Según esta entrada del blog técnico del COAG la norma que regula los aspectos referentes a la accesibilidad en Galicia son los siguientes:

• Lei 8/1997 de 20 de agosto de accesibilidade e supresión de barreiras.
• Decreto 35/2000 de 28 de xaneiro Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras.
• Distintas ordenanzas municipales propias de cada ayuntamiento.

Desde 2003, la Comisión Técnica de Accesibilidade publica una serie de dictámenes así como  un código (que incluye la normativa autonómica antes citada):

• Código de accesibilidade.
• Dictámen 2003 y 2004.

Base de Datos de Legislación

Real Decreto 672/1992, de 2 de julio, sobre Inversiones Españolas en el Exterior. (Vigente hasta el 24 de mayo de 1999.)

Sumario:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

• Artículo 1. Ámbito de aplicación y sujetos de inversiones españolas en el exterior.
• Artículo 2. Clases de aportaciones.
• Artículo 3. Régimen de las inversiones en el exterior.

• CAPÍTULO II. DE LAS INVERSIONES DIRECTAS.
• Artículo 4. Ámbito de aplicación.
• Artículo 5. Régimen administrativo aplicable.
• Artículo 6. Inversiones españolas efectuadas por sociedades extranjeras participadas por residentes y por sucursales y establecimientos en el extranjero de residentes.
• CAPÍTULO III. DE LAS INVERSIONES DE CARTERA.
• Artículo 7. Ámbito de aplicación.
• Artículo 8. Régimen administrativo aplicable.
• Artículo 9. Emisión de valores extranjeros en mercados españoles.
• CAPÍTULO IV. DE LAS INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES.
• Artículo 10. Ámbito de aplicación.
• Artículo 11. Régimen de adquisición.
• CAPÍTULO V. DE LAS OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN.
• Artículo 12. Ámbito de aplicación.
• Artículo 13. Régimen administrativo aplicable.
• CAPÍTULO VI. DEL REGISTRO DE INVERSIONES ESPAÑOLAS.
• Artículo 14. Declaración.
• Artículo 15. Cobros y pagos relativos a inversiones españolas en el exterior.
• Artículo 16. Seguimiento.
• CAPÍTULO VII. COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO.
• Artículo 17. Del Ministro de Economía y Hacienda.
• Artículo 18. Del Director general de Transacciones Exteriores.
• Artículo 19. Tramitación de los expedientes de inversión española en el extranjero.
• Artículo 20. Transmisiones entre residentes.
• Artículo 21. Transmisiones a Título lucrativo.
• DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
• DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.
• DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
• DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
• DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
• DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.

Como consecuencia de la plena aplicación por España de las disposiciones liberalizadoras contenidas en la Directiva 88/361 del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de 24 de junio de 1988, y plasmadas en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior, resulta obligado proceder, al amparo del artículo 2 de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, a la revisión y adaptación de la vigente normativa de inversiones españolas en el exterior a la nueva situación, lo que constituye el objeto del presente Real Decreto.

De su articulado destacan como especiales novedades la ampliación de los supuestos liberalizados en los que no se exige ningún control administrativo previo, así como el tratamiento particularizado que reciben las operaciones de inversión española efectuadas o a efectuar en los llamados paraísos fiscales.

Por otra parte, se introducen diversas modificaciones relativas a los procedimientos a seguir ante la Dirección General de Transacciones Exteriores, con la finalidad de simplificar trámites, por un lado y por otro de configurar las comunicaciones a dicho Centro directivo como declaraciones al Registro de Inversiones, todo ello en aras de una mayor seguridad jurídica.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de junio de 1992, dispongo:

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Ámbito de aplicación y sujetos de inversiones españolas en el exterior.

1. A los efectos del presente Real Decreto, tienen la consideración de inversiones españolas en el exterior las realizadas por los sujetos a que se refiere el presente artículo.

2. Pueden ser titulares de inversiones españolas en el exterior:

1. Las personas físicas residentes en España, entendiéndose por tales los españoles o extranjeros con domicilio o residencia principal en España.

2. Las personas jurídicas domiciliadas en España.

3. Los establecimientos y sucursales en territorio español de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero o de personas físicas no residentes en España.

3. Las inversiones realizadas en el extranjero por personas físicas residentes en España perderán su condición de españolas en el exterior cuando su titular pierda la residencia en España y no adquirirán tal condición las que realice a partir de ese momento. Las inversiones realizadas en el extranjero por personas físicas no residentes en España adquirirán la condición de inversiones españolas en el exterior cuando sus titulares trasladen su residencia a España.

4. A los efectos del presente Real Decreto, la condición de residente se acreditará en la forma que establece el artículo 2.3 del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior.

5. A los efectos de este Real Decreto, se considerarán inversiones españolas en el exterior, en los términos que se establecen en el artículo 6, las que realicen las sociedades extranjeras participadas por residentes en España, y las sucursales y establecimientos en el extranjero de residentes en España, mediante la constitución de sociedades extranjeras o mediante la adquisición de acciones o participaciones de las mismas.

Artículo 2. Clases de aportaciones.

Las inversiones exteriores podrán realizarse mediante:

1. Aportación dineraria.

2. Aportación a una empresa de asistencia técnica, patentes y licencias de fabricación.

3. Aportación a una empresa de equipo capital.

4. Capitalización de reservas o derechos de crédito y reinversión de beneficios o dividendos no distribuidos en los supuestos de ampliación de capital de sociedades, así como la aplicación de beneficios a la ampliación de la dotación de sucursales o establecimientos en el exterior de personas físicas o jurídicas residentes.

5. Aportación de cualquier otro medio o activo.

Artículo 3. Régimen de las inversiones en el exterior.

1. Quedan liberalizadas con carácter general las inversiones en el exterior y su liquidación efectuadas conforme a los procedimientos y formalidades establecidos en el presente Real Decreto y en sus normas de desarrollo, sin más excepciones que las previstas en el artículo 19, apartado 2, párrafo primero in fine y apartado 4.

2. Quedan asimismo liberalizadas las aplicaciones del producto de la liquidación y de los rendimientos obtenidos de inversiones españolas en el exterior para la realización de nuevas inversiones españolas, siempre y cuando se observen los requisitos y formalidades previstos en el presente Real Decreto.

3. Las inversiones españolas en el exterior podrán llevarse a efecto a través de cualquiera de las siguientes formas: inversiones directas, inversiones de cartera, inversiones en bienes inmuebles, y otras formas de inversión.

CAPÍTULO II.
DE LAS INVERSIONES DIRECTAS.

Artículo 4. Ámbito de aplicación.

Están sujetas a las disposiciones de este Capítulo aquellas inversiones que se realicen mediante:

1. La participación en sociedades extranjeras que permita al inversor, por la toma de tal participación o en unión de la que ya tuviera, influir de manera efectiva en la gestión o control de dicha sociedad. Se presume que existe influencia efectiva en la gestión o control de una sociedad extranjera cuando la participación, directa o indirecta, del inversor sea igual o superior al 10 % del capital de la sociedad o cuando, no alcanzándose dicho porcentaje, permita al inversor formar parte, directa o indirectamente, de su órgano de administración.
   Se considera a estos efectos como un solo sujeto inversor a las entidades que constituyan una unidad de decisión porque cualquiera de ellas controle o pueda controlar directa o indirectamente las decisiones de las demás. Se entienden comprendidas bajo esta forma de inversión tanto la constitución de sociedades como la adquisición de acciones o de participaciones sociales cuando se trate de sociedades cuyo capital no esté representado por acciones. La adquisición de derechos de suscripción de acciones, obligaciones convertibles en acciones u otros análogos que por su naturaleza den derecho a participación en el capital se equiparará, a los efectos de este artículo, a la adquisición de acciones.

