Hoy 12 de Noviembre, se ha producido un encierro por parte de los Abogados del Turno de Oficio en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Estas son algunas de las noticias publicadas al respecto.

Abogados del Turno de Oficio se encierran para reclamar la no privatización

“Los abogados del Turno de Oficio iniciaron esta mañana un encierro en el Colegio de Abogados de Madrid para reclamar que no se privatice este servicio público y para exigir el pago de 27.981.774 euros que les adeuda la Comunidad de Madrid desde el 30 de septiembre de 2009″.

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   El Jueves 12 de noviembre a las 10:00 de la mañana, se producirá un encierro en el lustre Colegio de Abogados de Madrid, por acuerdo de de la Asamblea del pasado 18 de septiembre de l@s letrad@s del Turno de Oficio, debido a que se quiere privatizar el Turno de Oficio.

Los letrados gijoneses tienen su propio agujero negro, un espacio caracterizado por el vacío más absoluto pese a estar físicamente ubicado en las dependencias del edificio judicial sito en la calle Decano Prendes Pando; en otras palabras: el Colegio de Abogados de Gijón. Aunque quien suscribe, por continuar con el símil astronómico, tiene ya serias dudas de si es un agujero negro o una enana blanca, porque los dirigentes de dicho ente como tales (como enanos) son tratados por cualquier funcionario de cualquier Administración. Pero vayamos al caso que nos ocupa.

En el encabezamiento al presente post se ofrece la carta que Raffles, el ladrón aficionado, recibió la pasada semana de nuestro ínclito colegio profesional (que pueden ver en tamaño natural al final del post). En dicha misiva se dice que el colegio “ha sido requerido” por la Administración autonómica para que facilite ciertos datos como el número de atestado policial o diligencias judiciales o, lo que es más chocante, el número de expediente asignado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Además, para remitir la información al Principado, se nos “ruega” que facilitemos los datos antes del día 13 de noviembre a nuestra nunca bien ponderada corporación. Teniendo en cuenta que el autor de estas líneas ha consignado todos los datos en los justificantes aportados al colegio (salvo el número de expediente asignado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita), no alcanzo a entender el sentido de dicha epístola que, por cierto, el sagaz lector habrá observado que no viene firmada por el señor Decano (¡cómo va a ser él quien de una mala noticia, por Dios!), sino por el Secretario señor Estrada. De todas formas, me permito recordar a los lectores del blog y a toda la profesión letrada en general, los siguientes aspectos:

1)      En primer lugar, ¿Acaso no conoce nuestra Junta de Gobierno la legislación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas? Porque creo recordar que el artículo 35.f establece como un derecho del ciudadano, en su relación con las Administraciones públicas (y en este caso el colegio, aunque por delegación, lo es) “no aportar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante”. Dado que la Administración del Principado de Asturias exige unos datos que ya obran en su poder (la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se encuadra, a través de la Dirección General de Justicia, en la Consejería de la Presidencia) ¿Se planteó siquiera la corporación alegar tal particular? ¿Acaso la Administración autonómica no tiene unos empleados públicos (cuyos emolumentos salen de nuestros impuestos) que simplemente con apretar un botón de su equipo informático pueden acceder tales datos?

2)      ¿Recuerdan ustedes aquélla inolvidable e impagable sesión de autobombo que se hizo a mayor gloria del señor Decano en el programa “La lupa” de Canal 10, donde, contestando a preguntas de Juan Neira, prácticamente dio por hecho que se iban a reducir las cargas burocráticas que pesan actualmente sobre los letrados (información que saltó a la prensa escrita al día siguiente acompañada de una generosa fotografía con un sonriente decano)? ¿Acaso no recuerdan ustedes la Circular 31/2009 donde el firmante de la misma indicaba que esperaba solucionar tal problema en la “próxima reunión” que tendría con la Consejería el mes de mayo? Mentira sobre mentira……

