On Nov 25 Salvadoran federal police intelligence reported that no fewer than 40 gang members from several countries in Central America  were  recently trained at a Zetas training camp alongside Laguna  El Tigre  in Guatemala across the border from Tabasco. A dozen were members of Mara Salvatrucha  (MS 13) cliques from  several municipalities in El Salvador–a new wrinkle as most Maras working for the Zetas have been from southern Mexico and Guatemala.

According to these police sources the young gangsters were being skilled in light weapons tactics by former Kaibiles, the notorious Guatemalan special forces counterpart to the Mexican GAFE which produced the original Los Zetas cadre.

This shouldn’t be much of a surprise considering the longterm alliance between rogue Kaibiles and the Zetas, one that dates back to the late 90s when they were being schooled together in advanced special operations skills at Ft Bragg, Ft Huachuca and Ft Benning. See June posting-Blowback from Bragg.

Since being arrested  in July 2006 three mid-level Zetas–”Mateo”, “Rafael” and “Karen”–have been secreted  in the witness protection program of the  Procuraduria General de La Republica (PGR) (the  Mexican Attorney General’s office) .  Over the past three years the three have provided  lengthy insiders’ reports on the Zetas La Compania.. “Comandente Mateo” was a member of Los Tangos, the Gulf cartel security and assassination squad.

En Chiapas se recrudece el hostigamiento gubernamental contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Diego Cadenas –su presidente– denuncia agresiones físicas, amenazas y una campaña mediática de desprestigio, que se inserta en “la lógica de la criminalización social y la estrategia contrainsurgente”. Con la andanada –explica–, los gobiernos de Felipe Calderón y Juan Sabines estarían protegiendo proyectos de “desarrollo” que despojan territorios a los pueblos indios

En detrimento de las comunidades y pueblos indios, los gobiernos federal y de Chiapas imponen proyectos de inversión minera, turística, bioenergética y de construcciones modulares. Tan sólo en 2008, la administración de Juan Sabines Guerrero “consiguió” que la minera Black Fire Exploration, de origen canadiense, invirtiera más de 5 millones de dólares en la entidad.

Además, entre los ocho proyectos mineros no metálicos que en la actualidad promueve la Secretaría de Economía federal se encuentra el del Cerro de la Campana, cuya mina de mármol y caliza afectará al ejido Efraín A Gutiérrez, localizado en el municipio Berriozabal, consta en la página de internet de la dependencia.

Aunque los llamados proyectos de “desarrollo” supuestamente se justifican con la creación de empleos, defensores de derechos humanos advierten que el impulso a la iniciativa privada extranjera también conlleva criminalización, asesinatos, encarcelamientos, hostigamiento, despojo de tierras y saqueo indiscriminado de recursos.

Ése es el caso de Chiapas, cuyo mandatario se describe como “el mejor aliado de la inversión” y que ahora está marcado por ambos temas: la imposición de proyectos y al menos una decena de conflictos sociales relevantes, además del todavía no resuelto levantamiento armado que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En su mayoría, los problemas sociales han sucedido en lo que va de la administración de Sabines Guerrero y se derivan del tema territorial. Por ejemplo, los despojos de tierras que llevan a cabo presuntos paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic); la criminalización de la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul; las resistencias a la actividad minera en ocho municipios y a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.

A ello se suman las incursiones del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General de la República (PGR) en comunidades en resistencia y la criminalización de los defensores de derechos humanos que acompañan las quejas y brindan asesorías jurídicas y sicológicas a los agraviados.

En este último caso, en 2009 se han registrado al menos cuatro tipos de agresiones reiteradas contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba): vigilancia (atribuida por el Frayba al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen); persecución (orquestada por miembros asociados al gobierno estatal); hostigamiento (por parte de la Opddic) y descalificación (por los medios de comunicación locales)

Al igual que el hostigamiento a los pueblos, en meses recientes el acoso gubernamental contra los defensores se ha incrementado. El 7 de agosto pasado, Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila, del Ejército de Dios y vinculado al gobierno estatal, demandó penalmente ante la PGR a Diego Cadenas, presidente del Frayba, a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón y al periodista Hermann Bellinghausen.

Según el propio dicho del demandante, la PGR inició la averiguación previa APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 por los supuestos delitos de “ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y el allanamiento de morada”.

Otro hecho relevante aconteció el pasado 18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca fue emboscado y golpeado por integrantes de la Opddic, organización identificada por el Frayba como de corte paramilitar. El ataque ocurrió cuando el abogado, integrante del centro, concluyó una visita al ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde informó los avances del proceso jurídico que lleva a favor de los presos políticos de San Sebastián Bachajón.

Proyectos de inversión, detrás del acoso

En entrevista con Contralínea, Diego Cadenas identifica que los gobiernos federal y estatal están detrás del acoso, pues ambos pretenden imponer “proyectos de desarrollo” en Chiapas.

Explica que, como los derechos de los pueblos indígenas y en particular la defensa del territorio son ejes estratégicos del Frayba, éste desarrolla un método de defensa social integral que procura que las comunidades y las organizaciones protagonicen, en lo posible, su defensa.

Este método, indica, coincide con la nueva etapa en la consumación de “distintos ‘proyectos de desarrollo’, entre comillas, de empresas trasnacionales que tienen el apoyo, el servilismo del gobierno federal y del gobierno del estado”.

Detalla que hasta con modificaciones legislativas se dan facilidades a las trasnacionales para sustraer los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas. Subraya, además, que en Chiapas estos proyectos son sobre todo mineros y turísticos.

Conflictos mineros

De acuerdo con el Segundo informe de gobierno de Juan Sabines, hecho público en diciembre de 2008, el gobierno chiapaneco no sólo ha “fortalecido” relaciones con empresas españolas –Grupo Arpa, Prointec, Isolux Corsán, Mall y Ecofuel–, sino que éstas invertirán “en los sectores bioenergéticos, construcciones modulares y turísticas (sic)”.