2. La constitución y ampliación de sucursales y establecimientos o la adquisición de estos últimos, así como la concesión de anticipos reintegrables a dichas sucursales y establecimientos.

3. La concesión a sociedades o entidades extranjeras de préstamos cuya vida media ponderada sea superior a cinco años, con el fin de establecer o mantener vínculos económicos duraderos. Se presume que existe tal finalidad cuando se dé una de las siguientes condiciones:

   1. Que el prestamista mantenga una inversión directa en la sociedad o entidad prestataria; o

   2. Que la remuneración del préstamo consista en una participación en beneficios o esté condicionada a la existencia de éstos.

Artículo 5. Régimen administrativo aplicable.

1. No requerirán verificación previa las inversiones españolas directas en el exterior efectuadas conforme a los procedimientos y formalidades establecidos en el presente Real Decreto y en sus normas de desarrollo, salvo lo dispuesto en el apartado 2 siguiente.

2. Requerirán verificación administrativa previa las inversiones españolas directas en el exterior en los siguientes supuestos:

1. Cuando el importe efectivo de la operación sea igual o superior a 250.000.000 de pesetas. A estos efectos, se considerarán una sola operación las inversiones que se realicen en un plazo de seis meses en una misma sociedad, sucursal o establecimiento, por un mismo sujeto inversor o por varios que constituyan una unidad de decisión.

2. Cuando la entidad extranjera objeto de la inversión tenga como actividad la tenencia, directa o indirecta, de participaciones en el capital de otras sociedades, cualquiera que sea la cuantía de la inversión.

3. Cuando el destino de la inversión sea un país o territorio de los considerados como paraísos fiscales, de acuerdo con el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, cualquiera que sea la cuantía de la inversión.

Artículo 6. Inversiones españolas efectuadas por sociedades extranjeras participadas por residentes y por sucursales y establecimientos en el extranjero de residentes.

1. Tendrán la consideración de inversiones directas españolas en el exterior las efectuadas por sociedades domiciliadas en el extranjero participadas por residentes en España en porcentaje superior al 50 %, y por sucursales y establecimientos en el exterior de residentes, cuando dichas inversiones consistan en la creación de sociedades extranjeras o en la toma de participación en las mismas calificable, en ambos casos, como de inversión directa, ya sea en el mismo país, ya sea en país distinto a aquél en que tengan su domicilio las citadas sociedades, sucursales o establecimientos.

2. Son libres las inversiones españolas previstas en el presente artículo.

Requerirán verificación administrativa previa aquéllas que tengan como destino los territorios o países considerados como paraísos fiscales, de acuerdo con el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, cualquiera que sea la cuantía de la inversión.

CAPÍTULO III.
DE LAS INVERSIONES DE CARTERA.

Artículo 7. Ámbito de aplicación.

1. Constituye inversión de cartera:

1. La suscripción y adquisición de acciones de sociedades extranjeras y de valores tales como derechos de suscripción, obligaciones convertibles en acciones u otros análogos que por su naturaleza den derecho a participación en el capital, tanto si se adquieren en mercados organizados de valores como fuera de ellos, así como la adquisición de participaciones sociales cuando se trate de sociedades cuyo capital no esté representado por acciones, cualquiera que sea el lugar de emisión y de adquisición y siempre que las indicadas adquisiciones no constituyan inversión directa.

2. La suscripción y adquisición de valores negociables representativos de empréstitos, emitidos por personas o entidades públicas o privadas no residentes, ya sean de rendimiento implícito o explícito, y de instrumentos financieros emitidos por no residentes, cualquiera que sea el lugar de emisión y de adquisición.
   No tendrá la consideración de inversión española en el exterior la adquisición por residentes de valores librados singularmente o en cuya emisión no concurran las circunstancias propias de los valores negociables.

3. La participación en fondos extranjeros de inversión colectiva, entendiéndose por tales los debidamente constituidos conforme a la legislación del país de que se trate y con difusión pública y regular de precios a través de medios de información general.

2. Se asimilará a inversión española de cartera en el exterior la adquisición por residentes de valores emitidos por residentes y adquiridos en mercados organizados extranjeros.

Artículo 8. Régimen administrativo aplicable.

No requerirán verificación previa las inversiones españolas de cartera en el exterior.

Artículo 9. Emisión de valores extranjeros en mercados españoles.

La emisión y colocación efectuada por no residentes de los valores a que se refiere el artículo 7.1 anterior en mercados españoles es libre, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la Ley del Mercado de Valores y sus normas de desarrollo.

CAPÍTULO IV.
DE LAS INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES.

Artículo 10. Ámbito de aplicación.

Constituye inversión española en bienes inmuebles la adquisición por personas físicas residentes en España, o por personas jurídicas domiciliadas en España, de la propiedad y demás derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

Se entiende incluida en esta forma de inversión la adquisición por inversores residentes de cuotas proindivisas de un inmueble para su disfrute a tiempo parcial.

Artículo 11. Régimen de adquisición.

Las inversiones españolas en bienes inmuebles sitos en el extranjero se someterán al trámite administrativo de verificación previa cuando el importe total de la operación sea superior a 250.000.000 de pesetas.

CAPÍTULO V.
DE LAS OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN.

Artículo 12. Ámbito de aplicación.

Tendrán la calificación de otras formas de inversión las inversiones españolas que tengan por objeto:

1. Cuentas en participación.

2. Comunidad de bienes.

3. Fundaciones.

4. Cooperativas.

5. Agrupaciones de interés económico.

6. Otros supuestos que mediante Real Decreto se determinen por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda.

Artículo 13. Régimen administrativo aplicable.

Las inversiones a que se refiere el artículo precedente se someterán al trámite de verificación administrativa previa cuando el valor correspondiente a la participación de los inversores residentes, por sí mismas o en unión de las previamente existentes, sea superior a 250.000.000 de pesetas, así como las que tengan como destino los territorios o países considerados como paraísos fiscales, de acuerdo con el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, cualquiera que sea la cuantía de la inversión.

CAPÍTULO VI.
DEL REGISTRO DE INVERSIONES ESPAÑOLAS.

Artículo 14. Declaración.

1. Las inversiones españolas en el exterior y su liquidación serán declaradas al Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda.

2. La declaración al Registro de Inversiones de las operaciones de inversión española en el exterior deberán efectuarse directamente por el titular de la inversión en la forma y plazo que se determine en las normas de aplicación del presente Real Decreto, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

3. Las inversiones efectuadas en valores negociables canalizadas a través de una entidad mediadora residente, que actúe por cuenta y riesgo del inversor como titular interpuesta de dichos valores, serán declaradas al Registro de Inversiones por dicha entidad que, a estos efectos, tendrá la consideración de entidad depositaria y remitirá la información que se determine en las normas de aplicación del presente Real Decreto.

4. La Dirección General de Transacciones Exteriores establecerá los correspondientes procedimientos para efectuar las declaraciones previstas en este artículo.

Artículo 15. Cobros y pagos relativos a inversiones españolas en el exterior.

1. Son libres los cobros y pagos derivados de las inversiones españolas en el exterior y de su liquidación. Su ejecución se ajustará a los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1816/1991, sobre Transacciones Económicas con el Exterior, en particular en sus artículos 5, 6 y 7 y su disposición adicional segunda.

2. Los aplazamientos y anticipos de pago sobre inversiones españolas en el extranjero son libres.

La aplicación de los anticipos a la realización de la inversión se justificará en los plazos que se determinen en las normas de desarrollo del presente Real Decreto.

Artículo 16. Seguimiento.