3)      ¿Realmente necesitamos para esta absurda pantomima unos entes caducos, innecesarios, desfasados, vetustos, y en definitiva, decimonónicos, que únicamente sirven como “intermediarios” entre la Administración del Principado y el letrado? Ello me trae a la memoria la espléndida e imprescindible película de John Ford “El hombre tranquilo”, ambientada en la católica Irlanda y donde la tradición imponía la figura del “intermediario” a la hora de poner en contacto a un hombre con la familia de su pareja. Y no sigo con las comparaciones para que no me tachen de malévolo (únicamente, y para los iniciados, adelanto el nombre de Cohan).

Thomas Paine, un pensador inglés del siglo XVIII, escribía en su obra Common Sense que “Los gobiernos absolutos (a pesar de ser una desgracia para la naturaleza humana) tienen esta ventaja: que son simples; si el pueblo sufre, sabe la causa de donde surge sus sufrimientos, conoce asimismo el remedio y no anda preocupado con la variedad de causas y cuidados. Sin embargo, la Constitución de Inglaterra es tan desorbitadamente compleja que la nación puede sufrir durante años sin ser capaz de descubrir en qué sitio reside la falta; unos dirán que en tal lugar y otros que en aquel otro, y cada médico de la política aconsejará una medicina diferente”. Algo parecido ocurre con el Principado y el Colegio de Abogados, que a la hora de asumir la responsabilidad de un error, ninguno es competente: el Principado dirá que es el Colegio de Abogados y éste que es un mero “gestor” o “colaborador”, en otras palabras, una “entidad colaboradora” de la Administración del Principado, tirándose la pelota el uno al otro para escurrir ambos el bulto, cubriéndose mutuamente las vergüenzas por aquello del “hoy por ti, mañana por mí”.

¿Por qué no informa el señor Decano de esta eventualidad (el requerimiento del Principado) mediante una de esas circulares que tan aficionado a perpetrar y con las que tan frecuentemente nos obsequia? ¡Ah!, claro, se me olvidaba, estamos en periodo electoral y hay determinadas cosas que conviene queden ocultas bajo siete llaves o, cuando menos, que se les de la menor trascendencia posible. Pues bien ¿Cuántas cosas más se nos están ocultando?

Esta semana tuve la ocasión de intercambiar impresiones con una compañera que (¡oh dichosa e irresponsable ilusión de juventud!) había tomado la decisión de darse de alta por vez primera en el turno de oficio. Su ilusión retrocedió varios centímetros cuando fue “informada” por cierta persona tristemente célebre por lo atinado de los consejos y precisiones que suele dar a las personas que con sus cuotas le están pagando el sueldo. Pero ese ímpetu juvenil se desplomó cuando nuestra gloriosa y nunca bien ponderada organización colegial al servicio del abogado puso en sus manos el impresionante equipo técnico consistente en un lector de tarjetas para instalar en el ordenador: el lector no funcionaba y, en consecuencia, al no reconocer la tarjeta, la compañera no podía acceder a la zona privada de nuestra, por otra parte, lamentable página web que ni es página y sólo por medio de una generosidad sin paliativos puede permanecer en la red donde hasta la bitácora creada por el más desinformado de los jovenzuelos supera mil veces la creación (se supone) de nuestro informático, otro personaje que pulula (bien es cierto que con escasa frecuencia) por las dependencias colegiales y cuyo sueldo pagamos igualmente los sufridos colegiados con aquella parte de nuestros emolumentos que trimestralmente nos esquilma con el espaldarazo del Estado esa cueva de mercachifles denominada colegio de abogados. Pues bien, el caso es que como yo viví en mis propias carnes en su día la experiencia de esta joven compañera y como a mí me sucedieron exactamente los mismos acontecimientos que a ella le ocurrieron en la actualidad, ello me permite nuestras cuotas se elevan en cuantía mientras los servicios no sólo no ascienden, sino que disminuyen en calidad. ¡Esa es la organización y los servicios con los que cuenta nuestro Colegio de Abogados de Gijón, entidad que solo mediante los esfuerzos de la más portentosa imaginación puede, sin mover a la hilaridad general, sostener que goza de una infraestructura personal y material acorde con los tiempos que corren.