El mismo documento expone: “Como resultado de las relaciones con el gobierno de Canadá, logramos que la empresa Black Fire Exploration México invirtiera en la industria minera más de 5 millones de dólares, generando 250 empleos directos y mil indirectos”.

Parte de esa inversión –garantizada jurídicamente por una de cuatro concesiones que le otorgó la Secretaría de Economía federal para operar proyectos en esa entidad– le permite poseer en Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita en el mundo, con una producción de 360 mil toneladas al año y con ingresos calculados en 45 millones 500 mil dólares anuales, informó la agencia de noticias Efe en agosto de 2008.

Chicomuselo es uno de los ocho municipios chiapanecos con conflictos sociales derivados de la actividad minera. Allí, en la comunidad de Grecia, se han documentado graves afectaciones al medio ambiente, señala Diego Cadenas.

Los problemas, sin embargo, no son sólo ecológicos: desde antes de que se instalara la mina, en 2006, los residentes denunciaron el despojo ilegal de sus tierras. Los otros siete municipios con problemáticas similares son: Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla.

Según estimaciones, la mina a cielo abierto en Chicomuselo tendrá una vida útil de 100 años y, una vez agotado el mineral que ahora explota, Blackfire Exploration extraerá titanio.

“Hay ya permisos de exploración a distintas empresas mineras en el estado, principalmente en el municipio Venustiano Carranza, en donde acompañamos a una comunidad”, denuncia Cadenas.

Información de la Secretaría de Economía federal indica que en Chiapas existen nueve proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero, cuatro de ellos concesionados a Black Fire Exploration, Ltd: La Cristiana (exploración), Siete Mulas y La Mulita (exploración), Pijijiapan (exploración) y La Revancha (producción).

Otras cuatro concesiones de exploración están en manos de la también canadiense Linear Gold Corp: Los Olivos, Motozintla, Niquivel e Ixhuatan; mientras que el noveno proyecto ­­–llamado Amatista, La Fruta y El Mole y reportado como suspendido– fue concesionado a Radius Gold, Inc, empresa también proveniente de Canadá.

Criminalización de la protesta

A la par de los incentivos a las inversiones empresariales, el Estado mexicano endurece las leyes, sobre todo penales, para sancionar cualquier oposición a los proyectos, critica Diego Cadenas.

Indica que la criminalización de la protesta social no sólo afecta a esa entidad. “Hoy en Chiapas existe, por ejemplo, la figura de instigación a la violencia, destinada a la gente que está en movimientos sociales; pero también la Constitución (mexicana) se ha reformado con la justificación de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, y se le han dado más facultades al Ministerio Público para arraigar, en perjuicio de los derechos y las garantías de los ciudadanos”.

Señala que éste es justo el contexto en el que trabaja el Frayba: “En donde se han agudizado las controversias, hay una acción más agresiva del Estado para realizar estos proyectos de desarrollo y también hay más claridad, mayor organización y mayor articulación en las comunidades indígenas para defender su territorio”.

El abogado –quien, junto con el obispo Samuel Ruiz, fue seguido, fotografiado y videograbado por personal del Cisen en mayo y junio pasados– dice que esta situación seguramente ha llevado al Estado a “ubicar” quiénes son los actores que representan un “obstáculo para saquear los recursos de los pueblos, y es muy probable que esté ubicando al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas como un actor en esa lógica”.

Por ello, reflexiona, se está instrumentando una “campaña de hostilidad en nuestra contra en los medios de comunicación, que evidentemente están sometidos al poder del gobernador: el gobierno ha invertido mucho dinero en convenios mercantiles con los medios, que utiliza para promover el turismo y, al mismo tiempo, su versión tendenciosa de lo que está ocurriendo en los ámbitos político y social del estado. Entonces, por un lado, promueve el turismo y, por otro, criminaliza y pone fotos de gente que está en el movimiento y los presenta como delincuentes”.

Territorio en disputa

Además de la actividad minera, Diego Cadenas identifica a la autopista San Cristóbal-Palenque como uno de los proyectos prioritarios para los gobiernos federal y estatal, así como un atractivo negocio para las empresas españolas.

“Aquí hay intereses económicos muy importantes, porque esa autopista supone que potenciará el desarrollo ecoturístico de la región, pues conectará con la Riviera Maya: comienza aquí en Chiapas y acaba en la Península de Yucatán.”

Explica que quienes han mostrado mayor oposición a ese proyecto son los ejidatarios tzotziles de la comunidad de Mitzitón y los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón. Estos últimos también luchan por usufructuar los recursos de las cascadas de Agua Azul, que se encuentran en su territorio y que han sido explotadas por la Secretaría de Turismo estatal.

En el caso de Bachajón, Diego Cadenas recuerda que tras intentar ejercer su derecho a administrar sus recursos naturales, el 13 de abril fueron encarcelados ocho ejidatarios, de los cuales dos aún continúan en el penal de El Amate, “como presos políticos”.

La constante en la administración del gobernador Juan Sabines es “un doble discurso: por un lado, dice que él está a favor de los derechos humanos; por otro lado, manda reprimir de distintas formas a los movimientos que se oponen al saqueo de sus recursos que se encuentran en sus territorios”.

Medidas cautelares

Ante los embates gubernamentales, Diego Cadenas explica: “Estamos recurriendo a las instancias internacionales de derechos humanos para solicitar su intervención para que cese esta hostilidad en nuestra contra y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Ya se ha informado lo que está pasando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando su intervención para que le pida al Estado mexicano, a los órganos de seguridad, las medidas cautelares a nuestro favor y sobre todo de los ejidatarios de Bachajón, que se encuentran sitiados por la Policía Estatal Preventiva con la amenaza de desalojarlos de la caseta que les corresponde por derecho administrar en Agua Azul”.

