La liberación de estos profesores fue en la madrugada del saábado 13 de Junio en total calma por parte de los profesores disidentes; entre cánticos los profesores fueorn recibidos por sus compañeros para luego ser trasladados a sus correspondientes domicilios con sus familias.

Este éxito del magisterio disidente se debió a la oportuno actuar inteligente de la sociedad civil pues se logró obtener un ampararo federal que favorecía a estos dos profesores; sin embargo la procurduría del estado insistía en que no se levantarías cargos contra ellos, cosa que fue totalmente falsa al momento en que fueron trasladados al CERESO de San Miguel.

Es así que Mario Marín demuestra la tiranía no siempre va acompañada de astucia ya que su plan represor falló y el movimiento magisterial disidente salió fotalecido por su actua responsable e inmediato.

En hora buena.

Más información en: http://codemagisterialpoblano.blogspot.com/

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Hace tres meses, me buscó la madre de una de las niñas que fuera utilizada, a los 5 años, para fabricar pornografía infantil por la red de Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, de Mario Marín y Emilio Gamboa, entre otros. Con la mirada inundada de desesperanza, con la voz cansada, con la ira colgada de su pecho, me dijo que luego de casi cuatro años de abogados, de juicios, de amenazas de muerte, Succar otra vez quiere que su hija vaya a verlo y declare por enésima vez. Y la niña, ahora de quince años, habla de quitarse la vida si la fuerzan a ir al penal de La Palma a ver a su  abusador; si otro juez se atreve a pedirle que narre sus recuerdos de terror infantil. Y la madre dice que si tiene que matar a alguien, pues mata, pero a su hija no la vuelven a llevar a un juzgado. Y menos aun cuando la Suprema Corte avaló la protección de Kamel Nacif Y Mario Marín, la protección a la red de pederastas y políticos que se protegen por intereses compartidos, intereses empresariales, políticos, de lavado de dinero. Pero no va a matar a nadie, volverá a su hogar a soñar que algún preso compasivo asesina al pederasta en su celda. Ese es el sueño que le permite dormir, que le da esperanza.

A esas madres se suma una más joven, de Oaxaca, llena de orgullo maternal, de dignidad, cuenta una y otra vez las historias. Su mirada muestra cómo su corazón ya está al borde del desconsuelo. Trae consigo los videos -como los traían las víctimas de la red de Succar Kuri-, lleva consigo fotografías y  peritajes médicos del daño ocasionado a su bebé por los pederastas. Y habla, y habla para que su país le crea, le crea que aquello que está más que probado, más que demostrado sí sucedió. Que lo real es cierto.

Leticia Valdez Martell, en su periplo agotador por los medios, busca con la fortaleza de una madre arquetípica, que los culpables paguen por eso que se ve en los videos, por violar bebés en una escuela y  grabarles para producir pornografía infantil.

Mientras ella se atreve a decir la verdad, Ulises Ruiz da órdenes para silenciarla. Según una secretaria del juzgado de Oaxaca, hay órdenes precisas del gobernador para que el caso se dilate, para que no se sigan acumulando pruebas. Ordenes para que se apague el caso en el cuál está implicados la propietaria del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, su esposo, Hugo Gabriel Constantino, su sobrino y profesor de ese centro escolar, Adán Salvador Pérez Ramírez. Pero no están solos. Han sacado ya de la Procuraduría de Oaxaca doce expedientes de casos similares con los mismos implicados pero a los cuales se suman nombres de agentes de la policía estatal de Veracruz y de Oaxaca. Personajes del PRI estatal y según las fuentes, un  pedófilo perteneciente al PRD de esa entidad. Ninguno de esos expedientes tiene seguimiento; no pude averiguar si fue por amenazas a las familias o por falta de respaldo jurídico de las familias para, como suele suceder, hacer su propia investigación; o  si fue por una mezcla de ambas.

Una y otra vez el periodismo  nos recuerda, particularmente las televisoras con su amarillismo  morboso y sus noticieros vacuos, que preguntar no es investigar. Que evitar las preguntas correctas, aunque toquen a los poderosos, no es hacer buen periodismo. Buscar todas las fuentes, escuchar a las víctimas, sí, pero a la vez utilizar sus pistas para seguir a quienes han puesto a las víctimas en semejante situación, es enterar a la sociedad de los entresijos de esa historia.

El no ir detrás de los perpetradores para investigar, no buscar y cuestionar a las redes de poder, a todos los actores de la historia, puede nulificar esa realidad y debilitarla, hasta que se convierta en parte del anecdotario  de las infamias mexicanas.

Si el detalle morboso, no investigado, se repite una y otra vez durante una semana, o un mes, llega a convertirse en un elíxir inmunizante. Hasta que quien escucha cambia  la estación, el canal o la página. Algunos le cambian porque no pueden más con la impunidad, otros porque no entienden que la historia de Leticia Valdez no es la de un niño violado y una madre desesperada, es la historia de un México productor de pornografía infantil, de un México donde el robo de niños y niñas se relaciona, en muchos casos, con la explotación sexual. La historia de un país donde desde el poder político y judicial los pedófilos se fortalecen, se une y celebran su poder.

Escuchar e investigar la historia de Doña Leticia Valdez, la madre del niño  abusado por una red de pederastas y pornógrafos infantiles en Oaxaca, me hace pensar en ella; en sus noches oscuras, en su indignación, en su fragilidad, en sus miedos galopantes. En su esperanza.

Leticia Valdez narra una y otra vez aquél ignominioso siete de noviembre de 2006, el día en que descubrió que su hijo fue víctima de violación, cuando en el baño el pequeño se quejaba y suplicaba para no ir más a la escuela. Mientras  los medios eluden el tema de fondo. ¿Por qué las otras madres y padres de criaturas  violadas por el mismo clan y que producían pornografía infantil, han guardado silencio? ¿Por qué el Procurador General Eduardo Medina Mora insiste en el noticiero de Loret de Mola que las violaciones a los Derechos Humanos denunciadas por Amnistía Internacional son casos individuales? ¿Por qué las y los fiscales especiales niegan la existencia de redes de pornografía que las y los periodistas y las propias víctimas demuestran una y otra vez que  sí existen?  Las redes de impunidad para los grupos criminales no se tejen en silencio, sino a la vista del país entero. Se tejen desde el poder.

Cuántas veces más Leticia tendrá  que repetir: “Él ya no quería ir a la escuela, ponía resistencia, tenía pesadillas, se escondía, y no dormía. El niño estaba aterrado. Después de ir a terapias dibujó lo que los violadores le hacían, pues lo video grabaron, ahora ya está mucho mejor”. ¿Cuantos millones de madres y padres mexicanos tendrán que salir a los medios a anunciar que abusaron de sus criaturas y que por decir la verdad están bajo amenazas de muerte?

¿Por qué el caso Valdez  llegó hasta la Suprema Corte de Justicia?
No llegó porque haya pruebas suficientes para ser contemplado por el tribunal supremo como un caso ejemplar de abuso sexual infantil; aunque algunos ministros intenten llevar agua a ese molino.  Ni llegó porque a la Suprema Corte le interese preguntar a Ulises Ruiz cuál es su papel en el caso de obstrucción de justicia y colusión de servidores públicos. Ni para averiguar por qué cuando los violadores estaban a punto de ser arrestados por agentes federales, la  policía estatal impidió el arresto.