No obstante, de todos los acontecimientos, incluso de los más rayanos con el esperpento o la astracanada, se pueden extraer lecciones y, al menos en lo que al humilde redactor de estas líneas se refiere, le han venido a la cabeza un par de ideas que pueden servir tanto como fuente de ingresos como de medida reivindicativa del turno de oficio. En 1974 decía el generalísimo Franco que es virtud del hombre político convertir los males en bienes, no en vano reza el adagio popular que “no hay mal que por bien no venga”. Pues bien, creo sinceramente que podríamos convertir nuestros males, las lacras y deficiencias corporativas, en una fuente de ingresos e incluso convertirlas en instrumento que facilitase nuestra reivindicación del turno de oficio, Bastaría para ello con tomar estas dos sencillas medidas:

1)      Ponerse en contacto inmediatamente con los guionistas de Cámera Café a fin de que se desplacen a las dependencias colegiales a tomar nota de una posible secuela o spin off de la serie, que podría titularse Cámera Café: Abogando. Tan sólo con una jornada podría extraerse material (y les aseguro que no exagero nada) para al menos tres docenas de episodios, donde los personajes de Jesús Quesada (a quien ya veo en su sufrido papel de Secretario Técnico) y Richard (Joaquín Reyes tendría en nuestras de las dependencias colegiales un verdadero modelo para su personaje) harían las delicias del personal. Amen de ello, podrían sacarse unos cuantos eurillos en concepto de derechos de autor.

2)      Encargar de manera inmediata al actual Secretario Técnico la ardua tarea de atender al justiciable que demanda información para solicitar abogado de oficio. ¡Imagínense la situación! Serian decenas, cuando no centenas, las personas que demandarían una ayuda informativa del personaje que, seguro no nos decepcionaría en el sentido de ofrecer al probo ciudadano unos servicios con la misma calidad y rigor con que nos tiene acostumbrados a los colegiados.

Creo que con ello no sólo se aliviarían los evidentes y serios problemas económicos que actualmente ostenta la corporación, sino que las reivindicaciones de los letrados recibirían el espaldarazo definitivo con la desinteresada ayuda de nuestro auténtico diamante en bruto, actualmente infrautilizado en una covachuela alejado del justiciable que, así, se ve injustamente privado de la más eficaz ayuda y socorro.

La demanda de actividad para los abogados de turno de oficio de Barcelona se ha incrementado durante el primer trimestre del año entre un 15 y un 20 por ciento, en buena medida a consecuencia de la crisis económica. La actual situación ha disparado las solicitudes de asistencia jurídica gratuita en procedimientos de índole económica.

Con 61 casos, la intervención del turno de oficio en procedimientos cambiarios (efectos impagados), directamente vinculada a las dificultades de las empresas y los particulares, practicamente se ha duplicado en 2008 respecto al año anterior.

Lo mismo ha ocurrido con la asistencia en la reclamación de deudas dinerarias de hasta 30.000 euros, que ha pasado de las 295 actuaciones de 2006 a las 570 de 2008.

Por otra parte, las designaciones del turno de oficio en procedimientos de despido laboral se han incrementado en un 60 por ciento. El crecimiento sostenido también se experimenta en las intervenciones en procedimientos arrendaticios: se han cuadruplicado desde 2005 y se ha rebasado el millar de asistencias por cuestiones como la reclamación de rentas impagadas, desahucios o actualizaciones de alquileres.

“La abogacía está preparada para el incremento de las designaciones del turno de oficio, lo que no está tan claro es que lo estén los juzgados”, ha afirmado la decana de los abogados barceloneses, Silvia Giménez Salinas, quien ha pedido “medidas imaginativas” para afrontar el creciente colapso judicial.

