Para poder lograr que fuera posible una vida en sociedad en la procura de obtener mejores condiciones de vida, se debieron realizar diferentes disposiciones que dieran cabida a un control para las diferentes personas, así estas disposiciones generaron tanto obligaciones y derechos para las personas, las cuales por su contenido y campo de aplicación se clasificaron en un determinado grupo, así se presentaron los diferentes derechos como el penal, el civil, el laboral, entre muchos otros. En el caso de la actividad comercial y los diferentes actos que surgen de esta se genero el derecho mercantil como el conjunto de normas positivizadas y aceptadas por la sociedad para mantener un transcurso adecuado en cuanto a las diferentes relaciones comerciales que se pueden dar dentro del comercio. Hablando a grosso modo del derecho mercantil o comercial, este lo que hace es regular al comercio.

De tal manera el principal sujeto de acción al cual se dirige el conjunto de las normas del derecho mercantil, es al comerciante y lo relativo a su actuar dentro de esta clasificación, donde los actos de comercio que lleve a cabo se deben ajustar a las normas, es decir tanto los actos comerciales, como las relaciones que se tejen dentro de ellos deben ser legales.

Uno punto que se debe tener muy en cuenta dentro del derecho mercantil, es que la relación se adecue a las condiciones de este derecho y por tanto se controle por medio del derecho mercantil; así se dará una relación comercial cuando se de un acto de comercio, que se entiende como tal en el caso de que en el acto participe una o varias personas con la calidad de comerciantes aunque no lo sean todos o por ciertos requisitos de hecho que deslinden la presencia del derecho civil, para que se regule por medio del derecho mercantil.

Atendiendo a lo anterior el derecho mercantil se presenta en la medida de que se den los actos de comercio, los que están regulados por este y hacen parte del mismo de una manera intrínseca.

Un valor de gran importancia dentro del derecho mercantil aparte de las personas que poseen la calidad de comerciantes, son las empresas, las que con su figura y todo lo que representan y lo que se genera a partir de su actividad, amplían en gran medida el contenido del derecho mercantil, puesto que se tiene que encargan del estatuto jurídico de las empresas, su participación dentro de la actividad económica y las diferentes relaciones contractuales y figuras jurídicas que se dan entre los empresarios mismos y con terceros.

Para entender de mejor manera el derecho mercantil, resulta adecuado conocer las características que lo identifican:

• El derecho mercantil es un derecho profesional o enfocado, ya que se presenta para atender la actividad de los empresarios y comerciantes.

• Es un derecho de corte individual, ya que hace parte del derecho privado, regulando la acción de particulares, dejando atrás relaciones de los poderes públicos.

• Es consuetudinario, puesto que existen unas normas codificadas, sin embargo la costumbre y la tradición influyen dentro de la actividad comercial.

• Es progresivo, puesto que la actividad mercantil es cambiante y evoluciona según las condiciones de la sociedad, por lo cual es necesario que la regulación mercantil vaya de la mano del cambio.

• Esta internacionalizado, puesto que la actividad mercantil cada vez se desarrolla mas a niveles mundiales, por lo cual hay consensos entre varios países en cuanto al control de la actividad comercial.So

«Puede que no se haya explicado bien su trabajo [de la Sociedad General de Autores y Editores], pero es fundamental para proteger a los creadores. Mozart vivía en la miseria por no tener derechos de autor. Si los hubiera tenido, él y su familia hubieran vivido mejor y él hubiera sido más libre para crear.» Son declaraciones de Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura, en Los desayunos de RTVE, recogidas por el diario Público. [1] Como analogía resulta sorprendente porque, lejos de aclarar lo que pretendía –la función de la SGAE–, contribuye a la desinformación general con un anacronismo, engalanado de falacia a la autoridad –pues ¿quién va a oponerse a que Mozart componga libremente sus geniales partituras?–, que en el mejor de los casos no ilustra más que el desconocimiento de quien lo ha enunciado.