1. La Dirección General de Transacciones Exteriores vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto.

2. La importación o exportación de los valores objeto de inversión española en el exterior o de sus títulos representativos queda sujeta a declaración de la entrada o salida del territorio nacional ante la Dirección General de Transacciones Exteriores según el procedimiento que se establezca al efecto.

Si posteriormente se pretendiese reexportar o reimportar los valores citados o sus títulos representativos o variar la situación de depósito en el exterior notificada en su día, se comunicarán ambos extremos al Registro de Inversiones en la forma que se determine.

3. Los residentes titulares de inversiones directas en el exterior podrán ser requeridos, con carácter general o particular, a presentar, ante la Dirección General de Transacciones Exteriores, una memoria anual relativa al desarrollo de la inversión, en el plazo y con el contenido que se establezca.

CAPÍTULO VII.
COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO.

Artículo 17. Del Ministro de Economía y Hacienda.

Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda:

1. Aprobar las disposiciones sobre inversiones españolas en el exterior en el ámbito de su competencia.

2. Resolver los expedientes que le eleve el Director general de Transacciones Exteriores en base a lo dispuesto en el artículo 19.4 del presente Real Decreto.

3. Resolver los recursos administrativos dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 18. Del Director general de Transacciones Exteriores.

Compete al Director general de Transacciones Exteriores:

1. La tramitación, seguimiento y control de las operaciones de inversión española en el exterior.

2. La verificación de los proyectos de inversión y la modificación de los datos y supuestos reflejados en la misma, así como la autorización de los supuestos contemplados en el artículo 19.2.

3. Elevar al Ministro de Economía y Hacienda, para su resolución, los expedientes que incurran en el supuesto contemplado en el artículo 19.4 del presente Real Decreto.

Artículo 19. Tramitación de los expedientes de inversión española en el extranjero.

1. El procedimiento de tramitación administrativa de los expedientes de inversión española en el extranjero será el establecido con carácter general por la legislación en materia de procedimiento administrativo, con las especificaciones que a continuación se indican.

2. En los supuestos en que el medio de aportación para la realización de cualquier inversión española en el exterior consista en bienes inmuebles sitos en España, acciones y otros valores que den derecho a participación en el capital de sociedades españolas, establecimientos mercantiles u otros activos situados en España a que se refiere el apartado e) del artículo 2 del presente Real Decreto, el proyecto de inversión de que se trate queda sometido al trámite de verificación previa cuando la inversión vaya destinada a un país miembro de la Comunidad Económica Europea y al de autorización previa cuando el destino sea un país no perteneciente a dicha Comunidad.

A estos efectos, se entenderá como inversión destinada a países no comunitarios la efectuada en los mismos, aunque se realice a través de sociedades o entidades controladas por residentes en España y domiciliadas en un país miembro de la Comunidad Económica Europea.

3. Las solicitudes de verificación deberán presentarse ante la Dirección General de Transacciones Exteriores.

Presentada la solicitud en forma, la Dirección General de Transacciones Exteriores verificará el proyecto de inversión con el objeto de comprobar la regularidad y tipicidad de la operación propuesta. En el plazo de treinta días hábiles, a contar de la fecha de presentación de dicha solicitud, la Dirección General de Transacciones Exteriores notificará al interesado su conformidad o disconformidad con el proyecto. Dentro de este plazo, la Dirección General de Transacciones Exteriores podrá recabar, para mejor proveer, el criterio de aquellos Departamentos más directamente relacionados con el proyecto. El organismo consultado deberá evacuar el informe solicitado en el plazo señalado en la legislación general sobre procedimiento administrativo en materia de informes.

Transcurrido el plazo de treinta días hábiles desde la presentación del proyecto en debida forma sin que se hubiera producido notificación administrativa alguna en relación con el mismo, el proyecto se entenderá verificado y conforme.

Si la Dirección General de Transacciones Exteriores entendiera incompleta o defectuosa la documentación presentada, requerirá al interesado para que subsane las carencias o defectos observados. Tal requerimiento suspenderá el plazo establecido en este apartado para dictar resolución expresa, cuyo cómputo se reanudará una vez subsanada en debida forma por el interesado la omisión o defecto formal o cumplimentada la información adicional solicitada.

4. Cuando la inversión proyectada pueda tener consecuencias perjudiciales para los intereses del Estado español y su destino sean países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, el Director general de Transacciones Exteriores queda facultado para suspender el régimen de liberalización previsto en el presente Real Decreto, mediante notificación motivada al interesado dentro del plazo previsto en el apartado anterior, que podrá ser recurrida de acuerdo con la disposición final segunda.

Efectuada tal notificación, se elevará el proyecto de inversión al Ministro de Economía y Hacienda para su resolución. Transcurrido el plazo de noventa días hábiles desde la notificación indicada sin que se haya producido resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

A estos efectos, se entenderá como inversión destinada a países no comunitarios la efectuada en los mismos, aunque se realice a través de sociedades o entidades controladas por residentes en España y domiciliadas en un país miembro de la Comunidad Económica Europea.

5. Las solicitudes de autorización a que se refiere el apartado 2 del presente artículo se entenderán desestimadas si, en el plazo de sesenta días hábiles desde su presentación, no se ha producido resolución expresa.

6. Las inversiones autorizadas o verificadas deberán realizarse en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de autorización o verificación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya realizado la inversión se entenderá caducada la autorización o verificación, salvo que se obtenga prórroga.

Artículo 20. Transmisiones entre residentes.

La transmisión entre residentes en España de inversiones españolas en el exterior se someterá a los requisitos generales de desinversión e inversión simultáneas que se establecen en el presente Real Decreto.

Artículo 21. Transmisiones a Título lucrativo.

Los sujetos a que se refiere el artículo 1 del presente Real Decreto podrán adquirir inversiones españolas en el exterior por actos de disposición a título gratuito inter vivos o mortis causa, cualquiera que fuese la residencia del transmitente, sin necesidad de verificación previa. Dichas inversiones serán declaradas al Registro de Inversiones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

El Ministro de Economía y Hacienda podrá modificar, mediante Orden, la cuantía de 250.000.000 de pesetas a que se refieren los artículos 5.2, 11 y 13 del presente Real Decreto, así como el sometimiento de determinadas operaciones al trámite de verificación administrativa previa.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.

Hasta tanto no se publique una Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores aprobando los nuevos impresos de declaración relativos a inversiones españolas en el exterior y señalando su entrada en vigor, seguirán utilizándose los que se contienen en los anexos de la Orden de 25 de mayo de 1987 por la que se desarrolla el Real Decreto 2374/1986, de 7 de noviembre, sobre Inversiones Españolas en el Exterior.

A partir de la mencionada entrada en vigor quedarán sin efecto dichos anexos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Quedan derogadas las siguientes normas:

1. Real Decreto 2374/1986, de 7 de noviembre, sobre inversiones españolas en el exterior.

2. Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 19 de diciembre de 1988, sobre inversiones españolas en el exterior.

3. Orden de 12 de marzo de 1990, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 1988, sobre inversiones españolas en el exterior.

4. Orden de 27 de diciembre de 1990, por la que se liberalizan determinados movimientos de capital en el exterior.

5. Asimismo, cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto será constitutivo de infracción a los efectos de lo dispuesto en la Ley 40/1979, de Régimen Jurídico de control de Cambios.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

Los actos administrativos dictados en aplicación del presente Real Decreto podrán ser objeto de los recursos que procedan, incluido el contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid a 2 de julio de 1992.

- Juan Carlos R. -

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd672-1992.html

Gli adempimenti in materia di posta elettronica certificata (PEC) avranno un effetto rilevante per cittadini, imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, destinato ad incrementare ulteriormente con la progressiva effettiva diffusione della PEC.

