Una atronadora jota quebró el silencio matutino de las estrechas calles con casas bajas del casco urbano del municipio aragonés de La Muela (5.000 habitantes) un día después de que la policía detuviese a la alcaldesa, María Victoria Pinilla (Partido Aragonés) y a otras 18 personas por corrupción urbanística. La música salió disparada a las 11.45 por los altavoces situados en las esquinas de la plaza del Ayuntamiento, uno de los más ricos de España gracias a los parques eólicos.

Tras unos tres minutos de cántico llegó el bando. Una voz solemne comunicaba a la población que la primera teniente de alcalde, Miriam Fajardo, relevaba a Pinilla, alcaldesa del municipio los últimos 22 años, hasta “que no se adopten otras medidas judiciales”. “Los acontecimientos [...] reclaman de todo el vecindario una actitud serena, basada en el respeto a la presunción de inocencia, confianza en la justicia y apoyo al buen nombre de La Muela”.

Este comunicado fue la única explicación que dio el Consistorio, cuya actividad no se frenó. Sobre la mesa de la recepción del Ayuntamiento se apelotonaban unos folios en los que los ciudadanos podían rellenar un formulario para recibir en sus teléfonos información municipal de forma gratuita. Pero los móviles aún esperaban el mensaje sobre la detención de la alcaldesa a las siete de la tarde de ayer, según corroboró uno de los vecinos.

La Operación Molinos está relacionada con la recalificación irregular de terrenos industriales cercanos a los parques eólicos del municipio para la construcción de casas, según fuentes judiciales. El juez imputa a la alcaldesa nueve delitos: cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones…) ilegales y blanqueo. Su marido y uno de sus hijos también han sido imputados y detenidos, así como un concejal del PAR, el secretario y el arquitecto del ayuntamiento y empresarios de Zaragoza, Madrid y San Sebastián. El escolta del consejero aragonés de Medio Ambiente fue arrestado ayer tras llegar de Estambul, con lo que ya son 19 los detenidos. Todos pasarán mañana a disposición judicial.

Uno de los imputados en el caso es Carlos Martín Rafecas, director provincial de urbanismo en el Gobierno de Aragón, que ha sido citado para declarar hoy ante el juez. Martín Rafecas dirigió el ISVA (Instituto de Suelo y Vivienda de Aragón) a nivel provincial cuando Emilio Eiroa (Par) presidía la Diputación a principios de los noventa. También fue presidente del CESA (Consejo Económico y Social de Aragón) en el Gobierno de coalición PP-Par presidido por Santiago Lanzuela (PP).

Mientras, el Par medita la expulsión de Pinilla del partido. “Actuaremos con dureza si es necesario”, declaró ayer Manuel Blasco, miembro de la Ejecutiva. El Comité Intercomarcal de Zaragoza del Par tomará la decisión el lunes en una reunión extraordinaria en función de un informe elaborado por el Comité de Disciplina y Garantías de la formación.

Eso es lo que sin duda pretendía la hija de esta concejala del PP de Getafe, cuando malversó los fondos públicos. Desde luego, que rica la niña…

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La hija de una concejal del Ayuntamiento de Getafe se ha gastado miles de euros descargando series de Internet con la tarjeta del móvil “oficial” de su madre, reconoció el lunes la progenitora.

La noticia se conoció después de que el Ayuntamiento de Getafe abriera un expediente para investigar las cuentas de los móviles adscritos a la corporación, y en concreto uno que en cinco meses había facturado más de 40.000 euros, según un comunicado en la web del Consistorio.

En una rueda de prensa, la concejala del PP Blanca Rosa Alcántara admitió que la factura procedía del uso indebido que hizo su hija, lamentó lo sucedido y se comprometió a devolverlo.

“Si me lo dicen el primer mes lo hubiera cortado de raíz”, dijo la concejala en una rueda de prensa.

“Queremos dejar muy claro que se va a devolver por parte de esta concejala hasta la última peseta que se haya abonado por parte de las arcas municipales. Ningún vecino de Getafe va a ver mermada su capacidad en este Ayuntamiento, ni siquiera en un euro”, dijo por su parte el portavoz adjunto del PP José Luis Vicente.

La menor descargaba de Internet series como la popular “Perdidos”.

