En la presentación de la segunda campaña informativa contra la gripe A, el 12 noviembre 2009, la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez García-Herrera, afirmó que las vacunas Focetria y Pandemrix son “seguras y eficaces en las embarazadas” quienes “pueden usar la vacuna con adjuvante”. Sin embargo, según reconocen los propios fabricantes Novartis y GlaxoSmithKline, sobre la vacuna no adyuvada “actualmente no hay datos disponibles relativos al uso durante el embarazo”. Ambas preparaciones utilizan escualeno, adyuvante relacionado con trastornos autoinmunitarios invalidantes afectando a veteranos de la Guerra del Golfo.

La titular del ramo compareció ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso el 14 octubre 2009, y fue interpelada por la representante del Grupo Popular, Ana Pastor Julián, “por qué no se pensó desde un primer momento que tenía que haber vacuna no adjuvada, como se ha hecho en otros países. Esto lo digo porque con respecto a las embarazadas las fichas técnicas tanto de Pandemrix como de Focetria dicen lo mismo: Embarazo y lactancia: actualmente no hay datos disponibles relativos al uso durante el embarazo” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 390, pág. 6). Luego, la Ministra conoció dichas cautelas al menos un mes antes.

Trinidad Jiménez debe asumir la responsabilidad política de sus actos y dimitir. Así lo exigen las buenas prácticas democráticas, preservar la confianza ciudadana en las autoridades sanitarias y, además, evitar el escándalo durante la presidencia española de la Unión Europea, habida cuenta la posible avalancha de querellas ante reacciones adversas, por parte de gestantes que observaron las recomendaciones del Ministerio.

Ahora imagínense que soy profesor, y que a pesar de mis dos meses de vacaciones no logro controlar el estrés que me produce la insolencia de un adolescente malcarado y amenazante hasta la chulería. Y que le endiño una guasca, así, a mano abierta. Bimba. O que se la doy por la cara. Que le marco los dedos de la mano en el moflete porque sí, porque me cae mal o porque no me gusta su cara.

Imagínense que el padre (y la madre) del chico, las asociaciones de padres (y de madres), la directiva del centro, las tertulias de la prensa, la Delegación de Educación, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación se unen en una sola voz y me piden (me exigen casi) responsabilidades… educativas.

Sigan imaginando conmigo, por favor. Imaginen que yo, el profesor maltratador, rehúyo esa responsabilidad, lo niego todo, y me enroco (varela) en un “no, que no y que no”. ¿Se imaginan que el padre (y la madre) del chico, las asociaciones de padres (y de madres), la directiva del centro, las tertulias de la prensa, la Delegación de Educación, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación refunfuñaran un poco, lanzasen una vaga amenaza de hacer públicos ciertos asuntos que me conciernen, apelasen al resquebrajamiento de los cimientos democráticos… y nada más?

¿Se lo imaginan?

Probemos con la medicina. Soy médico. Cirujano, ¿vale? Anoche salí con Carmen y nos pusimos ciegos de todo. Un poquito de esto y de lo otro, una cosa que lleva a la otra… Total: las seis de la mañana. Duermo una hora escasa, me ducho, no desayuno (tengo algo más que el estómago en la boca), llego al curro y “escucho” que en el quirófano me espera el de la vesícula noséqué. Me lavo por hábito, me ajusto los guantes, dejo que me aten la mascarilla a la nuca y me lanzo a dar cortes y pinchazos viendo doble y sin saber ni dónde estoy.

Cuando todo se descubre (Carmen nunca ha sabido callarse la boca), la familia del difunto, las asociaciones de víctimas de errores médicos, la directiva del hospital, las tertulias de la prensa, la Delegación de Salud, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad aúnan sus voces contra mí y me piden (me exigen) responsabilidades… médicas.

Sigan imaginando conmigo, por favor. Imaginen que yo, el médico trasnochador, rehúyo esa responsabilidad, lo niego todo, y me enroco (varela también) en un “no, que no y que no”. ¿Se imaginan que la familia del difunto, las asociaciones de víctimas de errores médicos, la directiva del hospital, las tertulias de la prensa, la Delegación de Salud, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad refunfuñaran un poco, lanzasen una vaga amenaza de hacer públicos ciertos asuntos que me conciernen, apelasen al resquebrajamiento de los cimientos democráticos… y nada más?

¿Se lo imaginan?

No hace falta que siga, ¿no? No sé quién me da más asco. El político corrupto y malversador o el otro, el que se finge ofendido y pide responsabilidades… políticas.

Eduardo Llopis, ex concejal del PSOE en Siete Aguas, decidió abandonar su cargo el pasado mes de abril por falta de tiempo para desempeñar sus funciones.

Muchas veces escuchamos a los políticos en sus dialécticas utilizar los términos de Responsabilidad Política, como concepto abstracto con el cual se alude al ejercicio o acción derivada de la ética que se presupone que acompaña al cargo público.

