El nuevo principio, después del surgimiento de los sindicatos en el siglo XIX, era la “corrección” del mercado mediante normas convenidas y aseguradas por la manipulación de la oferta. Básicamente, la asociación obrera no es otra cosa que un cartel/mafia de precio y condiciones. En respuesta a las obreras, surgieron las asociaciones de patronos. También debemos considerar como apunte el surgimiento del Somatén en Cataluña; aunque esta es una cuestión que rebasa los límites de mi terreno hoy. El resultado de todo esto lo vimos en el siglo XX: el individualismo clásico fue disuelto por la del individualismo de grupos. Este mundo de organizaciones emerge primero con lenta indecisión y luego bruscamente. Cuando se adueñaron las organizaciones del total edificio de la economía se hicieron visibles las consecuencias. La más importante era la progresiva rigidez de costos y precios. Aquella elástica flexibilidad que la economía de la libre concurrencia requería se debilitó ó desapareció por entero en determinados campos del mercado.

En cuanto el Estado se ve forzado a patrocinar cuantos fines puedan perseguir las agrupaciones, muchas veces contradictorios entre sí, su situación se hace peligrosa. Hasta en los Estados Unidos se ha llegado así a una desnaturalización de las negociaciones colectivas de las grandes agrupaciones y así, los conflictos sociales entre agrupaciones se convierten en asuntos políticos. El Estado, de esa forma, corre el riesgo de convertirse en funcionario al servicio de las agrupaciones enemistadas.

En fin, que el hábito de buscar ayuda en el Estado para todo tipo de necesidad crea en los individuos y grupos supuestamente agraviados la propensión a hacer responsable a la democracia del caos dominante. Basta que surjan el Füehrer y una nueva élite para que suene la hora de practicar el viraje hacia el estado totalitario.

El totalitarismo es el mismo siempre, aunque no lo sea su origen. Siempre se distingue por abolir la libertad del hombre, que es incondicionalmente sometido a un sistema de coerción. En el fondo no hay más que un solo argumento decisivo a esgrimir contra el totalitarismo; un argumento que parte no de los órdenes inferiores de economía y técnica, sino de ese orden que es central para el hombre: el de los valores fundamentales de la persona humana. Un error ontológico ha trazado su ruta sobre el hombre; la postrera jornada es la abdicación de la persona humana a favor del absolutismo de una persona colectiva. Es lo que Marx entendía por “socialización”: insertar la totalidad del ser del hombre en la totalidad social, en la sociedad comunista universal. Lenin acarició el mismo sueño, pero no tardó en advertir, al enfrentarlo con la realidad, que la síntesis “colectivismo y libertad” es una combinación irreal; de ahí sus palabras: “la libertad es un prejuicio burgués”. Lo verdaderamente censurable no es la barbarie de sus medios, sino lo antinatural e inhumano de sus fines.

Los dogmas de esta época vacía y postmoderna, tejidos de historicismo o materialismo dialéctico, alientan la fe en los “trends”, las tendencias que indiquen el rumbo de la evolución. El que pacta con el “trend” y la necesidad del momento olvida el valor y la amplitud de la libertad. No debemos negar que la tentación de recurrir al totalitarismo es fuerte cuando la depresión patentiza el caos de una sociedad encallada en el pluralismo repugnante como es la sociedad española. Cuando el hombre no encuentra, en la amplia complejidad de su vida, mas que un sólo poder ante el cual debe inclinarse, será siempre a costa de su dignidad y valor.

No hay grupo social que disfrute del grado de inmunidad y de la consideración especial de que goza el sindicato de obreros. Comparados con ellos, hay grupos que se encuentran en situación de franco desamparo, por ejemplo el de los accionistas y empresarios de todo tipo. También hay otros grupos que gozan de estos privilegios jurídicos: las mujeres, inmigrantes (extraeuropeos), homosexuales y jóvenes de determinados sectores, esos que destrozan nuestra ciudad cada fin de semana con sus botellones y entre semana tupen las redes del INEM y el IVIMA. La legislación y la jurisprudencia se ocupan de los problemas concernientes a las asociaciones obreras y a los obreros y todas estas denominadas “minorías” con un celo que no guardan para los demás asuntos. Un ex profesor mío, Warner Schilling, de Columbia, ha descrito, aduciendo toda clase de pormenores, la psicología de niño mimado que se desarrolla en este terreno. A veces me da la impresión de que estos grupos suponen a priori a su favor el derecho y la moral al plantear sus respectivas reclamaciones.

Pero hay un segundo fenómeno que debemos atender: el carácter plástico y moldeable que han cobrado la producción y la distribución. La teoría “naturalista” del proceso económico apenas si cuenta hoy con escasos seguidores (aunque esto, gracias a Dios, está cambiando). Ahora se considera el ámbito de lo económico como una zona vital moldeable, como un sector susceptible de ser planificado y dirigido de acuerdo con los fines de estas asociaciones y grupos. La política económica del Estado, especialmente la ampliación y orientación del crédito, ligadas a una política de impuestos favorecedora del consumo en vez del ahorro, es la clave para el mantenimiento permanente de un nivel elevado de coyuntura, lo cual significa, desde el punto de vista de los sindicatos, el medio de alcanzar el pleno empleo. Muchos creen que para alcanzarlo “no hay más que quererlo”, ya que los medios se encuentran a la mano. En este respecto, el tradicional pragmatismo de la asociación obrera encuentra un apoyo teórico de extraordinaria solidez en la doctrina de J.M. Keynes. La política de consumo se nos presenta como la primera de las exigencias; su eficacia radica en el advenimiento de las grandes masas; la asociación obrera y el socialismo es el propagandista ideal de semejante política.

