FUNDAMENTACIÓN DE LA

PRESENTE SOLICITUD DE

MEDIDAS CAUTELARES

De la relación de los hechos en contra de MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, ALCALDE DE OREAMUNO, en perjuicio del suscrito y otros vecinos;  nos encontramos en presencia de la comisión del  delito DESOBEDIENCIA a las Ordenes de la jurisdicción Constitucional, tipificado expresamente en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, puesto que en el caso concreto en la etapa de investigación se ha concluido y existe en autos suficiente prueba documental y testimonial, para continuar con los autos contra el imputado MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, por el Delito de DESOBEDIENCIA a las ordenes emanadas de la Jurisdicción Constitucional, lo anterior por existir además el grado de probabilidad necesario en contra del imputado.

En el estudio pormenorizado del Expediente 08-002995-0345-PE, que para el efecto levantó la fiscalía para la investigación de esta causa, y de las fotocopias certificadas del Expediente Administrativo del Concejo Municipal, en las cuales consta en forma clara, precisa y circunstanciada como el querellado ha incumplido las Resoluciones de la Sala Constitucional en el sentido de otorgar el visado de planos individuales, aceptar la recepción de obras finales del Proyecto Vista Hermosa y brindar el servicio de agua potable a las 477 viviendas que integran dicho proyecto  tal y como lo señalan para el efecto los planos de diseño aprobados para el efecto por las diferentes Instituciones competentes en la materia. Consta en autos que el imputado ha sido notificado personalmente de las Resoluciones de la Sala Constitucional, no obstante lo cual y estando apercibido de que el cumplimiento de las mismas constituye el delito de Desobediencia a las Ordenes de la Jurisdicción Constitucional, EL IMPUTADO AL DIA DE HOY HA HECHO CASO OMISO DE DICHAS ORDENES.

Dentro del cuadro fáctico expuesto existe la probabilidad necesaria para la configuración de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal acusado (DESOBEDIENCIA a las órdenes de la Jurisdicción Constitucional, articulo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), donde el IMPUTADO ha violentado el ordenamiento jurídico penal al irrespetar las ordenes dictadas en forma expresa por la AUTORIDAD JUDICIAL de otorgar el visado de planos individuales, aceptar la recepción de obras finales del Proyecto Vista Hermosa y brindar el servicio de agua potable a las 477 viviendas que integran dicho proyecto  tal y como lo señalan para el efecto los planos de diseño aprobados para el efecto por las diferentes Instituciones competentes en la materia.

De la totalidad de la prueba recabada, por la Fiscalía en la etapa de investigación se llega con un grado alto de certeza a que:  MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, es autor responsable del delito de DESOBEDIENCIA, y existe basta prueba para determinarlo en la etapa de juicio.

Por las razones expuestas, planteo la presente:

SOLICITUD DE INTERPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES INMEDIATAS y le pido señor Juez (a) que dicte MEDIDA CAUTELAR CONTRA EL IMPUTADO A SABER: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CARGO DE ALCALDE MUNICIPAL, QUE OSTENTA MARCO VINICIO REDONDO QUIRIOS ORDENANDOSELE NO ACERCARSE A LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO hasta que su Autoridad así lo determine, LO ANTERIOR, POR ESTAR EN PRESENCIA DE UN DELITO FUNCIONAL

Con fundamento en lo establecido en el artículo 244, inciso i), del Código Procesal Penal, y por estársele atribuyendo en la Acusación que realiza Fiscalía del Ministerio Público, y la presente DEMANDA en contra del Alcalde Municipal MARCO VINCIO REDONDO QUIROS, la supuesta autoría de  DELITOS FUNCIONALES, SOLICITAMOS QUE DE FORMA INMEDIATA SE IMPONGA  EN  APLICACIÓN DEL ARTICULO 244 INCISO I), DEL CODIGO PROCESAL PENAL COMO MEDIDA CAUTELAR INMEDIATA, LA SUSPENCIÓN DEL CARGO DE ALCALDE MUNICIPAL DE OREAMUNO AL SEÑOR MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, ESTO PARA EVITAR MÁS PERJUICIO Y ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, POR SUS REITERADOS Y DESAFIANTES INCUMPLIMIENTOS A LAS ORDENES EMITIDAS TANTO POR LA SALA CONSTITUCIONAL, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LOS ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OREAMUNO.