El caso no llegó a la Suprema Corte porque Ulises Ruiz, gobernador constitucional de Oaxaca protege indirectamente a la red de pederastas. Ni llegó a la corte porque  uno de los abogados de los pederastas y de sus cómplices, es Jorge Franco Jiménez, padre de Jorge Franco Vargas, actual presidente del PRI en Oaxaca. Ni tampoco llegó a la Corte porque los pederastas, que son muchos y muy bien acomodados en el empresariado y en la política oaxaqueña, veracruzana y poblana, aceitaron la maquinaria de la impunidad. Ni a la Corte le interesará el porqué del silencioso proceder de el Secretario General de Gobierno, Manuel Teofilo García Corpus; del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; del secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos.  O del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Alberto Alejandro Márquez Moreno.

Pero la sociedad no se puede equivocar; el caso no fue atraído por la Suprema Corte porque sea del interés de la mayoría de ministras y ministros, sino porque los abogados de Doña Leticia hicieron bien su trabajo y tienen derecho a impedir que los pederastas queden protegidos por la ley y consigan un amparo del Tribunal  Superior de Justicia en Oaxaca. Es el trabajo de la Corte revisar ese amparo.

Hay que recordar el informe “Infancia Robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en México”. En Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula y Tijuana se estimó que había 4 mil 600 niñas y niños en esa situación en el año 2000; en la Ciudad de México 2 mil 500; en otras zonas como Monterrey, Puebla y León, mil; en otras zonas turísticas importantes como Puerto Vallarta, Cozumel, Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa, Huatulco, mil 500. Leticia salvó a su niño, lo escuchó y reaccionó a tiempo.

El gobierno del estado de Oaxaca también salvó a los suyos. Mientras tanto la producción de pornografía infantil “casera” como le llama un agente de INTERPOL, crece bajo el amparo del poder.

El Procurador General encontrará argumentos para convertir este, como millones, en “casos individuales” de violación a los Derechos Humanos. Ignorando el papel que juega la utilización del poder del estado en defensa de los delincuentes. Pero ya sabemos que a los Derechos Humanos los expulsa de México el gobierno federal y les escupe en el rostro José Luís Soberanes, el Ombudsman que sueña con llegar a la Suprema Corte; para ello se ha preparado.

Los atentados contra Leticia y su familia no quedarán silenciados. La sociedad vigila a Ulises Ruiz y a sus redes que protegen a la pornografía infantil. Una cosa queda clara: Ni  Leticia, ni  su familia están solas. Millones de mexicanas y mexicanos estamos a su lado.

En todo el país, sin embargo, la insatisfacción de las demandas y la falta de espacios democráticos, ha sido el caldo de cultivo de grupos clandestinos que optan por la vía de la insurgencia y las armas, a lo que los gobernantes han respondido con desapariciones, asesinatos y torturas. Uno de los primeros levantamientos armados de los que se tiene noticia en el México posterior a la revolución es el que encabezó en los años cincuenta el líder campesino y revolucionario zapatista, Rubén Jaramillo, como resultado de la radicalización de la lucha cañera en Morelos. Jaramillo depuso las armas, fue indultado y recibido en los Pinos por el presidente López Mateos. Unos años después, el 23 de mayo de 1962, fue asesinado junto con su esposa Epifania y tres de sus hijos en Xochicalco, Morelos. Más tarde, en 1965, un grupo guerrillero intentó tomar el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua en una acción suicida. Los inexpertos guerrilleros contaban con algunas granadas, bombas molotov, carabinas, rifles 7 milímetros y rifles calibre .22. Los soldados en cambio, portaban ametralladoras y fusiles M-1. El asalto fue encabezado por Arturo Gámiz, profesor rural, líder de la Unión General de Obreros y Campesinos, quien murió con sus compañeros durante el enfrentamiento. Los otros rebeldes caídos fueron: Pablo Gómez Ramírez, médico y profesor; Emilio Gámiz García, estudiante y hermano de Arturo; Antonio Scobell, campesino; Oscar Sandoval Salinas, estudiante de la escuela normal del estado; Miguel Quiñones, profesor rural en Arisiáchi; Rafael Hernández Valdivia, profesor rural en Basúchil, y Salomón Gaytán, campesino de Dolores, Madera. Posteriormente, a principios de la década de los setenta, uno de los principales grupos rebeldes se hizo llamar Liga Comunista 23 de septiembre, en recuerdo de la fecha del frustrado golpe. Fue en esos años, durante el sexenio de Luis Echeverría, cuando el gobierno mexicano lejos de entender los movimientos guerrilleros como procesos sociales, libró una guerra secreta con el fin de aniquilar las organizaciones clandestinas de la época. Así, Lucio Cabañas, dirigente del Partido de los Pobres, murió el 2 de diciembre de 1974 en una emboscada que le tendieron unos militares en El Ototal, un poblado de la sierra de Guerrero. La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), fue combatida mediante encarcelamientos y desapariciones. Su líder, Genaro Vázquez, murió junto con sus acompañantes el 2 de febrero de 1972 en un accidente de carretera, cerca de Morelia. Aunque ellos fueron los principales hubo desde luego muchos otros: el Frente Urbano Zapatista (FUZ), el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), que recibió entrenamiento en Corea; los Comandos Armados del Pueblo (CAP), las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), este grupo fue responsable del secuestro del cónsul estadounidense Leonhardy en mayo de 1973 y del secuestro de José Guadalupe Zuno, suegro del presidente Echeverría; la Liga Armada Comunista (LAC). Mención aparte merece el grupo Fuerzas de Liberación Nacional ²por ser el embrión de lo que hoy se conoce como Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), FLN se fundó el 6 de agosto de 1969 en Monterrey con nueve miembros iniciales, algunos de los cuales habían formado parte de una organización clandestina conocida como Ejército Insurgente Mexicano (EIM). Flavio César Yáñez Muñoz, alias “El hermano Pedro” o “Manuel” fue elegido máximo líder del movimiento y él a su vez, designó como segundo responsable nacional a Alfredo Zárate Mota, alias “Salvador” o “Santiago”³. Las FLN sufrieron un duro golpe cuando el 14 de febrero de 1974 fue atacada una casa de seguridad que los guerrilleros tenían en Nepantla, estado de México. En el operativo murieron importantes cabezas de la organización, entre los que se encontraban Alfredo Zárate, Mario Sánchez Acosta, “Manolo” y Dení Prieto⁴, “María Luisa”; responsable de la red urbana de las FLN en el estado de México, tenía 19 años. Entre los detenidos se encontraba Gloria Benavides, “Ana”, esposa de “Manolo”. Actualmente ella milita en el EZLN como la subcomandante Elisa.

Con su voz, y también con su sangre, los mexicanos de fin de siglo han obtenido espacios democráticos que tenían que haber existido al final de la revolución. Sin embargo, este país todavía tiene carencias elementales de justicia.