Actualmente, numerosos procedimientos se están solventando inmediatamente antes del juicio por acuerdos entre el fiscal y la defensa, con el beneplácito del acusado.

Más info:

La Vanguardia

La compañera María Jesús Díaz, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación nos hace llegar la siguiente nota de prensa ocasión del encierro que han mantenido la noche del pasado día 16 de febrero en el Colegio de Abogados en protesta por la privatización del turno de oficio:

NOTA DE PRENSA DE LAS ASOCIACIONES ALA (Asociación Libre de Abogados) y  APAEM (Asociación de Abogados de Extranjería de Madrid)

Los abogados de oficio encerrados en la madrugada del día 17 de febrero de 2009 en el Colegio de Abogados de Madrid en defensa de  un Turno de Oficio público y digno queremos comunicar a la opinión pública :

Primero: Denunciamos   las maniobras privatizadoras del turno de oficio que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid.

Segundo: Nos oponemos  a la privación “de facto”  del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que afecta especialmente a los colectivos más desprotegidos de nuestra sociedad.

Tercero: Exigimos el abono íntegro de las remuneraciones adeudadas, con sus correspondientes intereses, y la actualización de los baremos desde el año 2003.

 Por ello, hemos adoptado la decisión de seguir adelante con las movilizaciones en tanto no se dejen sin efecto los acuerdos y resoluciones adoptados por la CAM que privan a los extranjeros del derecho a la asistencia jurídica gratuita y derivan al sector privado la prestación del Servicio de Orientación jurídica a personas mayores. 

A tal fin se ha acordado convocar a una concentración para el próximo día 3 de marzo de 2009 en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a las 13 horas.

Aunque no soy abogado, lo cierto es que la polémica alrededor del turno de oficio del Colegio de Abogados de Gijón me toca bastante cerca, y me resulta complejo llegar a una conclusión clara sobre este asunto sin que el conflicto deje de perjudicar a alguna de las partes.

Por resumirlo de alguna forma, lo que los abogados y abogadas de Gijón reclaman a la Consejería de Justicia es lo que ellos entienden como un precio justo por el servicio de turno de oficio. A día de hoy, por una asistencia en un proceso de familia, si mal no me equivoco el letrado o letrada perciben 160 euros que comprenden todos sus emolumentos desde el inicio del proceso hasta los dos años siguientes.

Asimismo, reclaman asistencia sanitaria pública, como el resto de trabajadores y trabajadoras, máxime cuando el turno de oficio es un servicio prestado por las Administraciones (aunque sea a través de ellos).

Parece que para conseguir sus reivindicaciones, los letrados y letradas gijoneses no descartan medidas como la huelga del propio turno de oficio (que se trata de un acto voluntario del profesional, aunque como servicio público el TS ya se encargó en su momento de decir que para ese caso el derecho de huelga no era factible). Asimismo, algunos miembros del colectivo (tachados de radicales), se dedican a perseguir e increpar a quienes se salen del sentido del grupo, y voluntariamente se inscriben en el turno de oficio.

Casi todos dentro del colectivo coinciden en que los servicios del turno de oficio funcionan mal y están mal remunerados, pero divergen en las medidas a adoptar, y sobre todo en las formas (duras en muchos casos) que les hacen perder cierta legitimidad. Nos encontramos, por lo tanto, en una lucha tanto interna (entre los propios profesionales) como externa (el colectivo contra la Administración), o lo que es lo mismo, una batalla sin cuartel …

¿Dónde está, entonces, la polémica? ¿Qué motivos tienen unos y otros para estar enfrentados a cara de perro? ¿Por qué existe divergencia incluso entre la gente que forma parte del propio colectivo?

Quisiera aprovechar este espacio para aportar mi visión sobre el tema.