Extraido de Público

Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros. ¿Para quién se levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados, con o sin boom inmobiliario? Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, “encargó” el proyecto con la idea de comprar la casa.  Y se sabe que, tres años después y pese a que la compra nunca llegó a “materializarse”, Nieves Alarcón visita asiduamente la obra porque la pareja sigue “interesada” en la vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción de elegir “los suelos de mármol”.

“La citan los martes”

Los entrecomillados pertenecen a las declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.

Granados ofrece una explicación insólita: el proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al otoño de 2006  tras el incendio del citado Mini Cooper y sin que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo, Nieves Alarcón “puede aparecer” en el expediente de la licencia. ¿En calidad de qué?: “Como la que se va a hacer la casa”, respondió el consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a los responsables de la obra? “Será la propietaria cuando la compremos [la casa], si la compramos”, espeta.

“Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo que eso estará a nombre de Obras y Vías”, explica.

El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo

Sin haber abonado un euro a la promotora inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -”la citan los martes”, dice su marido- para abordar la marcha de las obras, según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí “ocho o diez veces” en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar. “Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde, por decirlo clarmaente, dónde está ahí la corrupción o el escándalo”.

Pero la vivienda, remacha el también presidente local del PP en Valdemoro, no es suya. “Yo no me voy a ir a una casa que esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi testaferro”, argumenta.

Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra estaba “medio parada”, se dijo “pues igual la venden”, preguntó y comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es una casa domótica- y de climatización.

Granados, que ha visitado “un par de veces” el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de garaje -”para tres plazas”, afirma- sino también de piscina, gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y lavadero.  Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas, cuentan quienes conocen el proyecto.

El dirigente conservador asegura que no llegó a comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por planta, lo que significa que, en aquel momento de precios disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo 1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de 2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.

Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye  en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1 millones de euros. Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro Cid Sicluna.

El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita: los responsables de Vicfidem no ha devuelto las llamadas de este periódico.  

Dos pisos ya “pagados”

Aunque Granados reitera que se decidió finalmente a comprar un chalé adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la pareja posee y tiene  ya “pagados”, lo hará. Y si puede vender su tercera propiedad, el  adosado “con hipoteca” donde ahora reside -”costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50″- , también se desprenderá de él. “Antes de entrar en política -aduce el consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero”. Su mujer es profesora.

A tenor de sus palabras, también la promotora está interesada en que los Granados formalicen la compra: “Alguna vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una entrada… si tengo dinero”.

“Ahora vale 1,2 millones”

Según Granados, el terreno cambió de manos antes de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un tal “Consuelo” cuyos apellidos también desconoce, pese a que su mujer se ha entrevistado con él en la obra “ocho o diez veces” . Y pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones por la casa.

En realidad, la transacción fue parcial y se produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio- y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón fuese fotografiada a su llegada a la mansión.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aceptado la dimisión que le había presentado el consejero de Deportes, Alberto López Viejo, según ha afirmado ella misma en rueda de prensa.

Asimismo, también cesa en su puesto el actual gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, por su supuesta implicación en la trama de corrupción destapada el pasado viernes. Ortega fue uno de los detenidos en la operación.

Por su parte López Viejo está siendo investigado por supuestos contratos firmados con una de las empresas vinculadas al entramado.

Esperanza Aguirre ha subrayado que López-Viejo no ha hecho nada “ni ilegal, ni irregular”, sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, relacionadas con Francisco Correa.

“Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad”, ha destacado en rueda de prensa. La presidenta ha subrayado en este sentido que el hasta ahora consejero “ha dimitido pero no está implicado en la trama”, de hecho deja su cargo “para que no se confunda con la trama”.

Aguirre ha asegurado que “toda la actuación” de la Comunidad en materia de contratos “es legal” y “goza de los informes de intervención”, pero “esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos”. La cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas.

Extraido de Elpais.com

Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.

En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).

El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.

En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.

Es un “tema menor” dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.

La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado “cientos de miles de euros” a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.

Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:

- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.

Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho “en unas condiciones muy ventajosas”. El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.

Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.

El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.

- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. “Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros…”.

En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. “Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero”.

Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.

- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.

Serafín Castellano, consejero de Gobernación del Gobierno de Francisco Camps, ha negado que haya beneficiado a la empresa constructora de unos amigos. “Yo no he beneficiado a esa empresa. Tendría conflicto de intereses si le hubiera dado grandes adjudicaciones”, ha dicho el consejero de la Generalitat valenciana, que ha adjudicado en los últimos diez años, en los que ha formado parte del Gobierno valenciano al frente de tres carteras diferentes, obras a la empresa Construcciones Taroncher, con cuyos administradores mantiene una relación de amistad.

