), intelectuales y publicitarios mediáticos,  etc. Seguirán, en este espíritu, la creación de France Plus (1985), las  subvenciones a Radio Beur y a la Amicale des Algériens, la moda de la  “ciudadanía” en torno a Mémoire Fertile (1987), y la promoción de lo  que podríamos llamar una “beurgeoisie”. [3]

La brecha seguía ensanchándose irremediablemente  entre las asociaciones institucionalizadas (organizaciones de izquierda,  antirracistas, católicas, etc.) y los movimientos de las ciudades satélite que  operaban sobre el terreno. Entre éstos, el Collectif Jeunes, creado a finales  de 1983, se dio a conocer en la región parisiense por sus acciones de choque:  ocupaciones (hipermercados, periódicos, un coloquio organizado por el MRAP y el  PS, entre otras), ruedas de prensa (en los locales de la Prefectura de policía  de París), manifestaciones de solidaridad con los obreros inmigrantes  despedidos en conflicto con patronal y sindicatos (en las fábricas de  automóviles Talbot, en Poissy, y Renault, en Flins) que fue la ruptura  definitiva con el PS y el antirracismo de salón. Los distintos movimientos seguían  estando sin embargo aislados, enclavados en sus zonas respectivas, divididos  entre sí. En las Jornadas nacionales de jóvenes de las ciudades satélite y la inmigración, en junio de 1984, en Bron no fue posible alcanzar la unidad.  Demasiados conflictos dividían la dinámica global. Uno de los puntos de  divergencia entre las asociaciones era su posición con relación a la defensa de  los jóvenes, franceses o extranjeros, con antecedentes penales, lo que  constituía, por ejemplo, una parte del trabajo de Convergence 84, surgida del  Collectif Jeunes de París, o de Jeunes árabes de Lyon et banlieues (JALB) en  Lyon, movilizados ya en 1985 contra proyecto de Ley Pasqua.

En los años noventa  tuvo lugar un nuevo desarrollo de las asociaciones y los comités de barrios, algo  más organizados, autónomamente, sobre la base de reivindicaciones sociales y  políticas, especialmente en los suburbios de París (Les Mureaux, Nanterre,  Mantes-la-Jolie, Goussainville, Vitry-sur-Seine) y de Lyon (Vénissieux,  Vaulx-en-Velin). En París, se constituyó un colectivo interurbano, Résistance  des Banlieues, con el fin de ayudar a los habitantes en sus relaciones con la  policía, la justicia, la administración de los bloques de viviendas sociales,  etc. Con el respaldo de ex miembros del Collectif Jeunes, una nueva generación  de militantes de las clases populares surgió de las ciudades satélite y de la  inmigración y se organizó. Uno de los grupos más activos es el Comité National  contre la Double Peine (CNDP), creado en 1990 en Ménilmontant (20º arrondissement de París). Mediante la  ocupación de locales (de SOS Racisme, prefecturas, aeropuertos), huelgas de  hambre y manifestaciones de apoyo a jóvenes en precario condenados, condujeron  a un cuestionamiento de una ley represiva e injusta (Ley Sapin de diciembre de  1991). En Lyon, después de los motines de Vaulx-en-Velin (1989-90) tras nuevos  atropellos, se formó un comité contra las violencias policiales y la  manipulación informativa en el barrio Agora del Mas-du-Taureau. Su radicalidad  militante condujo a una larga serie de conflictos entre esta asociación y los  poderes locales (prefecto, alcalde, Fondo de acción social, centros sociales),  y también una aproximación con el CNDP y las fracciones de movimientos más  antiguos, parisienses (Gutenberg) y lioneses (Lignes Parallèles, JALB). Las  Jornadas nacionales de los suburbios, en 1992, confirman esta convergencia de  las dos asociaciones (y la ruptura con el JALB, satelizado, no sin problemas,  por los Verdes). De la misma manera que habían hecho irrupción, juntos, en un coloquio sobre la ciudad (“Banlieue 89″) organizado en Bron por el PS  y presidido por el presidente Mitterrand, sus militantes emprenden, codo con  codo, una serie de acciones de solidaridad en los barrios: servicios jurídicos  permanentes y asistencia de abogados, apoyos escolares y ayudas en la búsqueda  de empleo, etc. En las elecciones municipales de 1995, Agora y otras  asociaciones se unen para presentar una lista local, “Le Choix  vaudais”, que se consiguió cerca del 20% de los votos en Mas-du-Taureau,  siguiendo el ejemplo de Jeunes Objectif Bron (1989).

El Mouvement de  l’immigration et des banlieues (MIB), surgido tras una convención nacional de jóvenes celebrada en la bolsa de  trabajo de Saint-Denis, en mayo de 1995, es el  producto de esta historia de luchas de las ciudades satélite. Prosigue la  búsqueda, ya iniciada antes, de la autonomización y la participación de los  habitantes de los barrios populares, intentando instaurar la relación de  fuerzas menos desfavorable posible. El MIB analiza también los métodos de resistencia a la enajenación capitalista, a fin de intentar emancipar a los  jóvenes de sus relaciones de odio-deseo ante la sociedad de consumo. Los  objetivos declarados del MIB consisten en sostener y reunir a los protagonistas  de la lucha en las ciudades satélite (contra la discriminación, las agresiones  racistas, la violencia policial, la doble pena, las expulsiones de extranjeros,  en favor del alojamiento, el empleo, el respeto de la libertad de culto, el  control de su futuro por las propias poblaciones, etc.), pero también en  formular una estrategia de acción y representación políticas. De ahí el  esfuerzo para devolver la memoria de las luchas de las ciudades satélite y de  los inmigrantes, y para contextualizar sistemáticamente los problemas concretos  en el contexto de las relaciones de fuerza internacionales (explicación de los  agravamientos sucesivos de la represión después de la guerra del Golfo en 1991,  en el momento de la Intifada, luego en el marco de la “lucha contra el terrorismo”  después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y de nuevo después de la  invasión de Irak en 2003).

Evidentemente, las propuestas deben formularse de manera  suficientemente amplia para que permita su articulación con las pretensiones de  otros movimientos sociales en lucha, aparecidos también en los años noventa, a  saber: la Association Droit au Logement (DAL), creada  en 1990 con ocasión de la ocupación de inmuebles por familias expulsadas, en la  Place de la Réunión en el 20º arrondissement  de París; el Comité des Sans-Logis (CDSL), creado en 1993 para ayudar a las personas en estado de gran precariedad y a los pobres muy aislados; la  asociación Droits Devant! (Dd!!), creada en diciembre de 1994; Agir contre le  chômage! (AC!) ; el Groupe d’Intervention et de Soutien aux Immigrés  (GISTI); el llamamiento Appel des “Sans”, lanzado del 20 de diciembre  de 1995, entre las grandes huelgas obreras contra el neoliberalismo; el  Mouvement national des Chômeurs et des Précaires; la Association pour l’Emploi,  l’Insertion et la Solidarité (APEIS), etc.

Hacer converger las demandas de todos estos movimientos diferentes no es  fácil, pero existen muchos puntos de convergencia; por ejemplo, el empleo. En  las ciudades satélite, muchos jóvenes, aun teniendo sus papeles en regla, no  encuentran trabajo formal -la tasa de  desempleo es superior al 20% entre los jóvenes y de alrededor de un 50% entre  los de origen africano, lo que se explica, entre otras cosas, por la  persistencia de una discriminación difusa y multiforme–; sus peticiones de  empleo se dejan de lado por provenir de un grupo social sobre el que los empresarios proyectan sus prejuicios negativos, y también porque en el mercado  laboral, en Francia como en los otros países capitalistas del Norte, la oferta  de trabajo clandestino se abastece permanentemente, según convenga a los  empresarios de la confección, la hostelería-restauración o la construcción, por  flujos de inmigración clandestina prácticamente constantes desde la implantación del neoliberalismo. Así, los jóvenes “con tarjeta” (de  identidad francesa o estancia) y los jóvenes “indocumentados” están  en una situación de competencia en la búsqueda de empleo, para mayor beneficio  de los capitalistas. La represión, que sólo muy raramente afecta a éstos, se abate en cambio sobre los trabajadores clandestinos, amenazados por decretos de  expulsión, encerrados en centros de retención, expulsados por la fuerza del  país e incluso colocados ellos mismos en competencia con nuevos trabajadores  clandestinos traídos por las redes organizadas por el capital.

