La prevaricación, que es un delito, se configura cuando un magistrado, juez o funcionario encargado de impartir justicia, a sabiendas, decide contra derecho.   En Panamá, no se suele acusar a los jueces de prevaricar, aunque existan razones fundadas para hacerlo.   Caso ejemplar es el de los de flamantes magistrados del Tribunal Electoral.

“La Ley se presume conocida y su ignorancia no sirve de excusa”. Por la aplicación de ese principio, ni siquiera un analfabeto puede escaparse de que le caiga su peso. Por consiguiente y, como consecuencia lógica, menos puede servirle de excusa a quienes por su formación jurídica y por las funciones que desempeñan, tienen el deber de conocer y aplicar la Constitución y la Ley, sobre todo aquella de la que son autores.

En reciente fallo, fechado el pasado 16 de noviembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la resolución del Tribunal Electoral que había decapitado las 13 candidaturas del partido Cambio Democrático y que produjo como resultado que el PRD se beneficiara con el incremento de sus diputados al Parlacen. Los razonamientos del máximo tribunal son contundentes y demuestran que el Tribunal Electoral, olímpicamente, violó sus obligaciones y decidió, a sabiendas, en violación de la Constitución y del Código Electoral.

La Corte Suprema para anular la decisión del Tribunal Electoral enfatiza el hecho de éste, al admitir a trámite y fallar un “recurso de nulidad”, por todos los conceptos improcedente, pues había vencido el plazo para impugnar las candidaturas de Cambio Democrático, violó la garantía fundamental del “debido proceso”. El fallo de la Corte, también le ordena al Tribunal Electoral que proceda a declarar electos a los candidatos que debieron corresponderle a CD, de acuerdo con los más de 500,000 votos presidenciales que acumuló su papeleta.

Los diputados al Parlacen de CD debieron haber tomado posesión de sus curules el pasado mes de septiembre y, por tanto, habrá que pagarles los emolumentos correspondientes; pero como sus puestos estuvieron ocupados por los que adicionalmente se le adjudicaron al PRD, éstos también los han cobrado. En otras palabras, la irresponsabilidad de los flamantes magistrados del TE causará al Estado, que somos todos, una lesión patrimonial superior a los 100,000 balboas. ¿Responderán ellos por ese perjuicio?

El de las candidaturas inconstitucionalmente anuladas del Parlacen no es único caso en que magistrados del TE actuaron configurando un delito de prevaricación.

Anteriormente, al aplicar, a sabiendas e ignorando todas las advertencias que oportunamente se les hicieron, de que el artículo 233 del Código Electoral era inconstitucional, también incurrieron en prevaricación. El primer fallo debió haber tenido un efecto preventivo y desalentar la reincidencia. Por ello, es más injustificada e imperdonable la conducta de los magistrados del TE.

Los magistrados del TE, aparte de los casos mencionados, de manera reiterada han demostrado considerarse en un Olimpo, por encima de la Ley y una proclividad manifiesta a interpretarla y aplicarla de acuerdo a parámetros sectarios, premunidos de la ventaja, que ellos mismos se otorgaron, de ser, de hecho, tribunal de única instancia, pues sus fallos solo son revisables por ellos mismos y solo admiten el recurso de inconstitucionalidad.

Por ello, es oportuno y saludable que, por segunda vez, la Corte Suprema de Justicia los haya desautorizado y sancionado su inconsistencia jurídica, especialmente cuando uno de ellos aspira a ser parte de ella.

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Publicado el 24  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo 

FERNANDO LÓPEZ

     El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma la sentencia contra el Ayuntamiento de Marinaleda por vulneración de derechos fundamentales. El Consistorio, gobernardo por Juan Manuel Sánchez Gordillo (Izquierda Unida) celebró en junio del pasado año un pleno que fue suspendido porque el grupo socialista carecía de la documentación precisa. La sesión tuvo lugar una hora después manteniendo uno de los temas del pleno cancelado.

       Por esa razón, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno ha denunciado la violación de los derechos del portavoz del PSOE, Mariano Pradas, a “participar en los asuntos públicos”. Finalmente, el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento local ha sido desestimado.

FUENTE: Europa Press

LA DIFERENCIA ENTRE LO CORRECTO Y LO JUSTO

DOS JUECES DEL SUPREMO SE ENCUENTRAN DE FRENTE A LA SALIDA DEL HOTEL PALACE, CURIOSAMENTE CADA UNO DE ELLOS IBA CON LA MUJER DEL OTRO.

EN ESTO QUE UNO LE DICE AL OTRO:

-Debido a a la situacion tan peculiar en la que

nos encontramos, yo creo que lo CORRECTO, es que cada uno se vaya

con su mujer, en su coche, a su casa ¿ no cree?

EL OTRO LE CONTESTA:

-Estoy de acuerdo con usted en que eso seria lo CORRECTO, pero no

creo que fuera lo JUSTO, porque usted esta saliendo del hotel y yo estoy entrando

Representantes de los exportadores y del fisco se vieron las caras en el Tribunal Constitucional (TC), para que este organismo, presidido por Marcelo Venegas, dictamine la inconstitucionalidad del pago que hacen los exportadores al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por la inspección y certificación fitosanitaria de las frutas. En paralelo a proceso al TC, los exportadores también presentaron una demanda en el Séptimo Juzgado Civil, por unos US$ 108 millones. En su alegato, el abogado representante de los exportadores, Germán Concha, manifestó que “las tarifas que cobra el SAG constituyen un “tributo”, y en ese carácter deben ser fijadas mediante una ley, situación que no ocurre en la actualidad”. En tanto, María Eugenia Manaud, abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación del SAG, refutó la postura de los agricultores, expresando que el cobro “no es un tributo, porque no tiene ninguna de las características jurídicas exigidas a los “tributos”, sino que es un ‘precio’”.

Podéis echar un vistazo a los últimos pronunciamientos de la Justicia sobre unos parques eólicos en zona más meridional de Urogallo cantábrico. Es una tribuna de opinión en la revista Quercus.

El TSJ de Castilla y León argumenta la ilegalidad de la fragmentación de los proyectos así como la inadecuada evaluación de impacto ambiental realizada.

La opinión del abogado……

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Renuncia al término de traslado y la fase probatoria: Comentarios a un fallo de la Corte

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Cuando se propuso y aprobó la ley 23 de 2001, uno de su objetivos era lograr la agilización, y por ende, la reducción de la mora de los procesos civiles existentes en ese estadio de la vida judicial nacional, de allí que muchas de las figuras que allí se insertaron estaban orientadas a la simplificación de trámite, reducción de los términos existentes y búsqueda de métodos de comunicación judicial ágiles y efectivos.

Una de las principales reformas al procedimiento consistía en la apertura automática del término presentación de pruebas para los procesos ordinarios, los cuales constituyen el grueso de las causas civiles, con lo cual se eliminaba la famosa providencia emitida por el tribunal de la causa con la cual se señalaba el inicio de esta fase del proceso. Esta reforma señala que quince días después de culminada la etapa de traslado de la demanda empiece a correr los cincos días para presentación de pruebas y de allí en adelante los restantes plazos procesales.