Efectivamente, Mozart no tenía derechos de autor. La primera legislación en regular los derechos y contratos de publicación literarios, el Statute of Queen Anne, se aprobó en 1710 en el Reino Unido por la presión de los libreros, principalmente del Conger, que tenían el monopolio –bendecido por la corona británica– sobre la publicación y que veían como una amenaza la competencia de los editores extranjeros (y señaladamente los escoceses) [2]; en Alemania no se promulgó una ley similar hasta 1794. Pero en cualquier caso Mozart no podía beneficiarse de ella: murió en 1791 y era ciudadano austríaco. Repárese por un momento en las fechas de ambas leyes: no son casuales, sino que guardan relación con el particular desarrollo socioeconómico de las naciones que las aprobaron. La «lucha por los derechos de autor es reflejo –escribe el historiador del arte José-María Durán Medraño– de los debates acerca de la reorganización del mercado literario» y estos son, a su vez, reflejo de las transformaciones en la estructura social de un país:

«En una sociedad que se dispone como sociedad productora de mercancías, es decir, como productora de valores de cambio, este artista que engendra la belleza, o lo agradable o lo interesante, fue bien pronto consciente de que su producción estaba circulando en un mercado que él no podía dominar. Comienza así la lucha por demostrar el valor que los productos artísticos incluyen cuando son dados a un mercado, comienza así la historia de la reivindicación intelectual del producto artístico, la historia de los derechos de propiedad intelectual y del copyright. La   discusión en torno a los derechos de propiedad intelectual […] supuso para el artista el acceso a la propiedad privada del hecho creativo (paralela a la constitución de la propiedad privada burguesa o de la propiedad privada de los medios de producción capitalista), que no se refiere al hecho material de la propiedad en sí sino más bien al hecho del derecho a la propiedad sobre lo intelectual que esa obra transmite, esto es, a la propiedad sobre la producción de sentido o significado. El hecho mismo de esta propiedad ha posibilitado, lógicamente, la exigencia de un pago por los derechos de reproducción o uso de lo reproducido.» [3]

No parece ser ése el caso de la Austria de Mozart: difícilmente podía darse un derecho positivo que es la expresión de una relación social determinada en una sociedad civil que todavía no la ha desarrollado plenamente. En este sentido, la frase “de haber tenido derechos de autor, Mozart y su familia hubieran vivido mejor y él hubiera sido más libre para crear” tiene la misma validez, desde un punto de vista histórico, que “de haber tenido un sistema con separación de poderes y contratos estipulados por ley, los siervos de la gleba de la alta edad media hubieran vivido mejor y hubieran sido más libres”, o sea, ninguna. Es más, le conduce a uno a preguntarse por qué no existió ningún genio en ninguna parte del mundo que inventase los derechos de autor o pidiese la abolición de la servidumbre hace dos mil años y nos hubiese ahorrado siglos de sufrimiento humano. Pero incluso dejando todo esto de lado, que no es poco, sabemos por el ejemplo del Estatuto de la Reina Ana arriba mencionado que los beneficiarios fueron en todo caso, y por aplastante mayoría, los editores y no los autores. No hay ninguna razón de peso para creer, como se sigue de esta hipótesis trivial, que, de haber gozado de derechos de autor –entiéndase: tal y como hoy se conciben–, fuera de un sistema de mecenazgo (ya fuese la corte de Salzburgo o la aristocracia vienesa que lo financió hasta la guerra con Turquía) y produciendo para un mercado artístico moderno, Mozart hubiese vivido mejor y hubiera compuesto más libremente. Los derechos de autor privativos son un producto histórico y, como tal, sujetos a cambio. Si las nociones de originalidad y propiedad intelectual son un viejo objeto de controversia tanto en el terreno del derecho como en el de la filosofía de la estética, puede decirse que la introducción de las nuevas tecnologías digitales ha agudizado las posiciones del debate, al permitir la creación de una obra artística o intelectual colectiva incluso a un nivel supranacional o atenuar las fronteras entre un productor (activo) y un consumidor (pasivo). [4] Por eso sorprenden también tanto las declaraciones de González-Sinde, porque ella misma recordaba que «nos enfrentamos a un momento muy difícil, en el que se está produciendo una transformación tecnológica y digital que afectan directamente a la difusión de las películas, a la forma de verlas y se hace necesario actuar, de hacer accesible la cultura a todo el mundo, porque una película o una obra que no se ve no tiene sentido.» Pero mientras el Ministerio de cultura brasileño ha optado inteligentemente por impulsar las licencias Creative Commons, su homólogo español ha adoptado los argumentos de a quienes Lessing define como “guerreros del copyright”, defendiendo más los intereses corporativos de editoriales, productores cinematográficos y discográficas (no sólo españolas: las estadounidenses llevan presionando al gobierno desde hace tiempo en este sentido) que los de los autores y la ciudadanía en su reivindicación de garantías para un acceso generalizado a la cultura: «¿Por qué deberíamos esperar a que el Congreso “reequilibre” nuestros derechos a la propiedad? ¿Es que tú tienes que esperar antes de llamar a la policía cuando te roban el coche? ¿Y, para empezar, por qué tendría que deliberar el Congreso sobre los méritos de este robo? ¿Es que nos preguntan si el ladrón de un coche lo usó bien antes de arrestarlo?» [5]