Donde tienen razón

Tomando como referencia los 160 euros que mencioné por un servicio de familia, si hacemos un sencillo cálculo matemático, podemos concluir rápidamente que por todas las consultas, escritos, llamadas, reuniones, vistas, etc. que el profesional realice durante esos 24 meses percibirá la irrisoria cantidad de 6,67 euros al mes.

Parece evidente, por tanto, que el servicio del turno de oficio está muy mal retribuido, incluso si se llega a cobrar, porque a veces las trabas burocráticas impiden que los letrados y letradas cobren por el servicio aún habiéndolo prestado.

Aunque, realmente, ese no es el problema. Lo que desató la marejada sobre el turno de oficio no fueron las propias tarifas (que vienen cobrando desde hace ya bastante tiempo). El verdadero motivo de la ira de los y las profesionales es la ampliación del criterio para poder solicitar dicha asistencia, lo que viene a significar que personas que en su momento hubieran podido costearse una asistencia privada, ahora podrán acceder a las tarifas especiales para colectivos desfavorecidos, amén de que a estos profesionales se les priva del servicio de sanidad pública, que se paga también con sus impuestos sobre la renta (y no con cargo a las contribuciones de la Seguridad Social -que este colectivo no paga directamente ya que cuentan con una Mutua propia-), y por lo tanto no alcanzo a entender por qué razón están excluidos.

Y esto me lleva a la vertiente política de la polémica: No me gusta la propaganda (y menos si es barata como ésta). Es propia de regímenes poco democráticos. Con esto quiero decir que no se puede vender que somos europeos cuando realmente somos españolitos de a pie. Aquí, en este país donde el mileurismo ya forma parte de la idiosincrasia patria, una persona que cobra 1.800 euros al mes es una afortunada, y precisamente porque se encuentra en un percentil alto de la estadística sobre salarios, debe ser consciente que no forma parte de ese colectivo (casi el 20% de la población asturiana percibe menos del SMI) que merece una especial protección. Amén de que la retribución de cualquier abogado o abogada en este país está muy por debajo de la de sus homólogos europeos.

Por lo tanto, aquellos o aquellas que pretendan considerarlos como necesitados de una ayuda pública para sufragar sus gastos jurídicos, deberá ser conscientes de que verdaderamente eso es propaganda, y barata, remarco, porque el límite entre ayudar a quien lo necesita y hacer politiqueo de barrio es muy difuso, y tampoco podemos estirar la cuerda de quienes no desempeñan un trabajo plenamente retribuido por el Estado, tienen que pagar sus facturas y además comer (un lujo en esta época).

Y si no estamos de acuerdo, convirtamos la asistencia jurídica en un verdadero servicio público y hagamos de todos los letrados y letradas personal funcionario, a ver el coste que ello tendría para los contribuyentes …

O por el contrario, anticipemos el efecto de ampliar el criterio para recibir esta justicia gratuita y sin subir las tarifas para compensar: Muchos despachos profesionales, que subsistían (si, subsistían) a través de los pocos casos que entraban, como dicen ellos, por particular (vamos, por la puerta y pagando religiosamente de sus bolsillos el servicio), con casi 7EUR al mes deberán cerrar tarde o temprano, y ésto significará que cada vez habrá menos letrados y letradas (aquellos a quienes verdaderamente les resulte rentable el ejercicio), y finalmente estos pocos, en su parcela cerrada, en su cártel, rara vez acudirán a prestar un servicio social como es la asistencia gratuita (¿para qué, si no me resulta rentable?).

Si a este planteamiento le añadimos lo que el Principado realmente se gasta en Justicia frente a otras partidas como la Cultura (¿cual de ellas es un derecho más fundamental?), a un servidor particularmente le da la impresión de que alguien, desde algún puesto en la toma de decisiones, no sabe hacer operaciones matemáticas básicas, y trata de vender, como suele decirse, duros a cuatro pesetas.