Se justifica dicha solicitud y su aplicación, en virtud de que tal y como se señalo líneas atrás, nos encontramos en presencia de la autoría de un Delito Funcional como lo es la Desobediencia a una Orden de la Sala Constitucional. De la prueba que consta en el Expediente y del propio   VOTO Nº 2009-00590 de las  catorce horas y cincuenta y dos minutos del veintiuno de enero del dos mil nueve. En el cual se Ordena  “Testimóniense piezas al Ministerio Público para que investigue la desobediencia a lo dispuesto en la sentencia número 2007-17407 de 28 de noviembre de 2007, adicionada por auto número 2008-1657 de 1 de febrero de 2008, por parte del Alcalde Municipal de Oreamuno, Marco Vinicio Redondo Quirós..”.

Queda evidente y manifiesto de que el imputado se niega a cumplir a toda costa con lo Ordenado por la Sala Constitucional, sobre la Obligación de este de otorgar el visado de planos individuales, aceptar la recepción de obras finales del Proyecto Vista Hermosa y brindar el servicio de agua potable a las 477 viviendas que integran dicho proyecto  tal y como lo señalan para el efecto los planos de diseño aprobados para el efecto por las diferentes Instituciones competentes en la materia.

Más bien aferrado a su cargo de Alcalde Municipal, impide a sus empleados el cumplimiento de dichos actos, con lo cual obstaculiza el cumplimiento de las Ordenes de la Sala Constitucional.

Lo que mas preocupa señor (a) Juez (a) es que el imputado demuestra toral desprecio por  lo emanado en sede judicial, lo que nos da una señal sumamente preocupante de cómo estará la aplicación de otras normas y procedimientos (Ley de Control Interno y de presupuesto por ejemplo) a lo interno del municipio con el actuar del Alcalde, si lo que demuestra es una constante negativa de cumplimiento de lo que se externa vía judicial.

Al negarse el imputado a cumplir lo ordenado por la Sala, esta provocando un perjuicio enorme tanto moral como económico, poniendo en peligro la salud publica, Y LAS ARCAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO, provocando que tal y como lo ha manifestado la propia Presidenta del Concejo Municipal de Oreamuno y lo ha tenido como hechos probados la Sala Constitucional

“…AL NEGARSE EL ALCALDE MUNICIPAL A OTORGAR EL VISADO DE PLANOS, Y EL RECIBIMIENTO DE LAS OBRAS FINALES DEL PROYECTO VISTA HERMOSA; Y LA DOTACION DEL AGUA POTABLE CONFORME A LOS DISEÑOS APROBADOS; NO SE PUEDE CONTINUAR  CON LO SIGUIENTE :

• LA SEGREGACION MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE LA FINCA MADRE, DE LOS 477 LOTES QUE CONFORMAN LAS 477 CASAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO VISTA HERMOSA, ASÍ COMO LOS LOTES DE LAS AREAS PÚBLICAS, EL LOTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, EL LOTE DEL POZO, Y LOS LOTES QUE CONFORMAN LAS CALLES PÚBLICAS. PUES PARA ELLO EL REGISTRO PÚBLICO, SOLICITA PARA DICHO ACTO NOTARIAL EL VISADO MUNICIPAL ( ARTICULO 33 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA Y 30 DE LA LEY DE CATASTRO)..