El lector español estará familiarizado con estos argumentos. En las salas de cine se proyecta antes de cada película un anuncio institucional que ilustra justamente esa misma comparación. Sin embargo, la falta de proporcionalidad entre ambos hechos no convence a ningún espectador, que recibe el mensaje entre el tedio y la indiferencia más absoluta, y, por lo demás, trae al recuerdo el sagaz comentario de Marx con respecto a los debates en 1842 sobre la Ley acerca del Robo de Leña en la Dieta Renana, en que se hacía eco del proceso de creciente privatización de las tierras de uso comunal, cuyo secular uso y derecho se pretendía transformar en delito:

«Inmediatamente, al comenzar el debate, un diputado de las ciudades se opone al título de la ley, por el que se extiende la categoría de “robo” al simple debate forestal.

Un diputado de la nobleza responde “que precisamente por no considerar un robo la sustracción de leña, ésta ocurre tan frecuentemente.”

Según esta analogía, el mismo legislador tendría que razonar: por no considerar un golpe mortal a las bofetadas son estas últimas tan frecuentes. Por lo tanto, hay que decretar que una bofetada es   un golpe mortal.» [6]

Como escribe más adelante el propio Marx: «El objeto es diferente, la acción en referencia al objeto no es menos diferente, y la intención por lo tanto tiene que ser también diferente, ¿pues qué medida objetiva le pondríamos a la intención que no fuera el contenido y la forma de la acción? Y a pesar de esta diferencia esencial denomináis a ambos robo y los penáis como tal.» [7] El debate, allí como aquí, se clausuró desde arriba con la aprobación de la ley. Y, allí como aquí, las consecuencias y las preguntas que suscitaba, resultaron predecibles:

«Así como no conseguiréis forzar a que se os crea que hay un delito donde no hay ninguno, conseguiréis en cambio que el propio delito se transforme en un hecho justo. Habéis confundido los límites, pero os equivocáis si creéis que la confusión obra sólo en interés vuestro. El pueblo ve la pena y no ve el delito, y puesto que ve la pena donde no hay delito no verá ningún delito donde haya una pena. Al aplicar la categoría de robo cuando no debe ser aplicada, también la habéis desfigurado en los casos en que tiene que ser aplicada. ¿Y acaso no se elimina a sí misma esta brutal opinión que mantiene una determinación común en acciones diferentes y hace abstracción de la diferencia? Si toda lesión de la propiedad, sin diferencia, sin determinación más precisa, es robo, ¿no sería toda propiedad privada un robo?» [8]