El ejercicio de la responsabilidad política se puede manifestar de muchas formas, ya sea mediante una petición de disculpa pública, mediante la subsanación, siempre que sea posible, de los posibles errores cometidos y, en última instancia, mediante la dimisión o renuncia del cargo que se ocupa. En cualquier caso, la forma que se adopte deberá ir siempre en consonancia con la acción cometida.

En numerosas ocasiones, nuestros representantes cometen el error de pensar que la responsabilidad política sólo se debe asumir en aquellos casos en los que medie comisión de delito y nada más lejos de la realidad, pues en estos casos, estamos ante un deber de asunción de responsabilidades penal, o civil, según el caso, que deberán dirimir los tribunales. Aunque lógicamente ésta deberá ir acompañada de la responsabilidad política correspondiente.

Lo que hay que tener claro es que aun sin mediar delito, son muchas las situaciones que pueden hacer al cargo público perder la confianza depositada o inhabilitarse, desde un punto de vista ético, para el desempeño de su labor. Y en estos casos se hace necesario ser responsable políticamente hablando y tomar las acciones pertinentes. Y hacerlo a iniciativa propia, sin necesidad de que sean otros los que indiquen el camino, pues sólo de ese modo se estará siendo verdaderamente responsable.

Y decimos todo esto no en referencia a los casos que en los últimos meses están ocurriendo en el panorama político nacional, o de nuestra Comunidad, que de ellos mucho se ha hablado y se habla, pues a veces acciones mucho más pequeñas (mediáticamente hablando) son también susceptibles de medirse bajo la vara de la responsabilidad política.

Así ocurre, por ejemplo, cuando en un Ayuntamiento, uno de sus concejales, por unas cuestiones u otras, pierde su capacidad para representar en las condiciones a las que se comprometió a los vecinos y vecinas que le votaron. Ya sea por falta de tiempo para asistir a los plenos, por motivos familiares o por cambios ideológicos respecto a aquellos que le llevaron a la concejalía.

Cuando se produce un caso así, el político que decide ceder su testigo a quien sí pueda cumplir con el compromiso adquirido está siendo un político responsable. Por el contrario, el político que ignora las circunstancias cambiantes y continúa en su cargo, aun a costa de actuar en contra de los intereses que legitimaban su representatividad, se convierte en todo lo contrario.

Ana Francisca Vega:  revira Ortega, no me voy. Jesús Ortega presidente nacional del PRD, aceptó que siente presión por las voces disidentes que exigen su dimisión al frente del instituto político, sin embargo, reiteró que no renunciará.

JOM: Les he reiterado que no voy a renunciar al partido, esta es la enésima respuesta que doy a la enésima pregunta: no voy a renunciar al partido, porque estoy tratando de actuar con responsabilidad, no es obcecación, es una actitud que pretendo es responsable ante la situación.

Ana Francisca Vega:   Se oyó un poco cansado el señor Jesús Ortega.

Juan Pardinas: después del trabajo que le costó llegar, cómo se va tan  pronto.

Ana Francisca Vega:   Bueno,  pues si, está empecinado en el asunto.

 ttp:/Si quu/www.gacomunicacion.com/ciam_2008_08/nota.asp?Id=3783396

DM: también tenemos lo de Hermosillo, hay detenciones, bueno, hay que decirlo son empleados menores de la secretaria de hacienda estatal, dos funcionarios del IMSS, de verdad destaca, en el caso de los empleados de la  secretaría de finanzas local, hay uno que es el que tenía las llaves de entrada, otro que fue ese día, es increíble

JP: hay que seguir estos casos de estas personas, porque  es un abuso lo que les están haciendo, están fabricando culpables

DM: Es increíble, a ver quién es el responsable de que funcione así una bodega de la secretaría de finanzas en hacienda, el señor que tenía las  llaves de entrada, al trabajador al que lo mandaron a poner cajas ahí, no  puede ser, verdaderamente es una burla, pero además hay uno que había ido por única vez a esa bodega, y ahí está, por haber ido ese día,  entre esas personas; perdón, quién decidió poner esa bodega ahí, hay una responsabilidad que va más allá de lo penal, y lo hemos dicho aquí, donde está la responsabilidad política; ayer el gobernador nos decía, el secretario de finanzas por qué tenía que renunciar, hombre, nada más porque a su cargo estaba toda la estructura que funcionaba de manera tal que provoca un incendio de etas magnitudes.

Si quieres escuchar este audio, sigue el vínculo (Cortesía de GA Comunicación)

En este país se digiere con dificultad la asunción de responsabilidades políticas. Aunque no quiero ni puedo situarme en la equidistancia. En algunos partidos, casualmente los de izquierda, los códigos éticos funcionan a rajatabla: quien la hace, la paga. Sin ambages ni pasteleos. En otros lares del espectro ideológico se es menos enérgico, más laxo, se tiene la manga más ancha en la aplicación de medidas contundentes en la erradicación de esas conductas irregulares. Para los demás no son tan comprensivos. Esta misma mañana, Mariano Rajoy, presidente del PP, ha pedido confianza porque dice que actuará en consecuencia si se prueba que algunos cuadros populares han hecho “cosas inaceptables”… Y le llueven casos como Gurtel, con su tesorero nacional, Luis Bárcenas, o el presidente valenciano, Francisco Camps, entre otros cualificados imputados por los tribunales de justicia, las andanzas de Carlos Fabra en Castellón, o los  sumarios de Alhaurín o La Línea ya en Andalucía.