Donde se equivocan

Ahora es el momento de darles un pequeño tirón de orejas a los y las profesionales. Y no precisamente a los que reclaman una retribución justa, y están en las calles reivindicándola para todo el colectivo, sino más bien a todos aquellos que ni siquiera se plantean incribirse en las listas del turno de oficio porque, sencillamente, no lo necesitan para subsistir. O aquellos que, alegando motivos éticos (no descarto que alguno de éstos haya, y lo excluyo expresamente), están haciendo el Agosto a costa de esas reivindicaciones, llevando más temas por turno de oficio de los que hubieran llevado si éste funcionara con normalidad. O aquellos que, desde otros colegios, se frotan las manos frente a la posibilidad de que a Gijón le quiten la gestión del turno. E incluso a aquellos que ya incluyen el turno de oficio en sus previsiones económicas en el caso de que se privatice el servicio.

La abogacía es, en si misma, un servicio público, una actividad para el interés general. Y eso no debe extraerse nunca del debate.

Parece que este colectivo se olvida que no está en un régimen de libre mercado y compentencia, que el acceso y ejercicio de su profesión está cerrado y que yo mañana no puedo siquiera defenderme a mi mismo en un juzgado, por mucho que supiera de leyes.

Aunque no voy a entrar a valorar la justificación de este coto, que por supuesto doy por bueno, empiezo por recordarlo para que muchos, quizás cegados por un halo de virtud y prestigio que parece rodear a este tipo de profesiones, recuerden que la abogacía está construida sobre la base de un servicio al común y, por lo tanto, una medida como la imposición de barreras requiere, necesariamente, de una contraprestación por parte de los profesionales.

Lo que realmente me parece ilógico, he de confesarlo, es que el colectivo de la abogacía (y aquí apunto directamente hacia su Consejo, que también es parte en el asunto) cuente con reglas tan éticas como el control de la publicidad de los profesionales, y sin embargo no incluyan ni una sola letra al servicio Pro bono que debieran prestar.

En otros países, (EE.UU., por ejemplo), las propias reglas éticas incluyen recomendaciones sobre el número de horas que estos profesionales deberían dedicar al servicio público, sin cobrar un sólo céntimo.

Yo iría aún más lejos, y obligaría a todos los abogados y abogadas a prestar un número mínimo de horas por amor a la profesión. Y cuanto mejor sean los resultados de los bufetes, más horas. Y nada de pasantes, un cómputo realizado abogado/a por abogado/a. Porque soy un morboso, y me encantaría ver a los Garrigues o Cuatrecasas de turno atendiendo al inmigrante de la calle que no habla ni papa de español y acaban de encalomar con 200 CDs piratas en el mercadillo.

Seguro que los que ahora tildan de radicales a los que están en pie de guerra por la medida (que, vuelvo a repetir, no tiene disculpa) se retorcerían en sus cómodas sillas cuando tuvieran que prestar un servicio a la sociedad por la cara. Seguro que entonces veríamos el corporativismo tradicional de los colegios en su máxima expresión, y seguro que llevando la pancarta de las movilizaciones estarían los primeros espadas de la abogacía.

En conclusión

No quiero terminar sin hacer una especial mención a quienes están reclamando lo que entienden por justo: Vuestros motivos son legítimos, porque de golpe y porrazo se os priva de vuestro sustento principal sin contraprestación alguna, pero no olvidéis lo que he dicho anteriormente: La abogacía es una bellísima profesión, llena de satisfacciones personales y de retribuciones que nada tienen que ver con lo económico.

Es precisamente por eso por lo que debéis plantearos que el turno de oficio es un servicio a quienes no pueden costearlo, a quienes realmente más lo necesitan. Haced presión, sed duros, reclamad y acordad, entre todos, el límite donde la abogacía deja de ser un servicio para convertirse en un negocio, pero no olvidéis que hay gente que realmente os necesita, y esa es, precisamente, quien menos tiene que pagar por los errores de otros.