Mutato nomine, de te fabula narratur! Como ha escrito Daniel Bensaïd, la lectura de los artículos de Marx adquiere hoy «una extraña actualidad [y plantea] el problema de la distinción entre el descubrimiento e invención y el de su interpretación jurídica. ¿Es posible privatizar una idea, teniendo en cuenta que en el fondo un programa informático no es más que un elemento de la lógica aplicada, es decir, una parcela de trabajo intelectual muerto acumulado? Según esta lógica de apropiación privatizadora, ¿nos atreveríamos a patentar incluso las matemáticas para someterlas al derecho de propiedad? La socialización del trabajo intelectual comienza desde la práctica de lenguaje, el cual constituye, indiscutiblemente y hasta que se demuestre lo contrario, un bien común de la humanidad no privatizable. Lo cual no impide que los actuales conflictos en torno al derecho de propiedad intelectual tiendan a sacudir al derecho liberal clásico y su legitimación de la propiedad por el trabajo. […] Estos rompecabezas filosófico-jurídicos son fruto de las contradicciones, cada vez más explosivas, entre la socialización del trabajo intelectual y la apropiación privada de ideas, por una parte; entre el trabajo abstracto, cuyo sostén es la medida mercantil, y el trabajo concreto difícilmente cuantificable que desempeña un rol creciente en el proceso de trabajo complejo, por otra parte.» [9]

El actual debate en España en torno a la propiedad intelectual (lances similares los hay en Francia o Alemania) puede saldarse con un avance para los derechos de creadores e intelectuales, siguiendo el modelo brasileño, o en el del moderno “cercado” de la antigua propiedad comunal en beneficio de los intereses empresariales. Si “ministro” proviene del latín minister (’servidor’, ‘criado’, ’subordinado’, ‘agente’), y en su uso en las modernas democracias pues, “subordinado de la ciudadanía”, entonces comprobaremos dentro de poco de quién es ministra Ángeles González-Sinde y su equipo.

Notas

[1] “Mozart vivía en la miseria por no tener derechos de autor”, Público, 5 de noviembre de 2009. [2] Lawrence Lessig. Por una cultura libre. Cómo los grandes grupos de comunicación utilizan la tecnología y la ley para clausurar la cultura y controlar la creatividad (Madrid, Traficantes de Sueños, trad. de Antonio Córdoba), p. 103 y ss. Sobre los libreros, comenta Lessig haciéndose eco de Milton: «Los libreros nos parecen pintorescos e inofensivos. A la Inglaterra del siglo XVIII no le parecían inofensivos. Los miembros del Conger eran vistos cada vez más como monopolistas de la peor especie –instrumentos de la represión de la Corona, vendiendo la libertad de Inglaterra para garantizarse los beneficios de un monopolio. Los ataques contra estos monopolios fueron muy agrios. Milton los describió como “viejos dueños de patentes y monopolizadores del negocio de los libros”; eran “hombres que por tanto no trabajan en una profesión honrada a la cual se debe el conocimiento.» [3] José-María Durán, Hacia una crítica de la economía política del arte (Madrid, Plaza y Valdés, 2008), p. 174 [4] Para algunos ejemplos, véase Àngel Ferrero, “Por qué Wikipedia”, Sin Permiso, 15 de octubre de 2007, <http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1441>; Lawrence Liang, “El copyright en blanco y negro (y gris)”, Sin Permiso, 11 de noviembre de 2007, trad. Àngel Ferrero, <http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1494> [5] Lawrence Lessig, op. cit., p. 100. [6] Karl Marx. Los debates de la Dieta Renana (Madrid, Gedisa, trad. de Juan Luis Vermal y Antonia García), pp. 26-27 [7] Karl Marx, op. cit., p. 29 [8] Íbid., p. 30 [9] Daniel Bensaïd, “Marx y el robo de leña. Del derecho consuetudinario de los pobres al bien común de la humanidad”, Posfacio a Karl Marx. Los debates de la Dieta Renana (Madrid, Gedisa, trad. de Juan Luis Vermal y Antonia García), pp. 120-121.

Àngel Ferrero es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente realiza el doctorado en esa misma universidad y escribe artículos de crítica cultural en la revista SINPERMISO.

Servicios de pago.- Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.(BOE 14-11-2009)

La presente Ley transpone al ordenamiento jurídico interno español la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2005/65/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE.

Los objetivos específicos de la Directiva y, por consiguiente, de la presente Ley son los que se exponen seguidamente.
En primer lugar, se persigue estimular la competencia entre los mercados nacionales y asegurar igualdad de oportunidades para competir. En esta línea, se permite la creación de nuevas entidades de pago que, sin perjuicio de que cumplan importantes exigencias y garantías para su funcionamiento, puedan representar una ampliación de los proveedores de servicios de pago.