El presidente del Frayba dice que, además de esta solicitud, los integrantes del centro han tomado medidas de seguridad, puesto que no pueden cejar en su lucha por el respeto pleno de los derechos humanos en Chiapas.

“Siempre hay un riesgo, como ya lo vimos con el caso de Ricardo Lagunes, nuestro compañero que fue agredido recientemente en una carretera por integrantes de la Opddic.”

Para la elaboración de este trabajo se solicitó la opinión del gobierno de Juan Sabines a través del jefe de prensa Guillermo Enríquez. Hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.

Paramilitares y contrainsurgencia

“La estrategia de contrainsurgencia está destinada no únicamente contra los zapatistas, aunque inicialmente eso se pensaba por los patrones derivados de la documentación que hemos hecho en campo. Ahora notamos que realmente la estrategia es parte de la aplicación de una política más amplia: de la política económica”, explica Diego Cadenas, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Reflexiona que dicha política económica –con un concepto de desarrollo excluyente hacia los pueblos indígenas y de despojo de los recursos– se acompaña de mecanismos represivos para asegurar su propia realización y también para garantizar los negocios de los inversionistas.

En ese contexto, asegura, el gobierno está ubicando cuáles son las organizaciones que pueden ser sus aliadas en un momento dado para enfrentar a quienes se opusieran a este modelo de desarrollo.

“Ésta es la lógica de los grupos de corte paramilitar. Y aunque en este momento el rol es ciertamente de confrontación no armada, sí es definitivo que mantienen una subordinación a las fuerzas regulares, sobre todo a la Policía Estatal Preventiva.”

Diego Cadenas asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares. Indica que esa presencia busca dar una “perspectiva militar” de cómo atender los distintos conflictos y asuntos que hay en la región.

“Los temas del narcotráfico y del tráfico de personas están resultando en una justificación. Sin duda (ambas problemáticas) existen, pero también son muy oportunas para aplicar arraigos, hacer detenciones sin órdenes de aprehensión y criminalizar los movimientos sociales, la protesta social.”

Diego Cadenas refiere como ejemplo la detención injustificada del líder histórico de la Organización Campesina Emiliano Zapata, José Manuel Hernández Martínez, ocurrida el pasado 1 de octubre.

A don Chema, explica, las autoridades “no quieren acusarlo abiertamente de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por eso le imputan otro tipo de delitos. Pero, en el fondo, hay también una justificación de combatir los grupos guerrilleros, particularmente el EPR, que también se está convirtiendo en Chiapas en una justificación para hostilizar a las comunidades”.

Cadenas reflexiona que la lucha contra el narcotráfico también ha servido para armar operativos militares en comunidades como San Jerónimo Tulijá; Galeana, muy cerca de La Garrucha; 28 de Junio, que es la comunidad de don Chema; y Río Florido, entre otras. “La justificación fue la lucha contra el narcotráfico, pero lo que realmente estaba haciendo el Ejército era hostilizar las comunidades, para señalar a los disidentes del sistema”.

Diego Cadenas observa que la sociedad civil debe tener un papel más activo en la defensa de los derechos humanos, pues es a través del activismo como se pueden superar los climas de violencia gubernamental.

“Es importante que tengamos claro que el Estado mexicano tiene un proyecto que va más allá de sus propios intereses, un proyecto global que va a beneficiar a unas cuantas personas, a unos grupos de poder económico y que si nosotros no hacemos nada como sociedad civil después vamos a lamentarlo todos.”

El defensor de los derechos humanos destaca la preocupación en el Frayba respecto de la hostilidad que padecen las comunidades: “Es donde vemos mayor vulnerabilidad”. Por ello, solicita que “toda la gente tenga acceso a esta información y haga algo en sus posibilidades; es importante que no nos quedemos con los brazos cruzados, que cuando menos enviemos una carta o que estemos cada vez más enterados de esta realidad”.

El presidente del Frayba advierte que en Chiapas se percibe un incremento, “a un futuro muy cercano”, de la hostilidad gubernamental. “Van a estar en riesgo muchas personas y en su mayoría indígenas, que están intentando romper el cerco de marginación que el Estado mexicano les ha impuesto, y reclamar sus derechos humanos”.

Al respecto, señala, son derechos a los que el Estado mexicano está comprometido por los tratados internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos y “que simplemente no cumple”. “Ni la Constitución ni los derechos internacionales son practicados por nuestros gobiernos, más bien son letra muerta”. (NF)

2009, denuncias de agresiones omitidas

Algunos proyectos de inversión vigentes en Chiapas

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/15/gobierno-hostiga-a-defensores-de-derechos-humanos/

Por Jacinto Rodríguez Munguía

Al anuncio de Vicente Fox de la creación de la fiscalía para investigar las torturas, asesinatos y desapariciones cometidas en México durante los años de la Guerra Sucia, hubo ciudadanos que mostraron su escepticismo. Otra parte celebró su creación. Era un paso enorme en el esclarecimiento de los hechos que marcaron los años sesenta y setenta.

Exactamente a cinco años de su creación, el titular de la Fiscalía, Ignacio Carrillo Prieto, ha presentado en días pasados, en extremo sigilo, sin anuncios oficiales relevantes, un informe rasurado, un informe que excluye las principales conclusiones elaboradas durante varios años por un grupo de investigadores y especialistas contratados por la Fiscalía con ese propósito.

Del informe original elaborado por el equipo de investigadores de la Fiscalía, muchas cosas quedaron fuera.