Reunión de los representantes del turno de oficio con Tomás Gómez.

El pasado martes 3 de febrero la Asociación Libre de Abogados, a la que representa nuestra compañera y secretaria de Sanidad en la Agrupación María Jesús Díaz Veiga, APAEM y ALTODO se reunieron en la sede de la Asamblea de Madrid con Tomás Gomez y Maru Menéndez por los problemas que está originando la Comunidad de Madrid a los letrados y por ende a los justiciables (al dejar a los extranjeros  sin derecho a asistencia jurídica gratuita) debido a las regulaciones que está haciendo la Comunidad de Madrid en el tema del turno de oficio. Más información en la web de la Agrupación.

Alguien que sigue mi blog, lo que agradezco, me ha dicho serás “pepera”, debe ser por los últimos post. Lo que ocurre es que me encuentro presa del desengaño político que embarga a la mayoría. ¡Ojalá sintiera  entusiasmo para ser de algo!

           Así que hoy toca hablar de los otros, y voy a explicar lo que no me gusta de ellos.

Por ARISTOCRACIA en la Antigua Grecia se entendía como el gobierno de los mejores. Más tarde en la Edad Media, Moderna, en la actualidad   tiene otra amplitud, élite puede que sea la palabra que mejor lo define.

Algunos de nuestros políticos se encuentran en ese estrato superior y alejado, sintiéndose y siendo aristócratas, pero olvidando que dicha aristocracia debe gobernar en beneficio de todos que cuando no es así, se convierte en oligarquía, grupo minoritario de personas, pertenecientes a una misma clase social, generalmente con gran poder e influencia (aristocrática) que dirige y controla una colectividad o institución.

Como muestra un botón. Estos días los abogados del Turno de Oficio de la Comunidad de Madrid están defendiendo no sólo sus derechos, sino los de aquellos más desfavorecidos, porque doña Esperanza Aguirre se propone privatizar dicho Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. El comienzo ha sido el Servicio de Asistencia Jurídica para Mayores que ha salido a concurso en el BOCAM. Después el acuerdo de 28 de noviembre de 2008, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (CAJG) ha acordado dejar sin efecto los acuerdos en su día adoptados, por lo que a partir de la entrada en vigor de dicho acuerdo, SE DENEGARÁ LA JUSTICIA GRATUITA a todos los extranjeros que en plazo de 15 días hábiles, no aporten documentación acreditativa de su falta de capacidad económica, lo que en la práctica supondrá denegar el derecho a la tutela judicial efectiva a la gran mayoría de los extranjeros incursos en éstos procedimientos, pues la mayoría de ellos o bien desconoce el idioma castellano en el que vendrán redactados los requerimientos de aportación documental, o bien carecen de recursos personales y económicos para realizar las necesarias gestiones para la obtención de los documentos.

Todo esto se hace con la finalidad evidente de reducir costes, pero es evidente que supone una merma importante de un derecho fundamental, consagrado en el art. 24 de la Constitución española, cual es el derecho a la tutela judicial efectiva, por la vía de imponer a los justiciables trámites burocráticos innecesarios, y de difícil o imposible cumplimiento para sus destinatarios.

Todo ello, vulnera el Art. 22 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que atribuye a los Colegios de Abogados la gestión de los servicios de asistencia jurídica gratuita. ¿Dónde quedara la independencia del Abogado? Algo fundamental, para ejercer el derecho de defensa. Si pasa a ser un trabajador por cuenta ajena deberá acatar las directrices que le imponga.

Conocía que la Presidenta de la Comunidad, es condesa consorte, eso le puede pasar a cualquiera; pero lo que no me parece bien es que se sienta alejada de los madrileños, y en especial de los más débiles.    