• AL NO OTORGARSE EL VISADO POR PARTE DEL ALCALDE, EL URBANIZADOR NO PUEDE REALIZAR LA SEGREGACIÓN DE LOS LOTES DE AREAS PÚBLICAS Y ENTREGARLAS A LA MUNICIPALIDAD, TAL Y LO ESTABLECIDO el articulo 13, del Reglamento para la Obtención de Permisos de Construcción, Visado de Planos y Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Oreamuno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.149 del lunes 6 de agosto del 2001

• EL IMPUTADO MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, SE NIEGA A COMPARECER COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO, ANTE NOTARIO PUBLICO, PARA ACEPTAR LA DONACION DE LAS AREAS PUBLICAS, QUE DEBE TRASAPASAR EL DESARROLLADOR A DOMINIO MUNICIPAL.

• EL BANHVI, y la entidad autorizada Banca Proamerica, al NO ESTAR EL VISADO MUNICIPAL, Y NO HABERSE PODIDO SEGREGAR LA FINCA MADRE, NO PUEDE OTORGAR Y FORMALIZAR LA ENTREGA A LOS 477 BENEFICIARIOS DE SU CASA Y LOTE CON SU RESPECTIVA ESCRITURA Y PLANO CATASTRO.

• AL NO ESTAR SEGREGADA LA FINCA MADRE EN LA CUAL SE CONSTRUYO EL PROYECTO VISTA HERMOSA, LA MUNICIPALIDAD NO PUEDE EJERCER CONTROL ABSOLUTO SOBRE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA URBANIZACIÓN VISTA HERMOSA, TODAVEZ QUE LO QUE EXISTE EN ESTE MOMENTO CATASTRALMENTE Y REGISTRALMENTE ES UNA SOLA FINCA MADRE, CON UN UNICO PLANO CATRASTRO, EN LA CUAL HAY 477 CASAS CONSTRUIDAS EN UNA SOLA FINCA, EN LA CUAL HABITAN 477 FAMILIAS, QUE FORMALMENTE NO SON PROPIETARIAS DE SUS CASAS, SINO QUE ESTAN ALLÍ POR UN CONTRATO DE COMODATO O PRESTAMO GRATUITO, OTORGADO POR LA COMPAÑÍA DESARROLLADORA, LA CUAL ES LA DUEÑA REGISTRAL DEL INMUEBLE. POR LO QUE ES PROPIEDAD PRIVADA.

NO SE HAN PODIDO CONSTRUIR NI INSTALAR LOS EBAIS DE LA CCSS, PUES TODAVIA ES PROPIEDAD PRIVADA.

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO NO PUEDEN BRINDAR AYUDA, PUES EL PROYECTO TODAVIA ESTA EN PROPIEDAD PRIVADA.

Por estas razones es que SOLICITO SE IMPONGA  EN  APLICACIÓN DEL ARTICULO 244 INCISO I), DEL CODIGO PROCESAL PENAL COMO MEDIDA CAUTELAR INMEDIATA, LA SUSPENCIÓN DEL CARGO DE ALCALDE MUNICIPAL DE OREAMUNO MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, ESTO PARA EVITAR MÁS PERJUICIO Y ENTORPECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, POR LOS REITERADOS Y DESAFIANTES INCUMPLIMIENTOS DE LAS ORDENES EMITIDAS TANTO POR LA SALA CONSTITUCIONAL, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LOS ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OREAMUNO.

Y SE PROCEDA CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO 14 DEL CODIGO MUNICIPAL, A SUSTITUIRLO TEMPORALMENTE DURANTE EL TIEMPO DE IMPOSICION DE LA MEDIDA CAUTELAR Y SE NOMBRE A ALGUNO DE LOS ALCALDES SUPLENTES, ESTO PARA CUMPLIR DE UNA VEZ POR TODAS CON LO ORDENADO POR LA SALA CONSTITUCIONAL.

PETITORIA:

Con fundamento en los numérales 16, 303, 306, 316 y 321 del Código Procesal Penal, solicito se proceda al examen de la DEMANDA y se aplique la SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.