Insieme ai tanti vantaggi, possono prevedersi anche criticità, difficoltà pratiche, problemi giuridici.

Non mancherò di dare il mio contributo nel discutere aspetti ed approfondimenti sulla PEC, sia su Information Society & ICT Law, sia nelle più tradizionali sedi del mondo accademico.

In questa sede, in vista dell’adempimento del 30 novembre 2009, mi limito a ricordare che l’art. 16 della Legge 2/2009 prevede l’obbligo per i professionisti e per le imprese, nonché per le P.A. che non abbiano già provveduto ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per l’invio e per la ricezione delle e-mail certificate, in modo da realizzare modalità di comunicazioni aventi, almeno negli intenti, valore probatorio simile a quello della raccomandata.

Per comodità riporto di seguito l’art. 16 (intitolato “Riduzione dei costi ammnistrativi a carico delle imprese”), limitatamente ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 che mi sembrano di maggiore interesse (cfr. anche il testo integrale).

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia’ costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita’ ad accettarne l’utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi e’ consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

La norma consentirà alle imprese, ai professionisti ed alle pubbliche amministrazioni che abbiano attivato la posta elettronica certificata, o altro analogo sistema di certificazione dell’invio e della ricezione delle comunicazioni telematiche, di interagire tra loro in assenza del cartaceo, senza pregiudizio per il valore probatorio relativo all’avvenuta comunicazione, con previsione di incrementi di efficienza, risparmio di spesa, velocità nelle comunicazioni.

V’è però da rilevare che l’obbigo instituito per legge non pare accompagnato da sanzioni formali. Le osservazioni da fare, però, sono molte. Mi soffermerò in questa sede, nei successivi post.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086
(G.U. 21 dicembre 1971, n. 321)
________________________________________
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica

Indice

Capo I – Disposizioni precettive
Art. 1 – (Disposizioni generali)
Art. 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione)
Art. 3 – (Responsabilità)
Art. 4 – (Denuncia dei lavori)
Art. 5 – (Documenti in cantiere)

Il testo in pdf

Art. 6 – (Relazione a struttura ultimata)
Art. 7 – (Collaudo statico)
Art. 8 – (Licenza d’uso)
Art. 9 – (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo)
Capo II – Vigilanza
Art. 10 – (Controlli)
Art. 11 – (Accertamenti delle violazioni)
Art. 12 – (Sospensione dei lavori)
Capo III – Norme penali
Art. 13 – (Lavori abusivi)
Art. 14 – (Omessa denuncia dei lavori)
Art. 15 – (Responsabilità del direttore dei lavori)
Art. 16 – (Responsabilità del collaudatore)
Art. 17 – (Mancanza del certificato di collaudo)
Art. 18 – (Comunicazione della sentenza)
Capo IV – Norme transitorie e finali
Art. 19 – (Costruzioni in corso)
Art. 20 – (Laboratori)
Art. 21 – (Emanazione di norme tecniche)
Art. 22 – (Applicabilità di norme tecniche vigenti)

Capo I – Disposizioni precettive
Art. 1 – (Disposizioni generali)
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto.

Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata, in tutto o in parte, da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
Art. 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione)
La costruzione delle opere di cui all’articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l’iscrizione all’albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
Art. 3 – (Responsabilità)
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, della osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art. 4 – (Denuncia dei lavori)
Le opere di cui all’articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all’ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell’opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L’ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all’atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all’articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all’ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un Ingegnere.
Art. 5 – (Documenti in cantiere)
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all’articolo 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell’articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.
Art. 6 – (Relazione a struttura ultimata)
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 20;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del genio civile e l’altra, con l’attestazione dell’avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell’articolo 4.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4.
Art. 7 – (Collaudo statico)
Tutte le opere di cui all’articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l’obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all’ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l’attestazione dell’avvenuto deposito da consegnare al committente.

Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.
Art. 8 – (Licenza d’uso)
Per il rilascio di licenza d’uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all’ente preposto una copia del certificato di collaudo con l’attestazione, da parte dell’ufficio del genio civile, dell’avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.
Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, è sostituita dalla dichiarazione dell’avvenuto collaudo statico.
Art. 9 – (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo)
Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell’articolo 1, hanno l’obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 20;

c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 20.

Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell’articolo 1, la relazione di cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.

Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l’indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

Il progettista delle strutture è responsabile dell’organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell’opera.
Capo II – Vigilanza
Art. 10 – (Controlli)
Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell’articolo 1, ha il compito di vigilare sull’osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4.
Art. 11 – (Accertamenti delle violazioni)
I funzionari e agenti comunali, che accertino l’inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.
Art. 12 – (Sospensione dei lavori)
Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.
Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l’osservanza.
Capo III – Norme penali
Art. 13 – (Lavori abusivi)
Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell’articolo 2, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

È soggetto alla pena dell’arresto fino ad un anno, o dell’ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell’articolo 9.
Art. 14 – (Omessa denuncia dei lavori)
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’articolo 4 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 (1).
Art. 15 – (Responsabilità del direttore dei lavori)
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’articolo 5 è punito con l’ammenda da lire 80.000 a lire 400.000.

Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all’ufficio del genio civile della relazione indicata nell’articolo 6.
Art. 16 – (Responsabilità del collaudatore)
Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell’articolo 7, penultimo comma, è punito con l’ammenda da lire 80.000 a lire 400.000 (3).
Art. 17 – (Mancanza del certificato di collaudo)
Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, prima del collaudo statico, è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Art. 18 – (Comunicazione della sentenza)
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell’ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l’imputato.
Capo IV – Norme transitorie e finali
Art. 19 – (Costruzioni in corso)
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, né alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate.
Art. 20 – (Laboratori)
Agli effetti della presente legge sono considerati Laboratori Ufficiali:
o i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

o il laboratorio dell’istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);
o il laboratorio dell’istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);

o il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendio e di protezione civile (Roma);

o il Centro sperimentale dell’ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L’attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.
Art. 21 – (Emanazione di norme tecniche)
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.
Art. 22 – (Applicabilità di norme tecniche vigenti)
Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n.2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n.1516.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

El Consejo General de Colegios de Médicos ha logrado, gracias un recurso presentado el pasado 19 de noviembre ante la sala de lo Contencioso Administrativo de Granada, que pertenece al Tribunal de Justicia de Andalucía, que se acuerde “la suspensión cautelar de la ejecución del Decreto 307/2009 de 21 de julio, que define la actuación de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía”

Según afirma la sentencia “son tantos los vicios de ilegalidad –seis- que no parece desproporcionado apreciar la medida cautelar” y añaden que “por otro lado no ha quedado acreditado que exista un interés público que exija la inmediata ejecución de la nueva ordenación de la gestión asistencial”.

Adjunto enviamos la nota de prensa remitida por el Consejo para ampliar la información. Nota de Prensa.

Evelio Robles Agüero. Secretario General del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.

Caosmos segnala

lunedì 30 novembre ore 18.00 I Teatro Gobetti sala Colonne I Torino
presentazione del libro

Spazi per la danza contemporanea a cura di Ada D’Adamo

Sto seguendo dall’inizio su questo blog il caso noto come ”Processo a Google“, in modo da ricostruire i diversi step fino all’epilogo che si attende tra non molto.

Si tratta, come già evidenziato, di un processo che si svolge a porte chiuse, su richiesta degli imputati, dirigenti della società che gestisce il servizio GoogleVideo (e YouTube) su cui è stato caricato il noto video che riproduceva un caso di vessazione ai danni di un ragazzo down (o, secondo altri, autistico) perpetrato all’intenro di un istituto scolastico torinese, poi diffuso a livello planetario sulla nota piattaforma di videosharing.

