SANCIÓN FICTA. Pero la iniciativa incorpora algo que no está en la Constitución Nacional: la sanción ficta de las leyes. Concretamente, se considera aprobado por la cámara revisora “todo proyecto con media sanción que no haya sido rechazado, modificado o adicionado por la misma una vez transcurridos 120 días desde que fuera recibido por aquella para su consideración”.
Asimismo, “cada cámara tiene un plazo de 40 días para considerar y expedirse sobre las modificaciones propuestas por la otra; transcurrido el cual, se tiene por aprobadas las mismas si no se pronunciare expresamente”.
“La historia ha mostrado numerosos ejemplos de dilaciones extremas o morosidad de la cámara revisora para la aprobación, modificación o rechazo a lo sancionado por la cámara de origen, o bien de ésta para expedirse con relación a las rectificaciones hechas por la otra. Ello ha señalado la conveniencia de adoptar un sistema de aprobación ficta en los supuestos de silencio durante un plazo razonable de una cámara ante la sanción legislativa practicada por la otra”, se indica en los fundamentos.
Carlín explicó que se propicia la adopción de lo normado por la Constitución de Córdoba mientras rigió el sistema bicameral (arts.112 y 113).

PUBLICACIÓN. El proyecto también propicia la agilización del trámite posterior a las sanción de las normas. Propone agregar al artículo 89 de la Constitución Provincial, la siguiente disposición: “El Poder Ejecutivo debe realizar la publicación dentro de los ocho días de promulgadas las leyes y, en su defecto, podrán disponer la publicación los presidentes de cualesquiera de ambas cámaras legislativas, siendo válida la que se efectuara en un diario de amplia difusión, teniendo la misma carácter de publicación oficial”.
La iniciativa pretende superar situaciones que se han dado en la provincia “donde el Poder Ejecutivo ante una sanción legislativa definitiva, tanto más cuando se ha tratado del rechazo a un veto insistiéndose en el proyecto aprobado, se ha abstenido durante larguísimos lapsos de tiempo en publicar la norma a los efectos de impedir o al menos de obstaculizar su vigencia”.
El caso emblemático en este sentido es el de la derogación de la ley 9.235, que se negó a publicar el ex gobernador Sergio Montiel.
Para eso el proyecto brinda la potestad constitucional para hacer la publicación de la norma promulgada al presidente de la Cámara de Diputados o al presidente del Senado ante la morosidad del Poder Ejecutivo, “haciendo prevalecer la norma aprobada por sobre la inacción del Gobernador”.
“Incluso se le ha dado valor a la publicación en un diario de amplia difusión, para superar cualquier actitud impeditiva que el Poder Ejecutivo pueda ejercer para que la ley sea inserta en el Boletín Oficial, tomando como base al artículo 60 de la Constitución de Santa Fe”, se indica.

Fuente: El Diario