Sin embargo se producía una interrogante en el caso de que el demandado o reconvenido (contra demandado) renunciaran al resto del término de traslado, ¿Debía iniciar al día siguiente, a esta renuncia, el término automático o se contabilizaba este al finalizar el término de traslado independientemente a esta renuncia?, la respuesta por parte de la mayoría de los Jueces y los Tribunales Superiores a nivel nacional había sido que dicha renuncia, al término de traslado, no afectaba el termino automático de pruebas y que se debía empezar a contabilizar el mismo a partir del último día del término total de contestación.

Mi criterio sobre el tema siempre fue que esta interpretación hecha, por parte de los jueces y Magistrados de Tribunales Superiores, contradecía el norte pretendido por la ley 23 de 2001, agilizar las causas civiles, y que una vez renunciado total o parcialmente el término de traslado, el cual es independiente, automáticamente al día siguiente se abría la etapa probatoria con sus consecuentes fases.

Esta disimilitud de criterios ha sido zanjada con un reciente fallo emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ante una acción de amparo de garantías constitucionales, y en donde los Magistrados de forma unánime consideraron que se había violado el debido proceso al admitir pruebas fuera de término y coincidir con el criterio que he expuesto en líneas anteriores, dijo la Corte en el fallo que “…si la parte renuncia al resto del término de traslado lo lógico y siguiendo los objetivos de la ley modificadora es que se agilice el proceso iniciando a contar los quince (15) días para el término de pruebas al día siguiente a partir del cual se anuncia la renuncia” (Apelación dentro de la Acción de Amparo propuesta por Econo-Finanzas S.A. contra el Juzgado Undécimo del Circuito Civil de Panamá).

Este fallo entra a uniformar criterios en esta materia tan discutida y en donde se asumieron posiciones contrarias a la ratio legis de la ley 23 de 2001.

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Publicado el 2 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Se embolsaron 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos

Trato humillante a los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma

Las imágenes se repiten en los telediarios y están en las portadas de todos los diarios españoles. Son los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma. Aparecen esposados mientras recogen unas bolsas azules, como las de la basura, en las que llevan sus efectos personales. Es tremendo, humillante, vergonzoso… Es indigno y llama la atención que algunos medios de comunicación se feliciten por ello. El izquierdista Público argumenta que lo ocurrido ha dejado en entredicho las acusaciones del Partido Popular sobre la desigualdad en el trato a la hora de detener a presuntos culpables en casos de corrupción. Alavedra, Prenafeta, Muñoz, García, Dobarco, Singla y los otros fueron filmados a la entrada de los furgones en la Audiencia, en plena vía pública. Alegarán ahora que el tamaño del vehículo impedía meterlo en el garaje y que por eso se hizo descender a los detenidos en plena calle, pero hubiera bastado la colocación de unos paneles para que esas imágenes no se hubieran podido registrar. Se ha procedido así en otros casos. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que «la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio». Y unas veces se hace y otras no. A capricho del juez o del mandamás de turno. Ahí queda la redada en el caso del Palma Arena, en la que los implicados también fueron expuestos a la vergüenza pública. La Justicia tiene que ser implacable con los delitos de corrupción, pero ello no es contradictorio con estar en contra del linchamiento público de las personas cuando su detención se convierte en un espectáculo, como ha venido sucediendo en los últimos meses, casi siempre contra el PP. Esta vez le ha tocado a unos socialistas catalanes y a dos ex altos cargos de CiU, pero lo habitual es que sean de filiación “popular” los que se pasea enjaulados como monos. La ley establece que las detenciones y la conducción ante el juez las realizan las Fuerzas de Seguridad, pero el juez es responsable de que el proceso se lleve a cabo de forma correcta y sin menoscabo de la dignidad. Estamos hablando de personas que han sido detenidas por orden judicial y que ni siquiera saben de qué se les acusa ni han declarado. Tienen derecho a la presunción de inocencia y a un trato humano, lo que hace discutible incluso que tengan que acudir esposadas al juzgado si no hay peligro de evasión, como sería el caso de Macià Alavedra, Prenafeta o el alcalde de Santa Coloma. Los tres fueron enviados anoche a prisión por el juez Garzón tras las graves acusaciones del fiscal que ilustran la transversalidad de la corrupción y las miserias de la sociovergencia que ha gobernado Cataluña. Si la Justicia se ha pasado en este caso por exceso, en otros ha incurrido en lo contrario. Muchos se preguntan por qué no fue detenido Félix Millet, que, según todos los indicios, se apropió de los fondos de la fundación del Palau de la Música -unos 20 millones- para repartírselos con sus amigos. Millet acudió al juzgado a declarar en un coche con chofer y volvió a su casa tranquilamente. Todavía mejor le fue a la hija del socialista Javier Rojo, presidente del Senado, cuya implicación u responsabilidad en la trama corrupta de Estepona es un clamor y a la que ni siquiera se registró el despacho. Cabe sospechar que la diferencia de trato depende de la intencionalidad de la Policía o del juez que persiguen efectos que nada tienen que ver con la Justicia. Vivimos en una sociedad mediática y el derecho a la imagen es muy importante. Detener a una persona y mostrarla esposada ante los medios supone un daño irreparable si luego es puesta en libertad o absuelta.

 45 MILLONES EN TRES PELOTAZOS

 Los jueces no pueden hacer abstracción de esta realidad, por lo que deberían vigilar a la Policía en la forma cómo detienen y cómo tratan a quien todavía es presuntamente inocente, aunque todos los indicios apunten en contra. El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones.

 Todas estas operaciones seguían un guión parecido:

1.Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.

2.Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

 3.La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas. –

Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.

 Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días. Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación. -

 Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros.

 Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o “conseguidores”. Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García. -

 Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros.

 Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (…) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.

(FUENTE:Periodista Digital)

¡Anacronismo judicial!

Para atender procesos comerciales, marítimos, de familia, niñez y adolescencia y de cuentas, han sido creados nuevos tribunales que responden a la necesidad de contar con magistrados y jueces más especializados. La Corte Suprema, ahora propone crear un Tribunal Superior Agrario.

Sin analizar si ese tribunal se justifica, es una evidente paradoja que, mientras se crean jurisdicciones especializadas todavía existan los anacrónicos “tribunales mixtos”, con magistrados y jueces que deben decidir, indistintamente, asuntos civiles, penales, y de otra índole.

Salvo el caso del Primer Distrito Judicial, que comprende las provincias de Panamá, Colón y Darién, que cuenta con dos tribunales superiores, uno civil y otro penal, en el segundo (Coclé y Veraguas), el tercero (Chiriquí y Bocas del Toro) y el cuarto (Los Santos y Herrera) hay un solo Tribunal Superior, mixto, es decir, que deben resolver tanto asuntos civiles como penales.