Il 25 novempre 2009, come preannunciato, si è svolta l’ultima udienza, nella quale il p.m. ha chiesto la condanna di 3 dei 4 dirigenti di Google ad un anno di reclusione e, per il quarto, la condanna a sei mesi.

Più precisamente, come riporta un resoconto di la Repubblica,

Si tratta del primo processo a carico di dirigenti del più famoso motore di ricerca al mondo, relativo alla pubblicazione di contenuti sul web. In particolare, i pm hanno chiesto la condanna a un anno di reclusione per David Carl Drummond, ex presidente del Cda di Google Italy e ora senior vice presidente, per George De Los Reyes, ex membro del cda di Google Italy e ora in pensione, e per Peter Fleitcher, responsabile delle strategie per la privacy per l’Europa di Google Inc. Per Arvind Desikan, responsabile del progetto Google Video per l’Europa, invece, l’accusa ha chiesto una condanna a sei mesi di reclusione.

(…)

Il video  (…) venne girato a fine maggio 2006 e caricato su Google Video l’8 settembre 2006, dove rimase online fino al 7 novembre. Il filmato era inserito nella categoria ‘Video piu’ divertentì ed era arrivato al 29/o posto dei video più cliccati, con 5500 contatti

Come già rimarcato, uno dei punti critici dell’accertamento in fatto sembrerebbe essere quello relativo al tempo intercorso tra le prime segnalazioni e la rimozione definitiva del filmato.

Alla precedente udienza del 29 settembre 2009, in cui v’è stata la testimonianza dell’Ing. Jeremy Doig, si sarebbe discusso (a porte chiuse) anche in ordine al rapporto tra segnalazioni e rimozione del filmato, così come riportato da TG24 di SKY.it.

Sul punto, infatti, l’accusa ritiene che vi sarebbero state delle segnalazioni in precedenza da parte degli utenti e i  responsabili del servizio di GoogleVideo non le avrebbero inzialmente prese in considerazione.

Tale circostanza, se confermata, potrebbe incidere in maniera rilevante sul giudizio relativo alle responsabilità di Google.

Si tratta comunue di un accertamento nel merito, che deve essere demandato nell’aula in cui si celebra il processo. Trattandosi poi di processo a porte chiuse, si comprende bene che qualsivolgia giudizio in ordine alle modalità su come siano effettivamente andate le cose sembra fuori luogo. Così, anche una valutazione delle responsabilità giuridiche di Google sembra fuori luogo, almeno fino a quando non venga emanata la sentenza. Sinceramente mi sembra fuori luogo, a maggior ragione, anche un giudizio etico sull’operato di Google.

Recentemente è apparso, su La Stampa, un appassionato commento di Luciano Floridi, nell’articolo dal titolo “La Lezioni Etica di Google Vs. Vividown“, che ha il grande pregio di far riflettere, ma che mi sembra basato su un errore di impostazione.

L’impalcatura del discorso poggia infatti su un presupposto: che il video incriminato sia stato rimosso immediatamente, appena giuste le segnalazioni. Tutto ciò, come detto, non appare scontato ed, anzi, è proprio uno dei punti che deve essere affrontato nel merito, dato che l’accusa parrebbe ritenere, al contrario, che vi sia stata un”inerzia di Google protratta nel tempo, pur a fronte di diverse segnalazioni dell’abuso pepetrato mediante la propria piattaforma.

Floridi, infatti, testualmente afferma:

Il processo a carico di Google, per il reato di concorso in diffamazione aggravata ai danni dell’associazione Vividown, va considerato alla luce di questa cultura della rete e della sua etica dell’informazione. Si tratta della triste vicenda del filmato, poi caricato su Google Video, in cui sono ripresi i maltrattamenti contro un ragazzo disabile. Nel video, uno dei ragazzi diffama l’associazione Vividown. Appena allertata, Google ha rimosso il video, collaborato attivamente con le forze dell’ordine, e offerto le proprie scuse pubblicamente. I bulli sono stati puniti.La famiglia del ragazzo ha scelto di non prendere parte al processo. Le domande etiche che sorgono sono: Google si è comportata bene? Qual è la sua responsabilità morale? (…)

Dopo tre chiarimenti che invito a leggere con attenzione, che mostrano di poggiare le argomentazioni sui presupposti appena trascritti (che vengono dati per pacifici pur senza esserlo), Floridi giunge alla sua conclusione:

Questi chiarimenti mostrano che Google si è comportata giustamente e in modo moralmente responsabile, in senso positivo, a favore del miglioramento dell’ambiente informazionale e per il genere di esistenza che vi si conduce al suo interno. Nello specifico: il comportamento di Google nel caso Vividown è lodabile moralmente e universalizzabile eticamente: tutti dovrebbero prendere esempio dalla sua condotta, che soddisfa principi etici basilari.

 Mi chiedo però se, prima di esprimere una valutazione etica, non sia il caso di verificare i presupposti che sorreggono il giudizio etico. Potrà accadere che il giudizio penale, che si celebra a porte chiuse per volontà degli imputati, confermi i presupposti da cui muove Floridi, ma dato che sono in corso di accertamento in sede processuale, almeno fino alla sentenza sarebbe il caso di essere un po’ più cauti.

Mi chiedo (e lo chiedo anche a Luciano Floridi): se dovesse risultare confermata la tesi secondo cui il video sarebbe stato rimosso non immediatamente, a seguito delle prime segnalazioni, bensì solamente dopo un significativo lasso di tempo, la lezione etica nei confronti di Google rimarrebbe la stessa?

Vero è che il caso, che non pare abbia precedenti, è di estrema importanza, perché aiuta a ragionare sulla soluzione auspicabile in astratto, per giungere all’importante risultato di delinerare le migliori regole (anche giuridiche) per risolvere fattispecie analoghe a questa. Mi sembra importante arrivare presto ad un allineamento tra esigenze sociali, etica e diritto. In questo discorso interdisciplinare, l’apporto di Floridi, che è studioso attento e apprezzato, è indiscutibilmente prezioso. 

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

Mercoledì 9 dicembre 2009 alle 9:30 presso la Sala Saturnia della Stazione Marittima a Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organizza una presentazione sul protocollo di valutazione energetico ambientale VEA.

Alla presenza dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici Elio De Anna, verrà presentato l’inquadramento normativo relativo alla Certificazione Energetica e Ambientale, il percorso che ha portato dal Protocollo Itaca a quello VEA, la sua applicazione per la certificazione degli edifici.

Data l’importanza dello strumento, che diventerà, a partire dal prossimo anno, il criterio applicativo necessario ai fini della certificazione energetica e ambientale delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni in Friuli Venezia Giulia, invitiamo gli iscritti a partecipare all’evento.

In un emendamento proposto in questi giorni per la finanziaria 2010 si parla di dimezzare, al di fuori di ogni analisi economica, il valore dei certificati verdi e limitare gli impianti dove la rete non è in grado di accoglierli, invece di spingere per il suo potenziamento. Dieci associazioni di categoria e ambientaliste chiedono il ritiro di questo possibile provvedimento in controtendenza con gli obiettivi nazionali al 2020.

Il Governo che intenzioni ha per lo sviluppo futuro delle rinnovabili? Da alcuni emendamenti di fonte governativa che circolano in questi giorni per la Finanziaria 2010, che dovrebbero essere presentati alla Camera, non sembra che tiri un’aria positiva. I due emendamenti (pdf) che verranno proposti hanno i seguenti contenuti:
1) far cessare gli effetti del provvedimento Cip n. 6/92 (il vecchio meccanismo che incentivava rinnovabili ed assimilate per molti impianti ancora in vigore) al fine di ripristinare il dettato normativo della Direttiva europea n. 28 del 2009;
2) indicare nuove disposizioni in materia di certificati verdi e di sviluppo della rete di trasmissioni dell’energia elettrica ai fini della produzione delle energie rinnovabili.