NOTIFICACIONES:

Al demandado: MARCO VINICIO REDONDO QUIROS, portador de la cédula número 1-667-558, en la Provincia de Cartago, Cantón Oreamuno, Distrito San Rafael, exactamente 200 sur y 25 metros este del Palacio Municipal, casa de color blanco con beige, ubicada contiguo a la colindancia este de la Sucursal del Banco de Costa Rica.

Las mías las estaré escuchando el fax

RODOLFO PEREZ CAMPOS.

3-306-932

Es aut.

LIC. MAURICIO ALVARADO DELGADILLO

ABOGADO Y NOTARIO 7532

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1194066&origen=NLTitu

No sienten lo mismo cuando entran en un Juzgado de Argentina, y ven al crucifijo por encima de la cabeza de su Señoría? Tenemos un Estado laico, pero que impone a los no-católicos  la ostentación religiosa de quienes sí profesan esa religión… Se imaginan el escándalo que produciría si un juez judío colocara una Estrella de David sobre la pared de su despacho?

Un Estado laico, por definición, no debería permitir tales Exhibiciones.

En esta oportunidad, quiero presentar la reflexión de Sergio Grez Toso, quien abordó el tema no sólo como historiador sino principalmente como ciudadano.

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“… no podemos callar ante los graves sucesos

que están ocurriendo en la Araucanía “

He sido invitado a este Seminario por haber sido uno de los impulsores de dos declaraciones y manifestaciones de historiadores en apoyo al pueblo mapuche: la primera, con motivo del asesinato por la espalda del comunero mapuche Matías Catrileo (5) cometido por un Carabinero en enero de 2008, y una segunda declaración en agosto de 2009, luego de un nuevo asesinato por la espalda cometido por Carabineros de Chile contra la persona de otro comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío (6), declaración a la que se sumó una manifestación de protesta de historiadores, profesores de Historia y alumnos de carreras de Historia, en las calles de Santiago el 10 de septiembre del presente año. Sin despojarme de mi condición de historiador (no especializado en la cuestión mapuche), en esta ocasión hablaré sobre todo como ciudadano. Porque como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía.

Día a día las comunidades mapuches que luchan por recuperar sus tierras son rodeadas, hostigadas, allanadas y violentadas por las fuerzas policiales del Estado chileno. Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judiciliadizadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria. Los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a 2 procesos tanto por la Justicia Civil como por la Justicia Militar. A ellos se les aplica la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura Militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación. Cuando una causa criminal parece no prosperar (por insuficiencia o debilidad de pruebas), los fiscales civiles y militares (respondiendo a las insinuaciones del gobierno), se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión. Es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul (7), dirigente de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM) (8) a quien le comunicaron en   estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.

Este proceder de los fiscales me recuerda las “condenas clandestinas” que pronunciaba la DINA (9) durante la dictadura de Pinochet. Aunque nunca tuvimos la prueba formal de ello, en 1975, cuando estábamos en el campo de concentración de Puchuncaví circulaba insistentemente entre los presos políticos el rumor acerca de estas “condenas” informales decididas por la policía política de la dictadura. Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación”. Algo similar parece que está ocurriendo con el procedimiento de los fiscales contra los presos mapuches… Entretanto, el gobierno de la Presidenta Bachelet ofrece “diálogo”, envía su ministro Viera Gallo a la Araucanía, pero anuncia que las comunidades que amparen a los “violentistas” no serán beneficiadas con la entrega de tierras. De esa manera se pretende dividir al movimiento mapuche aislando a los “malos” de los “buenos”. Para completar el panorama, los grandes propietarios de la zona forman cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano (10). Todo esto nos lleva a concluir que el Estado de Chile y los grandes propietarios de la zona, beneficiarios de la usurpación histórica de los territorios mapuches, están empezando a implementar una estrategia de 3 guerras de baja intensidad en el Wallmapu para quebrar la resistencia mapuche.

Los métodos empleados así lo indican: militarización del territorio mapuche a través de la Instalación permanente de la policía militarizada de Carabineros en las zonas más álgidas del conflicto para actuar como guardia pretoriana de los empresarios; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas (incluyendo a los abogados defensores de los presos políticos mapuches), etc. A ello se suma la aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura y utilizada profusamente por los gobiernos de la Concertación junto a la doble acción de fiscales civiles y militares.