Es ya hora de que la izquierda  francesa manifieste su solidaridad con este subproletariado sobreexplotado, con  estos jóvenes precarizados de las ciudades satélite. Si bien este petit peuple de las ciudades satélite no  constituye, ciertamente, la totalidad de su base social, sin él la izquierda no  será nunca más verdaderamente popular. Lo que está en juego en esta solidaridad con las reivindicaciones de los jóvenes de los suburbios consiste en la  articulación de las luchas tradicionales de los trabajadores franceses -sean  franceses de origen, nacidos de la inmigración o extranjeros- con las de las  otras fracciones de las clases populares: precarios, parados, indocumentados,  personas sin hogar, sin derechos. Hay seguramente en ello, para la izquierda francesa y para todos los progresistas, una oportunidad histórica de  reconstruir en la modernidad unas posiciones de clase claras, un espíritu  revolucionario y un internacionalismo de los pueblos. Seríamos bastante románticos  y un tanto ingenuos si creyéramos que se reúnen ya hoy las condiciones  objetivas y subjetivas de una transformación radical e inmediata de la sociedad francesa. No se trata de sugerir que estos jóvenes sean el relevo del  proletariado sin fuelle de los centros capitalistas, o los reflejos de las  periferias de un Sur en ebullición. No se trata tampoco de negar que muchos de  estos jóvenes aspiran simplemente a acceder a la sociedad de consumo y a subir  en la escala social de la sociedad capitalista. No se trata de ocultar el hecho  de que algunos de ellos no tienen otro objetivo que la destrucción, devolver  golpe por golpe a esta sociedad inicua y represiva que los excluye. No se trata  de idealizar las pretensiones que llevan a estos motines -estas formas de  violencia, por otra parte casi siempre dirigidos contra los propios habitantes  de las ciudades satélite-. Pero aunque estos jóvenes en rebeldía no formen  partidos, aunque sigan suscitando mucha desconfianza y una cierta inquietud en  el resto del país, la izquierda debe ver en ellos a unos aliados para la  necesaria transformación progresista, social y democrática de Francia, y no  solamente una reserva de votos para las próximas elecciones.

Samir Amin y Rémy Herrera
Traducido del francés para Rebelión por S. Seguí

“Ninguna persona debería enfrentarse a discriminación en el trabajo a causa de su raza”. Cuando el Tribunal Supremo de EE UU emitió una sentencia, el pasado lunes, con esta conclusión, cambió sustancialmente la forma en la que el país ha tratado de compensar, desde los años sesenta, décadas de esclavitud, racismo y segregación contra los negros.

“Ninguna persona debería enfrentarse a discriminación en el trabajo a causa de su raza”. Cuando el Tribunal Supremo de EE UU emitió una sentencia, el pasado lunes, con esta conclusión, cambió sustancialmente la forma en la que el país ha tratado de compensar, desde los años sesenta, décadas de esclavitud, racismo y segregación contra los negros. Porque, después de seis años en los tribunales, un grupo de 29 bomberos, todos blancos, incluido un hispano, logró demostrar que la ciudad que les contrató, New Haven, les había discriminado para favorecer a otro grupo compuesto íntegramente por afroamericanos.

Tratando de escapar de una demanda por comportamiento racista, la autoridad de New Haven acabó protagonizando un caso de racismo inverso. “La voluntad de evitar la discriminación inintencional no puede justificar la discriminación intencionada”, ha dicho el Supremo en su sentencia.

En invierno de 2003, esta ciudad organizó dos exámenes orales y escritos para ascender a un grupo de bomberos locales a los rangos de teniente y capitán. Los que acertaran más de un 70% de las preguntas aprobarían. De ellos, y por estricto orden descendente de nota, los 15 mejores serían ascendidos. En las pruebas para teniente aprobaron 25 blancos, seis afroamericanos y tres hispanos. En las de capitán, fueron 16 blancos, tres negros y otros tantos latinos. Las 19 personas que tenían suficiente nota para lograr el ascenso eran todas blancas, además de dos latinos. Un grupo de 18 bomberos negros decidió protestar ante el Gobierno local. Argumentaron que los resultados de los exámenes eran una prueba de que había habido una discriminación racista en su contra. Que por ser negros habían sido apartados de las posiciones de mando del cuerpo de bomberos. El Ayuntamiento examinó las listas y abrió en 2004 un proceso de ratificación de las pruebas que duró cuatro meses.

En las vistas orales, los bomberos blancos declararon que habían invertido tiempo y dinero en prepararse para los exámenes. Uno de ellos, Frank Ricci, dijo que tuvo que hacer un esfuerzo titánico para aprender las lecciones, ya que es disléxico. Ha sido bombero durante 11 años. Se gastó 750 euros en libros. Estudió hasta 13 horas diarias. Aprobó y logró el ascenso. Algunos expertos en educación certificaron que los exámenes eran neutrales y que no llamaban a la división racial. No había nada que los bomberos negros no pudieran haber estudiado.

Sólo para blancos

Otros, sin embargo, dijeron que los resultados demostraban que los exámenes atentaban contra la Ley de Derechos Civiles de 1964, que establece que un empleador no puede administrar pruebas de trabajo que vulneren la representatividad de una minoría protegida.

Al final, el gobierno local declaró la prueba inválida, a través de la Junta de Servicios Sociales. De sus cinco miembros, dos empataron. El quinto se inhibió, ya que un familiar se había presentado al examen. El Ayuntamiento convocó otra prueba. Ricci y los otros 19 bomberos, que se ganaron el sobrenombre de Los 20 de New Haven, llevaron al alcalde a juicio. En varias ocasiones, la justicia falló en su contra. Hasta que llegaron al Supremo.

Lo que se ha debatido en la última instancia judicial del país es si New Haven ha respetado el título séptimo de la Ley de Derechos Civiles, aprobada en 1964, que se puede resumir en un claro mandamiento a todos los empleadores, públicos y privados, del país: es ilegal discriminar por raza, sexo o religión. Lo irónico es que esa ley se creó para proteger a las minorías negras, y ahora se ha esgrimido para proteger a un grupo mayoritariamente blanco.

“Esta sentencia es preocupante”, explica Linda Greenhouse, una periodista que informó sobre el Supremo durante 29 años y que ahora trabaja para la Universidad de Yale. “Este país ya fue demasiado lejos discriminando a los afroamericanos como para dejar de preocuparse de ello en este momento. Hay normas que se deben respetar, tenemos unas normativas muy buenas que nos han impedido, hasta la fecha, volver a tiempos peores. Es preocupante que el Supremo detenga la lucha por la igualdad. Esas leyes, bien interpretadas, hacen que haya cierto equilibrio y que se compensen las injusticias del pasado”.

Esta sentencia ha puesto en duda indirectamente otra sentencia emitida por el mismo Supremo en 1971, en otro caso de fuertes connotaciones raciales. La empresa Duke Power, de Carolina del Norte, quería contratar trabajadores para su planta eléctrica de Dan River. En el pasado había sido una compañía segregada. Entonces, por ley, debía tratar a todos los empleados por igual. El problema fue que a la hora de exigir unos requisitos mínimos, como el graduado escolar, un 88% de los negros se quedó fuera.