La verdad, la primera víctima

Para el gobierno de un país lejano a la democracia por decir lo menos, la verdad se vuelve no solamente innecesaria, sino además inconveniente. Por eso, los políticos mexicanos siempre han contado con medios de comunicación dispuestos a escuchar el dictado del poder. Algunos otros en cambio, fueron atacados por negarse al silencio o a ser cómplices del gobierno, como en 1976, cuando el entonces presidente Luis Echeverría orquestó la salida del director de Excélsior. En solidaridad con el destituido Julio Scherer, importantes colaboradores del periódico renunciaron y fundaron la revista Proceso pocos meses después, en noviembre de 1976. También solidarios con Scherer, renunciaron quienes trabajaban en la revista Plural, entonces dirigida por Octavio Paz. Ellos fundaron la revista Vuelta, ambas revistas fueron imprescindibles en la cultura mexicana al final del siglo veinte. Con el tiempo han ido surgiendo otras publicaciones que realizan una encomiable labor periodística y actualmente, gracias a la lucha de periodistas verdaderos, en México existen espacios de opinión absolutamente honestos incluso en la televisión, muchos años controlada por el gobierno. La mentira sin embargo, es posible.

En el proceso de revisar la historia de México en el período de los años setenta o antes, casi todas las fuentes periodísticas son poco confiables. Muchos medios informativos trabajaban para el gobierno. Otros, se autocensuraban, pensando siempre en no causar la ira del gigante. En ese entonces, la televisión era el medio con mayor penetración de la época y solamente existía un noticiario, 24 horas con el licenciado Jacobo Zabludovsky. Más allá del control que el gobierno siempre tuvo sobre este medio, Zabludovsky era un fiel colaborador del presidente en turno. Hoy resulta impensable que el titular de un noticiario se refiera a un acontecimiento como el del dos de octubre del 68 minimizándolo en términos de un zafarrancho con algunos heridos. Treinta años después, en 1998, Zabludovsky declaró al periódico La Jornada: Nunca creí que hubiera conjura comunista en 68. Mencionó también que Díaz Ordaz le llamó personalmente para reclamarle el haber utilizado una corbata negra⁵ en la emisión del día anterior. Posiblemente Zabludovsky sí fue presionado por el poder, pero durante más de dos décadas poco o nada hizo por sacudirse la presión y ejercer un mejor periodismo. Zabludovsky salió del aire en enero de 1998, cuando no tuvo cabida en un país con una democracia incipiente.

Aunque los noticiarios en la radio no eran tan frecuentes, en Puebla Enrique Montero Ponce y su noticiario Tribuna han sido un buen ejemplo de lo que es un medio al servicio del gobierno. Soldado del entonces partido oficial y muchas veces autoproclamado mártir de la libertad de prensa, Mentiras Ponce como le hemos llamado los poblanos, ha sobrevivido a los embates de la democracia afianzado en un auditorio cada vez más reducido. Durante los años ochenta, El Sol de Puebla fue otro buen ejemplo de un medio servil. Las tumultuosas manifestaciones por las elecciones fraudulentas del 83, en las que Guillermo Jiménez Morales impuso a Jorge Murad como presidente municipal de Puebla, fueron reportadas por este periódico como la inconformidad de un grupo minoritario. Murad murió poco antes de terminar su trienio, víctima de un conductor imprudente. Recientemente, Montero Ponce se negó a difundir como parte de la propaganda del partido acción nacional, un spot con la conversación entre Mario Marín, y Kamel Nacif en la que el gober precioso (así lo llamaba Kamel) alardeaba del coscorrón que le dio a Lydia Cacho. Lydia fue detenida en Cancún y llevada a Puebla acusada del delito de difamación. Montero argumentó que no pasaba la grabación por ética. No pensó que era mejor difundirla y que el elector castigara con su voto a los mentirosos o a los cínicos.

El levantamiento zapatista de 1994

Hasta antes de 1990, cada presidente escogía a su sucesor mediante un ritual que consistía en hacerlo candidato del partido oficial, obtener el apoyo de las bases, realizar una campaña por todo el país y hacerlo ganar, por abrumadora mayoría, unas elecciones en las que los votos no se contaban. Este procedimiento tenía varias escalas según se tratara de gobernador, alcalde, diputado o senador y en el que el presidente de la república tenía un poder absoluto. Además, la obediencia que los militantes del partido oficial le tenían al primer mandatario, en buena medida contribuyeron a que no hubiera golpes de estado en los años que prevaleció esta forma de gobierno. Solamente en el 76, en un momento en el que países sudamericanos padecían las dictaduras militares, al final del sexenio de Luis Echeverría, hubo fuertes rumores de un golpe de estado en México. También se sabe que Echeverría llegó a pensar en una reelección⁶. Nada de eso ocurrió.

En esa época en Puebla, los estudiantes de todos los niveles preuniversitarios, eran acarreados a manifestar su apoyo a cualquier candidato del partido oficial que pasara por la región. Lectores de una historia que culminaba en un país que se destacaba en el mundo por su paz social después de una revolución a principios de siglo, participantes emocionados de ceremonias en las que se honraba a los héroes que nos dieron eso precisamente, patria y libertad, deportistas en un país que siempre ocupaba los últimos lugares en competencias internacionales, la juventud estudiosa como se le llamaba en esas ceremonias solares, creció en el reino del engaño y del aburrimiento. La educación también fue víctima de la mentira. Al mismo tiempo que un candidato pasaba dando la mano a los estudiantes y a los padres de familia, interesado en conocer de cerca la problemática de la región, había gente encarcelada injustamente, en el mejor de los casos, porque también había muertos, torturados y desaparecidos. En ese entonces, Amnistía Internacional informaba que desde 1968, en México habían desaparecido más de 300 personas después de haber sido detenidas por fuerzas de seguridad⁷. Actualmente, la página web del comité Eureka cuenta 557 desaparecidos. En febrero de 2004, la detención de Miguel Nazar Haro hizo renacer la esperanza de conocer el destino de más de 400 desaparecidos.

Fue a partir de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra que el caso de los desaparecidos cobró relevancia nacional e internacional. Jesús tenía 21 años y pertenecía a la liga comunista 23 de septiembre, fue detenido por elementos de la Policía Judicial del estado de Nuevo León y parece que fue trasladado a las oficinas de la judicial del estado. El 18 de junio de 1975 su familia supo que Jesús se encontraba en el Campo Militar Número Uno. Habría permanecido ahí hasta 1976, año en que habría sido trasladado al penal de Santa Martha Acatitla junto con otros detenidos. Desde el momento de su detención, Rosario Ibarra de Piedra, su madre, lo ha buscado sin descanso, y ese calvario personal la ha convertido en una luchadora social imprescindible en la historia reciente de México. Ella y otros familiares de desaparecidos fundaron en los años setenta el comité Eureka para la defensa de los derechos humanos.