Entregado el 18 de noviembre a la Procuraduría General de la República, el informe no incluye recomendaciones, hechos históricos, información y datos fundamentales para entender las tareas de contrainteligencia de los diversos cuerpos policiacos del Estado mexicano, así como la responsabilidad de los mismos y del ejército en los cientos de desapariciones, abusos, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidos en esos años.

“El informe fue mutilado en contenido y extensión”, dicen en un comunicado cinco de los investigadores que elaboraron el Informe Histórico sobre la Guerra Sucia. “Se alteró la terminología empleada, bajo el supuesto de no corresponder a las leyes vigentes en nuestro país… el haber alterado el contenido del informe original bajo criterios jurídicos, mutiló el contenido y la investigación.

“El informe oculta también recomendaciones, hechos históricos, información y datos fundamentales para desvirtuar la realidad vivida en los años de la Guerra Sucia desatada por el Estado mexicano, el cual basó su actuar en la doctrina de seguridad nacional y la contrainsurgencia, tratando de lavarle las manos a las fuerzas militares, en particular al Ejército Mexicano, institución responsable de cientos de desaparecidos, centenares de presos y de muertos (ejecutados extrajudicialmente o asesinados).

Entre las sombras, con extrema discreción y por la puerta de atrás, el viernes 18 de noviembre la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y del Pasado (Femospp) presentó su versión histórica del pasado, muy distante a la que entregó el equipo de investigadores en diciembre de 2005.

Entre las conclusiones implícitas del informe oficial, destaca una: no hay responsables de los asesinatos, torturas, abusos y por lo menos 500 desaparecidos. Termina siendo lo que originalmente quería el fiscal Ignacio Carrillo Prieto: un libro blanco en muchos sentidos.

Dicen los autores del informe histórico: “Se pretende minimizar el tema de los desaparecidos, las cifras presentadas son cercanas a las aportadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como si no se hubiera realizado ningún avance sobre este tema. Decir que sólo hay menos de quinientas desapariciones probadas y 1,650 casos documentados de tortura, es como volver a ultrajar y asesinar a las víctimas.

“En el informe que elaboramos se estableció una lista de 643 casos debidamente acreditados y 145 con presunción y una decena de casos más que no añadieron por necesitar mayores recursos y tiempo de investigación para acreditarlos”, refutan los autores del informe histórico Alberto Guillermo López Limón, Agustín Evangelista Muñoz, Carlos Augusto Rentería Martínez, Florencia Ruiz Mendoza y José Luis Moreno Borbolla.

Pero no es lo único que separa a uno y otro documento. Una comparación general entre el texto realizado por los investigadores y el que difundió la Femospp a través de internet, arroja de inmediato vacíos y diferencias fundamentales.

El título. El informe que el grupo de investigadores entregaron se llamaba Que no vuelva a suceder. El oficial y final: Informe histórico a la sociedad mexicana 2006.

La imagen original, la de una niña saliendo de una ventana (hija de un desaparecido) fue sustituida por un fondo blanco (la ideal que siempre tuvo el fiscal del libro blanco) y en el extremo izquierdo, una franja tricolor.

El informe entregado por los investigadores responsabilizaba con toda precisión histórica a los ex presidentes de la República, particularmente a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. A los ex secretarios de la Defensa Nacional: Marcelino García Barragán y Hermenegildo Cuenca, a ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad como Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios, de las masacres del 2 de octubre de 1968, el Halconazo y la Guerra Sucia aplicada contra la guerrilla rural y urbana.

El informe final y oficial evade la referencia directa a los ex funcionarios, los enuncia pero sin señalar el nivel de responsabilidad que tuvieron desde quienes dieron las órdenes y quienes las ejecutaron.

Dicho de otro modo. El informe oficial reconoce las masacres, pero como si estas fueran resultados de la casualidad y no de hombres de carne y hueso.

El informe que entregaron los investigadores al fiscal contiene un apartado clave: Las conclusiones. Y no es menor, porque una de éstas sugería que, en nombre del Estado, el presidente Vicente Fox tendría que haber pedido perdón y comprometerse a redoblar esfuerzos para evitar la impunidad y establecer condiciones que permitan conocer el destino de los desaparecidos. Ésto, como una condición básica para dar paso a una corrección más amplia de los daños que legaron las masacres del 68, del 10 de junio del 1971 y la Guerra Sucia.

Pero ya en el informe oficial ni siquiera aparece el capítulo. Menos aún la responsabilidad del Estado mexicano, menos, mucho menos, la idea de que el presidente debía pedir perdón.

En las primeras páginas del informe no oficial se señala, con toda claridad, que el Estado mexicano, desde los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a sectores de la población que se organizaron para exigir participación democrática en las decisiones que le afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo, al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión.

“El combate que el Estado emprendió contra esos grupos nacionales –que se organizaron en los movimientos estudiantiles y en la insurgencia popular– se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en matanzas, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio –al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo”.

En el oficial, esta tesis queda fuera. A lo más y de manera muy cuidadosa, se señala al Estado como responsable de haber desvirtuado el papel de instituciones como el ejército, como si éste fuera ajeno al concepto de Estado… “Finalmente, el modo de ejercer el poder determina la presunta responsabilidad del Estado, en hechos presuntamente delictivos, llegando a compararlos como clasificados de lesa humanidad, y que son el objeto central del trabajo…”

Dice en otra parte el informe oficial. “Se analizan los mecanismos que el régimen utilizó para corromper a las instituciones del Estado. El papel del Plan DN-II; la adopción de la doctrina de Seguridad Nacional y estrategia de atención al grupo trasgresor por parte del ejército; la utilización de la policía en las acciones de contrainsurgencia (página 18, capítulo 1)

En síntesis, el documento cuida en todo momento poner al régimen político como el responsable de haber “utilizado” y “pervertido” a las instituciones del Estado. Es decir, el régimen, ni siquiera funcionarios públicos (presidentes ni secretarios) tuvieron responsabilidad, sino un régimen en abstracto.