Anche se nel primo emendamento si possono intravedere dei parziali segnali positivi per una chiusura anticipata dell’incentivo CIP6 per alcune tipologie di impianti (n particolare assimilate, ad esclusione però degli inceneritori), il secondo emendamento sembra invece voler affossare gli impianti a fonti rinnovabili incentivati con il meccanismo dei certificati verdi. Nel complesso sembra un attacco allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Vediamo allora gli aspetti più delicati soprattutto del secondo emendamento tanto da indurre le preoccupate associazioni di categoria e ambientaliste Anev, Aper, Assosolare, Federpen, Fiper, Greenpeace, Ises Italia, Itabia, Kyoto Club e Legambiente ad emettere un comunicato (pdf) che ne chiede il ritiro.

Come si sa la Finanziaria 2008 per determinare il prezzo del certificato verde (CV) ha fissato il valore di riferimento in 180 € per MWh (articolo 2, comma 148 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007): la differenza tra questo e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità, registrato nell’anno precedente, e comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce il prezzo del CV (quest’anno pari a 91,34 €). Pertanto nel 2009 il prezzo del CV è stato pari, al netto di Iva, a 88,66 €/MWh (cioè: 180 – 91,34 = 88,66 €/MWh), quindi 8,866 cent€/kWh.
In definitiva questo è il prezzo al quale il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) offre i propri CV ed è il riferimento per questo mercato.
Lo stessa norma in Finanziaria 2008 chiariva che il prezzo di riferimento, come i coefficienti per le diverse fonti (tabella 2), può essere aggiornato ogni tre anni dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora, quello che l’emendamento richiede è la variazione, e con un anno di anticipo a partire dal 2010, del “valore di riferimento” che verrebbe abbassato a 120 €/MWh, rischiando così di portare il prezzo futuro del CV a livelli inferiori a 40 €/MWh. Un prezzo dei CV che diventerebbe assolutamente insostenibile per tutti gli impianti rinnovabili che hanno in corso incentivazioni con il meccanismo dei CV. Un provvedimento che non si basa su nessuna analisi economica puntuale e risulta incoerente con l’andamento dei costi di mercato delle tecnologie. Un provvedimento che causerebbe una grave crisi per chi investe nel settore, sottoposto inoltre “ad un ennesimo mutamento delle regole del gioco in corsa”, come hanno chiarito con preoccupazione le associazioni nel loro comunicato.

Altra parte dell’emendamento è quella che propone di ridurre i coefficienti della tabella 2 del 10% (del 20% dal 2011) per i produttori di rinnovabili non programmabili che non prevedano un sistema di accumulo dell’energia nelle zone indicate dal gestore di rete Terna, per una quota di almeno il 10% della producibilità media giornaliera. Un provvedimento, questo, assolutamente incomprensibile. Alcuni pensano che si voglia nascondere una sorta di teledistacco dell’impianto di produzione di energia rinnovabile, quando invece la Direttiva europea 77/2001 ci dice che deve esserci “priorità di dispacciamento” delle energie pulite. Insomma uno strategemma per tamponare la mancanza di infrastruttura?

Altri successivi comma dell’emendamento fanno sempre riferimento al ruolo di Terna, alle reti e alla loro relazione con le fonti rinnovabili. Il gestore di rete nazionale in un rapporto dovrebbe indicare per ogni Regione la massima quantità di produzione di energia elettrica da “rinnovabili non programmabili” che può essere connessa ed erogata nel rispetto della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. Il Governo farebbe bene invece ad aiutare Terna a realizzare i necessari è già previsti piani di potenziamento delle reti, adeguandoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Seguendo l’emendamento proposto, si attribuirebbe a Terna un potere insindacabile che potrebbe deprimere ulteriormente la diffusione degli impianti a fonti rinnovabili. Molti riconoscono che senza seri investimenti nelle reti, le rinnovabili elettriche non potranno mai raggungere quel 33% sulla domanda che è l’obiettivo per il 2020. Non basta allora dire “no” per risolvere il problema. Negli altri paesi europei invece su questo aspettoci si sta muovendo con determinazione, con la ricerca, le sperimentazioni sul campo e impiego di risorse pubbliche.

Qual è lo scopo di questo emendamento, soprattutto se messo in connessione con il primo riguardante il CIP6? Sembra chiaro che si voglia innnanzitutto alleggerire la componente A3 nella tariffa elettrica, forse per favorire altre spese estranee alle rinnovabili e/o ridurre il prezzo dell’energia elettrica. O più semplicemente si sta preparando il terreno agli ingenti costi statali necessari per la rinascita del nucleare?
In entrambi gli emendamenti si considera, infatti, la creazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di uno specifico fondo dove dovranno confluire i risparmi che scaturiranno da questi provvedimenti per gli anni 2010 e 2011. Tali risorse (che in effetti non ci saranno, visto che si parla di entrate mancate) sarebbero da destinarsi a ricerca e sperimentazione nel settore dell’energia. Dal 2012 andrebbero invece a contribuire ad una riduzione del prezzo dell’energia elettrica per i consumatori finali. Se ci fosse un vero interesse nel settore delle rinnovabili potrebbero essere veicolati invece proprio per l’adeguamento delle reti (smart grids) o per la ricerca nel comparto delle fonti pulite di energia.

Un attacco così duro sarebbe assolutamente in controtendenza con gli ambiziosi obiettivi (vincolanti) europei al 2020 che richiederebbe invece un indirizzo chiaro di tutta la politica nazionale e la stessa normativa per riuscire a coprire il 17% dei consumi finali di energia con le rinnovabili, quando oggi siamo solo intorno al 6%.

Per questo motivo le associazioni invitano il Governo a ritirare soprattutto questo emendamento e, si afferma nel comunicato, “a mantenere un atteggiamento di coerenza in materia di strategia delle politiche energetiche nazionali con quanto più volte dichiarato da mesi nelle varie sedi istituzionali, sostenendo con continuità e concretezza lo sviluppo dell’efficienza energetica e la promozione delle fonti rinnovabili al fine di contribuire al riequilibrio del mix energetico nazionale, che deve migrare verso un’economia a bassa intensità di carbonio”.
Questo ed altri segnali non ci danno fiducia sulla volontà del nostro governo di spingere con impegno il settore delle rinnovabili.

Leonardo Berlen

Educación. Orden de 09/11/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca a entidades e instituciones de Castilla-La Mancha a proponer a las personas y entidades merecedoras de reconocimiento y distinción en el Día de la Enseñanza 2010 en atención a su trabajo y sus méritos, y se regulan el procedimiento y los plazos para la presentación de las propuestas.

Centros Educativos. Orden de 16/11/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de centros de educación secundaria y de enseñanzas de régimen especial sostenidos con fondos públicos y para la acreditación del profesorado de estos mismos niveles educativos como centros y tutores de prácticas, respectivamente, del Máster de Profesor de Secundaria, y por la que se regula el desarrollo de las prácticas.

Se ha publicado la orden que regula el Master de Profesor de Secundaria. Para ver la disposición y descargarla pincha aquí.

Quali sono le condizioni perché al tuo impianto sia riconosciuta la totale Integrazione Architettonica?

segue specifica

Nei prossimi post affronteremo diversi argomenti normativi e pratico/tecnici.
Per eventuali richieste specifiche, contattateci.