El 1 de enero del 94 aparece en Chiapas el movimiento guerrillero incubado en Chiapas desde los años ochenta. Apenas unas semanas antes, en la segunda quincena de noviembre del 93 había concluido el proceso de ratificación del TLC que entraba en vigor precisamente ese día, con esto se construía la ilusión de los mexicanos de ingresar al primer mundo con Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo el TLC coronaba el mito de la paz social y le daba a Salinas de Gortari el aura de uno de los líderes más importantes del mundo, quien ya para entonces buscaba la presidencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Muy lejanos se veían aquellos días de la elección presidencial del 88, cuando Salinas de Gortari resultó electo tras una misteriosa caída del sistema. La inconformidad por el resultado de aquellas elecciones convocó a los partidos de oposición a sumarse en cuantiosas manifestaciones que no consiguieron nada. Paradójicamente, fue durante el sexenio de Salinas cuando nació el IFE como resultado de las reformas a la Constitución llevadas a cabo en 1989 y la expedición, al año siguiente, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Ambos acontecimientos dieron lugar a que el 11 de octubre de 1990 se creara el Instituto Federal Electoral, como un organismo ciudadano con la responsabilidad de organizar las elecciones en términos de una competencia democrática. Pero fue precisamente ese día, el 1 de enero del 94, cuando en el sureste del país surge un grupo armado de extracción indígena que toma las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Huixtan y Chanal. Muy lejanos estaban ya los años ochenta, cuando las guerrillas surgían en Centroamérica y en la televisión podía verse el asesinato del arzobispo de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero en 1980; el asesinato de Bill Stewart, reportero de la cadena ABC en Nicaragua en el 79; la propaganda del PRI dando a los gobiernos de la revolución el mérito de la paz social. De muchas maneras el gobierno hizo pensar a la clase media que la violencia de las revoluciones en los países centroamericanos contrastaba con la paz social de México, donde ya habíamos dado ese paso, así que lo mejor era seguir por esa ruta: la revolución. En ese entonces la Unión Soviética era un baluarte del socialismo. Era precisamente en esos años, en el otoño del 83, cuando llegaron a la selva lacandona algunos de los dirigentes más importantes de las FLN para fundar junto con otros rebeldes el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos eran Germán, Rodrigo, Elisa, Marcos, Gabriela, Daniel, Pedro, Lucía, Javier, Eduardo, Manuel y Rodolfo⁸. Su objetivo era derrocar al gobierno para instaurar en México un gobierno socialista. Todos ellos habían visto la masacre de la plaza de las tres culturas, el triunfo de la revolución sandinista, los triunfos de los partidos socialistas en Europa occidental y sin embargo, cuando el EZLN se levantóen armas la Unión Soviética ya se había descompuesto en países independientes, el muro de Berlín había sido destruido por los ciudadanos alemanes unidos en una sola nación, los países de Europa oriental volteaban la mirada hacia una economía de mercado, y lo más importante, a una democracia por venir. Quedaban Cuba y China como los mayores ejemplos del socialismo.

El alzamiento zapatista desmintió todas las ideas sobre paz y justicia que durante muchos años había sembrado el gobierno mexicano, también representa a un México ancestral que aparece poco antes de iniciar el tercer milenio, cinco minutos antes de que la sociedad con el primer mundo borre la memoria de la represión que dio origen al grupo armado. De clara extracción socialista, la guerrilla aparece en Chiapas pocos años después de que la caída de la Unión Soviética dejara las dictaduras socialistas de Europa abandonadas a la furia de la población que habían reprimido durante tantos años.

En el 94 los mexicanos también vimos por televisión la muerte de un candidato presidencial, casi un presidente. El crimen se atribuyó a un asesino solitario poco antes de que terminara el sexenio de Ernesto Zedillo. Sin embargo, siempre existirá la incertidumbre sobre la identidad del asesino material y posiblemente nunca lleguen a conocerse los verdaderos motivos del magnicidio. Otra vez, la verdad resulta inalcanzable. En 1994, también, el país sufrió los efectos devastadores de la peor devaluación que había tenido en muchos años la moneda nacional y además, un volcán despertó de su letargo. La clase media y las clases más bajas nunca habían padecido como entonces los estragos de una crisis económica. Abundaron la miseria, el desempleo y por lo tanto la delincuencia⁹. A pesar de todo eso el relevo presidencial ocurrió en forma pacífica. Ante la amenaza de una guerrilla en el sureste, la población votó por Zedillo. Esta vez, con el IFE a cargo del secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, los votos sí se contaron.

El 12 de enero de 1994 Salinas ordena unilateralmente alto al fuego. Pocos días después Manuel Camacho se traslada a Chiapas para iniciar el diálogo. Otra situación extemporánea si tenemos en cuenta que en ese momento casi todos los movimientos guerrilleros en el mundo son combatidos. Más aún, los gobernantes anteriores se esforzaron por exterminar los movimientos subversivos en una guerra silenciosa que empezó en los años sesenta, con el asalto al cuartel de Ciudad Madera. El alto al fuego, la ley de amnistía y la apertura al diálogo es el reconocimiento a aquella frase de Marcos: Podrán no estar de acuerdo con nuestros medios, pero nadie puede negar nuestros motivos. Es también el reconocimiento de que una guerrilla no tiene lugar en una democracia, pero en México es el resultado de muchos años de represión, autoritarismo y falta de garantías esenciales de libertad. El levantamiento zapatista del 94 no podía entonces, ser exterminado.

La historia del fin de siglo en México se escribe con muchas voces, casi todas desautorizadas. Otras se han perdido entre los escombros del 85, en un horno de cremación, en una tumba. Tampoco se trata de un momento indivisible, pues ya se ha dicho que diferentes tiempos concurren al final del siglo veinte. Quienes han ganado los espacios democráticos no son los héroes que conocemos en figuras de piedra, son seres de carne y hueso que incluso han radicalizado su lucha para darnos eso precisamente, patria y libertad.

Hay una incongruencia entre la memoria y los hechos, los motivos. La verdad entonces es inalcanzable. No existe un camino para llegar a conocer el presente, las razones y los motivos por los cuales llegamos a este momento histórico. Parece como si en algún momento nuestros países hubieran visto un llamado al que no podían negarse. Posteriormente, igual que Felipe Montero, el personaje de Aura, se descubrieron en una fotografía guardada junto con sus memorias, las mismas que tienen que leer por imposible que resulte su lectura dada la cantidad de fuentes que fueron sus autores.

El mito de la revolución mexicana

Pensando en legitimarse, el gobierno mexicano creó el mito, uno de tantos, de la revolución:

Antes de 1910 había una terrible dictadura, gobernaba un sátrapa llamado Porfirio Díaz quien había entregado este país a las grandes empresas de Inglaterra, Francia y Estados Unidos principalmente. Estuvo en el poder durante más de 30 años, durante los cuales la mayor parte de los mexicanos vivían en condiciones de pobreza extrema. Unas cuantas familias, en cambio, poseían la mayor parte de la riqueza del país. En estas circunstancias, hombres y mujeres ilustres encabezaron la revolución mexicana para terminar con el caos y entonces dar paso al orden.

Una historia de más de setenta años de paz social encontraba su explicación en ese movimiento popular de principios del siglo veinte. Igual que todos los movimientos fundadores de un orden, la revolución tenía sus enemigos, aquellos agentes del caos que amenazaban severamente las instituciones, las conquistas sociales y la soberanía nacional. Difícilmente había una vista hacia el futuro, la renovación era una posibilidad, solamente. Era difícil entonces pensar en un evento revolucionario posterior al de 1910. Por eso ya habíamos pasado por tres momentos fundamentales: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Si sumamos el momento de la invasión española y el de la fundación de México, la revolución al principio del siglo veinte era algo así como el amanecer del quinto sol. El mito de la revolución era alimentado y venerado durante innumerables actos oficiales (ritos) en los que lo mismo se celebraba una constitución que ha sido víctima de incontables enmiendas, que un difuso veinte de noviembre como inicio de la gesta revolucionaria¹⁰. Por otro lado existían ciudadanos luchando en la clandestinidad buscando terminar con la situación existente para llevar a México a un nuevo orden: el socialismo.

El país funcionaba entonces como un conjunto de órdenes parciales supeditados a un orden monolítico de alcances ilimitados: el presidente de la república. Existían sin embargo algunas otras organizaciones, casi siempre trabajando en la clandestinidad, buscando imponer un nuevo orden, un gobierno socialista. Tampoco puede negarse la presencia de serios opositores al gobierno buscando por los medios legales a su alcance la existencia de tres poderes y de un gobierno democrático. Todos estos mecanismos trabajaban para minar los cimientos de un sistema tan fuerte como antagónico.