En segundo lugar, se pretende aumentar la transparencia en el mercado, tanto para los prestadores de los servicios como de los usuarios. Para conseguir este objetivo es preciso establecer normas comunes, como mejor sistema para ofrecer seguridad jurídica, tanto en el ámbito nacional como en el transfronterizo, toda vez que son uniformes las condiciones y los requisitos de información aplicables a los servicios de pago.

En tercer lugar, se establece un sistema común de derechos y obligaciones para proveedores y para usuarios en relación con la prestación y utilización de los servicios de pago. Sin tal ordenación, sería imposible la integración del mercado único de pagos.
Todo ello contribuirá a una mayor eficiencia, un nivel más elevado de automatización y un procedimiento común sujeto a legislación comunitaria.

• • PDF (BOE-A-2009-18118 – 32 págs. – 486 KB)

Ahora sí que me quede de a seis…. No entendí nada… a ver si alguien me explica!

Hoy me tocó revisar un contrato y traía la siguiente cláusula:

“DÉCIMA NOVENA.- DUPLICADOS. Las Partes acuerdan que el presente Contrato deberá ser firmado en cualquier número de duplicados y por ambas Partes, en duplicados separados, mismos que cuando sean firmados y regresados serán considerados como un original y que en su conjunto constituirán un instrumento único.”

Alguien le entendió?

Honestamente no sé si el contrato que revisé y la cláusula en específico fue redactada por un abogado o no pero lo que si me queda claro que es que quien la redactó no supo como decir lo que quiso expresar.   Obviamente si entiendo a que se refiere la cláusula pero es indudable que está pésimamente escrita.  Me pregunto si el cliente del abogado (suponiendo que haya sido redactada por un abogado) le preguntó a qué se refería.

Parafraseando.

Propongo la siguiente redacción:

Decima Novena.-  Contrapartes. Las partes acuerdan que el presente contrato podrá ser firmado en uno o varios documentos, en el entendido de que mientras el texto del contrato sea idéntico en ambos documentos y en cada uno de ellos aparezca estampada la firma de por lo menos una u otra de las partes, se tendrá por perfeccionado este contrato.

Hay que Redactar Correctamente.

La validez o bien lo práctico o impráctico de la cláusula anterior realmente no es importante y no es de lo que se trata este artículo.  Más bien lo que quiero exponer es que para la redacción de cualquier documento, sea este un contrato, convenio, carta, etc., es importante que la redacción sea clara ya que lo importante de cualquier escrito es que el mensaje sea transmitido en forma efectiva.  Considero que la cláusula que transcribí anteriormente no es, para nada, clara ni implica una comunicación efectiva.

En esta página he publicado otros artículos referentes a la redacción de contratos y documentos tales como “Como Establecer Obligaciones en Dólares”, “Penas Convencionales, Algunas Reglas”, “Las Prorrogas o Renuncias en Contratos deben Documentarse”, “Contratos Legales?”, “Contratos, Lenguaje Ambiguo o Confuso”, y “Pago, Tiempo, Modo y Lugar”.

Te invito a que les eches un ojo y me des tus comentarios.

Como siempre, estoy a tus órdenes para apoyarte en lo legal de tu empresa.  Llámame.

Jorge Mafud – (81) 8399-0579

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Érase una vez una Directiva Europea del año 2005, que quiso simplificar las fusiones, transformaciones, escisiones y otras modificaciones estructurales de sociedades. Pero en el sur de Europa había un país que  resistía y resistía, como la aldea de Astérix, y seguía manteniendo sus engorrosos y complicadísimos procesos … Sí, como Spain is different ha tardado 4 años en adaptar la Directiva, desde el pasado julio por fin está vigente la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales en las Sociedades Mercantiles que, por imperativo europeo, intenta hacer más fáciles y baratas las reestructuraciones societarias.

De entre todas las operaciones que regula esta Ley hay una que destaca especialmente por ser ahora mucho más sencilla que antes: LA FUSIÓN IMPROPIA DE SL , siempre que se cumplan estos 3 requisitos:

1) Ninguna de las sociedades que se fusionan debe ser anónima o comanditaria por acciones (por tanto, no hay problema si son SL).