El informe oficial se presenta como documento inédito, desconociendo la versión previa que dio a conocer el 27 de febrero y el 6 de marzo emeequis en México; la investigadora Kate Doyle a través de The National Security Archive y el diario The New York Times. Se asume como única y final, la que se dio a conocer en la página de la PGR el sábado 18 de noviembre y, de paso, descalifica el trabajo que durante años vinieron realizando unos 20 investigadores a quienes, por cierto, la Femospp les adeuda salarios y liquidaciones.

El método que utilizó la Femospp para dar a conocer su informe es por sí mismo una estrategia para el olvido. Ocurre en un contexto donde no hay impacto ni efecto mediático. El hecho mismo de que se presentara públicamente tendría implicaciones simbólicas a las que ni el gobierno de Vicente Fox ni la fiscalía quisieron apostar.

Una cosa es que se publique en una página de internet, y otra que el Estado mexicano, en este caso representado por el todavía presidente Vicente Fox, asuma que hubo una época en que las instituciones del Estado se equivocaron. Una cosa es que haya un documento oficial, y otra muy diferente, que oficialmente se acepten los contenidos.

El informe… ¿final?

No, definitivamente la versión que presentó la Femospp el pasado sábado 18 podría considerarse como el informe o documento final de la historia de la Guerra Sucia. Incluso los argumentos que en su momento dio la PGR terminan enredando más las cosas.

En mayo de este 2005 se solicitó, vía la Ley de Acceso a la Información, copia del informe que para entonces el fiscal Ignacio Carrillo Prieto aseguraba haber entregado el 15 de abril de este mismo año al presidente Vicente Fox.

En respuesta, Pedro Peñaloza, titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la PGR, negaba la entrega del documento con una serie de argumentos que, en el contexto actual, ponen en duda la ruta del informe y, más aun, el que se dio a conocer hace unos días como informe final.

Decía la respuesta: “Como se hizo público en los medios, en conferencia de prensa, realizada el 01 de marzo de 2006, brindada por el procurador General de la República y el titular de la fiscalía, la versión reseñada en la revista indicada no es un documento definitivo, sino un borrador indebidamente filtrado a ese medio impreso nacional (emeequis), así como al New York Times y a la organización no gubernamental The National Security Archive, que no ha sido avalada en forma alguna como definitiva”.

Sigue la respuesta. “Hasta que no lo analice (el informe) un grupo de especialistas, el gobierno no dará a conocer su contenido… por lo tanto la versión actualmente en poder del presidente de la República, entregada por esta fiscalía, no es en forma alguna definitivo, sino parte de un proceso deliberativo entre servidores públicos, sujeto a revisión por especialistas antes de que sea asumido como documento final, este sí con el carácter de definitivo y oficial…”

Entonces, y de acuerdo con la misma argumentación que dio la PGR, en qué nivel estaría la versión que se dio a conocer el viernes 18 de noviembre. ¿Es, efectivamente, la que revisaron los expertos de los que habla la respuesta?

Al final no queda claro qué nivel de credibilidad y qué tanto se deberá considerar como oficial y final, cuando un día después (19 de noviembre) el mismo procurador se encargó de precisar que él no avalaba el trabajo del fiscal, ni tampoco la labor de la fiscalía, en tanto el trabajo no pasara por alguna instancia de revisión.

Para quien sí llegó el final es para la Femospp y su titular, Ignacio Carrillo Prieto. Creada por decreto presidencial exactamente hace cinco años (27 de noviembre de 2001) y presentada en sociedad con pocas expectativas, pero todos los reflectores mediáticos encima, sale huyendo, en silencio y por la puerta trasera de la historia.

Publicado en el No. 43 de Emeequis (27 de noviembre de 2006)

Courtesy AP

The grisly discovery of a woman’s body and her separated head  on a roadside in Ciudad Juarez last Tuesday brought renewed attention to women in the narcoguerra– as victims or players or both.

In the case of the decapitated woman in Juarez–a first in the drug war according to police and  researchers–she was first identified as a former police officer, now working as a human rights advocate. She also had Santa Muerte tattoos on her lower back but that in itself  doesn’t mean she was a  gangster–despite the hype that  Saint Death is the narcos’ patron saint. See report at  El Heraldo de Chihuahua.

For more context on this and the nightmares of violence women face in  Juarez on a daily basis–read this excellent piece from Diane Washington Valdez in the El Paso Times

Those who’ve been visiting here for awhile  may recall reading about  the Zetas women’s division last June–  Zetas: Everywhere on Everything.

This morning the BBC Mundo’s Alberto Najar follows with a little feature on women in the narcoguerra-Las Sicarias Mexicanas. . .

Zeta Factor

Las mujeres sufren la crisis económica tanto como los hombres, y para sentirse integradas se incluyen en los ámbitos de violencia

(Women suffer economic crisis just as much as men, and for that reason are  drawn into a world of violence.}

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), unas 7.700 mujeres están encarceladas por delitos relacionados con drogas.

(According to the National Institute of Statistics, Geography and Informatics (INEGI), approximately 7,700 women are incarcerated for drug offenses.)

La mayoría de los casos fueron “por cuestiones sentimentales”, ha dicho la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío Gaytán, porque las detenidas pretendieron introducir droga a reclusorios de varones, para sus hijos o parejas.

(Most cases were “for emotional issues,” said the president of the National Women’s Institute, Rocio Gaytan, because the prisoners sought to introduce drugs into prisons for men, their children or partners.)

Hay otras que tuvieron un papel más activo, como ancianas que vendían droga a pequeña escala, y algunas más que participaron directamente en la línea de fuego.