En concreto, la dueña de esta sociedad es copropietaria con la esposa del consejero de una finca rústica en la localidad valenciana de Llíria, un suelo que también paga Castellano mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la constructora.

“Obras menores”

Castellano ha reconocido que desde que está al frente de la consejería de Gobernación ha concedido a Construcciones Taroncher contratos de obras menores -que no necesitan de concurso público- por valor de 171.034 euros, “un 0,23% de las adjudicaciones de este departamento”, precisó el político.

Y en los 10 años en que está vinculado al Ejecutivo valenciano, la constructora ha ganado concurso públicos en libre concurrencia por otros de 391.450 euros. “Durante ese tiempo he adjudicado miles de millones de euros en obras…” dejó en el aire el consejero. Castellano no ha facilitado, sin embargo, el monto total que Construcciones Taronger se ha adjudicado en la última década ya sea a través de concursos públicos ya sea como obras menores. Sí se ha comprometido a proporcionar este dato en cuanto disponga de él.

El consejero no ha descartado emprender acciones legales en defensa de su honorabilidad y su gestión política y ha apuntado en dirección al PSOE. “A río revuelto ganancia de pescadores. En vísperas electorales estamos acostumbrados a que el PSOE nos obsequie con cortinas de humo”.

Baltasar Garzón ha lanzado una operación contra una trama de de comisiones ilegales en ayuntamientos.

La operación se ha saldado, hasta el momento, con seis detenidos y registros en localidades del noroeste de la Comunidad de Madrid, principalmente en Boadilla del Monte.

Además, se están llevando a cabo registros domiciliarios en empresas y en despachos profesionales de Madrid, Valencia, Marbella y Sotogrande, así como requerimientos documentales en los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda.

Unos de los detenidos en Boadilla del Monte podría ser un empresario muy ligado al Gobierno local del municipio (PP), Francisco Correa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Boadilla ha hecho público un comunicado en el que desmiente que se haya producido detención alguna de miembros de la Corporación, trabajadores municipales o militantes del PP.

“El Ayuntamiento sólo ha recibido un requerimiento por parte del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid solicitando una información de procedimiento que el Consistorio ya ha entregado”, dice la nota.

El PSOE de Cádiz y Ecologistas en Acción clamaron ayer contra el alcalde de Benaocaz, Juan María Mangana (PP), por oponerse al cumplimiento de una sentencia judicial de derribo emitida contra una edificación ilegal en el paraje de Tavizna. El lunes, fecha en la que estaba programada la ejecución de la sentencia, unos 200 vecinos de Benaocaz, acompañados por el regidor y su teniente de alcalde, María Luisa Sánchez Toro, bloquearon con decenas de vehículos la entrada a la finca para impedir el acceso de la maquinaria, y obligaron a Medio Ambiente a posponer el derribo.

Para Clavero, el caso de Benaocaz vuelve a dejar en evidencia la actitud partidista del PSOE y de la Junta, que acusa al PP de amparar a alcaldes que desprecian la legalidad vigente pero defiende al mismo tiempo a ayuntamientos socialistas que han vulnerado las normativas urbanísticas, como ha sucedido en Grazalema o el anterior gobierno de Benaocaz. “El PSOE incluso ha apoyado al anterior alcalde de Grazalema imputado por la trama de corrupción urbanística desvelada a raíz de las numerosas denuncias interpuestas por Ecologista en Acción”, recordó el portavoz ecologista.

El Pleno del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) votó hoy a favor de la salida de la Alcaldía de la popular Miriam Rabaneda, gracias a la moción de censura presentada por los nueve concejales del PSOE, el edil de IU, Carlos Penit, y el concejal Reyes Maestre, de JpP, con lo que el nuevo alcalde será el socialista, Juan José Martín.

  Tras una votación de once votos a favor y diez en contra, Martín ha recibido ya el bastón de mando y ha agradecido, irónicamente, la toma de posesión en un acto “tan pacífico”.

   Y es que l votación se produjo en uno de los plenos más tensos y exaltados de la historia de la Comunidad de Madrid. Dos horas de insultos, gritos, cánticos y todo tipo de exabuptos que no pudieron ser evitados ni siquiera con una amenaza de desalojo ordenada por el presidente de la Mesa, Carlos Penit, de IU, durante la intervención de Patricia Fernández, del PSOE.