El ciudadano mexicano en los años recientes.

En los años recientes el ciudadano común ha manifestado su enérgica demanda de lo que se ha dado en llamar seguridad. Hasta ahora no ha habido gobierno de ningún partido político que haya podido dar a los ciudadanos la garantía de caminar tranquilos por la calle. Peor todavía, ni siquiera han podido separar a los delincuentes de los policías, muchas veces coludidos en asaltos y secuestros. El problema de la inseguridad como se le ha llamado, acusa muchas otras carencias de este país, una de ellas es el derecho al trabajo honesto. Todos los días el ciudadano mexicano ve crecer fortunas de políticos que no quieren ser pobres por no ser pobres políticos¹¹, ve por televisión los privilegios que tienen los grandes narcotraficantes aún estando en la cárcel, ve sus derechos pisoteados por funcionarios de media tabla, que lo mismo se brincan la fila que cierran una calle. En México es muy difícil crear una fortuna por medios honestos, y a pesar de eso, existe un sector de la población, principalmente en los niveles medio y bajo, que se empeña en ganarse la vida honradamente. Todos ellos, al carecer de una cuota de poder como puede ser el narcotráfico, la política, o la corrupción policial, siempre tienen el riesgo de perder su patrimonio el día que los alcance una banda de secuestradores, muchas veces operadas por policias. El 27 de junio de 2004, se realizó en la capital del país una marcha contra la inseguridad. La manifestación, en la que participaron unas 250 mil personas tuvo una tibia respuesta por parte del entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló a la ultraderecha como el origen del evento y se conformó con decir que en el último semestre el índice delictivo fue el más bajo en 10 años. No tuvo entonces, la capacidad de ver que aún la ultraderecha es un componente de la sociedad mexicana y que la seguridad pública y sobre todo, la defensa del trabajo honesto eran sus obligaciones como gobernante.

Hace ya mucho tiempo que no existe el México que veneramos, ese que se enseñaba en los libros de texto, ese que nos obligaba a escuchar de pie el himno nacional. Ese que nos heredaron los héroes con su vida y con su sangre. Ese México nos es arrebatado todos los días con gobernantes retrógadas, líderes sindicales, narcotraficantes, medios de comunicación, empresas transnacionales, ciudadanos abusivos, policias coludidos con la delincuencia. En este México los verdaderos héroes se levantan temprano para ir a trabajar honestamente, son estudiantes que a su vez trabajan para pagar sus estudios, son los adolescentes que dejan de estudiar para poder llevar dinero a la casa, son algunos policias que arriesgan sus vidas enfrentándose a delincuentes que los superan en armamento. Todos ellos enfrentan en este país el costo de tener un medio de vida honesto. La riqueza que ellos puedan generar por estos medios siempre podrá ser arrebatada por una banda de secuestradores. El país en el que vivimos se hace presente en los tacos, en los sombreros de charro, en los escasos goles de una selección gobernada por las televisoras, en las medallas olímpicas que ganan esforzados deportistas, pero hay carencias importantes a la hora de caminar por la banqueta, donde incluso existe el riesgo de ser atropellado por la motocicleta de un repartidor o por un cartero. Quienes actualmente formamos la sociedad mexicana no estamos orientados hacia objetivos y valores que nos consoliden como nación. Somos habitantes de este país, pero estamos muy lejos de ser ciudadanos mexicanos. Existen enormes carencias legales que permiten injusticias tan grandes como el encarcelamiento de Jacinta, la detención de Lydia Cacho, o la matanza de Aguas Blancas por citar solamente algunos. Ya se preparan los festejos por el bicentenario de una precaria independencia y el centenario de una revolución que más bien parece una guerra civil. Simplemente el país cambió de dueños, pero la explotación, la miseria y la dictadura no fueron abolidas.

Con una historia milenaria, perturbada por la invasión española, este país está en la cabeza de Zeus, esperando el hachazo de Hefesto que le haga nacer hecho un adulto como Atenea. ¿Cuál debe ser el hachazo? ¿El 6 de julio del 88? ¿El 1 de enero del 94? ¿Septiembre del 85? Siempre hemos carecido de un estadista capaz de identificar la oportunidad de hacer de México un país más justo, democrático. Ojalá que el parto ocurra en la mejor oportunidad. Ojalá que Hefesto tenga un hacha generosa. Ojalá que no sea un parto doloroso.

Javier Mendoza

blogdejaviermendoza@gmail.com

Bibliografía

Montemayor, Carlos Chiapas la rebelión indígena de México

México: Joaquín Mortiz, 1997

Aguilar Camín, Héctor Subversiones silenciosas

México: Aguilar, 1993

Agustín, José, Tragicomedia mexicana 2

México: Planeta, 1992

One of these is award-winning writer and investigative journalist Lydia Cacho who runs a refuge for abused women and children. Cacho has written numerous articles on the prostitution of Cuban and Argentine girls in Mexico and the sexual abuse of minors. In 2005 she published a book (Demons of Eden: the power behind pornography), exposing a Mexican child pornography ring. A textile businessman, José Kamel Nacif Borge, brought charges of libel against Cacho. He is cited in the book as having ties with another Mexican businessman, Jean Succar Kuri, who owns a hotel in the popular Mexican resort, Cancún, in Quintana Roo (http://en.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo). Succar Kuri is an accused paedophile and head of the child pornography and prostitution network, who was already detained at the time. Kamel Nacif did not deny knowing him but claimed that his reputation had suffered as a result of Cacho’s book.

On 16 December 2005, Cacho was arrested at gunpoint by Puebla state officials, and endured a twenty-hour car journey from her home in Cancún to Puebla, where she was physically threatened. On her arrival she was charged with ‘defamation’ and calumny and faced up to four years in jail if found guilty. During the spell in police custody, the writer was reportedly ill-treated and held incommunicado in an attempt to intimidate her into abandoning her work to combat child abuse and people-trafficking. In February 2006 a recorded telephone conversation alleged to be between Kamel Nacif and the governor of Puebla, Mario Marín, was released to the local media. The businessman reportedly thanked the governor for his part in Cacho’s arrest and offered Marín ‘two beautiful bottles of Cognac’ as a token of his appreciation. He also voiced his desire that the writer be raped whilst in detention.

Cacho filed a countersuit for corruption and violation of her human rights. After fighting a year-long battle, and enduring repeated death threats, the defamation charges were dismissed. However, her acquittal was only the result of her case being transferred to another state where defamation is no longer a criminal offence.

Despite the Mexico’s Supreme Court’s ruling that there had been ‘no serious violation’ of Cacho’s rights when she was arrested on Marín’s orders (http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2007/dec/04/mexicocourtrulesagainstjou) , last April the special office set up to investigate crimes against journalists in Mexico ordered the arrest of five public employees for the illegal detention of Cacho. These reportedly included the former attorney general, a minister, a police commander and various criminal justice system officials, who allegedly falsified paperwork in order to facilitate her arrest. Disappointingly, in June the court in Cacho’s home state of Quintana Roo ruled that although there was evidence of arbitrary detention and torture it could not accept her case for jurisdictional reasons and recommended that she take the case to Puebla. Her appeal was rejected in January 2009. Cacho claims that it impossible to get justice in Puebla, particularly given the role of the state authorities in her ordeal, and so she will submit her case to the Inter-American Commission on Human Rights. She continues to receive threats to her life for her writing.