(Still others took a more active role, as old women selling drugs on a small scale, and some more directly involved in the firing line.)

Es el caso de Margarita García, La Margot, acusada por la Procuraduría General de la República (fiscalía mexicana) de custodiar cargamentos de droga de la banda criminal de Los Zetas, y que en algunas ocasiones participó en conflictos armados contra grupos rivales.

(There is the case of Margarita Garcia, La Margot, accused by the Attorney General’s Office (PGR) to guard drug shipments for the criminal gang Los Zetas, and sometimes participated in armed conflict with rival groups.)

De acuerdo con la fiscalía, Los Zetas han entrenado a varias mujeres como sicarias y guardaespaldas.

(According to prosecutors, Los Zetas have trained several women as assassins and bodyguards.)

Mujeres destacadas

Prominent women

La Reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán, fue detenida en México en 2007.

(The Pacific Queen, Sandra Avila Beltran ,arrested in Mexico in 2007.)

La Reina del Pacífico. The Queen of the Pacific. La Pantera. La Pantera. La Canti. The Canti. La Ma Baker… The Ma Baker …

Sobrenombres de algunas mujeres que han tenido posiciones destacadas en el narcotráfico mexicano.

(Nicknames of some women who have had prominent positions in the Mexican drug trade.)

Las tres primeras fueron señaladas por las autoridades de lavar dinero para grupos de narcotraficantes.

(The first three were charged by the authorities with money laundering  for drug groups.)

Pero la Ma Baker creó el llamado Cartel de Neza, asentado en el oriente de la capital mexicana y que en su momento de esplendor vendía 10.000 dosis de cocaína a la semana, según la fiscalía.

( Ma Baker created the so-called Neza Cartel, based in eastern Mexico City and in its heyday sold 10,000 doses of cocaine a week, prosecutors said.)

Y no es la única líder de un grupo del narco.

(She is not the only leader of a narco group.)

Enedina Arellano Félix asumió el control del Cartel de Tijuana después que su hermano Benjamín, líder del grupo, fue detenido.

(Enedina Arellano Felix took over the Tijuana cartel after the arrest of  her brother Benjamin, the group’s leader.)

Enedina dejó el puesto a un sobrino, pero según la fiscalía, mantiene su posición de consejera cercana del nuevo líder.

(Enedina later  gave way to her nephew, but according to the prosecution, she maintains a close position as counselor to the new leader)

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C”, sobre la detención del Sr. José Manuel Hernández Martínez, integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) – Región Carranza y destacado líder social de su comunidad, la cual tuvo lugar en la comunidad “28 de Junio” del municipio de Venustiano Carranza en el Estado de Chiapas.

Según la información recibida, en la mañana del 30 de septiembre de 2009, miembros de un operativo conjunto de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) ingresaron en la comunidad “28 de Junio” del mencionado municipio, en una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ataviados con uniformes de la misma, y procedieron a detener al Sr. José Manuel Hernández Martínez, también conocido como “Don Chema”.

Según las informaciones, los miembros del operativo no se identificaron en el momento de la detención. Además, el Sr. Hernández Martínez ha denunciado que durante su interrogatorio en las instalaciones de la PGJE se le preguntó insistentemente: si pertenecía al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y, si tenía alguna relación con Monseñor Samuel Ruiz García y Diego Cadenas, respectivamente Presidente y Director del Centro FRAYBA, con el párroco de Venustiano Carranza o con la Sra. Yolanda Castro Apreza, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

El Sr. José Manuel Hernández Martínez fue acusado por la Procuraduria General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) de asociación delictuosa, despojo agravado y daños, por hechos presuntamente cometidos en 2003 en Venustiano Carranza; además de atentados contra los símbolos de la patria y conspiración, entre otros delitos. El Sr. José Manuel Hernández Martínezpermanece detenido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14 El Amate), en el municipio de Cintalapa, Chiapas.

Contexto y Antecedentes de la situación:

Según las informaciones, en julio de 2009 el Obispo Samuel Ruiz García y el Sr. Diego Cadenas Gordillo, del Centro FRAYBA, preguntaron personalmente al Sr. Juan Sabines Guerrero, Gobernador de Chiapas, y al Sr. Nemesio Ponce, Subsecretario General de Gobierno, si el PGJE investigaba a diversos activistas sociales y defensores de los derechos humanos por su presunta vinculación al EPR y al EZLN. En aquel momento, el Gobernador del Estado de Chiapas negó que hubiera orden alguna de investigar a los defensores de derechos humanos. El Centro FRAYBA pidió una confirmación escrita de esta respuesta del Gobernador, la cual nunca recibió. De hecho, las informaciones recibidas añaden que la detención del Sr. José Manuel Hernández Martínez demuestra que el PGJE sí habría iniciado investigaciones en contra de los defensores de derechos humanos en la zona, vinculándolos con grupos sociales, considerados insurgentes.

Por otra parte, anteriormente, el 26 de septiembre de 2009, en horas de la noche, el Centro de Formación y Capacitación para Mujeres de la Asociación Civil K’inal Antasetik, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, fue rociado con gasolina y seguidamente, incendiado. Algunas de las jóvenes que residen en el centro consiguieron apagar el incendio. Según las informaciones, un hombre vestido de negro y con pasamontañas fue visto en las instalaciones momentos antes de iniciarse el fuego.

Además, durante los meses anteriores a los hechos aquí descritos, el Frente Nacional FNLS denunció públicamente que la Sra. Yolanda Castro Apreza, cofundadora de la Asociación K’inal Antsetik, y el Sr. Daniel Alfonso Luna Alcántara, ambos integrantes del FNLS, sufrieron reiterados hostigamientos por medio de vigilancia policial; también se denunció el robo de una memoria externa USB del domicilio de la Sra. Yolanda Castro.

