La moción fue apoyada por el PP, UPN y parte del grupo parlamentario de CiU, mientras que votaron en contra el PSOE, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y Na-Bai. Por su parte, UPyD se abstuvo. La moción del Grupo Mixto, presentada por el diputado de UPN, Carlos Salvador, instaba al Gobierno a posponer la tramitación de la reforma de la Ley del Aborto hasta que no se produjera una “reflexión sosegada y el enriquecedor debate social multidisciplinar que este tema merecen”.
Votaron a favor de la moción el Partido Popular, UPN y parte del grupo parlamentario de CiU que dio libertad a sus parlamentarios, mientras que votaron en contra el PSOE, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y Na-Bai. Por su parte, UPyD se abstuvo. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso y diputada del PP, Celia Villalobos, decidió no seguir la consigna marcada por el Grupo Popular y se abstuvo en la votación de la moción planteada por Unión del Pueblo Navarro (UPN). Así, las dos únicas abstenciones registradas fueron las de Villalobos y la de la diputada de UPyD, Rosa Díez.
En declaraciones a Europa Press, Villalobos justificó su abstención asegurando que desde su escaño en el Congreso creyó ver que el grupo iba a optar por esa vía. En cualquier caso, dijo que no está en desacuerdo con que haya más consenso social sobre el aborto como pretendía la moción de UPN. “Yo no lo achaco a ningún error”, aseveró Villalobos cuando se le insistió si se había equivocado en el sentido de su votación.

El “despiste” de Celia Villalobos

Esta no ha sido la primera vez que la ex ministra de Sanidad se desmarca de su grupo en las votaciones del
Congreso. En la anterior legislatura, ella y la ex diputada extremeña María Pía Sánchez, rompieron la disciplina de voto durante el debate de la norma que abrió la vía a los matrimonios entre personas del mismo sexo y que los ‘populares’ tienen recurrida ante el Tribunal Constitucional.
En aquella ocasión, tanto Villalobos, como su entonces compañera, tuvieron que hacer frente a la sanción económica que les impuso la dirección del Grupo Popular, un castigo que podría volver a aplicarse por su abstención en la tarde de ayer en el Pleno del Congreso.

La mayoría de CiU, partidaria de paralizar la reforma

En el grupo parlamentario de CiU, se mantuvo el criterio de dar libertad de voto a sus diputados. Los cuatro democristianos de Uni (UDC), encabezados por Josep Antoni Duran i Lleida, apoyaron la retirada de la reforma,
así como cuatro diputados de Convergencia (CDC). Los otros dos, Merce Pigem y Carles Campuzano, rechazaron la moción de UPN. También el diputado de Coalición Canaria, José Luis Perestelo apoyó la retirada de la reforma, mientras que la portavoz, Ana Oramas no participó en la votación, según se recoge en el acta de votaciones, a la que tuvo acceso Europa Press.
La votación fue rechazada por 183 votos (siete por encima de la mayoría absoluta), frente a 160 a favor y las dos abstenciones. Hubo cinco ausencias, entre ellas la del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En el debate, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador, pidió congelar la tramitación” del anteproyecto del Gobierno hasta que no se produjera “un cambio en las circunstancias que permita una reflexión sosegada y el enriquecedor debate social multidisciplinar que este tema merece”. Salvador dijo que “gran parte de la sociedad no comparte la reforma”, que debería estar basada en “soluciones y propuestas constructivas”, y aseguró que “los 112.000 seres humanos que mueren cada año a causa del aborto nunca elegirían ese final”.
Por parte del PP, Sandra Moneo apuntó que la reforma, “sin haber llegado aún a esta Cámara, ya ha provocado una profunda fractura social”, además de ser una modificación que el PSOE no incluyó en su programa electoral de las elecciones generales de 2008. La diputada ‘popular’ espetó al PSOE que “el consenso no es la mitad más uno de los diputados del Congreso” y auguró que la nueva ley tendrá “un efecto indeseado”, ya que “no habrá menos abortos sino muchos más”. “No podemos permitirnos que 112.000 mujeres aborten cada año”, concluyó.
Unión, Progreso y Democracia (UPyD), aunque no pudo intervenir en el debate, hizo público un comunicado en el que justificaba la abstención de Rosa Díez alegando que, si bien la reforma del Gobierno ha seguido un procedimiento “oportunista y sectario para dividir a los españoles”, su partido está dispuestos a aportar sus propuestas para mejorar jurídicamente el proyecto.