¿Qué significa en concreto la intervención de la Justicia Militar en las causas mapuches?

Significa, entre otras cosas, que un imputado puede estar detenido hasta por cinco días sin real expresión de causa, incomunicado, arraigado, prontuariado, con prisión preventiva indefinida; que esta persona ve suspendidos sus derechos ciudadanos, que no puede conocer el sumario secreto, y que la investigación puede tardar los años que el Fiscal determine que sean necesarios para el cierre del sumario. Estas facultades excesivas de la Justicia Militar chilena ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según este organismo, en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, de acuerdo con lo planteado por muchos juristas, según los cuales la Justicia Militar debe ocuparse exclusivamente de velar por ciertos valores del ámbito militar como disciplina, jerarquía y seguridad militar. De lo que se desprende que los tribunales militares solo deben conocer delitos de función cometidos por militares en servicio activo y que en ninguna circunstancia los civiles pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares.

Chile se encuentra en las antípodas de estos principios.

A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los Estados democráticos de derecho en los cuales los tribunales militares solo conocen aquellos delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses son estrictamente militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atenten contra esos bienes jurídicos, en Chile los poderes de estos tribunales son extensísimos. A ello se agrega el hecho de que la Justicia Militar chilena en tiempos de paz vulnera la imparcialidad e independencia que deben tener los tribunales por su estructura y composición. Porque los integrantes de los tribunales militares son militares en servicio activo que están subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando, porque no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad y no poseen una adecuada formación jurídica. La imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar (característico de los sistemas inquisitivos, escritos y de prueba reglada). Como si fuera poco, el procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.

Estas normas, impropias de un Estado de Derecho democrático, son las que el Estado chileno está aplicando sistemáticamente contra los luchadores mapuches Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.

Notas

1.- Alberto Espinoza Pino. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile. Diplomado Reforma Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado. Especialista en DD.HH. FASIC.

2.- José Galiano H. es Abogado de la Universidad de Chile. Ejerce como abogado desde 1956, combinando el ejercicio libre de su profesión -preferentemente en materias penales – con la docencia en diversas universidades. Fue Presidente de la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas entre 1988 y 2000. Ha publicado ‘Economía de Defensa’ [1958]; ‘Derechos humanos’ [dos tomos, 1996]; Mensaje a los biznietos [2002]; Etica Social, Etica Jurídica [2004].

3.- Nibaldo Mosciatti es uno de los más prominentes periodistas de su generación. Comenzó su trabajo profesional en Radio Chilena, donde realizó un interesante trabajo de reporteo alejado de los canales oficiales de información entregados por la dictadura. En 1985 entra a Revista APSI donde comparte escritorios con Andrés Braithwaite, Francisco Mouat y Milena Vodanovic. Fue parte del equipo fundador del programa televisivo El Mirador de TVN, donde trabajó 5 años, panelista del programa Plaza Italia del desaparecido canal Rock and Pop y columnista del diario electrónico El Mostrador, entre otras actividades. Es director de Radio Bío-Bío.

4.- Sergio Grez Toso, historiador, Profesor de la Universidad de Chile, Director Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, Director del Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS.

5.- Matías Valentín Catrileo Quezada (Victoria, Chile 11 de septiembre de 1985 – 3 de enero de 2008) fue un estudiante universitario mapuche de Chile fallecido mientras participaba en una toma de un fundo agricola el 3 de enero de 2008 en un enfrentamiento con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile que custodiaban el lugar. Su muerte generó el rechazo de organismos de derechos humanos y diversas manifestaciones que se realizaron en varias ciudades de Chile.