2) La sociedad absorbente debe ser propietaria de todas las participaciones de las absorbidas.

3) La fusión debe aprobar en junta universal y por unanimidad.

Si los 3 requisitos se cumplen, la fusión goza de las siguientes ventajas:

- No se necesita proyecto de fusión (sí, ha leído bien: ninguno, no hace falta siquiera proyecto abreviado!), ni tampoco Informe de los Administradores.

- Se puede usar como balance de fusión el último anual cerrado y aprobado de las sociedades absorbidas, aunque tenga más de 6 meses de antigüedad, así que no habrá que preparar ninguno al efecto.

- Basta con que la fusión la apruebe la junta de la sociedad absorbente, las absorbidas no hace falta ni mencionarlas.

- Y en cuanto a los anuncios (esto es común a todas las fusiones), basta con dos: uno en el Borme y otro en un periódico de gran circulación. Hasta ahora se exigían 5 anuncios en total (3 Borme + 2 periódicos), así que el ahorro es considerable, pues estas publicaciones no son baratas precisamente. Incluso se puede evitar publicar anuncios si se comunica a fusión a cada uno de los socios y acreedores.

Así que si tiene Ud dos o más SL y está pensando en reagruparlas para reducir costes de gestión, mire si se cumplen los requisitos y aproveche ahora para fusionarlas, que por una vez nos lo han puesto fácil.

La cárcel es una de las preocupaciones más grandes de muchos deudores… sienten que, por deber dinero, han cometido un delito y casi casi ya se ven tras las rejas.  Conforme a derecho mexicano, no existe delito alguno por el solo hecho de deber dinero, ya sea por causa de contrato o de títulos de crédito como los cheques o los pagarés.

La Constitución

El último párrafo del artículo 17 de la Constitución Mexicana expresamente establece que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.  Asimismo, el tercer párrafo del artículo 14 Constitucional establece que “en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.

Con fundamento en lo anterior es que ningún código penal mexicano establece como delito ser deudor.  Para que exista un delito patrimonial deben existir otros elementos que impliquen dolo o culpa de la persona.  Un ejemplo muy palpable de cuando sí hay delito es cuando una persona entrega a otra un cheque ligado a una cuenta bancaria que ya esta cancelada.  De lo anterior, queda claro que nunca fue intención del girador del cheque pagar.  Por el contrario, girar un cheque sin fondos, de una cuenta bancaria existente, no implica delito.  Igualmente, firmar un pagaré y eventualmente no tener dinero disponible para liquidarlo tampoco implica que haya delito.  

La Jurisprudencia

El Poder Judicial de la Federación ha abordado este tema en diversos criterios entre los cuales podemos mencionar:

“El elemento engaño o error en el delito de fraude…. es de naturaleza penal y no civil, y para que se presente en una relación contractual es necesario que exista en la mente del autor una dañada intención que tienda, no sólo a inducir a otro a celebrar un contrato, sino a la obtención ilícita de una cosa o al alcance de un lucro indebido, es decir, que entre la dañada intención del acusado de defraudar y el beneficio ilícito debe haber una relación inmediata de causa a efecto; por tanto, si no se demuestra plenamente que el engaño o el error del que fue víctima el sujeto pasivo tenía como fin defraudar y obtener un beneficio ilícito, no puede configurarse dicho delito, por lo que el enriquecimiento sin causa que así obtiene el inculpado debe considerarse como una cuestión de carácter civil, tomando en cuenta, además, la prohibición contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, de que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.”

“La represión penal se funda en el carácter perjudicial del acto desde el punto de vista social cuyo objeto es la imposición de la pena; la responsabilidad civil, en cambio, se funda en el daño causado a los particulares y su propósito es la reparación de ese daño en provecho de la persona lesionada.”

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Jorge Mafud – (81) 8399-0579

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El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, José Jarones, presentó hoy en Plasencia (Cáceres) el libro ‘Las Sociedades Profesionales de Capital’ del doctor en derecho mercantil y director del Centro Universitario de Plasencia, José Antonio Vega Vega.