El ayuntamiento de estas ideas con la esperanza que alienta en las masas acerca de lo que pueda realizar una nueva ordenación de la economía constituye una mezcla explosiva que pulveriza los últimos restos de auto-responsabilidad individual en la producción, la distribución y el consumo. La base más firme de esta creencia en la flexibilización del fenómeno económico son las experiencias de las economías totalitarias desde 1917, así como también del socialismo británico hasta los años 70 y, en medida más reducida, lo que vimos con el New Deal. Al igual que el fascismo, todos persiguen conseguir el pleno empleo. En una economía montada sobre la plena ocupación, el trabajador es el supuesto de las colocaciones, y ello en un doble sentido: porque las colocaciones solo pueden ser creadas donde y cuando haya obreros, y porque allí donde haya obreros, allí se crean las colocaciones. Es una necesidad lógicamente implícita en la teoría del pleno empleo. ¿Es el trabajador el supuesto existencial de la asociación obrera?

Al ser la que dispone de las colocaciones, la asociación/sindicato posee prioridad respecto al trabajador, puesto que es la que decide si el que busca trabajo puede trabajar, ser obrero. Y al disponer de las colocaciones, el sindicato encuentra medios de imponer la organización totalmente distintos a los que antes podía emplear. Por ellos el obrero pierde libertad frente a la organización, quiera o no adherirse a los fines de la asociación. Toda mejora del nivel medio de vida que en la actualidad ostentan las grandes masas movilizadas por el socialismo “democrático” correrá fatalmente a cargo de la producción en curso. El mero cambio de distribución no es más que un expediente provisorio cuyas consecuencias terminan coartando la producción. El único medio posible de mejorar la situación de las clases menos favorecidas es elevando la producción y endureciendo las medidas penales contra la coacción sindical. Ya no estamos en la Edad de Piedra. Si el capital de fondo se resiente o no aumenta, se extingue el ánimo de lucro del trabajo, y con él la posibilidad de mantener un nivel de vida que no diste demasiado de lo decoroso.

La función del empresario incide siempre, de alguna manera, en los intereses del obrero; sea que se trate del calculo de los costos, de política de precios, de cuestiones de progreso técnico, etcétera.

La asociación clásica era, parcialmente, un cartel de precios; la asociación consolidada es una institución político económica, cuando no político social, cuyo peso puede alterar los datos del mercado y la estructura de la sociedad. La asociación clásica dejaba en manos del empresario la responsabilidad de la gestión y control de la empresa. La asociación consolidada reclama el derecho al dialogo y a la co-deliberación en la política del empresario. La asociación clásica concebía la vida económica como una esfera privada. La asociación consolidada toma, cuando menos, el carácter de negocio público. La asociación clásica no estimaba oportuna la intervención estatal. La asociación consolidada va vinculada a la autoridad del Estado, cuyo aparato de poder ella pone al servicio de sus fines, bien sea completándolo, bien sustituyéndolo. La asociación clásica había de cuidarse de reclutar miembros y granjearse su acquiescencia. La asociación consolidada alberga la tendencia a crecer hasta convertirse en una organización forzosa. La asociación clásica era, por naturaleza, libre y democrática. La asociación consolidada pugna por resolver burocráticamente sus asuntos y dar a su política un sello autoritario, reclamando una competencia que excede en amplia medida el campo cubierto por la asociación clásica.

Esta evolución lleva consigo, a la larga, un peligro grave desde el punto de vista del obrero: que este no encuentre, en todo el ámbito de su existencia, más que un único órgano de poder. Conviene subrayar con el mayor rigor que el peligro para la libertad y dignidad de la persona del obrero estriba en este carácter totalitario del poder y de la pretensión del poder; es dicho carácter el que atenta contra la esencia del hombre y degenera en fuerza desnuda, por mucho que esta pretenda enmascararse. Si la “sociedad”, apoyándose en el ideal laboralista, reclama para si la totalidad de los derechos de la persona, el individuo quedara frente a ella desprovisto de todo derecho de apelación. No hay quien escape a la lógica férrea del bolchevismo: en las estructuras totalitarias es siempre “la sociedad” o “el pueblo” quien juega el papel de persona absoluta. Defínase o no la nueva soberanía como “de trabajadores”, vuelve con ella, renovada, la esclavitud del hombre. En ella vuelven las masas a encontrar a su señor; su rebelión ha terminado. No tardará el obrero en advertir que, al enarbolar la bandera de la “emancipación del proletariado”, se ha jugado sus derechos de hombre. ¡Eso es intolerable! ¡Eso es un horror! Eso es lo que viene si continuamos en la pasividad política.