Lydia Cacho will be in London talking about her work at Shakespeare’s Globe on 18 April, as part of International PEN’s festival of world literature, Free the Word! http://www.internationalpen.org.uk/go/literary-events/free-the-word

You may like to write to the Mexican President expressing concern at the continuing harassment of writer Lydia Cacho for writing about sexual exploitation in Mexico to:

Lic. Felipe De Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Fax: 00 52 55 5093 4901/ 5277 2376
Email: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

El Departamento de Estado estadounidense ha elaborado planes de emergencia para reaccionar ante lo que denominan “ingobernabilidad” en México. El mes que entra el Pentágono entregará a la Secretaría de la Defensa de nuestro país apoyo y equipo técnico avanzado para la detección de terroristas.

La reflexión del gobierno estadounidense es muy sencilla: en río revuelto, ganancia de pescadores. Ante la ingobernabilidad, la violencia y la corrupción, su vecino del sur no es confiable para evitar el incremento del crimen organizado. Su definición de terrorista es “quien pretende la dominación por el terror; la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Y la actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.

En Canadá, el procurador general Wally Opal asegura que mientras el norte le venda mariguana al sur y el sur le venda cocaína al norte la economía criminal queda intacta. La violencia de bandas criminales en Columbia Británica se vincula con los cárteles mexicanos. En México poco impacto tuvo la declaración de Opal, quien aseguró en San Diego: “Este problema del crimen organizado ha inhabilitado por completo al sistema de justicia penal en México”. Algunos especialistas canadienses sugieren que la Universidad Simon Fraser envíe criminólogos a México, como hacen desde hace años con Guatemala. Pero han decidido que es dinero tirado a la basura. Colaborar con las autoridades mexicanas como iguales ya no es opción, ni para el gobierno canadiense ni para el estadounidense. La fantasía terminó. El hermanamiento por el TLC y la incursión parcial de México en el mundo desarrollado se vino abajo por las estrategias de guerra de Calderón, aseguran.

Especialistas de ambos países, particularmente del Pentágono, aseguran que Calderón no supo lo que hacía, que no conocía a su país y no acaba de entender la estructura económica del crimen organizado. Sea como sea, tanto Estados Unidos como Canadá hablan abiertamente de su plan A, que establece cooperación con México, pero bajo la manga se guardan su plan B, que implica hacer todo para defenderse de los potentes grupos criminales que incluyen, según el documento de inteligencia militar canadiense, altos mandos militares y gubernamentales de México.

El Pentágono entregará el equipo que utilizan en su propio país, en Irak y Afganistán, para espiar masivamente actividades de civiles. La preocupación creciente de las organizaciones mexicanas de derechos humanos es que este equipo se utilice para criminalizar más la protesta social, para acusar de terroristas a los críticos del sistema. Nos mandan armas, pero no hablan de la cooperación para la educación, para abatir la pobreza y educar para la paz. El tiro por la culata le salió a Calderón, pero la herida la sufre la sociedad mexicana.

El Departamento de Estado estadounidense ha elaborado planes de emergencia para reaccionar ante lo que denominan “ingobernabilidad” en México. El mes que entra el Pentágono entregará a la Secretaría de la Defensa de nuestro país apoyo y equipo técnico avanzado para la detección de terroristas.

LydiaCacho.net

Entrevista a la Valiente Periodista Lydia Cacho por el Excelente Periodista (Como la Misma Lydia) Javier Solorzano sobre la Tardia Resolución de la Comisión de Derechos Humanos y las Revelaciones del Periodico La Jornada publicadas por Blanche Petrich; Ademas de algunos Temas Mas…

Lydia Cacho Habla Sobre El Mounstruo de Austria y “El Intercambio”

cortesía Resiste Acapulco

Nota de El Informador:

Tania Damián Jiménez

El caso de la escritora Lydia Cacho Ribeiro aún no concluye afirmó el director de Sistema de Información Clasificada (SICLA), Luis Ortega Morales, debido a que el dictamen que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la afectada, sólo fue una recomendación y aún falta que la Procuraduría General de la República (PGR) resuelva el caso.

Aseguró que el dictamen de la SCJN fue una negociación que se realizó entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de Revolucionario Institucional (PRI) con el fin de desechar la propuesta del ministro Juan Silva Meza que concluyó que “sí existió un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales de la periodista”; por lo que no descarta una nueva negociación con la PGJ que concluya que exonere nuevamente al gobernador Mario Marín Torres.

Sin embargo, anticipó que el caso lo tomará la organización Amnistía Internacional, la cual investigará y, debido a como se dieron los hechos, llegará a las conclusiones del ministro Silva Meza de que sí se violaron los derechos humanos de Cacho Ribeiro; por lo que exigió castigo para los responsables.

En conmemoración a los tres años de la detención arbitraria de Cacho Ribeiro por parte del gobierno del estado de Puebla (cumplidos el pasado 17 de diciembre), el especialista indicó que es necesario mantener en la memoria el caso a través de los medios de comunicación debido a que la ciudadanía debe defenderse de las violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos.

Criticó los más de 200 millones de pesos que ha gastado el titular del Ejecutivo, Mario Marín Torres, para limpiar su imagen en relación al caso de Lydia Cacho. Asimismo, mencionó que en la entidad es una realidad el que los medios poblanos no tocan ese tema porque perderán sus beneficios económicos.

“La mayoría de medios no tocan el tema, existe una censura y autocensura”, aseguró en entrevista con este espacio informativo.

Aseguró que la relación entre el poder y los medios de comunicación en Puebla se han mantenido en total subordinación, por lo menos en los últimos 14 años.

Y es que por ejemplo para algunos medios de comunicación en Puebla la intervención de la Suprema Corte en el caso Marín-Cacho simplemente no existió. Según el reporte del Sistema de Información Clasificada (Sicla) diarios como La Opinión y Momento ignoraron el dictamen del ministro Juan Silva Meza, mientras que espacios informativos como Mediática lo tomaron como tema durante sólo un día, y medios como Milenio y Síntesis abordaron “temas totalmente desencajados” de la realidad del estado en esas fechas.

“Con el Sicla obtenemos en términos medibles qué es o que pasa con cada uno de los medios. Así es más fácil identificar qué medio saca en ocho columnas principalmente al gobernador…”, explicó Ortega Morales.

Mencionó que los medios de comunicación se concentran de manera exagerada en los temas políticos, dejando de lado otros de mayor importancia para la ciudadanía.

Insistió que hace falta hacer un periodismo desde fuentes ciudadanas, ya que el 92 por ciento de las primeras planas se refiere a la agenda política sin que la población tenga incidencia, así como es necesario que los gobiernos transparenten los recursos económicos que otorgan a los medios de comunicación.

Por último, invitó a académicos, organizaciones sociales y periodistas a participar en el Consejo Ciudadano del Premio Estatal de Periodismo en Puebla, con el fin de que se pueda otorgar un premio a los comunicadores comprometidos con la ciudadanía sin la intervención del gobierno.

Explicó que en enero del próximo año iniciarán las reuniones para acordar los parámetros del premio, como los géneros periodísticos a considerar y un jurado que garantice la intención de pluralidad, independencia y conocimiento para evaluar los trabajos que se inscriban para el concurso.