El autor del libro explicó que se trata de un texto “científico” de importancia tanto para “empresarios” como “profesionales”. Durante la presentación José Antonio Vega definió en un primer lugar a empresarios y profesionales, que aunque tienen una presencia en el mercado “no tienen iguales condiciones” ya que se regulan por legislaciones diferentes.

Según Vega, estas legislaciones irán “convergiendo” hasta quedar igualadas ya que ahora mismo ambas tienen la misma posición “en el mercado”.

De esta manera, explicó el autor del libro la nueva Ley de Sociedades Profesionales que trata de igual ambos campos, exigiendo por ejemplo “un seguro de responsabilidad civil” tanto a empresas como profesionales.

artículo de: extremaduraaldia.com

Toda actividad humana está rodeada del derecho y obviamente incluimos las actividades comerciales.  Es por ello que los siguientes puntos son algunos de los más básicos que cualquier empresario y/o ejecutivo comercial deben tener siempre en mente:

• La ley mercantil no define lo que debe entenderse por “comerciante” pero si establece cuales son los “actos de comercio”, entre los cuales se encuentran, las adquisiciones y enajenaciones realizadas con ánimo de especulación comercial, los títulos de crédito, las empresas de abastecimientos, suministros, fábricas, construcciones, transporte de personas, la comisión mercantil, las operaciones de bancos, los seguros;

• Los arrendamientos generalmente son civiles, salvo cuando algo se renta para ser rentado a un tercero;

• La diferencia entre un convenio y un contrato es mas académica que práctica, pero ambos implican acuerdos de voluntades;

• Un contrato solo puede obligar a quien lo firma y no así a terceras personas;

• En los contratos mercantiles, cada quien se obliga en la manera y términos en que quiso obligarse, por lo que no es válido argumentar el desconocimiento, el error o el aprovechamiento de una de las partes en perjuicio de la otra;

• Todo contrato debe establecer el tiempo, modo y lugar para el cumplimiento de obligaciones;

• La regla general es que solo aquel que tenga poder otorgado formalmente debe firmar un contrato en nombre de otro, ya que, en un caso extremo, el que firmó sin tener poder corre los riesgos del incumplimiento del contrato [artículos sobre poderes: este, este, este y este];

• Los contratos a distancia son válidos pero siempre será mejor contar con un documento escrito y con firmas originales;

• Los contratos deben firmarse antes de realizar las operaciones ya que después pudiera ser llegar a ser difícil conseguir la firma del contrato;

• Si no se establecen intereses moratorios en el contrato, el interés aplicable será, únicamente, el 6% anual;

• Salvo pacto en contrario, corresponde al vendedor los gastos de entrega de las mercancías;

• Salvo pacto en contrario, el comprador cuenta con solo 5 días para reclamar al vendedor la calidad o cantidad de las mercancías;

• Hay “condiciones” que hacen nacer obligaciones (suspensivas) y hay otras que las hacen morir (resolutorias), pero en todo caso deberá establecerse claramente el acontecimiento que será el detonante;

• El retraso en el cumplimiento de una obligación constituye la mora.

• El acreedor puede reclamar simultánea y totalmente el cumplimiento de la obligación al deudor y al obligado solidario y;

• Son válidas y aconsejables las penas convencionales y es válido establecer una pena convencional para cada obligación [dos artículos sobre penas convencionales... este y este].

Respecto de cada punto anterior pudiéramos ahondar mucho, pero no es el caso en este artículo.  Finalmente, recordemos que la seguridad jurídica en las actividades comerciales es una de las bases para que todo negocio prospere y pueda subir en la escalera del éxito.

Como siempre, estoy a tus órdenes en el (81) 8399-0579… llámame para apoyarte en lo legal de tu empresa.  También te recuerdo que puedes apuntarte para recibir gratuitamente los artículos de esta página mediante nuestro Newsletter. Saludos.