El caso llegó al Supremo, que en 1971 dictaminó que el proceso había sido “justo en la forma, pero discriminatorio en su resultado”. Es decir, que un proceso de contratación podía ser “racista en sus consecuencias, y no simplemente en su motivación”. Muchos negros vivían en la pobreza. No habían podido cursar estudios por el racismo que existía contra ellos. Por tanto, era imposible que la mayoría tuviera graduado escolar. La Corte concluía que la “historia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que han demostrado resultados muy efectivos sin las medallas convencionales de los certificados, diplomas o títulos”.

Ahora, sin embargo, la misma Corte ha decidido que es suficiente un examen y que un empleador carezca de intenciones racistas. Si en los resultados de las pruebas no había ningún negro, no fue por culpa de la prueba. “El examen era neutral”, explica Ilya Shapiro, analista experto en jurisprudencia del Supremo de la organización conservadora Cato Institute. “No favorecía ni a unos ni a otros. El problema es que el gobierno local decidiera anularlo simplemente porque los resultados no favorecían a un grupo sobre otro. Uno no puede volver atrás en el tiempo y cambiar las normas del juego sólo porque los resultados no son satisfactorios”.

La sentencia del Supremo no ha sido aprobada por unanimidad. Cinco jueces han fallado a favor de Los 20 de New Haven. Otros cuatro, en minoría, se opusieron, recordando que el departamento de bomberos de la ciudad tiene un reciente pasado racista. En 1972, la ciudad disponía de 502 bomberos blancos y 18 negros. En aquella época, un 30% de la población de New Haven era de minoría negra o hispana.

En 1973, 1989 y 1998, los pocos bomberos negros que había ya denunciaron que la contratación de nuevos agentes seguía un patrón “de discriminación voluntaria”. A finales de los ochenta, un tribunal de apelaciones del Estado de Connecticut ratificó que el departamento de bomberos de New Haven ofrecía a agentes blancos puestos que todavía no estaban vacantes, creando una dinámica interna en los ascensos de la que quedaban excluidas las minorías.

“Muchos cuerpos de bomberos se negaban a contratar a negros antes de finales de los años cincuenta o sesenta, y aquellos que lo hacían en raras ocasiones, generalmente los destinaban a estaciones segregadas y los sometían a un acoso severo”, dice un informe de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, presentado ante el Tribunal Supremo. En la capital federal, Washington, a los bomberos negros no se les permitió dormir en las mismas dependencias que los blancos hasta los años sesenta. Y hasta entrados los setenta, tenían camas marcadas con la letra C, platos con la letra C, cubiertos con la letra C. De persona “de color”.

El problema es que tres décadas después, el departamento de bomberos de New Haven sigue teniendo una representación desproporcionada de blancos. Sólo uno de los 21 capitanes es negro. De los 32 agentes con cargos de responsabilidad, sólo hay tres negros y otros tantos hispanos. Hoy en día, el 60% de la población de New Haven es negra o latina.

El grupo de bomberos negros no cree que el caso vaya a acabar donde lo ha dejado el Supremo. “Esto no acaba aquí”, dijo el pasado miércoles en rueda de prensa Gary Tiney, portavoz de la New Haven Firebird Society, la asociación de bomberos afroamericanos. “Podemos recordar ahora muchos incidentes con el uso de sogas [un símbolo racista en EE UU] y otros acosos. Yo sé que yo mismo voy a sufrir incidentes. Sé que van a ocurrir. Sé que me llegarán por correo. Pero sé que decidí desde un principio asumir esta posición”.

Estas personas, cuyas familias han vivido la segregación y el racismo hasta hace pocos años, han confiado en la discriminación positiva para salir de un círculo vicioso de marginación y pobreza al que les condenó la sociedad norteamericana de antaño. “Se trata de erradicar la injusticia histórica que ha existido en este país en contra de minorías desfavorecidas y que todavía se sigue dando en ciertos ámbitos”, explica el profesor Edward Kellough, de la Universidad de Georgia y autor del libro Understanding Affirmative Action.

“Metaforizando el asunto”, explica, “es como ver a dos corredores en una competición. Uno de ellos parte de la salida cargado con un gran peso añadido, el otro corre ligero. A mitad de carrera, los jueces se dan cuenta de que la carrera es injusta, liberan al segundo corredor de su peso, y reanudan la marcha como si nada hubiera sucedido. ¿Es eso justo? El segundo corredor tiene un buen trecho de desventaja. El objetivo de la discriminación positiva es compensar esa desventaja”.

La meta es fomentar la contratación de minorías tanto en la empresa privada como en el sector público. Los únicos límites son los de las cualificaciones de cada aspirante. “Si se administra una prueba laboral y dos candidatos llegan con las mismas notas y los mismos méritos y uno es blanco y el otro es afroamericano, al final, el empleador debería elegir al afroamericano”, explica el profesor Kellough. A lo largo de los años, desde los tiempos de Lyndon B. Johnson, el Gobierno de EE UU ha aprobado diversas directivas impulsando la contratación de minorías en el mundo laboral.

No todo el mundo opina igual. El mismo presidente Barack Obama, que ha sido profesor de derecho constitucional, se ha mostrado crítico. “No creo que contratar con el único criterio de la raza sea algo constitucionalmente aceptable”, dijo en una reciente entrevista con Associated Press. “Siempre he pensado que la discriminación positiva debería tener menor importancia de la que se le da en los medios”.

Aun así, y a pesar de todo, los bomberos negros de New Haven siguen insistiendo en que las pruebas no fueron justas. Lo repiten una y otra vez. Lo repite la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, que les apoyó en su defensa. “Hubo una predisposición cultural en esos exámenes”, dice Hilary O. Shelton, director de la división de esa organización en Washington. “Hubo preguntas que estaban diseñadas para apartar a los aspirantes afroamericanos. El Tribunal Supremo no supo verlo, pero la discriminación estaba presente en esos exámenes. Y la prueba son los resultados“.

La prueba que se distribuyó en New Haven es, de hecho, inusual. En muchas oficinas de bomberos de EE UU, el examen de ingreso es una prueba física y una simulación de una situación de crisis a la que el aspirante se debe someter. El de New Haven, sin embargo, era un examen teórico escrito que suponía el 60% de la nota, acompañado de una prueba oral, valorada en el 40%.

La juez Ruth Ginsburg, que disintió de la sentencia mayoritaria, explica en su anexo que hubo un contexto de discriminación que pervive desde hace décadas en New Haven. Según esta magistrada, “algunos individuos ya tenían los libros necesarios antes de que se publicara el temario”. “Mientras muchos aspirantes de origen caucásico pudieron obtener los materiales y la ayuda de sus familiares en el servicio de bomberos, la inmensa mayoría de los aspirantes de las minorías eran bomberos de primera generación, sin la ayuda de semejantes redes”, añadió.

Los jueces discrepantes creen que la discriminación sobrevive en aquel puesto de bomberos a través de décadas y décadas de poder blanco ostentado por familias de empleados blancas. Las familias tienen abuelos, padres, hijos y nietos bomberos. Casi todos blancos, porque a los negros se les permite ser bomberos desde hace muy poco. Según esta versión, los blancos son una poderosa red que sabe qué estrategias aplicar para que quienes desconocen los resortes del poder queden excluidos. Para demostrarlo, los resultados del examen. La mayoría del Supremo, sin embargo, no los ha dado por válidos. Y en lugar de un caso de racismo original, Los 20 de New Haven han acabado siendo el primer caso de racismo inverso demostrado por la máxima instancia judicial del país.