Me interesa también otro perfil de las responsabilidades políticas. En concreto, el que se refiere a las denuncias falsas o a los ataques infundados contra el honor de los adversarios políticos. Desde una posición ética, todo aquel que acusa, incrimina o injuria a una persona (por muy política que ésta sea) no puede salir indemne o marcharse rositas, si posteriormente se demuestra que todo es mentira. No vale esa actitud de arrojar basura sobre los contrincantes de manera impune y que sea el otro, la víctima del ataque miserable, el que se limpie la mancha después. Aquí también habría que aplicar el código ético sin contemplaciones. Exigir dimisiones por decoro y dignificación de la esfera pública. Los profesionales de la insidia serían entonces una especie en peligro de extinción. Hoy crecen como hongos porque mancillar la dignidad del otro es gratis.

De: “Antonio Elio Brailovsky” <brailovsky@uolsinectis.com.ar>
Fecha: Mié, 22 de Abr, 2009 5:48 pm
Asunto: Una epidemia anunciada

Queridos amigos:

En Argentina estamos viviendo una epidemia de dengue. Al igual que con las grandes pestes de la Edad Media, la única medida que se tomó ha sido aguardar la llegada del invierno, que permitirá ocultar el problema por unos meses.

En un esfuerzo por esconder la realidad, se ha afirmado (contra toda la bibliografía epidemiológica existente) que el dengue no es la enfermedad de la pobreza, sino que afecta a todos por igual. Al respecto, vale la pena citar un párrafo de un mail enviado por el Dr. Horacio Micucci:

“Se aconseja descacharrar –dice- pero ¿cómo descacharrar si se vive como en la Villa Nº 20 del sur de la Capital, al lado de un desarmadero que tiene 7000 autos. ¿Cómo poner alambre tejido contra los mosquitos en casillas cuyas medianeras, en esa villa, están hechas con restos de los mismos autos del desarmadero y cuyas puertas y ventanas a veces son precarias o no existen? ¿Cómo descacharrar si se vive en una villa a la vera del Riachuelo, que se ve desde el tren Roca, con la basura entre las casas precarias y el río? ¿Cómo usar mosquiteros en habitaciones precarias donde se vive hacinado? ¿Cómo usar repelente (que ya escasea y cuyo precio ha aumentado) si no se sabe si se va a tener dinero para comer? ¿Cómo sacar el basural a cielo abierto (que abunda en el interior y en el conurbano) si mucha gente tiene como única fuente de trabajo el cirujeo allí y debe elegir entre morirse de hambre o de dengue? ¿Cómo no acumular agua si no se tiene agua corriente ni cloacas? Sólo se puede aconsejar tapar los barriles con bolsas de plástico”[i].

Pero tal vez sea inútil volver a demostrar lo obvio. En todo caso, valdría la pena analizar las razones por las cuales se trata de desviar la atención de esta realidad.

Ha habido aquí una responsabilidad política en la lenta construcción de las condiciones sociales que generan la epidemia. Esta responsabilidad no es de los últimos meses sino de las últimas décadas y son responsables todos los que, a lo largo de muchos gobiernos, subestimaron la prevención sanitaria y no atendieron al problema de la pobreza creciente.

Pero no ha sido sólo la falta de idoneidad de los que gobernaron, sino también de los opositores, cuyo silencio contribuyó a negar esa realidad. En la década de 1930, el socialista Alfredo L. Palacios investigó y publicó libros sobre las enfermedades sociales que afectaban a los desposeídos[ii]. ¿Por qué la oposición no está haciendo hoy una tarea semejante? ¿Por qué la tremenda situación social del país no es la prioridad absoluta de quienes gobiernan o aspiran a gobernar, sino sólo un tema más de sus discursos?

Recordemos que los higienistas del siglo XIX describían a la epidemia como “la venganza del pobre contra el rico”. Agregaban que mientras los ricos mantuvieran a los pobres en condiciones infrahumanas, los pobres se enfermarian y terminarían contagiando a los ricos.

Hoy quiero transmitirles la vivencia  de una gran epidemia. Para eso, les estoy enviando un capítulo de mi novela “El asalto al cielo”, en el que describo la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que mató buena parte de la población de la ciudad y obligó a evacuarla, en medio de escenas que parecían sacadas de una crónica medieval.

Por esos azares de la vida, la enfermedad la transmite el mosquito Aedes aegypti, el mismo que trasmite el dengue.

