Ante la audiencia pública a celebrar por el Comité de Salud del Bundestag alemán el próximo 15 de octubre, las principales asociaciones médicas y organizaciones de pacientes demandan que se facilite la utilización de productos de cannabis con fines medicinales. Para ello, han elaborado un manifiesto conjunto.

La “Declaración de Berlín sobre el uso médico de productos del cannabis” dice:

“En 1998 una coalición de sociedades médicas, grupos de autoayuda y destacados políticos, científicos y personajes de la cultura demandaron en la “Resolución de Frankfurt” la
autorización del uso médico del cannabis. Diez años después, la investigación del potencial médico del cannabis y los cannabinoides aislados ha hecho grandes progresos y ya no hay duda de los beneficios terapéuticos del cannabis para el tratamiento de ciertas enfermedades. Los pacientes ya pueden recibir de sus médicos una receta de dronabinol, componente del cannabis, pero la mayoría de los seguros de salud no reembolsan el costo de dicho medicamento. Aun son perseguidos aquellos enfermos que no pueden pagar el tratamiento prescrito y recurren a la automedicación con cannabis. Varios de ellos han sido condenados a penas de prisión, otros han sido absueltos. Lamentablemente, la opción de obtener una exención para el uso médico de cannabis por parte del Instituto Federal de Medicamentos y Productos Médicos (BfArM) no ha mejorado significativamente esta inaceptable situación.

Los abajo firmantes reconocen que para muchas personas gravemente enfermas el cannabis puede ser una medicina muy útil, pero no pueden beneficiarse de su uso por motivos socioeconómicos (alto costo del dronabinol) o por barreras burocráticas (la obtención de una exención de la BfArM). Por
ello instamos al gobierno federal y al Parlamento a que adopten las medidas encaminadas a:
1. Garantizar que el coste del tratamiento del dronabinol sea cubierto por los seguros de salud si un médico lo prescribe para una indicación en la que los beneficios de este hayan sido científicamente demostrados.

2. Proteger legalmente a los pacientes a los que un médico haya prescrito cannabis con motivos terapéuticos.

3. Promover la investigación del potencial terapéutico de los productos a base de cannabis”.

Firmantes:
- ADHS Deutschland (EDAH Alemán)
- akzept (Asociación para la Aceptación de la Política de
Drogas)
- Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (Asociación por el
Cannabis como Medicamento)
- Deutsche AIDS-Hilfe (Sociedad de Apoyo SIDA Alemán)
- Deutsche Epilepsievereinigung (Asociación Alemana de
Epilepsia)
- Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin (Asociación Alemana
Médica para las Adicciones)
- Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie (Asociación
Alemana para Tratamiento del Dolor)
- Deutscher Patienten Schutzbund (Asociación Alemana para la
Protección del Paciente)
- Initiative Selbsthilfe Multiple Sklerose Kranker (Iniciativa de
Autoayuda de Pacientes con Esclerosis Múltiple)
- Interessenverband Tic & Tourette Syndrom (Asociación del
Tic y el Síndrome de Tourette)
- Polio Allianz (Alianza de Pacientes con Polimielitis)
- Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein (Sociedad
Republicana de Abogados)
- Selbsthilfenetzwerk Cannabis Medizin (Red de Autoayuda con
Cannabis Medicinal)
- Tourette-Gesellschaft Deutschland (Sociedad Tourette
Alemana)

La Declaración de Berlín está disponible en:

http://www.cannabis-med.org/german/berliner_erklaerung.pdf

Dos noticias, sobre el uso terapéutico del cannabis y la acogida en familias de personas mayores, nos han llamado hoy la atención, porque han sido temas que CHA puso sobre la mesa en la pasada legislatura y han chocado con el pasotismo del Gobierno de Aragón. Es lamentable que, una vez más, el Gobierno de Aragón haya perdido un tiempo precioso para impulsar y poner en marcha medidas novedosas que pueden repercutir muy beneficiosamente en la ciudadanía aragonesa.