Poichè la normativa nazionale presenta diverse difficoltà interpretative, alcune Regioni si stanno muovendo autonomamente al fine di consentire l’utilizzo energetico della pollina, cioè delle deiezioni provenienti dagli allevamenti avicoli.
Riportiamo qui di seguito un articolo dell’avv. Fabio Anile, esperto in diritto ambientale, che fa il punto sulla normativa riguardante lo statuto della pollina (biomassa rinnovabile o rifiuto?) e la possibilità di utilizzarla per produrre energia.

Tra le norme contenute nel Progetto di Legge n. 2449-A, concernente la “Legge Comunitaria 2009”, all’esame del Senato in questi giorni, va segnalato quello contenuto nell’art. 7-bis, concernente la c.d. “pollina”, ovvero un materiale costituito da un misto di escrementi del pollame, piume e residui di mangimi, utilizzabile come combustibile per produrre energia.

L’introduzione della norma contenuta nella Comunitaria 2009 si rende necessaria proprio al fine di chiarire il regime giuridico applicabile alla pollina, ove utilizzata in impianti di combustione per produrre energia.

L’utilizzo della “pollina” quale biomassa, ovvero quale sostanza organica da cui è possibile ottenere energia attraverso processi di tipo termochimico o biochimico, riveste un moderato interesse in termini di rendimento; ciò non di meno tale utilizzo può consentire l’accesso ai meccanismi incentivanti previsti dal decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008.

Nonostante la modifica introdotta dal D. lgs. n. 4/2008 all’art. 185, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 (che ha esplicitamente definito come “sottoprodotti” i «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas»), sono rimasti aperti alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla mancata inclusione della pollina tra i combustibili disciplinati come “fonti rinnovabili” dalla Sezione 4, Allegato X della Parte V del D. Lgs. n. 152/2006, recante le “Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo” e, dunque, sull’applicabilità alla pollina del regime autorizzatorio previsto dal D. Lgs. n. 387/2003 in materia di “promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili”.

Mentre in alcuni casi, il mancato coordinamento delle citate disposizioni ha indotto alcune Amministrazioni ad escludere la pollina dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 387/2003, in altri, si è cercato di superare il problema adottando norme ad hoc.

E’ questo il caso del Veneto che, con Delibera di Giunta Regionale n. 2272 del 28 luglio 2009 ha espressamente sancito l’applicabilità della procedura di cui all’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003 agli impianti che riducono energia dalla combustione della c.d. pollina, od ancora, della D.G.R. Emilia Romagna. 13.03.2009, n. 296 che con l‘approvazione dell’Accordo di Programma per la “Gestione integrata degli effluenti di allevamento avicoli nella provincia di Forlì-Cesena” ha dettato specifiche indicazioni in materia.

La disposizione inserita nel disegno di legge della Comunitaria 2009 intende, quindi, colmare questo vuoto legislativo , apportando modifiche al comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (convertito, con modificazioni, nella L. 205/2008), qualificando la pollina destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, come “sottoprodotto”, soggetto alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In forza di tale norma, la cui approvazione è auspicabile per le evidenti ragioni, gli impianti di combustione che utilizzano la c.d. “pollina” per produrre energia saranno soggetti unicamente all’autorizzazione “unica” prevista dall’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto “sottoprodotti”-“biomasse”, con esclusione della disciplina sui rifiuti.

L’art. 2-bis della Legge n. 205/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare” (recante “Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione”) nella versione in discussione in questi giorni, così recita:

1. Le vinacce vergini nonche’ le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, nonché la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La norma è già stata approvata dalla Camera il 22 settembre u.s. ed è attualmente all’esame del Senato, in seconda lettura.
Riferimenti

• Dgr 13 marzo 2009, n. 296 (Regione Emilia Romagna)
Approvazione Accordo di Programma per la “Gestione integrata degli effluenti di allevamento avicoli nella Provincia di Forlì-Cesena”

• Dgr 28 luglio 2009, n. 2272 (Regione Veneto)
Disciplina riguardante l’utilizzo di materiali fecali ai fini della produzione di energia

• Legge Comunitaria 2009
(in pdf)

• Dlgs 152/2006

Nextville
Norme in materia ambientale – Stralcio – Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Una vez más ASIMELEC ha confiado en Asturias para organizar uno de sus Congresos, esta vez  a nivel nacional; y una vez más, FELTEC SISTEMAS ha estado presente en este I Congreso Nacional del Hogar Digital. concretamente nuestra Gerente acudió  a las sesiones relativas a legislación vigente y previsiones, como por ejemplo la nueva ICT, que existen en materia de hogar digital. Y, por otro lado, nuestro responsable del Departamento Electrónico asistió a las sesiones técnicas y estuvo pendiente de las últimas novedades en dispositivos de casas como Schneider Electric, Alcad y la local INGENIUM, entre otras…

FUENTE:  www.asimelec.es

Todavía examinando las conclusiones oficiales, hemos sacado una serie de notas personales sobre los aspectos más interesantes para nosotros de las Jornadas en las que estuvieron presentes ponentes de reconocido prestigio (Serafín Abilio, Presidente de la CAC; Concepción García, Presidenta de CEDOM, Juan Alberto Pizarro, de Schneider Electric…):

- Existe en los legisladores una tendencia a darle cada vez mayor importancia a la implantación de las Telecomunicaciones en los hogares, anunciándose una nueva ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) para Enero que viene a reemplazar la anterior normativa, con más de 10 años de vigencia y que, por primera vez menciona el Hogar Digital incluyendo un anexo recordatorio sobre los elementos que deben figurar en él.

- Formativamente, se desprende una petición por parte de los arquitectos de enriquecer sus planes de estudio con los elementos y las tecnologías del hogar digital.

- Asimismo, se apuntaron necesidades de información y concienciación de colectivos como promotores o el propio usuario final, ya que aún existe un índice bastante bajo de implantación de estas tecnologías y, además, se desconocen datos como que, por ejemplo, el 18 % del consumo de energía se efectúa en los hogares y que, con el uso de la domótica se puede controlar ese consumo. Por ejemplo, el hecho de subir un grado la calefacción implica un incremento de un 17 % en el consumo de energía, incremento que se evitaría con el uso de dispositivos de control de climatización.

Aquí os dejamos unas breves pinceladas técnicas que ampliaremos con vuestros comentarios y con más información sobre este Congreso…¡¡esperamos opiniones!!…

…¿Qué os parecen iniciativas como ésta para mantener actualizados los conocimientos técnicos?, ¿qué os ha parecido la organización en Gijón?…

En Suecia sólo podrás publicar en revistas con acceso libre. Por lo visto  van a poner en marcha una normativa que exige que los investigadores que obtengan financiación nacional publiquen OBLIGATORIAMENTE tan sólo en revistas científicas que permitan el acceso libre a las mismas. Se evita así que, por ejemplo, el sistema nacional de investigación tenga que pagar dos veces, una por la investigación y otra por conseguir que otros investigadores tengan acceso a los resultados.