En lugar de tres tribunales superiores mixtos, deben aumentarse a cuatro, dos para asuntos civiles y dos para penales. Las seis provincias que cubren los tres tribunales mixtos podrían agruparse en dos distritos judiciales así: el Segundo Distrito comprendería Coclé, Herrera y Los Santos; y el Tercer Distrito Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

Los tribunales superiores civiles tendrían sede en Penonomé y David y los penales en Las Tablas y Santiago de Veraguas, o viceversa, si fuera más conveniente. Penonomé, Las Tablas y David mantendrían las sedes de un Tribunal Superior y Santiago accedería a esa distinción.   Pongo a rodar la idea, a ver si encuentra ecos favorables en el Palacio Gil Ponce.

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Publicado el 31  de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El Tribunal Superior de San Juan revocó el despido de cerca de 6,000 empleados del Departamento de Educación, seis empleados de Ciencias Forenses y una empleada de Justicia.  Ver la noticia aquí.

 La detención  del alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, del PSC, eleva a diecisiete el número de primeros ediles en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde la Operación Malaya, en Marbella, en abril de 2006. Bartomeu Muñoz ha sido detenido un día después de que lo fuera el regidor de Castro de Rei (Lugo) y diputado provincial del PSOE, Juan José Díaz Valiño, quien no está incluido en esta relación debido a que los delitos de los que se le acusa son prevaricación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores en la jefatura provincial de Tráfico.Esta es la relación de los ediles detenidos:- MARISOL YAGÜE (GIL).- Ex alcaldesa de Marbella, detenida en marzo de 2006, en la denominada “Operación Malaya”, imputada por cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, en abril de 2006 ingresó en prisión, de la que salió en septiembre, tras satisfacer una fianza de 60.000 euros. — FRANCISCO VALIDO (PP).- Ex alcalde de Telde (Gran Canaria), detenido en noviembre de 2006, en el “Caso Faycan”, por el presunto cobro de comisiones por licencias de obras. Imputado por cohecho, quedó en libertad tras abonar una fianza de 80.000 euros. El PP suspendió cautelarmente su militancia, pero después levantó la suspensión.- EUGENIO HIDALGO (PP).- Ex alcalde de Andratx (Mallorca), detenido en noviembre de 2006, en la “Operación Voramar”. Fue condenado en dos juicios a cuatro años de cárcel primero y a 7 años de inhabilitación después por construir un chalet ilegal y por prevaricación. Fue expulsado del PP.- JUAN MARTÍN SERÓN (PP).- Alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), detenido en enero de 2007, quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros. La Fiscalía le acusó en 2009 en el “caso Troya” de corrupción urbanística. Sigue al frente de la alcaldía.- JOSE FRANCISCO GÓNZALEZ (PP).- Alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la “Operación Góndola” en enero de 2007, imputado por malversación de caudales públicos y cohecho. En libertad sin fianza, se reincorporó a su puesto.

- JOSÉ MARTÍNEZ ANDREO (PP).- Alcalde de Totana (Murcia), detenido en noviembre de 2007 en la “operación Totem”, de corrupción urbanística. En febrero de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 70.000 euros y se reincorporó a la alcaldía. El caso sigue siendo objeto de investigación judicial.

- CANDIDO TRABALON (PA).- Alcalde de Zurgena (Almería), detenido en abril de 2008, en la “Operación Costurero”. En libertad con cargos está imputado por un presunto delito de prevaricación por permitir la obtención de licencias urbanísticas ilegales.

- DANIEL GARCÍA MADRID (PP).- Alcalde de Torre Pacheco (Murcia), detenido en abril de 2008, en relación a la permuta de una parcela municipal destinada a dotaciones deportivas a cambio de cuatro fincas de naturaleza rústica. En libertad con cargos se reincorporó a la alcaldía.

- ANTONIO BARRIENTOS (PSOE).- Alcalde de Estepona (Málaga), detenido en junio de 2008 junto a otras veinticuatro personas en la “operación Astapa”. En libertad bajo fianza de 150.000 euros. Barrientos abandonó la alcaldía y el PSOE.

- JUAN CARDONA (INDEPENDIENTE).- Alcalde Benitatxell (Alicante), detenido en julio de 2008 por un supuesto delito de prevaricación y cohecho en relación a una recalificación de terrenos. En libertad provisional, abandonó la alcaldía en febrero de 2009.

- JUAN JOSE RUBIO (INDEPENDIENTE).- Alcalde de Zarra (Valencia), detenido en octubre de 2008.En libertad bajo fianza de 18.000 euros, había sido expulsado del PSOE tras una denuncia de la Fiscalía en 2006 por varios delitos de prevaricación, falsedad, fraude y estafa.

- JOSE JOAQUIN MOYA (PSOE).- Alcalde de Bigastro (Alicante), detenido en octubre de 2008, acusado de malversación, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y falsedades por una permuta de terrenos en suelo industrial. En enero de 2009 salió en libertad sin fianza. Suspendido cautelarmente de militancia por el PSOE.

- JOSE MARTINEZ GARCIA (PP).- Alcalde de Librilla (Murcia), detenido en noviembre de 2008 por el supuesto cobro de comisiones ilegales. En libertad, aunque inicialmente renunció a la alcaldía, actualmente se mantiene al frente del Consistorio. El PP lo expulsó junto a los tres ediles que le apoyaron.

- FERNANDO MUGURUZA (NO ADSCRITO).- Alcalde de Castro Urdiales (Santander), fue detenido en febrero de 2009, acusado de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos en relación con la construcción de unas viviendas. En libertad con cargos.

- JOSE MANUEL MARTIN ALBA (PSOE).- Alcalde de Alcaucín (Málaga), detenido en febrero de 2009, acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística. Dimitió como alcalde y fue expulsado del PSOE.

- MARIA VICTORIA PINILLA (PAR).- Alcaldesa del municipio zaragozano de La Muela, detenida en marzo de 2009, acusada de un delito de corrupción urbanística, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

- BARTOMEU MUÑOZ (PSC).- Alcalde de Santa Coloma de Gramanet, y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, detenido el 27 de octubre de 2009, en el marco de una operación relacionada con la presunta adjudicación de obras y servicios vinculadas a la construcción, que fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Las tramas delictivas en las Administraciones

Luis García Sáez, el presunto jefe de la red catalana que ha desarticulado el juez Baltasar Garzón con la Operación Pretoria, se marcó un pelotazo en toda regla tras ganar cinco millones de euros, el triple de lo que había invertido inicialmente en una operación inmobiliaria en la costa barcelonesa. Y en menos de dos años. El ex diputado del PSC, conocido como Luigi, triplicó su capital con una compra de terrenos en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres a través de la empresa Niesma Corporació, en la que tenía como socio al abogado Francisco Alejandro Pretus.

La clave del pelotazo fue un convenio, requerido por Garzón, que firmó con ex edil de Llavaneres del PSC Antonio Jiménez. El juez ordenó ayer el arresto de Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, una firma de limpieza con delegación en Santa Coloma de Gramenet. Carrillo es el noveno detenido.

Fuentes municipales explicaron que Niesma adquirió en diciembre de 2003 unos terrenos de la zona de Can Riviere por 3,2 millones, y en marzo de 2004 adquirió otra finca por 1,5 millones. Sólo un año después, Niesma firmó con el Ayuntamiento de Llavaneres un convenio por el que se autorizaba a que la sociedad aumentara la edificabilidad en un 189%, de 3.958 metros cuadrados a 7.500 metros cuadrados.