La primera noticia la podéis leer en La Vanguardia, entre otros medios. La Generalitat de Cataluña ha probado la eficacia terapéutica del cannabis en varios tratamientos y va a impulsar su utilización. En Aragón, en mayo de 2005, se aprobó por unanimidad una iniciativa de CHA (podéis leerla en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, BOCA nº 130, del 11 de mayo de 2005 ) reivindicando que se permitiera este uso terapéutico y se investigara sobre él, e incluso se instó al Gobierno a ponerse en contacto con aquellas Comunidades, como Cataluña, que habían emprendido ya estudios experimentales. Pues bien, la pasividad del departamento de Salud del Gobierno de Aragón ha sido total, nada se ha hecho, a pesar del acuerdo parlamentario. ¿Qué hubiera pasado si en Cataluña hubieran tenido la misma desgana sobre este asunto? Hoy no habría estudio ni se hubiera abierto la puerta a la posibilidad de utilizar la marihuana para según qué dolencias y cuidados paliativos.

La segunda noticia la publica el Heraldo de Aragón, que informa de que el Justicia ha sugerido a Servicios Sociales la conveniencia de estudiar la implantación en nuestra Comunidad de un programa de acogida familiar de mayores, y el departamento parece que ha acogido favorablemente la idea. Sin embargo, cuando CHA lo propuso hace cuatro años, esta idea fue rechazada. Cuatro años perdidos. A lo mejor también se hubieran perdido aunque se hubiera aprobado, a tenor de lo que ha pasado con la PNL sobre el cannabis. Pero ahora ya no caben más esperas. Nos alegramos del cambio de actitud del Gobierno y le emplazamos a que apueste de verdad esta iniciativa para que no se quede en un mero anuncio.

Cuando nuestro grupo parlamentario presentó en noviembre de 2004 la proposición no de ley para “elaborar y poner en marcha en Aragón un programa piloto de acogida familiar de mayores” (BOCA nº 81 del 13 de octubre de 2004), los grupos del Gobierno, PSOE y PAR, dijeron no. Concretamente, la portavoz del PAR (entonces el departamento dependía de este partido en la DGA, con la consejera Ana de Salas) explicó que votaban en contra porque había que esperar a enmarcar estas actuaciones en la Ley de Servicios Sociales: “en la Ley de servicios sociales, que esperamos que en muy poco tiempo podamos tener la ocasión de debatir, se harán unos planteamientos globales en los que se tomarán las medidas oportunas, para atender a las personas mayores en toda la comunidad autónoma”. Esta Ley de Servicios Sociales es la Ley Godot, lleva siendo prometida por el Gobierno Iglesias desde 1999, y nunca llega.

Por su parte, la portavoz de PSOE (partido de la coalición que desde esta legislatura es responsable de Servicios Sociales con la consejera Ana Fernández al frente) no creía entonces que fuera una prioridad: “sin negar la efectividad o la positividad de este sistema de acogida familiar, desde nuestro grupo entendemos que tal vez no sea este el momento más oportuno para plantearlo, cuando tenemos otras demandas que creemos prioritarias para seguir fomentando, como es la teleasistencia o la ayuda a domicilio”.

El acogimiento familiar de mayores lleva desarrollándose hace mucho tiempo en otras Comunidades Autónomas. Comenzó en el País Vasco en 1988, para después iniciarse en Cataluña, Navarra, Galicia, Asturias o Madrid, que cuentan ya con normativa que regula este modelo. También en Andalucía, su Ley de Atención y Protección al Anciano dispone que es necesario fomentar este programa de integración. Y en la Comunidad Valenciana existe incluso normativa que, sin ser específica, promueve esta figura del acogimiento mediante la concesión a la familia

El objetivo del acogimiento es prestar una asistencia normal e integradora y lo más beneficiosa posible, con tres objetivos básicos: evitar en la medida de lo posible el internamiento de mayores en centros residenciales, mantener a la persona mayor en un medio social habitual o en el que se hubiera desenvuelto habitualmente con anterioridad, e integrar a la persona mayor en una familia mejorando así el desarrollo de la vida social de la persona. Las familias de acogida deben cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo, que la vivienda no tenga dificultades de acceso y que esté,próxima a diferentes servicios básicos. Aunque suele valorarse que la familia pertenezca a un entorno similar al del acogido, no suele ser determinante la situación económica ni el nivel cultural. Por su parte, la Administración es responsable de este programa en el ámbito de organización, promoción y subvención y también del seguimiento de esta persona.