¿Hasta cuando va seguir es Sr. Trillo como diputado, portavoz de Justicia nada menos? De verdad que no me cabe en la cabeza. Siendo socialista, defiendo la responsabilidad individual hasta el final, la política desde luego y la jerarquica por supuesto. ¿La famosa cultura del esfuerzo, donde está en este caso de puro peloteo partidista? El juicio sobre el entierro de 30 militares españoles sin identificar, engañando a sus familiares ha puesto en evidencia el engaño, el desprecio y la falta de respeto hacia españoles muertos en la defensa de los intereses españoles. Muertos por negligencia de sus superiores y encima enterrados a la carrera para poder hechar tierra rápidamente sobre un hecho que ahora sabemos, tenía mucho que ocultar. Por cierto el juez es el mismo del 11M. No quería que declararan los forenses turcos, pero no le ha quedado mas remedio que admitir el testimonio que evidencia toda la vergüenza protagonizada por el Sr. Trillo

Es cierto que no puede defenderse ” la obediencia debida” y por tanto lo que hizo el General Navarro falsificando documentos que certificaban la identidad de los militares muertos en Afnagnistan por el accidente del Yack42 (ese avión de desecho que nunca se debió permitir para transportar a las tropas españolas), mintiendo en público y en el juicio, debe tener el correspondiente castigo penal. Pero hay una responsabilidad política clara, que al menos es del Ministro de Defensa del momento que es el Sr. Trillo.

Ficha pública del Congreso

PP

Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Federico

• Diputado por Alicante.

G.P. Popular ( GP )

Ficha personal

• Nacido el 23 de mayo de 1952 en Alicante .
• Diputado de la IV ,  V ,  VI ,  VII y  VIII legislaturas.
• Casado. Cinco hijos. Doctor en Derecho. Letrado del Consejo de Estado. Abogado. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Ha sido Vicepresidente Segundo de la Mesa del Congreso en las Legislaturas IV y V. Presidente del Congreso de los Diputados en la VI Legislatura. Ministro de Defensa en la VII Legislatura.

Vocal de la Diputación Permanente

• Vocal de la Comisión Constitucional
• Portavoz de la Comisión de Justicia
• Vicepresidente Primero de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN

 Además, personalmente jamás podré olvidar cuando Trillo era Presidente del Congreso y se declaró una importante epidemia de meningitis en Madrid. Al ser yo la única médico de la familia, todos mis hermanos  y amigos de Madrid me llamaron para preguntarme que hacian con sus hijos. Como siempre he hecho, porque creo que es lo mas seguro, y sigo pensando lo mismo, les recomendé seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Son ellas quienes tienen mas datos y por tanto quienes pueden aconsejar mejor. En esa epidemia de Madrid, con Gallardón al gobierno se recomendó calma y no vacunar porque la cepa que producía la meningitis no tenía necesidad de vacuna.

¡¡Cual no sería mi desconcierto cuando se publicó en prensa que el Presidente del Congreso – el Sr. Trillo- había enviado a su chofer a comprar la vacuna para sus hijos antes de que se acabara (como de hecho sucedió)!!!! Si es capaz de mentir sobre el riesgo de la salud de nuestros hijos y nuestros militares, cuantas mas desvergüenzas habrá cometido un señor de semejante catadura.

El Sr. Trillo no tiene ni el menor atisbo de honestidad, ni siquiera de humanidad por muy religioso que sea- que es del OPUS DEI- y por mucho que salga como cofrade en todas las procesiones de España. No le importan un comino nuestros hijos, ni nuestros militares, ni nadie que no sea el mismo y quizá sus hijos. ¿Puede seguir alguien así,  continuar representando a los españoles en el Congreso?

¿Y el PP puede permitir semejante vergüenza?

A nadie se le escapa que en este momento tenemos una crisis bastante profunda en España. En realidad no tenemos una crisis sino dos crisis unidas. La primera crisis es la crisis financiera internacional, mientras que la segunda es la explosión de la infladísima burbuja inmobiliaria. España es un país en el cual aproximadamente el 30% del PIB (no recuerdo la fuente) proviene directa o indirectamente del sector construcción. Otros paises como Alemania rondan el 11%.

Los dirigentes políticos (ni nadie) no saben qué medidas serán efectivas a la hora de superar la crisis. Una de las que se propone en España es la inversión pública.  Esta medida me parece acertada, solo que creo que se están equivocando sobre en qué invertir. Existe la necesidad de reducir el porcentaje de la economía que depende del sector construcción, pero es precisamente en este sector donde se va a intertir la aplastante mayoría de la inversión pública que se hará para superar la crisis.

¿Dónde entra el Software Libre en esta ecuación?. Recientemente se ha aprobado en Canarias un proyecto para la adquisición de licencias de Microsoft. El proyecto cuenta con una presupuesto de 3.3 millones de euros en los 4 años de los que cuenta. En un primer momento entendí que esas licencias eran únicamente ofimática, pero las cuentas no me salen. Suponiendo que una licencia de Office 2007 Profesional costase 300 euros serían necesarios 11000 empleados para llegar a esa cifra. Me parecen demasiados trabajadores, pero no tengo datos concretos. En cualquier caso me parece una irresponsabilidad a nivel político.