Las justificaciones del PSOE y sus aliados

Por contra, la portavoz del PSOE, Carmen Montón, dijo que la moción de UPN es “una maniobra para entorpecer la tramitación de la ley” y destacó que la reforma ha sido una de las “más dialogada y pactada”, que ha tenido una tramitación “rigurosa y transparente”. Además, criticó a UPN y al PP por “otorgarse en exclusividad la defensa de la vida” y agregó que la nueva ley quiere que se respete “el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad”. Así, se mostró partidaria de que continúe la tramitación del anteproyecto, “porque es en el Congreso donde se debe debatir”.
A su vez, el diputado del PNV, Joseba Aguirretxea explicó que su grupo votó en contra de la moción porque desean que la reforma sea debatida, enmendada y mejorada en el Congreso. Además, dijo que la actual ley debe ser modificada “por diferente motivos”, que no tiene por qué coincidir con los del Gobierno. Jordi Xuclà (CiU) explicó que su grupo tiene libertad de voto.
Por último, desde ERC, Joan Tardà instó al PSOE a “no dejarse acomplejar por lo que cae y por lo que caerá” con la reforma de la ley y avisó al Gobierno de que los grupos de izquierda no aceptarán una ley “un centímetro por debajo” de lo acordado en la Subcomisión del Congreso sobre el aborto. ERC, que minutos antes había pedido la supresión del Ministerio de Igualdad, felicitó a la ministra Bibiana Aído por su “valentía” y agregó que “sus convicciones y su juventud” pueden ser el “icono” de la nueva ley.

Antes de ayer se votó en el congreso una propuesta presentada por Izquierda Unida, y defendida por nuestro diputado Gaspar Llamazares, que proponía una cosa muy sencilla y lógica:

Eliminar de la toma de posesión de cargos públicos crucifijos y Biblias.

Si, según y como proclama la constitución española de 1979 el carácter del Estado Español (no confundir con España o los Españoles, que puede ser lo que quieran) es “aconfesional”, aunque no “laico”, como siempre se encarga de recordad el PP, uno no entiende que pintan estos artefactos en semejante ceremonia pública (en los dos sentidos).

Y es que la propuesta, si puede calificarse de algo, es de timorata y de moderada.

Ni se habla de separación efectiva Iglesia Estado, ni de curas castrenses, ni de procesiones con funcionarios, ni de subvenciones millonarias, ni de fiestas nacionales, ni de la asignatura de religión en la educación pública, ni de concordato… ni siquiera de quemar conventos, amortizar bien de una vez o expulsar a la compañía de Jesús.

Pues bien, esta propuesta tan cabal y lógica sólo fue votada por IU, ICV y BNG.

El PP, por boca de Eugenio Nasarre, CiU por boca de Jordi Xuclá y supongo que el resto de grupos (UPyD, Nafarroa Bai, ERC si no recuerdo mal) han dicho que la toma de posesión “no necesita modificación”.

Aitor Esteban (PNV) también ha acabado apoyando los signos católicos. No esperaba otra cosa del nacionalismo clerical por excelencia. Eso si, se ha envuelto de un radicalismo, si me permiten la expresión, pequeñoburgués. Negando la mayor: que hubiera tomas de posesión. Pero a la hora de la verdad, no ha apoyado la medida. Previsible.

La posición del PSOE, era también esperable. El PSOE confunde ser moderado con ser meapilas, sigue asustado del poder que exhibe la Iglesia (léase Derecha) y sigue creyendo que el apaciguamiento frenará a la Iglesia, o al menos le hará ganar algo de tiempo.

Ellos sabrán, pero cría Obispos…

Lo más divertido del tema es como se ha justificado Ramón Jáuregui: Dice que en el decreto que regula estos temas “no hay ninguna referencia a una señal o a un símbolo religioso”.

Toma ya, así que, una de dos, o estamos ante un fenómeno paranormal, donde todos vemos Biblias y crucifijos donde no los hay (y además se filman y fotografían) o “alguien” puede aderezar estas ceremonias con los objetos que quiera; por ejemplo podríamos ver en la siguiente ceremonia a un ministro jurando (o prometiendo) sobre “el código da Vinci” o el libro de recetas de la Simone Ortega, que es más patrio.

¿Cómo nos deja esto? Pues no ya en una situación preconstitucional (1979) o predemocrática (1939) sino ya en una situación preilustrada (1812); osea… ¡Sí! ¡En 1808! ahora, todos juntos ¡¡Vivan las cadenas!!

El patetismo de los que se opusieron a la medida, que no dieron un solo argumento, es inmenso. La España Nacional-Catolica Decimonónica se resiste a desaparecer ¿O es que esta resurgiendo?