DAVID ALANDETE 04/07/2009

Julien Coupat respondió a las preguntas por escrito de Le Monde desde la prisión de La Santé. Fue detenido junto a otras ocho personas el 11 de noviembre de 2008, acusados de sabotear las líneas de alta velocidad de la SNCF y, también, de la redacción de un libro subversivo, La insurrección que viene. Pocos días después de publicar esta entrevista, Coupat -el último de los detenidos que permanecía en prisión- fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 16.000 euros. Julien Coupat fue miembro del comité de redacción de la revista Tiqqun.

Julien Coupat : “La prolongación de mi detención es una pequeña venganza”

LE MONDE | 25.05.09 |

Entrevista realizada por Isabelle Mandraud y Caroline Monnot

Estas son las respuestas a las preguntas que hemos planteado por escrito a Julien Coupat. Encausado el 15 de noviembre de 2008 por “terrorismo” con otras ocho personas interpeladas en Tarnac (Corrèze) y París, se le acusa de haber saboteado las catenarias de la SNCF. Es el último que permanece todavía en prisión (ha pedido que algunas de sus palabras estén en cursiva).

¿Cómo vive su detención?

Muy bien, gracias. Estiramientos, carreras, lecturas.

¿Puede recordarnos las circunstancias de su arresto?

Un grupo de jóvenes con pasamontañas y armados hasta los dientes irrumpieron violentamente en nuestra casa. Nos amenazaron, nos esposaron y nos trasladaron, no sin antes haber destrozado todo. Nos llevaron secuestrados a bordo de potentes bólidos circulando por las autopistas a más de 170 km/h de media. En sus conversaciones se refirieron frecuentemente a un tal señor Marion [antiguo jefe de la policía antiterrorista] cuyas hazañas viriles les divertían mucho, como aquella en la que golpeaba a uno de sus colegas, con buen humor, en medio de una fiesta de despedida. Nos secuestraron durante cuatro días en una de sus “prisiones del pueblo” fastidiándonos con preguntas en las que lo absurdo se disputaba con lo obsceno.

Quien parecía ser el cerebro de la operación se excusaba vagamente de todo este circo explicando que era culpa de los “servicios”, arriba, donde actuaban toda clase de gentes que nos tenían muchas ganas. A fecha de hoy, mis secuestradores corren todavía. Algunos sucesos recientes mostrarían incluso que continúan causando estragos con total impunidad.

Los sabotajes en las catenarias del SNCF [la Renfe francesa] en Francia fueron reivindicados en Alemania. ¿Qué opina sobre esto?

En el momento de nuestra detención, la policía francesa ya está en posesión de un comunicado que reivindica, además de los sabotajes que nos quería atribuir, otros ataques que se habían producido simultáneamente en Alemania. Esta octavilla presenta numerosos inconvenientes: la echan al correo en Hanóver, está redactado en alemán y sólo se envió a periódicos al otro lado del Rhin, pero sobre todo no cuadra con la fábula que los medios han creado a nuestra costa, la de un pequeño núcleo de fanáticos que atacan al corazón del Estado colgando tres pedazos de hierro de las catenarias. Desde entonces se cuidarán mucho de mencionar este comunicado, ni en el procedimiento, ni en la mentira pública.

Es cierto que [en el comunicado] el sabotaje de las líneas de tren pierde mucho de su aura de misterio: se trataba simplemente de protestar contra el transporte hacia Alemania por vía férrea de los desechos nucleares ultraradioactivos y de denunciar de paso el gran fraude de “la crisis”. El comunicado concluye con un muy SNCF “agradecemos a los pasajeros afectados por su comprensión”. De todos modos, ¡qué tacto tienen estos “terroristas”!

¿Se reconoce en los calificativos de “movimiento anarco-autónomo” y de “ultraizquierda”?

Déjeme recomenzar un poco más atrás. En Francia, actualmente vivimos el fin de un periodo de congelación histórica cuyo acto fundador fue el acuerdo aprobado entre gaullistas y estalinistas en 1945 para desarmar al pueblo con el pretexto de “evitar una guerra civil”. Los términos de este pacto podrían formularse así, por hacerlo rápido: mientras la derecha renunciaba a sus acentos abiertamente fascistas, la izquierda abandonaba toda perspectiva seria de revolución. La ventaja con la que juega y de la que disfruta, desde hace cuatro años, la camarilla sarkozista, estriba en haber tomado la iniciativa unilateral de romper este pacto al reconciliarse “sin complejos” con los clásicos de la reacción pura: sobre los locos, la religión, Occidente, África, el trabajo, la historia de Francia, o la identidad nacional.

Frente a este poder en guerra, quien ose pensar estratégicamente y compartir el mundo en amigos, enemigos y cantidades despreciables, la izquierda queda paralizada. Es demasiado cobarde, está demasiado comprometida, y por así decirlo, demasiado desacreditada para oponer la menor resistencia a un poder que no osa tratar como enemigo y que le arrebata uno a uno a los más astutos de sus elementos. En cuanto a la extrema izquierda a la Besancenot, cualesquiera que sean sus resultados electorales, y aunque haya salido del estado grupuscular en el que vegetaba desde siempre, no tiene otra perspectiva más deseable que ofrecer que el tono gris soviético a penas retocado con Photoshop. Su destino es decepcionar.

En la esfera de la representación política, el poder establecido no tiene nada que temer, de nadie. Y desde luego no son las burocracias sindicales, más vendidas que nunca, las que van a importunar, las que desde hace dos años bailan con el gobierno un ballet tan obsceno. En estas condiciones, la única fuerza que puede ir directamente contra la banda sarkozista, su único enemigo real en este país, es la calle, la calle y sus viejas inclinaciones revolucionarias. De hecho, sólo ella, en los disturbios que siguieron la segunda vuelta del ritual plebiscitario de mayo de 2007, ha sabido elevarse por un instante a la altura de la situación. Sólo ella, en las Antillas o en las recientes ocupaciones de empresas o de facultades, ha sabido hacer entender otra palabras. Este análisis sumario del teatro de operaciones ha debido imponerse bastante pronto porque las informaciones generales hacían aparecer, desde junio de 2007, bajo la pluma de los periodistas a las órdenes (y en particular en Le Monde) los primeros artículos que desvelaban el terrible peligro que harían pesar sobre toda vida social los “anarco-autónomos”. Para comenzar, se les atribuía la organización de disturbios espontáneos, que en tantas ciudades saludaron el “triunfo electoral” del nuevo presidente.

Con esta fábula de los “anarco-autónomos” se ha diseñado el perfil de la amenaza a la que se ha empleado dócilmente el ministro del interior, con detenciones focalizadas en redadas mediáticas, para dar un poco de carne y algunas caras. Cuando ya no se llega a contener lo que desborda, todavía se puede asignarle una categoría y encarcelarlo. Ahora bien, la de “alborotador”, en la que ahora se cruzan desordenadamente los obreros de Clairoix, los críos de las ciudades, los estudiantes que bloquean y los manifestantes de las contracumbres, siempre eficaz en la gestión corriente de la pacificación social, permite criminalizar los actos, no las existencias. Y es la intención del nuevo poder atacar al enemigo en cuanto tal, sin esperar a que se exprese. Esa es la vocación de las nuevas categorías de la represión.

Poco importa, finalmente, que no se encuentre a nadie en Francia para reconocerse “anarco-autónomo”, ni que la ultraizquierda sea una corriente política que tuvo su momento de gloria durante los años veinte y que desde entonces no ha producido jamás otra cosa que inofensivos volúmenes de marxología. Por lo demás, la reciente fortuna del término “ultraizquierda”, que ha permitido a algunos periodistas con prisas por catalogar sin dar golpe a los amotinados griegos de diciembre pasado, debe mucho al hecho de que nadie sabe lo que fue la ultraizquierda, ni siquiera si ha existido alguna vez.