   Tras la moción, que se presentó por Registro del Ayuntamiento el pasado día 9, el nuevo gobierno de coalición llevará a cabo la creación de un registro público de bienes patrimoniales de todos los concejales para desmentir, según dijo, las acusaciones de presunta corrupción en la localidad durante todos los años de gobierno del PSOE, donde ha habido casos como la acusación de prevaricación a un concejal, o tráfico de influencias.

Esta moción se ha producido supuestamente por los intereses del PSOE y de IU por el desarrollo urbano de una parte del municipio, El Espacio del Motor, que conlleva que Pinto duplique su población. Se trata de un desarrollo completamente innecesario.

El viceministro de Hacienda del país africano asegura que los proyectos del constructor son fantasmas. “Si su satisfacción está en mentir y decir cosas que no son reales es su problema, se burla de sí mismo”. Con estas duras palabras calificó Melchor Esono, viceministro de Hacienda del Gobierno de Guinea, los proyectos que El Pocero explicó a varios medios de comunicación en España. Los delirios de grandeza de Francisco Hernando son de sobra conocidos en nuestro país. Sin embargo, a Guinea Ecuatorial le ha pillado por sorpresa.

Es cierto, que El Pocero tiene interés en edificar en ese país, pero lo único que logró fue un compromiso del viceministro segundo de Guinea, Aniceto Ebiaka, de crear una empresa mixta con el Gobierno. El proyecto fue finalmente rechazado por las noticias que varios colaboradores guineanos residentes en España enviaron al Ejecutivo, con el objeto de prevenirles sobre la forma de actuar del empresario.

“Queremos españoles serios” explicó Esono en una conversación telefónica con elEconomista. El viceministro relató sus experiencias con Francisco Hernando, tras asegurar que un proyecto de más de 2.000 viviendas por promoción en Guinea es completamente “irreal”.

El primer proyecto que cayó en manos del viceministro de Hacienda fue el de un polígono industrial. Sin embargo, el Gobierno consideró que las posibilidades de que se convirtiese en un polígono fantasma sin empresas eran muy altas. “Cuando le preguntamos quien ocuparía esos terrenos, nos contestó que ya se buscarían empresas”, explica Esono, que asegura que lo que no va a hacer el Gobierno de Guinea es invertir dinero en un proyecto que no sabemos si va a ser útil o no. “Si nos hubiese hablado del interés de alguna compañía por asentarse en Guinea, posiblemente lo hubiésemos aceptado porque aquí hacen falta industrias, pero tal y como lo planteaba no era posible”.

Proyecto fantasma

Melchor Esono es una de las personalidades más importantes de Guinea Ecuatorial después del presidente, Teodoro Obiang, y el primer ministro, Ignacio Milam, puesto que se encarga de las finanzas del país. Precisamente por ello, afirma con rotundidad que no existe ningún documento firmado, no hay ningún proyecto de viviendas y ni siquiera se ha creado la empresa mixta “y mucho menos con 1.000 millones de euros de capital social, que enseñe el documento que lo acredita”, pide Esono. Desconoce por qué motivo El Pocero ha explicado esos proyectos en España, pero afirma que “el dinero del Gobierno no es para crear ciudades fantasma”.

Lo que más impresionó a Esono es la cantidad de viviendas que Francisco Hernando pretendía edificar, básicamente porque la población de Guinea es de algo más de un millón de habitantes y porque su extensión es de unos 28.000 kilómetros cuadrados. “Nuestro país es muy pequeño y no sé ni dónde piensa construir una ciudad de semejantes dimensiones ni quien la ocuparía, es irreal”, repite. Hernando no es, sin embargo, el primer español que se acerca a este país para construir y el problema es que todos los que muestran interés “no son serios”. Guinea, que fue colonia española, y continúa con el español como idioma oficial, así como con las costumbres y tradiciones que allí implantaron los colonos, desea atraer a empresas y empresarios españoles, pero hasta la fecha no ha tenido suerte. De hecho las empresas que han construido allí son francesas, libanesas, árabes y chinas.

Los franceses están terminando de rematar dos campos de fútbol que servirán para celebrar el próximo Mundial de Fútbol de países africanos. Precisamente por ello, que El Pocero asegure que va a edificar un campo de fútbol en aquel país carece de sentido para las personas consultadas por elEconomista.