El convenio también permitía construir 83 pisos en vez de 12 casas. Ese acuerdo estaba firmado por Pretus y Manuel Valera, administrador de empresas de García Sáez. Por parte del Ayuntamiento lo rubrican el entonces alcalde Víctor Ros (PP) y Jiménez, anterior concejal de Urbanismo.

Varias fuentes coinciden en señalar a Jiménez como la conexión entre la operación de Llavaneres y la de Santa Coloma de Gramenet, donde Jiménez fue grente del Instituto Municipal de Deportes. En esa época, según estas fuentes, conoció a García. Luego tomó las riendas de la empresa pública de vivienda de Montcada i Reixac (Barcelona), cargo que compaginó con su puesto de edil en Llavaneres.

Además, Jiménez ya fue citado el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntas irregularidades en un convenio que firmó con la empresa Proinosa, presidida por el constructor Josep Singla, que también ha sido detenido por Garzón.

El terreno de Llavaneres se revalorizó tras el convenio. Si lo compró por 4,7 millones, tras el acuerdo, en septiembre de 2005, ya estaba valorado en 6,3 millones. Y sólo un mes después, en octubre, realizó el auténtico pelotazo al venderlo a una sociedad participada por Restaura y Caixa Laietana por 9,73 millones. En menos de dos años, Pérez había ganado más de cinco millones.

Una estrategia parecida siguieron en Santa Coloma. El consistorio aprobó en marzo de 2005 un cambio de usos en el proyecto que en 2001 compró Singla. Éste vendió la empresa que creó para desarrollar el proyecto, Centre Comercial Gramenet, a una sociedad holandesa administrada por Pretus en noviembre de 2003. El consistorio justificó que el proyecto anterior no era económicamente “viable”. Como resultado de la operación, los promotores obtuvieron unas plusvalías de 18,6 millones de euros El proyecto se aprobó en marzo de 2005. En mayo, Petrus vendió la sociedad.

(FUENTES:LLUÍS PELLICER / JESÚS GARCÍA)

“Corrupción, la palabra de moda en España”. Así tituló recientemente la BBC un artículo sobre el alud de escándalos que se ha precipitado sobre todo el país, atravesando a los principales partidos políticos, administraciones públicas e importantes empresas privadas. Las detenciones ayer de un alcalde socialista y de dos ex altos cargos de Jordi Pujol vienen a sumarse a una lista casi inabarcable de casos (Gürtel, Palau, El Ejido, Costa del Sol, Mercasevilla, Ciempozuelos…) que se han apoderado de la agenda política, y deteriorado la calidad del sistema democrático. Desde Cataluña a Andalucía, pasando por Madrid, Valencia, Aragón o Castilla-León, los escándalos se reproducen salpicando a gobiernos autonómicos, municipales e, incluso, al Ejecutivo nacional. La corrupción tampoco entiende de siglas: PSOE, PP, CiU, PAR, Unió Mallorquina, PAL… Se encuentra más presente que nunca en los medios de comunicación y ocupa buena parte del debate político, pero, según los datos del CIS, apenas inquieta a la ciudadanía. El barómetro del pasado mes de septiembre recoge que sólo el 1,4% de los encuestados señaló la corrupción y el fraude como uno de sus principales problemas. El paro (76,4%) y la economía (48,4%) son con diferencia las cuestiones que más preocupan a los españoles, pero cabe destacar la percepción de la clase política como problema. Los escándalos parecen haber erosionado la imagen del Gobierno, de los partidos y de los políticos en general, que preocupan al 16,5% de los españoles. Se trata de un porcentaje considerable, ya que casi alcanza al terrorismo, señalado por un 18,3%. La opacidad de los partidos políticos Una creciente desconfianza hacia el Estado de Derecho a la que contribuyeron ayer los principales grupos parlamentarios en el Congreso con un duro cruce de acusaciones. Los portavoces de PSOE, PP, CiU y PNV pusieron en marcha el ventilador y se reprocharon mutuamente su responsabilidad en los principales casos de corrupción. Pese a que la Cámara aprobó una iniciativa de PSOE y ERC para endurecer las penas en este tipo de delitos, el debate parlamentario derivó en una discusión poco ejemplarizante. El republicano Joan Ridao aprovechó para atizar a CiU con motivo del caso Millet y la detención de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; los socialistas arremetieron contra el PP, y los populares acusaron al Gobierno de convertir a la Fiscalía en un “apéndice servil”. Por su parte, Jordi Xuclá, recordó las generosas condonaciones de deudas que ha recibido el PSC. Precisamente, uno de las principales deficiencias que presenta España es la opacidad de los partidos, según ha denunciado el Consejo de Europa. El órgano encargado de su control, el Tribunal de Cuentas, se ha mostrado incapaz de profundizar en los números que presentan las formaciones políticas, y su régimen sancionador sólo le permite imponer benévolas multas. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha facilitado también el afloramiento de una economía irregular ligada a la construcción. Una situación sobre la que numerosos expertos y organismos internacionales alertaron durante el boom del ladrillo, pero que nadie remedió a tiempo. La corrupción en este sector ha infectado el tejido político, social y económico desde la Moncloa, donde Angélica Rubio presionó para que se favoreciera a determinados constructores, hasta los ayuntamientos más pequeños, como Villanueva del Pardillo (Madrid). En toda España, 18 alcaldes han sido detenidos por corrupción urbanística desde que se inició la Operación Malaya en abril de 2006. Los empresarios, también bajo sospecha Un buen ejemplo es el caso de Santa Coloma de Gramenet, cuyo alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, fue detenido ayer por orden de . El juez le imputa los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Sin embargo, no resulta una sorpresa para aquellos que conocieran el informe de 2009 de Transparencia Internacional sobre los ayuntamientos españoles. En la clasificación de 150 consistorios, y con una puntuación de 0 a 100, Santa Coloma obtiene un concluyente 0 en “transparencia en las contrataciones de servicios”. No obstante, y como prueba de la dificultad para cazar a los corruptos, el citado informe otorga una buena nota al Ayuntamiento de Santa Coloma en “transparencia en materia de urbanismo y obras públicas” y en “transparencia económico-financiera”. Así, es habitual que la Justicia actúe cuando el delito se lleva cometiendo durante años, lo que demuestra la ineficacia de los sistemas de alerta de los que debe dotarse una sociedad democrática. Fuentes del Poder Judicial indicaron que la Administración de Justicia debe ser el último recurso, donde se reparten las responsabilidades, pero no el único remedio contra la corrupción. Además, recordaron que la investigación de una trama puede durar meses a partir del momento en que se detecta alguna irregularidad. Por otra parte, la combinación de crisis económica y corrupción también ha pasado factura a la imagen de los empresarios. De acuerdo con el barómetro de Transparencia Internacional, hecho público en junio, el 29% de los españoles considera que la corrupción es mayor en la esfera de la empresa privada, frente al 27% que opina que afecta más a los partidos políticos. En todo caso, se trata de una escasa diferencia en un país abrumado por las profundas raíces de este pillaje.

  (FUENTE:Alberto Mendoza).