No sé si existe algún tipo de juramento que los políticos deben respetar para las inversiones públicas, pero utilizando el sentido común (que es el menos común de los sentidos) entiendo que el político debería procurar en la medida de lo posible que la inversión pública retorne sobre la circunscripción geográfica sobre la que participa en el gobierno. Es decir si yo voy a comprar ruedas y en Tenerife hay una fábrica de ruedas tendré que ponderar ese hecho de manera que aunque cueste más caro puede ser preferible comprar ruedas en Tenerife que en Japón puesto que así favorezco el desarrollo de la economía productiva local. Esto es aplicable a cualquier circunscripción geográfica.

Volviendo al caso de las licencias de Microsoft esto significa que este proyecto es un mal proyecto en términos de repercusión de la inversión en la economía local. de los 3.3 millones de euros con que cuenta el proyecto tan solo el 10% (por poner una cifra) redundará en la economía local. Para entendernos 330000 euros quedarán en Canarias mientras que 2970000 irán a las arcas de Microsoft Iberia y Microsoft USA. Es una MALA inversión.

Aquí es donde entra el Software Libre. Si se hubiera hecho un proyecto sobre implantación de una suite ofimática libre (típicamente OpenOffice) probablemente no fuese más barato, incluso es probable que fuese más caro. El Software Libre NO es necesariamente más barato a corto plazo que el software propietario.

¿Dónde se hubiera ido el dinero de este proyecto?.

Una parte del dinero del proyecto hubiera consistido en elaborar un plan de migración paulatino a esta solución. No se trata de llegar y empezar a instalar la suite en todos los ordenadores uno tras otro hasta que estén todos. Es necesario tener claro que hay que migrar los datos antiguos al formato nativo de esta suite, hay que establecer un plan de formación de los usuarios de este producto, hay que tener clara una estrategia de instalación paulatina, hay que prepararse ante los posibles imprevistos, etc. Aquellos que dicen que bastaría con instalar la suite porque “son iguales” son demasiado radicales. Las cosas hay que hacerlas bien, poco a poco, dando pasos pequeños pero firmes y cimentando la implantación en el trabajo bien hecho.

Otra parte del dinero posiblemente más pequeña que la anterior se destinaría a comprar soporte. Las personas que defienden el software propietario siempre argumentan la razón del soporte, pero es un falso argumento. No conozco a nadie que haya solicitado ayuda sobre la utilización de una suite ofimática al fabricante de la misma, no conozco a nadie que haya reportado errores y que estos hayan sido resultos, no conozco a nadie que hay solicitado una nueva funcionalidad y esta haya sido implementada para satisfacer sus deseso. Probablemente todo esto se deba a que no conozco a la suficiente cantidad de gente o a las personas adecuadas, pero, el soporte de las herramientas propietarias es un falso soporte que crea una sensación de tranquilidad en los técnicos. No es un soporte real.

No se mide de la misma manera a las soluciones libres y a las soluciones propietarias en parte porque los usuarios suelen estar acostumbrados a las segundas y ven el intento de implantación de las primeras como un cambio que no quieren.

Por el precio de licencias comprariamos un proyecto de implantación, un plan de formación y un soporte real. Lo mejor de todo es que estos tres elementos pueden asumirlos las empresas locales. En el peor de los casos ganará el concurso una multinacional que finalmente tendrá que subcontratar la ejecución del proyecto a empresas locales (este es otro tema del que habría que hablar). En este caso el retorno de la inversión oscilaría entre un 90 y un 100%. Sería una BUENA inversión.

La decisión no se toma teniendo esto en cuenta, se toma por comodidad. El “director de informática” percibe que es más sencillo utilizar software propietario en el sentido de que el proyecto involucra a menos partes y tiene menos opositores internos. No piensa en el beneficio para la economía local, sino en arreglar el problema que tiene de la manera más COMODA para él y su equipo. Este señor actúa de manera irresponsable por falta del coraje necesario para pensar en lo mejor para la comunidad canaria.

Antes hablé de que el software libre no es más barato a corto plazo, pero sí lo es a largo plazo. Dentro de 4 años tendrá que haber otro proyecto análogo a este que volverá a significar una inversión descomunal en licencias de Microsoft. Si se hubiera optado por la alternativa que yo planteo dentro de cuatro años el proyecto podría estar dotado con mucho menos presupuesto o bien destinar parte del presupuesto del mismo a mejorar la solución haciéndola mejor.

Como usuarios y defensores del software libre tenemos que llevar a cabo la tarea de sensibilizar a la sociedad sobre este tipo de cuestiones. El objetivo debe ser el ámbito de la administración pública no la empresa privada, y en este ámbito el argumento de lo barato a largo plazo NO IMPORTA.

Espero que se me haya entendido con claridad. No hablo del proyecto de la ofimática canaria porque esté centrado en este concretamente, sino porque es un proyecto del que se ha hablado largo y tendido en el ámbito del software libre canario y por tanto lo conozco hasta cierto punto.

Si algún lector se pudiera sentir ofendido no era mi intención, probablemente me esté malinterpretando. Simplemente llevaba días dándole vueltas a esto y sentía la necesidad de expulsarlo/compartirlo.