Según las denuncias, la detención arbitraria del Sr. José Manuel Hernández Martínez por parte de la PGR y la PGJE, y el ataque contra las instalaciones del colectivo K’inal Antsetik serían una prueba de la estrategia de contra insurgencia del gobierno hacia las organizaciones campesinas, la población civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos en Chiapas, acusados por el gobierno de estar vinculados a los movimientos sociales que éste considera insurgentes.

El Observatorio señala que ya se han presentado anteriormente actos de hostigamiento contra movimientos sociales y contra los defensores de los derechos humanos en Chiapas, así como contra integrantes del Centro FRAYBA, en particular contra su Presidente, el Obispo Don Samuel Ruiz García, y su Director, el Sr. Diego Cadenas Gordillo, así como el ataque y agresión física contra el Sr.Ricardo Lagunes Gasca, abogado del mencionado Centro.

El Observatorio manifiesta su rotundo rechazo de la detención del Sr. José Manuel Hernández Martínez, así como del tipo de interrogatorio al que fue sometido, y teme que estos actos estén motivados por sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos como miembro de la OCEZ – Región de Carranza. A este respecto, el Observatorio señala su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de todos los miembros de grupos de defensa de los derechos humanos, quienes se encuentran en riesgo, así como por la obstrucción de la importante labor que desempeñan en varias comunidades del Estado de Chiapas.

Acción solicitada:

Por favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:

i. Tomar las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. José Manuel Hernández Martínez, de la Sra. Yolanda Castro Apreza y del Sr. Daniel Alfonso Luna Alcántara, y de sus familiares, así como de los demás miembros de sus respectivas organizaciones: la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza, la AsociaciónK’inal Antsetik y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y en general, de todos los defensores de derechos humanos en Chiapas;

ii. Ordenar la liberación inmediata del Sr. José Manuel Hernández Martínez, teniendo en cuenta que su detención es arbitraria en la medida en que éstapretende sancionar sus actividades de defensa de los derechos humanos;

iii. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iv. Poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos en México, y en este caso particular en el Estado de Chiapas;

v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) y a “garantizar la protección [...] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración” (Art. 12.2);

vi. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos ratificados por México.

Direcciones

• Licenciado Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Palacio de Justicia, Libramiento Norte Oriente No.2100 Fraccionamiento El Bosque, C.P. 20047 Tuxtla Gutiérrez, ChiapasTel-Fax: + 52 (961) 617 87 00; + 52 (961) 616 53 50 E-mail:administrator@mail.scjn.gob.mx
• Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia de Chiapas, Libramiento Norte Y Rosa Del Oriente, No. 2010, Col. El Bosque, C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: + 52 (961) 617 23 00. Teléfono: + 52 (961) 616 53 74 ; + 52 (961) 616 53 76 ; + 52 (961) 616 57 24, + 52 (961) 616 34 50 E-mail: raciel.lopez@pgje.chiapas.gob.mx

· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: + 52 5527891100 FAX: + 52 5552772376; + 52 5527891113 E-mail:felipe.calderon@presidencia.gob.mx

• Licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 55 5093 3414 E-mail:secretario@segob.gob.mx
• Licenciado Mauricio E. Montes de Oca Durán, Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail: mmontesdeoca@segob.gob.mx

¿A quién le interesa provocar al EZLN?
Jaime Martínez Veloz

Viernes 18 de septiembre. 15.45 horas del Pacífico. Suena el teléfono de la casa.

–¿Quién habla?

–Soy tu sobrino, el que vive en el otro lado. Ya te tengo los tambos de efedrina, los kilos de cocaína y los cuernos de chivo para Marcos.

Frunzo el ceño: Y este güey, ¿quién es?, me pregunto.

El bandido vuelve a repetir para que quede grabado con todas sus letras.

–Tengo los tambos de efedrina, los kilos de cocaína y los cuernos de chivo para Marcos, te los voy a llevar a tu dirección– y la dice de corrido y cuelga. Era evidente que leía un “guión” previamente preparado.

No hay duda: no es equivocación ni broma de mal gusto, no buscaba dejar el mensaje en otro lado, la dirección es la mía, no hay vuelta de hoja. De un momento a otro te ves de nuevo en medio de una provocación burda y asquerosa.

El coraje y la indignación no me nublan la mente. Escribo tres cartas con un viejo amigo mío de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa): una para el gobernador de Chiapas, otra para el de Baja California, y otra para Los Pinos. Preciso los detalles: hora, lugar y teléfono con la esperanza de que se investigue. Mando copia de esta carta a mis familiares por cualquier cosa que pueda suceder.

Luis Felipe Bravo Mena, secretario del Ejecutivo y miembro de la Cocopa original, me manda decir qué dependencia llevará a cabo la investigación. Conoce a fondo el tema zapatista y enfrentó junto con todos los integrantes de la Cocopa el burdo montaje de Ernesto Zedillo contra la comandancia zapatista el 9 de febrero de 1995.

Reviso con detenimiento cada palabra, la actitud del cobarde personero que llamó; reviso antecedentes en Internet sobre extorsiones y amenazas telefónicas, pero, salvo el dato del “sobrino del otro lado”, no encuentro similitudes.

Los grupos del crimen organizado en Tijuana no avisan, arrasan; no se ha sabido que recurran a esta clase de llamadas. Su “negocio” no es la política, no todavía.

En la llamada no hubo reclamo económico ni amenaza, pero sí la intención de que quede claro la vinculación efedrina-cocaína-cuernos de chivo- Marcos. Lo repite como si fuera una gracia y no un delito. Es obvio que la información que dieron al prostituido para hablar anda como a 20 cuadras del desfile. A Marcos no lo veo desde 2006, cuando andaba por Ensenada en la otra campaña. Como dirían los viejos merolicos: “¡Ay, hijito de mi vida, en lo pendejo te pareces a tu padre!”