Parte II y última

Luis Ortega Morales

Uno de los aspectos que están a debate es el de la comunicación como política de estado, es decir una política emanada del acuerdo del conjunto de los poderes y de los diversos componentes que vinculan al estado con la sociedad y que son capaces de consensuar métodos y políticas que involucren a todos, con compromisos, objetivos y metas claras con una visión de largo plazo y que en lo fundamental también están de acuerdo en como lograrlo. En este caso, no entendemos como política de estado aquella que se hace solo a favor de los poderes del estado, esta sería la política “del estado”, o en su caso del régimen o del gobierno, sino lo fundamental es el acuerdo que se llegue a tomar entre todas las partes involucradas en la sociedad.

Entonces, lo que se puede analizar es la política aplicada por el gobierno del estado de Puebla en relación con la comunicación como derecho a la información, lo cual en este caso ha sido duramente cuestionada y como el conflicto con Lydia Cacho puso en evidencia la aplicación de una política en contra de la libertad de expresión y la ausencia del derecho a la información. Lo que ponemos en evidencia en este trabajo es precisamente la aplicación de una política del gobierno del estado de Puebla para informar sobre el desenvolvimiento de los hechos.

El gobierno del estado emitió sus boletines de prensa y envió otros comunicados que fueron publicados por la prensa como suyos dándole a los hechos una interpretación a conveniencia del gobierno y en especial que beneficiara a Mario Marín Torres, gobernador del estado. Los funcionarios y el propio gobernador actuaron como informantes en una actitud totalmente contraria a Lydia Cacho.

Lo que el gobierno aplica como política de comunicación o de información es lo que aplica la Dirección de Comunicación Social, que se desenvuelve como una política exclusivamente vinculada con los medios de comunicación privados, pues es a través de estos y solo de estos como se establece la relación política entre el gobierno y los ciudadanos. Lo mismo ocurre con los otros organismos del Estado, los poderes legislativo y judicial, las entidades autónomas y organismos de participación estatal y los municipios. Todos desarrollan la comunicación con sus gobernados y con los ciudadanos en general y casi exclusivamente a través de empresas privadas especializadas en la comunicación social, que tiene como instrumentos principales medios escritos, electrónicos, televisivos y de internet. El gobierno del estado ve en estos medios de vinculación con los gobernados como un asunto de relación con la empresa privada, en donde el asunto presupuestario es el fundamental o bien “los “caprichos” y “ocurrencias” y ambiciones del entonces titular de la Secretaría de Finanzas , quien, con miras al fortalecimiento de su imagen política, decidió arreglar los contratos de publicidad del gobierno directamente” o del propio director de Comunicación Social quien puede establecer los convenios con los medios de comunicación de la misma forma, como lo señalaba Alfonso Yañez, articulista de Síntesis.

Es decir, la “comunicación social una política pública del gobierno y posiblemente del Estado, se reduce a una política presupuestaria y sólo con los medios de comunicación. Estos “medios”, entonces, representan el único vínculo del gobierno con la sociedad, siendo a través de ellos y solo de ellos como puede establecerse ese vínculo.

Comunicación privada

Sin pretender abordar con profundidad el tema, el gobierno del estado recientemente ha desarrollado la comunicación con los ciudadanos a través de otros medios de comunicación como lo es la página de internet y las técnicas de multimedia que esto conlleva, además de la propaganda, el correo postal y los espectaculares. También utiliza otros mecanismos que están directamente vinculados a la relación política. En términos teóricos debe analizarse la tecnología de la información, el mercado de la información, los recursos humanos, las legislaciones, la regulación, y la ingeniería de información partidaria, que se desenvuelve cotidianamente en las comunidades, a través de eventos masivos, asambleas, mítines, reuniones para la entrega de recursos económicos y materiales, inauguraciones de obras o actos oficiales de presentación. Pero significativamente son los medios de comunicación privados quienes son utilizados como los medios principales.

Por el otro lado, tendremos que advertir sobre el comportamiento de estas empresas, que reciben del gobierno los recursos públicos para establecer una relación de este con los gobernados y discutir si estos cumplen con ese papel por el cual han sido contratados, como la desarrollan y hasta donde la profundizan.

Valdría la pena entonces conocer el gasto público que el gobierno del estado aplica para el pago de los medios de comunicación y la política que desarrolló para este objetivo, las diferenciaciones y jerarquías que establece, las cantidades que aplica y sobre todo el tipo de información que contrata para que estos medios la difundan.

El conocimiento de los criterios de diferenciación que aplica el gobierno sobre los medios de comunicación es una premisa que fundamenta y garantiza que los medios de comunicación, sean garantes de la pluralidad y la democracia, es decir, que son confiables en cuanto al ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión. Sin embargo, por el hecho de que los medios de comunicación son empresas privadas, estas se sujetan a un criterio de particulares en donde su compromiso es la compra de espacio en sus medios y la publicación de este en el medio respectivo y obviamente, la obtención de una ganancia. De entrada la empresa está obligada a publicar lo que le contraten, aunque esto no garantice la libertad de expresión y esconda o falsee la información. Si un medio de información tiene un trato preferencial del gobierno, es decir, le compra más espacio que a otra o le otorga las entrevistas y la información exclusiva, viola el derecho a la información y rompe con la pluralidad. Si el medio a su vez tiene una posición dominante  en el mercado de la información, tiene la capacidad de controlar la información, cuenta con diversos tipos de medios, es decir difunde sus puntos de vista por radio, televisión, Internet e impresos puede abusar de esa capacidad. Su posición de exclusividad le permite desechar o criticar las ideas y valores que puedan afectar sus intereses o su naturaleza. Hablamos de aquellas empresas que cuentan con el poder económico suficiente pueden influir en la opinión de los ciudadanos y por tanto en el poder ideológico y político e influir en el rumbo de la sociedad para garantizar sus intereses, sobre  todo cuando tienden a la monopolización.

Es indudable, por los argumentos presentados, que  el mercado no puede garantizar la pluralidad, es decir, la diversidad de empresas y su control. Que exista una cantidad de empresas y una variedad de opiniones, ideas e informaciones que determinan la cantidad y variedad de la información que  transmiten el conjunto de medios.
La lucha diaria por la audiencia y también por obtener los pagos de los clientes que más ganancias le reditúen, que en este caso es el estado, se manifiesta por publicar los boletines o comunicados oficiales con la mejor presentación, comentario o escrito por el mejor reportero, para acaparar al mayor número de lectores, dejando los artículos de calidad, reportajes, o informaciones de cultura e difusión científica para círculos minoritarios y, normalmente, en las últimas páginas, en los suplementos o solo para quienes compran los diarios los fines de semana. El resultado es que vemos los mismos boletines, las mismas ideas, las mismas informaciones, que se ha complementado en algunos casos con la tecnología de la página de Internet, siempre, por supuesto, en función de obtener la máxima ganancia y en beneficio de los intereses empresariales. Estos elementos en su realización en el mercado, afectan la oferta informativa de las empresas y no tienen en cuenta el pluralismo.

El paso de un escándalo a una situación de crisis política y hasta de ingobernabilidad depende de diversos factores que, según los resultados, en el caso de las conversaciones entre el gobernador del estado y el empresario Kamel Nacif, dadas a conocer por el diario La Jornada, el 14 de febrero de 2006, sólo quedaron en intenciones mediáticas.