Tras la expectativa que generó su declaración como testigo en el juicio por el asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén, Jorge Sobisch finalmente se presentó ante los jueces y deslindó la responsabilidad por la represión que terminó con la muerte del maestro al entonces jefe de la policía provincial.

El ex gobernador, en funciones cuando se produjo el crimen aseguró que dio “precisas instrucciones” al jefe de la policía provincial, Carlos David Salazar, de que no utilizara violencia en el operativo realizado el 4 de abril del año pasado, tras el que murió el docente neuquino.

“Paz social”. En la misma línea, recordó al tribunal que para “construir la paz social en ese momento” pasó a disponibilidad a Salazar y al resto de los funcionarios policiales que participaron del operativo, consignó la agencia estatal Télam.

Durante poco más de una hora, el ex mandatario declaró como testigo ante los jueces de la Cámara Criminal 1 de Neuquén.

Sobisch había sido citado para declarar ayer, pero se excusó por no estar en la provincia.

Responsabilidad política.

Los familiares de Fuentealba señalan al ex mandatario como quien dio la orden de reprimir la protesta en la que fue asesinado el maestro, que incluyó el corte de la ruta 3 a la altura de la localidad de Arroyito. Por eso, reclaman que los jueces evalúen su “responsabilidad política” por el crimen.

Apenas ocurrido el episodio, Sobisch justificó la represión con el argumento de que los manifestantes interrumpían el tránsito de una ruta nacional. Responsabilizó al gobierno nacional por haber dispuesto un aumento salarial para los maestros que no todas las provincias podían pagar, según argumentó en aquel momento.

Imputado. El único imputado que tiene la causa es el cabo de la policía Darío Poblete, a quien se le imputa el delito de homicidio calificado por haber disparado la granada que mató a Fuentealba en abril del año pasado.

También está previsto que durante las siguientes audiencias declaren cuatro policías, cuyo testimonio fue requerido por la defensa de Poblete. Se trata de los mismos cuatro hombres cuya declaración posterior al crimen sirvió para incriminar al policía.

S. S. , Gandia Levante-EMV 10.05.08
En una comparecencia que protagonizó en Gandia junto a la también diputada Pepa Frau, Torres dijo que esos fallecidos, de todas las edades pero mayoritariamente de avanzada edad, no han alcanzado a percibir el dinero que les correspondería en aplicación de la Ley de Dependencia por la actitud de “boicot” que ejerce el Consell de la Generalitat.
Según indicaron Torres y Frau, el Gobierno de España ha remitido a la Generalitat 93 millones de euros para destinarlos a ayudas a personas dependientes, pero, en vez de desarrollar los principios de la ley y distribuir el dinero entre el primer sector beneficiario, los llamados grandes dependientes, la conselleria de Bienestar Social ha preferido “pagar el déficit del Bono-Residencia”, lo que, en opinión de los socialistas, constituye “un fraude”. Además, la Administración autonómica “no ha aportado” su parte de financiación para esta ley, que se sitúa en otros 93 millones de euros, dado que las prestaciones se pagan a medias entre el Estado y las distintas comunidades autónomas.
En la Comunitat Valenciana 150.000 personas no pueden valerse por ellas mismas y, según los plazos de aplicación de la Ley de Dependencia, unas 22.000 ya deberían estar percibiendo las ayudas correspondientes para disponer de un cuidador o financiar una plaza en una residencia.
Según Torres y Frau, la realidad de la Comunitat Valenciana es que sólo siete personas han visto concluir su expediente y han alcanzado las ayudas previstas. Los socialistas aseguran que más de treinta mil personas iniciaron el proceso administrativo para acogerse a la ley de dependencia hace más de seis meses, y todas ellas debería estar percibiendo el dinero que les corresponde.
En vez de eso, “la Generalitat sólo la puesto trabas e inconvenientes”, para “boicotear una ley progresista que, junto a la sanidad, la educación y las pensiones, constituye uno de los cuatro pilares de la sociedad del bienestar”, señaló la diputada Frau. Además, los representantes socialistas denunciaron que “la Generalitat, en vez de valorar a las personas que están en sus domicilios, ha preferido dedicarse sólo a personas que están en centros”, con la intención de “beneficiar” a las residencias privadas que asisten a estos colectivos.
El número de dependientes valencianos que ha tenido acceso a las ayudas de la ley es muy inferior al de otras regiones, como Andalucía o Aragón, donde miles de ellos ya están disfrutando de los beneficios fijados en esta norma.
Ante esta situación “que provoca indignación y estupor por la actitud del Gobierno valenciano”, el PSPV-PSOE animó a denunciar los hechos y a que los afectados acudan al Defensor del Pueblo y a la Síndica de Greuges para que conozcan su situación y adopten las medidas que estimen convenientes.
En el caso de la Síndica de Greuges, su titular, Emilia Caballero, ya ha llamado la atención al Consell de Francisco Camps por el retraso en la aplicación de la ley.