Abdu Willy se encuentra muy divertido con la situación

El juego de despropósitos entre jueces y fiscales da una imagen poco seria de España

Si no fuera por la tragedia que supone el secuestro de 36 personas con grave riesgo para sus vidas, la larga serie de despropósitos en torno al joven pirata apresado en Somalia podría calificarse de auténtico sainete. Estamos ante un espectáculo impropio de una sociedad madura que debería de hacer frente a este tipo de situaciones con sentido de la responsabilidad y eficacia institucional. Por mucho que la Fiscalía pretenda acreditar con informes de todo tipo que el imputado es mayor de edad, parece que no hay manera de convencer al juez Santiago Pedraz, que ha decidido inhibirse en favor del Juzgado de Menores. Por lo visto, éste tampoco sabe qué hacer, todo ello en medio de una estrambótica discusión jurídica que se ahoga en lagunas legales y en elucubraciones sobre qué instancia judicial es competente para decidir sobre la situación personal y procesal del pirata.

LA DISCUTIDA MAYORÍA DE EDAD

El Gobierno Zapatero es el primer interesado en demostrar esta discutida mayoría de edad para evitar cualquier sombra de irregularidad en el proceso, y ello explica que la Fiscalía esté empleándose a fondo aunque con escaso resultado.

Sin embargo, el asunto no debería ventilarse bajo la luz de los focos, una mala práctica a la que nadie pone remedio cuando el órgano que sale al campo de juego es la Audiencia Nacional.

De hecho, ha estado a punto de producirse en algún momento el espectáculo lamentable de un pirata de paseo por las calles de Madrid mientras los marineros del «Alakrana» padecen un cautiverio intolerable.

LOS ERRORES DEL GOBIERNO ZP

Los errores del Gobierno ZP en la gestión de las crisis relacionadas con nuestros pescadores en el océano Índico conducen de lleno en este caso al riesgo para la vida de muchas personas.

La angustia de los familiares resulta comprensible, lo mismo que la inquietud en el sector afectado, cuya reivindicación acerca de la seguridad de los buques que faenan en aquella zona peligrosa tenía que haber sido atendida hace tiempo.

Después de muchos titubeos, el Ejecutivo propone ahora una reforma legislativa y trata de jugar sus bazas a escala diplomática sin que se perciban todavía resultados positivos.

El juego de despropósitos entre jueces y fiscales sobre la normativa aplicable a uno de los piratas trasladados a España contribuye a ofrecer una imagen poco seria de nuestro país y, en esa medida, alimenta la esperanzas de los secuestradores de sacar provecho de su acción criminal.

Es imprescindible tomar decisiones eficaces, con pleno respeto a las garantías jurídicas pero sin ofrecer la sensación de que nadie es capaz de poner orden en un problema que se complica más cada día que pasa. Y peligrosamente.

 ¡QUIERO MIS CORDONES!

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, aludió ayer a un “cúmulo de fatalidades”, para explicar el ridículo que el órgano que preside ha hecho en el caso del pirata.

Porque Abdu Willy se encuentra muy divertido con la situación. A uno de los jueces le dijo:

“¡A cuánta gente estoy conociendo en tan pocos días!”.

Y es que en esta semana y media el somalí ha visto a cuatro jueces: Garzón, Pedraz, Andreu y De Castro, al menos tres fiscales y ha estado en la cárcel, en un centro de menores de protección y en otro de régimen cerrado, mientras lo pasean arriba y abajo por Madrid.

Sus incomodidades pasan porque quería recuperar su teléfono móvil, lo que no es posible.

Este viernes, sin embargo, sus reivindicaciones eran otras. Había pasado la noche en un centro de protección de menores y le habían retirado los cordones de las zapatillas porque no es la primera vez que alguno se suicida uniendo sus extremos.

Como fue trasladado a la Audiencia, clamaba:

“¡Quiero mis cordones!”

La Generalitat desoyó una auditoría de 2003 que advertía de la salida del Consorcio del Palau de 539.424 euros

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación.También se usó dinero público, y el Gobierno catalán, entonces presidido por Jordi Pujol, lo sabía ya en junio de 2003. Ese año, la auditoría oficial advirtió de irregularidades “relevantes” en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet.

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación. También se usó dinero público, y el Gobierno catalán, entonces presidido por Jordi Pujol, lo sabía ya en junio de 2003. Ese año, la auditoría oficial de la Intervención General del Departamento de Economía y Finanzas advirtió de irregularidades “relevantes” en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet. La auditoría indica que en 2001 y 2002 salieron de esta entidad 539.424 euros en concepto de “colaboraciones” con la Asociación Orfeó Català, también presidida por Millet y que la investigación apunta como el agujero negro desde donde se desviaban fondos.

El Palau de la Música Catalana, propiedad de la Asociación Orfeó Català, se nutría a través de dos instituciones. El consorcio, que canalizaba los fondos públicos, y la fundación, con aportaciones privadas. Hasta ahora, todo apuntaba a que el consorcio quedó al margen de la trama de desvío de fondos. Sin embargo, la auditoría de la Generalitat indica todo lo contrario. Además de dar 17 recomendaciones para subsanar las anomalías en la gestión del Palau, los interventores explicitaron que Millet modificaba el presupuesto a su antojo sin la autorización de los órganos competentes. La Generalitat lo desoyó.

Precisamente, el 8 de marzo de 2002 la Generalitat otorgó a Millet y a su mano derecha y también imputado por el juez, Jordi Montull, los poderes necesarios para tener firma, lo cual les permitió maniobrar en el consorcio, de acuerdo con una carta que el Ejecutivo catalán dirigió a Millet.La auditoría indica desviaciones de dinero del Consorcio hacia la Asociación Orfeó Català, al margen de las aportaciones mensuales de 5.259 euros fijadas por convenio. En total, entre 2001 y 2002 salieron hacia el Orfeó 539.424 euros.

El Palau de la Música justificó esa inyección de dinero como “una cuantía variable por colaboraciones”. La advertencia era ya suficiente para alertar al Departamento de Economía y Hacienda, encabezado por el convergente Francesc Homs, que tenía encima de la mesa otro informe de la Sindicatura de Cuentas en el que advertía de que los pagos del consorcio a la asociación en concepto de “colaboraciones” eran prácticas irregulares.

Sin embargo, el empleo irregular del dinero público no terminó ahí. El interventor de la Generalitat constató que los contratos de Millet y Montull eran “verbales”. Millet se embolsó 107.294,84 euros en 2002, lo que representa más de un 7% de las subvenciones que la entidad recibió ese año. Esa cantidad era independiente de la remuneración que se asignó en la fundación, que el año pasado fue de 1,6 millones, pero también de los 29.085 euros que Millet se gastó en comidas sin precisar el motivo del ágape ni el número de comensales.

La intervención del Ejecutivo catalán también advirtió de que no se realizaron “los arqueos de caja”, es decir, las comprobaciones necesarias para constatar que los saldos registrados son correctos. Sí halló, en cambio, un depósito de 63.427 euros correspondientes a una imposición a corto plazo que se venía renovando desde 1995 y que contaba en la tesorería del consorcio, cuando en realidad debía considerarse una inversión.