6.- Jaime Facundo Mendoza Collio (24 años), era miembro de la Comunidad Requem Pillan de la comuna de Ercilla. El pasado 12 de Agosto participaba de la ocupación pacífica del Fundo San Sebastián cuando recibió un impacto de bala por parte de un efectivo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. El comunero, padre de un niño de 4 años, recibió el disparo de una pistola 9 mm tras resistir la arremetida policial y refugiarse al interior de la comunidad Requén Cabrapan, colindante con el fundo en disputa.

7.- Héctor Javier Llaitul Carrillanca (1969 ó 1970-) es un dirigente mapuche, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, organización mapuche conocida por sus reivindicaciones territoriales, denominadas recuperaciones de tierras en la Araucanía chilena. Llaitul fue acusado de planificar y realizar atentados incendiarios en las regiones en la VIII y IX regiones. Fue procesado y formalizado por la fiscalía de Nueva Imperial sobre la base del testimonio de Roberto Painemil, que habría sido obtenido bajo tortura, y fue absuelto de los cargos en junio de 2008. Estuvo bajo arresto desde el 21 de febrero de 2007.

8.- La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco – Malleco, (CAM), es una organización que reivindica y defiende a la etnia mapuche del Estado chileno. Es conocida por sus luchas contra las forestales madereras que operan en el antiguo territorio mapuche, “recuperaciones de tierras” a fundos que usurparon territorios mapuches y por sus enfrentamientos contra la policia chilena. La misma fue fundada en el año 1998, en Tranaquepe, Chile, y se le considera responsable de una serie de acciones de fuerza en la zona de Tirúa, Contulmo, Cañete y Temucuicui, desde 1996.

9.- La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura.

10.- Es un grupo paramilitar anti-mapuche que opera en el sur de Chile. Su nombre es en honor al capitán Pedro Hernán Trizano Avezzana, organizador del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias cuya misión era vigilar la seguridad en provincias del sur de Chile y el cuidado de las reservas forestales para impedir que éstas fueran destruidas por labradores clandestinos.

Costa Rica siempre ha sido un país en que los asilados políticos y los extranjeros botados de su tierra por el hambre y la miseria han encontrado asilo, en lo que estamos de acuerdo. Pero lo que jamás podremos estar de acuerdo es que con esta cantinela mil veces gastada, zonas enteras del país se hayan convertido en guaridas de delincuentes extranjeros. Limón es propiedad de la mafia colombiana que trafica libremente con drogas y de chinos dueños de hoteles, bananales y casinos que envenenan los ríos y tienen a su servicio al alcalde y vice alcaldesas del cantón central. En la zona sur, los verdaderos dueños  de las localidades son miembros del cartel de Sinaloa, que en complicidad con policías corruptos trafican libremente con droga.

José Aguilar, nunca podrás entender como la Policía Municipal no estaba allí para defenderte, en vez de estar persiguiendo a vendedores de discos y videos pirateados, que son producidos por grandes empresarios colombianos que desde la clandestinidad lucran con el hambre de esta gente.

Tampoco entenderías como empleados de Migración venden cédulas de residencia a hampones de la peor ralea, en complicidad con notarios que inventan matrimonios de conveniencia y que son sorprendidos una y otra vez haciendo lo mismo y sin embargo continúan ejerciendo.

Nunca entenderías como la Municipalidad de San José dejó que un barrio completo, en el que el municipio había construido un mercado con un costo de seiscientos millones de colones se convirtiera en inhabitable y que los costarricenses honestos, dueños de sus residencias desde hace muchos años tengan que huir o encerrarse en sus casas antes de las seis de la tarde por temor a ser asesinados o asaltados. Nunca comprenderías, hombre de bien como el culpable de todo esto, incluyendo el despilfarro de seiscientos millones de colones de los contribuyentes en el Mercado del Paso de la Vaca, haya tenido el cinismo de querer ser candidato a la presidencia.

No es tu culpa tampoco José, que el Presidente de la República haya nombrado Ministra de Seguridad a una mujer totalmente inepta, porque la que si cumplía con esos requisitos no aceptó ese puesto porque podía quemar su imagen como candidata a la Presidencia.