Discriminación de las personas discapacitadas

A partir de hoy, cualquier vulneración de las normas de accesibilidad o igualdad de oportunidades podrá acarrear multas de hasta un millón de euros

“Cualquier discriminación que afecte o tenga como víctima a una persona con discapacidad puede y debe ser denunciada”. Así de rotundo se muestra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un informe elaborado por el departamento de Asesoría Jurídica. La consigna trata de defender los derechos de los 3,5 millones de personas con alguna discapacidad física, sensorial o psíquica que viven en España. A partir de hoy, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad cuenta con un nuevo instrumento para alcanzar la igualdad real y efectiva: la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

• Autor: Por AZUCENA GARCÍA
• Fecha de publicación: 27 de marzo de 2008

Contenido de la norma

El actual ordenamiento legal cuenta con varias normas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) son las más destacadas. Sin embargo, a partir de hoy se une a ellas un nuevo instrumento: la Ley que establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Su entrada en vigor es acogida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumplimiento de la normativa existente. “Es un avance que haya una ley de sanciones, pero pedimos que se cumpla y, sobre todo, que se aplique”, subraya el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font.

(Imagen: Daniel Lobo)

El objetivo de la nueva norma es, como su nombre indica, establecer un régimen sancionador “eficaz” ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se considera que estos principios se incumplen cuando se producen acosos, vulneración de las exigencias de accesibilidad, falta de respeto a las medidas de acción positiva y discriminaciones directas o indirectas, esto es: cuando en una situación análoga o comparable una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra que no lo es o cuando una disposición legal, una decisión unilateral o un criterio colocan en desventaja a una persona discapacitada.

Las personas discapacitadas buscan terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”

La elaboración de la norma contó con la participación del Cermi estatal como transmisor de las peticiones de las personas discapacitadas, interesadas en terminar con cualquier resquicio de hostilidad o entorno “intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo”, según recuerda el Cermi. De acuerdo a este principio, la Ley reconoce la posibilidad de denunciar la actitud tanto de personas físicas como jurídicas. Incluso, si los responsables de la infracción son varios y resulta difícil determinar el grado de participación de cada uno de ellos, la normativa ve posible imputar a todos una responsabilidad solidaria.

Régimen de infracciones y sanciones

Las sanciones muy graves podrán ascender a un millón de euros o acarrear la suspensión total de ayudas oficiales

El texto de la Ley establece que las infracciones pueden hacer referencia a los ámbitos de las telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes; bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas. Quedan excluidas las consultas en el ámbito del empleo y la ocupación. En cuanto a los denunciantes, reconoce que pueden ser personas con discapacidad, sus familias y representantes legales, así como las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran. Por último, según la importancia de la infracción, ésta se considerará leve, grave y muy grave.

• Las infracciones leves serán aquéllas que incumplan los principios de la LIONDAU y supondrán multas desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 30.000 euros.
• Se considerarán infracciones graves los actos discriminatorios, el incumplimiento de un requerimiento administrativo o de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión que se ejerza sobre aquella persona -con discapacidad, física o jurídica- que haya entablado o pretenda entablar una acción legal. Estas infracciones se penalizarán con sanciones de hasta 90.000 euros.
• Las infracciones serán muy graves cuando se dé una conducta de acoso, el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos y cualquier forma de presión sobre las autoridades que pretendan ejecutar las medidas previstas en la LIONDAU. Las sanciones podrán ascender a un millón de euros y, en algunos casos, acarrearán también la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales relacionadas con el ámbito en el que se produce la infracción.

No obstante, la Ley prevé unos plazos de prescripción de las infracciones. En concreto, las leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. Por su parte, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. “De cualquier modo, el abono de las multas impuestas no exime del cumplimiento del resto de las obligaciones que impone la Ley de Igualdad de oportunidades y accesibilidad universal”, recuerda la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Dónde presentar las denuncias

Si bien la nueva norma de infracciones y sanciones entra en vigor a partir de este momento, las personas con discapacidad cuentan desde 2005 con la Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituida como un órgano de carácter consultivo, permanente y especializado dentro del Consejo Nacional de la Discapacidad, la OPE realiza funciones de asesoramiento, análisis y estudio de denuncias y consultas presentadas por personas discapacitadas. Este organismo aconseja sobre la vía de actuación más adecuada, remite a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad un informe sobre los hechos y propone al Pleno del Consejo una serie de recomendaciones para prevenir o lograr que cese la acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconseja sobre la vía de actuación más adecuada para realizar una consulta o presentar una denuncia

La OPE no es, por lo tanto, un órgano resolutivo. Se limita a prestar asesoramiento y apoyo legal, sin tratar de sustituir la labor profesional de los abogados. Su creación se basa en la necesidad de atender a las personas que son objeto de discriminación o consideran vulnerado su derecho a la igualdad de oportunidades por tener reconocida una discapacidad. En este sentido, las personas físicas que solicitan ayuda deben acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien percibir una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de jubilación o retiro por inutilidad para el servicio.