El informe sobre las cuentas del consorcio, que recogen numerosos errores contables y de facturación, también se detuvo en la propiedad del Palau de la Música, que era titularidad de la Asociación Orfeó Català. El interventor opinó que debería ser el consorcio el que contara con este inmueble modernista. Los estatutos de la entidad que reúne a las administraciones públicas fija que ésta debe encargarse de la explotación y la gestión del Palau de la Música, lo cual, a juicio del interventor público, incluye “el edificio, las obras de la primera ampliación y las de la segunda”. Lejos de seguir esta recomendación, Millet trató de traspasar el inmueble de la asociación a la fundación Orfeó Català, según consta en el sumario del juez.

Por otra parte, ayer la fiscalía elevó a 20 millones de euros la desviación de fondos cometida por Millet en el Palau de la Música. El fiscal, además, recordó que siguen “aflorando más depreciaciones”, como las bodas de sus hijas, que corrieron a cargo del Palau.

( FUENTE: LLUÍS PELLICER ).·.

El Nuevo Día reportó hoy que dos recursos de interdicto fueron presentados ante el Tribunal Superior de San Juan en representación de cerca de 6,000 empleados del Departamento de Educación.    Los recursos fueron radicados a nombre de 4,000 empleados de vigilancia y conservación y mantenimiento del sistema público de enseñanza y 1,800 empleados de la unidad apropiada del personal profesional, administrativo, secretarial y de oficina (PASO) de Educación.

Esta semana,  el Tribunal Superior dejó sin efecto las cartas de cesantía de 41 empleados del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBU) porque el Cuerpo de Bomberos no cumplió con los requisitos de notificación exigidos en la Ley 7 (PDF).  Las reclamaciones de los empleados de Educación, explicó Wendell Bonilla Valdés, abogado del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores.  “Son reclamaciones similares por un incumplimiento de parte de la agencia de notificarle a la unión tanto la certificación de antiguedad como la carta de cesantía”, dijo Bonilla Valdés.

Desde 1976, 1.176 han sido ajusticiados, 441 en Tejas

California gasta €90 millones en 670 convictos y no le llega

La crisis financiera ha puesto en un brete al sistema judicial de EEUU, que tiene problemas para seguir financiando las ejecuciones de convictos, lo que ha derivado, entre otros factores, en una reducción en estos castigos en 2008.

El año pasado, según informa el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM), se llevaron a cabo sólo 37 ejecuciones (26 de ellas en Texas), cinco menos que en el año anterior y 51 menos que en 1999.

Aunque levemente, también se redujo el número de convictos que espera ejecución en los corredores de la muerte del país que albergan ahora a 3.309 convictos, frente a 3.350 en 2007 y 3.549 en 1999.

Según explicó CIPM, los casos de pena de muerte exigen enormes gastos especialmente en los de condenados a muerte que muchas veces exigen repetir sus procesos judiciales.

Según la Comisión para la Administración de Justicia de California, ese estado donde 670 convictos esperan ejecución, gasta alrededor de 138 millones de dólares en la aplicación de la pena de muerte y necesita otros 95 millones de dólares para reparar un sistema “disfuncional” y “al borde del colapso”, según sus miembros.

90.000 EUROS MÁS AL AÑO POR CONVICTO

Para mantener en los corredores de la muerte a los convictos, el estado gasta alrededor de 90.000 dólares anuales más por cada condenado a la máxima pena que si se tratara de un presidiario común.

Y ese condenado a muerte tiene que esperar como media unos 4 años antes de presentar su primera apelación.

En todo el país la media de espera entre la condena y la ejecución es de 12,7 años, según CIPM.

Para Jeanne Woodward, ex directora del Departamento de Rehabilitación de California y ex alcaide de la prisión de San Quentin, la solución sería la derogación del castigo:

“Si condenamos a los peores criminales a un confinamiento permanente, los recursos que aplicamos en la pena de muerte podrían utilizarse para investigar homicidios, modernizar los laboratorios de investigación y aumentar los programas de prevención de la violencia.”

La situación económica también es difícil en Nuevo México donde las autoridades judiciales de ese estado advirtieron de que tendrán que abandonarse los casos de pena de muerte, si su Asamblea Legislativa no proporciona fondos para financiar la defensa de acusados indigentes.

Una situación similar ocurre en el estado de Utah, donde su Tribunal Supremo anunció que rechazaría todas las condenas a muerte si no se recibían recursos para financiar las apelaciones.

LOS NORTEAMERICANOS, FRENTE A LA PENA DE MUERTE

Aunque el apoyo a la pena capital sigue siendo mayoritario, ese respaldo registró una nueva disminución y ahora es de 64 por ciento, según reveló una encuesta en octubre pasado.

Tras ser restablecida por el Tribunal Supremo en 1976, el apoyo a la pena de muerte era de más de 80 por ciento, pero ya en 1999 bajó a 71 por ciento y en 2007 a 69 por ciento, señaló CIPM.

A pesar de esas disminuciones en 2008, se mantuvo la disparidad racial en la aplicación del castigo, manifestó Scott Phillips, experto en asuntos judiciales de la Universidad de Denver.

Según Phillips, como ocurrió en otros años, la sentencia de muerte fue más probable cuando la o las víctimas eran blancas y no negras. Esa misma situación se planteó en detrimento de los acusados negros en favor de los blancos.

Además, la pena de muerte mantuvo su carácter regionalista en 2008 y el 95 por ciento de las ejecuciones se realizaron en estados del sur, indicó CIPM.

La aplicación del castigo quedó suspendida a mediados de este año cuando el Supremo decidió analizar recursos de dos convictos del estado de Kentucky que indicaron que el uso de la inyección era inconstitucional.

Finalmente, en septiembre, el Supremo rechazó ese cuestionamiento y determinó que la inyección era constitucional como método de castigo.

Richard Dieter, presidente de CIPM, una organización que dice mantener una posición independiente frente al castigo:

“Creíamos que después de esa decisión, las ejecuciones aumentarían, pero no ha ocurrido así y los aplazamientos y exoneraciones aumentaron.”

Según Dieter, esto se debió a que los tribunales afrontaron denuncias de que no se tomaron en cuenta la lucidez mental de los convictos, su posible inocencia y hasta una denunciada incompetencia de los abogados defensores.