En este punto, y en previsión de los desbordes que sólo pueden sistematizarse frente a las provocaciones de una oligarquía mundial y francesa acorralada, dentro de poco la utilidad policial de las categorías no debería ya sufrir debates. Sin embargo, no podríamos predecir, cuál de ellas, si la de “anarco-autónoma” o de “ultraizquierda” se ganará finalmente los favores del Espectáculo, con el fin de relegar en lo inexplicable una revuelta que justifique todo.

La policía le considera como el jefe de un grupo a punto de bascular hacia el terrorismo. ¿Qué piensa de esto?

Una alegación tan patética sólo puede ser hecha por un régimen a punto de bascular hacia la nada.

¿Qué significa para usted la palabra “terrorismo”?

Nada permite explicar que el departamento de información y de seguridad argelino, sospechoso de haber orquestado, con conocimiento de la DST, la ola de atentados de 1995, no figure entre las organizaciones terroristas internacionales. Tampoco hay nada que permita explicar la repentina transmutación del “terrorista” en héroe durante la Liberación, en socio frecuentable para los acuerdos de Evian, en policía iraquí o últimamente en “talibán moderado”, en función de los últimos virajes de la doctrina estratégica americana.

Nada, excepto la soberanía. En este mundo es soberano quien designa al terrorista. Quien rechace participar en esta soberanía se abstendrá de responder a vuestra pregunta. Quien codicie algunas migajas de la misma se sacrificará con prontitud. Quien no se ahogue de mala fe encontrará instructivo el caso de estos dos ex-”terroristas” convertidos, uno, en primer ministro de Israel, el otro, en presidente de la Autoridad Palestina, habiendo recibido ambos, para colmo, el Premio Nobel de la Paz.

La imprecisión que rodea la calificación de “terrorismo”, la imposibilidad manifiesta de definirlo, no se deben a alguna laguna provisional de la legislación francesa, corresponden al principio de algo que sí que podemos definir muy bien: el antiterrorismo, del que constituyen más bien la condición de funcionamiento. El antiterrorismo es una técnica de gobierno que hunde sus raíces en el viejo arte de la contrainsurgencia, de la guerra denominada “psicológica”, por decirlo de manera educada. El antiterrorismo, al contrario de lo que querría insinuar el término, no es un medio para luchar contra el terrorismo, es el método por el cual se produce, positivamente, el enemigo político como terrorista. Se trata, mediante todo un lujo de provocaciones, de infiltraciones, de intimidación y de propaganda, mediante toda una ciencia de la manipulación mediática, de la “acción psicológica”, de la fabricación de pruebas y de crímenes, también mediante la fusión de la policía y de la administración de justicia, de aniquilar la “amenaza subversiva” al asociar, en el seno de la población, al enemigo interior, al enemigo político, al afecto del terror.

Lo esencial, en la guerra moderna, es esta “batalla de los corazones y de los espíritus” donde se permiten todos los golpes. El procedimiento elemental es, aquí, invariable: individualizar al enemigo con el fin de cortarle del pueblo y de la razón común, exponerle bajo los rasgos del monstruo, difamarle, humillarle públicamente, incitar a los más viles a colmarlo de escupitajos, animarles al odio. “La ley debe ser utilizada simplemente como otra arma en el arsenal del gobierno, y en este caso no representa nada más que una cobertura de propaganda para desembarazarse de los miembros indeseables del público. Para una mejor eficacia, convendrá que las actividades de los servicios judiciales estén vinculados al esfuerzo de guerra de la manera más discreta posible“, aconsejaba ya en 1971 el cabo Frank Kitson [antiguo general del ejército británico, teórico de la guerra contrainsurgente], que algo sabía de esto. Una vez al año no hace daño, y en nuestro caso, el antiterrorismo ha sido un fracaso. En Francia no están dispuestos a dejarse aterrorizar por nosotros. La prolongación de mi detención por una duración “razonable” es una pequeña venganza bien comprensible, vistos los medios movilizados y la profundidad del fracaso; como es comprensible el empeño un poco mezquino de los “servicios”, desde el 11 de noviembre, por endosarnos las maldades más caprichosas a través de la prensa, o por espiar a cualquiera de nuestros camaradas. En estos últimos tiempos, los arrestos acompasados de los “allegados de Julien Coupat” han tenido el mérito de revelar cuánto ha podido influenciar esta  lógica de represalias en la institución policial y en el corazoncito de los jueces.”

Hay que decir que en este asunto algunos se jugaron buena parte de su lamentable carrera, como Alain Bauer [criminólogo], otros el lanzamiento de sus nuevos servicios, como el pobre señor Squarcini [director central de la información interior], otros la credibilidad que nunca tuvieron y que jamás tendrán, como Michèle Alliot-Marie.

Usted salió de un medio muy acomodado que hubiera podido orientarles hacia otra dirección…

“Hay plebe en todas las clases” (Hegel).

¿Por qué Tarnac?

Vamos, ustedes saben por qué. Y si no lo entienden, me temo que nadie podrá explicárselo.

¿Se define a sí mismo como un intelectual? ¿Un filósofo?

La filosofía nace como un duelo charlatán de la sabiduría originaria. Platón ya interpreta la palabra de Heráclito como huida de un mundo que ha desaparecido. En el momento de la intelectualidad difusa, no veo qué podría especificar al “intelectual”, si no es la extensión de la fosa que separa, en él, la facultad de pensar de la aptitud para vivir. Tristes títulos, en verdad, si no hay más. Pero, ¿exactamente para quién habría que definirse?

¿Es usted el autor del libro “L’insurrection qui vient”?

Este es el aspecto más formidable de este proceso: un libro entregado íntegramente al expediente del sumario, interrogatorios en los que pretenden hacerte decir que vives como está escrito en

L’insurrection qui vient, que ustedes se manifiestan como lo preconiza L’insurrection qui vient, que ustedes sabotean las líneas ferroviarias para conmemorar el golpe de Estado bolchevique de octubre de 1917, ya que se menciona en L’insurrection qui vient, un editor es convocado por los servicios antiterroristas.

En la memoria francesa, hacía tiempo que no se veía que el poder tuviera miedo por culpa de un libro. Normalmente se consideraba que, mientras los izquierdistas se dedicaran a escribir, al menos no hacían la revolución. Está claro que los tiempos cambian. La seriedad histórica retorna.

Lo que fundamenta la acusación de terrorismo, en lo que nos concierne, es la sospecha de la coincidencia de un pensamiento y de una vida; lo que hace la asociación de malhechores, es la sospecha de que esta coincidencia no se dejaría al heroísmo individual, sino que sería objeto de la atención común. De forma negativa, esto significa que de ninguno de los que firman con su nombre tantas críticas feroces del sistema vigente se sospecha que pongan en práctica la menor de sus firmes resoluciones; el insulto es de bulto. Desgraciadamente, yo no soy el autor de L’insurrection qui vient, y todo este asunto debería terminar más bien por convencernos del carácter esencialmente policial de la función autor.

Soy, en cambio, un lector. Al releerlo, hace tan sólo una semana, he comprendido mejor la hosquedad histérica que emplean en las altas esferas para perseguir a los presuntos autores. El escándalo de este libro, es que todo lo que figura en él es rigurosa, catastróficamente cierto, y no deja de confirmarse cada día que pasa un poco más. Porque lo que se comprueba, bajo la apariencia de una  “crisis económica”, de un “hundimiento de la confianza”, de un “rechazo masivo de las clases dirigentes”, es realmente el fin de una civilización, la implosión de un paradigma: el del gobierno que en Occidente arreglaba todo – la relación de los seres entre ellos mismos, no menos que el orden político, la religión o la organización de las empresas. Hay, en todos los niveles del presente, una gigantesca pérdida de dominio al que ningún sortilegio policial ofrecerá remedio alguno.