El día después de tu muerte, se unieron estos cuerpos policiales para deshonrar tu memoria, montando un acto circense en el que detuvieron a varios extranjeros indeseables a los que lo más seguro, ya algún remedo de juez dejó libres por tener residencia conocida, aunque esta sea un burdel de mala muerte y porque son casados con un o una costarricense a quien ni siquiera conocen, como varios lo declararon en el momento de la detención.

También, siguiendo la payasada, cerraron varios negocios por  no tener patente. Por qué no los cerraron antes?. Será que los inspectores municipales no pasan por allí o si pasan es simplemente para tender la mano, recibir su mordida y dejar el negocio operando?

No tienes la culpa, aunque lo pagaste con tu vida que los costarricenses elijamos (salvo raras excepciones) a diputadas y diputados cuya labor ha sido ser simplemente  títeres de la Casa Presidencial y que cuando, por casualidad producen una ley, esta debe interrumpirse o derogarse, por ser un monumento a la improvisación y a la estupidez.. No se puede producir leyes en una Asamblea Legislativa de tarados.

Tampoco tienes la culpa José Aguilar de que en Costa Rica existan burócratas de las Naciones Unidas que desde sus oficinas en barrios de millonarios, promuevan programas para atender refugiados, cuando muchos de los que así califican son solamente ladrones, estafadores y vendedores de droga. Recordá José que ellos tienen que justificar sus millonarios salarios en dólares ante ese organismo inservible llamado Naciones Unidas.

Perdoná José, a nosotros los costarricenses porque  bajo el manto del pacifismo, lo que escondemos es la cobardía. Cobardes por no echar a patadas a un funcionario municipal como Rafael Arias que poco tiempo después de tu muerte declaró al Diario la Nación que  en Tierra Dominicana (el lugar en que moriste), se da un fenómeno y es que un grupo de extranjeros quieren controlarla y encargarse ellos de la seguridad, sin embargo esto no se puede permitir. Agregamos nosotros. En qué mundo vivirá este imbécil, que no se ha dado cuenta de que dominicanos y colombianos dominan este territorio desde hace mucho tiempo, mientras la Policía Municipal juega al gato y al ratón, montados en sus cuadraciclos pagados con nuestros impuestos, con vendedores ambulantes, que no son más que instrumentos de poderosos delincuentes que lucran con los derechos de autor, a pesar de que Costa Rica, por medio del TLC con los Estados Unidos se comprometió a protegerlos.

Cobardes por no atrevernos a hacer nosotros mismos lo que las autoridades que juraron por Dios guardar la Constitución no hacen. Recuperar nuestro país de la garras de estas lacras extranjeras y no dejar solos a nuestros compatriotas que viven en  los barrios tomados por el hampa extranjera, o que tienen  que huir de ellos, convirtiéndose en exiliados en su propia patria, eso si sin recibir ayuda de los parásitos de las  Naciones Unidas.

Descansa en paz José Aguilar. Moriste como mueren los verdaderos hombres y mujeres, Ganándote el pan con tu trabajo honrado. Tu muerte pronto será olvidada y los verdaderos culpables de ella, seguirán impunes, hartándose de sueldos robados, provenientes de las ubres del Estado. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones abrió el proceso electoral y la mayoría de los costarricenses, por apatía o comodidad, dejaremos que los mismos ladrones, ineptos y corruptos sigan gobernando. Ya habremos cumplido con el rito sagrado de la Democracia, aunque este no sea más que un cambio de ladrones.

Porque a vos José Aguilar no te mató la bala de un sicario. Te mató este sistema de mierda, que los costarricenses insistimos en llamar democracia.

Pepe Calzada asume el 1 de octubre el Poder Ejecutivo, con un gabinete que ha provocado un sinnúmero de especulaciones, pero que se antoja uno de los mejores Gabinetes en las últimas décadas, que tendrá la encomienda de en pocos días mostrar los contrastes entre un gobierno fallido que deja obras inconclusas y grandes pendientes en el estado; y las mayúsculas expectativas que se tienen del Gobierno que llega.