Una vez estudiada la consulta, la OPE decide si puede ser admitida a trámite o no, es decir, “si los hechos denunciados pueden ser investigados o no”. Si se admite a trámite, informa a la persona denunciante sobre todos los pasos que conforman el procedimiento y le permite conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su expediente. Las formas de contactar con la OPE son mediante:

• Correo ordinario o presencia física, en la oficina central (Paseo de la Castellana 67, Madrid)
• Fax 91 363 50 74
• Teléfono 91 363 51 86
• DTS 91 363 50 93
• Correo electrónico ope@mtas.es

Las llamadas telefónicas se atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, mientras que la información presencial requiere cita previa. Además, la OPE cuenta con un plazo de un mes para dar respuesta a las consultas planteadas y un periodo de dos meses para concluir el expediente informativo.

“Estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Otros lugares a los que se puede acudir son las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, los Juzgados de guardia y la Oficina de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Hasta ella llegan cada año medio millar de consultas relacionadas con cuestiones de accesibilidad en edificios y responsabilidad de las comunidades de propietarios. Su creación se debió a la gran demanda de personas que, según Font, “no sabían adónde dirigirse para reclamar”. La función de la ODAT es asesorar y prestar ayuda. “Reivindicamos la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestra integración, pero, en realidad, estamos preparando las ciudades para futuros discapacitados, personas que por edad u otra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida”, agrega Font.

Adaptación de la OPE

En cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad, las dependencias de la Oficina Permanente Especializada cumplen todos los requisitos para ser accesibles. Existe un sistema de comunicación multidisciplinar que abarca desde la información telefónica, incluidos un dispositivo telefónico para sordos (DTS) y fax, hasta la información presencial, con un sistema de apoyo a la comunicación oral a través de bucle de inducción, labiolectura y lengua de signos básica.

Sus dependencias disponen de un sistema de comunicación multidisciplinar, plazas de aparcamiento reservadas y un interior totalmente accesible

Además, se ha comprobado la accesibilidad de los transportes públicos que llegan hasta la OPE, existen plazas reservadas a quienes tienen tarjeta de aparcamiento para minusválidos y el interior del edificio es accesible a todas las personas con discapacidad en un grado alto: se han instalado rampas alternativas a las escaleras, los baños y aseos son adaptados, los ascensores están previstos para personas usuarias de sillas de ruedas, las botoneras están a una distancia mínima, los pulsadores están en bajorrelieve y en braille, y el interior del despacho al que acceden las personas con discapacidad tiene espacio suficiente de maniobrabilidad.

Publicado en CONSUMER Eroski.

EP Social

El Defensor del Pueblo lleva ante el Constitucional a la Generalitat Valenciana

Foto: ep

La institución acusa al Gobierno valenciano de “obstaculizar” la aplicación de la norma

   MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo ha presentado esta mañana un Recurso de Inconstitucionalidad contra un aspecto de la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la Ley de Dependencia, según informaron a Europa Press fuentes de esta institución.

   En concreto, el Defensor del Pueblo ha interpuesto el recurso contra la disposición adicional 11 de la Ley de Presupuestos de esta comunidad para el ejercicio 2008, que establece que las personas valoradas por la Generalitat deben entender que su solicitud ha sido desestimada si no han recibido respuesta en el plazo de seis meses.

   Esta disposición, introducida en el Parlamento valenciano a través de una enmienda del PP, cambia el concepto de ’silencio administrativo’, que significa que si la Administración no responde a la solicitud de un ciudadano es que ésta ha sido atendida. Con este cambio, el ’silencio administrativo’ pasa de ‘positivo’ a convertirse en ‘negativo’ en esta comunidad.

   “Las administraciones tienen la obligación de notificar y explicar por escrito por qué han rechazado un derecho fundamental. Lo que han hecho es completamente ilegal”, señalaron fuentes del Defensor del Pueblo a Europa Press.

“CAMUFLADAMENTE”

   Además, estos mismas fuentes critican que esta reforma se “haya metido en una ley, la de presupuestos, que no tiene absolutamente nada que ver” con la dependencia. “Este cambio lo han metido en una ley distinta, camufladamente, para que no se entere nadie. Esto claramente vulnera el principio de seguridad jurídica”, apostillan.

   Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo acusan a la Generalitat Valenciana de “obstaculizar” la aplicación de la Ley de Dependencia, y recuerdan que los dependientes son ciudadanos que por su situación ya se encuentran en condiciones “de especial vulnerabilidad”.

   Igualmente, los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han criticado que la Generalitat, gobernada por el PP, “ha boicoteado” la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2007.

   El Defensor del Pueblo entiende que “no puede permanecer impasible” ante la entrada en vigor de esta disposición “mediante un procedimiento impropio”, que, además, “afecta a un colectivo de ciudadanos necesitados de especial protección”.

   El recurso ha sido interpuesto a raíz de la queja formal presentada a mediados de enero por el sindicato UGT ante del Defensor del Pueblo, que posteriormente recibió otras dos quejas más de particulares sobre este mismo asunto.