No será aplicándonos penas de prisión, de puntillosa vigilancia, de controles judiciales, y de prohibiciones de comunicar con el motivo de que seríamos los autores de esta constatación lúcida,  que lograrán desvanecer lo que se ha constatado. Lo propio de las verdades es escapar, desde que se enuncian, a los que las formulan. A los gobernantes no les habrá servido de nada citarnos a juicio, todo lo contrario.

Usted lee “Vigilar y castigar” de Michel Foucault. ¿Este análisis le parece todavía pertinente?

La prisión es realmente el pequeño secreto sucio de la sociedad francesa, la clave, y no el margen de las relaciones sociales más presentables. Lo que se concentra aquí en un todo compacto no es un montón de bárbaros asalvajados como les gusta hacernos creer, sino más bien el conjunto de disciplinas que afuera tejen la existencia llamada “normal”. Vigilantes, comedor, partidos de fútbol en el patio, horarios, divisiones, camaradería, peleas, fealdad de las arquitecturas: es necesario haber estado en prisión para tomar la medida plena de lo que la escuela, la inocente escuela de la República, contiene, por ejemplo, de carcelario.

Considerado desde este ángulo inexpugnable, no es la prisión la que sería una guarida para los fracasados de la sociedad, sino la sociedad presente la que parece una prisión fracasada. La misma organización de la separación, la misma administración de la miseria por el chocolate [hachís], la tele, el deporte y el porno, reina en todas partes con menos método. Para terminar, los muros elevados sólo esconden a las miradas esta verdad de una banalidad explosiva: son las vidas y las almas parecidas de todo punto las que se arrastran de un lado a otro de las alambradas y por ellas. Si se busca con tanta avidez los testimonios “del interior” que expondrían en fin los secretos que la prisión esconde, es para ocultar mejor el secreto de lo que es: el de su servidumbre, ustedes que se consideran libres mientras su amenaza pesa invisiblemente sobre cada uno de sus gestos.

Toda la indignación virtuosa que rodea la negrura de las celdas francesas y sus reiterados suicidios, toda la grosera contra-propaganda de la administración penitenciaria, que pone en escena para las cámaras a matones al servicio del bienestar del detenido y a los directores de trena preocupados por el “sentido de la pena”. Resumiendo: todo este debate sobre el horror del encarcelamiento y la necesaria humanización de la detención es viejo como la prisión. Incluso forma parte de su eficacia, ya que permite combinar el terror que debe inspirar con su estatus hipócrita de castigo “civilizado”.  El pequeño sistema de espionaje, de humillación y de estragos que el sistema francés dispone en torno al deternido de manera más fanática que ningún otro en Europa, ni siquiera es escandaloso. Cada día el Estado lo paga con creces en sus suburbios, y sin duda sólo es el principio: la venganza es la higiene de la plebe.

Pero la impostura más notable del sistema judicial-penitenciario consiste ciertamente en pretender que está ahí para castigar a los criminales cuando no hace sino gestionar las ilegalidades. Cualquier patrón -no sólo el de Total-, cualquier presidente de consejo general -no sólo el de Hauts-de-Seine–, cualquier poli sabe que las ilegalidades son necesarias para ejercer correctamente su oficio. El caos de las leyes es hoy tal, que se trata de no respetarlas demasiado, y en cuanto a los estupefacientes, se trata de regular sólo el tráfico y no de reprimirlo, lo que sería social y políticamente suicida.

La división no es entre legal e ilegal, como pretende la ficción judicial, entre inocentes y criminales, sino entre los criminales que creemos oportuno perseguir y los que dejamos en paz como requiere la policía general de la sociedad. La raza de los inocentes hace tiempo que se extinguió, y no es la pena a lo que condena la justicia: la pena es la justicia misma, no cabe que mis camaradas y yo  “clamemos por nuestra inocencia”, tal y como la prensa ritualmente se deja arrastrar a escribir, sino  derrotar la peligrosa ofensiva política que constituye todo este proceso infecto. He aquí algunas de las conclusiones a las que llega el espíritu tras releer “Vigilar y castigar” desde la Santé [conocida prisión de París]. Podríamos sugerir, visto lo que los foucaltianos hacen desde hace veinte años con los trabajos de Foucault, que se les interne una temporada por aquí.

¿Cómo analiza lo que les pasa?

Desengáñese: lo que nos pasa, a mis camaradas y a mí, le pasa a usted también. Es, por otra parte, en este punto, la primera mistificación del poder: nueve personas serían perseguidas en el marco de un procedimiento judicial de “asociación ilícita con fines terroristas”, y deberían sentirse particularmente afectados por esta grave acusación. Pero no hay “caso Tarnac”, como tampoco hay “caso Coupat” o “caso Hazan” [editor de L'insurrection qui vient]. Lo que hay es una oligarquía vacilante en todos los sentidos y que se vuelve feroz, como todo poder, cuando se siente realmente amenazado. El Príncipe ya no tiene otro apoyo que el miedo que inspira cuando su visión ya no inspira en el pueblo sino el odio y el desprecio.

Lo que hay ante nosotros es una bifurcación, al mismo tiempo histórica y metafísica: o bien pasamos de un paradigma de gobierno a un paradigma de habitarlo al precio de una revuelta cruel pero transformadora, o bien dejamos que se instaure, a escala planetaria, este desastre climatizado en el que coexisten, bajo la férula de une gestión “sin complejos”, una élite imperial de ciudadanos y de masas plebeyas situadas al margen de todo.

Hay, desde luego, una guerra, una guerra entre los beneficiarios de la catástrofe y los que hacen de la vida una idea menos esquelética. Nunca se ha visto que una clase dominante se suicide de buena gana.

La revuelta tiene condiciones, no tiene causa. ¿Cuántos ministerios de la Identidad Nacional,  despidos estilo Continental, redadas de sin papeles o de opositores políticos, chiquillos liquidados por la policía en los suburbios, o ministros que amenazan de privar de título a los que osan ocupar sus facultades, hacen falta para decidir que semejante régimen, aunque esté instalado por un plebiscito de apariencias democráticas, no tiene ninguna legitimidad para existir y sólo merece ser derribado?

Es una cuestión de sensibilidad. Es intolerable que la servidumbre pueda ser infinitamente tolerada. Porque es un asunto de sensibilidad y porque esa sensibilidad es inmediatamente política (no porque se pregunte “¿a quién voy a votar?”, sino “¿mi existencia es compatible con esto?”), para el poder es una cuestión de anestesia a la que responde administrando dosis cada vez más masivas de distracción, de miedo y de estupidez. Y ahí donde la anestesia no funciona, este orden que ha reunido contra él todas las razones para sublevarse intenta disuadirnos con un pequeño terror ajustado.

Mis camaradas y yo sólo somos una variable de este ajuste. Sospechan de nosotros como de tantos otros, de tantos “jóvenes”, de tantas “bandas”, por desvincularnos de un mundo que se hunde. En este único punto, no mienten. Felizmente, a la pandilla de estafadores, de impostores, de industriales, de financieros y de chicas, toda esta corte de Mazarin bajo neurolépticos, de Louis Napoléon version Disney, de Fouché dominical que de momento gobierna el país,  le falta el más elemental sentido dialéctico. Cada paso que hacen hacia el control de todo les aproxima a su pérdida. Cada nueva “victoria” de la que se jactan expande un poco más el deseo de verles a todos vencidos. Cada maniobra por la que se imaginan confortar su poder termina por volverles más odiosos. En otros términos: la situación es excelente. No es el momento de perder el coraje.

Escribe Gervasio Sánchez. Escribe y denuncia:

Queridas amigas y amigos: Os envio junto a estas líneas un texto titulado “Nuestro pequeño Guntánamo” publicado ayer en Heraldo de Aragón y en Soitu.es coincidiendo con el quinto aniversario de la detención del traductor iraquí Flayeh al Mayali, hecho ocurrido el 22 de marzo de 2004 en Base España en Diwaniya (Irak) .