Tengo 15 años atendiendo las tareas de pacificación en Chiapas, he sido miembro de la Cocopa en cuatro ocasiones y realizo mis tareas con discreción y lealtad. Aún tengo en la memoria la justificación de Zedillo el día que giró las órdenes de aprehensión contra la dirigencia zapatista el 9 de febrero: “El día de ayer la Procuraduría General de la República descubrió dos resguardos clandestinos del EZLN, en la ciudad de México y en el estado de Veracruz. En ellos se logró detener a un grupo de personas pertenecientes al propio EZLN, en posesión de un arsenal de armas de alto poder, granadas de mano, cabezas de mortero y explosivos. Las averiguaciones iniciadas indican que el EZLN estaba a punto de emprender nuevos actos de violencia… Estos hechos y la evidencia descubierta permiten establecer que lejos de prepararse para el diálogo y la negociación, la estrategia del EZLN era ganar tiempo para pertrecharse y extenderse a fin de realizar más actos de violencia”…

La historia ha sepultado todas estas mentiras. No ha sido el EZLN el que ha disparado un solo tiro ni el que ha realizado actos de violencia; al contrario, los zapatistas han sido víctimas de la violencia paramilitar y en el incumplimiento de lo pactado. Pretender vincular al EZLN con el narco es una canallada.

Por ser en Baja California donde se produjo este hecho, no descarto la intromisión de alguna trasnacional afectada por mis opiniones. Llegan a mis manos notas, facturas, cheques e informes de acciones de Sempra Energy que vulneran la soberanía nacional. No tienen recato: desde California se contratan servicios de espionaje a instituciones y ciudadanos mexicanos. Tengo pruebas que he hecho llegar a manos de legisladores amigos. Sería gravísimo que una empresa de esa envergadura se viera involucrada en una acción de provocación antizapatista. No puedo afirmar que fue ella, mas no lo descarto. Lo que sí puedo decir es que hago responsable a Sempra Energy, a sus lacayos y empleados Eugenio Elorduy y Bernardo Martínez de cualquier cosa que le suceda a mi familia.

En tanto tenga vida y salud seguiré luchando por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y por evitar que las trasnacionales sigan convirtiendo a Baja California en el cuarto de máquinas de Estados Unidos. Es responsabilidad del Estado averiguar e investigar este hecho y dar una explicación convincente. Mientras tanto, nadie debe bajar la guardia.
http://www.jornada.unam.mx/2009/09/25/index.php?section=opinion&article=023a2pol

  PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Importante leerlo por favor y pasar aviso a Maestros
U R G E N T E-

Si UD. Tiene niños de edad escolar, o sabe de alguien que los tenga, por favor ponga atención a la siguiente información: En forma de calcomanías llamadas* ‘Estrella Azul’,* ‘Pirámide Roja’* ‘Ventana de Cristal’ Está siendo vendida o regalada a los niños en la escuela, es un pequeño pedazo de papel que contiene estrellas azules o puntos de colores, del tamaño de un borrador de lápiz, cada estrella está impregnada con LSD (ES LA DROGA DE MODA). La droga puede ser absorbida a través de la piel con un simple manejo de papel. También hay papeles semejantes a timbre postal ilustrado con colores muy brillantes que tiene lo iguiente:* Bart Simpson* Superman* Mariposas* Payasos* Mickey Mouse y otros personajes Semejantes de Walt Dsney.

CAda uno esta empacado en papel celofán. POR FAVOR ADVIERTA DE ESTO A SUS VECINOS, AMIGOS Y FAMILIARES Y SOBRE TODO A SUS PROPIOS NIÑOS. Si sucediera que sus niños tuvieran contacto con alguna de estas drogas, sus síntomas serian:* ALUCINACIONES,* CAMBIOS DE CARACTER,* VOMITO SEVERO,* RISA INCONTROLABLE,* PODRÍAN CAUSARLES LA PERDIDA DE MEMORIA POR UN LAPSO O POR TIEMPO INDEFINIDO .

POR FAVOR reproduzca este artículo y distribúyalo en su comunidad y lugar de trabajo.. Logremos que la comunidad este fuera de peligro para nuestros niños.

PÁSENLO POR FAVOR, aunque no tengan hijos seguramente tienen sobrinos.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Wilton Guerrero tiene razón.

El procurador general de la República, Radhamés Jiménez, aceptó hoy que fue él quien autorizó al procurador adjunto Moisés Ferrer, la preparación y  depósito del escrito de contestación del recurso de casación que presentaron los ejecutivos de Bancrédito, en el cual el Ministerio Público desiste de continuar la acción penal contra los condenados por el expediente.

“El día 7 de octubre de 2008 esta Procuraduría General de la República depositó, a la firma del Procurador General Adjunto,  Moisés Ferrer, un escrito contentivo de su opinión relativa al recurso de casación interpuesto por Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza Gómez, contra la sentencia penal marcada con el número 168- SS- 2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 11 de agosto de 2008”, recordó.

Indicó que dicha sentencia, que condenó a los imputados a ocho (8) años de prisión y multa de dos millones quinientos mil pesos, tuvo su origen en un proceso penal a instancia de varios particulares que, posteriormente, desistieron de ese proceso por haber sido resarcidos en sus intereses, razón por la que el Ministerio Público desistió de continuar con la persecución penal contra los implicados en el caso.

Además, Jiménez, consideró que  ese organismo judicial ha dado muestras “inequívocas “de su compromiso con la persecución de los casos de fraudes bancarios que se originaron en varias querellas presentadas por la Autoridad Monetaria y Financiera por ante el Ministerio Público.