Este es el correo recibido a través de la lista de distribución ISWORLD:

The Swedish Research Council (the most prestigious research funder and policy leader) now requires Swedish researchers to to publish only where free access is granted. While the ambition is lauable – to grant the Swedish public free access to the result of work they have already paid for – it puts researchers in a dilemma as it seems to exclude publishing in many prestigious IS journals and conferences, as of their current practice. It would be interesting to hear comments from the editors. It appears that similar policies are coming up or already implemented in other countries. A translation of the SRC statement follows –

Press release , 2009-10-07 In Swedish http://www.vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2009/nyheter2009/vetenskapsradetkraverfritillgangtillforskningsresultat.5.227c330c123c73dc586800011519.html (translation from the Swedish by Ingegerd Rabow)

The Swedish Research Council requires free access to research results. In order to receive research grants the Research council requires now that researchers publish their material freely accessible to all. The general public and other researchers shall have free access to all material financed by public funding, The thought behind the so called Open Access is that everybody shall have free and unlimited access to scientifically refereed articles, The Research Council has now decided, that researchers who are granted research funding from the Council shall publish their refereed texts in journals and at conferences in this way. “We are of the opinion that texts presenting research funded by public funds shall be freely available to all,” says professor Pär Omling Director General of the Swedish Research Council. “Open Access is an important prerequisite for the dissemination of research results to the benefit of society.” Researchers are required to guarantee that everything published shall be freely available according to to Open Access not later than six months after publication. The Council’s decision regarding Open Access has been taken in close cooperation with SUHF, the Association of Swedish Higher Education. To promote free dissemination of research results is not and isolated Swedish occurrence, The so called Berlin Declaration aiming to implement Open Access has been signed by several large, mainly European research funders. The Open Access-mandate covers so far only refereed journal articles and conference reports, not monographs and book chapters. The mandate will be included in the new grant conditions from 2010.

Una medida cuanto menos interesante que habrá que seguir, ya que va en la línea con la cada vez más extendida tendencia internacional de  libre acceso al conocimiento. Evidentemente, a los investigadores suecos parece que se les va a complicar la cosa, al menos inicialmente, dado que normalmente las revistas internacionales de mayor rango no cumplen esta característica. Probablemente, no poder publicar en ellas no será un problema a nivel interno, pero sí cuando un investigador sueco quiera compararse o trabajar con colegas internacionales. Pero evidentemente, si alguien no da el primer paso, los sistemas nunca cambiarán.

Información obtenida del blog de Jacques Bulchand (ULPGC)

Lunedì 23 Novembre.

Argomenti trattati:

FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI
- Riferimenti antropomorfi
- Strutture di collegamento orizzontali e verticali
- Ambienti speciali degli alloggi
- Spazi per disabili

LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI
- Strutture orizzontali e verticali
- Chiusure orizzontali e verticali
- Elementi di collegamento
- Arredi

En los colegios públicos del condado de Jefferson, en el estado norteamericano de Kentucky, de más de 700.000 habitantes, se han producido en los 2 primeros meses del curso un total de 44 casos de alumnos expulsados por realizar sexting.

Fuente: Whas11.com

Siempre que hablamos de accesibilidad se nos viene a la cabeza la circunferencia de 1.50 que estamos acostumbrados a meter en los proyectos. Pero ese dibujo tan impersonal nos está hablando de personas de carne y hueso cuyas deficiencias motoras pueden hacer su día a día mucho más complicado de lo que nos podamos imaginar, y en mejorar su situación influye muchísimo la labor del diseñador (de vosotros).

La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.

Hoy ha venido a la Escuela Cristino, presidente de la oficina de la ONCE en Ciudad Real, a hablarnos y a hacernos partícipes de otro tipo de accesibilidad, la visual, esa de la que no somos para nada conscientes hasta que no reparamos en ello. ¿quién se fija en la forma de los maceteros de las plazas? ¿o de la ubicación de las papeleras en las aceras? ¿o de la perpendicularidad de los pasos de peatones? ¿o en la altura, textura y contraste de las señalizaciones?. Ellos sí, por desgracia lo sufren en sus propias espinillas y en su angustia al desorientarse…

Tras hacernos una introducción sobre barreras arquitectónicas y los “pequeños fallos” en la planificación urbanísticas, nos ha dado cifras tales como que de los 4 millones de personas que tienen deficiencias visuales en España, sólo un pequeño tanto por ciento tiene ceguera total…el resto vive en la penumbra, en un mundo sin enfoque, en un mundo sin color..

El tono de Cristino en todo momento ha sido en clave de humor, marcando el intento de desdramatizar una minusvalía difícil de entender si no se experimenta mínimamente por unos momentos.

Ha traido antifaces y gafas tratadas para simular enfermedades visuales y nos hemos dado una vuelta por la Escuela. Ha sido un momento de revolución…ha habido muchas risas y algún que otro grito.

Tras la experiencia hemos vuelto al aula y de entre las sensaciones vividas, Raquel de 3º ha destacado el pánico ante la inseguridad por darte con algo en las espinillas y la falta de confianza en el guía. Silverio de 2º ha compartido la extraña percepción de la dimensión de los espacios sin poder verlos para saberlo de verdad… Como nos comentaba Cristino al comienzo de la charla: “un hall lleno de columnas aunque sólo sean 4…es un bosque para nosotros”

Ni qué decir tiene que en la calle la cosa se complica bastante: coches, tránsito, obras públicas, bolardos por doquier, mobiliario urbano no proyectado hasta el suelo…entre risas, creo que todos los presentes, hemos sentido la desolación por un instante, la incertidumbre de no sentir el mundo como lo ves.

La guía de accesibilidad visual con la que nos ha obsequiado Cristino estará a vuestra disposición en la Biblioteca, y también os la haré llegar en PDF. Espero de verdad que nos haya servido para dejar de ver las normativas de accesibilidad como algo frío y rígido que nuestros proyectos deben cumplir, para ser conscientes de las necesidades sociales que las generan. Las normas las hacen personas para las personas y nos marcan el mínimo para que todos podamos vivir dignamente.

JUNTOS CONSTRUIMOS REALIDADES. Construyamos pues un mundo accesible para todos¡¡¡

Gracias Cristino.

Ayer por la tarde pudimos contar con la presencia de Cristina Torralba, miembro de AGECAM (la Agencia de la Energía de Castilla La Mancha) cuya sede está en Albacete, para la realización de una jornada sobre certificación energética en la edificación.

La afluencia de público, tras unos primeros momentos de desolación, fue más que satisfactoria, hayándose alumnos de todos los niveles de ESDI. A los que echamos de menos fue a los alumnos de Ciclo de Proyecto y Dirección de Obra, a los que desde aquí animo a que participen en la futuras actividades del Proyecto de Innovación)

En una primera parte, nos dio datos relativos a la situación de la emisiones de CO2 y destacó que España es el país que va a la cabeza de Europa en este tipo de contaminación, alejándose sobremanera de lo firmado en el Protocolo de Kioto (El acuerdo nació en 1997, cuando 38 países industrializados se reunieron en la ciudad japonesa de Kioto y se comprometieron a reducir en un 5% las emisiones de los seis gases del Efecto Invernadero entre 2008 y 2012 (con respecto a los niveles registrados en 1990).

Si bien Castilla La Mancha va a la cabeza de España en invertir en Energías Renovables, nos queda mucho camino para llegar a la utopía de la sostenibilidad.

Tras una pequeña pausa para el café, Cristina nos hizo ver un ejemplo práctico con el programa LIDER, la herramienta que usa la CTE para la certificación.

Vimos el ejemplo primero en LIDER y luego en CALENER VyP. Y en esta parte los alumnos estuvieron mucho más animados, pues aunque según normativa nuestro módulo sostenible del proyecto no necesita etiqueta de eficiencia energética, la haremos para poner en práctica lo aprendido.

Quizás aunque a priori nos pueda resultar un tema árido y frío, la finalidad concreta de todo esto es reducir las emisiones de CO2 provocadas por la mala gestión energética en nuestras edificaciones en un 50% y conseguir un ahorro energético de un 40%. Con tales objetivos, nuestro Código Técnico se merece una y muchas jornadas como esta.

Después de la “dura” jornada nos esperaba un suculento catering. Fijaos que caras de felicidad por todo lo aprendido.

Y sólo me queda dar las gracias a  Cristina e Isabel. Estaré encantada de volver a colaborar con vosotras¡