Como ya sabéis por otros textos míos el ciudadano iraquí fue objeto de un trato inhumano y degradante durante los cuatro días que pasó detenido en la base militar española, acusado sin una sola prueba de ser colaborador necesario en el atentado que el 29 de noviembre de 2003 costó la vida a siete miembros de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y encarcelado durante once meses. Desde que en abril de 2004 me enteré en Bagdad de su detención he hecho múltiples gestiones a alto nivel primero para evitar que se pudriese en la cárcel y después de su excarcelamiento en febrero de 2005 para que se investigase por qué un escuadrón del CNI actuó de forma abritraria contra él. Estas cartas fueron dirigidas al Ministerio de Defensa, al presidente José Luis Rodriguez Zapatero, al juez de la Audiencia Nacional responsable de la investigación de los asesinatos de los agentes secretos, al jefe del Estado Mayor de la Defensa y al Fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Durante estos últimos años nos hemos escandalizado por los abusos ocurridos en las cárceles de Abu Graib y Guantánamo. Nuestras autoridades han efectuado declaraciones a veces muy pomposas (el estado de opinión favorable vuelve oportunistas a los políticos) contra las violaciones de los derechos humanos de los prisioneros detenidos en Irak o Afganistán. Pero casos como el del traductor español Flayeh al Mayali (muy conocido entre los periodistas españoles) muestran hasta qué punto nuestras instituciones son capaces de esconder nuestras propias responsabilidades, nuestro Guántanamos particulares, debajo de la alfombra o taparlos con losas de olvido. El 29 de noviembre de 2008 escribí otro texto titulado Cinco años de olvido en referencia al asesinato de los 7 militares asesinados en Irak (el acto de terrorismo más grave sufrido por nuestras fuerzas armadas en la larga historia de misiones internacionales) que fue publicado en Heraldo de Aragón y que gracias a la colaboración de muchos de vosotros se internó en la asombrosa senda de Internet llegando a muchas personas. Deciros que ni un solo medio nacional de prensa escrita, televisión o radio hizo el más mínimo recordatorio a este crimen execrable a pesar de conmemorarse un aniversario importante. Deben ser los 7 militares asesinados más olvidados de la historia. Ni siquiera tienen derecho al más mínimo homenaje. Si yo estuviera en la piel de un familiar me sentiría avergonzado de los reponsables de las instituciones de mi país.

 Podéis consultar todos mis artículos y las cartas enviadas a las autoridades, los contratos firmados por Flayeh al Mayali que demuestran las mentiras del CNI para justificar el trato inhumano y el encarcelamiento del ciudadano iraquí Flayeh al Mayali y también DOS CARTAS DEL PROPIO FLAYEH AL MAYALI nunca publicadas en el blog LOS DESASTRES DE LA GUERRA en las siguientes direcciones de internet: www.soitu.es y www.heraldo.es LOS DESASTRES DE LA GUERRA

 Gervasio Sánchez

NUESTRO GUANTANAMO PARTICULAR

Un hombre entra en un cuartel militar. Es interrogado, golpeado violentamente en múltiples ocasiones, objeto de trato inhumano y degradante, obligado a pasar horas de pie de cara a la pared con una capucha en la cabeza y a dormir en el suelo como si fuera un perro. El suplicio dura cuatro días (hoy domingo 22 de marzo se cumplen cinco años) hasta que es trasladado a un penal de máxima seguridad, donde pasa once meses de su vida. Es liberado porque no existe una sola prueba contra él.

Estos hechos no pasan en una prisión estadounidense ni en la isla de Guantánamo ni tampoco en un país dictatorial africano ni en un centro para criminales reincidentes. Ocurren en un acuartelamiento español, exactamente en Base España de Diwaniya (Irak) entre el 22 y el 27 de marzo de 2004. La víctima se llama Flayeh al Mayali, un traductor muy conocido entre los militares y periodistas españoles. Es, sin duda, nuestro Guantánamo particular. Los interrogadores y los maltratadores son miembros de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y el objetivo de estos vergonzosos hechos es buscar un chivo expiatorio que tapone los errores cometidos por este organismo en Irak tras la caída del régimen de Sadam Hussein, cuyo resultado más tangible es el asesinato de siete agentes secretos el 29 de noviembre de 2003 en Latifiya.

El 4 de diciembre de 2003, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, abre una investigación judicial ante lo que define como un acto de terrorismo contra ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras. El 13 de febrero de 2004, apenas dos meses después, dicta un sobreseimiento temporal aunque advierte en su auto que podría reabrirse la causa en caso de aparecer nuevos datos. El 22 de marzo, un mes y nueve días después, el traductor iraquí Flayeh al Mayali es detenido por orden del general Fulgencio Coll, máximo responsable de la Brigada Plus Ultra en Base España, interrogado, acusado de ser “colaborador necesario” en el atentado, según consta en una diligencia emitida por la Asesoría Jurídica del destacamento militar, firmada por el capitán auditor Alejo de la Torre de la Calle, y trasladado cinco días después a un penal bajo responsabilidad del ejército de Estados Unidos. Ni el ministerio de Defensa ni el CNI informan al juez Andreu de esta detención a pesar de la gravedad de las acusaciones. Tras pasar once meses encarcelado en los penales de Abu Graib y Um Qasar, Al Mayali es liberado sin cargos en febrero de 2005.

En una entrevista publicada por Heraldo de Aragón y La Vanguardia acusa a sus interrogadores de someterle a un trato inhumano y degradante con continuos golpes, insultos y amenazas de muerte mientras una capucha cubre su cabeza durante la mayor parte del tiempo. El ministro de Defensa, José Bono, asegura que el traductor miente e informa que ha firmado un documento en el que reconoce el buen trato recibido. La respuesta del ciudadano iraquí es contundente: “Me obligaron a firmar unos papeles que no pude leer”. En noviembre de 2004, el CNI asegura a El País que Al Mayali “manejaba grandes sumas de dinero de origen incierto”, una mentira burda ya que el traductor había firmado entre el 15 de septiembre de 2003 y el 16 de marzo de 2004, una semana antes de su detención, más de una decena de contratos con el ejército español valorados en casi 300.000 dólares, que le supuso unos beneficios netos de unos 70.000 dólares, según su propia estimación. La desfachatez del CNI llega hasta el punto de acusar a Al Mayali de “jactarse ante varias personas de su intervención en la muerte de los agentes”. Todas las personas consultadas por este informador a lo largo de los últimos cinco años consideran que el CNI se inventó la acusación contra Al Mayali para imponer el olvido sobre el caso y no aclarar su propia responsabilidad en la elección de agentes secretos conocidos por la Muhabarat, la antigua policía secreta de Sadam Husein, que se había infiltrado en los grupos insurgentes y en los actuales servicios de seguridad iraquíes. “El más grave error de mi carrera fue no sustituir a nuestros agentes en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Husein”, reconoció en privado el diplomático Jorge Dezcallar, máximo responsable del CNI en el periodo en que se produjeron los dramáticos hechos, actual embajador de España en Estados Unidos después de una meteórica carrera en Repsol.