Jorge Mafud

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28.09.09 Ex-Clifford Chance pasa a Socio de mercantil de Uría Menéndez

24.09.09 Premio “40 under 40″ de Iberian Lawyer

Socio, Mercantil, Roca Junyent, Madrid

24.09.09 Premio “40 under 40″ de Iberian Lawyer

Socio, Mercantil, Roca Junyent, Barcelona

24.09.09 Premio “40 under 40″ de Iberian Lawyer

Socio, Mercantil, Cuatrecasas, Madrid

24.09.09 Premio “40 under 40″ de Iberian Lawyer

Socio, Mercantil, Uría Menéndez, Madrid

24.09.09 Premio “40 under 40″ de Iberian Lawyer

Socio, Mercantil, Uría Menéndez, Madrid

24.09.09 Premio “40 under 40″ de Iberian Lawyer

Socio, Uría Menéndez, Varsovia

24.09.09 Premio “40 under 40″ de Iberian Lawyer y reconocimiento especial por ser la más votada

Socia Directora, Derecho de la Salud, Uría Menéndez, Madrid

15.09.09 De Rodés & Sala a Broseta como Abogada Asociada en el área mercantil, Madrid

14.09.09 De Rodés & Sala a Broseta, como socio del área mercantil y director de Private Equity

Nuestro bufete integrado por un conjunto de profesionales con amplios y variados conocimientos técnicos en las diversas áreas que comprende el asesoramiento legal, en CANADELL ADVOCATS , tenemos por objetivo ofrecerle la mejor asesoría mercantil – empresarial y inmobiliario , así cómo en todas aquellas áreas de negocio que usted requiera.

Somos un equipo que cuenta con la más amplia experiencia, sustentada en más de 25 años de asesoramiento en reconocidas empresas tanto locales como internacionales. Por eso, consideramos que nuestra mayor fortaleza es nuestro capital intelectual, creemos en la mejora continua y el compromiso diario. Para ello es que nos mantenemos actualizados en diversas disciplinas, con el único objetivo de brindarle a usted el nivel de excelencia que merece, sin dejar de lado el respeto y la calidez humana propios de nosotros.

Nuestra visión es ser los acompañantes de su empresa durante todo su camino hacia el éxito organizacional, destacando por encima de todo la necesidad de brindarle seguridad, discrección y tranquilidad a la hora de tomar decisiones, con el objetivo de mejorar su rentabilidad empresarial.

07.09.09 Fichado como Of Counsel, Arbitraje internacional, Derecho Financiero y Derecho de la Competencia, por Bird&Bird, Madrid

Dentro de los servicios del área corporativa se encuentra la Elaboración y modificación de actas constitutivas de sociedades civiles (sociedad civil, asociación civil) o mercantiles (sociedad anónima, de responsabilidad limitada, etcétera); la Elaboración o modificación de estatutos; la Asesoría para el funcionamiento de transformación, fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles; la Elaboración de actas de asamblea de accionistas y sesiones de Consejos de Administración; la Revisión periódica de documentación, tales como permisos, licencias, autorizaciones, concesiones y, en su caso, proponer la renovación o refrendo, así como la realización de la gestión correspondiente.

De igual modo, se encuentra la elaboración de contratos, como los de: Arrendamiento puro y financiero; Promesa de compra venta; Compra venta con o sin reserva de dominio; Permuta; Confidencialidad; Donación; Mutuo; Depósito; De prestación de servicios profesionales con o sin cláusula de confidencialidad; De Obra remunerada; Individual de trabajo; Renta vitalicia; Prenda; Fianza; Hipoteca; de Representación y Comisión Mercantil; de Transferencia Tecnológica; de cesión de patente; de cesión de marcas; de Publicidad; entre otros.

Así como el auxilio para los tramites ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual como el registro de patentes, marcas, diseños industriales, poderes, etc.: y los que deba realizar ante el Instituto Nacional de Derechos de autor, como lo son el Registro de Derechos de Autor; la Obtención de certificados de registro de obras; la Reserva de derechos al uso exclusivo de nombres artísticos, publicaciones, revistas, personajes ficticios, etcétera; Procedimientos derivados de controversias por derechos de Propiedad Intelectual; y Registro de contratos

Aplicacion que nos lleva al site movil del Banco Mercantil

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