Se adelantan a ‘El Pocero’

Lo único que parece cierto es que si Francisco Hernando consigue que venza su astucia y a pesar de todas las negativas logra llegar a un acuerdo satisfactorio para él y el Gobierno, la mano de obra tendrá que llegar de España o de cualquier otro país, porque allí resulta difícil encontrar mano de obra cualificada.

Así lo explica Ramón López, presidente de la inmobiliaria Maexpa que posiblemente sí construya en Guinea Ecuatorial. “En estos momentos estamos estudiando con sociedades guineanas dos proyectos muy importantes tanto para nosotros como para ellos”, asegura. Son dos promociones de 1.000 viviendas en Bata y Malabo respectivamente, de varias categorías, desde apartamentos hasta chalets.

Las conversaciones y negociaciones comenzaron hace varios meses y aunque van por muy buen camino, Ramón López no quiere precipitarse ya que “en África todo va lento”. Sin embargo, asegura que todo tiene muy buen aspecto, han recibido mucha colaboración, pero prefiere ser prudente ya que “es muy importante comenzar con buenos cimientos y estamos totalmente convencidos de que es un país con grandes recursos y con gran futuro”.

Consulte la información completa en la edición de fin de semana de diario elEconomista.

El pleno fue breve, concurrido y emotivo. Bigastro nombró ayer al socialista Raúl Valerio Medina como nuevo alcalde de la localidad, tras la dimisión y encarcelamiento por corrupción urbanística de José Joaquín Moya, quien dirigiera esta pequeña población de La Vega Baja en los últimos 25 años. El pleno se convirtió en un acto de reconocimiento a la figura de Moya, en prisión provisional y sin fianza desde hace tres semanas. En su discurso de investidura, de hecho, Valerio destacó la figura de Moya a quien reconoció emocionado como “compañero y amigo”. El público secundó el comentario con un aplauso cerrado. “Pese a quien pese, ha sido el mejor alcalde de la historia de Bigastro”, añadió el joven alcalde de 30 años con lágrimas en los ojos. Los vecinos que abarrotaron la sala de plenos siguieron con atención la intervención. No hubo reproches, sólo aplausos en distintos puntos de la intervención del nuevo primer edil de Bigastro. Y también algún “viva el alcalde”.

Valerio se impuso hace unos días como candidato a la alcaldía sobre la primera teniente de alcalde de Bigastro, Inmaculada Martínez, que también se perfilaba inicialmente para ocupar el sillón dejado por Moya. El alcalde mantendrá, igualmente, las competencias de Urbanismo y de Hacienda, según anunció ayer en rueda de prensa.Valerio fue nombrado alcalde con los siete votos del grupo municipal socialista en el Consistorio. Los cinco ediles del PP, por su parte, optaron por la abstención y no presentaron ninguna alternativa al socialista. El portavoz popular, Aurelio Murcia, justificó que en las elecciones de 2007 los ciudadanos “decidieron” que era el PSPV-PSOE quien debía dirigir Bigastro. “Hoy empieza para Bigastro una etapa diferente. La historia dirá si mejor o peor”, añadió el portavoz popular.

Murcia reclamó “nuevas formas de hacer las cosas”, en alusión a la investigación, iniciada a raíz de una denuncia del PP por una permuta de suelo verde municipal a cambio de un local comercial, que ha llevado a Moya a prisión y a diez personas más a testificar en calidad de imputados, entre ellos al propio Valerio. El ex alcalde está imputado por los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios. La denuncia sobre la permuta es una de las seis que el PP ha presentado en los últimos años contra la gestión de Moya, la mayor parte de ellas por temas urbanísticos.

Ayer, sin embargo, el debate fue de guante blanco y aunque con alguna referencia a la que se le podía atribuir doble sentido, los discursos mostraron predisposición al diálogo y buena voluntad. El portavoz popular destacó la “valentía” de Valerio de aceptar el cargo “en estos momentos tan difíciles”. Valerio, por su parte, valoró el pasado, destacó que es el primer alcalde de Bigastro “nacido en democracia” y habló de “compromiso” y de diálogo y defendió los servicios públicos y las políticas sociales.