(FUENTE:PD)

 El director de cine, procesedo por violar a una menor, podría apelar al Tribunal Federal suizo en última instancia 

 Estados Unidos ha solicitado formalmente a Suiza la extradición del cineasta Roman Polanski, detenido en este país desde el pasado 26 de septiembre por un proceso por violación de una menor que tiene pendiente desde 1977 ante la Justicia estadounidense. La Oficina Federal de Justicia de Suiza (OFJ) ha confirmado hoy que anoche recibió la solicitud de extradición. La petición de extradición se basa en una orden de detención dictada el 1 de febrero de 1978 por un tribunal de California debido a que Polanski no se presentó ante el juez a pesar de haberse comprometido a ello. En ese procedimiento judicial, el cineasta franco-polaco se había declarado culpable de haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 13 años, razón por la cual está perseguido por las autoridades de EEUU. El objetivo de la extradición es que el tribunal competente pueda pronunciar su pena por ese delito. El cineasta contará con un plazo para presentar sus alegaciones a la reclamación de la Justicia estadounidense. “Sobre la base de la demanda de extradición y de las observaciones de Roman Polanski, la OFJ decidirá si conviene aprobar la demanda de extradición a Estados Unidos”, ha señalado la instancia judicial. Como últimas posibles etapas de este procedimiento -si se acordara la extradición- están eventuales apelaciones que la defensa podría presentar al Tribunal Federal Penal suizo y, en última instancia, al Tribunal Federal. El abogado de Polanski, Georges Kiejman, ha señalado que su cliente podría decidir ir voluntariamente a EEUU para explicarse ante la Justicia con el fin de evitar permanecer detenido durante un proceso de extradición que podría durar meses. “Si este proceso se eterniza, no es completamente imposible que Roman Polanski decida ir a explicarse a Estados Unidos (…), donde los argumentos en su favor no son inexistentes”, sostuvo el abogado. Los cargos contra el director de cine fueron retirados por su víctima, quien además declaró hace diez años que le había perdonado. Esta semana, el Tribunal Federal Penal de Suiza negó al cineasta la libertad condicional por considerar que existía un riesgo elevado de fuga, tanto por los “medios” económicos de que dispone Polanski, como por sus “motivaciones”. El letrado detalló que entre esas motivaciones podría encontrarse el deseo de reunirse con su familia, así como el impacto que tendría para su carrera la interrupción prolongada de su trabajo. Polanski fue detenido en el aeropuerto de Zúrich, donde debía asistir a un festival de cine que tenía programado rendirle un homenaje por su destacada carrera en el cine.

(FUENTE:EFE)

La Audiencia Provincial de Madrid hará pública hoy la sentencia por el ‘caso de la carta falsa’ contra Alberto Cortina, Alberto Alcocer, sus dos abogados, y otros tres acusados por la presunta falsificación de una misiva con la que trataron de conseguir la revisión de la condena dictada en marzo de 2003 por el Tribunal Supremo contra ‘los Albertos’ por el ‘caso Urbanor’, según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press. ‘Los Albertos’, sus abogados, Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, la documentalista Gloria Álvarez y los hermanos José María y Francisco Javier Arnáiz del Barco se enfrentan a penas de entre dos y ocho años de cárcel como presuntos autores o cooperadores de delitos de falsedad en documento privado (artículo 395 del Código Penal), denuncia falsa (artículo 456 del CP) y estafa procesal (artículos 248 y 250 del CP). Sea cual sea el veredicto final, tanto los abogados de las defensas como de las acusaciones particulares se preparan ya para presentar sus respectivos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, lo que alargará varios años más la sentencia final, según fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por Europa Press. Todos ellos están acusados de “realizar un concierto, con el correspondiente reparto de papeles” para confeccionar un documento falso con el que se trató de demostrar ante la Justicia que los socios minoritarios de Urbanor, Julio San Martín y Pedro Sentieri, lo ocultaron al tribunal que juzgó el caso la existencia de dos precios, según concluyó el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, en su auto de petición de apertura de juicio del 16 de mayo de 2008. El Tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid deberá dirimir si absuelve o no a ‘los Albertos’ por prescripción del delito y existencia de vulneración de los derechos fundamentales, de presunción de inocencia y de la legalidad penal, tal y como solicitaron sus abogados en las cuestiones previas al juicio. Las defensas alegaron que no existe estafa procesal, delito de mayor gravedad de los tres que se les imputan, porque el auto de apertura de juicio por la carta falsa fue anterior a la sentencia absolutoria dictada por el Supremo el 25 de junio de 2008, que acogió la doctrina de prescripción del delito adoptada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 20 de febrero de 2008. Esta sentencia anuló la condena a tres años y cuatro meses de cárcel dictada en marzo de 2003 por el Supremo contra los empresarios por estafar a sus socios en Urbanor durante el proceso de venta de los terrenos de Plaza Castilla donde se sitúan las torres KIO. El fiscal no acusa a Los Albertos y los abogados El Ministerio Fiscal no acusa a ‘los Albertos’ ni a sus abogados al considerar que todos ellos fueron “víctimas de un engaño” por parte de los otros tres acusados contra los que pide penas de dos años y cinco meses de prisión. La Fiscalía mantiene que fueron ellos quienes urdieron el plan para engañar a los empresarios y sus representantes legales con la finalidad de obtener un beneficio económico por la carta. La acusación particular ejercida por el arquitecto Pedro Sentieri y sus socios valencianos Luis García Alarcón y Francisco Castelló, solicita una condena de cuatro años y once meses de cárcel para Cortina y Alcocer, cuatro años y siete meses para Hermosilla, Álvarez y los hermanos Arnáiz y tres años para Peláez. Por su parte, el constructor Julio San Martín no ha formulado acusación contra Hermosilla y Peláez pero pide penas de ocho años y cuatro meses de prisión para ‘los Albertos’, los hermanos Arnáiz y Álvarez. El tribunal, presidido por Ángela Acevedo Frías y formado por las magistradas María Teresa García Quesada y Ana Mercedes Del Molino Romera, dejó la causa vista para sentencia el pasado 23 de septiembre tras seis días de una vista oral. El juicio estuvo marcado por la presencia de testigos de excepción como el presidente del Real Madrid y ACS, Florentino Pérez, o el decano del colegio de abogados de Madrid y consejero independiente de Repsol y Barclays, Antonio Hernández-Gil. Antecedentes La carta, con fecha de 2 de octubre de 2000, estaba firmada por Sentieri y dirigida a San Martín. En ella, el arquitecto le daba instrucciones a San Martín para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el ‘caso Urbanor’, un mes después, que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos de Urbanor a la sociedad kuwaití KIO. Según el relato de los hechos, Álvarez se puso en contacto con los abogados de ‘los Albertos’ en 2001 para ofrecerles documentos que podían eximirles del proceso penal de Urbanor, sin obtener resultado. En 2003, dos días después de la condena del Supremo, los hermanos Arnáiz volvieron a ofrecer estas pruebas a los abogados. El 27 de marzo de 2004, asesorados por Hermosilla, ‘los Albertos’ y los Arnáiz suscribieron un contrato ante notario en el que los empresarios se comprometían a pagarles 4,5 millones de euros, correspondientes al 20% de la indemnización, en caso de absolución. El 9 de abril de 2003, Álvarez presenta denuncia ante la Fiscalía General del Estado para pedir que se investigue la aparición de la carta en su buzón de forma anónima, de aquí partió una investigación penal, que en enero de 2004 fue asumida por Peláez, quien a su vez presentó el recurso de revisión ante el Supremo.( Fuente: El Mundo ).·.

El pasado día 3 de septiembre os adelanté el contenido de proyecto de Orden ministerial que iba a regular el procedimiento electrónico de las reclamaciones económico-administrativas, proyecto que hoy es ya una realidad. En el B.O.E. del 16 de octubre de 2009 se publicó la Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas.