 Más sobre la noticia en: http://www.europapress.es/madrid/noticia-abogados-oficio-aprueban-renunciar-marzo-guardias-si-granados-no-paga-deuda-24-millones-euros-20090129175204.html

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Aguirre/privatiza/asesoramiento/judicial/mayores/elpepiespmad/20090130elpmad_8/Tes

Estimados compañeros,

 Tal y como os hemos venido informando en las últimas semanas, un grupo de jóvenes abogados de diversa procedencia hemos conformado una Candidatura para concurrir a las elecciones a la Junta Directiva del Grupo de Abogados Jóvenes que tendrá lugar el próximo día 18 de Diciembre de 10 a 19 hrs en la sede del ICAM (c/ Serrano nº 9, 1ª planta).

 Durante todo este tiempo hemos trabajado duro y con ilusión para construir unas propuestas que reflejen los verdaderos intereses de los abogados jóvenes de Madrid, hemos creado un blog, hemos hecho una presentación oficial,  hemos interpelado a la Junta de Gobierno del ICAM en la última Junta General Ordinaria respecto a la dotación del GAJ, nos hemos reunido con el Decano, hemos buscado y encontrado patrocinadores para nuestras propuestas, hemos obtenido la colaboración de distintas instituciones y organizaciones, y también la simpatía y respaldo de muchos de vosotros.

 Además de eso, hemos visto nuestro camino plagado de dificultades. Sobre todo en estos momento en que desde la actual Junta Directiva del GAJ, que lleva 6 años controlando el grupo, se ha favorecido a su Candidatura afín (en la que van la mitad de sus miembros) poniendo a su disposición la página web del GAJ, que debería ser de todos; Candidatura cuyo único mérito en estas elecciones ha sido plagiar punto por punto cada una de nuestras ideas y propuestas

Ahora es tu turno!! Necesitamos tu apoyo para hacer realidad este sueño de cambio que también puede ser el tuyo, y por eso solicitamos tu voto.

 De ti depende que a partir del próximo 18 de Diciembre el Grupo de Abogados Jóvenes se convierta en UN NUEVO GAJ PARA TODOS!!!!

 Muchas gracias por tu atención.

Dos series verán la luz próximamente que narran la vida de una abogado: Lex (Antena 3), y Fuera de lugar (La 1). Los proyectos no se parecen en nada, al menos en principio, pero lo cierto es que da la sensación de que se intenta captar al mismo tipo de público.

El proyecto del que lleva más tiempo hablándose es Lex, la serie que produce Globomedia y que está protagonizada por Javier Cámara. Cámara será un abogado irónico y sarcástico y las tramas de la serie incluirán humor, algo de drama y giros sorprendentes. Le acompañan Nathalie Poza, Santi Millán, Kira Miró y Pau Roca, entre otros. Cualquier parecido con House o Shark debe ser pura coincidencia.

Fuera de lugar está producida por Cuarzo y será también una comedia. En la serie, un abogado lo pierde todo de la noche a la mañana, como pasa en El síndrome de Ulises. El abogado en cuestión será José Luis García Pérez y con él estarán Lola Herrera, Natalia Dicenta y Pau Durá, entre otros. Con esta serie se rompe la tendencia de La 1 por apostar por dramas, cosa que les estaba yendo bien.

Ya hubo una época de abogados en la tele patria hace muchos años. Anillos de oro (1983), y Turno de oficio (1986), fueron dos excelentísimas producciones que aún flotan en el recuerdo de la gente de la época (yo misma). Con Lex y Fuera de lugar me da la sensación de que se pueden extraer las formas modernas de enfrentarse a una serie: el personaje o el conflicto. Esta simplificación conduce a que veamos parecidos razonables a las primeras de cambio y, aunque las comparaciones son injustas para las series, también es cierto que las cadenas y las productoras se aprovechan de estos parecidos para vendernos sus productos. ¿No os da cierta pereza toparos una y otra vez con series que, a priori, puede parecer que ya están hechas?