Sentimiento agridulce

Tras el pleno, Valerio mencionó un “sentimiento agridulce” porque el cambio se produce “en unas circunstancias que no nos han gustado”. Y sobre el proceso judicial en marcha, el alcalde se limitó a asegurar que van a seguir “colaborando con la justicia” y emplazó a una opinión más amplia a disponer de más datos cuando se levante el secreto de sumario. Preguntado también por las críticas del secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, a la Fiscalía Anticorrupción, Valerio defendió que la justicia es “lenta en las tramitaciones” y recordó que se investigan temas de “cualquier color político”. “Es cuestión de tiempo que vayan saliendo todos”, añadió.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy a dos personas más, por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Librilla, en la denominada operación ‘Biblioteca’.

   Con estas, se elevan ya a diez los arrestos que la UCO ha practicado desde el martes. Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

   El martes pasado, en la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.

   Mientras, ayer, en la segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.

   No obstante, la mujer del funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Josefa B.; así como la esposa de José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, Francisca G., han sido puestas en libertad.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que confirma la sentencia dictada por el Alto Tribunal que condena a tres años y seis meses de cárcel al ex alcalde de Haría (Lanzarote), Juan Ramírez Montero (Coalición Canaria), por un delito de falsedad en documento público cometido en el arrendamiento de un edificio para uso municipal.

La Sala ha acordado inadmitir el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la representación de Ramírez y del arrendador Pedro Rafael Perdomo Reyes, quien ha sido condenado a dos años de prisión por el mismo delito.

De esta forma, el Alto Tribunal modifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas del 26 de octubre de 2006, que absolvió al ex regidor y a otros dos acusados, al citado arrendador y a la ex secretaria del Ayuntamiento Teresa Caba Jiménez de los delitos de falsificación de documento oficial y de prevaricación que se les imputaba a los dos primeros, y únicamente del delito de falsedad por grave imprudencia a la tercera.

Contra la citada sentencia absolutoria recurrió en casación ante el Tribunal Supremo el Ministerio Fiscal, impugnando la mencionada resolución de instancia sólo en lo que atañía a la absolución de Perdomo y Ramírez. En su resolución, el Supremo condena también al ex alcalde Ramírez Montero, ex senador por CC y ex director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, a una multa de doce meses con cuota diaria de diez euros y a cuatro años de inhabilitación especial.

Extraido de http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/607578/06/08/Pelotazo-Los-terrenos-de-El-Pocero-solo-valen-un-millon-de-euros.html

La familia González Mejía lleva más de diez años luchando por hacer efectiva una sentencia del Tribunal Supremo de 1997, donde se le reconocía su derecho de adquisición forzosa de unos terrenos que labraron durante años y donde hoy se levanta el Residencial Francisco Hernando. La maestría de El Pocero y sus abogados, ayudados por la lentitud de la justicia, impidió a los González Mejía hacerse con los terrenos

Hasta que un día Onde 2000 apareció con sus máquinas y echó de “malos modos” a los agricultores, según han denunciado ellos en numerosas ocasiones.

Tanto se dilataron los plazos que, al final, Francisco Hernando consiguió parte de su objetivo: quedarse con los terrenos. A pesar de la sentencia del Supremo, los tribunales de Toledo decidieron sustituirla por una indemnización. Pero todavía hay más. Los tribunales de Toledo han ido reduciendo desde tres millones hasta 2,4 millones, primero, y después hasta algo más de un millón (1,09 millones), según la última sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo contra la que no cabe recurso ordinario.

El terreno en litigio alcanza una extensión de casi 720.000 metros cuadrados, lo que supone valorar cada metro cuadrado en 2,4 euros.

Aunque la cifra definitiva que deberá pagar Onde 2000 a la familia González Mejía es muy inferior a la que estuvo expuesta, llega en un momento especialmente delicado para El Pocero, cuyas empresas atraviesan serias dificultades por la crisis del sector inmobiliario y por la mala planificación que hizo el empresario al dejarse llevar por su ambición. Hasta la prestigiosa revista británica The Economist afirma que el Residencial Francisco Hernando es un claro ejemplo del exceso de oferta existente en el mercado inmobiliario español.

De hecho, nada más conocer la sentencia, el constructor reclamó los 1,7 millones que sobraban del aval que se vio obligado a depositar en el juzgado. Esta petición intranquiliza enormemente a la familia González Mejía, quien teme que El Pocero desaparezca una vez recupere este dinero. Por eso, analizan cómo poder continuar con la batalla legal.