Dicha Orden ha iniciado un proceso de adaptación progresiva de la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas a la utilización de los medios electrónicos y telemáticos con el fin de facilitar la actuación de los ciudadanos y mejoren la operatividad de las Administraciones que intervienen en el procedimiento, y resulta de aplicación a los órganos que dictan los actos que son objeto de reclamación en vía económico-administrativa como a los propios Tribunales Económico-Administrativos.

Características de la norma:

Esta norma presenta dos aspectos que la caracterizan:

• Transitoria, ya que hace referencia en su Anexo II a las especificaciones técnicas a que habrán de ajustarse los procedimientos hasta el futuro desarrollo reglamentario de la Ley 11/2007, así como a los criterios que se determinen en el Esquema nacional de Interoperabilidad (ENI) cuando sea publicado.
• Parcial, pues sólo se aplica a los siguientes procedimientos:
  -  La interposición telemática de las reclamaciones e incidentes de ejecución
  -  La consulta del estado de tramitación, y
  -  La remisión del expediente administrativo del acto reclamado
  El resto de actuaciones del procedimiento económico-administrativo seguirán presentándose en el tradicional formato papel.
• Opcional, para los interesados

Interposición telemática de las reclamaciones:

Para interponer una reclamación, los interesados podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación y autenticación admitidos en el Registro Electrónico receptor conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007.

Los modelos de interposición de reclamaciones a utilizar se recogen en el Anexo I de la Orden, y son:

• REA I, para reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados por órganos administrativos (procedimiento general en única o primera instancia).
• REA II, para reclamaciones económico-administrativas contra actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria, e
• IEJ, para incidentes de ejecución dictados en ejecución de resoluciones económico-administrativas (art. 68.1 Real Decreto 520/2005).

Dependiendo del tipo de reclamación a interponer, su presentación se hará:

• Para reclamaciones entre particulares: rellenando el formulario que a estos efectos existirá en el registro electrónico de los Tribunales Económico-Administrativos.
• Para los demás supuestos, la presentación de la reclamación se hará mediante la cumplimentación del formulario que a estos efectos existirá en el correspondiente registro electrónico del organismo autor del acto impugnado que, además, admitirá la inclusión de documentos o ficheros anexos en los formatos que admita dicho organismo (hasta que se apruebe el ENI y se homologuen para todas las Administraciones los formatos admisibles). En tanto en cuanto el organismo autor del acto no disponga de registro electrónico o en él no figure el preceptivo formulario, la interposición deberá realizarse en papel.

Una vez presentados, los reclamantes obtendrán un justificante o acuse de recibo de la interposición, que tendrá el carácter de copia digital autenticada que, además, será susceptible de ser impresa en papel. El acuse se generá en formato PDF en el caso de reclamaciones entre particulares (Registro Telemático del Mº de Economía y Hacienda), y en los demás supuestos el formato habrá de ser accesible mediante herramientas de uso gratuito al alcance de los posibles usuarios.

Este acuse de recibo incluirá:

• El organismo ante el que se presenta
• El contenido del formulario rellenado, incluido el texto de alegaciones si las hubiere.
• Una enumeración de los documentos y ficheros adjuntos al formulario de presentación seguido de la huella digital de cada uno de ellos
• La fecha de presentación, y
• El número de entrada de registro.

En el supuesto de presentar ficheros que contengan algún tipo de código malicioso, el referido acuse de recibo contendrá al menos el nombre, pero no la huella del fichero.

Cualesquiera escritos y demás actuaciones del procedimiento distintos de los mencionados que se presenten a través del Registro Telemático no se considerarán válidos y carecerán de eficacia.

Formación del expediente:

El expediente deberá ir foliado mediante un índice electrónico que relacione todos los documentos electrónicos presentados, cuyo primer documento será el propio índice.

Cuando la complejidad del expediente lo aconseje, los documentos deberán estar organizados en una estructura de árbol que permita incluir los documentos en carpetas que faciliten la localización y el acceso a los mismos. Tanto los documentos como las carpetas deberán estar etiquetados con un nombre descriptivo de su contenido.

Los documentos que formen parte del expediente utilizarán formatos estándares de uso común que serán acordados por la Administración remitente y por los Tribunales. Cuando se trate de documentos digitalizados, se considerarán estándares de uso común los siguientes:

• ISO 19005 (PDF/A)
• PNG
• JPEG 2000
• PDF 5.0 o superior, y
• TIFF 6.0 o superior

y el fichero resultante tendrá una resolución mínima de 200×200 ppp.

Envío del expediente a los Tribunales Económico Administrativos:

El expediente administrativo correspondiente al acto reclamado se formará y enviará preferentemente en formato electrónico al Tribunal Económico-Administrativo utilizando los medios electrónicos y telemáticos previstos en el Anexo II de la Orden, si se lo permiten los medios técnicos de que disponga; entre los sistemas de remisión se encuentran:

• Servicios web, cuyos ficheros de intercambio tendrán el formato XML y en cuanto a la huella digital de los documentos, se utilizará como mínimo el estándar SHA-1
• Correo electrónico, cuando así se acuerde entre el organismo emisor y los Tribunales, para lo que habrá que habilitar un sistema de acuse de recibo que garantice que ambas partes tienen constancia de la entrega y recepción del expediente íntegro por parte de los Tribunales.
• Soporte electrónico u óptico no susceptible de reescritura en cuya carátula se identifique el expediente. Dicho soporte irá acompañado de un certificado (redactado en papel) indicativo de que el expediente figura íntegramente en dicho soporte.

El expediente podrá asimismo remitirse en formato electrónico aunque la reclamación hubiera sido presentada en papel si se procede por el órgano receptor a la digitalización de los documentos. En estos casos, el escrito de reclamación habrá que remitirlo en formato papel acompañado del resto de documentos en formato electrónico.

Cuando el número de reclamaciones (presentadas en papel) que un mismo órgano remita a los Tribunales sea muy elevado, mediante Resolución de la Presidencia del Tribunal Económico-Administrativo Central se podrá aprobar otros sistemas sustitutorios de la remisión en papel del escrito de interposición.

Consulta del estado de tramitación:

Los interesados (reclamantes) podrán consultar por vía telemática el estado de tramitación de su expediente a través de la sede electrónica de los Tribunales Económico-Administrativos, si bien, esta facultad no se extiende al contenido de los trámites.

Aunque los Tribunales Económico-Administrativos dispongan de sistemas de visionado para el examen del expediente, no expedirá copias en papel del expediente de origen (el remitido por el organismo autor del acto impugnado). Sólo permitirán a los reclamantes e interesados obtener copia electrónica del expediente, durante el trámite de puesta de manifiesto para alegaciones y siempre que sea a costa del propio interesado.

Entrada en vigor de la Orden:

Su entrada en vigor se produjo al día siguiente de su publicación en el B.O.E., es decir, el 17 de octubre, aunque con las siguientes excepciones:

• Lo dispuesto en relación con las reclamaciones entre particulares (art. 3.3 Orden), y
• Lo dispuesto en relación con la consulta del estado de tramitación (art. 8 Orden)

que iniciarán sus efectos cuando entre en funcionamiento el correspondiente registro electrónico y la sede electrónica.