La reflexión giró en torno a la posibilidad de la utilización del espionaje telefónico con fines electorales y se culpó directamente al gobierno federal y al PAN de orquestarlo. Esto permitió suponer, al mismo tiempo, con base en la denuncia presentada por Lydia Cacho, de la relación del empresario con el presunto pederasta Sucar Kuri, de que la protección que le brindaba el gobernador a aquel empresario mantenía  relaciones más allá de la amistad, de que se estaba manipulando a la justicia y de que existía una consigna para perjudicar a la periodista que nítidamente explicaron los soeces conversadores telefónicos. Por otro lado, también permitió abrir la veta de este grosero personaje que contaba con tanto dinero y al cual se le beneficiaba con exenciones de impuestos, venta de terrenos y cambios de uso de suelo. Se conoció entonces hasta donde llegan los beneficios de los empresarios vinculados al poder  gubernamental, pero sobre todo su comportamiento personal. Sin embargo, las fuerzas locales, tenían la batuta sobre las repercusiones que este escándalo podía provocar. En primer lugar los directamente involucrados: el gobernador, el textilero y la agraviada. De estos, quien resintió el golpe fue Mario Marín, gobernador, el primer priista, el “papá de los priistas”, “mi góber precioso”y “mi héroe, papá”.

Lo que funcionó como respuesta inmediata fue el “sistema”, la amenaza y la soberbia que ejerció el gobierno del estado de Puebla. La característica principal de un modo de gobernar cuyo reducto es el garante principal de la tradición mexicana: el caciquismo. Los gobernadores de los estados desde este poder, sustituyeron al poder central para continuar con el ejercicio del corporativismo, el clientelismo, el apoliticismo y el pragmatismo. Mario Marín ejerció el poder con un autoritarismo y despotismo desmedido, que reflejaba fielmente una herencia de los gobiernos priistas a los cuales sirvió desde décadas, ocupando los puestos claves que le permitían el ejercicio del amplio control gubernamental. La soberbia reflejada como herencia política, se encumbró en la personalidad del gobernados al demostrar su capacidad para obtener cerca de un millón de votos a su favor, que lo colocaba como uno de los bastiones priistas más influyentes en la política nacional y que le abrían las puertas  a la presidencia de la República. Desde el inicio de su gobierno llamó a todo aquel que era crítico a “ponerse a trabajar”, a no influir negativamente a no interrumpir su carrera política. La respuesta de movilización de las “fuerzas vivas”, a la vieja usanza del “acarreo”, que dio el gobernador a la denuncia de complicidad para violar los derechos de Lydia Cacho, era ratificada con un “no renunciaré”, “son chismes”, “no debo ninguna explicación”, “no provoquen a los poblanos”. Se inició un mecanismo de intercambio de representación y comunicación simbólica, donde los apelativos se convirtieron en conceptos familiares y coloquiales que sintetizaban el ejercicio del poder. Se construyó un lenguaje de comunicación que definía un modo de gobernar. Así el “góber”, “el góber precioso”, “el precioso”, las “botellas de cognac”, entre otros, se convirtieron en símbolos contra el sistema jurídico y político. El “maringate” sintetizaba la sumisión de los poderes legislativo y judicial a los mandatos del ejecutivo y el “coscorrón” se convirtió en símbolo de justicia.

El textilero, por su parte puso tierra de por medio y emigró. Lydia Cacho se concentró en la defensa de su caso, al identificar la “injusticia” con una complicidad con pederastas y en la denuncia de la violación a sus derechos y en consecuencia de los derechos humanos.

Quien tuvo la palabra fue el Frente Cívico Poblano, que inició con la denuncia, una férrea defensa de Lydia Cacho, y arribó a “la defensa del Estado de Derecho”. Este rescató los casos de Martín Barrios, de la posibilidad de cometer una injusticia, una violación sexual a una comunicadora, del tráfico de influencias, de los beneficios económicos y negocios entre empresarios y gobiernos, de los títulos de propiedad notariados por funcionarios gubernamentales y candidatos oficiales. De aquí se cuestionó al “sistema”, a la violación permanente del estado de derecho, de la independencia de poderes, del sistema judicial y de la procuración de la justicia.

 El Frente Cívico tuvo en sus manos la posibilidad de construir un rechazo generalizado al sistema de “in-justicia” y de caciquismo que prevalece en Puebla, un estado al cual  no ha llegado la reforma política, donde el sistema jurídico prevalece desde los años cuarentas. A través de los ordenamientos existentes, el poder ejecutivo estatal tiene legalmente la posibilidad e intervenir en los asuntos del poder judicial, del Congreso del estado y de los municipios y en consecuencia de someter a sus autoridades.

El paso de la defensa individual de Lydia Cacho, al cuestionamiento del sistema político en su conjunto, estaba presente. Sin embargo, esto no sucedió. El primero y único llamamiento que los universitarios publicaron el 24 de febrero en La Jornada de Oriente, fue un documento tímido, que llamaba a  “recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y en la legalidad” La primera manifestación expresó la limitación de sus objetivos: el repudio al gobernador, la ética, la pederastia y la pluralidad. El segundo documento, que cuestionaba de fondo al sistema político y de gobierno poblano fue la denuncia para el juicio político que solicitó el Frente Cívico, ya sin la presencia del PAN, de los empresarios y de los académicos de las universidades privadas, pero en un ambiente de profunda división y desorganización que impidió la profundización y extensión del movimiento. Ninguna organización social o política contaba con la organización necesaria para tan importante tarea, estos habían sido derrotados quince años antes por el gobierno del estado.

Los viejos métodos del gobierno estaban presentes, incrustó a diversos personajes que estaban presentes en las asambleas, a informadores y hasta a provocadores. La secretaría de gobernación tenía a priistas reconocidos en las asambleas del Frente Cívico, a otros miembros los utilizaba como contactos para concertar reuniones con los dirigentes independientes y finalmente, utilizó la traición y la vendimia para desprestigiar al movimiento. Uno de los principales asesores y voceros del FCP, Ricardo González, apareció en conferencia de prensa “negociando las demandas con la Secretaría de Gobernación y con el registro notariado del “Frente Cívico Poblano, Asociación Civil”

Sin embargo, la capacidad de los medios de comunicación y la ausencia de una política de comunicación de estado con los ciudadanos, es decir el ejercicio de la política desde la comunicación, no fue una necesidad para este gobierno. Los medios nacionales y locales, jugaron un papel fundamental, tanto los diarios impresos, como la radio y la televisión, los comentaristas y los conductores de los principales noticiarios aprovecharon la presencia de Mario Marín en sus cámaras y micrófonos para burlarse de él y hacer escarnio de su protagonismo. Para el gobernador, su presencia en los medios nacionales le trajo los peores resultados. Además, no sólo eso, aparecieron un sinnúmero de sitios de Internet y de comunicación vía correo electrónico y por celular, que funcionó y algunos de ellos, como el “góber precioso” contenía un juego y  tuvo miles de visitas.

Si algo causó las primeras reacciones, fue la identificación del diálogo grotesco con el textilero, con el lenguaje cotidiano y de comunicación política que utilizó el gobernador. Era su voz y sus palabras, su tono, sus calificativos, sus respuestas, sus silencios y sus diálogos coloquiales. El “no leo chismes”, se identificaba con “es una delincuente”, “acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona” era lo mismo que “dejen trabajar”.