Un constructor de Fuenlabrada, José Moreno, a quien se le conoce en los medios de comunicación como El ‘Pocero Bueno’, explicó hoy que las 2.000 viviendas baratas que pondrá a la venta el próximo sábado día 15 en una asociación de vecinos de Fuenlabrada –La Avanzada– es una iniciativa dirigida a jóvenes y divorciados que quieran conseguir una “vivienda barata y digna”.

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El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y el constructor José Moreno, conocido como el “pocero de Fuenlabrada”, han llegado a un principio de acuerdo para sacar a la venta viviendas de protección oficial municipal de 90 metros cuadrados a un precio máximo inferior a los 100.000 euros.

El Ayuntamiento de Manjarrés, con los votos del PP, ha aprobado inicialmente el Plan General Municipal (PGM) de la localidad que prevé la recalificación en suelo urbanizable de 1,36 millones de metros cuadrados -la mitad prácticamente propiedad del alcalde, Santiago García Manzanares y de su familia- con la pretensión de edificar 1.360 viviendas y, posiblemente, un complejo deportivo de golf.

El PGM prevé un aumento poblacional del municipio, que actualmente cuenta con menos de 150 habitantes, hasta 4.760 sólo en esas viviendas -a las que concede carácter prioritario con un plazo de cuatro años para su urbanización-.
La zona recalificada se ubica al oeste del municipio y está compuesta por unas 60 hectáreas de monte (que son propiedad del alcalde y su familia) y que se completan con otras 70 a pie del mismo, junto con las que albergarían el supuesto complejo de golf con las casi 1.400 viviendas.
El PGM fue aprobado el pasado mes de septiembre por el pleno municipal y ha sido remitido a la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En este sentido, será ahora la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de La Rioja la que se pronunciará sobre la propuesta municipal, aunque por el momento, según confirman fuentes de la misma, el documento no ha sido analizado.
Según el Plan General, que además recalifica cuatro pequeños sectores en el propio entorno del municipio, Manjarrés pasaría de una población actual de 143 habitantes a 7.273.
La demanda de agua la ’soluciona’ el documento gracias al reciente embalse de Castroviejo y la cobertura de la cuenca del Yalde, aunque la propia memoria del PGM reconoce que el abastecimiento asignado por el Plan Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones de La Rioja para el año 2015 es de 38.044 metros cúbicos anuales, cuando la necesidad, con el desarrollo urbanístico propuesto, sería de 1.238.264 metros cúbicos. Es decir, 32 veces más que la necesidad prevista inicialmente. Curioso resulta también la protección forestal de una zona de encinas limítrofe al futuro complejo de golf, cuando la actuación principal se prevé en un monte de unas 60 hectáreas en las que la mayoría de la arboleda son también encinas.
La idea del alcalde de Manjarrés, Santiago García Manzanares (PP), de construir un complejo de golf con centenares de viviendas (1.349 finalmente, según la aprobación inicial del Plan General Municipal) en la localidad y en terrenos de su propia familia no es nueva.
En junio del año 2006, el Ayuntamiento aprobó el avance del Plan General Municipal (PGM) que preveía la recalificación del monte de 60 hectáreas propiedad del primer edil y sus hermanos.
Eran entonces los momentos del ‘boom’ inmobiliario y en los que las propuestas de campos de golf en suelos rústicos con miles de viviendas a su alrededor se amontonaban en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de La Rioja.
En cualquier caso, en 60 hectáreas de superficie era difícil albergar un campo de golf completo con un desarrollo urbanístico paralelo como el finalmente propuesto. Así las cosas, con la aprobación inicial del Plan General, el sector calificado como suelo urbanizable residencial deportivo se amplía ahora a 136 hectáreas, con varias fincas a las faldas del monte de la familia del alcalde.
Manjarrés, como la gran mayoría de los municipios pequeños de La Rioja, no contaba con Plan General Municipal y, mediante un convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja que sufraga los gastos técnicos, se puso a trabajar en su redacción.
En el momento del avance, Santiago García Manzanares señaló a este diario que «se había previsto la recalificación del suelo por si interesaba al pueblo en el futuro». García Manzanares aseguraba no contar entonces con ninguna propuesta de urbanización para la zona e insistía en que «lo único que hemos hecho es prever la posibilidad de reservar una zona para estos usos en el futuro, por si interesa al pueblo, ya que la tramitación va para largo».