Asimismo, la nueva conformación del Poder Legislativo trae nuevos equilibrios al interior de la Cámara de Diputados, con el Grupo TUCAN (Todos Unidos Contra Acción Nacional), comandado por Hiram Rubio García, conformado por los 9 diputados priístas (Dalia Garrido incluida, ratificada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), los 3 de neoaliancistas, el perredista, el verde ecologista, y el convergente; que ya en los preparativos de la instalación de la LVI Legislatura han mostrado su fuerza política frente a un PAN dividido que se debate entre la Coordinación designada del garridista Ricardo Anaya Cortés y la guía de facto del armandista Marcos Aguilar Vega.

Por lo que hace al Poder Judicial, Jesús Garduño Salazar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro, decidió dejar el cargo para que éste se renovara en estos días; de este modo los tres poderes del estado entrarán en funciones de manera simultánea.

En este tenor, la renovación del Poder Judicial buscaría que los tres poderes iniciaran con nuevos rostros, ante el paradigma de la alternancia en el más visible de los poderes del estado, el Ejecutivo, en la figura de Pepe Calzada; quien será el artífice de una Nueva Historia para Querétaro.

Así de entre los miembros del Poder Judicial, quien lo representa es el Presidente del Tribunal, de ahí la importancia de quien habrá de ocupar el cargo; pero el cabildeo por quien llegará a esta cartera se han empantanado entre los Magistrados Sergio Herrera Trejo y Salvador García Alcocer, tanto así que la elección que se tenía programada para el 25 de septiembre fue pospuesta para el 29, con el pretexto de la toma de posesión de la LVI Legislatura el día 26.

Las apuestas están entre éstos dos, pero si las negociaciones entre los trece Magistrados no fructifican para sacar avante a Herrera Trejo o a García Alcocer, podría surgir un tercero en discordia que destrabaría la elección y que en todo caso sería Jorge Herrera Solorio, quien se convertiría en el representante del Poder Judicial durante los próximos 3 años.

Sea quien fuere el Presidente del Tribunal de entre estos tres Magistrados, lo cierto es que cualquiera de ellos tendrá una relación distinta de la que pudiera haber tenido Jesús Garduño con los otros dos poderes; y esto abonará a una sana articulación entre los Poderes del Estado.

LA CUADRATURA.

Después de 12 años de gobiernos panistas, de elefantes blancos, de obras faraónicas, de exaltación de la persona; de derroche insultante de dinero en propaganda gubernamental; de un estado policía que coartaba las libertades; y de menospreciar al pueblo que los eligió ¿Querétaro es mejor?

Circulo.Politico@Gmail.com

Un proceso judicial menos. Después de cuatro viajes desde Bagdad, en Irak, y cinco citaciones frustradas, el economista y analista Farid Matuk pudo entregar al Poder Judicial la laptop por la que se le abrió un proceso. Un juicio que el ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática califica como una forma de hostigamiento político y uso indebido del Poder Judicial.

“Tengo cuatro casos judiciales pendientes y yo espero que tal como se ha resuelto este se resuelvan los otros cuatro que me parece que son totalmente artificiales las acusaciones que se me hacen. Lo que he hecho creo que es expresar mis ideas de lo que sucede en el Perú y lo que he tenido de respuesta es hostigamiento judicial. Yo no pienso establecer alguna demanda, es algo que las demandas en el Poder judicial deben ser por aspectos más reales y sustantivos que instrumentalizar el poder judicial por la existencia de conflictos políticos”, manifestó Matuk.

Matuk espera que el Gobierno retire las otras demandas que pesan sobre él y se preocupe más por debatir de manera clara las políticas económicas y sociales que debe tener el país. Ello en beneficio de los más necesitados.

http://enlacenacional.com/2009/09/21/farid-matuk-devuelve-laptop-por-la-que-se-le-proceso-y-denuncia-hostigamiento/