El evidente desinterés del PP y el PSOE, cuyos gobiernos están involucrados en la detención y la larga encarcelación del ciudadano iraquí, también impidió que se abriese una investigación en el Congreso a pesar del interés de algunos partidos minoritarios. Otros ocho iraquíes, pertenecientes al subversivo ejército del Madhi, vinculado al imán radical Muqtada al Sader, también fueron detenidos en Diwaniya en abril de 2004 y sometidos a tratos inhumanos y degradantes. Durante cinco años este periodista ha intentado llamar la atención sobre este caso de forma privada. El 14 de mayo de 2004 envió una carta a Roberto López, jefe de gabinete del ministro de Defensa, José Bono. Al Mayali llevaba cincuenta días detenido y su familia no sabía donde estaba. Tuvieron que pasar otros cuatro meses hasta que su mujer y su madre pudieran visitarlo en el penal. En mi carta le decía que “aunque sé que es un problema heredado del gobierno anterior, me gustaría que usted se interesase por la situación de este prisionero y me informase de cuáles son los cargos que hay contra él”. Más adelante continuaba: “No me gustaría que Al Mayali quedase olvidado en Irak tras la salida de las tropas españolas en una cárcel controlada por Estados Unidos. Sería, además, un hecho muy grave que el prisionero hubiese sido torturado o víctima de tratos inhumanos y degradantes”. Tras una triste persecución telefónica se me envío un emborronado escrito del CNI sin ningún interés. Después de la liberación de Al Mayali escribí el 2 de marzo de 2005 un carta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que le fue entregada en el aeropuerto de Zaragoza y que leyó durante su regreso a Madrid. Después de explicarle los antecedentes le rogaba: “Tome usted las riendas de este asunto y ordene una investigación interna que aclare por qué un iraquí ha pasado once meses de su vida encarcelado sin que ninguna autoridad civil y militar española haya presentado cargos contra él”. También le comentaba que “España podría haber violado diferentes artículos de la Convención de Ginebra (en su protocolo cuarto)”. No hubo respuesta ni acuse de recibo.

Dos días después me recibió el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que había abierto una investigación judicial tras el asesinato de los siete agentes. A pesar de haber viajado expresamente desde Zaragoza después de que su secretaria me confirmase la cita, el juez se mostró con prisas y desinteresado desde el primer minuto. A trancas y barrancas le pude explicar lo que sabía de este caso en apenas quince minutos. Aceptó que le mandase toda la documentación a su juzgado, cosa que hice el 7 de marzo de 2005. En una carta le recordaba que había dictado un sobreseimiento provisional sobre el caso aunque en su auto había advertido que lo hacía “sin perjuicio de que, de existir nuevos datos referidos a la identidad de los autores, de la naturaleza y de las circunstancias de los hechos denunciados, se puede acordar sobre la competencia de los tribunales españoles y la reapertura de las diligencias”. Le comentaba que “el Ministerio de Defensa no informó a la Audiencia Nacional de esta detención, desobedeciendo su auto de sobreseimiento, y obstaculizando la labor de la justicia”. No hubo respuesta ni acuse de recibo.

La cuarta carta se la mandé el 18 de agosto de 2006 al general Félix Sanz, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, junto a todos los artículos publicados. Unos días antes coincidimos en un Seminario y mantuvimos una larga conversación sobre el caso. En la carta le recordaba que “había militares de uniforme entre las personas que interrogaron y maltrataron (nunca he utilizado la palabra tortura a pesar de que los hechos ocurridos en el acuartelamiento es difícil definirlos de otro modo) a Al Mayali en Diwaniya”. Le confirmaba que “el prisionero no volvió a ser interrogado durante su detención de once meses por ninguna autoridad civil y militar española y que ninguna misión del CNI regresó a Bagdad para seguir la investigación tras la salida de los soldados españoles en mayo de 2004”. Le decía que una persona con estrecha relación con el CNI me había asegurado que “la chapuza fue monumental y que buscaron un chivo expiatorio para justificar una investigación muy deficiente”. Y al final le recordaba que este periodista “lleva más de quince años cubriendo conflictos armados con presencia española. No encontrará en ninguno de mis escritos una sola línea de crítica gratuita. Realicé trabajos con soldados españoles en Centroamérica, Bosnia. Volé a Afganistán en enero de 2002 con el coronel Jaime Coll, retransmití en directo el ataque contra la base de Nayaf (Irak) y dediqué más tiempo a informar de que no se habían producido muertos o heridos españoles en el ataque que a describir la acción bélica. El general Luis Alejandre me felicitó personalmente por mi actitud”. No hubo respuesta aunque sí acuse de recibo.

Y por fin el 16 de agosto de 2007 envié un nuevo dossier a Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional donde le comentaba que “me había sorprendido la pasividad del juez Fernando Andreu, encargado de la investigación de ese execrable asesinato, al que remití un dossier con todos los datos que había conseguido recopilar”. No hubo respuesta ni acuse de recibo.

Irak, Gervasio Sánchez

*Una foto de Gervasio Sánchez realizada en Iraq.

Veo esta tarde la película-documental S21: la máquina roja de matar, de Rithy Panh, de 2003.  Según la sinopsis, durante los cuatro años del régimen Jemer en Camboya, de abril de 1975 a octubre de 1979, un cuarto de la población del país fue exterminado: unos dos millones de personas de un total de algo menos de ocho millones. En un sistema paranoico, de delación delirante, cualquier indicio (casi siempre inventado) de disidencia bastaba para ser encarcelado en la prisión S21, “prisión de seguridad”, en las instalaciones de un antiguo instituto de secundaria convertido en campo de exterminio. Los protagonistas de la película, antiguos guardianes y carceleros y dos de los tres supervivientes de las más de 70.000 personas que llegaron este centro,  describen el día a día en el centro, los detalles de las torturas, los abusos sistemáticos a las mujeres, la deshumanización de los verdugos… Los antiguos guardianes responden con evasivas y excusas a las inquisitivas preguntas del maestro Van Nath (pintor y auténtico protagonista de este documental).

Es difícil decir algo que no se inane tras ver este documental. De hecho, las dos únicas personas vivas -después de veinte años de aquello- me parece a mí que son las víctimas. Uno de los hombres llora incansablemente y se lamenta de la perdida de su familia, aún le resulta insoportable encontrarse con aquello. El otro, el pintor Vann Nath, es un hombre extraordinario, es capaz de asombrarse de haber sobrevivido y lamentarse por los que tuvieron la desgracia de no ser él, en algún modo es un “testigo“. Desde esa densidad moral es capaz de hablar con sus carceleros y guardianes, seres unidimensionales, huyendo aún hoy de su responsabilidad, víctimas también ellos, del partido, del miedo, incapaces de reconocer su agresividad y violencia, aún justificados por su “indiferencia moral”. Con palabras de Agamben, este “campo”, nos muestra de nuevo, la aporía de Auschwitz, es decir, la no coincidencia entre hechos y verdad, entre comprobación y comprensión. El descubrimiento inaudito que Primo Levi realizó en Auschwitz -sigo con Agamben- se refiere a una materia que resulta refractaria a cualquier intento de determinar la responsabilidad: es algo que es como un nuevo elemento ético. Levi lo denomina la “zona gris“. En ella se rompe la “larga cadena que une al verdugo y a la víctima”; donde el oprimido se hace opresor y el verdugo aparece, a su vez, como víctima. Una gris e incesante alquimia en la que el bien y el mal y, junto a ellos, todos los metales de la ética tradicional alcanzan su punto de fusión. [...] Levi ha desplazado la ética más acá de donde nos habíamos habituado a pensarla. Y, sin que logremos decir por qué, sentimos que este más acá tiene mayor importancia que cualquier más allá, que el infrahombre debe interesarnos en mayor medida que el superhombre.

Víctimas

Duro documental que aborda lo sucedido en el Centro de detención y torturas S-21, que se ubicaba en el centro de Phnom Penh, capital de Camboya, de 1975 a 1979. En tiempos anteriores había sido una escuela secundaria, pero en manos de Pol Pot y el Khmer Rouge, fue un lugar de exterminio de miles de víctimas.

Víctimas

De 17.000 prisioneros en el lugar, sólo sobrevivieron tres. El documental de Rithy Panh reúne después de 27 años a dos de estas víctimas y varios de los que fueron sus torturadores, para tratar de entender por qué y cómo sucedieron torturas, violaciones, abusos, maltratos sobre gente inocente en nombre del Khmer Rouge